Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, mayo 2015.

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Conforme avanza 2015, cada vez contamos con indicios más claros respecto a que estamos muy lejos de encontrarnos en las condiciones de seguridad que refieren nuestras autoridades mediante los discursos oficiales. Durante los últimos meses ha sido evidente que dichas condiciones han presentado un mayor nivel de descomposición, esto no solo lo demuestran las estadísticas sino los episodios cotidianos de violencia a los que estamos expuestos. Si observamos detenidamente la tabla que presento a continuación, podemos apreciar que las tasas de los delitos más violentos (homicidio, secuestro y robo con violencia) registraron un aumento por lo menos en el último mes. En particular, no hay que ignorar lo que ha sucedido con el homicidio doloso pues en mayo reportó el tercer aumento consecutivo y el secuestro el segundo. ¿Con esta numeraria cómo es posible seguir escuchando declaraciones que afirman categóricamente que hay una mejora de las condiciones de seguridad en el país?

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Durante mayo fuimos testigos de desafortunados eventos, simplemente recordemos lo ocurrido el 1 de mayo, cuando una organización criminal paralizó mediante la instauración de narcobloqueos a 4 entidades del occidente del país; cuando este mismo grupo delincuencial hirió y asesinó a elementos de la policía local, de la policía federal y del ejército al grado que alcanzó a derribar un helicóptero de la federación. Quisiéramos creer que estos son episodios fortuitos, sin embargo, la realidad nos demuestra todo lo contrario pues durante semanas se han estado registrando una cadena de situaciones en donde los grupos criminales han tenido mayor grado de intervención en la vida pública del occidente país. Ante dichas situaciones, las autoridades correspondientes no hicieron lo suficiente para evitar algo inminente, con lo cual se dejó en evidencia que existen grupos delincuenciales que aparentemente tienen la capacidad de retar y confrontar a las fuerzas élites de seguridad del Estado.

Los incrementos de la incidencia delictiva y el estallido de la violencia en Jalisco nos permitirían aprender algo:

Primero, que la tendencia a la baja (o alza) de incidencia de los delitos no garantiza que éstas se mantengan, en un contexto de profunda debilidad institucional el fenómeno delictivo ha mostrado tener un comportamiento caprichoso, a nivel nacional y local hemos observado como la frecuencia de ocurrencia varia de manera significativa entre mes y mes. Esto asume una connotación más grave si se carece de inteligencia o capacidad de respuesta oportuna de las autoridades encargadas de proveer seguridad y justicia ¿Cómo se puede atender un problema que no se puede comprender?

Segundo, que para el análisis de la inseguridad se priorice el número delitos se cometen en el territorio, omitiendo evaluar qué delitos son, quiénes son las víctimas, cuándo y dónde suceden los eventos, es un ejercicio insuficiente debido a que muestra una carencia de inteligencia al rededor del comportamiento criminal y la afectación que tienen en la vida de toda la sociedad.

Y tercero, las declaraciones que señalan que hemos llegado a los mínimos en materia de incidencia delictiva desestimando los focos rojos, desvalorizando los análisis y evidencias contrarias, lleva a políticas públicas insuficientes, declaraciones insensibles para las aún muchísimas víctimas del país, genera primero confusión en la opinión pública y luego desconfianza en el ciudadano que finalmente ve ante este tipo de eventos la inexactitud de más declaraciones.

¿Jalisco se pudo prevenir? ¡Indudablemente! Las señales estaban ahí, homicidios de alto impacto, autoridades de seguridad víctimas de la delincuencia, señales que el problema no era cuestión de hechos aislados, ni de criminalidad común, que apuntaban a la búsqueda de un mayor control por parte de grupos de la criminalidad organizada.

En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) lo advertimos, públicamente y en reuniones privadas con autoridades hicimos señalamiento puntuales de que era necesario hacer algo para detener el problema. Desde marzo de 2014 iniciamos a mandar el mensaje que, pese a que Jalisco presentara una incidencia delictiva que lo ubicaba en un nivel intermedio, la situación de los delitos cometidos apuntaba a una mayor gravedad de lo que se aparentaba. Incluso en abril pasado, quince días antes de este evento, que debe ser considerado un parte aguas para la entidad, en rueda de prensa lo dijimos “urge atender la situación de aumento de la violencia en Jalisco”.

La autoridad federal y las autoridades locales deberían considerar con más detalle la información que (esperemos) les den los encargados de inteligencia del país y las organizaciones civiles y sociales que dedicamos nuestra labor a tratar de incidir en materia de seguridad y justicia: la criminalidad organizada sigue siendo poderosa en nuestro país, sigue habiendo una lucha por el control de los territorios de parte de estos grupos, hay una diversidad de delitos que siguen afectando intensamente a la sociedad -secuestro, extorsión, robo tradicional y cibernético, trata de personas, desapariciones forzadas e involuntarias, ejecuciones extrajudiciales, falta de acceso a la justicia para víctimas del delito, fabricación de culpables, violación a derechos humanos, corrupción y colusión de autoridades y criminales, que no hay delitos aislados, que las autoridades locales parecen ineficaces o rebasadas por los retos en esta materia y que urge reconstruir la confianza ciudadana con hechos que muestren el compromiso por atender las necesidades de los gobernados y no de los grupos de interés, de presión o los partidos políticos.

¿Podrían aprender las autoridades de los eventos de Jalisco o del incremento de los delitos que presuntamente se encontraban controlados? ¡Por supuesto! Sin embargo, para ello es primordial que se entienda la situación de inseguridad y falta de justicia como un problema que debe ser atendido privilegiando la inteligencia; el fortalecimiento institucional; el acceso a una educación, a servicios de salud de calidad, a créditos que fomenten el emprendimiento de pequeñas empresas acorde con el marco normativo. La solución de este problema no puede radicar en cambios cosméticos y superficiales que dejan de lado los verdaderos retos de fondo que existen en esta materia.

Asimismo, la autoridad debe dejar de insistir que quienes señalamos los múltiples pendientes que “sólo queremos hablar de lo mal que está el país” o somos “a patrios” porque no reconocemos la gran labor de nuestras autoridades. Hasta que la autoridad vea como un aliado estratégico a quien piensa diferente o analiza críticamente la acción de gobierno para ubicar las debilidades que deben ser atendidas en la materia, difícilmente aprenderán de los recientes acontecimientos y tomarán acción ante las diversas señales de advertencia. No podremos avanzar positivamente frente a este problema de seguridad humana hasta que nuestras autoridades reconozcan las situaciones por las cuales atravesamos como víctimas de la delincuencia.

FRANCISCO RIVAS

Director General @frarivasCoL