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Relatoría de la mesa de discusión “Ser periodista en México: un peligro de muerte”

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El 25 de agosto de 2015 a las 10 de la mañana se llevó a cabo la mesa de discusión “Ser periodista en México: un peligro de muerte”en las instalaciones del auditorio Floris Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJJ) de la UNAM.

En ella participaron el Dr. Francisco Rivas, Director General del Observatorio Nacional Ciudadano; Roberto Ochoa Romero, anfitrión e Investigador del IJJ-UNAM; Elia Baltazar, activista y periodista; José René Álvarez Márquez, Fiscal especializado para la denuncia contra periodistas y/0 comunicadores de la Fiscalía General del estado de Veracruz; Omar Rabago, Director Ejecutivo del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS); y Ricardo Nájera, Fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión de la PGR.

A continuación les presentamos la relatoría de los trabajos

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, junio 2015.

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México ocupa el último lugar en materia de seguridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y ello implica un alta incidencia de delitos. Por esta razón, analizar mensualmente los índices delictivos en nuestro país es un tarea indispensable para aproximarnos más objetivamente a los avances o retrocesos que se registren en este materia. Sin embargo, es importante tener presentes las limitantes de la información proporcionada por las procuradurías o fiscalías estatales de justicia al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) pues dichas cifras presentan inconsistencias que pueden sesgar los diagnósticos de las autoridades. Es importante tener esto en consideración porque no estamos haciendo referencia a simples números sino a delitos que dejan tras de sí miles de víctimas.

El esfuerzo de la sociedad civil por aportar al mejoramiento de la seguridad de los mexicanos ha sido claro y significativo. Sin embargo, pese a ello es indispensable un mayor compromiso por parte del Estado para asumir una tarea ineludible. El análisis exhaustivo de la organización Causa en Común A.C. por describir la situación de las policías; la evaluación de las políticas de prevención en materia de violencia social del gobierno federal que lleva a cabo México Evalúa A.C.; el esfuerzo que hace México Unido Contra la Delincuencia A.C. por explicar cómo se encuentra la labor de las agencias de ministerios públicos, por citar solo algunos ejemplos de los importantes insumos que se construyen desde la ciudadanía. A partir de este tipo de esfuerzos hemos podido evidenciar y constatar que hay una falta de autocrítica y liderazgo gubernamental en materia de seguridad y justicia, debido a que las políticas implementadas carecen de indicadores objetivos de impacto para medir sus resultados y que no existen elementos que respalden los dichos oficiales respecto a que las bajas o alzas de la delincuencia son resultado del trabajo de nuestras autoridades.

Mediante nuestros ejercicios analíticos y de investigación, desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) hemos dado a conocer información rigurosa que permita la toma de decisiones eficientes en la materia. Si comparamos las averiguaciones previas por cada 100 mil habitantes registradas de junio con aquellas reportadas en mayo del mismo año, podemos ver que el homicidio doloso interrumpe el aumento mantenido por tres meses consecutivos (más no así en términos diarios); que el secuestro investigado en el fuero común, mantiene por tercer mes un alza importante; que el robo de vehículo sube por segundo mes, mientras que el resto de los delitos mantienen un comportamiento mixto.

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Sin embargo, si hacemos un análisis del primer semestre de 2015 contra el mismo periodo de 2014 encontraremos una baja de todos los delitos que analizamos en este documento:

Captura de pantalla 2015-09-01 12.39.32Estos datos podrán parecer confusos o contradictorios entre sí e inclusive invitan a que nos cuestionemos ¿porqué afirmamos que algunos delitos suben mes tras mes mientras que el acumulado semestral muestra un comportamiento distinto? La respuesta es sencilla, porque comparado con 2014 en el primer semestre de 2015 ha disminuido la incidencia de los delitos pero están comenzando a registrar un aumento en meses recientes. Esto significa que pese a que algunos delitos disminuyan y ello muestre una mejora de algunas situaciones de seguridad, ello no significa que hayamos solucionado el problema de violencia y delincuencia en nuestro país.

Es aquí donde asume una mayor relevancia los estudios y análisis hechos por las organizaciones de la sociedad civil, pues lo más preocupante es que seguimos teniendo instituciones débiles para combatir los delitos. Además de que pareciera evidente que contamos con políticas públicas de seguridad sustentadas en ocurrencias y no en indicadores confiables y objetivos que demuestren un verdadero compromiso por parte de las autoridades. De esta manera cómo podemos creer que existe un auténtico interés para atender los problemas y rendir cuentas.

Como evidenciaron Causa en Común, México Evalúa y México Unido Contra la Delincuencia, no tenemos ni la policía que queremos, ni los ministerios públicos que deseamos, ni las políticas de prevención que necesitamos. Esto nos lleva a que la incidencia de los delitos dependa del comportamiento criminal y no así de las instituciones encargadas de nuestra seguridad; a que los registros de incidencia delictiva sean incompletos, inexactos o intencionalmente equivocados; a que las autoridades locales sigan sin implementar protocolos pese a los acuerdos firmados y a que haya una constante falta de rendición de cuentas en materia de seguridad y justicia.

En días pasados el Presidente de la República afirmó que hay países que están peor que México en cuestiones de inseguridad. Una desafortunada pero cierta declaración, hay países en América Latina que viven una terrible crisis con tasas de homicidio 5 o 6 veces mayores que la mexicana. Que esta declaración sea verdadera no la hace menos desafortunada e insensible ante el efecto que en nuestro país han tenido por lo menos dos décadas de inseguridad constante, de las miles de vidas tocadas por el delito y de los miles de millones de pesos gastados en seguridad. Esta declaración se vuelve aún más desafortunada si no podemos afirmar que actualmente tenemos mejores instituciones y líderes con un mayor compromiso por nuestra seguridad.

Puede que la comparativa semestral de datos oficiales presente descensos, que parezca que el rumbo es el adecuado, sin embargo, un análisis más puntual y objetivo de la incidencia delictiva apunta a que aún falta mucho por avanzar. El reto que tenemos frente a nosotros es aún mayor si pensamos que nuestras autoridades están más concentradas en excusarse y apuntar que no somos los peores, en lugar de comprometerse en llevar a este país a los índices de desarrollo y seguridad que por tanto tiempo hemos esperado.

FRANCISCO RIVAS

Director General @frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, mayo 2015.

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Conforme avanza 2015, cada vez contamos con indicios más claros respecto a que estamos muy lejos de encontrarnos en las condiciones de seguridad que refieren nuestras autoridades mediante los discursos oficiales. Durante los últimos meses ha sido evidente que dichas condiciones han presentado un mayor nivel de descomposición, esto no solo lo demuestran las estadísticas sino los episodios cotidianos de violencia a los que estamos expuestos. Si observamos detenidamente la tabla que presento a continuación, podemos apreciar que las tasas de los delitos más violentos (homicidio, secuestro y robo con violencia) registraron un aumento por lo menos en el último mes. En particular, no hay que ignorar lo que ha sucedido con el homicidio doloso pues en mayo reportó el tercer aumento consecutivo y el secuestro el segundo. ¿Con esta numeraria cómo es posible seguir escuchando declaraciones que afirman categóricamente que hay una mejora de las condiciones de seguridad en el país?

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Durante mayo fuimos testigos de desafortunados eventos, simplemente recordemos lo ocurrido el 1 de mayo, cuando una organización criminal paralizó mediante la instauración de narcobloqueos a 4 entidades del occidente del país; cuando este mismo grupo delincuencial hirió y asesinó a elementos de la policía local, de la policía federal y del ejército al grado que alcanzó a derribar un helicóptero de la federación. Quisiéramos creer que estos son episodios fortuitos, sin embargo, la realidad nos demuestra todo lo contrario pues durante semanas se han estado registrando una cadena de situaciones en donde los grupos criminales han tenido mayor grado de intervención en la vida pública del occidente país. Ante dichas situaciones, las autoridades correspondientes no hicieron lo suficiente para evitar algo inminente, con lo cual se dejó en evidencia que existen grupos delincuenciales que aparentemente tienen la capacidad de retar y confrontar a las fuerzas élites de seguridad del Estado.

Los incrementos de la incidencia delictiva y el estallido de la violencia en Jalisco nos permitirían aprender algo:

Primero, que la tendencia a la baja (o alza) de incidencia de los delitos no garantiza que éstas se mantengan, en un contexto de profunda debilidad institucional el fenómeno delictivo ha mostrado tener un comportamiento caprichoso, a nivel nacional y local hemos observado como la frecuencia de ocurrencia varia de manera significativa entre mes y mes. Esto asume una connotación más grave si se carece de inteligencia o capacidad de respuesta oportuna de las autoridades encargadas de proveer seguridad y justicia ¿Cómo se puede atender un problema que no se puede comprender?

