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Reporte sobre delitos de alto impacto Abril 2014

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El 9 de junio de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la incidencia delictiva en México bajó 25% de 2012 a 2013 y 12% de 2013 a 2014 en el marco de una reunión organizada por un diario español durante su gira por Europa1. Estas afirmaciones tomaron como base las estadísticas de homicidio dolosos el cual parece ser el único indicador del cual dispone el gobierno federal para referirse a la incidencia delictiva. Ese mismo día 15 cadáveres fueron encontrados en Sinaloa, algunos días antes fueron localizados varias fosas clandestinas con más de una decena de cadáveres en Guerrero, a la par que la tendencia por la extorsión y el secuestro permanecen al alza. Este contraste parece indicar que el discurso público se encuentra desligado de la realidad, o por lo menos de los acontecimientos violentos a los que se enfrentan miles de mexicanos diariamente.

La narrativa de seguridad de la actual administración federal ha insistido que la situación en esta materia ha ido mejorando año tras año. En este sentido, la mayoría de los mensajes emitidos por las autoridades emplean como indicador principal el número de homicidios intencionales y es lógico que presuman este indicador, pues acorde con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha presentado una tendencia a la baja desde 2011. Si bien este resultado es alentador, no es correcto ni prudente que toda la narrativa gubernamental menoscabe la incidencia de otros delitos como el secuestro, la extorsión, las múltiples modalidades de robo, trata de personas, las desapariciones involuntarias, el tráfico de armas, entre otros delitos que afectan considerablemente la seguridad en el territorio.

De igual forma, cabe señalar que existen otros factores cruciales como el desempeño de las autoridades en el combate a delitos, el número de eventos que involucran a autoridades o ex funcionarios en la comisión de delitos, la eficiencia de los procesos de justicia, así como indicadores alternativos que nos permitan, en primer lugar, configurar un diagnóstico más completo de la seguridad e incidencia delictiva en el país y, en segundo lugar, evaluar objetivamente los resultados de la estrategia nacional de seguridad.

La elaboración de un diagnóstico objetivo en esta materia debe contar con una perspectiva geográfica que permita identificar aquellas entidades y municipios donde ocurren con mayor frecuencia los delitos de alto impacto social. Como manifestamos en el estudio Incidencia de los delitos de Alto Impacto en México 2013, una parte considerable de los habitantes de algunas entidades viven todavía en condiciones de paz, sin embargo, en otras partes del país como en Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Sinaloa y la zona de La Laguna (6 municipios entre Coahuila y Durango) se vive un álgido problema de inseguridad.

En el mismo tenor, otro aspecto importante es que tomar como indicador único la incidencia de los homicidios intencionales reportada por las procuradurías estatales al SESNSP es depender, en muchos casos, de información de baja calidad que no permite un diagnóstico estrictamente apegado a la realidad. En el estudio mencionado anteriormente elaboramos un Indicador de Confiabilidad Informativa (ICI) que evalúa la confiabilidad en términos de las asimetrías y la desagregación de los registros estatales y municipales. Los resultados relativos a las asimetrías evidencian que entidades como el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas presentaron serias deficiencias en 2013. Por esta razón, resulta necesario considerar este hecho toda vez que se emplean estos registros al evaluar la evolución de la incidencia delictiva, de la seguridad y de la violencia en México.

Para evidenciar con mayor claridad por qué es importante considerar el factor de la calidad informativa recordemos lo ocurrido recientemente con la información que Veracruz reportó al SESNSP referente al homicidio doloso en 2013. Hasta el pasado 16 de abril, esta entidad reportaba 564 averiguaciones previas por este delito en 2013 y tras los cambios indicados por las procuradurías el número correcto de averiguaciones previas es de 863. La diferencia de 299 homicidios dolosos en términos porcentuales equivale a 35% del total de averiguaciones previas en la entidad y a 1.63% respecto al total nacional.

El hecho de que un mero ajuste informativo suponga un cambio cercano al 2% refleja la importancia de contar con información más precisa y objetiva para evaluar el panorama de seguridad pública en el país. Agregar 299 averiguaciones previas por homicidio doloso a la información de una entidad no es un tema menor, es un tema que debe preocuparnos y que debe llevarnos a cuestionar la intención por la cual esos delitos se reportan cuando ya no sirven para analizar oportunamente el desempeño de una autoridad, las capacidades para registrar los eventos delictivos, la prontitud para identificar una problemática de incidencia delictiva y, por ende, la calidad de la información con la cual se toman decisiones de presupuesto, de estrategia frente a los delitos, de prevención de futuros actos ilícitos, de contratación de personal, de desarrollo institucional y de política penitenciaria,
entre otros rubros.

