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Reporte sobre delitos de alto impacto Octubre 2014

PRESENTACIÓN
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) concluye el año con la entrega del Reporte sobre delitos de alto impacto. Octubre 2014. Nos gustaría decir que a diferencia de como iniciamos el año, los problemas de inseguridad y violencia han mejorado significativamente en nuestro país. Sin embargo, ello dista en demasía de la situación actual como puede evidenciarse con la serie de eventos y sucesos que impulsaron el cuestionamiento del desempeño de nuestras autoridades, así como la exigencia de resultados y de medidas que garanticen la no repetición de hechos violentos y violaciones a derechos humanos que han ocurrido en Michoacán, Tamaulipas, Estado de México y Guerrero, entre otras entidades federativas. Ello no ha sido lo único que ha marcado el final de 2014 sino que hemos tenido conocimiento de ejecuciones extrajudiciales o de malas actuaciones de algunas de las autoridades responsables de nuestra seguridad, como sucedió en Tlatlaya e Iguala.

En contraste con estos trágicos eventos, la estadística oficial derivada de las denuncias interpuestas por los ciudadanos que conllevaron que se iniciara una averiguación previa o carpeta de investigación en las instancias de justicia correspondientes, nos presenta una baja generalizada de 7 de los 8 delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robos con violencia, de vehículos, a casa habitación) si comparamos los primeros 10 meses del año con el mismo periodo de 2013. Cabe mencionar que solo se observa un incremento en el caso del homicidio culposo.

resumenFuente: Elaboración del ONC con datos del SESNSP actualizados al 17 de diciembre de 2014

Desde el Observatorio hemos enfatizado muchas veces que pese a que las cifras oficiales puedan parecer alentadoras en el papel, ellas no modifican la sensación de riesgo ni el miedo que diariamente sienten los ciudadanos tras ser víctimas o testigos de diversos delitos. Debido a ello consideramos pertinente destacar los siguientes elementos:

1. A pesar de las mejoras que aparentemente vemos a partir de las estadísticas sobre incidencia delictiva son aún muy elevados;

2. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) demostró que el número de delitos denunciados en el país ha disminuido en los últimos años, es decir, cada año los ciudadanos confiamos y denunciamos menos;

3. El universo de delitos cometidos y reportados por la autoridad en el país no se refleja en la estadística oficial pues existen diversas inconsistencias en los registros, ya sea por incapacidad institucional, natural evolución de las investigaciones, asimetrías en los procesos o sistemas de las procuradurías, falta de elementos a considerar en la estadística oficial (informes policiales homologados, delitos atendidos por las instituciones federales de seguridad y procuración de justicia);

4. Si bien hay entidades que cuentan con niveles de incidencia delictiva aceptables hay otras que presentan niveles desmedidos de violencia;

5. Los delitos cometidos en el país son muy distintos entre sí pues hay algunos casos que implican cierta ejercicio de la violencia extrema;

6. No se vislumbra una solución integral y de fondo para los problemas de inseguridad ciudadana.

En los días pasados el presidente Enrique Peña Nieto presentó 10 puntos para darle vuelta a las crisis de seguridad denominados “Por un México en Paz con Justicia, Unidad y Desarrollo”. Lamentablemente, estos solo son 10 puntos que representan acciones aisladas, reactivas e incluso observables y no una verdadera política pública en la materia como lo requiere el país. Asimismo hay que destacar que estos son 10 puntos que deben ser cuidadosamente debatidos por sus posibles implicaciones como, por ejemplo, el mando único policial o la desaparición de poderes en municipios donde la criminalidad organizada se presuma ha contaminado a las autoridades. Debido a lo mencionado podemos decir que estas 10 acciones propuestas solo parecen la suma de buenos deseos.

Además no debemos relegar el hecho de que la crisis de inseguridad que enfrentamos no solo se encuentra reflejada en los ocho delitos de alto impacto, sino que hay otras tantas conductas criminales en nuestro país que continúan siendo cometidas impunemente en todo el país. Prueba de ello es la incidencia de trata de personas, desapariciones forzadas o involuntarias, robo de combustible, de energía eléctrica o de armas, entre otros. Cada uno conlleva serias implicaciones que parecieran ser invisible en la numeralia y discurso oficial como se puede observar en la falta de registros y acciones, así como en el incumplimiento de acuerdos y del marco jurídico correspondiente.

