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Reporte sobre delitos de alto impacto, marzo 2017

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La información estadística sobre carpetas de investigación reportadas por las procuradurías y fiscalías generales de los estados revelan que continúa el alza de la incidencia delictiva, sin que existan políticas que logren frenar este fenómeno. Debido a esta situación, nos preocupa de sobremanera que aparentemente la crisis de seguridad y violencia por la cual atraviesa México no ha logrado detenerse en lo absoluto, al contrario continúa avanzando en detrimento del bienestar de la población.

Una prueba de lo anteriormente mencionado puede apreciarse si se compara la incidencia del primer trimestre de 2017 respecto a la del mismo periodo de años anteriores, pues los delitos de alto impacto aumentaron de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En este sentido vale la pena señalar que si se contrastan los valores absolutos del primer trimestre de 2017 con el mismo lapso de 2016 se aprecia el incremento de 29.48% de los homicidios dolosos, de 12.57% de los homicidios culposos, de 19.75% de los secuestros del fuero federal y común, de 29.55% de las extorsiones, de 32.31% de los robos con violencia, de 13.10% de los robos de vehículos, de 3.18% de los robos a casa habitación, de 47.43% de los robos a negocio, de 31.69% de los robos a transeúnte y de 5.74% de las violaciones.

Es importante mencionar que si analizamos únicamente la incidencia delictiva de marzo de 2017 y se compara con la del mes previo se observa, de igual manera, un comportamiento al alza.

Llevamos varios meses diciendo que dicho mes ha sido el peor en términos de violencia de los últimos años. Iniciando el año hablamos de cómo enero de 2017 había sido el mes con más homicidios del sexenio; cuando obtuvimos los datos de febrero analizamos si el bimestre 2017 era el peor de esta administración federal. Ahora podemos a rmar que el primer trimestre de 2017 ha sido peor no solo del sexenio sino desde que se cuenta con esta información estadística.

El panorama actual en materia de seguridad y justicia es sumamente complejo, nuestro país vive una crisis de violencia mientras las causas que la detonan continúan siendo las mismas que han sido identificadas por años y de las cuales tanto se ha hablado:

  • La lucha entre grupos de delincuencia organizada, y de estos contra el Estado, con la nalidad de obtener el control de determinados territorios.

 

  • La debilidad institucional para controlar y combatir el delito.
  • La corrupción de autoridades, mandos e incluso de la sociedad misma a partir de la cual se favorece la entrega territorios a grupos de delincuencia organizada, se desfalcan las nanzas públicas afectando la capacitación, equipamiento,infraestructura, salarios, prestaciones, desarrollo y motivación de policías, ministerios públicos y peritos.
  • La poca capacidad y falta de resultados frente al lavado de dinero.

  • La relativización y minimización del aumento de la falta de seguridad, la delincuencia y la violencia con la que responden las autoridades a cuestionamientos basados en evidencia.

Es innegable que la actual crisis de seguridad humana se desprende del actuar de las organizaciones delincuenciales. Sin embargo, tampoco se puede negar que la carencia de una estrategia y un compromiso real de las autoridades por poner todos los esfuerzos del Estado en la mejora de las condiciones de seguridad, abonan a que continúen perpetrándose todos aquellos ilícitos y actos violentos que han deteriorado nuestro bienestar.

Sin lugar a dudas, la información de incidencia delictiva de marzo de 2017 pone en evidencia que las acciones implementadas por nuestras autoridades carecen de efectos positivos en términos de mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Cada vez se vuelve más difícil tener una visión fresca ante el cúmulo de repeticiones de acciones ine caces e ine cientes que el Estado ha llevado a cabo en respuesta a la violencia.

Cada vez es más difícil decir algo nuevo sobre por qué estamos sumidos en esta crisis y cuáles son las posibles soluciones, en un escenario que se repite a sí mismo en acciones fallidas y resultados que incumplen.

Mientras el combate a la corrupción y lavado de dinero sea una simulación, mientras
las autoridades no rindan cuentas de su actuar, mientras no se reconozca la profunda crisis institucional que se vive, y mientras no se cumpla cabalmente con lo que la ley manda, los mexicanos viviremos este escenario en el cual periódicamente nos preguntamos: ¿este fue el peor mes del sexenio?