Es cierto que en la plataforma del SESNSP se señala la modificación mencionada, sin embargo, no se brinda explicación o justificación alguna sobre el cambio efectuado. Lo preocupante de esta cuestión radica en que esta diferencia podría pasar inadvertida si no existiesen esfuerzos ciudadanos en los que priva el compromiso tanto por la transparencia como por la rendición de cuentas de nuestras autoridades, lo cual podría hasta denotar cierta falta de interés por la solución del problema de seguridad.

Es indudable que el gobierno federal ha hecho un gran esfuerzo por mejorar los sistemas de registro de la información en esta materia; sabemos que algunas autoridades locales se esfuerzan realmente por mejorar dichos sistemas; y que es evidente que tenemos miles de servidores públicos honestos y comprometidos en el área de seguridad y justicia.

No obstante, también es obvio que los resultados que hoy tenemos en cuanto a la seguridad nos dejan insatisfechos pues pareciera que se está privilegiando la palabra o narrativa a los hechos delictivos que nos afectan diariamente. Desde el ONC hacemos un llamado al SESNSP para que apoye a las procuradurías locales en lineamientos y capacitación; a las autoridades locales a comprometerse por informar con prontitud y exactitud a los ciudadanos y a todos los funcionarios involucrados en el tema a redoblar esfuerzos para que cada vez más personas vivan en paz. Es preciso que cada uno de ellos, desde la más alta jerarquía, no olvide la conocida frase popular: “vale más un hecho que mil palabras”.

Sabemos que la solución de este problema no depende exclusivamente del Estado, por ello el ONC como organización de la sociedad civil ha brindado su apoyo a las procuradurías con capacitación en cultura de la legalidad para fortalecer la integridad profesional, en registro de información de incidencia delictiva, así como en temas de transparencia y rendición de cuentas.  Recordemos que para contar con una política pública inclusiva e integral de seguridad pública, necesariamente se requiere del papel de la ciudadanía para e fortalecimiento de nuestras instituciones bajo el marco de la gobernanza democrática.

Reporte sobre delitos de alto impacto marzo 2014

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Dada la coyuntura nacional de violencia y delincuencia, la sociedad espera sin cesar que las condiciones de seguridad pública mejoren significativamente. No es posible continuar mudos e inmóviles ante un escenario en el cual se ejerce de manera constante la violencia y, por lo menos, diariamente se presentaron 45.48 denuncias de homicidios dolosos, 4.84 de secuestros, 19.84 de extorsiones, 518.13 de robos con violencia, así como 468.16 de robos de vehículos, 272.90 de robos a casa habitación y 190.77 de robo a negocio.

Ante estos índices, en el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) creemos que es indispensable preguntarnos y hacer memoria sobre lo acontecido en esta materia en marzo de 2014, pues de lo contrario careceríamos de un marco contextual mínimo recordemos que en marzo de 2014 : el Estado de México comenzó a solicitarle ayuda a la federación para atender la violencia en los municipios con mayor incidencia delictiva; una vez más fue asesinada una autoridad local de Michoacán, esta vez fue el caso de Gustavo Garibay quien fungía como alcalde de Tanhuato; fue detenido el líder de los grupos de autodefensa de la Ruana debido a su supuesta participación en un homicidio calificado; continuó el avance de los grupos de autodefensa en Michoacán hasta ingresar a Huetamo; se registró un ataque más contra migrantes a bordo de La Bestia que fue reportado por la Casa del Migrante de Saltillo; entre otros acontecimientos. De igual manera, debemos señalar que justamente en marzo de 2014, el titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro dio a conocer tres unidades especializadas antisecuestro que pueden ser consideradas como un modelo en cuanto al manejo antisecuestros, las cuales son: Chihuahua, Nuevo León y Puebla. Esto pone en evidencia el complejo entramado social entre la impunidad, la corrupción, las actividades de la delincuencia tradicional y organizada; que en conjunto con la falta o debilidad de capacidades institucionales ha permitido la comisión de conductas delictivas y violentas sin que aparentemente haya riesgo alguno. Al grado que de acuerdo con un análisis elaborado por la consultora FTI Consulting, México se encuentre entre los cinco países de América Latina con más inseguridad pese a la disminución de los homicidios dolosos.

Sin embargo, consideramos que no es suficiente quedarnos solo con este listado de hechos que puede elaborarse gracias a los medios de comunicación, sino que creemos que es necesario contar con un instrumento que nos permita monitorear objetivamente la criminalidad. Por esta razón, el ONC ha elaborado periódicamente estudios sobre delitos de alto impacto a partir de las estadísticas disponibles en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP), con la finalidad de generar una radiografía con datos oficiales que nos permita identificar tanto las áreas de oportunidad identificadas como los casos exitosos.

El alcance del Reporte sobre delitos de alto impacto. Marzo 2014 consiste en brindar una interpretación descriptiva del comportamiento de los delitos que más nos afectan como ciudadanos, mediante un análisis espacio-temporal de su denuncia. Por lo tanto, este reporte solo indica la tendencia nacional de cada ilícito desde 2006, ofrecer la tasa de variación entre febrero y marzo de 2014. No obstante, debemos señalar que le brindamos al lector otra perspectiva analítica mediante la comparación de los promedios diarios de febrero y marzo, con la finalidad de que no sea invisible la afectación cotidiana de la que somos víctimas ya sea por la consumación de un delito o por el simple miedo. Al respecto vale la pena recordar y volver a posicionar que la inseguridad se encuentra compuesta por dos dimensiones: la objetiva y la subjetiva.

En reconocimiento a la naturaleza del fenómeno, podemos afirmar que para comprender la complejidad del fenómeno delincuencial en nuestro país, necesariamente se requiere de un análisis focalizado pues las dinámicas delincuenciales adquieren determinadas particularidades dependiendo de los factores socioculturales, económicos y políticos de las regiones o localidades. Por ello, abordamos de manera específica las entidades federativas que en promedio han contado con las mayores y menores cantidades de denuncias de delitos de alto impacto, en términos absolutos y de las tasas por cada 100 mil habitantes. Destacar estos casos tiene

Incidencia de los delitos de alto impacto en México 2013

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Indiscutiblemente la problemática nacional de violencia, delincuencia
e impunidad que enfrentamos en México, evidencia que requerimos mejores
políticas de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia
y de combate a la corrupción con la finalidad de fortalecer el Estado de
Derecho. Por este motivo, el ONC desde su conformación ha tenido como uno
de sus objetivos primordiales, incidir en la toma de mejores decisiones para la
formulación e implementación de las políticas públicas en la materia. Estamos
convencidos que para alcanzar dicho fin, requerimos partir de diagnósticos
objetivos que mediante bases metodológicas sólidas nos permitan conocer
el estado de la cuestión de los retos que tenemos frente a nosotros, por ello
estamos ciertos que la observación y participación ciudadana son torales ante
esta coyuntura.

En nuestro país parece que desde hace por lo menos ocho años, las diversas
expresiones de violencia y los fenómenos delictivos como las extorsiones,
las privaciones ilegales de la libertad y los homicidios tienen permiso
para ser cometidas y quedar completamente impunes en detrimento del
bienestar y desarrollo social. Ante ello, no podemos cerrar los ojos e ignorar
que la inseguridad acarrea costos importantes para la sociedad; algunos
de estos pueden ser tangibles como la pérdida material ligada a un asalto
a mano armada o bien la pérdida de un ser querido, otros costos pueden
ser preventivos como la instalación de una chapa de alta seguridad
en la empresa o en el hogar con la finalidad de evitar ser víctimas de robo
y algunos otros pueden estar ligados a tratamientos psicológicos para superar
la crisis generada por un secuestro. Debemos tener en mente que también es
posible pensar en costos de largo plazo que impactan negativamente en las
tasas de crecimiento económico regional derivado de que las empresas dejan
de invertir, se pierde la competitividad de la planta productiva, la generación
de empleos se hace más lenta, se pierde capital humano cuando la delincuencia
induce a las personas a involucrarse en actos criminales. De igual manera, otros
costos que normalmente no se visualizan pero que son igualmente importantes
son los desvíos de recursos públicos destinados a educación o salud hacia
el combate de la delincuencia y la pérdida de cohesión social en un ambiente
de desconfianza.

Por esta razón, es fundamental entender y dar seguimiento al fenómeno delictivo
que aqueja al país, ya que sus efectos trastocan las vidas de las personas,
modifican las decisiones de empresas y, en conjunto, afectan la dinámica social
y económica de México. Cuando obviamos, menoscabamos o relativizamos
la importancia de este tema estamos ignorando un problema al que se enfrentan
millones de mexicanos y cuyas consecuencias son generalizadas.
Estos factores tan palpables que han afectado a la sociedad, han hecho
que en los últimos 30 años el tema de seguridad pública deje de ser un tema
exclusivo de especialistas o de funcionarios públicos y se ha convertido cada
vez más en un tema del día a día de todos los mexicanos. Al convertirse
la seguridad pública en un tema cada vez más discutido y un problema más
cotidiano, es fácil que se pierda la referencia de lo que verdaderamente significa
e implica un asalto, una extorsión, un secuestro o incluso un homicidio. Si bien
el presente documento tiene un enfoque cuantitativo, en ningún momento
olvidamos que esas cifras representan personas y familias que sufren cada una
de las consecuencias de la inseguridad que priva en nuestro país.

Reporte sobre delitos de alto impacto Febrero 2014

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Durante los primeros meses de 2014, hemos escuchado o leído declaraciones de diversos funcionarios públicos que nos refieren la mejora de las condiciones de seguridad y de los índices delictivos en el país. Ante ello, cabe preguntarnos y hacer memoria sobre lo que ha acontecido en esta materia. En febrero de 2014, día tras día tuvimos conocimiento de los hallazgos de múltiples fosas clandestinas con decenas de restos en Coahuila, Guerrero, Jalisco, Morelos y Michoacán; de los enfrentamientos ocurridos en las cercanías de Chilpancingo; del homicidio de Omar Fabián Reyes, ex corresponsal del diario El Tiempo de Oaxaca; de los avances de las autodefensas en Michoacán así como de la incertidumbre y miedo predominante en la región pese a la implementación del operativo federal; la captura de Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo”, entre otros hechos en materia de seguridad.

No podemos decir que este tipo de notas informativas son publicaciones aisladas u ocasionales, ya que durante los últimos años hemos sido testigos o víctimas de eventos que vulneran nuestra seguridad ciudadana. Sin embargo, consideramos que no es suficiente quedarnos solo con este importante trabajo que desarrollan los medios de comunicación sino que creemos que es necesario contar con un instrumento que nos permita monitorear objetivamente la criminalidad. Por esta razón, el ONC ha elaborado periódicamente estudios sobre delitos de alto impacto a partir de las estadísticas disponibles en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP), con la finalidad de generar una radiografía con datos oficiales que nos permita identificar tanto las áreas de oportunidad identificadas como los casos exitosos.
El alcance del Reporte sobre delitos de alto impacto. Febrero 2014 consiste en brindar una interpretación descriptiva del comportamiento de los delitos de alto impacto, mediante un análisis espacio-temporal de su denuncia. Por lo tanto, este texto exclusivamente se limita a señalar la tendencia nacional de cada ilícito desde 2006, ofrecer la tasa de variación entre enero y febrero de 2014. A partir de este reporte incorporamos una nueva perspectiva analítica mediante la comparación de los promedios diarios de cada uno de los meses que comprende el primer bimestre del año, con la finalidad de que no sea invisible la afectación cotidiana de la que somos víctimas ya sea por la consumación de un delito o por el simple miedo. Además presentamos las entidades federativas que en promedio han contado con las mayores y menores cantidades de delitos de alto impacto, en términos absolutos y de las tasas de delitos por cada 100 mil habitantes.

El contenido de este documento está estructurado en ocho apartados en los cuales se abordan los delitos de alto impacto, a partir de los valores absolutos y relativos registrados durante 2013 y febrero de 2014 tanto en el país como en cada una de las entidades federativas. En el primero de los capítulos de este reporte se analiza el homicidio doloso; en el segundo, el homicidio culposo; en el tercero, el secuestro; en el cuarto, la extorsión; en el quinto, el robo con violencia; en el sexto, el robo de vehículo (con y sin violencia); en el séptimo, el robo a casa habitación (con y sin violencia); y, por último, el robo a negocio (con y sin violencia).

En las secciones correspondientes a los homicidios (doloso y culposo), secuestros y extorsiones hemos incorporado un análisis sobre las estadísticas de víctimas que están disponibles en el SESNSP como resultado del acuerdo 05-XXXV-13 del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), adoptado el 20 de diciembre de 2013 por sus integrantes. Contar con estos datos es de suma importancia puesto que nos permitirá dimensionar y conocer más a detalle la victimización por estos delitos de alto impacto, de manera asociada a la labor de los agentes del ministerio público de cada entidad federativa. Debemos mencionar que esta información, dada la coyuntura nacional de seguridad, es fundamental para avanzar en la generación de diagnósticos más completos, objetivos y fundamentados sobre los procesos de violencia y delincuencia que se han gestado a lo largo del país.

Reporte sobre delitos de alto impacto enero 2014

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A partir de este reporte daremos seguimiento a dos unidades de análisis nuevas: las denuncias de robo a casa habitación y a negocios; esto porque ha aumento su incidencia, así como el interés del ONC por avanzar en la identificación focalizada de los distintos problemas de seguridad pública que enfrentamos a nivel local en cada una de las regiones.
La situación actual nacional en materia de seguridad podría deberse a: la falta de acciones efectivas en materia de prevención, a la falta de diagnósticos objetivos sobre la problemática de seguridad ciudadana, a la permanencia de la corrupción en las instituciones públicas, a la carencia de políticas públicas integrales y focalizadas, entre otras causas.
Una de las principales conclusiones de reporte es que de diciembre de 2013 a enero de 2014, aumentaron 5.60% de las denuncias de secuestro, 10.36% las de extorsión, 0.94% las de robo con violencia, 1.81% las de robo de vehículo, 3.60% las de robo a casa habitación y, por último, 1.22% las de robo a negocio. Por lo que se concluye que seis de los ocho delitos de alto impacto social registraron un comportamiento al alza durante el primer mes de 2014.

Análisis de la extorsión en México 1997 – 2013: Retos y oportunidades

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En México y la mayoría de los países de América Latina, cuando hablamos de extorsión nos referimos principalmente a tres modalidades:

  1. El engaño telefónico, que puede suceder cuando recibimos una llamada que nos informa que somos acreedores a un premio, condicionado al pago de alguna cantidad de dinero, a veces a través de tarjetas prepagadas de algún servicio;
  2. La amenaza telefónica, es aquella llamada a través de la cual intentan atemorizarnos para que paguemos cierta cantidad de dinero. En estos casos, el delincuente amedrenta mediante amenazas que no suelen ser reales y nos exige que paguemos una cantidad de dinero o de lo contrario nuestros familiares o nosotros mismos sufriremos un daño o seremos secuestrados;
  3. El derecho de piso, que es cuando los delincuentes se presentan directamente en el establecimiento o empresa para exigir cantidades periódicas y así garantizar la integridad física de la(s) víctima(s) y de la misma actividad comercial.

Estas manifestaciones de conducta delincuencial tienen implicaciones psicosociales y económicas diferentes: no es lo mismo que una madre de familia decida pagar al ser engañada 5,000 pesos porque cree que su hijo fue secuestrado (extorsión telefónica), a que el propietario de una miscelánea deba enfrentar por lo menos semanalmente el pago de derecho de piso. Además tampoco las respuestas individuales son las mismas, es más probable que una persona se sienta motivada a denunciar una extorsión telefónica que la exigencia del pago del derecho de piso.

 

Sin embargo, estos fenómenos delictivos coinciden en algo: vulneran la percepción de seguridad social y bienestar de las personas e inhiben la inversión formal principalmente de pequeños y medianos empresarios. Asimismo, dichas conductas ilícitas afectan o ponen en riesgo el desarrollo económico regional y nacional.

Estadística sobre la eficiencia en el combate a la Trata de Personas en México.

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México oficialmente abolió la esclavitud en 1810. No obstante, más de dos siglos después continúan siendo esclavizadas cientos de personas en nuestro país al ser explotadas bajo cualquier modalidad de trata. Lamentablemente este delito, que conlleva graves violaciones de derechos humanos, es una realidad social que podría parecer que se ha normalizado tanto en los centros metropolitanos como en el campo, ya que se victimizan por trata en las modalidades de mendicidad y trabajos forzados, explotación sexual, para experimentación médica o extracción de órganos en contra de su voluntad.

Acorde con diversos estudios en la materia, la modalidad de trata más conocida es aquella que se comete con fines de explotación sexual, lo que hace que prevalencia en el tipo de víctimas de este delito, generalmente sean mujeres jóvenes. Sin embargo, la trata de personas es implacable pues no reconoce género, nacionalidades, niveles socioeconómicos ni educativos. Además  la victimización por trata es tan frecuente porque no solo se encuentra ligada a las grandes redes del crimen organizado y a la delincuencia tradicional sino a la descomposición del tejido social. Esta última ha dado lugar a situaciones familiares que culminan en la explotación de alguno de sus integrantes sin su consentimiento.

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Estudio del mes de septiembre 2013, sobre las denuncias de los delitos de alto impacto

La publicación del Estudio del mes de septiembre de 2013 sobre las denuncias de los delitos de alto impacto coincide con el fin del primer año de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cómo podríamos caracterizar este período de gobierno en materia de seguridad pública?

Lamentablemente la palabra que puede sintetizar la respuesta a esta puntual pregunta es: “pendientes”. Ello se debe a que simplemente continuamos en la impaciente espera de la mejora de las condiciones de seguridad ciudadana en el país y, por ende, del viraje de políticas públicas en la materia para que haya avances frente a las grandes problemáticas que nos continúan aquejando.

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