Segundo, que para el análisis de la inseguridad se priorice el número delitos se cometen en el territorio, omitiendo evaluar qué delitos son, quiénes son las víctimas, cuándo y dónde suceden los eventos, es un ejercicio insuficiente debido a que muestra una carencia de inteligencia al rededor del comportamiento criminal y la afectación que tienen en la vida de toda la sociedad.

Y tercero, las declaraciones que señalan que hemos llegado a los mínimos en materia de incidencia delictiva desestimando los focos rojos, desvalorizando los análisis y evidencias contrarias, lleva a políticas públicas insuficientes, declaraciones insensibles para las aún muchísimas víctimas del país, genera primero confusión en la opinión pública y luego desconfianza en el ciudadano que finalmente ve ante este tipo de eventos la inexactitud de más declaraciones.

¿Jalisco se pudo prevenir? ¡Indudablemente! Las señales estaban ahí, homicidios de alto impacto, autoridades de seguridad víctimas de la delincuencia, señales que el problema no era cuestión de hechos aislados, ni de criminalidad común, que apuntaban a la búsqueda de un mayor control por parte de grupos de la criminalidad organizada.

En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) lo advertimos, públicamente y en reuniones privadas con autoridades hicimos señalamiento puntuales de que era necesario hacer algo para detener el problema. Desde marzo de 2014 iniciamos a mandar el mensaje que, pese a que Jalisco presentara una incidencia delictiva que lo ubicaba en un nivel intermedio, la situación de los delitos cometidos apuntaba a una mayor gravedad de lo que se aparentaba. Incluso en abril pasado, quince días antes de este evento, que debe ser considerado un parte aguas para la entidad, en rueda de prensa lo dijimos “urge atender la situación de aumento de la violencia en Jalisco”.

La autoridad federal y las autoridades locales deberían considerar con más detalle la información que (esperemos) les den los encargados de inteligencia del país y las organizaciones civiles y sociales que dedicamos nuestra labor a tratar de incidir en materia de seguridad y justicia: la criminalidad organizada sigue siendo poderosa en nuestro país, sigue habiendo una lucha por el control de los territorios de parte de estos grupos, hay una diversidad de delitos que siguen afectando intensamente a la sociedad -secuestro, extorsión, robo tradicional y cibernético, trata de personas, desapariciones forzadas e involuntarias, ejecuciones extrajudiciales, falta de acceso a la justicia para víctimas del delito, fabricación de culpables, violación a derechos humanos, corrupción y colusión de autoridades y criminales, que no hay delitos aislados, que las autoridades locales parecen ineficaces o rebasadas por los retos en esta materia y que urge reconstruir la confianza ciudadana con hechos que muestren el compromiso por atender las necesidades de los gobernados y no de los grupos de interés, de presión o los partidos políticos.

¿Podrían aprender las autoridades de los eventos de Jalisco o del incremento de los delitos que presuntamente se encontraban controlados? ¡Por supuesto! Sin embargo, para ello es primordial que se entienda la situación de inseguridad y falta de justicia como un problema que debe ser atendido privilegiando la inteligencia; el fortalecimiento institucional; el acceso a una educación, a servicios de salud de calidad, a créditos que fomenten el emprendimiento de pequeñas empresas acorde con el marco normativo. La solución de este problema no puede radicar en cambios cosméticos y superficiales que dejan de lado los verdaderos retos de fondo que existen en esta materia.

Asimismo, la autoridad debe dejar de insistir que quienes señalamos los múltiples pendientes que “sólo queremos hablar de lo mal que está el país” o somos “a patrios” porque no reconocemos la gran labor de nuestras autoridades. Hasta que la autoridad vea como un aliado estratégico a quien piensa diferente o analiza críticamente la acción de gobierno para ubicar las debilidades que deben ser atendidas en la materia, difícilmente aprenderán de los recientes acontecimientos y tomarán acción ante las diversas señales de advertencia. No podremos avanzar positivamente frente a este problema de seguridad humana hasta que nuestras autoridades reconozcan las situaciones por las cuales atravesamos como víctimas de la delincuencia.

FRANCISCO RIVAS

Director General @frarivasCoL

Homicidio: una mirada a la violencia en México

 

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Desde hace dos décadas, en el mundo se habla de México como un país violento. El gran número de confrontaciones entre el Estado y los cárteles de la droga y también entre ellos mismos han dejado estadísticas para la historia: más de 100 000 muertos en 10 años, tasas récord de homicidios en entidades como Baja California, Chihuahua y Guerrero, protestas internacionales por la crisis de feminicidios en nuestro país y una reducción en la expectativa de vida debida a este fenómeno.