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte sobre delitos de alto impacto, febrero 2017

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Con base en la información del número de carpetas de investigación iniciadas en procuradurías y scalías de los estados, la incidencia delictiva parece seguir al alza sin que existan políticas que logren frenar este fenómeno. Esto es evidente si se comparan las

tasas por cada 100 mil habitantes, reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del 1er bimestre 2016 contra las del mismo periodo de 2017, pues podemos observar en el Reporte sobre delitos de alto impacto. Febrero 2017, que de los diez delitos analizados ocho aumentaron (homicidio doloso, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, robo a negocio y robo a transeúnte); mientras que se puede decir que el robo a casa habitación casi permaneción sin alteración alguna pues solo disminuyó 0.24% y las violaciones decrecieron apenas 1.70%. Estos datos asumen una connotación más grave si vemos que la tasa de robo a negocio presentó un aumento de casi 52%, extorsiones y robos con violencia del 32% cada uno, robo con violencia del 31%, los homicidios dolosos y robos de vehículo un 12% en ambos casos.

Los datos muestran que evidentemente 2017 presenta un escenario más peligroso para los ciudadanos del que se tuvo en 2016. El panorama es complejo si se busca dar una respuesta sobre las causas de esta innegable crisis de violencia que vive el país -más si se considera que llevamos años escuchando cómo los mismos factores producen los mismos resultados-.

La violencia se mantiene vigente debido a factores como la lucha que los grupos de delincuencia organizada mantienen entre sí y contra el Estado por controlar los territorios locales; la falta de pericia, capacidades, equipamiento y coordinación de las autoridades; la corrupción de las autoridades que favorecen o entregan territorios a los cárteles de

la droga, que desfalca las nanzas públicas afectando capacitación, equipamiento, infraestructura, salarios, prestaciones, desarrollo y motivación de policías, ministerios públicos y peritos; la crisis económica que funge como caldo de cultivo para la comisión
de delitos; las debilidades de los operadores del sistema de justicia que, tras la plena implementación del sistema adversarial, fallan en lograr un proceso apegado que sancione culpables y permita reparación del daño y acceso a la justicia para las víctimas.

Otro factor relevante es la relativización y minimización con la que las autoridades responden a las evidencias del aumento de inseguridad, delincuencia y violencia. Tomemos como ejemplo las declaraciones del Presidente Enrique Peña Nieto, quien dice que “la crisis está en nuestras cabezas” o la presentación del procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, quien en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, hablando de los resultados en materia de seguridad en esta entidad omitió reportar los delitos al alza como el homicidio doloso y presentó sólo los casos de delitos a la baja.

La deuda que los gobiernos locales mantienen con todos los mexicanos la puso en evidencia el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, al mencionar
que muchas autoridades estatales y municipales siguen gastando mal nuestros recursos destinados a la seguridad, en la expectativa que la federación resuelva lo que ellos pre eren no atender.

Febrero 2017 es un mes que pone más en evidencia que las acciones implementadas
por nuestras autoridades carecen de efectos positivos en términos de mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. A través de este Reporte buscamos llamar la atención de la opinión pública y de quienes manejan la seguridad del país. Desde el Observatorio Nacional Ciudadano renovamos nuestra disposición en donar nuestro trabajo para mejorar las políticas de seguridad y justicia con quien muestre un genuino interés en trabajar rindiéndole cuentas a la sociedad.

Reporte sobre delitos de alto impacto, enero 2017

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Acorde con los datos o ciales de procuradurías y scalías generales de las entidades reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 2016 se caracterizó por ser un año violento. Esto principalmente se debe a que el repunte del homicidio doloso que inició en abril de 2015 se ha mantenido, marcando de la misma manera al primer mes de 2017, si se compara la tasa por cada 100 mil habitantes de víctimas de homicidio doloso de enero de 2017 (1.74) contra el promedio de la tasa nacional de 2016 (1.56), el aumento es de 11.46%.

El comportamiento de este delito de alto impacto en el ámbito nacional, lamentablemente re ere que su incidencia y las víctimas directas e indirectas de este ilícito no han podido contenerse en diversas regiones del país. En este sentido, vale la pena señalar que en enero de 2017, 12 entidades federativas reportaron una tasa de homicidio doloso superior a la tasa nacional (1.74), las cuales fueron: Colima (11.63), Baja California Sur (6.79), Guerrero (4.57), Chihuahua (4.02), Baja California (3.88), Sinaloa (3.82), Zacatecas (3.75), Morelos (3.46), Michoacán (2.79), Sonora (2.12), Oaxaca (1.95) y Guanajuato (1.76). La situación en estas entidades federativas evidencia que el homicidio continúa creciendo y que este tipo de violencia cada vez se expande más en nuestro país.

