Reporte sobre delitos de alto impacto, febrero 2017

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Con base en la información del número de carpetas de investigación iniciadas en procuradurías y scalías de los estados, la incidencia delictiva parece seguir al alza sin que existan políticas que logren frenar este fenómeno. Esto es evidente si se comparan las

tasas por cada 100 mil habitantes, reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del 1er bimestre 2016 contra las del mismo periodo de 2017, pues podemos observar en el Reporte sobre delitos de alto impacto. Febrero 2017, que de los diez delitos analizados ocho aumentaron (homicidio doloso, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, robo a negocio y robo a transeúnte); mientras que se puede decir que el robo a casa habitación casi permaneción sin alteración alguna pues solo disminuyó 0.24% y las violaciones decrecieron apenas 1.70%. Estos datos asumen una connotación más grave si vemos que la tasa de robo a negocio presentó un aumento de casi 52%, extorsiones y robos con violencia del 32% cada uno, robo con violencia del 31%, los homicidios dolosos y robos de vehículo un 12% en ambos casos.

Los datos muestran que evidentemente 2017 presenta un escenario más peligroso para los ciudadanos del que se tuvo en 2016. El panorama es complejo si se busca dar una respuesta sobre las causas de esta innegable crisis de violencia que vive el país -más si se considera que llevamos años escuchando cómo los mismos factores producen los mismos resultados-.

La violencia se mantiene vigente debido a factores como la lucha que los grupos de delincuencia organizada mantienen entre sí y contra el Estado por controlar los territorios locales; la falta de pericia, capacidades, equipamiento y coordinación de las autoridades; la corrupción de las autoridades que favorecen o entregan territorios a los cárteles de

la droga, que desfalca las nanzas públicas afectando capacitación, equipamiento, infraestructura, salarios, prestaciones, desarrollo y motivación de policías, ministerios públicos y peritos; la crisis económica que funge como caldo de cultivo para la comisión
de delitos; las debilidades de los operadores del sistema de justicia que, tras la plena implementación del sistema adversarial, fallan en lograr un proceso apegado que sancione culpables y permita reparación del daño y acceso a la justicia para las víctimas.

Otro factor relevante es la relativización y minimización con la que las autoridades responden a las evidencias del aumento de inseguridad, delincuencia y violencia. Tomemos como ejemplo las declaraciones del Presidente Enrique Peña Nieto, quien dice que “la crisis está en nuestras cabezas” o la presentación del procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, quien en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, hablando de los resultados en materia de seguridad en esta entidad omitió reportar los delitos al alza como el homicidio doloso y presentó sólo los casos de delitos a la baja.

La deuda que los gobiernos locales mantienen con todos los mexicanos la puso en evidencia el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, al mencionar
que muchas autoridades estatales y municipales siguen gastando mal nuestros recursos destinados a la seguridad, en la expectativa que la federación resuelva lo que ellos pre eren no atender.

Febrero 2017 es un mes que pone más en evidencia que las acciones implementadas
por nuestras autoridades carecen de efectos positivos en términos de mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. A través de este Reporte buscamos llamar la atención de la opinión pública y de quienes manejan la seguridad del país. Desde el Observatorio Nacional Ciudadano renovamos nuestra disposición en donar nuestro trabajo para mejorar las políticas de seguridad y justicia con quien muestre un genuino interés en trabajar rindiéndole cuentas a la sociedad.