Reporte sobre delitos de alto impacto Agosto 2014

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Durante las últimas semanas han ocurrido lamentables acontecimientos que han evidenciado las múltiples debilidades del Estado
mexicano, al grado que la inseguridad no solo ha vulnerado a la sociedad sino a las instituciones mismas. Las violaciones a los
derechos humanos por parte del ejército en Tlaltaya, Estado de México, y de la policía municipal en Iguala, Guerrero; el hallazgo
de fosas clandestinas en Guerrero y Tamaulipas; homicidios múltiples en Guerrero y Sinaloa; homicidios políticos en Jalisco y
Guerrero, son claros ejemplos de cómo los discursos triunfalistas de lasautoridades de los tres niveles de gobierno se encuentran
muy lejos de la realidad que vivimos en este país.
Desde hace un tiempo, la autoridad federal ha considerado la reducción de los homicidios dolosos como métrica para medir
avances y resultados de las acciones gubernamentales en materia de seguridad. Bajo esa perspectiva, desde 2011 se ha observado
una tendencia a la baja de este delito y con base en ello se han anunciado con bombo y platillo los presuntos éxitos de las
estrategias implementadas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la metodología para medir este delito tiene muchas debilidades no solo por la calidad de la información proporcionada por las procuradurías o fiscalías de justicia estatal, sino por razones mucho más profundas que se derivan de las características que ha adquirido la delincuencia y la violencia; como se observa claramente en el hallazgo de fosas clandestinas y en la crisis de desapariciones forzadas o involuntarias que enfrentamosen México.


Adicionalmente, debemos considerar algunos factores clave en torno a esta coyuntura y su consecuente análisis: la tasa de 19
homicidios por cada 100 mil habitantes está lejos de ser una tasa aceptable para un país con un Estado Democrático de Derecho
consolidado; la alta incidencia de otros delitos de alto impacto que conllevan severas implicaciones de diversa índole que influyen
en un clima complejo de inseguridad y en la percepción de los ciudadanos; la ineficacia en el combate a la delincuencia, aunado a
los casos de colusión de nuestras autoridades, vulnera la confianza institucional y los resultados del combate a esta problemática.
Es un hecho que estamos aún lejos de ser un país en paz, en el cual se respeten sin lugar a dudas los derechos humanos.
Hay entidades con niveles aceptables de seguridad, otras con alguna problemática específica en materia de inseguridad
y, desafortunadamente, también hay entidades con una debilidad institucional tan grande que ha generado condiciones de
desintegración social, cultura delincuencial y tasas de incidencia delictiva equiparables a las países con guerras civiles. Algunos de
estos casos por diversas causas son el Estado de México, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz y
desde luego Guerrero.
Guerrero es el ejemplo de un estado rebasado, corrupto, ineficaz, incapaz de garantizar la seguridad de sus habitantes; como
en su momento lo han sido el Estado de México, Michoacán y Tamaulipas. El problema de Guerrero y del resto de las entidades
citadas, tiene raíces profundas e históricas y se ha extendido hasta llegar a ser innegable la grave crisis que se vive silenciosamente
hasta que algún hecho de extrema violencia hace evidente tales condiciones:
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero es la segunda entidad
con mayor cantidad de homicidios dolosos, la sexta en secuestros, la doceava en extorsiones en lo que va de 2014.
Por su parte, Acapulco se mantiene como el municipio con el mayor número de homicidios dolosos con una tasa de
106.35 por cada 100 mil habitantes en 2013. En ese mismo año, fue considerada la tercer ciudad de América Latina con
el mayor número de este tipo de delito y como el segundo municipio con más secuestros, tras registrar una tasa 453%
mayor que la nacional.

Por otro lado, no hay que dejar a un lado la situación de Chilpancingo, cuya tasa de secuestro por cada 100 mil
habitantes fue 1008% superior a lo registrado en el ámbito nacional, al grado que fue el sexto municipio con mayor
cantidad de casos de este ilícito en 2013. Respecto a lo sucedido en materia de homicidio doloso, destaca que en dicho
año reportó 63.73 averiguaciones previas por cada 100 mil habitantes.2

A esto debemos agregar los siguientes indicadores sobre la debilidad institucional: en 2012, más de la cuarta parte de la población
encuestada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en Guerrero, respondió que no confiaba absolutamente
nada en la policía municipal y el 70.4% confiaba entre poco y nada en la policía estatal y, en la reciente Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad 2013 (ENVIPE) se reporta una cifra negra en la entidad del 96.67%.
En resumen, los datos oficiales de incidencia delictiva de Guerrero son inaceptables. Que se denuncien solo 3 de cada 100 delitos
nos indica una total incapacidad de las autoridades, en las cuales la población no confía para hacer frente al gravísimo problema
de una entidad prácticamente en guerra y crisis humanitaria.
La viabilidad institucional en Guerrero está siendo juzgada, los avances en seguridad son contradictorios e indicadores serios
como los proporcionados por la ENVIPE; han puesto en entredicho el recurrente argumento de que no es la incidencia delictiva
la que ha aumentado sino la confianza y la cultura de la denuncia.
El grave problema de inseguridad que vivimos, no se puede resolver únicamente aumentando el número de efectivos del ejército
o con mayor presencia policial en las calles. Se requieren políticas de reconstrucción de las instituciones, del tejido social, de
educación de calidad, de salud, de la economía formal donde todos los actores sociales aportemos nuestro grano de arena.
En el Observatorio Nacional Ciudadano consideramos que un paso necesario para comenzar a recobrar la confianza de la ciudadanía
en las instituciones y así poder mantener un pacto social genuino y legítimo, es la renuncia inmediata de todas las autoridades
incapaces de cumplir con sus funciones. Lamentablemente no es la primera vez que esa es una exigencia ciudadana, tan solo
recordemos las palabras pronunciadas por Alejandro Martí en 2008, “si no pueden, renuncien, pero […] no sigan ocupando las
oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada. Eso también es corrupción”. Ante la crisis de inseguridad
e impunidad que enfrentamos en México, la rendición de cuentas de nuestras autoridades debe ser impostergable pues pareciera
que hasta que su falta de acciones o connivencia no conlleven un costo político no tendremos las condiciones de seguridad que
necesitamos y merecemos.

FRANCISCO RIVAS
Director General
@frarivasCoL