Reporte sobre delitos de alto impacto Mayo 2014

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Diversas encuestas de victimización y percepción han evidenciado que una de nuestras principales preocupaciones es la seguridad, en específico en lo referente a que las personas vivamos con menos riesgos delincuenciales de por medio. Justamente debido a esta sensación y realidad, el ONC ha dado seguimiento mensual al comportamiento del número de averiguaciones previas y víctimas de delitos de alto impacto, puesto que es indudable que necesitamos un diagnóstico continuo del estatus de la problemática que aqueja al país. Consideramos que solo de esta manera es posible conocer si las condiciones en las que vivimos mejoran y que las disminuciones de los índices delictivos sean tangibles en la experiencia cotidiana con la finalidad de que no permanezca sensación
alguna de riesgo que modifique nuestro actuar. Lo que estamos atestiguando es que el nivel de incidencia no se somete a ciertos delitos, ciertos grupos criminales o a ciertos métodos; de igual manera ser víctima de un secuestro, de extorsión, de homicidio
doloso o de robo no necesariamente se reconduce a perfiles, patrones claros y predeterminados. Al contrario, estamos atestiguando o padeciendo cierta socialización de la victimización por delitos de alto impacto social, es decir, que los delitos no distinguen
condición social ni género ni edad. Esta situación dificulta la toma de decisiones cotidiana de las personas para prevenir convertirse en víctima de un delito y también obstaculiza las acciones de las autoridades para prevenir el delito.

Al respecto, basta con retomar simplemente a modo de ejemplo la situación por la cual está atravesando Sinaloa, entidad en la cual fue detenido Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo” en febrero de 2014. Este caso es particularmente relevante debido a que se
aprecia que a pesar de la captura de uno de los criminales más buscados por Estados Unidos, la crisis de inseguridad y violencia no cesó en Sinaloa. Prueba de ello es que continúa siendo una de las siete entidades federativas que lideran el ranking de averiguaciones previas y de víctimas de homicidio doloso. Entonces, ¿cuáles son los resultados que han obtenido las autoridades correspondientes de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública y justicia que implican una mejora de las condiciones en las que vivimos?

La anterior pregunta es más que válida sobre todo si tomamos en cuenta, como lo hemos mencionado en pasados reportes, que el hecho delictivo trasciende el preciso instante en que es cometido y experimentado por la víctima, puesto que se derivan múltiples
implicaciones de diversa índole. Pensar lo contrario significaría estar relegando e ignorando las múltiples esferas constitutivas de la seguridad y el impacto que puede tener cada una de ellas, por ejemplo, en el flujo de inversiones de capital, en el desarrollo
económico, en los lazos de confianza interpersonales, entre otros aspectos. Por lo tanto, ¿por qué aún no hemos visto estrategias integrales que prevengan y desincentiven la comisión de los delitos a partir de diagnósticos precisos y objetivos en la materia?
Justamente para poder afirmar que aún permanecen las condiciones críticas de seguridad y que no hay resultados suficientemente significativos, sabemos que aunado al ejercicio mensual que desarrollamos en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) es
necesario recurrir a los medios de comunicación para realizar un breve recuento de los acontecimientos más emblemáticos.