Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, febrero 2016

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Es tarea sustantiva de una autoridad generar condiciones de seguridad y justicia para las personas. Quien decida competir por un cargo público como ejecutivo estatal, debe tener en mente la necesidad de reducir la incidencia de delitos, combatir la delincuencia, dar acceso a la justicia a las personas, respetar los derechos humanos, fortalecer el Estado de Derecho, entre otras. Para lograrlo tanto la autoridad como la sociedad requerimos métricas precisas que nos presenten avances o retrocesos, que permitan generar inteligencia y desarrollar, implementar y evaluar políticas especí cas para este tipo de fenómenos.

Es así que el descenso de la incidencia delictiva podría ser una buena noticia que da cuenta de mejores condiciones de seguridad en la vida de las personas. Sin embargo, en un contexto de debilidad institucional, las bajas que se observan en la estadística delictiva pueden ser resultado de manipulaciones de las bases de datos, de malas prácticas ministeriales para clasi car los delitos, de rechazó al acceso a la justicia de las personas, de no registrar los delitos, de disuadir la denuncia de las víctimas, o incluso, de combatir el delito extrajudicialmente. En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) hemos insistido sistemáticamente en la importancia de estos temas y en la disposición a colaborar por el fortalecimiento institucional. Sin embargo, resulta muy preocupante que algunas autoridades rechacen el apoyo e insistan en hablar de mejoras en las condiciones de seguridad, cuando la información que se brinda no es con able para sostener dichas a rmaciones.

Un ejemplo es el Estado de México, en donde el descenso del número de denuncias y carpetas de investigación iniciadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de homicidios dolosos y culposos, extorsiones, así como robos con violencia, de vehículos, a casa habitación, a negocio y a transeúnte — comparando los primeros meses de 2016 contra el mismo periodo de 2015— , no necesariamente es una buena noticia. ¿Sin embargo, es posible afirmar que dichas cifras son del todo confiables y transparentes?

Es un hecho que las estadísticas delictivas en el Estado de México dejan mucho que desear en términos de su con abilidad. En primer lugar, ¿qué se puede a rmar de una entidad donde los registros de averiguaciones previas por extorsión son tan inconsistentes? Si analizamos dichas cifras encontraremos que sólo hay datos en 1999, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Sólo contamos con evidencia muy reciente del comportamiento delictivo. Esta no nos permite realizar comparaciones de mayor alcance o bien, determinar si el nivel registrado de averiguaciones previas en 2015 -36% menor que el de 2014- ha ocurrido en el pasado.

Otro elemento que abona a sembrar más dudas de la calidad de la información delictiva de la entidad es el cuestionamiento realizado por parte de la publicación británica The Economist respecto al cambio de criterio de clasi cación de los homicidios dolosos en 2007, lo cual daba como resultado una aparente disminución de este
delito de alto impacto. Por otro lado, en el estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México se demostró que la evolución de las averiguaciones previas por homicidio en el Estado de México entre 1997 y 2014 se caracteriza por que las tasas mensuales de homicidio doloso y culposo han sido sistemáticamente parecidas tanto en términos de su tendencia como de la magnitud de las fluctuaciones y los valores de las tasas. Éste es un comportamiento inusual pues en otras entidades existen diferencias entre las series durante algún periodo.

En las solicitudes que ha efectuado el ONC se puede destacar que aparentemente no cuentan con información sistematizada sobre fosas clandestinas y no existe certeza sobre la cantidad de feminicidios que han sido cometidos en el Estado de México.
Esto último se debe a que en la respuesta a nuestra solicitud de información enviada vía INFOMEX a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), se menciona que se iniciaron 48 averiguaciones previas por feminicidio durante 2014, pero en un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se re ere que la PGJEM informó que se habían iniciado 86 averiguaciones previas por feminicidio durante el primer cuatrimestre de 2014. Respecto a la falta de certeza sobre la cantidad de feminicidios que se reconocen en el Estado de México, habría que retomar aquellos casos en los cuales este tipo de ilícitos han sido investigados y registrados como suicidios u homicidios culposos como sucedió en el caso de Mariana Lima, de Nadia Alejandra Muciño o de otras tantas mujeres en dicha entidad. Sin lugar a dudas, me atrevo a afirmar que el feminicidio es un delito que las autoridades difícilmente reconocen y que generalmente clasi can mal.

Aunado a ello, es importante considerar que las cifras o ciales sobre incidencia delictiva no reflejan el total de delitos, puesto que no toma en consideración todos aquellos ilícitos que no fueron denunciados o en los cuales no se procedió a iniciar una carpeta de investigación, es decir, la cifra negra. Si se analiza dicho indicador a partir
de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se puede apreciar que de 2010 a 2014 se ha reportado una cifra negra superior a la registrada en el ámbito nacional.

En materia de secuestro, el Estado de México es la quinta entidad con mayor tasa de denuncia por cada 100 mil habitantes si se consideran los casos registrados tanto en el fuero común como federal. Esto es evidente porque reportó una tasa de 2.25 secuestros por cada 100 mil habitantes durante 2015 y se ubicó por debajo de lo registrado en Tamaulipas, Tabasco, Guerrero y Morelos. Aunado a ello, es importante mencionar que, de enero de 2015 a febrero de 2016, en términos absolutos, el Estado de México es la entidad en la cual la federación ha atendido más secuestros, ya que durante ese periodo la Procuraduría General de la República (PGR) inició 245 averiguaciones previas.

Paralelamente es importante recordar dos aspectos que mantienen vivo el problema: la corrupción y la manipulación de información para dar a conocer que las condiciones de la entidad son aparentemente mejores. Respecto al primero de los problemas mencionados, se ha logrado apreciar que la corrupción ejercida por parte de las autoridades encargadas de prevenir y reaccionar ante los eventos delictivos, es el perfecto caldo de cultivo e incentivo para que los delincuentes actúen con plena impunidad. Recordemos la manera en la que la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana ha tenido que reconocer la corrupción institucionalizada que ha llevado a dar de baja a miles de policías y que explica la razón por la cual, en 2015 la autoridad estatal suspendió la aplicación de multas de tránsito para los ciudadanos, ya que no se garantizaba la conducta apegada a derecho por parte de los policías.

Desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) entendemos nuestra obligación como parte de la sociedad civil para dar cuenta de esta problemática una y otra vez, y para coadyuvar en la solución. Por tal motivo hemos ofrecido nuestro apoyo para fortalecer las instituciones locales y federales para mejorar los mecanismos de registro, clasi cación y publicación de los datos de incidencia delictiva.

Hace casi 2 años, en el espacio radiofónico de Ciro Gómez Leyva, ciertas autoridades del Estado de México desestimaron este tipo de datos, así como el análisis que se ha realizado desde el ONC sobre la situación de seguridad en la entidad. Gracias a esa discusión abierta, el Secretario General de Gobierno, José Sergio Manzur Quiroga; el Procurador General del Estado, Alejandro Gómez Sánchez y yo acordamos abrir la información sobre incidencia delictiva y la procuraduría a la sociedad civil, con miras a que el ONC llevara a cabo un diagnóstico de las fortalezas y debilidades de los procesos de registro y construcción de bases de datos con información pública de calidad. De igual manera, con el apoyo del ONC, la PGJEM impulsaría el fortalecimiento de la integridad profesional a través de la cultura de la legalidad.

Sin embargo, de poco sirvieron las reuniones y llamadas que sostuvimos, los o cios y viajes realizados, la insistencia e incluso presión pública. El Estado de México ha dicho “sí, sí, sí” con la mayor cordialidad que se podría esperar. No obstante, no ha dado un solo paso hacia delante y ello nos ha hecho desperdiciar recursos y tiempo. Al respecto, quiero recalcar que este proyecto no tenía costo para la PGJEM, ya que el ONC tiene como mandato no recibir recursos públicos. Un proyecto que fortalecía a la institución y que sería donado, ha sido desperdiciado y ha negado una gran oportunidad a tantos buenos servidores públicos estatales que hacen un trabajo impecable, para que su trabajo luzca y sea reconocido. Una muestra de que lo único que se requiere es voluntad política para tratar de atender el problema de seguridad y justicia que existe en nuestro país, pude apreciarse en los efectos que ha producido este proyecto en Aguascalientes, Chiapas y Chihuahua, así como la reciente apertura que se ha tenido por parte de las autoridades de Morelos, Nuevo León, Veracruz y el interés por parte de Sonora.

La baja en la incidencia delictiva reportada por el Estado de México en un contexto de crisis de seguridad humana no es buena noticia. La falta de disposición con la sociedad civil no es buena noticia. La falta de rendición de cuentas no es buena noticia. La falta de construcción de con anza institucional e integridad profesional de los servidores públicos no es buena noticia y difícilmente nos llevará a una mejora de vida para los mexiquenses y para quienes circulamos por la entidad.