Reporte mensual de delitos de alto impacto, Agosto 2016

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El pasado 27 de septiembre, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE). Estos evidenciaron que durante 2015

denunciamos menos delitos ante la autoridad correspondiente, porque cuando lo hicimos en casi la mitad de los casos “no pasó nada”. Provocando que nos sintamos cada vez más inseguros y que dicha falta de seguridad es perceptible en nuestra cotidianeidad, pese a la disminución de las cifras o ciales de incidencia delictiva a nivel nacional.

Desde 2011, esta encuesta nos ha permitido conocer estimaciones respecto a los delitos de los que somos víctimas, si fuimos o no a denunciar, por qué lo hicimos, qué opinamos de nuestras autoridades de seguridad y justicia, cuánto gastaron las familias para implementar medidas de seguridad y qué tan seguros nos sentimos, entre otros indicadores.

A partir de ello, esta encuesta ha mostrado ser un instrumento sólido y objetivo
de la vivencia ciudadana, que en lo agregado muestra un comportamiento similar
a lo que sucede con el número de denuncias que como víctimas de un delito interponemos ante un ministerio público (MP). Desafortunadamente en la gran mayoría de las ocasiones los ciudadanos evitan presentar denuncias ante el MP dada la falta de con anza en la obtención de justicia y la reparación del daño.
Si bien la cifra negra no está presente en los reportes sobre incidencia delictiva que elaboramos de manera mensual, si debe ser considerada para un mejor análisis de los datos aquí presentados. Debemos tomar conciencia de que únicamente 6 de cada 100 delitos son denunciados y que sobre aquellos que sí se denuncian impera una gran impunidad. La ENVIPE señala a su vez que el MP es la segunda institución con menor con anza ciudadana.

Las causas de la ine ciencia del sistema de justicia son diversas y posiblemente algunas de ellas podrían radicar en que, en la última década, el presupuesto designado para las instituciones de seguridad ha crecido sustancialmente, mientras que los recursos destinados a la procuración de justicia siguen siendo prácticamente los mismos. Esto naturalmente se refleja en carencias de personal, de un proceso de formación de cuadros, desarrollo profesional, capacitación e insumos tecnológicos, entre otros elementos.

Es impensable lograr ser más exitosos en la resolución de delitos con los mismos recursos e insumos institucionales, si los ilícitos aumentaron en la última década y se hizo más complejo el fenómeno delictivo. Es poco probable la construcción

de la con anza ciudadana alrededor de una procuración de justicia poco e caz, compuesta por personal mal tratado, mal pagado, mal capacitado y mal equipado.

Es poco probable avanzar en esta materia si no hay un compromiso profundo
por consolidar una cultura de la legalidad en las instituciones, ya que difícilmente se contará con personal íntegro y ello derivará en que los agentes del ministerio público hagan lo imposible por disuadir a las víctimas que denuncien, que hagan justicia a modo, que no respeten los derechos humanos y el debido proceso, que siembren pruebas o ejerzan la tortura como un método de investigación.

Hace falta que los titulares del ejecutivo federal y los estatales, así como los respectivos congresos asuman con urgencia un apoyo a la procuración de justicia, supervisada, con contrapesos y con la obligación de rendir cuentas. Es hora de
que los policías de investigación o ministeriales, peritos y agentes del ministerio público cuenten con sistemas de desarrollo profesional que nos lleven a premiar
a los mejores; que cuenten con áreas dignas de trabajo donde puedan atender a una víctima como merece; que la ciudadanía especializada pueda monitorear y dar recomendaciones sobre procesos y uso de recursos y que estos estén dedicados a lo que debe ser y no a comidas lujosas de procuradores, escoltas y camionetas para atender a los poderosos.

Es urgente que en nuestro país se combata un volumen de incidencia delictiva equiparable al de otras naciones con economías similares a la nuestra. Esto signi ca que tenemos que aspirar a que nuestras instituciones de procuración de justicia atiendan por lo menos un 40% de la incidencia delictiva y no solamente un 6%, del cual en más de la mitad de los casos no pasa nada.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL