Reporte sobre delitos de alto impacto Julio 2014

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El pasado 2 de septiembre se llevó a cabo el 2° Informe de Gobierno del Presidente de la República, mediante el cual se dieron a conocer algunas de las acciones realizadas y los principales proyectos que ocuparán los esfuerzos de la administración federal. De esta manera, el presidente Peña Nieto dio cumplimiento a lo que cabalmente fue dispuesto en nuestro país desde que existe este ejercicio que es superficialmente entendido como rendición de cuentas. En materia de seguridad pública, la autoridad federal enfatizó de manera triunfalista, los porcentajes de disminución de la incidencia de homicidios, robos, secuestros y extorsiones,
tomando como sustento la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Aunado a ello, hizo referencia al fortalecimiento del Estado de Derecho, al supuesto enfoque preventivo que tiene la política de seguridad debido a la implementación del Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, entre otros temas.
Sin embargo, faltó hacer referencia a grandes debilidades institucionales o problemas que nos continúan aquejando. Por ejemplo, algunos de los grandes temas ausentes en el discurso gubernamental fueron la falta de consistencia de las bases de datos disponibles en el SESNSP; el alarmante nivel de la violencia y la incidencia delictiva que aún persisten; el comportamiento de delitos como el secuestro de acuerdo con la información captada por las instituciones federales de seguridad y procuración de justicia; los casos de intervención federal en las entidades federativas; las víctimas de las desapariciones involuntarias; los ilícitos
cometidos contra migrantes y la falta de acceso a la justicia que tienen en nuestro país.
Desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) hemos sido reiterativos en explicar cómo se construyen las bases de datos del SESNSP y donde se encuentran las debilidades de las mismas. Esta información sobre incidencia de los delitos del fuero común se construye a partir del número de denuncias, averiguaciones previas o carpetas de investigación de cada una de las procuradurías generales de justicia de los estados (PGJE) que se registran y publican acorde con ciertos lineamientos nacionales emitidos desde 20111 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La debilidad de estas bases se debe a profundas asimetrías en la manera en la que las procuradurías clasifican, registran, sistematizan y publican la información de los delitos; en las graves deficiencias locales en la captura, el equipamiento y la capacitación de los encargados de los procesos y en la necesidad de nuevos lineamientos con miras a enfrentar los retos del nuevo sistema de justicia penal2.
Al visitar y entrevistar a funcionarios públicos de las procuradurías de justicia estatal hemos detectado que siguen ocupando un lugar primordial los criterios individuales al momento de reportar los delitos o se actúa conforme a normas implementadas al interior de la institución, más que respetar los lineamientos del INEGI o por la misma ley. Un ejemplo que destacamos en nuestro Análisis Integral del Secuestro en México. Cómo entender esta problemática3 es la manera en la que se registra el secuestro exprés. Pese a que el Artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro es claro al señalar
que un secuestro exprés es un secuestro, ciertas procuradurías registran este delito como robo con violencia, extorsión o amenaza y no como secuestro. Si tomamos en cuenta que el año pasado el SESNSP registraron 1 698 denuncias de secuestro, podemos afirmar que las procuradurías de justicia estatal tuvieron conocimiento de un mayor número de casos ocurridos en el país y no los registraron como este delito.

De igual manera, es importante llamar la atención respecto a que la gran mayoría de las PGJE al abrir una averiguación previa o
carpeta de investigación por la comisión de un delito, tomemos