Mucho se ha escrito sobre del homicidio y su virulencia en México, nuestras autoridades declaran una y otra vez que el delito baja, que la incidencia delictiva llegó a su mínima expresión y se registran los mejores datos de la última década. Parece que quienes, de manera autocomplaciente, insisten en aparentes mejores estadísticas, olvidan que menos incidencia no significa que estemos bien ni mucho menos que el problema haya sido resuelto. Esto no solo se debe a que la estadística oficial de homicidio doloso representa solo una parte de los homicidios cometidos en el país, sino porque continuamos teniendo un subregistro importante como resultado de debilidades institucionales, de malas actuaciones del personal operativo de las procuradurías y de que se trata de minimizar de un plumazo la crisis de desapariciones forzadas e involuntarias que enfrentamos y del posible vínculo que puede existir con el hallazgo de múltiples fosas clandestinas en nuestro país.

Durante los últimos 18 años, el homicidio doloso ha presentado un comportamiento desigual en el ámbito nacional: primero entre 1997 y 2006 un descenso sostenido, para dispararse a partir del 2007 y llegar a su cumbre en 2011. Desde 2011 hasta 2014 el delito inicia su disminución pasando de una tasa de casi 25 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes hasta los 16.

Sin embargo, estos resultados aparentemente alentadores deben ser analizados con atención si el objetivo es mejorar las condiciones de vida de las personas, fortalecer el acceso a la justicia y la atención a los derechos humanos, disminuir la violencia generada por la delincuencia, así como que es resultado de otros aspectos sociales.

Es así que las autoridades del país deben enfocarse a analizar el homicidio por cómo afecta a la sociedad categorizando la violencia y no desde meras clasificaciones jurídicas; deben impulsar la atención local del delito; deben tratar de entender y explicar el homicidio a partir de su relación con la comisión de otros ilicitos y generar una respuesta a partir de estándares homogéneos.

Entender la violencia a partir del homicidio doloso se vuelve un ejercicio estéril si se deja de lado todos los casos que se clasifican como homicidios culposos resultantes de un evento delictivo: homicidios después de un secuestro, después de un robo, después de una extorsión o de una violación.

Las categorías jurídicas que dan pie a un proceso judicial y se sustentan en los motivos de un delito no permiten entender el significado de la violencia cotidiana, la violencia que vivimos quienes salimos a la calle y somos blanco de delitos. Parece casi una burla poner dentro de la misma categoría un caso de un accidente de auto que termina en un atropellamiento y una muerte accidental, al caso de una víctima de homicidio por arma de fuego porque se resistió a ser asaltado en la calle de una de nuestras ciudades. Ni es justo para las víctimas ni es útil para las autoridades si existe el interés real de tratar de prevenir futuros eventos y brindar justicia a las víctimas.

Parece una falta de respeto a toda nuestra sociedad que un homicidio sucesivo a un secuestro se clasifique como homicidio culposos, bajo el argumento que el fin de la privación ilegal de la libertad era el cobro de un rescate y no la muerte de una persona. Es una falta de respeto que no se contemple en las estadísticas, que se excluya del triste conteo de fallas y que por lo contrario, nuestros gobernantes incapaces de brindarnos seguridad salgan a declarar “lo bien que estamos en el país”.

De igual manera, el descenso agregado del homicidio en el país, no debe distraer la atención o minimizar la situación local de las entidades donde la incidencia en algunos casos se mantiene muy alta, en otras va a la alza y donde, además, no se aprecian políticas públicas específicas que puedan combatir el delito.

Asimismo dado el contexto nacional, la aparente disminución de los homicidios no puede desligarse de la crisis de desapariciones forzadas o involuntarias, ni del hallazgo de fosas clandestinas en México, sobre todo si existen importantes deficiencias y carencias institucionales para la investigación y el registro de estos casos. Esto es fundamental sobre todo si recordamos que aún no tenemos certeza alguna sobre cuántas fosas clandestinas hay en nuestro país y mucho menos víctimas yacen enterradas de esta manera, esperando justicia.

Ante todos estos problemas que nos aquejan, el reto mayor es combatir el problema, no a partir de simulaciones como reformas de la norma jurídica o en declaraciones de colaboración entre autoridades, sino en una toma y reconocimiento de responsabilidad de los actores políticos. La evidencia de lo anterior está en la ausencia de protocolos de atención en casi la mitad del país en materia de feminicidio, o en que solo 6 entidades implementan los protocolos en materia forense, pese al anuncio de los acuerdos alcanzados en 2012; o en la falta de acciones que trasciendan lo dicho en cuanto a protección a periodistas, entre otros rubros.

Debido a cada uno de los factores mencionados, el estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México elaborado por el ONC es un insumo fundamental para comprender lo que sucedido en nuestro país durante los últimos años, no solo mediante el análisis de su incidencia sino también de la relación que mantiene con otros delitos y sus múltiples costos sociales. Recordemos que cualquier delito no queda en el simple hecho sino que deja tras de sí una serie de consecuencias psicosociales, políticas y económicas que no pueden ser ignoradas. ¿Cómo se puede ignorar la orfandad que se deriva de la comisión de un homicidio? ¿Cómo se puede ignorar la disminución de esperanza de vida de la población a consecuencia de este delito de alto impacto?

No me queda más que agradecer a Rodrigo R. Soares, René Castillo Charry, Nicandra Castro, Humberto Padgett, Sandra Rodríguez, Roberto Ochoa, Alfredo Ornelas, Alejandro Vélez, Nelly Montealegre, Arturo Loaiza, Monte Alejandro Rubido y Renato Sales pues sin su apoyo, compartiendo conocimiento y experiencia, el documento quedaría incompleto. De igual manera quiero reconocer el trabajo del equipo de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, quienes como siempre,con gran responsabilidad y compromiso, han logrado entregar un insumo básico para entender y poder avanzar en la reducción de este terrible delito.

En resumen, se requiere una evaluación objetiva de las acciones y políticas públicas implementadas con el objetivo de conocer su eficacia ante la crisis de seguridad humana que se vive en México. Esto nos debe llevar a diseñar e implementar nuevas políticas públicas focalizadas en los homicidios en general, a partir de las tipologías cuantitativas y cualitativas del delito pues cada una de ellas refiere diversas dinámicas criminales y ejercicios de violencia. Necesitamos el desarrollo e implementación de acciones y necesarias para atender los múltiples costos del homicidio desde una perspectiva integral con enfoque de género y de derechos humanos.

Al momento de diseñar y evaluar resultados de estas políticas para disminuir los homicidios deben considerarse los posibles vínculos con otros delitos como secuestro y desapariciones forzadas o involuntarias, pero, sobre todo, el cumplimiento de acuerdo entre autoridades en materia de seguridad y de procuración de justicia que trascienda la foto e impacte en la realidad que vivimos en el país. El homicidio permite solo una mirada a la violencia en México, pero para resolverlo se debe realizar acciones de fondo, que no solo ataquen los efectos, sino que resuelvan las causas que nos han llevado a ser el país que ocupa el último lugar en seguridad de toda la OCDE.

FRANCISCO RIVAS

Director General @frarivasCoL

Presentaciones del 1er Foro Nacional de Observatorios y Seguridad Humana disponibles.

Aquí encontrarán todas las presentación del per Foro Anual de Observatorios y Seguridad Humana.

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¡Muchas gracias por su participación!

 

Cualquier duda o solicitud favor de contactar a:

Mariana Cendejas
Directora de Vinculación
mcendejas@onc.org.mx
 
Leonel Fernández Novelo
Coordinador de Observatorios Locales
leonel.fernandez@onc.org.mx
 
Vania Pérez Morales
Coordinadora de Logistica del Foro
vperez@onc.org.mx

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, abril 2015.

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Desde julio de 2013 hemos ido entregando mensualmente análisis rigurosos de los delitos de alto impacto cuales homicidio (doloso y culposo), secuestro, extorsión, robo con violencia y robo de vehículo. En 2014 agregamos como unidad de análisis el robo a casa habitación, el robo a negocio y el robo a transeúnte. Al mismo tiempo iniciamos un trabajo profundo para entender y explicar qué sucede alrededor de la trata de personas, ahondamos en secuestro, extorsión y de otros delitos patrimoniales.

En el marco de las investigaciones llevadas a cabo a lo largo de éstos dos años hemos explicado qué está sucediendo en el país en materia de seguridad, expuesto las inconsistencias que se presentan cuando las autoridades estatales publican sus informes delictivos, los subregistros de la estadística criminal, la opacidad y la falta de transparencia y rendición de cuentas de ciertas autoridades, pero también hemos destacados los avances y logros alcanzados por los responsables de la seguridad del país.

Los logros principales obtenidos en este proceso son:

1. La toma de acciones por parte del gobierno federal para desarrollar un proceso de homologación de la información en materia de incidencia delictiva.
2. Los conteos accesibles para todo el público de número de víctimas en materia de homicidio, de secuestro y extorsión. 3. La incorporación de las cifras de secuestros denunciados a la federación.

4. Los indudables avances en materia de transparencia y rendición de cuentas en estados como Aguascalientes y Chiapas.

Parte de estos logros se obtuvieron gracias al trabajo colegiado con organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia, México Evalúa, Causa en Común, Alto al Secuestro, Centro Integral del Desarrollo (CIDAC), el Instituto Mexicano de la Competitividad, Más Ciudadanía, entre otras. Organizaciones ciudadanas que, desde su conocimiento acumulado, han logrado poner en evidencia algunas de las principales falencias de las acciones de seguridad, proponer acciones de mejora, e incluso, participar activamente en algunos proyectos que han mejorado la calidad del algunas aristas del modelo de seguridad vigente.

Desde el Observatorio Nacional Ciudadano hemos tenido muchas horas de trabajo académico y de reuniones con las autoridades para lograr consensos, exponiendo los avances en diferentes foros, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y disminuir el número de víctimas en el país mediante la obtención de diagnósticos oportunos y específicos, que sean una fotografía suficientemente cercana a la realidad que viven las personas entorno al delito. Hemos dicho reiteradamente que si no contamos con diagnósticos precisos es altamente probable que las políticas públicas de seguridad también sean inadecuadas.

A pesar de los avances obtenidos, esta primera tarea aún no está concluida, pues todavía la información oficial que contamos no es lo suficientemente consistente y robusta para comprender con mayor precisión el fenómeno delictivo. Una vez que logremos ello, podremos diseñar mejores indicadores que nos permitan entender el comportamiento de delitos y las variables que operan para que estos ocurran. En el Reporte de los delitos de alto impacto. Abril 2015, por ejemplo, encontramos que las denuncias de los delitos de homicidio doloso, secuestro y extorsión han bajado con respecto a marzo, sin embargo al observar su comportamiento en un periodo más amplio se observa que los homicidios intencionales, desde 2011 presentan una reducción en la frecuencia de su ocurrencia, mientras que el secuestro y extorsión muestran una baja significativa desde el 2013, año en donde se alcanzaron los máximos históricos.

En el caso de las denuncias de los robos en abril de 2015, a excepción del robo a transeúnte, disminuyeron con respecto al mes anterior, pero en un análisis de mayor plazo se distingue que por ejemplo, el robo a casa habitación es mayor que el robo a transeúnte.
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Presentación
En el caso del secuestro ¿qué significa su tendencia a la baja? Hoy no sabemos, no tenemos suficientes elementos para poder entender a qué se debe ¿Las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro-UECS- están logrando desactivar las bandas y disuadir este delito? ¿Los delincuentes están migrando a otros negocios más lucrativos? ¿La población ha dejado de confiar en la autoridad para denunciar este tipo de ilícitos? ¿No se están contabilizando correctamente los eventos suscitados en las distintas localidades del país? Las respuestas para contestar a estos cuestionamientos no las tenemos porque los números están construidos sólo para explicar los cuántos y no los cómo.

Para intentar dar con los cómo serán determinantes los futuros pasos que el Observatorio y las autoridades lleguen a dar. Probablemente la política de combate al secuestro sea el semillero que nos ayude a entender cómo construir políticas locales exitosas para reducir el número de delitos cometidos en las entidades y por eso hacemos un llamado a la Coordinación Nacional Antisecuestro para dar a conocer los indicadores objetivos y auditables el desempeño de las UECS.

Este será un trabajo complejo que requiere de apoyo ciudadano y, como escribí en el portal La Silla Rota mi columna ser sociedad civil en México es difícil1:

hoy te invito a que te sumes en una causa; tú elige cuál, hay muchas maneras de apoyar, desde retuitear hasta participar activamente con alguna organización. Pero lo importante es que te conviertas en parte de esta masa que debe crecer y que esta compuesta de personas que buscamos una sociedad donde la dignidad humana siempre sea respetada, donde el acceso a la justicia sea parejo para todos y donde la ley proteja los derechos de los individuos y de la sociedad.

Si no sabes por donde empezar, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) te compartimos nuestra experiencia y te ayudamos a aprender cómo hacerlo. La experiencia que hemos madurado en conjunto con México Evalúa A.C. en activar a la sociedad civil local a través de nuestros observatorios estatales, regionales o municipales, pertenecientes a la #RedObservatoriosSeguridad, nos ha permitido madurar una experiencia de cómo ser un actor relevante es posible. Ser sociedad civil en México es difícil pero la urgencia que tenemos de mejorar las condiciones del país nos lleva a afirmar que enfrentar los resultados de la inacción sería aún peor.
FRANCISCO RIVAS

Director General @frarivasCoL

Presentación avances del documento “Homicidio: una mirada a la violencia en México

 

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Observatorio Nacional Ciudadano: El homicidio es un problema que sigue sin resolverse en México

  • El homicidio es una conducta delictiva que no presenta un patrón único de comportamiento en México.
  • No hay certezas sobre la efectividad de las acciones gubernamentales debido a que hay estados con índices críticos de homicidios dolosos que pese a su disminución, no se puede afirmar que no tendrán un repunte a corto o mediano plazo.
  • Existen serias deficiencias institucionales que dificultan las investigaciones de homicidios y el acceso de las víctimas a la justicia como, por ejemplo, que no se apliquen los protocolos existentes o que se carezca de ellos.
  • El Observatorio Nacional Ciudadano urge a que se desarrollen e implementen políticas públicas diferenciadas con perspectiva de género y de derechos humanos para controlar y prevenir el homicidio, así como atender sus múltiples costos sociales.México, a 28 de julio de 2015. El homicidio es un problema que no ha sido resuelto pues permanece un alta incidencia de este delito en diversas entidades federativas y municipios del país, de acuerdo con el estudio Homicidio, una mirada a la violencia en México elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC). En este sentido, se hizo referencia a los 76 municipios de más 100 mil habitantes que presentaron tasas de homicidios dolosos superiores a la registrada en el ámbito nacional durante 2014; los cuales se encuentran principalmente en el Estado de México, Michoacán, Guerrero y Sinaloa.

    Asimismo, Francisco Rivas, Director del Observatorio Nacional Ciudadano, enfatizó que: “hay por los menos 11 estados en los cuales no se tienen certezas de que no se repetirán los índices críticos de homicidios dolosos a corto o mediano plazo debido al abrupto e inesperado aumento entre 2007 y 2009”. Las entidades que presentaron dicho patrón de comportamiento de acuerdo con el análisis que abarca de 1997 a 2014 del ONC son: Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Durango, Tamaulipas, Colima, Coahuila, Nuevo León, Nayarit y Veracruz.

    En el marco de la conferencia de prensa, también hicieron referencia al homicidio culposo y destacaron aquellas entidades federativas en las cuales este delito presenta un comportamiento poco tradicional pues en dichos casos, este se asemeja al del homicidio doloso, como ha sucedido en: Durango, Estado de México, Guanajuato, Quintana Roo y San Luis Potosí.

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Al respecto, señalaron que esto no debe pasar desapercibido pues una posible hipótesis sobre este patrón puede estar relacionada no solo con los criterios de registro estadístico sino de investigación del homicidio, como quizás puede suceder en aquellos casos en los cuales la víctima de un secuestro pierde la vida durante la comisión del delito.

Sobre dicha conducta delictiva, de acuerdo con información oficial, se hizo alusión a que entre 2012 y 2015 se registraron 320 víctimas de secuestros que culminaron en homicidios. Además se señaló que alrededor del 60% de los secuestros en los que la víctima murió se concentraron en cinco entidades federativas, sin embargo, en el Estado de México ocurrió el 25% de los casos totales de esta conducta.

En relación con la disparidad de criterios expuesta, el director del Observatorio, precisó que uno de los hallazgos más preocupantes del estudio son las debilidades y fallas institucionales para la investigación de homicidios, como se puede apreciar en la falta de implementación de protocolos forenses y en materia de feminicidios. Referente a ello, mencionó “lamentablemente encontramos casos en los cuales no se trata de la falta de protocolos de actuación y de investigación sino de la falta de voluntad política para cumplir con los acuerdos alcanzados”. Al respecto, puso como ejemplo lo sucedido con el Protocolo para el tratamiento e identificación forense, el cual fue aprobado durante XXV Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y que únicamente ha sido implementado en seis entidades federativas: Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas.

Debido a las fallas institucionales detectadas en el estudio Homicidio, una mirada a la violencia en México, urgieron a que las autoridades evaluaran objetivamente los avances de las medidas implementadas frente al homicidio, considerando la crisis de desapariciones forzadas o involuntarias y el hallazgo de múltiples fosas clandestinas.

“Si queremos resolver integralmente el problema del homicidio, no podemos continuar tomando decisiones de política pública con base en información imprecisa que no nos permita conocer y reconocer tanto las dimensiones como sus particularidades cualitativas” expresó Francisco Rivas. Esto se debe a que, no se puede controlar y prevenir de la misma manera un feminicidio, un homicidio de periodistas o un homicidio vinculado con actividades criminales.

Durante la conferencia de prensa, se hizo un llamado para que las autoridades en conjunto con la sociedad civil, diseñen e implementen políticas públicas focalizadas que consideren tanto las características cuantitativas como cualitativas del homicidio. Esto se debe a que cada una de ellas refiere diversas dinámicas criminales y ejercicios de violencia, que conllevan importantes costos sociales que pueden ser desde la reducción de esperanza de vida hasta la orfandad o desplazamientos forzados .

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Entre los panelistas que participaron en la presentación del estudio del ONC estuvieron: Alejandro Hope, especialista en Seguridad Pública; Josefina Ricaño de Nava, Presidenta de México Unido contra la Delincuencia; Birgit Lamm, representante de la Fundación Friedrich Naumann y Héctor Larios, Presidente del Observatorio Nacional Ciudadano.

Dichos especialistas reiteraron el problema de seguridad que representa el homicidio en México y la necesidad de que se desarrollen las acciones pertinentes para subsanar las debilidades institucionales para que pueda ser garantizado el derecho de las víctimas al acceso a la justicia.

Toda la información relativa al estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México elaborado por el ONC se encuentra disponible en la página www.onc.org.mx

Acerca del Observatorio Nacional Ciudadano. El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad es una organización de la sociedad civil que busca brindar información objetiva y oportuna a la ciudadanía sobre la situación en materia de seguridad y justicia, así como ser un instrumento de articulación de las organizaciones sociales para potenciar su incidencia en las acciones y políticas de la autoridad: www.onc.org.mx

Atención a Medios

Gerson Hernández Mecalco / 5535004871 / ghernandez@cepol.com.mx Cecilia Torres /5538884435/ ctorres@zimat.com.mx

Reflexiones de Francisco Rivas sobre la rueda de prensa de las autoridades sobre el escape del “Chapo” Guzmán

Algunas reflexiones sobre la rueda de prensa de las autoridades federales de nuestro director Francisco Rivas:

“Las declaraciones del Secretario de Gobernación son muy desafortunadas, defender lo indefendible más que admitir que hubo una falla parece una burla para todos los mexicanos que perdieron la vida o fueron afectados por el Cartel de Sinaloa.

1. Decir que el CEFERESO del Altiplano cumple con las normas internacionales y que por eso tendrá la renovación de la calificadora de penales internacionales, después de la fuga del Chapo, parece por demás.

2. Declara que en todo momento se cumplieron los protocolos de actuación y que el penal cumple con todas las normas permite deja sólo como consecuencia la impresión que el Cartel de Sinaloa es mucho más poderoso y capaz que el Estado Mexicano.

3. Si el penal cumple con todos los requisitos internacionales para hacer que éste sea de máxima seguridad ¿por qué el Secretario de Gobernación comenta que el terreno al rededor fue reposicionado de manera poco eficaz más para rellenar que para asegurar?

4. Faltó una respuesta clara sobre la extradición a los Estados Unidos de Norteamérica, que pude evitar todo este terrible evento.

5. Tampoco parece haber un claro reconocimiento del problema de la corrupción y qué diligencias tomarán para erradicarla del ejercicio de gobierno.

6. Las fallas en la inteligencia son imposibles de negar, tenemos grandes instituciones e insumos en CISEN, CNS, PGR, SEDENA y SEMAR ¿qué pasó?

Entonces ¿el penal construido en el sexenio del ex presidente Carlos Salinas de Gortari es o no apto para ser considerado de máxima seguridad?

De igual manera me quedo con la terrible duda si el cartel es o no más poderoso que el Estado Mexicano.

Una vez más escucho explicaciones que parecen excusas y que parecen acciones aisladas que no son deficiencias ni efectos de una imperante corrupción.

Francisco Rivas
Director General
@frarivasCoL”