A pesar de los importantes retos y problemas que tenemos enfrente, no podemos negar que a finales de 2014 también pudimos observar la sensibilización de una parte importante de la sociedad sobre esta crisis de inseguridad ciudadana. Esto no debemos olvidarlo y mucho menos debemos permitir que se extinga, ya que necesitamos de dicho capital social para poder fortalecer el Estado de Derecho y construir la paz. Por lo anterior, cerramos el 2014 con la esperanza que quines marcharon por la paz en noviembre, así como aquellos que marcharon en 2012, 2009, 2003 o 1997 sean los ciudadanos que merece el país. Debemos comenzar el 2015 con la expectativa de que #yanoscansamos y estaremos atentos de la actuación de las autoridades, para ser un contrapeso social que logre garantizar la rendición de cuentas.

FRANCISCO RIVAS
Director General
@frarivasCoL

Robo en México, ¿un delito cotidiano? Análisis sobre sus tendencias y desafíos

“El crimen es una condición necesaria
de la existencia organizada.
La sociedad es esencialmente criminal”.
Joseph Conrad

En las últimas dos décadas México ha enfrentado una innegable crisis de inseguridad caracterizada por altos índices delictivos y el ejercicio de diversos tipos de violencia. Las historias alrededor de homicidios, secuestros, desapariciones y extorsiones; tristemente se han descrito en las páginas de los diarios nacionales e internacionales dando cuenta de los eventos cotidianos de los cuales somos testigos o víctimas en nuestro país. Con la entrada de la nueva administración federal se intentó matizar la crisis con una nueva narrativa que expresase confianza en que la situación mejoraría, a través de la eficacia en la actuación de las autoridades y poniendo énfasis en los resultados en materia de seguridad más que en los problemas en sí.

No obstante, los terribles actos de corrupción, de colusión de las autoridades con la criminalidad organizada, la aparente incapacidad del Estado de hacer frente a la violencia, que vimos hacia el último cuatrimestre del año, trajo de vuelta la discusión sobre los elevados índices delictivos del país y la violencia e inseguridad que hoy vivimos. Evidentemente, la atención de especialistas y de diversas organizaciones de la sociedad civil se ha volcado alrededor de los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero, en los cuales desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Quisiéramos decir que únicamente en ese municipio guerrerense se está presentando esta crisis significativa en materia de seguridad y de derechos humanos. Sin embargo, lamentablemente, esto no es así pues en el resto del país la problemática de delincuencia y violencia no ha cedido y diariamente decenas o centenas de personas continúan padeciendo esta crisis. Esto claramente hace evidente la ausencia de una estrategia de seguridad efectiva para garantizar la paz de la sociedad mexicana y la urgencia de encontrar un rumbo efectivo para combatir la delincuencia. Seguir leyendo →

Reporte sobre delitos de alto impacto Septiembre

Descarga el reporte completo aquí 

PRESENTACIÓN
Recordaremos septiembre de 2014 como el mes de la administración del presidente Peña Nieto en el cual la narrativa oficial ya no pudo continuar minimizando las condiciones de inseguridad y violencia que permanecen en distintas regiones de México. Será el periodo a partir del cual los verdaderos avances en la materia forzosamente deberán ir de la mano del acceso a la justicia para las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. Ello se debe a que durante este mes se consumaron hechos en los cuales ha sido más que evidente la colusión de autoridades con el crimen organizado, la incapacidad de control, la respuesta tardía, así como la falta de protocolos de las instituciones de seguridad y procuración de justicia como ha sucedido no solo en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.
Lamentablemente, desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) no podemos decir que este tipo de acontecimientos son aislados. Durante años hemos visto que la corrupción, la impunidad crónica y la falta de capacidad institucional se han mantenido vigentes y enraizados en nuestra sociedad a la par de los altos niveles de criminalidad de acuerdo con las cifras oficiales. Las estadísticas disponibles en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) nos dan cuenta de una considerable cantidad diaria de delitos de alto impacto que no necesariamente representa la incidencia delictiva total, ya que solo refleja la cantidad de averiguaciones previas y no hay bases metodológicas ni criterios homologados para su recopilación ni sistematización.
Una y otra vez hemos destacado que los diagnósticos iniciales con los cuales la autoridad toma decisiones estratégicas en materia de seguridad a lo largo del país parten de información inexacta, incompleta o francamente equivocada. Ello puede observarse de manera clara en lo sucedido en Iguala, pues en la estadística oficial de Guerrero que mensualmente analizamos no se encontró evidencia suficientemente clara de lo sucedido. Como veremos esto no solo se debe al alcance limitado que pueden llegar a tener los datos reportados en el formato del Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública (CIEISP), sino por la propia confusión que han generado las autoridades y las propias consignaciones de los implicados en los actos cometidos contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Seguir leyendo →

Acuerdo Fortalecimiento Institucional

 

México D,F. a 6 de noviembre de 2014.

 

 

México requiere hoy un compromiso ejemplar de todos los sectores de la sociedad para fortalecer a nuestras instituciones e impedir que la corrupción se siga imponiendo, y la impunidad acumule más víctimas.

Hoy necesitamos avanzar en este gran pendiente, de la mano con los cambios que estamos viviendo en lo económico. Debemos involucrarnos todos: los tres Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, partidos políticos, organizaciones empresariales, organizaciones de la sociedad civil, académicos, organizaciones religiosas.

México se atrevió a cambiar, de ahí la importancia de las diversas manifestaciones a favor de concretar un nuevo Pacto para el Fortalecimiento de las Instituciones del Estado Mexicano. La sociedad quiere impulsar y participar en este nuevo acuerdo cuyo objetivo vaya más allá de mitigar los problemas de seguridad y justicia, con la fuerza de todos.

El nuevo Pacto busca reducir significativamente la impunidad; esto es, castigar a quienes violan la ley. Ello permitirá que la corrupción disminuya, que la inseguridad decrezca, que el Estado de derecho se garantice y que el imperio de la ley sea un concepto arraigado entre los mexicanos, que favorezca la confianza en las autoridades responsables de que las leyes se cumplan.

El llamado que hacemos es a la corresponsabilidad y a la suma del compromiso de todos. Nosotros haremos nuestra parte.

El CCE y los organismos, empresas y empresarios que forman parte de las organizaciones cúpulas de representación empresarial, se manifiestan de manera decidida a favor de este Pacto. Esta voluntad la han expresado también diversas organizaciones de la sociedad civil, como es el caso del Observatorio Nacional Ciudadano para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, Transparencia Mexicana, México SOS, IMCO, México Evalúa, Sociedad en Movimiento, Mexicanos Primero, Fundación Este País, ANADE, Consejo de la Comunicación, México ¿cómo vamos?, CMIC, CAINTRA de Nuevo León, CCIJ, AMAFORE, CIDAC, Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, CONMEXICO y este trabajo conjunto seguramente va a seguir sumando organizaciones, visiones compartidas y esfuerzos de la sociedad.

Confiamos en que el liderazgo del Presidente Enrique Peña Nieto permitirá que este esfuerzo se implemente con una visión integral y de largo plazo en los tres órdenes de gobierno y en todo el territorio nacional.

México se atrevió a cambiar… es tiempo de que todos cambiemos.

Reporte sobre delitos de alto impacto Agosto 2014

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Durante las últimas semanas han ocurrido lamentables acontecimientos que han evidenciado las múltiples debilidades del Estado
mexicano, al grado que la inseguridad no solo ha vulnerado a la sociedad sino a las instituciones mismas. Las violaciones a los
derechos humanos por parte del ejército en Tlaltaya, Estado de México, y de la policía municipal en Iguala, Guerrero; el hallazgo
de fosas clandestinas en Guerrero y Tamaulipas; homicidios múltiples en Guerrero y Sinaloa; homicidios políticos en Jalisco y
Guerrero, son claros ejemplos de cómo los discursos triunfalistas de lasautoridades de los tres niveles de gobierno se encuentran
muy lejos de la realidad que vivimos en este país.
Desde hace un tiempo, la autoridad federal ha considerado la reducción de los homicidios dolosos como métrica para medir
avances y resultados de las acciones gubernamentales en materia de seguridad. Bajo esa perspectiva, desde 2011 se ha observado
una tendencia a la baja de este delito y con base en ello se han anunciado con bombo y platillo los presuntos éxitos de las
estrategias implementadas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la metodología para medir este delito tiene muchas debilidades no solo por la calidad de la información proporcionada por las procuradurías o fiscalías de justicia estatal, sino por razones mucho más profundas que se derivan de las características que ha adquirido la delincuencia y la violencia; como se observa claramente en el hallazgo de fosas clandestinas y en la crisis de desapariciones forzadas o involuntarias que enfrentamosen México.

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Reporte sobre delitos de alto impacto Julio 2014

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El pasado 2 de septiembre se llevó a cabo el 2° Informe de Gobierno del Presidente de la República, mediante el cual se dieron a conocer algunas de las acciones realizadas y los principales proyectos que ocuparán los esfuerzos de la administración federal. De esta manera, el presidente Peña Nieto dio cumplimiento a lo que cabalmente fue dispuesto en nuestro país desde que existe este ejercicio que es superficialmente entendido como rendición de cuentas. En materia de seguridad pública, la autoridad federal enfatizó de manera triunfalista, los porcentajes de disminución de la incidencia de homicidios, robos, secuestros y extorsiones,
tomando como sustento la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Aunado a ello, hizo referencia al fortalecimiento del Estado de Derecho, al supuesto enfoque preventivo que tiene la política de seguridad debido a la implementación del Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, entre otros temas.
Sin embargo, faltó hacer referencia a grandes debilidades institucionales o problemas que nos continúan aquejando. Por ejemplo, algunos de los grandes temas ausentes en el discurso gubernamental fueron la falta de consistencia de las bases de datos disponibles en el SESNSP; el alarmante nivel de la violencia y la incidencia delictiva que aún persisten; el comportamiento de delitos como el secuestro de acuerdo con la información captada por las instituciones federales de seguridad y procuración de justicia; los casos de intervención federal en las entidades federativas; las víctimas de las desapariciones involuntarias; los ilícitos
cometidos contra migrantes y la falta de acceso a la justicia que tienen en nuestro país.
Desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) hemos sido reiterativos en explicar cómo se construyen las bases de datos del SESNSP y donde se encuentran las debilidades de las mismas. Esta información sobre incidencia de los delitos del fuero común se construye a partir del número de denuncias, averiguaciones previas o carpetas de investigación de cada una de las procuradurías generales de justicia de los estados (PGJE) que se registran y publican acorde con ciertos lineamientos nacionales emitidos desde 20111 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La debilidad de estas bases se debe a profundas asimetrías en la manera en la que las procuradurías clasifican, registran, sistematizan y publican la información de los delitos; en las graves deficiencias locales en la captura, el equipamiento y la capacitación de los encargados de los procesos y en la necesidad de nuevos lineamientos con miras a enfrentar los retos del nuevo sistema de justicia penal2.
Al visitar y entrevistar a funcionarios públicos de las procuradurías de justicia estatal hemos detectado que siguen ocupando un lugar primordial los criterios individuales al momento de reportar los delitos o se actúa conforme a normas implementadas al interior de la institución, más que respetar los lineamientos del INEGI o por la misma ley. Un ejemplo que destacamos en nuestro Análisis Integral del Secuestro en México. Cómo entender esta problemática3 es la manera en la que se registra el secuestro exprés. Pese a que el Artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro es claro al señalar
que un secuestro exprés es un secuestro, ciertas procuradurías registran este delito como robo con violencia, extorsión o amenaza y no como secuestro. Si tomamos en cuenta que el año pasado el SESNSP registraron 1 698 denuncias de secuestro, podemos afirmar que las procuradurías de justicia estatal tuvieron conocimiento de un mayor número de casos ocurridos en el país y no los registraron como este delito.

De igual manera, es importante llamar la atención respecto a que la gran mayoría de las PGJE al abrir una averiguación previa o
carpeta de investigación por la comisión de un delito, tomemos

Análisis integral del secuestro en México: Cómo entender esta problemática

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En el ONC estamos conscientes de las múltiples consecuencias generadas por la delincuencia tradicional y organizada, el clima de inseguridad y la impunidad crónica que han afectado las condiciones de vida de los habitantes del país. En virtud de lo anterior,para nosotros cada delito es importante y su análisis debe ser riguroso, balanceado y puntual. Por esta razón, estamos convencidos de que este documento contribuye a comprender con mayor detalle la evolución, dimensiones y alcances del secuestro en México.
Estamos convencidos de que los hallazgos contenidos en este documento contribuirán a que los tomadores de decisiones generen estrategias eficientes para reducir la incidencia de este delito en los años venideros. Asimismo, este estudio es una muestra de que las organizaciones de la sociedad civil están generando conocimiento sobre temas de coyuntura nacional que merecen atención pública.

El objetivo de esta investigación es describir la evolución del secuestro como una problemática social y de seguridad pública desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa que brinde a los lectores un panorama amplio, preciso y enriquecedor. En consecuencia,los alcances de este documento requieren contar con una base conceptual sólida desde disciplinas como el derecho, la economía y la sociología, una visión integradora del secuestro en América Latina así como nociones sobre impactos económicos, políticos y psicosociales a fin de contextualizar y analizar las estadísticas delictivas. En el ONC creemos que documentos como este ayudan a mejorar la calidad del diagnóstico de cara a las estrategias implementadas por el gobierno pues se incorporaron las posiciones de funcionarios, ex funcionarios, académicos, periodistas e integrantes de la sociedad civil.

El contenido de este documento está estructurado en seis apartados: en el primer capítulo se plantean las bases teóricas y conceptuales de los delitos de privación ilegal de la libertad, las modalidades del secuestro, la estructura organizacional de unabanda de secuestradores, un análisis comparativo de este delito en América Latina, una clasificación de las consecuencias que se derivan de la comisión del secuestro, entre otros.

Reporte sobre delitos de alto impacto JUNIO 2014

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El primer semestre de 2014 concluye con una disminución del número de averiguaciones previas de homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, a casa habitación, a negocio con y sin violencia, así como con un aumento en el número de denuncias de homicidio culposo comparado con el primer semestre de 2013.

Homicidio doloso, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo y a casa habitación con y sin violencia muestran un comportamiento a la baja importante ya que presentan respectivamente disminuciones del 14.93, 15.50, 12.05, 13.41 y 13.64%; mientras que, el robo a negocio con y sin violencia muestra una disminución del 5.31%.

En el caso del secuestro la disminución se encuentra en un rango estadístico no significativo, ya que pasó de 823 a 808 averiguaciones previas, lo que equivale a una disminución de 1.82%. En sentido opuesto, el homicidio no intencional presentó un aumento de 8.71% llegando a su máximo histórico de 8 845 averiguaciones previas.

Más allá de los aparentes avances en la incidencia de estos 7 delitos comparados con el mismo periodo de 2013 y de los retrocesos en el homicidio culposo, nuevamente debemos hacer un serio llamado para que las autoridades asuman con responsabilidad la calidad de la información que publican.

Ejemplos claros de la baja calidad se aprecia en los registros de homicidio culposo en el formato CIEISP, así como en las diferencias existentes entre los reportes de homicidio doloso reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El caso del homicidio culposo ha llamado nuestra atención desde hace tiempo debido a que algunas de las entidades federativas con mayores índices de violencia, han registrado las más altas tasas de participación respecto al total nacional de homicidios culposos del país. Los ejemplos más claros de esta situación son los casos de Michoacán y Guerrero, ambas entidades se han caracterizado por ser punteros en este tipo de ilícito aunque no parezca que presentan este tipo de problemas. Estas situaciones son algunas de las cuales no nos permiten tener certeza absoluta sobre los sistemas de registro y recopilación de las estadísticas sobre delitos del fuero común en las procuradurías de justicia estatal.

El pasado 23 de julio, el INEGI presentó el informe de homicidios relativos a 2013 y puso en evidencia las importantes asimetrías que existen entre la información reportada por las entidades federativas a este agencia estadística y aquellas publicadas en las bases de datos del SESNSP para el mismo periodo. Sabemos que existen ciertas diferencias metodológicas, sin embargo, las asimetrías observadas dan a conocer grandes inconsistencias en las tendencias reportadas para algunas entidades, así como graves deficiencias en el conteo del número de víctimas y de averiguaciones previas.

Estudios de los observatorios locales

El trabajo minucioso y detallado de los observatorios locales pertenecientes a nuestra red, es un eslabón invaluable, dado que permite un mayor acercamiento a los problemas que se viven con mayor intensidad en las diferentes latitudes de nuestro México. Desde sus trincheras, ciudadanos comprometidos, analizan los diferentes problemas que aquejan en cada una de sus regiones.

Los observatorios son el canal de diálogo entre las autoridades y la ciudadanía, uno de sus principales propósitos es  impulsar políticas públicas en materia de seguridad, además de impulsar la madurez de los ciudadanos a través de diversos programas como: el fomento de la denuncia, encuestas periódicas sobre seguridad, etc.

¿Pero cuáles son los hallazgos más recientes? A continuación te presentamos los estudios más recientes que ha elaborado cada uno de los observatorios pertenecientes a nuestra red.

Agradecemos al: Consejo Cívico de las Instituciones de la Laguna  A.C , Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila A.C. , Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua A.C , Observatorio Ciudadano Seguridad Justicia y Legalidad Carmen, Observatorio Ciudadano de León, A.C. 

Por su ardua labor y compromiso con el México que algún día esperamos tener…