Archive | Documentos

RSS feed for this section

Presentación avances del documento “Homicidio: una mirada a la violencia en México

 

Descarga Boletín de Prensa aquí

 

Observatorio Nacional Ciudadano: El homicidio es un problema que sigue sin resolverse en México

  • El homicidio es una conducta delictiva que no presenta un patrón único de comportamiento en México.
  • No hay certezas sobre la efectividad de las acciones gubernamentales debido a que hay estados con índices críticos de homicidios dolosos que pese a su disminución, no se puede afirmar que no tendrán un repunte a corto o mediano plazo.
  • Existen serias deficiencias institucionales que dificultan las investigaciones de homicidios y el acceso de las víctimas a la justicia como, por ejemplo, que no se apliquen los protocolos existentes o que se carezca de ellos.
  • El Observatorio Nacional Ciudadano urge a que se desarrollen e implementen políticas públicas diferenciadas con perspectiva de género y de derechos humanos para controlar y prevenir el homicidio, así como atender sus múltiples costos sociales.México, a 28 de julio de 2015. El homicidio es un problema que no ha sido resuelto pues permanece un alta incidencia de este delito en diversas entidades federativas y municipios del país, de acuerdo con el estudio Homicidio, una mirada a la violencia en México elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC). En este sentido, se hizo referencia a los 76 municipios de más 100 mil habitantes que presentaron tasas de homicidios dolosos superiores a la registrada en el ámbito nacional durante 2014; los cuales se encuentran principalmente en el Estado de México, Michoacán, Guerrero y Sinaloa.

    Asimismo, Francisco Rivas, Director del Observatorio Nacional Ciudadano, enfatizó que: “hay por los menos 11 estados en los cuales no se tienen certezas de que no se repetirán los índices críticos de homicidios dolosos a corto o mediano plazo debido al abrupto e inesperado aumento entre 2007 y 2009”. Las entidades que presentaron dicho patrón de comportamiento de acuerdo con el análisis que abarca de 1997 a 2014 del ONC son: Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Durango, Tamaulipas, Colima, Coahuila, Nuevo León, Nayarit y Veracruz.

    En el marco de la conferencia de prensa, también hicieron referencia al homicidio culposo y destacaron aquellas entidades federativas en las cuales este delito presenta un comportamiento poco tradicional pues en dichos casos, este se asemeja al del homicidio doloso, como ha sucedido en: Durango, Estado de México, Guanajuato, Quintana Roo y San Luis Potosí.

1

Al respecto, señalaron que esto no debe pasar desapercibido pues una posible hipótesis sobre este patrón puede estar relacionada no solo con los criterios de registro estadístico sino de investigación del homicidio, como quizás puede suceder en aquellos casos en los cuales la víctima de un secuestro pierde la vida durante la comisión del delito.

Sobre dicha conducta delictiva, de acuerdo con información oficial, se hizo alusión a que entre 2012 y 2015 se registraron 320 víctimas de secuestros que culminaron en homicidios. Además se señaló que alrededor del 60% de los secuestros en los que la víctima murió se concentraron en cinco entidades federativas, sin embargo, en el Estado de México ocurrió el 25% de los casos totales de esta conducta.

En relación con la disparidad de criterios expuesta, el director del Observatorio, precisó que uno de los hallazgos más preocupantes del estudio son las debilidades y fallas institucionales para la investigación de homicidios, como se puede apreciar en la falta de implementación de protocolos forenses y en materia de feminicidios. Referente a ello, mencionó “lamentablemente encontramos casos en los cuales no se trata de la falta de protocolos de actuación y de investigación sino de la falta de voluntad política para cumplir con los acuerdos alcanzados”. Al respecto, puso como ejemplo lo sucedido con el Protocolo para el tratamiento e identificación forense, el cual fue aprobado durante XXV Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y que únicamente ha sido implementado en seis entidades federativas: Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas.

Debido a las fallas institucionales detectadas en el estudio Homicidio, una mirada a la violencia en México, urgieron a que las autoridades evaluaran objetivamente los avances de las medidas implementadas frente al homicidio, considerando la crisis de desapariciones forzadas o involuntarias y el hallazgo de múltiples fosas clandestinas.

“Si queremos resolver integralmente el problema del homicidio, no podemos continuar tomando decisiones de política pública con base en información imprecisa que no nos permita conocer y reconocer tanto las dimensiones como sus particularidades cualitativas” expresó Francisco Rivas. Esto se debe a que, no se puede controlar y prevenir de la misma manera un feminicidio, un homicidio de periodistas o un homicidio vinculado con actividades criminales.

Durante la conferencia de prensa, se hizo un llamado para que las autoridades en conjunto con la sociedad civil, diseñen e implementen políticas públicas focalizadas que consideren tanto las características cuantitativas como cualitativas del homicidio. Esto se debe a que cada una de ellas refiere diversas dinámicas criminales y ejercicios de violencia, que conllevan importantes costos sociales que pueden ser desde la reducción de esperanza de vida hasta la orfandad o desplazamientos forzados .

2

Entre los panelistas que participaron en la presentación del estudio del ONC estuvieron: Alejandro Hope, especialista en Seguridad Pública; Josefina Ricaño de Nava, Presidenta de México Unido contra la Delincuencia; Birgit Lamm, representante de la Fundación Friedrich Naumann y Héctor Larios, Presidente del Observatorio Nacional Ciudadano.

Dichos especialistas reiteraron el problema de seguridad que representa el homicidio en México y la necesidad de que se desarrollen las acciones pertinentes para subsanar las debilidades institucionales para que pueda ser garantizado el derecho de las víctimas al acceso a la justicia.

Toda la información relativa al estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México elaborado por el ONC se encuentra disponible en la página www.onc.org.mx

Acerca del Observatorio Nacional Ciudadano. El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad es una organización de la sociedad civil que busca brindar información objetiva y oportuna a la ciudadanía sobre la situación en materia de seguridad y justicia, así como ser un instrumento de articulación de las organizaciones sociales para potenciar su incidencia en las acciones y políticas de la autoridad: www.onc.org.mx

Atención a Medios

Gerson Hernández Mecalco / 5535004871 / ghernandez@cepol.com.mx Cecilia Torres /5538884435/ ctorres@zimat.com.mx

Reflexiones de Francisco Rivas sobre la rueda de prensa de las autoridades sobre el escape del “Chapo” Guzmán

Algunas reflexiones sobre la rueda de prensa de las autoridades federales de nuestro director Francisco Rivas:

“Las declaraciones del Secretario de Gobernación son muy desafortunadas, defender lo indefendible más que admitir que hubo una falla parece una burla para todos los mexicanos que perdieron la vida o fueron afectados por el Cartel de Sinaloa.

1. Decir que el CEFERESO del Altiplano cumple con las normas internacionales y que por eso tendrá la renovación de la calificadora de penales internacionales, después de la fuga del Chapo, parece por demás.

2. Declara que en todo momento se cumplieron los protocolos de actuación y que el penal cumple con todas las normas permite deja sólo como consecuencia la impresión que el Cartel de Sinaloa es mucho más poderoso y capaz que el Estado Mexicano.

3. Si el penal cumple con todos los requisitos internacionales para hacer que éste sea de máxima seguridad ¿por qué el Secretario de Gobernación comenta que el terreno al rededor fue reposicionado de manera poco eficaz más para rellenar que para asegurar?

4. Faltó una respuesta clara sobre la extradición a los Estados Unidos de Norteamérica, que pude evitar todo este terrible evento.

5. Tampoco parece haber un claro reconocimiento del problema de la corrupción y qué diligencias tomarán para erradicarla del ejercicio de gobierno.

6. Las fallas en la inteligencia son imposibles de negar, tenemos grandes instituciones e insumos en CISEN, CNS, PGR, SEDENA y SEMAR ¿qué pasó?

Entonces ¿el penal construido en el sexenio del ex presidente Carlos Salinas de Gortari es o no apto para ser considerado de máxima seguridad?

De igual manera me quedo con la terrible duda si el cartel es o no más poderoso que el Estado Mexicano.

Una vez más escucho explicaciones que parecen excusas y que parecen acciones aisladas que no son deficiencias ni efectos de una imperante corrupción.

Francisco Rivas
Director General
@frarivasCoL”

Incidencia de los delitos de alto impacto en México 2014. Reporte anual

Descarga aquí

El 2014 fue un año de grandes eventos en la agenda de seguridad del país: la creación de una Coordinación Nacional contra el Secuestro y la Extorsión (CONASE); las intervenciones por parte del gobierno federal en Estado de México, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, así como los terribles eventos de Tlatlaya e Iguala que pusieron en tela de juicio el desempeño de la federación en esta materia.

En este complejo escenario medir los resultados de estas intervenciones es difícil, si analizamos los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) podríamos pensar en un éxito importante en la política de seguridad, puesto que 5 de los 6 delitos de alto impacto presentaron bajas importantes. En el caso de homicidio doloso, la disminución es concordante con la tendencia dominante desde 2011, el secuestro y la extorsión presentaron disminuciones luego de alcanzar niveles históricos en 2013. Además de que se aprecia que únicamente el homicidio culposo presentó un incremento por quinta vez consecutiva.

Sin embargo, la situación alrededor de cada delito debe ser estudiada con más detalle para entender qué está sucediendo en el país en esta materia, ya que un aspecto central es distinguir entre la cantidad de delitos cometidos y la calidad de los mismos. A continuación presentamos las principales debilidades en la cantidad de delitos registrados y publicados en las bases del SESNSP:

1. El primer punto a señalar que es válido para todos los delitos, es que en caso de concurrencia de delitos, es decir, cuando son cometidos en el mismo evento más de un ilícito (robo, secuestro, homicidio) no tenemos la certeza sobre cómo lo registran estadísticamente a partir de la clasificación del hecho acorde con los criterios jurídicos del ministerio público. Esta circunstancia hace que existan un serie de interrogantes que no solo atañen la investigación del crimen sino la recopilación de la información respectiva. ¿Se registra exclusivamente el primer incidente que da pie a la denuncia, averiguación previa o carpeta de investigación? ¿Se registran todos los delitos cometidos? ¿Se reporta el homicidio cometido? ¿El homicidio es clasificado como delito culposo o doloso?

Esta primera situación puede implicar un subregistro de delitos que desconocemos: qué tan importante pueda ser o, por ejemplo, cuántos ilícitos concurrentes no permiten saber el número de secuestros o violaciones. Por otro lado, genera una importante asimetría en función de la cantidad de delitos registrados por entidad federativa pues pareciera que existen los incentivos necesarios para que las autoridades estatales opten por informar inadecuadamente sobre la incidencia delictiva.

2. La autoridad federal ha decidido utilizar el homicidio como el indicador más importante en materia de seguridad y violencia, los descensos reportados de este delito que comenzaron a mediados de 2011, podrían sustentar la postura del gobierno de la república respecto a que la política de seguridad ha sido exitosa. No obstante, sin negar dicha reducción es importante subrayar la posibilidad de subregistros debidos a diversos factores tales como una disminución de la confrontación entre bandas, fruto de años de políticas de desarticulación de las mismas o de equilibrios alcanzados en las plazas; a subregistros por personas clasificadas como desaparecidas y que por lo contrario yacen en las fosas clandestinas a lo largo del país o simplemente la manera en que las procuradurías y fiscalías locales clasifican el delito.

3. Tomemos el ejemplo anterior: un robo que lleva a un secuestro, el cual conlleva una violación y finalmente concurre en un homicidio. En este caso, en el colectivo imaginario el delito debería clasificarse como homicidio doloso, mientras que las autoridades a lo largo del país lo clasificarían como un homicidio culposo, alegando que la intencionalidad del evento es el secuestro y no el homicidio. Pongamos otro ejemplo, en un asalto la víctima se resiste a ser atracada y recibe un disparo mortal; siendo el robo y no el homicidio la intención del delito, muy probablemente este se clasificará como un homicidio culposo. Justamente este tipo de situaciones son las que podrían explicar porqué se ha registrado el importante descenso del homicidio doloso y el comportamiento al alza del culposo.

4. En relación con el secuestro es fundamental reconocer la reducción de los número reportados en el ámbito nacional, la cual podría hacernos pensar que la política antisecuestro está teniendo efectos positivos pese a que continuamos viendo situaciones graves en diversas entidades como Tamaulipas, cuya tasa por cada 100 mil habitantes supera el índice nacional y donde la autoridad local parece no tener interés en rendir cuentas ni en atender el problema.

De la misma manera que reconocemos el descenso de las denuncias de este delito es importante admitir que existe un subregistro de secuestro como expusimos ampliamente en nuestro estudio Análisis integral del secuestro en México. Cómo entender la problemática. Una de las principales debilidades de la estadística de este delito disponible en el SESNSP radica en que no se reportan todos los casos de los supuestos de secuestros contemplados en el Artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro (LGPSDS), solo se están tomando en consideración los secuestros extorsivos y se están dejando de lado, por ejemplo, los secuestros exprés. Aunado a ello, de acuerdo con algunos ejercicios realizados en materia de transparencia se pudo detectar que los secuestros de migrantes en muchas ocasiones no solo no son contabilizados sino investigados por las autoridades correspondientes.

Asimismo es fundamental conocer con mayor detalle la efectividad de la estrategia antisecuestro a través de indicadores de efectividad del trabajo de las Unidades Especializadas Contra el Secuestro (UECS) mediante microdatos más puntuales sobre la actuación de cada una de ellas. Esto significa que necesitamos conocer el número de víctimas rescatadas, los porcentajes de bandas desarticuladas, el monto del dinero recuperado, en qué momento y cómo se rescatan a las víctimas para así poder tomar como ejemplo para el combate de otros delitos esta experiencia.

5. El marcado descenso en los registros de extorsión podría parecer un dato positivo; cuando se piensa en una disminución de casi el 30% se tiene la tentación de considerar un gran logro de acciones implementadas en esta materia. Muy probablemente las campañas informativas que le advierten a potenciales víctimas de extorsiones telefónicas, han logrado que cada vez más gente no ceda dichos engaños o amenazas que suelen ser realizadas desde los centros de readaptación social (CERESOS) del país.

Al respecto, vale la pena recordar que los CERESOS en muchos casos carecen de bloqueadores de señal de telefonía celular, que aún donde hay bloqueo de señal celular existen complicidades entre las autoridades penitenciarias y los internos, para que a estos último les sea permitido continuar delinquiendo desde los centros de reclusión y que aunado a este complejo escenario no se observa una política específica de combate a la extorsión presencial.

Asimismo no debemos olvidar que la marcada disminución de los registros de este delito también se debe a la manera en la que algunas entidades optaron por registrar la extorsión. Hasta 2013 algunas entidades registraban estadísticamente solo el delito consumado mientras que otras registraban las tentativas del hecho delictivo; a partir de 2014 las entidades solo registran los casos en donde la víctima pagó, esto significa que probablemente hay menos víctimas de este delito pero indudablemente hay menos registros del mismo, sin que ello implique una disminución neta de su incidencia. Otro aspecto a destacar en cuanto al registro radica en que a pesar de que exista una norma técnica, ello no determina que las entidades reporten la información sobre incidencia delictiva acorde con dichos criterios, simplemente observemos el caso de Nayarit que no reporta las averiguaciones previas iniciadas por distintos ilícitos como la extorsión.

6. En cuanto a las distintas modalidades de robo, resulta significativa su disminución sobre todo si se trata de aquellas conductas relacionadas con otros ilícitos, como es el caso del robo de vehículos. Sin embargo, inclusive detrás de dicha reducción existen una serie de aspectos técnicos desatendidos y al mal desempeño de las instituciones para motivar la denuncia ciudadana, ya que de acuerdo con las encuestas de victimización levantadas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) generalmente la gente no suele denunciar los hechos delictivos por causas atribuibles a la autoridad.

Por otro lado, en materia de robo la implementación del nuevo sistema de justicia penal implica un reto en cuestión del registro de los robos cometidos sin violencia que hasta el momento no ha sido atendido. Ello se debe a que con la implementacion de este nuevo sistema, los casos de delitos no graves como son los robos sin violencia, tienen la posibilidad de resolverse mediante sistemas alternos de justicia. Toda vez que esto sucede el sistema no permite abrir una carpeta de investigación, insumo para los registros del SESNSP.

7. Otro elemento importante a la hora de analizar el comportamiento del los delitos cometidos en el país, es el número de delitos no denunciados a la autoridad, la famosa cifra negra. Según lo que reporta INEGI el número los delitos no denunciados ha crecido año tras año, pasando del 91.6% en 2011, a 92.1% en 2012 y 93.8% en 2013. Es decir que el dato más reciente indica que en el país se denuncian únicamente 6 de cada 100 delitos, que en el caso del secuestro llegan a ser aproximadamente 2 de cada 100 y en el de extorsión sólo 1.5 de cada 100.

Como mencioné previamente, si solo calificamos los avances y retroceso en materia de seguridad a partir de un enfoque nacional, aparentemente el problema de seguridad ha mejorado. No obstante, ese sería un acercamiento inadecuado para la crisis que enfrenta la población pues implicaría ignorar que hay zonas del país en donde de manera sistemática e impune se comete cualquier tipo de ilícito. Ejemplos de esto, se pueden apreciar en la situación de Guerrero pues fue la entidad con más homicidios dolosos durante 2014 y sobresale el caso de uno de sus municipios, Acapulco, pues registró la mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Asimismo vale la pena recordar la cantidad de secuestros ocurridos en Tamaulipas, los niveles de extorsiones reportados en Morelos y Nuevo León o bien la incidencia de robos de vehículo en Baja California durante 2014.

Lanzar las campanas al vuelo y decir que estamos en el mejor momento de seguridad es sencillo y más aún si no vives, por ejemplo, en un municipio donde pareciera que el secuestro, la extorsión y el homicidio doloso son norma. Reafirmar casi como si fuera mantra, la mejora indiscutible de la seguridad del país sin tomar en cuenta los aspectos técnicos particulares que hemos mencionado también es fácil, ya que en cierta forma implica cerrar los ojos a la autocrítica y aceptar que aún falta mucho por hacer. Es momento que las autoridades entiendan la importancia de la información de calidad en materia de seguridad. Que entiendan que mala información genera malos diagnósticos, un deficiente combate frente a la delincuencia y, finalmente, la falta de acceso a la justicia para muchas personas.

En los últimos años hemos perdido decenas de miles de vidas, hemos promovido el rencor social, generado costos económicos y no económicos por una lucha contra el crimen basada en la reacción, no en la prevención y la resolución de los conflictos que generan la inseguridad. Debemos pasar de las políticas públicas sustentadas en acuerdos políticos y no en evidencia empírica para que contemos con una verdadera seguridad humana en México.

A través de este documento, desde el Observatorio Nacional Ciudadano hacemos un llamado a las autoridades locales a que asuman con responsabilidad el liderazgo en este tema; a las autoridades federales a que continúen trabajando para mejorar tanto la calidad de la información como los sistemas de atención a víctimas y a cada una de las personas a que se sumen de manera corresponsables en la lucha contra toda forma de ilegalidad y violencia para que vayamos construyendo un importante contrapeso ante los retos que la realidad del país nos demanda.

 

FRANCISCO RIVAS
Director General
@frarivasCoL

Reporte mensual sobre delitos de alto impacto. Marzo 2015

Descarga aquí

El alcance del Reporte sobre delitos de alto impacto. Marzo 2015 consiste en brindar una interpretación descriptiva del comportamiento de los delitos de alto impacto, mediante un análisis espacio-temporal de las averiguaciones previas o carpetas de investigación registradas. Por lo tanto, este texto exclusivamente se limita a señalar la tendencia nacional de cada ilícito desde 2006, la tasa de variación del periodo marzo 2014-febrero 2015 frente a marzo de 2015. Aunado a ello, se presentan las entidades federativas que han contado con las mayores y menores cantidades de delitos de alto impacto, en términos absolutos y de las tasas de delitos por cada 100 mil habitantes.

 

El contenido de este documento está estructurado en 9 apartados en los cuales se abordan los delitos de alto impacto, a partir de los valores absolutos y relativos registrados durante los doce meses del periodo marzo 2014-febrero 2015 y de marzo de 2015 tanto en el país como en cada una de las entidades federativas. En el primero de los apartados de este reporte se analiza el homicidio doloso; en el segundo, el homicidio culposo; en el tercero, el secuestro; en el cuarto, la extorsión; en el quinto, el robo con violencia; en el sexto, el robo de vehículo (con y sin violencia); en el séptimo, el robo a casa habitación (con y sin violencia); en el octavo, el robo a negocio (con y sin violencia); y, por último, el robo a transeúnte (con y sin violencia).

En las secciones correspondientes a los homicidios (doloso y culposo), secuestros y extorsiones hemos incorporado un análisis sobre las estadísticas de víctimas que están disponibles en el SESNSP como resultado del acuerdo 05-XXXV-13 del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), adoptado el 20 de diciembre de 2013 por sus integrantes. Es importante señalar que a partir de este reporte en el apartado relacionado con secuestro se analizarán las cifras de averiguaciones previas y víctimas registradas en el fuero federal que fueron reportadas por la Procuraduría General de la República (PGR) al SESNSP como resultado de las acciones de la sociedad civil. Contar con estos datos es de suma importancia puesto que nos permitirá dimensionar y conocer más a detalle la victimización por estos delitos de alto impacto, de manera asociada a la labor de los agentes del ministerio público de cada entidad federativa. Debemos mencionar que esta información, dada la coyuntura nacional de seguridad, es fundamental para avanzar en la generación de diagnósticos más completos, objetivos y fundamentados sobre los procesos de violencia y delincuencia que se han gestado a lo largo del país.

Reporte sobre delitos de alto impacto. Febrero 2015

En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) renovamos diariamente nuestro compromiso social para lograr un México seguro, pacífico y justo; que cuente con un marco normativo que sea respetado por todos sin importar la edad, la profesión, el estrato económico al que uno pertenezca o el puesto que cada quien desempeñe. Un país en donde el respeto y el acatamiento de la norma sea lo que fomente y propicie tanto el desarrollo personal como el nacional, un país en el cual la ley se aplique sin distingos ni agendas políticas.
Sin lugar a dudas, este es un gran desafío sobre todo si tomamos en consideración que en semana recientes no solo ha sido evidenciado el rechazo y la aparente inexistencia de la norma sino sus profundas implicaciones sociales como la desconfianza hacia las instituciones públicas y entre los propios ciudadanos. Esta podría parecer como algo menor o sin importancia, sin embargo, se trata de un factor sumamente serio que conlleva un impacto negativo en las expresiones de participación ciudadana, en el tejido social y en el desarrollo económico.
Como parte de nuestra contribución para lograr mejorar las condiciones por las que atraviesa México, en conjunto con otras organizaciones sociales, hemos dado seguimiento puntual no solo a las estadísticas oficiales sobre incidencia delictiva sino que hemos identificado una serie de fortalezas y debilidades de las instituciones de seguridad y justicia, así como de la sociedad civil en nuestro país. Los análisis que llevamos a cabo mensualmente más allá de que tienen como principal objetivo, identificar objetivamente los avances y retrocesos, han dado a conocer importantes áreas de oportunidad en las instancias involucradas en el tema que deben ser atendidas si lo que realmente se pretende es garantizar la seguridad ciudadana y que prive dicho paradigma. Un ejemplo de ello, es la debilidad o inexistencia de procesos homologados y no seccionados de sistematización de la información estadística sobre incidencia delictiva que da como resultado una serie de insumos cuantitativos de baja calidad y poco rigurosos.
Identificar ese tipo de cuestiones es fundamental pues los diagnósticos que solo son una lectura superficial del problema, ajenos a las dificultades y prácticas institucionales, poco o nada aportan en la toma de decisiones pertinentes. Justamente debido a lo que se desempeña desde la sociedad civil, podemos afirmar que parte de la debilidad en el combate de la inseguridad y la violencia son los diagnósticos imprecisos sobre la delincuencia. Ello tiene serias consecuencias como el diseño e implementación de políticas públicas inadecuadas o el uso ineficiente de recursos que no tienen el impacto que deberían tener para controlar, desincentivar y prevenir la criminalidad.
Esto ha sido lo que ha sucedido en el caso del secuestro pues en los últimos 20 años, la sociedad mexicana se ha organizado y volcado vez tras vez a las calles, logrando que las autoridades atiendan el delito de una manera aparentemente contundente. Es cierto que parece que ha disminuido la incidencia de este delito, pero estamos conscientes de que nos encontramos aún muy lejos de que este crimen se haya logrado disminuir a su mínima expresión y mucho menos erradicarlo.
A lo largo de las dos últimas décadas, miles de vidas han sido marcadas por este terrible delito y así como señalamos cuando las cifras son elevadas en los delitos de alto impacto, hacemos mención que desde diciembre de 2014 se contabilizan menos de 100 averiguaciones previas de secuestro en el fuero común en el ámbito nacional. Es cierto que este es un avance importante, sin embargo, no podemos dejar de lado que el delito sigue reportándose inadecuadamente en las procuradurías locales, es decir, eligiendo criterios de registro personales y no los supuestos de la ley general en la materia o la enorme cantidad de casos que no se denuncian. Además de que faltan por ser considerados todos aquellos secuestros de migrantes cometidos en las distintas entidades federativas.
De la misma manera en que hacemos referencia a los puntos críticos o débiles de los análisis oficiales, hay que destacar que recientemente contamos con nuevos indicadores sobre el secuestro que nos permitirán complementar parcialmente las investigaciones sobre este tema. Se trata de las estadísticas sobre secuestros del fuero federal, que hasta el momento dan cuenta de 84 casos durante el primer bimestre de 2015 que a la par deben tomarse en consideración con los 188 casos del fuero común.
Gracias a la acción conjunta de Edna Jaime, María Elena Morera, Andrea Ambrogi, Alejandro Martí y Miguel Treviño, invitados permanentes al Consejo Nacional de Seguridad, así como a organizaciones como Alto Al Secuestro, México Unido Contra la Delincuencia o a la Red de Observatorios del ONC logramos que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) empezara a publicar las cifras de víctimas de secuestro, homicidio y extorsión, a parte del número de averiguaciones previas en 2014. Ello mismo ha sido posible a principios de 2015, con los registros de secuestros del fuero federal. Estos son importantes resultados de la sociedad civil y confiamos en que estos pasos nos permitirán contar con diagnósticos más precisos y, por ende, con decisiones más certeras para combatir y erradicar este delito. La experiencia de algunos países de nuestra región y de otras latitudes del mundo lo han logrado, por lo tanto, es inaceptable pensar que una familia más pase por este dolor en México.

Reporte sobre delitos de alto impacto. Enero 2015

La incidencia delictiva y la violencia en México continúan siendo temas que ameritan la atención de la comunidad nacional e internacional. Por ello, no es ninguna novedad que tanto autoridades como representantes de la sociedad civil debatamos sobre todos aquellos hechos que impactan la cotidianeidad de todos los que habitamos o transitamos por el territorio nacional. Quizás habrá quienes crean que hablar y analizar tan continuamente estos temas sea una exageración o una simple obsesión, sin embargo, la realidad es que la impunidad y la falta de seguridad en nuestro país no se pueden ignorar sobre todo cuando existe una amplia agenda que atender en esta materia.

Respecto a la problemática que enfrentamos es importante señalar que coexisten dos posturas sobre lo que realmente está sucediendo en materia de seguridad y justicia. Por un lado, las autoridades insisten en leer como contundentes los datos reportados por las procuradurías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a calificar como un éxito incuestionable su actuación, así como a destacar las capturas de famosos y peligrosos integrantes de grupos del crimen organizado. Por otro lado, nos encontramos algunos representantes de la sociedad civil, especialistas o medios de comunicación que hemos dado cuenta de la creciente violencia y sensación de inseguridad en ciertas entidades federativas, de la falta de confianza en el desempeño de nuestras autoridades y de las debilidad de los registros estatales de averiguaciones previas disponibles en el SESNSP. Seguir leyendo →

Reporte sobre delitos de alto impacto. Diciembre 2014

La criminalidad y violencia continúan siendo un problema muy serio en nuestro país, sobre el cual aún hace falta más y mejor información oficial. Esto no es ninguna novedad sino al contrario se trata de una cuestión histórica que aparentemente no ha sido considerada lo suficientemente prioritaria por nuestras autoridades. Por ende, no nos cansamos ni tememos insistir una vez más que requerimos de diagnósticos más objetivos y certeros que partan de información de calidad que permitan un control adecuado de la inseguridad y exigir la rendición de cuentas correspondiente. Lamentablemente, hasta que no contemos con ello, continuaremos escuchando la repetición de los discursos sobre los avances en materia de seguridad sin contar con las certezas que forzosamente necesitamos pues no se trata de una mera cuestión narrativa sino de resultados. Seguir leyendo →

Sr. Secretario, ¡usted está equivocado!

Una vez más las cifras pronunciadas por el Secretario de Gobernación no cuadran con la falta de seguridad en el país. De nuevo es evidente que tanto la sociedad como algunos representantes de la sociedad civil no estamos de acuerdo con nuestras autoridades. No se puede decir que México está en su mejor momento de seguridad en los últimos 10 años, cuando estamos viviendo en un escenario en el cual sabemos que se han denunciado y consumado 1,394 secuestros, 5,775 extorsiones y, por lo menos, 15,649 homicidios dolosos durante 2014.
En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) hemos dedicado parte de nuestra labor al análisis de la incidencia de los delitos de alto impacto en el país. Por esta razón, hemos publicado mes tras mes, los números correspondientes a las averiguaciones previas iniciadas por delitos del fuero común de alto impacto social, reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Derivado del análisis periódico de los índices de homicidio (doloso y culposo), secuestro, extorsión y robo (con violencia, de vehículo, a casa habitación y a negocio) hemos observado que las cifras oficiales que 7 de estos delitos disminuyeron de 2013 a 2014. Únicamente el homicidio culposo, el no intencional, presentó un alza que no es para nada menor, pues se inició una cifra récord de averiguaciones previas por este ilícito en 2014 al registrarse 16,961 casos.
En incontables ocasiones hemos discutido la validez de las estadísticas oficiales recopiladas y sistematizadas por las procuradurías estatales de justicia. Sin embargo, por sólo un momento hagamos a un lado esta cuestión técnica o metodológica y concentrémonos en lo verdaderamente sustantivo de la crisis nacional de inseguridad ciudadana:

1. Si bien hay marcados descensos de los delitos de alto impacto, 2014 no fue el mejor año de los últimos 10. Simplemente basta con observar lo sucedido en cuanto a secuestros, 2014 ha sido el cuarto peor año desde 2005; en homicidio doloso, fue el sexto; en culposo, el segundo; en extorsión, el quinto; y, finalmente, en robo con violencia, el séptimo.
2. Aunque 2014 ha sido el segundo año con menor cantidad de averiguaciones previas iniciadas de los últimos diez, esto se puede deber al aumento constante de la cifra negra. Esto significa que las personas cada vez denuncian menos, principalmente por causas atribuibles a las autoridades, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE).
3. Respecto al homicidio doloso, delito que ha sido utilizado como parámetro para evaluar los avances en materia de seguridad por parte de la autoridad, hay que mencionar que si bien es cierto que presenta un comportamiento a la baja en los últimos años, aún no es posible observar una franca mejoría respecto a los últimos 10 años. Hay que considerar que tan solo las averiguaciones previas contabilizadas en 2014 fueron 52.53% superiores a las de 2007.
4. En el caso de los delitos de secuestro y extorsión resulta comprensible que se haya presentado una baja luego de que durante el 2013, el primer año de gobierno de esta administración federal, se alcanzaran cifras históricas: 1,698 secuestros y 8,196 extorsiones. Pese a las reducciones de estos ilícitos que han sido tan publicitadas, en el caso del secuestro, la cantidad de casos generados en 2014 continúa siendo 218.26% superior a las de 2007, con lo cual queda en evidencia que estamos muy lejos de estar en el mejor contexto de seguridad de la última década. Lo mismo sucede con los índices de extorsión, pues las averiguaciones previas iniciadas por este delito en 2014, son 25.71% mayores a las reportadas en 2011.
5. Si bien algunas entidades cuentan con condiciones de seguridad aceptables en términos de incidencia delictiva; hay algunas que se encuentran en situación de verdaderos estados fallidos, como mínimo citar los casos de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
Incluso si tomáramos como ciertas las cifras oficiales no se pueden dar discursos triunfalistas con una comparación entre los de datos de 2014 respecto a los de 2013. Por ejemplo, Guerrero presenta tendencias al alza de 38.26% de los homicidios culposos, de 6.47% de los robos con violencia y de 0.58% de los robos a vehículo.
Otro claro ejemplo es el aumento de la delincuencia y violencia en Tamaulipas, ya que no sólo fue la entidad con más averiguaciones previas y víctimas de secuestro en cada uno de los meses de 2014, sino que al comparar estas cifras con las de 2013 se observa un incremento de 24.17% en las extorsiones, de 51.64% en los homicidios culposos y 13.15% en los dolosos.
6. Desde la implementación de los distintos operativos u operaciones conjuntas, México vive una crisis en materia de desapariciones forzadas e involuntarias que no ha sido reconocida en su justa dimensión como ha sido evidenciado por organismos internacionales. Esta problemática ha alcanzado tales dimensiones que inclusive a pesar de la existencia del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), las autoridades siguen sin saber cuántas con certeza personas desaparecidas hay en nuestro país.
7. No hay un seguimiento absoluto de la violencia ejercida y de los delitos cometidos contra migrantes en nuestro país, por lo tanto, ello invita a cuestionarnos si la seguridad exaltada en los discursos oficiales sólo toma en consideración la afectación exclusiva a los mexicanos.
8. México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, tan sólo basta recordar los últimos homicidios o secuestros de periodistas en entidades como Veracruz o Tamaulipas.
9. En los últimos meses ha habido una serie de delitos y violaciones a los derechos humanos que han cimbrado profundamente a la sociedad, sin que estemos cerca de que las autoridades garanticen la adecuada reparación del daño, justicia y verdad para las víctimas. Además si esto no es suficiente, a pesar de lo sucedido aún no se vislumbra el fortalecimiento de las instituciones y del Estado de Derecho para que este tipo de hechos no se repitan bajo ninguna circunstancia.
10. Que bajen los porcentajes de incidencia de las denuncias o averiguaciones previas reportadas en el SESNSP, no indica la disminución de la violencia. Las características de los delitos ponen en evidencia un aumento en la violencia, por lo cual la simple disminución de la estadística no es suficiente para decir que las personas vivimos más tranquilas y seguras en este país. Es decir, importan no sólo los cuántos, sino los cómos.
11. Hay demasiados casos aún donde la autoridad está siendo cómplice o autora de los delitos cometidos contra las personas, poniendo en evidencia que los ciudadanos estamos siendo atacados por nuestros mismos representantes que usan el peso de las instituciones para violar la ley.
12. A priori ningún ciudadano de este país tiene garantizado el acceso a la justicia, con o sin reforma penal.
13. Los niveles de impunidad que vivimos son aún tan altos que toda declaración triunfalista cae por sí sola.

Si optamos por considerar de manera exclusiva cuestiones técnicas o metodológicas de la información del SESNSP tendríamos que aclarar que:
1. Es costumbre que las entidades efectúen movimientos a la estadística anual, incluso varios meses después, por lo que los números que vemos hoy muy probablemente no son los definitivos (pensemos casos como Veracruz que en mayo 2014 agregó casi 23 911 delitos a la estadística anual de 2013 reportada en el SESNSP);
2. Sólo desde 2014 se cuenta con un conteo público de víctimas de delitos como homicidio, secuestro y extorsión, lo que se contabiliza son el número de denuncias, averiguaciones previas o carpetas de investigación, lo que no permite hacer comparativa e identificar comportamientos históricos sobre lo que más nos debe importar: las personas están siendo víctimas del delito.
3. En las encuestas de victimización que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) nos presenta, podemos deducir que el número de delitos no denunciados ha ido aumentado, por lo que la cifra oficial representa año con año un porcentaje menor del número de delitos que suceden en el país: en 2011 fueron 91.6% los delitos que no se denunciaron, en 2012 fueron el 92.1% y en 2013 llegaron a 93.8%;
4. Como en nuestros estudios hemos podido denunciar, las procuradurías locales en muchos casos registran los delitos con base en criterios individuales y a partir de lo establecido en la ley o en los propios lineamientos emitidos por INEGI-SESNSP, por lo que presentan una imagen poco fidedigna del universo de delitos que no se registran;
5. Es importante revisar los criterios de registro del homicidio doloso y culposo, ya que existen elementos que apuntan a que muchos homicidios intencionales son registrados de la manera contraria.
6. Con la implementación del nuevo sistema de justicia penal adversarial los delitos no graves han dejado de ser registrados de la misma manera en la que se hacía en el sistema inquisitorio, por lo que la estadística podría verse afectada.
7. En la información que publica el SESNSP no se incluyen aquellos delitos reportados ante autoridades de seguridad pública estatal o federal que no hayan sido también denunciados ante procuradurías locales. Además no incluye los casos atendidos por la Procuraduría General de la República (PGR).

Señor Secretario de Gobernación, es entendible que usted en su papel institucional busque recalcar las acciones positivas de este gobierno. Sin embargo, no es aceptable que los ciudadanos callemos ante estas declaraciones que propiamente parecen describir la realidad de otro país. Quienes hemos sido víctimas de delitos, quienes no viajamos escoltados o contamos con autos blindados y debemos temer por circular por las calles de nuestras ciudades no podemos callar; quienes hemos perdido a un ser querido, quienes en los últimos meses hemos debido enfrentar secuestros o extorsiones no podemos aceptar sus declaraciones que son carentes de sensibilidad para todas las víctimas del país.
Es fundamental entender que el objetivo no es que baje la estadística de incidencia delictiva sino que la sociedad viva mejor; que existan oportunidades de progreso dentro de la ley; que los jóvenes tengan oportunidades que los alejen de la delincuencia; que la ley no sea letra muerta; que absolutamente todos seamos iguales frente a la ley y exista un verdadero acceso a la justicia, lo que necesitamos es vivir en un Estado de Derecho real y no solo formal. En cuanto alcancemos cada una de estas cosas, veremos como consecuencia la baja de la criminalidad y la violencia.
Como ciudadano pido a nuestras autoridades que, antes de emitir estas declaraciones, se pongan en los zapatos de alguien que no puede circular libremente por una carretera, que tiene miedo al ir a un cajero automático, que debe enfrentar cotidianamente el cobro del derecho de piso. Ahora como titular de una organización enfocada en esta materia y como representante de la sociedad civil, pido que revisen mejor la información que dan a conocer en sus discursos para que se percaten que ésta no corresponde a lo que vivimos día tras día. En el caso de que nuestras autoridades cuenten con fuentes alternas de información, les pido por favor las hagan públicas y de fácil acceso para que todos entendamos y conozcamos las fuentes de sus declaraciones.
Es hora de enfrentar la realidad y reconocer que los problemas del país no se resuelven sólo con una comunicación triunfalista que suena bien tras pronunciarla sistemáticamente.

Francisco Rivas
Director General del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL

Reporte sobre delitos de alto impacto. Noviembre 2014

El último cuatrimestre del año resultó un periodo muy difícil para la autoridad federal, pues tuvo que enfrentar una serie de graves eventos de incidencia delictiva que evidenciaron la colusión entre autoridades y diversos grupos del crimen organizado. Cada vez fueron más visibles las violaciones a los derechos humanos y los actos de corrupción, al grado que pusieron en entredicho la narrativa oficial sobre la mejora de las condiciones de seguridad y la eficacia del gobierno federal en el combate al delito.
Las autoridades del Estado, con el inicio de 2015, vuelven a hablar sobre los avances obtenidos frente a la criminalidad en nuestro país. Para muestra de ello, tan solo basta con recordar las declaraciones del presidente Peña Nieto en Ciudad Juárez, el pasado 14 de enero, en las cuales puso como ejemplo los resultados alcanzados en la ciudad fronteriza tras declarar que “la significativa reducción en los índices de criminalidad y homicidios en esta ciudad proyecta a México ante el mundo como una nación que está cambiando y mejorando sus condiciones de seguridad […] Y que está reduciendo los índices de violencia que son los que más preocupaban a la sociedad mexicana”1.
Es cierto que las estadísticas oficiales reportadas por las procuradurías y fiscalías estatales presentan ciertas disminuciones, las cuales reflejan las denuncias que conllevaron el inicio de averiguaciones previas o carpetas de investigación. Dicha información que es publicada mensualmente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), muestra una baja generalizada de la incidencia de los delitos de alto impacto como se puede observar en las siguientes tablas:

resumen

Fuente: Elaboración del ONC con datos del SESNSP actualizados al 19 diciembre de 2014
¿Qué está pasando? ¿Podemos afirmar categóricamente que la incidencia delictiva está presentando un comportamiento a la baja en todo el país? Lamentablemente, la respuesta a esta preguntas es no. Con la evidencia e indicadores que contamos, lo único que podemos afirmar es que los registros oficiales de averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas disminuyeron sin que ello necesariamente implique la disminución de la incidencia delictiva. Esto se puede deber a los siguientes factores:

1. Como ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI) a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), los ciudadanos cada vez denuncian menos los delitos de los cuales fueron víctimas. La cifra negra en 2013 fue de 93.8% de acuerdo con el INEGI, es decir, que aproximadamente solo 6 de cada 100 se delitos se denuncian y derivan en el inicio de una averiguación previa. Debemos recordar que se trata de una denuncia cuando el ciudadano acude a una agencia del ministerio público, no solo cuando da parte de una noticia criminal a una policía local o federal, al ejercito o marina. Si bien existen registros policiales de cada una de las noticias criminales, lo que se toma en cuenta para medir la incidencia delictiva en México es únicamente la denuncia interpuesta
por el ciudadano ante las autoridades correspondientes de las procuradurías.

2. Los registros que hoy analizamos sobre incidencia delictiva únicamente corresponden a los delitos del fuero común, es decir, aquellos que son atendidos por las procuradurías o fiscalías estatales de justicia. Esto excluye todos los delitos del fuero federal y, por ende, aquellos que son atendidos por las autoridades federales.

3. Como pudimos demostrar en nuestro estudio Análisis Integral del Secuestro en México. Cómo entender esta problemática; si bien la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro es clara y reconoce la modalidad de secuestro exprés en el Artículo 9, los registros sobre dicha modalidad no forman parte de las estadísticas oficiales sobre incidencia delictiva de la mayoría de las entidades federativas. Ello se debe a que en muchas ocasiones, este tipo de secuestro es catalogado de diversas maneras tales como: extorsión, amenaza o robo con violencia. Esto no es algo menor pues modifica por completo el comportamiento del secuestro que se aprecia a partir del análisis de las estadísticas oficiales disponibles en el SESNSP.

4. En la mayoría de las entidades federativas no se registran para fines estadísticos, todas aquellas extorsiones que no fueron consumadas. Por ejemplo, si una familia recibe 6 llamadas extorsivas (amenazas o engaños) pero nunca paga el monto solicitado por el criminal durante un año, en buena parte de las entidades no existirá registro alguno de estos 6 eventos, pese a que la familia haya acudido al ministerio público a interponer su denuncia en cada una de las ocasiones.
5. Ante la implementación del nuevo sistema de justicia penal debemos considerar los retos que tenemos frente a nosotros en relación la manera de registrar y recopilar la información sobre incidencia delictiva con fines estadísticos. Uno de los elementos de este nuevo sistema implica la depresurización de los casos que llegan al sistema de administración de justicia, tratando que todos los casos no graves se resuelvan a través de los sistemas de justicia restaurativa. Por ejemplo, esto implica que una cantidad significativa de robos sin violencia serán tratados por conciliación, por lo cual no es necesario abrir una carpeta de investigación para estos eventos. Actualmente, los lineamientos y formatos implementados no captan los registros de este tipo de casos pues la información del SESNSP solo da cuenta de las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas.
Continuamente hemos destacado que la estadística criminal es fundamental para la toma de decisiones acertadas. Esto se debe a
que permite la elaboración de diagnósticos que tienen como fin dar a conocer el estado que guarda la problemática de inseguridad
y evaluar las acciones implementadas en la materia. Debido a los factores enlistados, podemos decir que desafortunadamente en
México no contamos con diagnósticos suficientemente completos para proyectar con precisión los recursos humanos, económicos
y los insumos necesarios para controlar la violencia y delincuencia, así como construir la paz en nuestro país.
Por estas razones, es fundamental destacar el acuerdo alcanzado en la XXXVII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública
en relación con el fortalecimiento de la calidad y cantidad de información pública. Este acuerdo impulsado por Edna Jaime, María
Elena Morera, Alejandro Martí, Andrea Ambrogi y Miguel Treviño como invitados permanentes a este consejo; es un esfuerzo
fundamental que no puede aplazarse si lo que queremos es resolver integralmente la crisis de inseguridad que nos aqueja. No
podemos aspirar a un país con paz y tranquilidad si contamos con los elementos mínimos para entender el fondo del fenómeno
delictivo y de la violencia que enfrentamos.
En resumen, ante el discurso de innegable mejora de la incidencia delictiva todos los mexicanos debemos ser cautelosos, parece que algunos delitos como secuestro, extorsión y robo van a la baja. Por lo tanto, a pesar de lo que pudiera interpretarse como avances de acuerdo con la estadística oficial de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas; no debemos olvidar bajo ninguna circunstancia la calidad de dicha información y lo que realmente refleja. Además se debe tener muy presente que es urgente tanto una metodología común como un modelo de capacitación e insumos homogéneos para generar una base que las entidades federativas asuman e implementen con responsabilidad, sin velar por interés político alguno, para mejorar la información y las políticas públicas en la materia. Otro aspecto que no debe ser olvidado es que, pese a las eventuales mejoras en la incidencia delictiva, cuando hacemos un análisis de la situación local podemos ver que algunas entidades no solo no han visto o experimentado dichas reducciones sino todo lo contrario, son víctimas del incremento de la criminalidad (como Tamaulipas en materia de secuestro o Guerrero y Michoacán en materia de homicidio).

FRANCISCO RIVAS
Director General
@frarivasCoL

1 Para conocer más a detalle el discurso del presidente Peña Nieto en Ciudad Juárez, Chihuahua, puede consultarse la nota informativa disponible en: <http://www.informador.com.mx/mexico/2015/570557/6/pena-nieto-resalta-reduccion-de-crimen-enciudad-
juarez.htm>