Reporte sobre delitos de alto impacto Septiembre

Clip to Evernote

Descarga el reporte completo aquí 

PRESENTACIÓN
Recordaremos septiembre de 2014 como el mes de la administración del presidente Peña Nieto en el cual la narrativa oficial ya no pudo continuar minimizando las condiciones de inseguridad y violencia que permanecen en distintas regiones de México. Será el periodo a partir del cual los verdaderos avances en la materia forzosamente deberán ir de la mano del acceso a la justicia para las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. Ello se debe a que durante este mes se consumaron hechos en los cuales ha sido más que evidente la colusión de autoridades con el crimen organizado, la incapacidad de control, la respuesta tardía, así como la falta de protocolos de las instituciones de seguridad y procuración de justicia como ha sucedido no solo en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.
Lamentablemente, desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) no podemos decir que este tipo de acontecimientos son aislados. Durante años hemos visto que la corrupción, la impunidad crónica y la falta de capacidad institucional se han mantenido vigentes y enraizados en nuestra sociedad a la par de los altos niveles de criminalidad de acuerdo con las cifras oficiales. Las estadísticas disponibles en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) nos dan cuenta de una considerable cantidad diaria de delitos de alto impacto que no necesariamente representa la incidencia delictiva total, ya que solo refleja la cantidad de averiguaciones previas y no hay bases metodológicas ni criterios homologados para su recopilación ni sistematización.
Una y otra vez hemos destacado que los diagnósticos iniciales con los cuales la autoridad toma decisiones estratégicas en materia de seguridad a lo largo del país parten de información inexacta, incompleta o francamente equivocada. Ello puede observarse de manera clara en lo sucedido en Iguala, pues en la estadística oficial de Guerrero que mensualmente analizamos no se encontró evidencia suficientemente clara de lo sucedido. Como veremos esto no solo se debe al alcance limitado que pueden llegar a tener los datos reportados en el formato del Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública (CIEISP), sino por la propia confusión que han generado las autoridades y las propias consignaciones de los implicados en los actos cometidos contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Sabemos que por los elementos de estos hechos y por lo establecido no solo en el Código Penal Federal sino en la propia Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Guerrero, se trata de la comisión del delito de lesa humanidad conocido como desaparición forzada. Este ordenamiento jurídico estatal, estipula en el Artículo 3 que:

Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que en ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas detenga, prive de la libertad y mantenga oculta a una o más personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, cualesquiera que sea el método y motivación utilizados, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información fidedigna sobre el paradero de la o de las víctimas, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales procedentes. Serán igualmente considerados como sujetos activos del delito de desaparición forzada de personas, aquellas personas que aún cuando no sean formalmente autoridades ni funcionarios, actúen aprovechando la autorización, el apoyo o la aquiescencia de funcionarios públicos.

Las desapariciones forzadas e involuntarias aparentemente no se encuentran reportadas en el formato CIEISP, de tal manera que pareciera que este delito que en los últimos años ha representado una de las problemáticas más críticas de inseguridad, no es considerado por las instituciones al momento de referirse a los presuntos avances en la materia. Sin embargo, si dejamos esto al margen y únicamente nos enfocamos a la clasificación de lo ocurrido en Iguala por parte de las autoridades federales podremos preciar la parcialidad de la información sobre incidencia delictiva disponible en el SESNSP, ya que no se cuenta con estadísticas sobre delitos de alto impacto del fuero federal como es el caso del secuestro o el homicidio doloso.
Enfoquémonos en la confusión alrededor de la clasificación de lo sucedido en Iguala, considerando las hipótesis pronunciadas por parte de las autoridades sin que hasta el momento exista una respuesta oficial y transparente sobre este aspecto. Hagamos un poco de memoria y recordemos lo que ha sido publicado por los medios de comunicación, algunas notas informativas señalaron que 46 personas detenidas, principalmente policías municipales de Iguala, habían sido acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) por secuestro agravado y no por desaparición forzada acorde con documentos públicos del Juzgado Primero de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas1. Aunado a ello, vale la pena tomar en consideración el auto de formal prisión dictado por el Juzgado Quinto de Procesos Penales Federales en el Estado de México al ex alcalde de Iguala por secuestro y otros delitos, sin que se precise si se considera la desaparición de los estudiantes.
A pesar de lo señalado, en las estadísticas sobre averiguaciones previas o víctimas de secuestro en Guerrero no se encuentran los 43 normalistas. Ante ello, nos preguntamos cómo es posible que se emitan órdenes de captura, acusaciones y consignaciones por secuestro sin que haya una claridad absoluta sobre la averiguación previa iniciada por estos hechos. Al indagar esta cuestión, funcionarios públicos aclararon que esta se encontraba en los registros de incidencia delictiva del fuero federal de la Procuraduría General de la República (PGR), es decir, en bases de datos que no son públicas y que no suelen ser consideradas al realizar diagnósticos sobre la criminalidad en México.
Este caso pone frente a nosotros como sociedad, una serie de retos ineludibles dada la cantidad de víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos en todo el país, entre los cuales se encuentra: combatir la corrupción, poner fin a la impunidad crónica, superar tanto la indiferencia como la normalización de la violencia, abonar al fortalecimiento institucional y a la reconstrucción del tejido social. Para poder sobreponerse a estos retos es esencial desarrollar capacidades de inteligencia y tener acceso a información de calidad es fundamental si se tiene como objetivos primordiales desincentivar, prevenir, controlar y combatir el delito.
Desde el ONC hemos iniciado un trabajo profundo con las procuradurías o fiscalías de justicia de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Estado de México y Guanajuato no solo para generar un diagnóstico sobre sus procesos de recopilación y sistematización de los registros sobre incidencia delictiva sino para mejorarlos y homologarlos en la medida de lo posible. Asimismo, en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil, hemos solicitado al SESNSP reforzar su trabajo mediante la generación y publicación de lineamientos claros para las instancias correspondientes de las entidades federativas, así como la aplicación de una ruta crítica similar para que podamos contar con las estadísticas de las averiguaciones previas iniciadas por la PGR.

Es indudable que a cada uno de nosotros la tristeza, la impotencia y el duelo nos ha tocado de manera distinta no solo por los estudiantes de Ayotzinapa sino por las miles de víctimas de homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada o involuntaria que se han acumulado durante tantos años en nuestro país. No podemos continuar inmóviles ante este periodo crítico, por lo tanto, nos unimos al llamado de diversos actores sociales relevantes para hacer constructivamente un frente común ante la delincuencia, la impunidad y la corrupción. Es momento de cerrar filas y combatir todas aquellas ilegalidades que desde hace tiempo nos han arrebatado la paz y la justicia en México.

FRANCISCO RIVAS
Director General
@frarivasCoL