Lo que está sucediendo alrededor del homicidio es sumamente signi cativo, sobre todo si se considera que las intervenciones federales parecen no tener un efecto de nitivo sobre este. Esto no es algo menor pues al menos han transcurrido cinco meses de la implementación de la llamada estrategia de intervención focalizada en los 50 municipios con mayor número de homicidios; lo cual signi ca que la federación ha continuado optando por subsanar las carencias locales -resultado de negligencia, corrupción y desinterés de las autoridades locales-, poniendo en riesgo la vida de policías federales, marinos y soldados, sin que ello haya implicado la mejora de las condiciones de seguridad al menos durante una década.

Si bien el homicidio doloso por su gravedad y métrica, se vuelve el indicador clave para entender y analizar los niveles de violencia, falta de seguridad e incidencia delictiva; es necesario no perder de vista el comportamiento de los demás delitos de alto impacto. Desde esta perspectiva, en enero de 2017 se apreció el incremento de las tasas de homicidio culposo, extorsión, robo con violencia, de vehículo, a casa habitación, a negocio y transeúnte, si se compara con el promedio de las tasas nacionales de 2016. La siguiente tabla muestra, precisamente, la comparativa y evidencia que solo secuestro y violación mostraron una baja:

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Es reconocible el esfuerzo y sacri cio tanto de algunas autoridades federales como locales por restablecer condiciones aceptables para todas las personas. Sin embargo, la e cacia sigue dejando mucho qué desear como demuestran los datos o ciales de incidencia delictiva que mantienen graves asimetrías y de ciencias, y al 93.7% de cifra negra que persiste en nuestro país acorde con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016.

A quienes decidieron servir al pueblo de México debemos recordarles que agradecemos su servicio y entendemos lo difícil que es, sin que esto los exima de la crítica ante la falta de resultados, los errores a la hora de implementar sus “estrategias”, la revictimización a quien
el Estado ya le falló o los actos de corrupción de los integrantes de las instituciones. Urgen resultados y sobran justi caciones, que tanto les gustan a las autoridades, del por qué los datos no son tan graves o de cómo los aumentos no son tan relevantes. Asimismo debemos recordarles que los ciudadanos no andamos con armas, escoltados, en autos blindados y nos encontramos a expensas de ser robados, secuestrados, nados o desaparecidos, cada vez que salimos de nuestros hogares. Los mexicanos vivimos con miedo y los datos apuntan a que sus acciones no logran mejorar nuestra seguridad.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, diciembre 2016

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En las últimas semanas pareciera que solo hay una nota de interés para los medios de comunicación: la relación entre nuestro país y los Estados Unidos de Norteamérica. En los noticiarios de cadena nacional, medios impresos, electrónicos y artículos de opinión,

la principal nota informativa gira en torno a qué hace y declara el presidente de la nación vecina, y provoca un gran interés debido a que nadie en la historia moderna ha usado la xenofobia y discriminación como elementos de una estrategia de gobierno.

Es una realidad que el mundo en general y los mexicanos en particular, vivimos el peligro de un gobernante poderoso que ha mostrado desprecio por la ley y por todas aquellas circunstancias que no le resultan convenientes. La relación con un gobierno hostil, sin duda se vuelve prioritaria para nuestro país, más cuando este es nuestro primer socio comercial y vecino.

Sin embargo, no deben pasar a segundo plano los problemas internos por los cuales atraviesa México pues justamente su falta de resolución efectiva ha permitido que se perciba como un país en conflicto durante varios años. Es un hecho que la imagen que se ha concebido alrededor de nuestro país no es gratuita y, en buena medida, se ha derivado de la atención de ciente que nuestras autoridades han brindado al combate frente a la delincuencia, a la corrupción y a la impunidad crónica. Por lo tanto, si bien es necesario atender los efectos que pueden conllevar tanto los dichos como las decisiones del presidente estadounidense no se puede dejar a un lado los múltiples pendientes internos que han deteriorado nuestras condiciones de vida y desarrollo.

Desde este perspectiva, debe ser una prioridad el combate de fondo a la corrupción
y la impunidad que no solo debilitan a nuestras instuciones sino que deterioran sistemáticamente nuestras comunidades, se deben aplicar los recursos del Estado de manera impecable en el fortalecimiento institucional para lograr un sistema educativo y de justicia de calidad, se debe apoyar a los sectores desfavorecidos con miras a generar un piso parejo en materia de oportunidades de acceso al trabajo, a micro créditos; impulsando la reconstrucción del tejido social.

Estas son el tipo de acciones que debemos impulsar para fortalecernos como país y lograr una mayor independencia de las amenazas externas. Han pasado cuatro años desde que tomó posesión la nueva administración y si bien en sus inicios, aparentemente hubo una ligera disminución en ciertos indicadores de violencia como el homicidio doloso, lo cierto es que el año 2016 cierra en niveles altamente preocupantes. Este doceavo reporte sobre delitos de alto impacto realizado por el equipo de investigación del ONC da cuenta de los altos niveles que han alcanzado ciertos delitos en comparación con años previos,
lo cual da cuenta que en México permanece una signi cativa deuda en relación con la

seguridad humana y el respeto a los derechos humanos.
El presidente estadounidense se ha declarado una y otra vez como enemigo de México,

despreciando a nuestra gente. Es hora de que las acciones que se llevan a cabo en este país, busquen resolver muchos de los motivos por los cuales nuestros paisanos abandonan sus tierras natales para ir a entregar sus talentos en un país donde hoy viven en peligro de ser marginados, menospreciados y deportados como delincuentes.

México debe velar por su gente, protegerla generando incentivos para que siga aquí, al tiempo que le recuerda al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que muchos
de los problemas que él critica de México, como la presencia de los grupos de delincuencia organizada, en parte se deben a su laxa regulación de armas y su fracaso en reducir el consumo de drogas en su país. México es un gran país, nos toca demostrarlo con acciones y sin demagogia.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Desapariciones forzadas e involuntarias: El registro estadístico de la desaparición: ¿delito o circunstancia?

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La colección ¿Cómo entender las desapariciones forzadas e involuntarias? Perspectivas de política pública tiene como objetivo generar una mejora de la gobernanza en materia de desapariciones en México a través del análisis de las acciones emprendidas por las distintas autoridades de los niveles de gobierno, de la recuperación de la experiencia comparada internacional y del conocimiento de diversas asociaciones civiles y colectivos especializados.

Además de complementar las investigaciones ya existentes sobre desapariciones, esta colección de nirá una ruta crítica para los hacedores de política en lo referente al registro estadístico, búsqueda de personas, investigación de casos, atención a víctimas, procedimientos forenses, entre otras áreas. Se pretende que esta serie de publicaciones sea de un carácter más pragmático, aunque no se dejarán de lado contenidos contex- tuales que permitan entender el tema y su importancia.
Los fascículos de esta colección son los siguientes:

1) El registro estadístico de la desaparición: ¿delito o circunstancia?
2) Marco legal, políticas públicas y líneas de acción en materia de desapariciones forzadas e involuntarias 3) Estatus de las instituciones relacionadas con las desapariciones: procuración, atención a víctimas y áreas forenses
4) ¿Cómo entendemos la desaparición forzada e involuntaria? Víctimas, especialistas y autoridades

Cabe destacar que el orden de dichos fascículos no pretende jerarquizar las áreas de política. De hecho, las complementariedades entre dichas áreas son cruciales para detonar un cambio signi cativo en la materia.

Este fascículo versará sobre el registro estadístico de las desapariciones. Cuando leemos en algún periódi- co, medio digital, investigación o manta de protesta que en el país hay más de 20 mil desaparecidos, ¿sabemos de dónde proviene tal cifra? ¿Podemos estar seguros de la con abilidad de esta cantidad? ¿Qué características tiene el registro de dónde provino ese número? ¿Hay otros registros que cumplan con el mismo objetivo? Además de contabilizar a las personas desaparecidas, ¿puede un registro estadístico sólido coadyuvar en las investigaciones de los casos?

Más que cifras, debemos recordar que detrás de estas se encuentran personas por lo que minimizar la gravedad del problema mediante argucias o enredos estadísticos constituye un discurso político ofensivo y carente de responsabilidad. La mejora del registro estadístico de las desapariciones es de una importancia toral aunque por el momento solo se considere como un tema o asunto secundario. Sin registros estadísticos sólidos, con ables y oportunos, no sabremos identi car la magnitud del problema y por ende, será muy difícil determinar la cantidad de recursos necesarios para mejorar la investigación de casos, la atención a víctimas
o las capacidades institucionales forenses. Como ya está sucediendo, ante la incapacidad o ine ciencia de algunas autoridades, las organizaciones del tercer sector especializadas en el tema han adoptado un papel que sustituye crecientemente al del gobierno. El registro estadístico no es la excepción.

Reporte mensual de delitos de alto impacto, noviembre 2016

 

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En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) continuamos preocupados por los altos índices de delincuencia y violencia, así como por la falta de acciones en el corto plazo y de una estrategia de largo plazo que logre mejorar

las condiciones de seguridad en las que se encuentra el país y generar un respeto a la norma en la sociedad. Lamentablemente, esta preocupación ha permanecido como una constante a pesar que ha transcurrido más de una década en la cual las autoridades han tenido la oportunidad de actuar efectivamente frente a la crisis de seguridad humana y no lo han hecho.

Si comparamos los primeros 11 meses de 2015 contra los de 2016, se puede identi car un aumento de las tasas por cada 100 mil habitantes de 21% de homicidio doloso, 5% en secuestro, 4% en robo a negocio y 4% violaciones. Otros delitos como robo con violencia y de vehículo presentaron incrementos marginales de 0.35 y 0.57%. En sentido opuesto se observa que solo las tasas por cada 100 mil habtantes de homicidio culposo, extorsión, robo a casa habitación y a transeúnte disminuyeron 7, 3, 7 y 9% respectivamente.

Por consiguiente, es un hecho que noviembre de 2016 se caracterizó por graves problemas de homicidio doloso, por el aumento de 6 de los 10 delitos de alto impacto en lo que va del año y, en una visión más amplia, se posiciona como el 5to mes más violento de la administración del presidente Enrique Peña Nieto (desde diciembre de 2012). Desde esta perspectiva, vale la pena retomar que en 2016 se registraron los meses con mayor cantidad de casos de homicidios dolosos reportados o cialmente en el actual sexenio; en primer lugar, se ubica septiembre; en segundo lugar, agosto; en tercer lugar, julio y; en cuarto lugar, octubre, todos estos de 2016.

Cuando el ONC presentó el Reporte sobre delitos de alto impacto. Septiembre 2016, alertando por estos alarmantes números, las autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), minimizaron los datos y usaron la información que en ese momento no era pública relativa a octubre para hablar de una reducción mensual de 6% de los homicidios dolosos (5.62% para ser exactos), como ejemplo de que la estrategia anunciada por el presidente Peña Nieto en el Consejo Nacional de Seguridad(CNSP) para reducir los homicidios en los 50 municipios con mayor incidencia de los mismos, estaba funcionando.

Con los datos de noviembre a la mano podemos ver que el homicidio doloso prácticamente no tuvo variación de octubre a noviembre, ya que el número de carpetas de investigación se redujo apenas 0.75% entre estos dos meses. Sin lugar a dudas, este indicador no solo permite poner en entredicho los discursos halagueños o triunfalistas que han sido pronunciados por distintas autoridades sino la propia eficacia de la medida emprendida por la autoridad federal tres meses después de que esta iniciase.

Desde el ONC insistimos que el homicidio doloso y otros delitos violentos podrán tener reducciones en el corto plazo, sin embargo, ello no implica la mejora de las condiciones de seguridad en el largo plazo. Esto se debe a que seguimos careciendo de corresponsabilidad de los gobiernos locales, continuamos atacando los efectos y no las causas de los problemas; la corrupción sigue debilitando la acción del gobierno, los recursos de las instituciones y manteniendo vigente la impunidad en la sanción a los delitos.

La violencia preocupa y seguramente seguirá siendo una preocupación hasta que no haya un compromiso serio por parte de nuestras autoridades para construir las instituciones de seguridad y justicia que necesitamos, hasta que se incentive el respeto de la norma y se logre debilitar los recursos de los delincuentes, empezando por sus recursos económicos.

A pesar que se ha cumplido una década de la denominada “Guerra contra el narcotrá co”, la delincuencia organizada mantiene su poder debido a que permanecen intactas sus riquezas que les permite continuar comprando voluntades políticas y justicia, que les permite continuar delinquiendo incluso desde penales y abasteciéndose de armas para seguir dominando la vida de tantas personas.

Ante este escenario en conjunto con la actual crisis económica es altamente probable que los robos y secuestros aumentarán en 2017. Frente a ello, es necesario que la autoridad deje de simular, perder tiempo excusándose e invertir todo su capital en generar ese Estado de Derecho que los mexicanos necesitamos para hacer atractivo el país al turismo, la inversión extranjera, proteger los derechos de propiedad para poder progresar y vivir seguros como nos lo merecemos cada uno de nosotros.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, octubre 2016

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Hace diez años el objetivo primordial del Gobierno Federal fue la lucha contra el narcotrá co, 122 capos que tendrían que ser detenidos o abatidos. La llamada “guerra contra el narco” lleva ya una década desde la toma de posesión del ex Presidente Felipe

Calderón, y que, junto con la salida del ejército y marina de los cuarteles y el inicio de las acciones para reducir la violencia en Michoacán, han marcado este trágico periodo, el
más violento en la historia reciente de México. Diez años después del inicio, la situación
se ha convertido en un cúmulo interminable de fracasos para detener la violencia que
se registra en varias regiones del país. Esta cruzada nos ha costado muy cara: 186 297 muertos, hasta el 2015, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 28 937 desaparecidos, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), y 10 934 detenidos por vínculos con el crimen organizado.

Se han alcanzado niveles de violencia nunca antes vistos en nuestro país como desmembrados, decapitados, personas colgadas en puentes, bombazos en plazas públicas en medio de festejos nacionales o incendios de comercios como manifestación de la extorsión presencial, y desde luego, el gasto de miles de millones de pesos destinados a seguridad y justicia que no se pudieron destinar para generar estrategias de educación para la población, ni para hacerlos más competitivos o para brindarles mejores servicios. Genera una gran preocupación que esta década ha normalizado la violencia en la sociedad, estigmatizando internacionalmente la imagen del país, y sin que hoy exista un plan que permita vislumbrar la luz al nal del túnel. Dicho de otra manera, a la mayor parte de la sociedad ya no le impresiona o indigna el nivel de violencia en un contexto donde tampoco se ve cómo se podría transformar esta situación.

Indudablemente, hoy respecto a 2006, contamos con fuerzas federales más equipadas, mejor entrenadas y ya experimentadas en lo que signi ca enfrentar a un enemigo con tantas caras y recursos, el Estado se ha hecho de instrumentos tecnológicos, jurídicos e instituciones destinadas a reducir el embate de la violencia. Sin embargo, es evidente

que el combate a la corrupción, el uso de inteligencia (en particular la nanciera),
la corresponsabilidad de gobiernos locales y sus capacidades siguen siendo tarea pendiente. Hace diez años nos dijeron que la reconstrucción de policías y procuradurías, la modernización del sistema de justicia y la inversión local en infraestructura nos llevaría a ganar la guerra, una década después, repetir el discurso suena trillado y vacío sin que mueva a la acción.

Es importante ser justos y claros, es innegable que un factor fundamental de la violencia tiene que ver con el narcotrá co, sin embargo, existen otros factores. La violencia que vivimos hoy es diferente a la de hace una década, era una obligación ineludible del Estado combatir a los narcos, y el esfuerzo que se hizo en reconstruir las instituciones, así como el sacri cio de muchos es loable, se han detenido o abatido a 100 de los 122 objetivos principales, pero esto no se ha traducido en una disminución de la violencia en el país ni en un debilitamiento de los cárteles de la droga sino todo lo contario, los cárteles han ampliado sus actividades ilícitas, además del trasiego de la droga: secuestran, extorsionan, operan la trata de personas y cometen otros robos como el de combustible. Hoy en México hay más grupos de la delincuencia organizada, la estrategia de combatirlos sigue causando miles de muertos, desapariciones de personas y violaciones a los derechos humanos.

Con esto en mente, podemos inferir que si hoy carecemos de una estrategia y resultados su cientes es porque muchos de los actores fundamentales (gobernadores, alcaldes, autoridades federales) no han cumplido su parte, se dedicaron a robar recursos en contubernio con empresarios, aunado a una sociedad pasiva. Esto ha sido posible porque el combate a la corrupción ha sido incipiente o nulo. Los niveles de violencia no bajan porque hemos insistido en combatir violencia con más violencia y no se tocan los recursos de los delincuentes, que pueden ser detenidos, pero también pueden seguir comprando la justicia o delinquiendo desde los penales. En diez años se ha insistido en la necesidad de trabajar en prevención, pero los esfuerzos por generar incentivos para que las personas vivan y progresen dentro de la ley han sido muy marginales o super ciales.

Ante el reciente repunte de violencia, la federación debe reconocer que la simulación y
las acciones cosméticas no sirven, que urge una estrategia con indicadores de desempeño y resultado, y una ruta crítica que permita medir y entender si estamos avanzando o no y que esta no debe ser emergente, sino debe entenderse como de largo respiro para incidir tanto
en las causas como en los efectos. Hoy vivimos en la incertidumbre, no sabemos si en diez años estaremos igual, mejor o peor; lo que es claro es que no podemos esperar a que a través de la repetición de las mismas estrategias obtendremos resultados diferentes. Debemos romper los lazos de corrupción, reducir el poder económico de los delincuentes y cristalizar esas instituciones locales de seguridad y justicia que tanto nos han prometido y tanto nos han costado a los mexicanos. Urge liderazgo y una ruta para que en diez años no sigamos llorando los muertos, lamentado las pérdidas y sin la esperanza de vivir en un país donde impere la paz y el Estado de Derecho.

FRANCISCO RIVAS @frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, Septiembre 2016

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Descarga el reporte sobre modificaciones a los registros de incidencia delictiva aquí

Los mexicanos nos sentimos inseguros, descon amos de la autoridad y de los procesos de acceso a la justicia. Esto no solo lo con rma el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)

y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), sino que día tras día lo atestiguamos. Si analizamos con detenimiento esta situación, es evidente que difícilmente podría ser de otra manera sobre todo porque pese a que los delitos de alto impacto parecieran estar disminuyendo acorde con las cifras o ciales, los procesos de victimización han aumentado. Un claro ejemplo es lo que está pasando con el homicidio doloso, el cual ha aumentado casi 20% al comparar las carpetas de investigación iniciadas de enero a septiembre 2016 contra el mismo periodo de 2015 de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Asimismo hemos leído casos de robos con violencia sufridos por la secretaria particular del procurador capitalino, el embajador de Trinidad y Tobago y su familia, y el de un alto ejecutivo de una de las escuderías que compitieron en el Gran Premio de la Ciudad de México hace algunos días. Todas estas personas cuentan con redes y aparatos de seguridad que debieron minimizar estos riesgos, pero, no lo hicieron no obstante a pesar de haber atravesado por esta experiencia victimizante, estas personas pueden acceder más fácil a la justicia, a diferencia de lo que ocurre con la mayor parte de la población.

Aunque nos duela admitirlo, vivimos en un país inseguro, violento y con alta incidencia delictiva. Aunque nos duela admitirlo vivimos en un país en el cual la autoridad invierte más tiempo justi cando la falta de resultados, descali cando el análisis de expertos y negando la realidad, más que trabajando en generar instituciones e caces y con ables para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

En este sentido deberíamos preguntar por qué, a pesar de haber gastado miles
de millones de pesos en la última década en capacitación, reingeniería institucional, equipamiento y tecnología, controles de con anza y contrataciones, seguimos teniendo policías y procuradurías con personal mal tratado, mal pagado, mal capacitado, mal equipado, insu ciente y poco con able. ¿Quién se ha enriquecido a costa de nuestros impuestos? ¿Por qué nadie responde ante la falta de capacidades institucionales y, por ende, la falta de resultados en la materia?

En un momento donde la crisis de seguridad y violencia debería ocuparnos en buscar responder a estas y otras preguntas, surge una propuesta que como mínimo debemos cali car de irresponsable y que parece caer en tierra fértil: modi car el artículo 10 de la Constitución, para que los ciudadanos podamos portar armas en autos y comercios para “autodefendernos”. Sí, es una propuesta equiparable a lo que sucedía hace más de tres siglos en el Viejo Oeste, al no haber un Estado capaz de proteger a los ciudadanos, por lo que ellos debían hacerlo por sí mismos.

El senador panista, Jorge Luis Preciado artí ce de esta propuesta, dice que pretende “darles armas a los buenos ciudadanos” mediante una especie de proceso de control de con anza. Probablemente, el senador Preciado desconoce los innumerables casos de policías que aprobaron los controles de con anza estando coludidos con el crimen, delinquiendo y secuestrando ciudadanos.

De la misma manera, el senador Preciado sustenta su propuesta sobre la base de casos como las tasas de homicidio doloso de Estados Unidos, correlacionándolas con el número de armas en manos de privados, olvidando por un lado los casos de violencia psicótica, urbana
o los accidentes ligados a la posesión de armas. Además deja a un lado que, la baja tasa nacional de homicidios asume connotaciones diferentes ante una mirada local, donde la violencia e incidencia delictiva se equiparan o superan a muchas de las localidades mexicanas y más aún, que por lo general, las instituciones policiales del país fronterizo son mucho más con ables.

Debo señalar que el senador Preciado ha logrado captar la atención de muchos ciudadanos insatisfechos y genuinamente preocupados; con el #SíALaLegítimaDefensa ha puesto un tema indefendible en la discusión nacional. No obstante, resulta muy preocupante que una autoridad que representa al Estado, desacredite los procesos institucionales, proponiendo poner en riesgo vidas en vez de invertir todo su capital político en mejorar las instituciones y en generar un piso parejo para todos, a través del arraigo y promoción de la cultura de la legalidad y de la paz.

La solicitud ciudadana de autodefenderse en un ambiente inseguro es entendible, pero no el aprovecharse de esta y hacerse publicidad a costa de la vida de mexicanos. Senador Preciado, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) no queremos aumentar los factores de riesgo que llevarán a una mayor desigualdad entre los mexicanos, que propicien aún más el trá co de armas, que faciliten la resolución violenta de conflictos y fomenten el desprecio de la autoridad.

En el ONC, no queremos un México donde invitemos a nuestros seres queridos y a quien visita nuestro país a que salga con arma y chaleco antibalas. Al contrario, queremos un México en el cual los servidores públicos pongan por encima el camino de las instituciones y su fortalecimiento sobre alternativas carentes de diagnósticos sólidos. En otras palabras, queremos que nuestras autoridades atiendan de manera e ciente y efectiva la crisis de seguridad ciudadana por la cual atraviesa nuestro país.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, Agosto 2016

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El pasado 27 de septiembre, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE). Estos evidenciaron que durante 2015

denunciamos menos delitos ante la autoridad correspondiente, porque cuando lo hicimos en casi la mitad de los casos “no pasó nada”. Provocando que nos sintamos cada vez más inseguros y que dicha falta de seguridad es perceptible en nuestra cotidianeidad, pese a la disminución de las cifras o ciales de incidencia delictiva a nivel nacional.

Desde 2011, esta encuesta nos ha permitido conocer estimaciones respecto a los delitos de los que somos víctimas, si fuimos o no a denunciar, por qué lo hicimos, qué opinamos de nuestras autoridades de seguridad y justicia, cuánto gastaron las familias para implementar medidas de seguridad y qué tan seguros nos sentimos, entre otros indicadores.

A partir de ello, esta encuesta ha mostrado ser un instrumento sólido y objetivo
de la vivencia ciudadana, que en lo agregado muestra un comportamiento similar
a lo que sucede con el número de denuncias que como víctimas de un delito interponemos ante un ministerio público (MP). Desafortunadamente en la gran mayoría de las ocasiones los ciudadanos evitan presentar denuncias ante el MP dada la falta de con anza en la obtención de justicia y la reparación del daño.
Si bien la cifra negra no está presente en los reportes sobre incidencia delictiva que elaboramos de manera mensual, si debe ser considerada para un mejor análisis de los datos aquí presentados. Debemos tomar conciencia de que únicamente 6 de cada 100 delitos son denunciados y que sobre aquellos que sí se denuncian impera una gran impunidad. La ENVIPE señala a su vez que el MP es la segunda institución con menor con anza ciudadana.

Las causas de la ine ciencia del sistema de justicia son diversas y posiblemente algunas de ellas podrían radicar en que, en la última década, el presupuesto designado para las instituciones de seguridad ha crecido sustancialmente, mientras que los recursos destinados a la procuración de justicia siguen siendo prácticamente los mismos. Esto naturalmente se refleja en carencias de personal, de un proceso de formación de cuadros, desarrollo profesional, capacitación e insumos tecnológicos, entre otros elementos.

Es impensable lograr ser más exitosos en la resolución de delitos con los mismos recursos e insumos institucionales, si los ilícitos aumentaron en la última década y se hizo más complejo el fenómeno delictivo. Es poco probable la construcción

de la con anza ciudadana alrededor de una procuración de justicia poco e caz, compuesta por personal mal tratado, mal pagado, mal capacitado y mal equipado.

Es poco probable avanzar en esta materia si no hay un compromiso profundo
por consolidar una cultura de la legalidad en las instituciones, ya que difícilmente se contará con personal íntegro y ello derivará en que los agentes del ministerio público hagan lo imposible por disuadir a las víctimas que denuncien, que hagan justicia a modo, que no respeten los derechos humanos y el debido proceso, que siembren pruebas o ejerzan la tortura como un método de investigación.

Hace falta que los titulares del ejecutivo federal y los estatales, así como los respectivos congresos asuman con urgencia un apoyo a la procuración de justicia, supervisada, con contrapesos y con la obligación de rendir cuentas. Es hora de
que los policías de investigación o ministeriales, peritos y agentes del ministerio público cuenten con sistemas de desarrollo profesional que nos lleven a premiar
a los mejores; que cuenten con áreas dignas de trabajo donde puedan atender a una víctima como merece; que la ciudadanía especializada pueda monitorear y dar recomendaciones sobre procesos y uso de recursos y que estos estén dedicados a lo que debe ser y no a comidas lujosas de procuradores, escoltas y camionetas para atender a los poderosos.

Es urgente que en nuestro país se combata un volumen de incidencia delictiva equiparable al de otras naciones con economías similares a la nuestra. Esto signi ca que tenemos que aspirar a que nuestras instituciones de procuración de justicia atiendan por lo menos un 40% de la incidencia delictiva y no solamente un 6%, del cual en más de la mitad de los casos no pasa nada.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL