Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, diciembre 2015.

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Acorde con la información sobre incidencia delictiva de diciembre de 2015, se mantiene el comportamiento de los nueve meses precedentes: un alza en los porcentajes de homicidio y la disminución de los otros delitos de alto impacto; y en lo particular, el alta incidencia de secuestros, extorsiones y robos según un análisis especí co por entidades (por ejemplo: Tamaulipas, Jalisco, Baja California y Tabasco).

Al cierre de este documento, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) envió al Senado su análisis anual acerca de las condiciones de incidencia delictiva del país, mostrando que las condiciones del país en materia de seguridad han mejorado en los últimos 3 años, desde la entrada en funciones de la actual administración federal. En este documento destaca que la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes reportada durante 2015 es la más baja desde que inició su registro en 1997, re ejando una reducción del 15% respecto al año 2012. Por otro lado, muestra una disminución sostenida desde 2013 de los delitos que más afectan a la sociedad: por ejemplo, se indica que, entre 2012 y 2015, el secuestro se redujo 26%, las extorsiones 31% y el robo de vehículos 25%. Si bien algunas regiones y entidades del país presentaron un incremento en la tasa de homicidio doloso durante el último año, a nivel nacional persiste la disminución de 22% respecto a 2012.

Si bien el dato que habla de una disminución sobre la incidencia delictiva proviene de lo que directamente le informan las instituciones de procuración de justicia al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este no re eja adecuadamente las condiciones en las que vivimos. Ello se debe a que si se analiza el fenómeno a partir de estadísticas agregadas, no es posible identi car las causas del descenso y si efectivamente están reduciéndose los delitos que más afectan a la población. Esta situación no representa algo menor pues implica la carencia de los insumos necesarios para políticas públicas e cientes y e caces en la materia, ya sea para su diseño o corrección.

Respecto al documento presentado por la SEGOB queremos destacar las principales limitaciones o debilidades del análisis efectuado:

1. En el análisis que realiza la institución federal sobre la incidencia de homicidios, se dejan completamente los datos del SESNSP que dan cuenta del aumento de 7.5% de este delito durante 2015. En lugar de dicha información o cial, optan por hacer uso de los registros administrativos publicados en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) referentes a los índices de 2014. Aunado a ello, en el documento o cial se aprecia que únicamente utilizan los datos del SESNSP para dar a conocer que hubo un descenso de 22% de este ilícito entre 2012 y 2015, omitiendo cualquier alusión a su incremento.

2. Otra imprecisión metodológica es que el análisis que hacen a nivel estatal, regional y de ciudades de los homicidios se elaboró con base en una tercera fuente: la de homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada. Dichos datos han sido tema de controversia desde los tiempos de la administración del expresidente Calderón ya que implica cierta subjetividad en el análisis y se anticipa a una investigación ministerial que debería esclarecer la certeza de que cierto homicidio esté o no vinculado a la criminalidad organizada. Por eso la administración del expresidente Calderón interrumpió la presentación de este dato. Con el inicio de la administración del presidente Peña se revivió este mecanismo de análisis con una agravante, la base dejó de ser pública y debidamente desglozada. Por eso varias organizaciones sociales protestamos y acordamos con la SEGOB que esta dejase de ser usadas como insumo de comunicados. Pese al acuerdo presentado a medios en 2013 entre dicha institución federal y la sociedad civil, ha habido un incumplimiento constante de la autoridad que, como en este caso, usa una base de datos opaca e imprecisa.

3. Si bien, con base en información del SESNSP, los porcentajes de disminución de robo de vehículos, secuestro y extorsión son correctos, los periodos de tiempo que utilizan para mostrar porcentajes de disminución son seleccionados ad hoc: usa comparaciones entre 2014 y 2013 y entre 2015 y 2012, es decir, buscan en qué periodo hubo un descenso mayor sin utilizar las tasas por cada 100 mil habitantes para el análisis.

4. Un aspecto que omiten señalar es que parte del gran descenso en la incidencia de la extorsión tiene que ver con un cambio en la metodología de registro, que los eventos de amenazas y engaños han aumentado (aunque haya disminuido el número de delitos consumados) y que carecemos de fuentes claras para medir la extorsión presencial.

5. Como hemos insistido en varias ocasiones, continúa subsistiendo una debilidad importante en cómo se conforma la base de datos sobre incidencia delictiva por lo que tampoco podemos a rmar que los datos del SESNSP correspondan al número de delitos denunciados a la autoridad y que estos se encuentren debidamente clasi cados. Paralelamente, al analizar este punto, se omite reconocer la gran cantidad de delitos no denunciados, conocidos como cifra negra, dato que mide y da a conocer el Instituto de Geografía y Estadística (INEGI) y el cual señala que para 2014, el 93% de los delitos cometidos en el país no se denunciaron. Este dato entre 2012 y 2013 tuvo crecimiento sostenido y tuvo un descenso marginal en 2014.

En resumen, cuando la SEGOB aparentemente muestra un esfuerzo por ser transparente y rendir cuentas, lo que más bien están haciendo es promover aún más la incertidumbre acerca de las condiciones objetivas seguridad del país: utilizando tres fuentes de información distintas sin explicación y a conveniencia para forzar los avances; omitiendo deliberadamente el crecimiento de los homicidios dolosos entre 2014 y 2015; usando a conveniencia números absolutos o tasas por cada 100 mil habitantes para mostrar una mayor efectividad en la disminución de algunos delitos; comparando las tasas de ciudades extranjeras con la del país y no con realidades como las de Acapulco, Iguala o Chilpancingo; utilizando periodos de tiempo ad hoc para buscar el descenso más grande; sin explicación alguna respecto a cómo fue que lograron hacer todo lo que presumen; omitiendo la importancia de los esfuerzos locales . Festejan los triunfos de los datos totales sin entender que los problemas siguen a nivel local, y en casos más graves.

¡Qué lejos estamos de un verdadero proceso de rendición de cuentas a la sociedad! ¿Realmente nuestras autoridades creen que mandar un documento impreciso queriendo presumir resultados es rendición de cuentas? ¿Por qué los asesores en materia de seguridad del Secretario Miguel Angel Osorio Chong exponen así a su jefe, a la Secretaría y a toda la administración federal? ¿Por qué no se han percatado que un ejercicio como el anterior debilita la con anza en las instituciones?

Los tres años al frente de las áreas de seguridad de la SEGOB no han sido su cientes para que sus integrantes comprendan conceptos básicos y que en la ejecución de proyectos y programas para enfrentar el problema son distintos los actores los que participan. En efecto, al día de hoy se sigue utilizando indistintamente y hasta como sinónimos, conceptos clave como violencia, inseguridad e incidencia delictiva y la federación asume resultados y retrocesos sobre el combate a delitos que son responsabilidad principal de las autoridades locales como es el robo en varias modalidades y donde la función de la autoridad federal versa en cómo reparte los recursos y veri ca que se implementen efectivamente y con la rectoría de políticas nacionales que coadyuvan a la labor de las autoridades locales.

Sí hay una buena práctica que presumir y de la cual aprender es la Coordinación Nacional Antisecuestro. Tras el gravísimo caso de aumento del secuestro en 2013, que llegó a su máximo histórico, la federación puso en marcha un proyecto fundamental: vigilar que las entidades destinen los recursos en esta materia a lo que debe ser; que se homologue nivel de actuación, capacitación e insumos en los estados; que exista colaboración y coordinación entre autoridades y donde la designación de los titulares ha sido impecable, antes Renato Sales, ahora Patricia Bugarín.

Secretario Osorio Chong, desde el ONC una y otra vez hemos demostrado como ciertas declaraciones que usted ha hecho carecen de fundamento. Entendemos que a usted le proporcionan dicha información y que en esta se sustenta su narrativa, por esta razón le ofrezco con gusto nuestro apoyo para revisar documentos y declaraciones que si continúan siendo imprecisas incrementará la desconfianza y abonará a la confusión entre la ciudadanía. Nuestro interés es el suyo: que México sea un país de leyes, que sea un país en el cual las autoridades son transparentes y rinden cuentas, un país en el cual las personas viven seguras y tiene acceso a la justicia. Señor Secretario deje que le regalemos esto al país, deje que lo ayudemos a informar objetivamente sobre la crisis de seguridad humana que enfrentamos.