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“Hallazgos en el Estudio Anual sobre delitos de alto impacto 2013”

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, septiembre 2015.

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Pese al trabajo que ha sido realizado por diversos actores sociales para mejorar las condiciones de seguridad y justicia en nuestro país, la meta continúa encontrándose bastante distante. Esto resulta más que evidente si tomamos en consideración las cifras que dan cuenta de la incidencia y prevalencia de delitos y de violaciones de derechos humanos, así como las condiciones que privan en las instituciones de seguridad y administración de justicia. Bajo esta perspectiva, si optamos por voltear a ver a nuestras policías, peritos, ministerios públicos, jueces y el personal destinado a la atención de víctimas; encontraremos carencia y ejercicio ine ciente de recursos de diversa índoles así como disparidad en la manera en que se entiende y atiende el delito. Lamentablemente, esta es la realidad a la que nos enfrentamos tras dos décadas de trabajo y de gastos millonarios para tener instituciones listas para prevenir y combatir el delito, atender a las víctimas, brindarles justicia, reparar el daño. Es un hecho que nos encontramos muy lejos de tener casos objetivos y evidentes de éxito.

Las razones son diversas, sin embargo, creemos rmemente que principalmente se debe a que no ha existido un compromiso parejo ni sincero por parte de todas las autoridades para mejorar estas instituciones. Respecto a esto último, es un hecho que hay muchas ocasiones en las cuales los esfuerzos realizados son su cientemente reconocidos y, en otros tantos, la ausencia de acciones ha quedado impune. Mientras algunas autoridades han puesto su cara, su capital político o su vida, otras han dejado de hacer lo mínimo y otras aún, se han enriquecido gracias al peculado y redes de corrupción.

En este sentido, la organización Causa en Común nos convocó en días pasados al “4o Foro Nacional de Seguridad Ciudadanos + Policías”, en el cual se debatió cómo mejorar las condiciones y situación de nuestras policías. Al respecto, la presidenta de la organización mencionada, María Elena Morera Mitre, hizo un llamado importante al presidente Peña Nieto a través de 5 propuestas puntuales:

1. Reestructurar el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2. Consolidar la Comisión Especial de Desarrollo Policial.
3. Consolidar los espacios ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad.
4. Transparentar los acuerdos de colaboración en materia de seguridad y llamar a cuentas a los gobernadores que no colaboren.

5. Acelerar el proceso de la Clave Única de Identidad.

Desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) subscribimos dichas propuestas, con el compromiso de acompañar a dicha organización para que estas propuestas sean incorporadas en las políticas públicas y en los marcos normativos correspondientes para que las acciones que se requieren, sean una realidad. Una de nuestras principales preocupaciones es el hecho que normas, acuerdos y políticas públicas muchas veces se vuelven meras referencias o momentos para las declaraciones o fotografías y no llegan a implementarse cabalmente.

Tomemos casos concretos de protocolos que una y otra vez las instituciones trabajan, acuerdan y aparentemente asumen como marco de referencia que debe guiar la conducta institucional: el uso racional de la fuerza; los protocolos forenses, de búsqueda de desaparecidos, de protección a periodistas o de atención a la violencia en contra de las mujeres; entre otros. Cada uno de ellos ha sido un acuerdo rmado o bien un compromiso asumido, sin embargo, esto no se ha traducido en acciones que impidan que continúe vigente la violencia y la impunidad. Ha sucedido todo lo contrario pues se continúa alentando el delito, fallando en el acceso a la justicia para las víctimas y, por ende, debilitando las instituciones.

Justamente por esto no debe sorprendernos lo que ha sucedido en Quintana Roo, en donde hace unos cuantos días se sumaron siete feminicidios a la situación de emergencia que vive el país en cuanto la violencia de género. Mientras estos casos se acumulaban, las autoridades estatales, de una entidad que carece de protocolos desde hace 8 años, minimizaban el caso e incluso lo referían como si fuese un comportamiento esperado del delito, declarando que en realidad este ilícito va bajando pues en 2014 se registraron 13 casos contra los 7 que se habían reportado los primeros 10 meses del año en curso.

De todas las cosas que pudieran alarmarnos de estas declaraciones, hay dos que debo destacar; la primera es la incapacidad de entender que el feminicidio no es un delito común que se combata exclusivamente mediante la consignación de victimarios. El feminicidio es un ilícito que debido a las raíces socioculturales de las cuales se deriva, toma fuerza de respuestas institucionales indolentes o superficiales que validan la violencia en contra de una persona simplemente por ser diferente.

El segundo aspecto que resulta preocupante es la carencia de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades estatales correspondientes: ¿cómo es posible que la entidad que hoy re ere casos de 2013 a 2015, ante una solicitud de transparencia contestó no tener registro de ningún caso de feminicidio? Para el análisis del feminicidio de nuestro estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México, la Procuraduría General de Justicia del Estado contestó lo siguiente:

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, realizó la búsqueda minuciosa en sus archivos y base de datos electrónicos, en los que No se encontró registro alguno sobre la información referente al número de averiguaciones previas iniciadas por el delito de feminicidio ocurridos en el estado en el periodo requerido, motivo por el cual la cifra se encuentra en cero (sic).

María Elena, tienes razón. ¡Urge que nuestras autoridades nos rindan cuentas! Es hora que los millones gastados, los esfuerzos asumidos, las vidas perdidas se transformen en resultados de mejores instituciones que garanticen el acceso a la justicia, atención integral a las víctimas, así como menores índices de incidencia delictiva y de violaciones de derechos humanos. Ante las circunstancias por las cuales atraviesa el país, a las autoridades les debe quedar claro que no podemos continuar esperando pues entre más tiempo permanezcamos inmóviles y pasivos, se estarán trastocando y perdiendo cada vez más vidas pues existen todos los incentivos para que la criminalidad tradicional y organizada continúe actuando contra cada uno de los que integramos el Estado.

Bajo esta perspectiva, de nada sirve que con frases discursivas llamativas se dé a conocer que aparentemente los delitos van disminuyendo, tarde o temprano, la realidad y las estadísticas nuevamente darán cuenta de su incremento. Este fue el caso del secuestro y la extorsión en 2013, cuando alcanzaron su máximo histórico y eso sucede actualmente con el homicidio, que tras tres años a la baja, hoy muestra nuevamente un comportamiento al alza, tras 5 meses seguidos de aumento. Aunado a ello, hay que tomar en consideración que en muchas ocasiones en diversas entidades federativas, las supuestas disminuciones jamás tienen lugar, lo cual re ere condiciones inaceptables para cualquier sociedad.

Por estas razones, una vez más hacemos el llamado a nuestras autoridades para que trabajemos juntos en materia de transparencia, respetando derechos humanos, fomentando una cultura de la legalidad. No podemos continuar permitiendo que los esfuerzos realizados se vayan al vacío y que las omisiones permanezcan impunes, deteriorando cada vez en mayor medida nuestra seguridad humana.

FRANCISCO RIVAS

Director General

@frarivasCoL

Relatoría de la mesa de discusión “Ser periodista en México: un peligro de muerte”

Descarga aquí

El 25 de agosto de 2015 a las 10 de la mañana se llevó a cabo la mesa de discusión “Ser periodista en México: un peligro de muerte”en las instalaciones del auditorio Floris Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJJ) de la UNAM.

En ella participaron el Dr. Francisco Rivas, Director General del Observatorio Nacional Ciudadano; Roberto Ochoa Romero, anfitrión e Investigador del IJJ-UNAM; Elia Baltazar, activista y periodista; José René Álvarez Márquez, Fiscal especializado para la denuncia contra periodistas y/0 comunicadores de la Fiscalía General del estado de Veracruz; Omar Rabago, Director Ejecutivo del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS); y Ricardo Nájera, Fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión de la PGR.

A continuación les presentamos la relatoría de los trabajos

Presentaciones del 1er Foro Nacional de Observatorios y Seguridad Humana disponibles.

Aquí encontrarán todas las presentación del per Foro Anual de Observatorios y Seguridad Humana.

Descargar aquí

¡Muchas gracias por su participación!

 

Cualquier duda o solicitud favor de contactar a:

Mariana Cendejas
Directora de Vinculación
mcendejas@onc.org.mx
 
Leonel Fernández Novelo
Coordinador de Observatorios Locales
leonel.fernandez@onc.org.mx
 
Vania Pérez Morales
Coordinadora de Logistica del Foro
vperez@onc.org.mx

Presentación avances del documento “Homicidio: una mirada a la violencia en México

 

Descarga Boletín de Prensa aquí

 

Observatorio Nacional Ciudadano: El homicidio es un problema que sigue sin resolverse en México

  • El homicidio es una conducta delictiva que no presenta un patrón único de comportamiento en México.
  • No hay certezas sobre la efectividad de las acciones gubernamentales debido a que hay estados con índices críticos de homicidios dolosos que pese a su disminución, no se puede afirmar que no tendrán un repunte a corto o mediano plazo.
  • Existen serias deficiencias institucionales que dificultan las investigaciones de homicidios y el acceso de las víctimas a la justicia como, por ejemplo, que no se apliquen los protocolos existentes o que se carezca de ellos.
  • El Observatorio Nacional Ciudadano urge a que se desarrollen e implementen políticas públicas diferenciadas con perspectiva de género y de derechos humanos para controlar y prevenir el homicidio, así como atender sus múltiples costos sociales.México, a 28 de julio de 2015. El homicidio es un problema que no ha sido resuelto pues permanece un alta incidencia de este delito en diversas entidades federativas y municipios del país, de acuerdo con el estudio Homicidio, una mirada a la violencia en México elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC). En este sentido, se hizo referencia a los 76 municipios de más 100 mil habitantes que presentaron tasas de homicidios dolosos superiores a la registrada en el ámbito nacional durante 2014; los cuales se encuentran principalmente en el Estado de México, Michoacán, Guerrero y Sinaloa.

    Asimismo, Francisco Rivas, Director del Observatorio Nacional Ciudadano, enfatizó que: “hay por los menos 11 estados en los cuales no se tienen certezas de que no se repetirán los índices críticos de homicidios dolosos a corto o mediano plazo debido al abrupto e inesperado aumento entre 2007 y 2009”. Las entidades que presentaron dicho patrón de comportamiento de acuerdo con el análisis que abarca de 1997 a 2014 del ONC son: Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Durango, Tamaulipas, Colima, Coahuila, Nuevo León, Nayarit y Veracruz.

    En el marco de la conferencia de prensa, también hicieron referencia al homicidio culposo y destacaron aquellas entidades federativas en las cuales este delito presenta un comportamiento poco tradicional pues en dichos casos, este se asemeja al del homicidio doloso, como ha sucedido en: Durango, Estado de México, Guanajuato, Quintana Roo y San Luis Potosí.

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Al respecto, señalaron que esto no debe pasar desapercibido pues una posible hipótesis sobre este patrón puede estar relacionada no solo con los criterios de registro estadístico sino de investigación del homicidio, como quizás puede suceder en aquellos casos en los cuales la víctima de un secuestro pierde la vida durante la comisión del delito.

Sobre dicha conducta delictiva, de acuerdo con información oficial, se hizo alusión a que entre 2012 y 2015 se registraron 320 víctimas de secuestros que culminaron en homicidios. Además se señaló que alrededor del 60% de los secuestros en los que la víctima murió se concentraron en cinco entidades federativas, sin embargo, en el Estado de México ocurrió el 25% de los casos totales de esta conducta.

En relación con la disparidad de criterios expuesta, el director del Observatorio, precisó que uno de los hallazgos más preocupantes del estudio son las debilidades y fallas institucionales para la investigación de homicidios, como se puede apreciar en la falta de implementación de protocolos forenses y en materia de feminicidios. Referente a ello, mencionó “lamentablemente encontramos casos en los cuales no se trata de la falta de protocolos de actuación y de investigación sino de la falta de voluntad política para cumplir con los acuerdos alcanzados”. Al respecto, puso como ejemplo lo sucedido con el Protocolo para el tratamiento e identificación forense, el cual fue aprobado durante XXV Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y que únicamente ha sido implementado en seis entidades federativas: Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas.

Debido a las fallas institucionales detectadas en el estudio Homicidio, una mirada a la violencia en México, urgieron a que las autoridades evaluaran objetivamente los avances de las medidas implementadas frente al homicidio, considerando la crisis de desapariciones forzadas o involuntarias y el hallazgo de múltiples fosas clandestinas.

“Si queremos resolver integralmente el problema del homicidio, no podemos continuar tomando decisiones de política pública con base en información imprecisa que no nos permita conocer y reconocer tanto las dimensiones como sus particularidades cualitativas” expresó Francisco Rivas. Esto se debe a que, no se puede controlar y prevenir de la misma manera un feminicidio, un homicidio de periodistas o un homicidio vinculado con actividades criminales.

Durante la conferencia de prensa, se hizo un llamado para que las autoridades en conjunto con la sociedad civil, diseñen e implementen políticas públicas focalizadas que consideren tanto las características cuantitativas como cualitativas del homicidio. Esto se debe a que cada una de ellas refiere diversas dinámicas criminales y ejercicios de violencia, que conllevan importantes costos sociales que pueden ser desde la reducción de esperanza de vida hasta la orfandad o desplazamientos forzados .

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Entre los panelistas que participaron en la presentación del estudio del ONC estuvieron: Alejandro Hope, especialista en Seguridad Pública; Josefina Ricaño de Nava, Presidenta de México Unido contra la Delincuencia; Birgit Lamm, representante de la Fundación Friedrich Naumann y Héctor Larios, Presidente del Observatorio Nacional Ciudadano.

Dichos especialistas reiteraron el problema de seguridad que representa el homicidio en México y la necesidad de que se desarrollen las acciones pertinentes para subsanar las debilidades institucionales para que pueda ser garantizado el derecho de las víctimas al acceso a la justicia.

Toda la información relativa al estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México elaborado por el ONC se encuentra disponible en la página www.onc.org.mx

Acerca del Observatorio Nacional Ciudadano. El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad es una organización de la sociedad civil que busca brindar información objetiva y oportuna a la ciudadanía sobre la situación en materia de seguridad y justicia, así como ser un instrumento de articulación de las organizaciones sociales para potenciar su incidencia en las acciones y políticas de la autoridad: www.onc.org.mx

Atención a Medios

Gerson Hernández Mecalco / 5535004871 / ghernandez@cepol.com.mx Cecilia Torres /5538884435/ ctorres@zimat.com.mx

Sr. Secretario, ¡usted está equivocado!

Una vez más las cifras pronunciadas por el Secretario de Gobernación no cuadran con la falta de seguridad en el país. De nuevo es evidente que tanto la sociedad como algunos representantes de la sociedad civil no estamos de acuerdo con nuestras autoridades. No se puede decir que México está en su mejor momento de seguridad en los últimos 10 años, cuando estamos viviendo en un escenario en el cual sabemos que se han denunciado y consumado 1,394 secuestros, 5,775 extorsiones y, por lo menos, 15,649 homicidios dolosos durante 2014.
En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) hemos dedicado parte de nuestra labor al análisis de la incidencia de los delitos de alto impacto en el país. Por esta razón, hemos publicado mes tras mes, los números correspondientes a las averiguaciones previas iniciadas por delitos del fuero común de alto impacto social, reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Derivado del análisis periódico de los índices de homicidio (doloso y culposo), secuestro, extorsión y robo (con violencia, de vehículo, a casa habitación y a negocio) hemos observado que las cifras oficiales que 7 de estos delitos disminuyeron de 2013 a 2014. Únicamente el homicidio culposo, el no intencional, presentó un alza que no es para nada menor, pues se inició una cifra récord de averiguaciones previas por este ilícito en 2014 al registrarse 16,961 casos.
En incontables ocasiones hemos discutido la validez de las estadísticas oficiales recopiladas y sistematizadas por las procuradurías estatales de justicia. Sin embargo, por sólo un momento hagamos a un lado esta cuestión técnica o metodológica y concentrémonos en lo verdaderamente sustantivo de la crisis nacional de inseguridad ciudadana:

1. Si bien hay marcados descensos de los delitos de alto impacto, 2014 no fue el mejor año de los últimos 10. Simplemente basta con observar lo sucedido en cuanto a secuestros, 2014 ha sido el cuarto peor año desde 2005; en homicidio doloso, fue el sexto; en culposo, el segundo; en extorsión, el quinto; y, finalmente, en robo con violencia, el séptimo.
2. Aunque 2014 ha sido el segundo año con menor cantidad de averiguaciones previas iniciadas de los últimos diez, esto se puede deber al aumento constante de la cifra negra. Esto significa que las personas cada vez denuncian menos, principalmente por causas atribuibles a las autoridades, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE).
3. Respecto al homicidio doloso, delito que ha sido utilizado como parámetro para evaluar los avances en materia de seguridad por parte de la autoridad, hay que mencionar que si bien es cierto que presenta un comportamiento a la baja en los últimos años, aún no es posible observar una franca mejoría respecto a los últimos 10 años. Hay que considerar que tan solo las averiguaciones previas contabilizadas en 2014 fueron 52.53% superiores a las de 2007.
4. En el caso de los delitos de secuestro y extorsión resulta comprensible que se haya presentado una baja luego de que durante el 2013, el primer año de gobierno de esta administración federal, se alcanzaran cifras históricas: 1,698 secuestros y 8,196 extorsiones. Pese a las reducciones de estos ilícitos que han sido tan publicitadas, en el caso del secuestro, la cantidad de casos generados en 2014 continúa siendo 218.26% superior a las de 2007, con lo cual queda en evidencia que estamos muy lejos de estar en el mejor contexto de seguridad de la última década. Lo mismo sucede con los índices de extorsión, pues las averiguaciones previas iniciadas por este delito en 2014, son 25.71% mayores a las reportadas en 2011.
5. Si bien algunas entidades cuentan con condiciones de seguridad aceptables en términos de incidencia delictiva; hay algunas que se encuentran en situación de verdaderos estados fallidos, como mínimo citar los casos de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
Incluso si tomáramos como ciertas las cifras oficiales no se pueden dar discursos triunfalistas con una comparación entre los de datos de 2014 respecto a los de 2013. Por ejemplo, Guerrero presenta tendencias al alza de 38.26% de los homicidios culposos, de 6.47% de los robos con violencia y de 0.58% de los robos a vehículo.
Otro claro ejemplo es el aumento de la delincuencia y violencia en Tamaulipas, ya que no sólo fue la entidad con más averiguaciones previas y víctimas de secuestro en cada uno de los meses de 2014, sino que al comparar estas cifras con las de 2013 se observa un incremento de 24.17% en las extorsiones, de 51.64% en los homicidios culposos y 13.15% en los dolosos.
6. Desde la implementación de los distintos operativos u operaciones conjuntas, México vive una crisis en materia de desapariciones forzadas e involuntarias que no ha sido reconocida en su justa dimensión como ha sido evidenciado por organismos internacionales. Esta problemática ha alcanzado tales dimensiones que inclusive a pesar de la existencia del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), las autoridades siguen sin saber cuántas con certeza personas desaparecidas hay en nuestro país.
7. No hay un seguimiento absoluto de la violencia ejercida y de los delitos cometidos contra migrantes en nuestro país, por lo tanto, ello invita a cuestionarnos si la seguridad exaltada en los discursos oficiales sólo toma en consideración la afectación exclusiva a los mexicanos.
8. México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, tan sólo basta recordar los últimos homicidios o secuestros de periodistas en entidades como Veracruz o Tamaulipas.
9. En los últimos meses ha habido una serie de delitos y violaciones a los derechos humanos que han cimbrado profundamente a la sociedad, sin que estemos cerca de que las autoridades garanticen la adecuada reparación del daño, justicia y verdad para las víctimas. Además si esto no es suficiente, a pesar de lo sucedido aún no se vislumbra el fortalecimiento de las instituciones y del Estado de Derecho para que este tipo de hechos no se repitan bajo ninguna circunstancia.
10. Que bajen los porcentajes de incidencia de las denuncias o averiguaciones previas reportadas en el SESNSP, no indica la disminución de la violencia. Las características de los delitos ponen en evidencia un aumento en la violencia, por lo cual la simple disminución de la estadística no es suficiente para decir que las personas vivimos más tranquilas y seguras en este país. Es decir, importan no sólo los cuántos, sino los cómos.
11. Hay demasiados casos aún donde la autoridad está siendo cómplice o autora de los delitos cometidos contra las personas, poniendo en evidencia que los ciudadanos estamos siendo atacados por nuestros mismos representantes que usan el peso de las instituciones para violar la ley.
12. A priori ningún ciudadano de este país tiene garantizado el acceso a la justicia, con o sin reforma penal.
13. Los niveles de impunidad que vivimos son aún tan altos que toda declaración triunfalista cae por sí sola.

Si optamos por considerar de manera exclusiva cuestiones técnicas o metodológicas de la información del SESNSP tendríamos que aclarar que:
1. Es costumbre que las entidades efectúen movimientos a la estadística anual, incluso varios meses después, por lo que los números que vemos hoy muy probablemente no son los definitivos (pensemos casos como Veracruz que en mayo 2014 agregó casi 23 911 delitos a la estadística anual de 2013 reportada en el SESNSP);
2. Sólo desde 2014 se cuenta con un conteo público de víctimas de delitos como homicidio, secuestro y extorsión, lo que se contabiliza son el número de denuncias, averiguaciones previas o carpetas de investigación, lo que no permite hacer comparativa e identificar comportamientos históricos sobre lo que más nos debe importar: las personas están siendo víctimas del delito.
3. En las encuestas de victimización que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) nos presenta, podemos deducir que el número de delitos no denunciados ha ido aumentado, por lo que la cifra oficial representa año con año un porcentaje menor del número de delitos que suceden en el país: en 2011 fueron 91.6% los delitos que no se denunciaron, en 2012 fueron el 92.1% y en 2013 llegaron a 93.8%;
4. Como en nuestros estudios hemos podido denunciar, las procuradurías locales en muchos casos registran los delitos con base en criterios individuales y a partir de lo establecido en la ley o en los propios lineamientos emitidos por INEGI-SESNSP, por lo que presentan una imagen poco fidedigna del universo de delitos que no se registran;
5. Es importante revisar los criterios de registro del homicidio doloso y culposo, ya que existen elementos que apuntan a que muchos homicidios intencionales son registrados de la manera contraria.
6. Con la implementación del nuevo sistema de justicia penal adversarial los delitos no graves han dejado de ser registrados de la misma manera en la que se hacía en el sistema inquisitorio, por lo que la estadística podría verse afectada.
7. En la información que publica el SESNSP no se incluyen aquellos delitos reportados ante autoridades de seguridad pública estatal o federal que no hayan sido también denunciados ante procuradurías locales. Además no incluye los casos atendidos por la Procuraduría General de la República (PGR).

Señor Secretario de Gobernación, es entendible que usted en su papel institucional busque recalcar las acciones positivas de este gobierno. Sin embargo, no es aceptable que los ciudadanos callemos ante estas declaraciones que propiamente parecen describir la realidad de otro país. Quienes hemos sido víctimas de delitos, quienes no viajamos escoltados o contamos con autos blindados y debemos temer por circular por las calles de nuestras ciudades no podemos callar; quienes hemos perdido a un ser querido, quienes en los últimos meses hemos debido enfrentar secuestros o extorsiones no podemos aceptar sus declaraciones que son carentes de sensibilidad para todas las víctimas del país.
Es fundamental entender que el objetivo no es que baje la estadística de incidencia delictiva sino que la sociedad viva mejor; que existan oportunidades de progreso dentro de la ley; que los jóvenes tengan oportunidades que los alejen de la delincuencia; que la ley no sea letra muerta; que absolutamente todos seamos iguales frente a la ley y exista un verdadero acceso a la justicia, lo que necesitamos es vivir en un Estado de Derecho real y no solo formal. En cuanto alcancemos cada una de estas cosas, veremos como consecuencia la baja de la criminalidad y la violencia.
Como ciudadano pido a nuestras autoridades que, antes de emitir estas declaraciones, se pongan en los zapatos de alguien que no puede circular libremente por una carretera, que tiene miedo al ir a un cajero automático, que debe enfrentar cotidianamente el cobro del derecho de piso. Ahora como titular de una organización enfocada en esta materia y como representante de la sociedad civil, pido que revisen mejor la información que dan a conocer en sus discursos para que se percaten que ésta no corresponde a lo que vivimos día tras día. En el caso de que nuestras autoridades cuenten con fuentes alternas de información, les pido por favor las hagan públicas y de fácil acceso para que todos entendamos y conozcamos las fuentes de sus declaraciones.
Es hora de enfrentar la realidad y reconocer que los problemas del país no se resuelven sólo con una comunicación triunfalista que suena bien tras pronunciarla sistemáticamente.

Francisco Rivas
Director General del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL