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Reporte sobre delitos de alto impacto, marzo 2017

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La información estadística sobre carpetas de investigación reportadas por las procuradurías y fiscalías generales de los estados revelan que continúa el alza de la incidencia delictiva, sin que existan políticas que logren frenar este fenómeno. Debido a esta situación, nos preocupa de sobremanera que aparentemente la crisis de seguridad y violencia por la cual atraviesa México no ha logrado detenerse en lo absoluto, al contrario continúa avanzando en detrimento del bienestar de la población.

Una prueba de lo anteriormente mencionado puede apreciarse si se compara la incidencia del primer trimestre de 2017 respecto a la del mismo periodo de años anteriores, pues los delitos de alto impacto aumentaron de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En este sentido vale la pena señalar que si se contrastan los valores absolutos del primer trimestre de 2017 con el mismo lapso de 2016 se aprecia el incremento de 29.48% de los homicidios dolosos, de 12.57% de los homicidios culposos, de 19.75% de los secuestros del fuero federal y común, de 29.55% de las extorsiones, de 32.31% de los robos con violencia, de 13.10% de los robos de vehículos, de 3.18% de los robos a casa habitación, de 47.43% de los robos a negocio, de 31.69% de los robos a transeúnte y de 5.74% de las violaciones.

Es importante mencionar que si analizamos únicamente la incidencia delictiva de marzo de 2017 y se compara con la del mes previo se observa, de igual manera, un comportamiento al alza.

Llevamos varios meses diciendo que dicho mes ha sido el peor en términos de violencia de los últimos años. Iniciando el año hablamos de cómo enero de 2017 había sido el mes con más homicidios del sexenio; cuando obtuvimos los datos de febrero analizamos si el bimestre 2017 era el peor de esta administración federal. Ahora podemos a rmar que el primer trimestre de 2017 ha sido peor no solo del sexenio sino desde que se cuenta con esta información estadística.

El panorama actual en materia de seguridad y justicia es sumamente complejo, nuestro país vive una crisis de violencia mientras las causas que la detonan continúan siendo las mismas que han sido identificadas por años y de las cuales tanto se ha hablado:

  • La lucha entre grupos de delincuencia organizada, y de estos contra el Estado, con la nalidad de obtener el control de determinados territorios.

 

  • La debilidad institucional para controlar y combatir el delito.
  • La corrupción de autoridades, mandos e incluso de la sociedad misma a partir de la cual se favorece la entrega territorios a grupos de delincuencia organizada, se desfalcan las nanzas públicas afectando la capacitación, equipamiento,infraestructura, salarios, prestaciones, desarrollo y motivación de policías, ministerios públicos y peritos.
  • La poca capacidad y falta de resultados frente al lavado de dinero.

  • La relativización y minimización del aumento de la falta de seguridad, la delincuencia y la violencia con la que responden las autoridades a cuestionamientos basados en evidencia.

Es innegable que la actual crisis de seguridad humana se desprende del actuar de las organizaciones delincuenciales. Sin embargo, tampoco se puede negar que la carencia de una estrategia y un compromiso real de las autoridades por poner todos los esfuerzos del Estado en la mejora de las condiciones de seguridad, abonan a que continúen perpetrándose todos aquellos ilícitos y actos violentos que han deteriorado nuestro bienestar.

Sin lugar a dudas, la información de incidencia delictiva de marzo de 2017 pone en evidencia que las acciones implementadas por nuestras autoridades carecen de efectos positivos en términos de mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Cada vez se vuelve más difícil tener una visión fresca ante el cúmulo de repeticiones de acciones ine caces e ine cientes que el Estado ha llevado a cabo en respuesta a la violencia.

Cada vez es más difícil decir algo nuevo sobre por qué estamos sumidos en esta crisis y cuáles son las posibles soluciones, en un escenario que se repite a sí mismo en acciones fallidas y resultados que incumplen.

Mientras el combate a la corrupción y lavado de dinero sea una simulación, mientras
las autoridades no rindan cuentas de su actuar, mientras no se reconozca la profunda crisis institucional que se vive, y mientras no se cumpla cabalmente con lo que la ley manda, los mexicanos viviremos este escenario en el cual periódicamente nos preguntamos: ¿este fue el peor mes del sexenio?

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte sobre delitos de alto impacto, febrero 2017

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Con base en la información del número de carpetas de investigación iniciadas en procuradurías y scalías de los estados, la incidencia delictiva parece seguir al alza sin que existan políticas que logren frenar este fenómeno. Esto es evidente si se comparan las

tasas por cada 100 mil habitantes, reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del 1er bimestre 2016 contra las del mismo periodo de 2017, pues podemos observar en el Reporte sobre delitos de alto impacto. Febrero 2017, que de los diez delitos analizados ocho aumentaron (homicidio doloso, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, robo a negocio y robo a transeúnte); mientras que se puede decir que el robo a casa habitación casi permaneción sin alteración alguna pues solo disminuyó 0.24% y las violaciones decrecieron apenas 1.70%. Estos datos asumen una connotación más grave si vemos que la tasa de robo a negocio presentó un aumento de casi 52%, extorsiones y robos con violencia del 32% cada uno, robo con violencia del 31%, los homicidios dolosos y robos de vehículo un 12% en ambos casos.

Los datos muestran que evidentemente 2017 presenta un escenario más peligroso para los ciudadanos del que se tuvo en 2016. El panorama es complejo si se busca dar una respuesta sobre las causas de esta innegable crisis de violencia que vive el país -más si se considera que llevamos años escuchando cómo los mismos factores producen los mismos resultados-.

La violencia se mantiene vigente debido a factores como la lucha que los grupos de delincuencia organizada mantienen entre sí y contra el Estado por controlar los territorios locales; la falta de pericia, capacidades, equipamiento y coordinación de las autoridades; la corrupción de las autoridades que favorecen o entregan territorios a los cárteles de

la droga, que desfalca las nanzas públicas afectando capacitación, equipamiento, infraestructura, salarios, prestaciones, desarrollo y motivación de policías, ministerios públicos y peritos; la crisis económica que funge como caldo de cultivo para la comisión
de delitos; las debilidades de los operadores del sistema de justicia que, tras la plena implementación del sistema adversarial, fallan en lograr un proceso apegado que sancione culpables y permita reparación del daño y acceso a la justicia para las víctimas.

Otro factor relevante es la relativización y minimización con la que las autoridades responden a las evidencias del aumento de inseguridad, delincuencia y violencia. Tomemos como ejemplo las declaraciones del Presidente Enrique Peña Nieto, quien dice que “la crisis está en nuestras cabezas” o la presentación del procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, quien en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, hablando de los resultados en materia de seguridad en esta entidad omitió reportar los delitos al alza como el homicidio doloso y presentó sólo los casos de delitos a la baja.

La deuda que los gobiernos locales mantienen con todos los mexicanos la puso en evidencia el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, al mencionar
que muchas autoridades estatales y municipales siguen gastando mal nuestros recursos destinados a la seguridad, en la expectativa que la federación resuelva lo que ellos pre eren no atender.

Febrero 2017 es un mes que pone más en evidencia que las acciones implementadas
por nuestras autoridades carecen de efectos positivos en términos de mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. A través de este Reporte buscamos llamar la atención de la opinión pública y de quienes manejan la seguridad del país. Desde el Observatorio Nacional Ciudadano renovamos nuestra disposición en donar nuestro trabajo para mejorar las políticas de seguridad y justicia con quien muestre un genuino interés en trabajar rindiéndole cuentas a la sociedad.