Sr. Secretario, ¡usted está equivocado!

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Una vez más las cifras pronunciadas por el Secretario de Gobernación no cuadran con la falta de seguridad en el país. De nuevo es evidente que tanto la sociedad como algunos representantes de la sociedad civil no estamos de acuerdo con nuestras autoridades. No se puede decir que México está en su mejor momento de seguridad en los últimos 10 años, cuando estamos viviendo en un escenario en el cual sabemos que se han denunciado y consumado 1,394 secuestros, 5,775 extorsiones y, por lo menos, 15,649 homicidios dolosos durante 2014.
En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) hemos dedicado parte de nuestra labor al análisis de la incidencia de los delitos de alto impacto en el país. Por esta razón, hemos publicado mes tras mes, los números correspondientes a las averiguaciones previas iniciadas por delitos del fuero común de alto impacto social, reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Derivado del análisis periódico de los índices de homicidio (doloso y culposo), secuestro, extorsión y robo (con violencia, de vehículo, a casa habitación y a negocio) hemos observado que las cifras oficiales que 7 de estos delitos disminuyeron de 2013 a 2014. Únicamente el homicidio culposo, el no intencional, presentó un alza que no es para nada menor, pues se inició una cifra récord de averiguaciones previas por este ilícito en 2014 al registrarse 16,961 casos.
En incontables ocasiones hemos discutido la validez de las estadísticas oficiales recopiladas y sistematizadas por las procuradurías estatales de justicia. Sin embargo, por sólo un momento hagamos a un lado esta cuestión técnica o metodológica y concentrémonos en lo verdaderamente sustantivo de la crisis nacional de inseguridad ciudadana:

1. Si bien hay marcados descensos de los delitos de alto impacto, 2014 no fue el mejor año de los últimos 10. Simplemente basta con observar lo sucedido en cuanto a secuestros, 2014 ha sido el cuarto peor año desde 2005; en homicidio doloso, fue el sexto; en culposo, el segundo; en extorsión, el quinto; y, finalmente, en robo con violencia, el séptimo.
2. Aunque 2014 ha sido el segundo año con menor cantidad de averiguaciones previas iniciadas de los últimos diez, esto se puede deber al aumento constante de la cifra negra. Esto significa que las personas cada vez denuncian menos, principalmente por causas atribuibles a las autoridades, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE).
3. Respecto al homicidio doloso, delito que ha sido utilizado como parámetro para evaluar los avances en materia de seguridad por parte de la autoridad, hay que mencionar que si bien es cierto que presenta un comportamiento a la baja en los últimos años, aún no es posible observar una franca mejoría respecto a los últimos 10 años. Hay que considerar que tan solo las averiguaciones previas contabilizadas en 2014 fueron 52.53% superiores a las de 2007.
4. En el caso de los delitos de secuestro y extorsión resulta comprensible que se haya presentado una baja luego de que durante el 2013, el primer año de gobierno de esta administración federal, se alcanzaran cifras históricas: 1,698 secuestros y 8,196 extorsiones. Pese a las reducciones de estos ilícitos que han sido tan publicitadas, en el caso del secuestro, la cantidad de casos generados en 2014 continúa siendo 218.26% superior a las de 2007, con lo cual queda en evidencia que estamos muy lejos de estar en el mejor contexto de seguridad de la última década. Lo mismo sucede con los índices de extorsión, pues las averiguaciones previas iniciadas por este delito en 2014, son 25.71% mayores a las reportadas en 2011.
5. Si bien algunas entidades cuentan con condiciones de seguridad aceptables en términos de incidencia delictiva; hay algunas que se encuentran en situación de verdaderos estados fallidos, como mínimo citar los casos de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
Incluso si tomáramos como ciertas las cifras oficiales no se pueden dar discursos triunfalistas con una comparación entre los de datos de 2014 respecto a los de 2013. Por ejemplo, Guerrero presenta tendencias al alza de 38.26% de los homicidios culposos, de 6.47% de los robos con violencia y de 0.58% de los robos a vehículo.
Otro claro ejemplo es el aumento de la delincuencia y violencia en Tamaulipas, ya que no sólo fue la entidad con más averiguaciones previas y víctimas de secuestro en cada uno de los meses de 2014, sino que al comparar estas cifras con las de 2013 se observa un incremento de 24.17% en las extorsiones, de 51.64% en los homicidios culposos y 13.15% en los dolosos.
6. Desde la implementación de los distintos operativos u operaciones conjuntas, México vive una crisis en materia de desapariciones forzadas e involuntarias que no ha sido reconocida en su justa dimensión como ha sido evidenciado por organismos internacionales. Esta problemática ha alcanzado tales dimensiones que inclusive a pesar de la existencia del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), las autoridades siguen sin saber cuántas con certeza personas desaparecidas hay en nuestro país.
7. No hay un seguimiento absoluto de la violencia ejercida y de los delitos cometidos contra migrantes en nuestro país, por lo tanto, ello invita a cuestionarnos si la seguridad exaltada en los discursos oficiales sólo toma en consideración la afectación exclusiva a los mexicanos.
8. México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, tan sólo basta recordar los últimos homicidios o secuestros de periodistas en entidades como Veracruz o Tamaulipas.
9. En los últimos meses ha habido una serie de delitos y violaciones a los derechos humanos que han cimbrado profundamente a la sociedad, sin que estemos cerca de que las autoridades garanticen la adecuada reparación del daño, justicia y verdad para las víctimas. Además si esto no es suficiente, a pesar de lo sucedido aún no se vislumbra el fortalecimiento de las instituciones y del Estado de Derecho para que este tipo de hechos no se repitan bajo ninguna circunstancia.
10. Que bajen los porcentajes de incidencia de las denuncias o averiguaciones previas reportadas en el SESNSP, no indica la disminución de la violencia. Las características de los delitos ponen en evidencia un aumento en la violencia, por lo cual la simple disminución de la estadística no es suficiente para decir que las personas vivimos más tranquilas y seguras en este país. Es decir, importan no sólo los cuántos, sino los cómos.
11. Hay demasiados casos aún donde la autoridad está siendo cómplice o autora de los delitos cometidos contra las personas, poniendo en evidencia que los ciudadanos estamos siendo atacados por nuestros mismos representantes que usan el peso de las instituciones para violar la ley.
12. A priori ningún ciudadano de este país tiene garantizado el acceso a la justicia, con o sin reforma penal.
13. Los niveles de impunidad que vivimos son aún tan altos que toda declaración triunfalista cae por sí sola.

Si optamos por considerar de manera exclusiva cuestiones técnicas o metodológicas de la información del SESNSP tendríamos que aclarar que:
1. Es costumbre que las entidades efectúen movimientos a la estadística anual, incluso varios meses después, por lo que los números que vemos hoy muy probablemente no son los definitivos (pensemos casos como Veracruz que en mayo 2014 agregó casi 23 911 delitos a la estadística anual de 2013 reportada en el SESNSP);
2. Sólo desde 2014 se cuenta con un conteo público de víctimas de delitos como homicidio, secuestro y extorsión, lo que se contabiliza son el número de denuncias, averiguaciones previas o carpetas de investigación, lo que no permite hacer comparativa e identificar comportamientos históricos sobre lo que más nos debe importar: las personas están siendo víctimas del delito.
3. En las encuestas de victimización que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) nos presenta, podemos deducir que el número de delitos no denunciados ha ido aumentado, por lo que la cifra oficial representa año con año un porcentaje menor del número de delitos que suceden en el país: en 2011 fueron 91.6% los delitos que no se denunciaron, en 2012 fueron el 92.1% y en 2013 llegaron a 93.8%;
4. Como en nuestros estudios hemos podido denunciar, las procuradurías locales en muchos casos registran los delitos con base en criterios individuales y a partir de lo establecido en la ley o en los propios lineamientos emitidos por INEGI-SESNSP, por lo que presentan una imagen poco fidedigna del universo de delitos que no se registran;
5. Es importante revisar los criterios de registro del homicidio doloso y culposo, ya que existen elementos que apuntan a que muchos homicidios intencionales son registrados de la manera contraria.
6. Con la implementación del nuevo sistema de justicia penal adversarial los delitos no graves han dejado de ser registrados de la misma manera en la que se hacía en el sistema inquisitorio, por lo que la estadística podría verse afectada.
7. En la información que publica el SESNSP no se incluyen aquellos delitos reportados ante autoridades de seguridad pública estatal o federal que no hayan sido también denunciados ante procuradurías locales. Además no incluye los casos atendidos por la Procuraduría General de la República (PGR).

Señor Secretario de Gobernación, es entendible que usted en su papel institucional busque recalcar las acciones positivas de este gobierno. Sin embargo, no es aceptable que los ciudadanos callemos ante estas declaraciones que propiamente parecen describir la realidad de otro país. Quienes hemos sido víctimas de delitos, quienes no viajamos escoltados o contamos con autos blindados y debemos temer por circular por las calles de nuestras ciudades no podemos callar; quienes hemos perdido a un ser querido, quienes en los últimos meses hemos debido enfrentar secuestros o extorsiones no podemos aceptar sus declaraciones que son carentes de sensibilidad para todas las víctimas del país.
Es fundamental entender que el objetivo no es que baje la estadística de incidencia delictiva sino que la sociedad viva mejor; que existan oportunidades de progreso dentro de la ley; que los jóvenes tengan oportunidades que los alejen de la delincuencia; que la ley no sea letra muerta; que absolutamente todos seamos iguales frente a la ley y exista un verdadero acceso a la justicia, lo que necesitamos es vivir en un Estado de Derecho real y no solo formal. En cuanto alcancemos cada una de estas cosas, veremos como consecuencia la baja de la criminalidad y la violencia.
Como ciudadano pido a nuestras autoridades que, antes de emitir estas declaraciones, se pongan en los zapatos de alguien que no puede circular libremente por una carretera, que tiene miedo al ir a un cajero automático, que debe enfrentar cotidianamente el cobro del derecho de piso. Ahora como titular de una organización enfocada en esta materia y como representante de la sociedad civil, pido que revisen mejor la información que dan a conocer en sus discursos para que se percaten que ésta no corresponde a lo que vivimos día tras día. En el caso de que nuestras autoridades cuenten con fuentes alternas de información, les pido por favor las hagan públicas y de fácil acceso para que todos entendamos y conozcamos las fuentes de sus declaraciones.
Es hora de enfrentar la realidad y reconocer que los problemas del país no se resuelven sólo con una comunicación triunfalista que suena bien tras pronunciarla sistemáticamente.

Francisco Rivas
Director General del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL