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Acuerdo Fortalecimiento Institucional

 

México D,F. a 6 de noviembre de 2014.

 

 

México requiere hoy un compromiso ejemplar de todos los sectores de la sociedad para fortalecer a nuestras instituciones e impedir que la corrupción se siga imponiendo, y la impunidad acumule más víctimas.

Hoy necesitamos avanzar en este gran pendiente, de la mano con los cambios que estamos viviendo en lo económico. Debemos involucrarnos todos: los tres Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, partidos políticos, organizaciones empresariales, organizaciones de la sociedad civil, académicos, organizaciones religiosas.

México se atrevió a cambiar, de ahí la importancia de las diversas manifestaciones a favor de concretar un nuevo Pacto para el Fortalecimiento de las Instituciones del Estado Mexicano. La sociedad quiere impulsar y participar en este nuevo acuerdo cuyo objetivo vaya más allá de mitigar los problemas de seguridad y justicia, con la fuerza de todos.

El nuevo Pacto busca reducir significativamente la impunidad; esto es, castigar a quienes violan la ley. Ello permitirá que la corrupción disminuya, que la inseguridad decrezca, que el Estado de derecho se garantice y que el imperio de la ley sea un concepto arraigado entre los mexicanos, que favorezca la confianza en las autoridades responsables de que las leyes se cumplan.

El llamado que hacemos es a la corresponsabilidad y a la suma del compromiso de todos. Nosotros haremos nuestra parte.

El CCE y los organismos, empresas y empresarios que forman parte de las organizaciones cúpulas de representación empresarial, se manifiestan de manera decidida a favor de este Pacto. Esta voluntad la han expresado también diversas organizaciones de la sociedad civil, como es el caso del Observatorio Nacional Ciudadano para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, Transparencia Mexicana, México SOS, IMCO, México Evalúa, Sociedad en Movimiento, Mexicanos Primero, Fundación Este País, ANADE, Consejo de la Comunicación, México ¿cómo vamos?, CMIC, CAINTRA de Nuevo León, CCIJ, AMAFORE, CIDAC, Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, CONMEXICO y este trabajo conjunto seguramente va a seguir sumando organizaciones, visiones compartidas y esfuerzos de la sociedad.

Confiamos en que el liderazgo del Presidente Enrique Peña Nieto permitirá que este esfuerzo se implemente con una visión integral y de largo plazo en los tres órdenes de gobierno y en todo el territorio nacional.

México se atrevió a cambiar… es tiempo de que todos cambiemos.

Reporte sobre delitos de alto impacto Agosto 2014

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Durante las últimas semanas han ocurrido lamentables acontecimientos que han evidenciado las múltiples debilidades del Estado
mexicano, al grado que la inseguridad no solo ha vulnerado a la sociedad sino a las instituciones mismas. Las violaciones a los
derechos humanos por parte del ejército en Tlaltaya, Estado de México, y de la policía municipal en Iguala, Guerrero; el hallazgo
de fosas clandestinas en Guerrero y Tamaulipas; homicidios múltiples en Guerrero y Sinaloa; homicidios políticos en Jalisco y
Guerrero, son claros ejemplos de cómo los discursos triunfalistas de lasautoridades de los tres niveles de gobierno se encuentran
muy lejos de la realidad que vivimos en este país.
Desde hace un tiempo, la autoridad federal ha considerado la reducción de los homicidios dolosos como métrica para medir
avances y resultados de las acciones gubernamentales en materia de seguridad. Bajo esa perspectiva, desde 2011 se ha observado
una tendencia a la baja de este delito y con base en ello se han anunciado con bombo y platillo los presuntos éxitos de las
estrategias implementadas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la metodología para medir este delito tiene muchas debilidades no solo por la calidad de la información proporcionada por las procuradurías o fiscalías de justicia estatal, sino por razones mucho más profundas que se derivan de las características que ha adquirido la delincuencia y la violencia; como se observa claramente en el hallazgo de fosas clandestinas y en la crisis de desapariciones forzadas o involuntarias que enfrentamosen México.

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Reporte sobre delitos de alto impacto Julio 2014

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El pasado 2 de septiembre se llevó a cabo el 2° Informe de Gobierno del Presidente de la República, mediante el cual se dieron a conocer algunas de las acciones realizadas y los principales proyectos que ocuparán los esfuerzos de la administración federal. De esta manera, el presidente Peña Nieto dio cumplimiento a lo que cabalmente fue dispuesto en nuestro país desde que existe este ejercicio que es superficialmente entendido como rendición de cuentas. En materia de seguridad pública, la autoridad federal enfatizó de manera triunfalista, los porcentajes de disminución de la incidencia de homicidios, robos, secuestros y extorsiones,
tomando como sustento la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Aunado a ello, hizo referencia al fortalecimiento del Estado de Derecho, al supuesto enfoque preventivo que tiene la política de seguridad debido a la implementación del Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, entre otros temas.
Sin embargo, faltó hacer referencia a grandes debilidades institucionales o problemas que nos continúan aquejando. Por ejemplo, algunos de los grandes temas ausentes en el discurso gubernamental fueron la falta de consistencia de las bases de datos disponibles en el SESNSP; el alarmante nivel de la violencia y la incidencia delictiva que aún persisten; el comportamiento de delitos como el secuestro de acuerdo con la información captada por las instituciones federales de seguridad y procuración de justicia; los casos de intervención federal en las entidades federativas; las víctimas de las desapariciones involuntarias; los ilícitos
cometidos contra migrantes y la falta de acceso a la justicia que tienen en nuestro país.
Desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) hemos sido reiterativos en explicar cómo se construyen las bases de datos del SESNSP y donde se encuentran las debilidades de las mismas. Esta información sobre incidencia de los delitos del fuero común se construye a partir del número de denuncias, averiguaciones previas o carpetas de investigación de cada una de las procuradurías generales de justicia de los estados (PGJE) que se registran y publican acorde con ciertos lineamientos nacionales emitidos desde 20111 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La debilidad de estas bases se debe a profundas asimetrías en la manera en la que las procuradurías clasifican, registran, sistematizan y publican la información de los delitos; en las graves deficiencias locales en la captura, el equipamiento y la capacitación de los encargados de los procesos y en la necesidad de nuevos lineamientos con miras a enfrentar los retos del nuevo sistema de justicia penal2.
Al visitar y entrevistar a funcionarios públicos de las procuradurías de justicia estatal hemos detectado que siguen ocupando un lugar primordial los criterios individuales al momento de reportar los delitos o se actúa conforme a normas implementadas al interior de la institución, más que respetar los lineamientos del INEGI o por la misma ley. Un ejemplo que destacamos en nuestro Análisis Integral del Secuestro en México. Cómo entender esta problemática3 es la manera en la que se registra el secuestro exprés. Pese a que el Artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro es claro al señalar
que un secuestro exprés es un secuestro, ciertas procuradurías registran este delito como robo con violencia, extorsión o amenaza y no como secuestro. Si tomamos en cuenta que el año pasado el SESNSP registraron 1 698 denuncias de secuestro, podemos afirmar que las procuradurías de justicia estatal tuvieron conocimiento de un mayor número de casos ocurridos en el país y no los registraron como este delito.

De igual manera, es importante llamar la atención respecto a que la gran mayoría de las PGJE al abrir una averiguación previa o
carpeta de investigación por la comisión de un delito, tomemos

Análisis integral del secuestro en México: Cómo entender esta problemática

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En el ONC estamos conscientes de las múltiples consecuencias generadas por la delincuencia tradicional y organizada, el clima de inseguridad y la impunidad crónica que han afectado las condiciones de vida de los habitantes del país. En virtud de lo anterior,para nosotros cada delito es importante y su análisis debe ser riguroso, balanceado y puntual. Por esta razón, estamos convencidos de que este documento contribuye a comprender con mayor detalle la evolución, dimensiones y alcances del secuestro en México.
Estamos convencidos de que los hallazgos contenidos en este documento contribuirán a que los tomadores de decisiones generen estrategias eficientes para reducir la incidencia de este delito en los años venideros. Asimismo, este estudio es una muestra de que las organizaciones de la sociedad civil están generando conocimiento sobre temas de coyuntura nacional que merecen atención pública.

El objetivo de esta investigación es describir la evolución del secuestro como una problemática social y de seguridad pública desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa que brinde a los lectores un panorama amplio, preciso y enriquecedor. En consecuencia,los alcances de este documento requieren contar con una base conceptual sólida desde disciplinas como el derecho, la economía y la sociología, una visión integradora del secuestro en América Latina así como nociones sobre impactos económicos, políticos y psicosociales a fin de contextualizar y analizar las estadísticas delictivas. En el ONC creemos que documentos como este ayudan a mejorar la calidad del diagnóstico de cara a las estrategias implementadas por el gobierno pues se incorporaron las posiciones de funcionarios, ex funcionarios, académicos, periodistas e integrantes de la sociedad civil.

El contenido de este documento está estructurado en seis apartados: en el primer capítulo se plantean las bases teóricas y conceptuales de los delitos de privación ilegal de la libertad, las modalidades del secuestro, la estructura organizacional de unabanda de secuestradores, un análisis comparativo de este delito en América Latina, una clasificación de las consecuencias que se derivan de la comisión del secuestro, entre otros.

Reporte sobre delitos de alto impacto JUNIO 2014

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El primer semestre de 2014 concluye con una disminución del número de averiguaciones previas de homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, a casa habitación, a negocio con y sin violencia, así como con un aumento en el número de denuncias de homicidio culposo comparado con el primer semestre de 2013.

Homicidio doloso, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo y a casa habitación con y sin violencia muestran un comportamiento a la baja importante ya que presentan respectivamente disminuciones del 14.93, 15.50, 12.05, 13.41 y 13.64%; mientras que, el robo a negocio con y sin violencia muestra una disminución del 5.31%.

En el caso del secuestro la disminución se encuentra en un rango estadístico no significativo, ya que pasó de 823 a 808 averiguaciones previas, lo que equivale a una disminución de 1.82%. En sentido opuesto, el homicidio no intencional presentó un aumento de 8.71% llegando a su máximo histórico de 8 845 averiguaciones previas.

Más allá de los aparentes avances en la incidencia de estos 7 delitos comparados con el mismo periodo de 2013 y de los retrocesos en el homicidio culposo, nuevamente debemos hacer un serio llamado para que las autoridades asuman con responsabilidad la calidad de la información que publican.

Ejemplos claros de la baja calidad se aprecia en los registros de homicidio culposo en el formato CIEISP, así como en las diferencias existentes entre los reportes de homicidio doloso reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El caso del homicidio culposo ha llamado nuestra atención desde hace tiempo debido a que algunas de las entidades federativas con mayores índices de violencia, han registrado las más altas tasas de participación respecto al total nacional de homicidios culposos del país. Los ejemplos más claros de esta situación son los casos de Michoacán y Guerrero, ambas entidades se han caracterizado por ser punteros en este tipo de ilícito aunque no parezca que presentan este tipo de problemas. Estas situaciones son algunas de las cuales no nos permiten tener certeza absoluta sobre los sistemas de registro y recopilación de las estadísticas sobre delitos del fuero común en las procuradurías de justicia estatal.

El pasado 23 de julio, el INEGI presentó el informe de homicidios relativos a 2013 y puso en evidencia las importantes asimetrías que existen entre la información reportada por las entidades federativas a este agencia estadística y aquellas publicadas en las bases de datos del SESNSP para el mismo periodo. Sabemos que existen ciertas diferencias metodológicas, sin embargo, las asimetrías observadas dan a conocer grandes inconsistencias en las tendencias reportadas para algunas entidades, así como graves deficiencias en el conteo del número de víctimas y de averiguaciones previas.

Estudios de los observatorios locales

El trabajo minucioso y detallado de los observatorios locales pertenecientes a nuestra red, es un eslabón invaluable, dado que permite un mayor acercamiento a los problemas que se viven con mayor intensidad en las diferentes latitudes de nuestro México. Desde sus trincheras, ciudadanos comprometidos, analizan los diferentes problemas que aquejan en cada una de sus regiones.

Los observatorios son el canal de diálogo entre las autoridades y la ciudadanía, uno de sus principales propósitos es  impulsar políticas públicas en materia de seguridad, además de impulsar la madurez de los ciudadanos a través de diversos programas como: el fomento de la denuncia, encuestas periódicas sobre seguridad, etc.

¿Pero cuáles son los hallazgos más recientes? A continuación te presentamos los estudios más recientes que ha elaborado cada uno de los observatorios pertenecientes a nuestra red.

Agradecemos al: Consejo Cívico de las Instituciones de la Laguna  A.C , Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila A.C. , Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua A.C , Observatorio Ciudadano Seguridad Justicia y Legalidad Carmen, Observatorio Ciudadano de León, A.C. 

Por su ardua labor y compromiso con el México que algún día esperamos tener…

Reporte sobre delitos de alto impacto Mayo 2014

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Diversas encuestas de victimización y percepción han evidenciado que una de nuestras principales preocupaciones es la seguridad, en específico en lo referente a que las personas vivamos con menos riesgos delincuenciales de por medio. Justamente debido a esta sensación y realidad, el ONC ha dado seguimiento mensual al comportamiento del número de averiguaciones previas y víctimas de delitos de alto impacto, puesto que es indudable que necesitamos un diagnóstico continuo del estatus de la problemática que aqueja al país. Consideramos que solo de esta manera es posible conocer si las condiciones en las que vivimos mejoran y que las disminuciones de los índices delictivos sean tangibles en la experiencia cotidiana con la finalidad de que no permanezca sensación
alguna de riesgo que modifique nuestro actuar. Lo que estamos atestiguando es que el nivel de incidencia no se somete a ciertos delitos, ciertos grupos criminales o a ciertos métodos; de igual manera ser víctima de un secuestro, de extorsión, de homicidio
doloso o de robo no necesariamente se reconduce a perfiles, patrones claros y predeterminados. Al contrario, estamos atestiguando o padeciendo cierta socialización de la victimización por delitos de alto impacto social, es decir, que los delitos no distinguen
condición social ni género ni edad. Esta situación dificulta la toma de decisiones cotidiana de las personas para prevenir convertirse en víctima de un delito y también obstaculiza las acciones de las autoridades para prevenir el delito.

Al respecto, basta con retomar simplemente a modo de ejemplo la situación por la cual está atravesando Sinaloa, entidad en la cual fue detenido Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo” en febrero de 2014. Este caso es particularmente relevante debido a que se
aprecia que a pesar de la captura de uno de los criminales más buscados por Estados Unidos, la crisis de inseguridad y violencia no cesó en Sinaloa. Prueba de ello es que continúa siendo una de las siete entidades federativas que lideran el ranking de averiguaciones previas y de víctimas de homicidio doloso. Entonces, ¿cuáles son los resultados que han obtenido las autoridades correspondientes de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública y justicia que implican una mejora de las condiciones en las que vivimos?

La anterior pregunta es más que válida sobre todo si tomamos en cuenta, como lo hemos mencionado en pasados reportes, que el hecho delictivo trasciende el preciso instante en que es cometido y experimentado por la víctima, puesto que se derivan múltiples
implicaciones de diversa índole. Pensar lo contrario significaría estar relegando e ignorando las múltiples esferas constitutivas de la seguridad y el impacto que puede tener cada una de ellas, por ejemplo, en el flujo de inversiones de capital, en el desarrollo
económico, en los lazos de confianza interpersonales, entre otros aspectos. Por lo tanto, ¿por qué aún no hemos visto estrategias integrales que prevengan y desincentiven la comisión de los delitos a partir de diagnósticos precisos y objetivos en la materia?
Justamente para poder afirmar que aún permanecen las condiciones críticas de seguridad y que no hay resultados suficientemente significativos, sabemos que aunado al ejercicio mensual que desarrollamos en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) es
necesario recurrir a los medios de comunicación para realizar un breve recuento de los acontecimientos más emblemáticos.

Reporte sobre delitos de alto impacto Abril 2014

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El 9 de junio de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la incidencia delictiva en México bajó 25% de 2012 a 2013 y 12% de 2013 a 2014 en el marco de una reunión organizada por un diario español durante su gira por Europa1. Estas afirmaciones tomaron como base las estadísticas de homicidio dolosos el cual parece ser el único indicador del cual dispone el gobierno federal para referirse a la incidencia delictiva. Ese mismo día 15 cadáveres fueron encontrados en Sinaloa, algunos días antes fueron localizados varias fosas clandestinas con más de una decena de cadáveres en Guerrero, a la par que la tendencia por la extorsión y el secuestro permanecen al alza. Este contraste parece indicar que el discurso público se encuentra desligado de la realidad, o por lo menos de los acontecimientos violentos a los que se enfrentan miles de mexicanos diariamente.

La narrativa de seguridad de la actual administración federal ha insistido que la situación en esta materia ha ido mejorando año tras año. En este sentido, la mayoría de los mensajes emitidos por las autoridades emplean como indicador principal el número de homicidios intencionales y es lógico que presuman este indicador, pues acorde con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha presentado una tendencia a la baja desde 2011. Si bien este resultado es alentador, no es correcto ni prudente que toda la narrativa gubernamental menoscabe la incidencia de otros delitos como el secuestro, la extorsión, las múltiples modalidades de robo, trata de personas, las desapariciones involuntarias, el tráfico de armas, entre otros delitos que afectan considerablemente la seguridad en el territorio.

De igual forma, cabe señalar que existen otros factores cruciales como el desempeño de las autoridades en el combate a delitos, el número de eventos que involucran a autoridades o ex funcionarios en la comisión de delitos, la eficiencia de los procesos de justicia, así como indicadores alternativos que nos permitan, en primer lugar, configurar un diagnóstico más completo de la seguridad e incidencia delictiva en el país y, en segundo lugar, evaluar objetivamente los resultados de la estrategia nacional de seguridad.

La elaboración de un diagnóstico objetivo en esta materia debe contar con una perspectiva geográfica que permita identificar aquellas entidades y municipios donde ocurren con mayor frecuencia los delitos de alto impacto social. Como manifestamos en el estudio Incidencia de los delitos de Alto Impacto en México 2013, una parte considerable de los habitantes de algunas entidades viven todavía en condiciones de paz, sin embargo, en otras partes del país como en Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Sinaloa y la zona de La Laguna (6 municipios entre Coahuila y Durango) se vive un álgido problema de inseguridad.

En el mismo tenor, otro aspecto importante es que tomar como indicador único la incidencia de los homicidios intencionales reportada por las procuradurías estatales al SESNSP es depender, en muchos casos, de información de baja calidad que no permite un diagnóstico estrictamente apegado a la realidad. En el estudio mencionado anteriormente elaboramos un Indicador de Confiabilidad Informativa (ICI) que evalúa la confiabilidad en términos de las asimetrías y la desagregación de los registros estatales y municipales. Los resultados relativos a las asimetrías evidencian que entidades como el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas presentaron serias deficiencias en 2013. Por esta razón, resulta necesario considerar este hecho toda vez que se emplean estos registros al evaluar la evolución de la incidencia delictiva, de la seguridad y de la violencia en México.

Para evidenciar con mayor claridad por qué es importante considerar el factor de la calidad informativa recordemos lo ocurrido recientemente con la información que Veracruz reportó al SESNSP referente al homicidio doloso en 2013. Hasta el pasado 16 de abril, esta entidad reportaba 564 averiguaciones previas por este delito en 2013 y tras los cambios indicados por las procuradurías el número correcto de averiguaciones previas es de 863. La diferencia de 299 homicidios dolosos en términos porcentuales equivale a 35% del total de averiguaciones previas en la entidad y a 1.63% respecto al total nacional.

El hecho de que un mero ajuste informativo suponga un cambio cercano al 2% refleja la importancia de contar con información más precisa y objetiva para evaluar el panorama de seguridad pública en el país. Agregar 299 averiguaciones previas por homicidio doloso a la información de una entidad no es un tema menor, es un tema que debe preocuparnos y que debe llevarnos a cuestionar la intención por la cual esos delitos se reportan cuando ya no sirven para analizar oportunamente el desempeño de una autoridad, las capacidades para registrar los eventos delictivos, la prontitud para identificar una problemática de incidencia delictiva y, por ende, la calidad de la información con la cual se toman decisiones de presupuesto, de estrategia frente a los delitos, de prevención de futuros actos ilícitos, de contratación de personal, de desarrollo institucional y de política penitenciaria,
entre otros rubros.

Es cierto que en la plataforma del SESNSP se señala la modificación mencionada, sin embargo, no se brinda explicación o justificación alguna sobre el cambio efectuado. Lo preocupante de esta cuestión radica en que esta diferencia podría pasar inadvertida si no existiesen esfuerzos ciudadanos en los que priva el compromiso tanto por la transparencia como por la rendición de cuentas de nuestras autoridades, lo cual podría hasta denotar cierta falta de interés por la solución del problema de seguridad.

Es indudable que el gobierno federal ha hecho un gran esfuerzo por mejorar los sistemas de registro de la información en esta materia; sabemos que algunas autoridades locales se esfuerzan realmente por mejorar dichos sistemas; y que es evidente que tenemos miles de servidores públicos honestos y comprometidos en el área de seguridad y justicia.

No obstante, también es obvio que los resultados que hoy tenemos en cuanto a la seguridad nos dejan insatisfechos pues pareciera que se está privilegiando la palabra o narrativa a los hechos delictivos que nos afectan diariamente. Desde el ONC hacemos un llamado al SESNSP para que apoye a las procuradurías locales en lineamientos y capacitación; a las autoridades locales a comprometerse por informar con prontitud y exactitud a los ciudadanos y a todos los funcionarios involucrados en el tema a redoblar esfuerzos para que cada vez más personas vivan en paz. Es preciso que cada uno de ellos, desde la más alta jerarquía, no olvide la conocida frase popular: “vale más un hecho que mil palabras”.

Sabemos que la solución de este problema no depende exclusivamente del Estado, por ello el ONC como organización de la sociedad civil ha brindado su apoyo a las procuradurías con capacitación en cultura de la legalidad para fortalecer la integridad profesional, en registro de información de incidencia delictiva, así como en temas de transparencia y rendición de cuentas.  Recordemos que para contar con una política pública inclusiva e integral de seguridad pública, necesariamente se requiere del papel de la ciudadanía para e fortalecimiento de nuestras instituciones bajo el marco de la gobernanza democrática.