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Reporte sobre delitos de alto impacto, marzo 2017

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La información estadística sobre carpetas de investigación reportadas por las procuradurías y fiscalías generales de los estados revelan que continúa el alza de la incidencia delictiva, sin que existan políticas que logren frenar este fenómeno. Debido a esta situación, nos preocupa de sobremanera que aparentemente la crisis de seguridad y violencia por la cual atraviesa México no ha logrado detenerse en lo absoluto, al contrario continúa avanzando en detrimento del bienestar de la población.

Una prueba de lo anteriormente mencionado puede apreciarse si se compara la incidencia del primer trimestre de 2017 respecto a la del mismo periodo de años anteriores, pues los delitos de alto impacto aumentaron de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En este sentido vale la pena señalar que si se contrastan los valores absolutos del primer trimestre de 2017 con el mismo lapso de 2016 se aprecia el incremento de 29.48% de los homicidios dolosos, de 12.57% de los homicidios culposos, de 19.75% de los secuestros del fuero federal y común, de 29.55% de las extorsiones, de 32.31% de los robos con violencia, de 13.10% de los robos de vehículos, de 3.18% de los robos a casa habitación, de 47.43% de los robos a negocio, de 31.69% de los robos a transeúnte y de 5.74% de las violaciones.

Es importante mencionar que si analizamos únicamente la incidencia delictiva de marzo de 2017 y se compara con la del mes previo se observa, de igual manera, un comportamiento al alza.

Llevamos varios meses diciendo que dicho mes ha sido el peor en términos de violencia de los últimos años. Iniciando el año hablamos de cómo enero de 2017 había sido el mes con más homicidios del sexenio; cuando obtuvimos los datos de febrero analizamos si el bimestre 2017 era el peor de esta administración federal. Ahora podemos a rmar que el primer trimestre de 2017 ha sido peor no solo del sexenio sino desde que se cuenta con esta información estadística.

El panorama actual en materia de seguridad y justicia es sumamente complejo, nuestro país vive una crisis de violencia mientras las causas que la detonan continúan siendo las mismas que han sido identificadas por años y de las cuales tanto se ha hablado:

  • La lucha entre grupos de delincuencia organizada, y de estos contra el Estado, con la nalidad de obtener el control de determinados territorios.

 

  • La debilidad institucional para controlar y combatir el delito.
  • La corrupción de autoridades, mandos e incluso de la sociedad misma a partir de la cual se favorece la entrega territorios a grupos de delincuencia organizada, se desfalcan las nanzas públicas afectando la capacitación, equipamiento,infraestructura, salarios, prestaciones, desarrollo y motivación de policías, ministerios públicos y peritos.
  • La poca capacidad y falta de resultados frente al lavado de dinero.

  • La relativización y minimización del aumento de la falta de seguridad, la delincuencia y la violencia con la que responden las autoridades a cuestionamientos basados en evidencia.

Es innegable que la actual crisis de seguridad humana se desprende del actuar de las organizaciones delincuenciales. Sin embargo, tampoco se puede negar que la carencia de una estrategia y un compromiso real de las autoridades por poner todos los esfuerzos del Estado en la mejora de las condiciones de seguridad, abonan a que continúen perpetrándose todos aquellos ilícitos y actos violentos que han deteriorado nuestro bienestar.

Sin lugar a dudas, la información de incidencia delictiva de marzo de 2017 pone en evidencia que las acciones implementadas por nuestras autoridades carecen de efectos positivos en términos de mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Cada vez se vuelve más difícil tener una visión fresca ante el cúmulo de repeticiones de acciones ine caces e ine cientes que el Estado ha llevado a cabo en respuesta a la violencia.

Cada vez es más difícil decir algo nuevo sobre por qué estamos sumidos en esta crisis y cuáles son las posibles soluciones, en un escenario que se repite a sí mismo en acciones fallidas y resultados que incumplen.

Mientras el combate a la corrupción y lavado de dinero sea una simulación, mientras
las autoridades no rindan cuentas de su actuar, mientras no se reconozca la profunda crisis institucional que se vive, y mientras no se cumpla cabalmente con lo que la ley manda, los mexicanos viviremos este escenario en el cual periódicamente nos preguntamos: ¿este fue el peor mes del sexenio?

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte sobre delitos de alto impacto, febrero 2017

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Con base en la información del número de carpetas de investigación iniciadas en procuradurías y scalías de los estados, la incidencia delictiva parece seguir al alza sin que existan políticas que logren frenar este fenómeno. Esto es evidente si se comparan las

tasas por cada 100 mil habitantes, reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del 1er bimestre 2016 contra las del mismo periodo de 2017, pues podemos observar en el Reporte sobre delitos de alto impacto. Febrero 2017, que de los diez delitos analizados ocho aumentaron (homicidio doloso, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, robo a negocio y robo a transeúnte); mientras que se puede decir que el robo a casa habitación casi permaneción sin alteración alguna pues solo disminuyó 0.24% y las violaciones decrecieron apenas 1.70%. Estos datos asumen una connotación más grave si vemos que la tasa de robo a negocio presentó un aumento de casi 52%, extorsiones y robos con violencia del 32% cada uno, robo con violencia del 31%, los homicidios dolosos y robos de vehículo un 12% en ambos casos.

Los datos muestran que evidentemente 2017 presenta un escenario más peligroso para los ciudadanos del que se tuvo en 2016. El panorama es complejo si se busca dar una respuesta sobre las causas de esta innegable crisis de violencia que vive el país -más si se considera que llevamos años escuchando cómo los mismos factores producen los mismos resultados-.

La violencia se mantiene vigente debido a factores como la lucha que los grupos de delincuencia organizada mantienen entre sí y contra el Estado por controlar los territorios locales; la falta de pericia, capacidades, equipamiento y coordinación de las autoridades; la corrupción de las autoridades que favorecen o entregan territorios a los cárteles de

la droga, que desfalca las nanzas públicas afectando capacitación, equipamiento, infraestructura, salarios, prestaciones, desarrollo y motivación de policías, ministerios públicos y peritos; la crisis económica que funge como caldo de cultivo para la comisión
de delitos; las debilidades de los operadores del sistema de justicia que, tras la plena implementación del sistema adversarial, fallan en lograr un proceso apegado que sancione culpables y permita reparación del daño y acceso a la justicia para las víctimas.

Otro factor relevante es la relativización y minimización con la que las autoridades responden a las evidencias del aumento de inseguridad, delincuencia y violencia. Tomemos como ejemplo las declaraciones del Presidente Enrique Peña Nieto, quien dice que “la crisis está en nuestras cabezas” o la presentación del procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, quien en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, hablando de los resultados en materia de seguridad en esta entidad omitió reportar los delitos al alza como el homicidio doloso y presentó sólo los casos de delitos a la baja.

La deuda que los gobiernos locales mantienen con todos los mexicanos la puso en evidencia el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, al mencionar
que muchas autoridades estatales y municipales siguen gastando mal nuestros recursos destinados a la seguridad, en la expectativa que la federación resuelva lo que ellos pre eren no atender.

Febrero 2017 es un mes que pone más en evidencia que las acciones implementadas
por nuestras autoridades carecen de efectos positivos en términos de mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. A través de este Reporte buscamos llamar la atención de la opinión pública y de quienes manejan la seguridad del país. Desde el Observatorio Nacional Ciudadano renovamos nuestra disposición en donar nuestro trabajo para mejorar las políticas de seguridad y justicia con quien muestre un genuino interés en trabajar rindiéndole cuentas a la sociedad.

Reporte sobre delitos de alto impacto, enero 2017

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Acorde con los datos o ciales de procuradurías y scalías generales de las entidades reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 2016 se caracterizó por ser un año violento. Esto principalmente se debe a que el repunte del homicidio doloso que inició en abril de 2015 se ha mantenido, marcando de la misma manera al primer mes de 2017, si se compara la tasa por cada 100 mil habitantes de víctimas de homicidio doloso de enero de 2017 (1.74) contra el promedio de la tasa nacional de 2016 (1.56), el aumento es de 11.46%.

El comportamiento de este delito de alto impacto en el ámbito nacional, lamentablemente re ere que su incidencia y las víctimas directas e indirectas de este ilícito no han podido contenerse en diversas regiones del país. En este sentido, vale la pena señalar que en enero de 2017, 12 entidades federativas reportaron una tasa de homicidio doloso superior a la tasa nacional (1.74), las cuales fueron: Colima (11.63), Baja California Sur (6.79), Guerrero (4.57), Chihuahua (4.02), Baja California (3.88), Sinaloa (3.82), Zacatecas (3.75), Morelos (3.46), Michoacán (2.79), Sonora (2.12), Oaxaca (1.95) y Guanajuato (1.76). La situación en estas entidades federativas evidencia que el homicidio continúa creciendo y que este tipo de violencia cada vez se expande más en nuestro país.

Lo que está sucediendo alrededor del homicidio es sumamente signi cativo, sobre todo si se considera que las intervenciones federales parecen no tener un efecto de nitivo sobre este. Esto no es algo menor pues al menos han transcurrido cinco meses de la implementación de la llamada estrategia de intervención focalizada en los 50 municipios con mayor número de homicidios; lo cual signi ca que la federación ha continuado optando por subsanar las carencias locales -resultado de negligencia, corrupción y desinterés de las autoridades locales-, poniendo en riesgo la vida de policías federales, marinos y soldados, sin que ello haya implicado la mejora de las condiciones de seguridad al menos durante una década.

Si bien el homicidio doloso por su gravedad y métrica, se vuelve el indicador clave para entender y analizar los niveles de violencia, falta de seguridad e incidencia delictiva; es necesario no perder de vista el comportamiento de los demás delitos de alto impacto. Desde esta perspectiva, en enero de 2017 se apreció el incremento de las tasas de homicidio culposo, extorsión, robo con violencia, de vehículo, a casa habitación, a negocio y transeúnte, si se compara con el promedio de las tasas nacionales de 2016. La siguiente tabla muestra, precisamente, la comparativa y evidencia que solo secuestro y violación mostraron una baja:

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Es reconocible el esfuerzo y sacri cio tanto de algunas autoridades federales como locales por restablecer condiciones aceptables para todas las personas. Sin embargo, la e cacia sigue dejando mucho qué desear como demuestran los datos o ciales de incidencia delictiva que mantienen graves asimetrías y de ciencias, y al 93.7% de cifra negra que persiste en nuestro país acorde con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016.

A quienes decidieron servir al pueblo de México debemos recordarles que agradecemos su servicio y entendemos lo difícil que es, sin que esto los exima de la crítica ante la falta de resultados, los errores a la hora de implementar sus “estrategias”, la revictimización a quien
el Estado ya le falló o los actos de corrupción de los integrantes de las instituciones. Urgen resultados y sobran justi caciones, que tanto les gustan a las autoridades, del por qué los datos no son tan graves o de cómo los aumentos no son tan relevantes. Asimismo debemos recordarles que los ciudadanos no andamos con armas, escoltados, en autos blindados y nos encontramos a expensas de ser robados, secuestrados, nados o desaparecidos, cada vez que salimos de nuestros hogares. Los mexicanos vivimos con miedo y los datos apuntan a que sus acciones no logran mejorar nuestra seguridad.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, diciembre 2016

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En las últimas semanas pareciera que solo hay una nota de interés para los medios de comunicación: la relación entre nuestro país y los Estados Unidos de Norteamérica. En los noticiarios de cadena nacional, medios impresos, electrónicos y artículos de opinión,

la principal nota informativa gira en torno a qué hace y declara el presidente de la nación vecina, y provoca un gran interés debido a que nadie en la historia moderna ha usado la xenofobia y discriminación como elementos de una estrategia de gobierno.

Es una realidad que el mundo en general y los mexicanos en particular, vivimos el peligro de un gobernante poderoso que ha mostrado desprecio por la ley y por todas aquellas circunstancias que no le resultan convenientes. La relación con un gobierno hostil, sin duda se vuelve prioritaria para nuestro país, más cuando este es nuestro primer socio comercial y vecino.

Sin embargo, no deben pasar a segundo plano los problemas internos por los cuales atraviesa México pues justamente su falta de resolución efectiva ha permitido que se perciba como un país en conflicto durante varios años. Es un hecho que la imagen que se ha concebido alrededor de nuestro país no es gratuita y, en buena medida, se ha derivado de la atención de ciente que nuestras autoridades han brindado al combate frente a la delincuencia, a la corrupción y a la impunidad crónica. Por lo tanto, si bien es necesario atender los efectos que pueden conllevar tanto los dichos como las decisiones del presidente estadounidense no se puede dejar a un lado los múltiples pendientes internos que han deteriorado nuestras condiciones de vida y desarrollo.

Desde este perspectiva, debe ser una prioridad el combate de fondo a la corrupción
y la impunidad que no solo debilitan a nuestras instuciones sino que deterioran sistemáticamente nuestras comunidades, se deben aplicar los recursos del Estado de manera impecable en el fortalecimiento institucional para lograr un sistema educativo y de justicia de calidad, se debe apoyar a los sectores desfavorecidos con miras a generar un piso parejo en materia de oportunidades de acceso al trabajo, a micro créditos; impulsando la reconstrucción del tejido social.

Estas son el tipo de acciones que debemos impulsar para fortalecernos como país y lograr una mayor independencia de las amenazas externas. Han pasado cuatro años desde que tomó posesión la nueva administración y si bien en sus inicios, aparentemente hubo una ligera disminución en ciertos indicadores de violencia como el homicidio doloso, lo cierto es que el año 2016 cierra en niveles altamente preocupantes. Este doceavo reporte sobre delitos de alto impacto realizado por el equipo de investigación del ONC da cuenta de los altos niveles que han alcanzado ciertos delitos en comparación con años previos,
lo cual da cuenta que en México permanece una signi cativa deuda en relación con la

seguridad humana y el respeto a los derechos humanos.
El presidente estadounidense se ha declarado una y otra vez como enemigo de México,

despreciando a nuestra gente. Es hora de que las acciones que se llevan a cabo en este país, busquen resolver muchos de los motivos por los cuales nuestros paisanos abandonan sus tierras natales para ir a entregar sus talentos en un país donde hoy viven en peligro de ser marginados, menospreciados y deportados como delincuentes.

México debe velar por su gente, protegerla generando incentivos para que siga aquí, al tiempo que le recuerda al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que muchos
de los problemas que él critica de México, como la presencia de los grupos de delincuencia organizada, en parte se deben a su laxa regulación de armas y su fracaso en reducir el consumo de drogas en su país. México es un gran país, nos toca demostrarlo con acciones y sin demagogia.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Desapariciones forzadas e involuntarias: El registro estadístico de la desaparición: ¿delito o circunstancia?

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La colección ¿Cómo entender las desapariciones forzadas e involuntarias? Perspectivas de política pública tiene como objetivo generar una mejora de la gobernanza en materia de desapariciones en México a través del análisis de las acciones emprendidas por las distintas autoridades de los niveles de gobierno, de la recuperación de la experiencia comparada internacional y del conocimiento de diversas asociaciones civiles y colectivos especializados.

Además de complementar las investigaciones ya existentes sobre desapariciones, esta colección de nirá una ruta crítica para los hacedores de política en lo referente al registro estadístico, búsqueda de personas, investigación de casos, atención a víctimas, procedimientos forenses, entre otras áreas. Se pretende que esta serie de publicaciones sea de un carácter más pragmático, aunque no se dejarán de lado contenidos contex- tuales que permitan entender el tema y su importancia.
Los fascículos de esta colección son los siguientes:

1) El registro estadístico de la desaparición: ¿delito o circunstancia?
2) Marco legal, políticas públicas y líneas de acción en materia de desapariciones forzadas e involuntarias 3) Estatus de las instituciones relacionadas con las desapariciones: procuración, atención a víctimas y áreas forenses
4) ¿Cómo entendemos la desaparición forzada e involuntaria? Víctimas, especialistas y autoridades

Cabe destacar que el orden de dichos fascículos no pretende jerarquizar las áreas de política. De hecho, las complementariedades entre dichas áreas son cruciales para detonar un cambio signi cativo en la materia.

Este fascículo versará sobre el registro estadístico de las desapariciones. Cuando leemos en algún periódi- co, medio digital, investigación o manta de protesta que en el país hay más de 20 mil desaparecidos, ¿sabemos de dónde proviene tal cifra? ¿Podemos estar seguros de la con abilidad de esta cantidad? ¿Qué características tiene el registro de dónde provino ese número? ¿Hay otros registros que cumplan con el mismo objetivo? Además de contabilizar a las personas desaparecidas, ¿puede un registro estadístico sólido coadyuvar en las investigaciones de los casos?

Más que cifras, debemos recordar que detrás de estas se encuentran personas por lo que minimizar la gravedad del problema mediante argucias o enredos estadísticos constituye un discurso político ofensivo y carente de responsabilidad. La mejora del registro estadístico de las desapariciones es de una importancia toral aunque por el momento solo se considere como un tema o asunto secundario. Sin registros estadísticos sólidos, con ables y oportunos, no sabremos identi car la magnitud del problema y por ende, será muy difícil determinar la cantidad de recursos necesarios para mejorar la investigación de casos, la atención a víctimas
o las capacidades institucionales forenses. Como ya está sucediendo, ante la incapacidad o ine ciencia de algunas autoridades, las organizaciones del tercer sector especializadas en el tema han adoptado un papel que sustituye crecientemente al del gobierno. El registro estadístico no es la excepción.

Reporte mensual de delitos de alto impacto, noviembre 2016

 

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En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) continuamos preocupados por los altos índices de delincuencia y violencia, así como por la falta de acciones en el corto plazo y de una estrategia de largo plazo que logre mejorar

las condiciones de seguridad en las que se encuentra el país y generar un respeto a la norma en la sociedad. Lamentablemente, esta preocupación ha permanecido como una constante a pesar que ha transcurrido más de una década en la cual las autoridades han tenido la oportunidad de actuar efectivamente frente a la crisis de seguridad humana y no lo han hecho.

Si comparamos los primeros 11 meses de 2015 contra los de 2016, se puede identi car un aumento de las tasas por cada 100 mil habitantes de 21% de homicidio doloso, 5% en secuestro, 4% en robo a negocio y 4% violaciones. Otros delitos como robo con violencia y de vehículo presentaron incrementos marginales de 0.35 y 0.57%. En sentido opuesto se observa que solo las tasas por cada 100 mil habtantes de homicidio culposo, extorsión, robo a casa habitación y a transeúnte disminuyeron 7, 3, 7 y 9% respectivamente.

Por consiguiente, es un hecho que noviembre de 2016 se caracterizó por graves problemas de homicidio doloso, por el aumento de 6 de los 10 delitos de alto impacto en lo que va del año y, en una visión más amplia, se posiciona como el 5to mes más violento de la administración del presidente Enrique Peña Nieto (desde diciembre de 2012). Desde esta perspectiva, vale la pena retomar que en 2016 se registraron los meses con mayor cantidad de casos de homicidios dolosos reportados o cialmente en el actual sexenio; en primer lugar, se ubica septiembre; en segundo lugar, agosto; en tercer lugar, julio y; en cuarto lugar, octubre, todos estos de 2016.

Cuando el ONC presentó el Reporte sobre delitos de alto impacto. Septiembre 2016, alertando por estos alarmantes números, las autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), minimizaron los datos y usaron la información que en ese momento no era pública relativa a octubre para hablar de una reducción mensual de 6% de los homicidios dolosos (5.62% para ser exactos), como ejemplo de que la estrategia anunciada por el presidente Peña Nieto en el Consejo Nacional de Seguridad(CNSP) para reducir los homicidios en los 50 municipios con mayor incidencia de los mismos, estaba funcionando.

Con los datos de noviembre a la mano podemos ver que el homicidio doloso prácticamente no tuvo variación de octubre a noviembre, ya que el número de carpetas de investigación se redujo apenas 0.75% entre estos dos meses. Sin lugar a dudas, este indicador no solo permite poner en entredicho los discursos halagueños o triunfalistas que han sido pronunciados por distintas autoridades sino la propia eficacia de la medida emprendida por la autoridad federal tres meses después de que esta iniciase.

Desde el ONC insistimos que el homicidio doloso y otros delitos violentos podrán tener reducciones en el corto plazo, sin embargo, ello no implica la mejora de las condiciones de seguridad en el largo plazo. Esto se debe a que seguimos careciendo de corresponsabilidad de los gobiernos locales, continuamos atacando los efectos y no las causas de los problemas; la corrupción sigue debilitando la acción del gobierno, los recursos de las instituciones y manteniendo vigente la impunidad en la sanción a los delitos.

La violencia preocupa y seguramente seguirá siendo una preocupación hasta que no haya un compromiso serio por parte de nuestras autoridades para construir las instituciones de seguridad y justicia que necesitamos, hasta que se incentive el respeto de la norma y se logre debilitar los recursos de los delincuentes, empezando por sus recursos económicos.

A pesar que se ha cumplido una década de la denominada “Guerra contra el narcotrá co”, la delincuencia organizada mantiene su poder debido a que permanecen intactas sus riquezas que les permite continuar comprando voluntades políticas y justicia, que les permite continuar delinquiendo incluso desde penales y abasteciéndose de armas para seguir dominando la vida de tantas personas.

Ante este escenario en conjunto con la actual crisis económica es altamente probable que los robos y secuestros aumentarán en 2017. Frente a ello, es necesario que la autoridad deje de simular, perder tiempo excusándose e invertir todo su capital en generar ese Estado de Derecho que los mexicanos necesitamos para hacer atractivo el país al turismo, la inversión extranjera, proteger los derechos de propiedad para poder progresar y vivir seguros como nos lo merecemos cada uno de nosotros.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL