CAPÍTULO 1

Claves Teóricas y Conceptuales para Entender los Delitos Electorales

Introducción

El primero de julio de 2018 los mexicanos expresaron su deseo de cambio en un ejercicio de exigencia al Estado por el respeto a su voto y voluntad. Diversos analistas y funcionarios expresaron que habíamos presenciado una auténtica fiesta democrática lo que se antoja exagerado a la luz de diversos factores. Por ejemplo, el proceso electoral se distinguió por ser el más violento de la historia.

Del 8 de septiembre de 2017 al 1ro de julio se registraron agresiones en contra de 774 políticos y 429 funcionarios, y fueron asesinados 152 políticos, 371 funcionarios, 48 precandidatos y candidatos a puestos de elección.

La jornada se consideró como la más grande y compleja de la historia en nuestro país, por la cantidad de puestos de representación popular en disputa y por su punto de toque en los tres órdenes de gobierno.

Ante la magnitud de la jornada, los delitos electorales ponen en riesgo la democracia, la confianza de la sociedad ante las instituciones públicas, además de deslegitimar el proceso electoral y sus resultados.

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1.1 Integridad electoral

El concepto de integridad electoral es relativamente nuevo. Nace en 2012 y pone sobre la mesa la importancia de todas las etapas del proceso electoral y no se concentra únicamente en el día de la elección; el voto es la forma en la que el ciudadano ejerce su derecho y obligación política en la conformación de la democracia y la legitimidad de la estructura gubernamental. La elección que surge del sufragio determina el proyecto político a realizar, por lo que la compra o coacción del voto (art. 7, VII LGMDE), el impedimento de su libre ejercicio (art. 7, XVI) o solicitar evidencia de su sentido (art. 7, VIII) son amenazas a este derecho político y parámetros de respuesta institucional.

Las acciones que afectan el sufragio universal y libre, repercuten en la calidad del proceso electoral y, por ende, de la democracia representativa. El ejercicio del voto indica el nivel de involucramiento del ciudadano con las decisiones tomadas. Anular o no ejercer el voto es acto de libertad, y hasta de protesta, pero el sufragio efectivo promueve la consolidación del pluralismo político, el fortalecimiento de la cultura democrática y la apropiación del espacio público, lo que permite ponderar la acción política y nivel de convicción ciudadana en el sistema de representación.

La Comisión Global sobre las Elecciones, la Democracia y la Seguridad, identifica cinco aspectos que deben solventarse para llevar a cabo elecciones con integridad:
Se debe trabajar en la construcción de un Estado de derecho que tenga como piedras angulares los derechos humanos y la justicia electoral.	Los esfuerzos de las instituciones deben ir enfocados hacia el respeto y ejercicio de los derechos políticos, garantizando el pleno acceso a la justicia oportuna y expedita, para la reparación del daño.
Se deben robustecer las instituciones electorales, para que actúen con independencia en la gestión de procesos transparentes que generen confianza en la ciudadanía.	Se debe buscar que las instituciones trabajen de manera independiente y cuenten con los recursos necesarios para la organización de elecciones transparentes, que incidan en la confianza de la ciudadanía.
Impulsar la creación de normas e instituciones, que promuevan la competencia multipartidaria, para fortalecer la democracia, pero que ofrezca seguridad a los oponentes.	Las instituciones deben vigilar que las campañas no se realicen basadas en la manipulación, falsedad de información, prácticas ilegales y/o violencia; además de impulsar el reconocimiento legítimo de los vencedores y procurar la seguridad de los candidatos perdedores
Impulsar la participación en igualdad de condiciones.	Las instituciones deben garantizar la participación de los grupos vulnerables que por tradición han sido excluidos y discriminados en la participación política del país; haciendo énfasis en la erradicación de la violencia hacia las mujeres e impulsando su participación y empoderamiento
Vigilar el financiamiento de las campañas	Debe existir una fiscalización en la procedencia de los recursos que son utilizados en las campañas, pues además de poner a los contrincantes en desigualdad de condiciones, la fuente de financiamiento, eventualmente, reclamará el “favor” dando paso a actos de corrupción que impactan negativamente en la democracia del país.

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1.2 Justicia electoral y justicia penal electoral

A nivel federal, existen tres instituciones encargadas, en el ámbito de sus competencias, de realizar funciones electorales: el Instituto Nacional Electoral (INE), la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los delitos electorales fueron incorporados al Código Penal Federal en 1990, identificando los delitos que podía cometer cualquier persona, funcionarios electorales, servidores públicos y ministros de culto religioso; las reformas de 1994 y 1996 incorporaron el artículo 412, para sancionar a los funcionarios partidistas y/o organizadores de actos de campaña; y precisar las conductas delictivas que pudieran cometer los servidores públicos.

Los delitos electorales pueden dividirse en dos vertientes:

1. Las acciones que influyen o dañan la libertad de las personas para emitir su voto.
2. Las acciones que atentan contra la certeza de los resultados.

¿Cómo afectan los delitos electorales a la integridad electoral?

Factores por los cuales las personas no denuncian los delitos electorales:

1. Falta de conocimiento de la ciudadanía sobre los delitos electorales.
2. Desconfianza en las instituciones de procuración de justicia.
3. Falta de respuesta de institucional.

Lo preocupante de lo anterior es que los delitos electorales suelen menoscabarse y se minimiza con frecuencia el daño que infringen. La reducción de la incidencia y prevalencia de estos delitos es fundamental para garantizar una democracia representativa.

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1.3 El proceso y los delitos electorales

El proceso electoral es un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho a votar, pero también a cumplir con la responsabilidad de conocer a sus candidatos y las propuestas que cada uno presenta. Las instituciones tienen que garantizar que dicho proceso se desarrolle mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, basadas en la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

El proceso electoral se divide en las siguientes etapas:

Cabe destacar que estas etapas están estrechamente relacionadas con los delitos electorales, mientras que en la primera son recurrentes las alteraciones al Registro Federal de Electores (RFE), el día de la jornada se llevan a cabo conductas como la quema de boletas, urnas, venta de votos etc. Por ende, comprender qué acciones ilícitas pueden cometerse a lo largo de todo el proceso es fundamental.

a) Preparación de la elección

En este apartado se analiza a mayor profundidad los delitos de los que poco se discute y que tienen consecuencias mayúsculas en el acontecer político del país. Un ejemplo de lo anterior es el FI_nanciamiento de las campañas con fondos ilícitos y poco transparentes, si bien, la Ley General de Partidos Políticos, contempla en sus articulo 53 y 56 las aportaciones de los particulares a los partidos políticos, la realidad es que es poco clara la procedencia de mucho del dinero utilizado en las campañas. Más allá de posicionar en desventaja a los candidatos, se trata de un acto que incide en la presencia de corrupción durante todo el sexenio, los favores en algún momento cobran vigencia y se traducen -por ejemplo- en contratos multimillonarios que simulan licitaciones que siempre favorecen a un grupo específico. En este sentido, recuperamos lo mencionado por un funcionario de la Fiscalía que refirió que una de las particularidades del marco jurídico que rige los delitos electorales es que las promesas a futuro a cambio de votos no son constitutivas de delito.

b) Jornada electoral

Días anteriores al 1ro de julio, la FEPADE intensificó los canales y las herramientas que difundían el cómo hacer una denuncia y su importancia, su titular, Héctor Díaz Santana, aseguró a varios medios que el día de las elecciones habrían más de 14 644 funcionarios de la PGR desplegados en todo el territorio nacional para atender cualquier hecho relacionado con la violencia y/o delitos electorales. En Chiapas, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Tabasco y Michoacán se registró una jornada electoral violenta, enfrentamientos, personas fallecidas, robo de papelería, quema de urnas, compra de votos y saqueos.

c) Cómputo y resultados de las elecciones

En el estado de Puebla se registraron sucesos violentos que pusieron en riesgo las elecciones, sin embargo, la FEPADE anunció que no se había cometido ningún delito electoral; caso contrario en Colima (2015), donde las votaciones tuvieron que repetirse debido a la presencia de varios delitos electorales e irregularidades severas. Esto ocurrió en el contexto de una ola de violencia ocasionada por el enfrentamiento entre dos cárteles (Jalisco Nueva Generación y los Zetas) en su intento por controlar el puerto de Manzanillo.

d) Dictamen y declaración de validez

En ésta etapa las instituciones siguen trabajando en la investigación y esclarecimiento de los posibles delitos electorales. Como se sabe la incidencia de estos delitos tiene un impacto negativo y permanente en la política del país, es por ello que el papel de la sociedad civil debe ser pieza clave en los procesos de seguimiento a las investigaciones y con ello participar en la construcción de una política sana y en la erradicación de actos de corrupción.

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1.4 ¿Cómo podemos entender los delitos electorales desde una perspectiva criminológica?

La literatura criminológica sobre fraudes reconoce dos tipos de perpetradores: accidentales y predatorios. Quien comete un fraude accidental, normalmente es una persona que se rige por las normas pero que ante una presión real o percibida (ya sea económica o personal) y ante una oportunidad, pueden cometer esta clase de actos. Tras llevarlos a cabo, trata de justificarlos de manera racional o de idear esquemas para resarcir los daños o explicarse a sí mismos y a los demás los motivos.

En este sentido, es poco probable que los delitos electorales se encuadren bajo el enfoque de fraudes accidentales sino que corresponde más a una dinámica predatoria en la que los sujetos activos están constantemente buscando las vulnerabilidades del sistema político electoral tanto en términos jurídicos como institucionales así como sondeando las oportunidades habilitadas por el contexto social. A diferencia del beneficio económico que se busca al cometer un fraude, en este caso, ciertos delitos electorales buscan alterar los resultados electorales lo que deriva tanto en ganancias políticas que, en cierto plazo, se monetizan.

La escala de fraude propuesta por Albrecht (2006) la cual consta de tres elementos. El siguiente esquema lo resume:

En materia de delitos electorales, la comisión de algunas conductas requiere la colusión entre servidores públicos, ciudadanos, funcionarios electorales y/o representantes de partido para fomentar un mayor grado de éxito. Por ejemplo, en materia de condicionamiento de programas sociales a la emisión del voto por algún candidato se requiere, por un lado, información actualizada del padrón de beneficiarios del programa social y por otro, sujetos que coaccionen de forma creíble a los votantes. Otro ejemplo es el turismo electoral. Para su ejecución se requiere la identificación de los distritos donde harían falta votos y de donde provendrían estos.

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1.5 Motivos por los que se cometen delitos electorales y consecuencias de su incidencia

Rastrear y reconstruir los motivos por los que se cometen delitos electorales y consecuencias de su incidencia, nos obliga a voltear la mirada a la relación que guarda la democracia con la construcción de ciudadanía, temas de profunda complejidad que nos exigen tomar una postura crítica y comprometida en pos de la consolidación de una sociedad con ciudadanos que ejerzan sus derechos en el espacio público, y que con esto, fortalezcan los procesos democráticos.

La construcción de una ciudadanía comprometida con los procesos democráticos (no meramente los electorales) limita la comisión de delitos electorales, así como muchos otros problemas que atentan contra la democracia, y cuya existencia no es fortuita, sino que es resultado de un contexto cultural que permite su presencia a gran escala. La estrategia punitiva y de contención de dichos delitos no ataca el fondo originario, no intenta transformarlo ni generar prácticas democráticas en la ciudadanía, sólo intenta contenerlos mediante legislaciones que puntualizan penas para quien los comete. Sin embargo, comprender cuáles son los motivos y cuáles los efectos de dicho fenómeno, nos abre la perspectiva y nos permite continuar problematizando sobre las mejores estrategias para impulsar la construcción de un tipo de ciudadanía crítica, consciente y participativa que identifique los problemas, que evalúe y critique, y que participe junto con las instituciones en la solución de dichos problemas.

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CAPÍTULO 2

Evolución del marco jurídico en materia de delitos electorales

Simbología de las fichas:

• : Se describe qué conducta es considerada como delito.
• : ¿Quién puede cometer el delito?
• : Artículo donde se establece la sanción.
• : Sanción por infringir la ley.

Conoce algunos de los delitos destacados y cómo se sancionan:

CAPÍTULO 3

¿Qué dicen los datos sobre delitos electorales?

Introducción

Existen diversas fuentes que refieren la magnitud y comportamiento de los delitos electorales desde su captación como conductas atestiguadas en las comunidades hasta su solución por parte de las instituciones de impartición de justicia. Al ser conductas que no son denunciadas ante una autoridad y por lo tanto no investigadas, y las únicas fuentes de información con las que se cuentan son los datos proporcionados por las autoridades competentes y la prensa.

Esta carencia de datos en materia electoral contrasta con el interés del INEGI y el INE por desarrollar herramientas como las Estadísticas Intercensales a Escalas Geoelectorales las cuales presentan información de calidad sobre las elecciones y las características sociodemográficas de la población en los distritos y secciones del país.

A continuación, te presentamos los ocho principales hallazgos de esta sección:

1.	Se cuenta con cuatro fuentes de información (INEGI, SESNSP, FEPADE e INE) que permiten ponderar cifras y características de estos delitos.
2.	Como parte de la revisión de fuentes se pudo identificar que con base en los datos publicados por el SESNSP en el apartado Cifras de Incidencia Delictiva Federal 2012- junio 2018, no se presentan para ningún estado, ni año, las CII que corresponden a la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE) la cual entró en vigor en mayo de 2014.
3.	Se debe cuidar la lectura comparativa de los datos de delitos electorales a la luz de las diferencias cualitativas del contexto social y político, así como de la separación de competencias institucionales (fuero federal vs. fuero común).
4.	Una lectura comparativa que ignore las diferencias contextuales erraría al comparar directamente las tasas de CII por delitos electorales.
5.	Es inadecuado ignorar las diferencias cuantitativas que resultan de la separación de competencias institucionales en términos de la apertura o iniciación de expedientes judiciales por presuntos delitos electorales.
6.	Se analizó la actividad judicial a lo largo de todo el proceso penal desde 1997 a 2017 y se identificaron tres etapas en función del comportamiento de los expedientes judiciales iniciados y determinados, así como, de las sentencias pronunciadas.
7.	La primera etapa transcurre de 1997 a 2008 y se caracteriza por una incidencia baja y focalizada de presuntos delitos electorales, predominancia del fuero común sobre el federal y bajos niveles de sentencias condenatorias. La segunda etapa (2009-2012) exhibió un crecimiento de expedientes judiciales iniciados y determinados, aumentó el porcentaje de expedientes que alcanzaron etapas avanzadas del proceso judicial, se generalizó la incidencia a nivel geográfico y cambió la predominancia del fuero común sobre el federal. La tercera etapa (2007-20017) se caracterizó por cambios normativos considerables como la reforma penal y la entrada en vigor de la LGMDE.
8.	En diversos extractos del capítulo se analizaron otros aspectos como, la incidencia de delitos electorales en Colima y Chihuahua; la relación entre estos delitos y las tasas de participación ciudadana en las jornadas; la desagregación de los denunciantes de delitos a nivel federal;el perfil de los sujetos activos por sexo y edad y la clasificación de las víctimas.

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Fuentes de información

Este primer apartado describe los principales insumos de información a nivel nacional y estatal, en los que se hace referencia a algún tipo de dato cualitativo o cuantitativo sobre delitos electorales. A continuación, se enuncian los proyectos estadísticos de seguridad y justicia, los cuales incluyen datos sobre delitos electorales o de conductas que vulneren los derechos políticos de la población.

Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI):

Tabla 1. Elaborado por el ONC

Las estadísticas de los organismos públicos de derechos humanos no refieren la incidencia de delitos electorales como tal, pero dan cuenta de hechos presuntamente violatorios de derechos políticos y de las víctimas. Es posible desagregar por sexo de la víctima, la comisión estatal o nacional a la que se le denunciaron los hechos y la institución señalada de la presunta violación. Las conductas incluidas son:

• Injerencias arbitrarias para quebrantar la libertad de manifestación pública
• Obstaculización o restricción para la participación ciudadana
• Obstaculización o restricción para formar partidos políticos, votar o ser votado
• Otra violación a los derechos políticos
• Del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP):

Tabla 2. Elaborado por el ONC

La información de incidencia delictiva del SESNSP incluye tres archivos que contienen datos de averiguaciones previas y carpetas de investigación por delitos electorales iniciadas, tanto por procuradurías y fiscalías estatales, como por la FEPADE de la PGR.

De hecho, la información de los delitos electorales del fuero común se recopiló y clasificó en esta administración gracias a los esfuerzos emprendidos por el Centro Nacional de Información (CNI) del SESNSP para consolidar el instrumento CNSP/38/15. Los datos en comento se desagregan por entidad federativa y municipio y se actualizan con una frecuencia mensual.

De la Procuraduría General de la República (FEPADE) y las procuradurías y fiscalías estatales:

Tabla 3. Elaborado por el ONC

El informe de actividades de la FEPADE es presentado de manera mensual a la Procuraduría General de la República con el fin de exponer los resultados cualitativos y cuantitativos alcanzados durante el periodo que se informa. Este documento hace referencia principalmente a la investigación y persecución de delitos electorales, así como cualquier tipo de actividad relacionada con la prevención y fomento a la cultura de la denuncia y legalidad en materia penal- electoral.

Está dividido en tres grandes grupos:

1. Investigación y persecución de los delitos electorales
2. Actividad Jurídico-Consultiva
3. Prevención de delitos electorales

Del Instituto Nacional Electoral y organismos públicos electorales:

Tabla 4. Elaborado por el ONC

La Numeralia del Proceso Electoral 2017-2018 es un reporte elaborado semanalmente por el INE, el cual tiene como objetivo informar a la ciudadanía de aspectos coyunturales al proceso electoral. La información que se presenta considera aspectos generales como calendario electoral, capacitaciones, voto en el extranjero entre otros temas más.

En relación con los delitos electorales este es el único documento del INE que reporta las quejas y denuncias presentadas ante la autoridad; especifica la cantidad de procedimientos iniciados; quiénes promovieron las irregularidades reportadas en las distintas fases del proceso; sanciones impuestas durante la precampaña, después de las campañas y el día de la elección, así como un monitoreo puntual en todas las entidades federativas que tuvieron elecciones.

Del Consejo de la Judicatura Federal (CJF):

Se identificó que la Dirección General de Estadística Judicial del CJF mantiene una herramienta de consulta, análisis y pronóstico denominada el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que permite conocer elementos de estadística judicial de los diferentes órganos jurisdiccionales en diversas especialidades como administrativa, de amparo en materia penal, civil, laboral, mixta, procesos penales federales, mercantil de cuantía menor y administrativas especializadas.

Si bien es factible que en esta base de datos exista evidencia de los asuntos penales electorales, dada la arquitectura de este sistema de información no es factible obtener datos precisos de estos. Al menos sin conocer el número del expediente, es difícil extraer información relevante de estos delitos.

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3.1 Los delitos electorales en su contexto social y político

Esta sección aporta una lectura de los datos tomando en cuenta el contexto social y político nacional. Para su elaboración se consideraron distintos insumos de información como lo son los análisis realizados en materia del comportamiento electoral en México, los datos proporcionados por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), así como notas de prensa.

Con el objetivo de conocer cómo se comportan los delitos electorales a nivel estatal se realizó la siguiente matriz en donde se correlacionan los años electorales con expedientes judiciales iniciados (fiero federal) por cada 100 mil habitantes con base en datos publicados por el SESNSP . Se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 5. Elaborado por el ONC

De los 17 estados que han tenido cambio de partido en las gubernaturas se identificó que en la mayoría de los casos, los incrementos en las carpetas de investigación se registraron desde un año antes de la elección, como en Sonora, Oaxaca, Michoacán, Puebla, y Veracruz. En otros, durante el mismo año de la elección tuvieron las mayores cifras de todo el periodo como en Sinaloa, Nayarit y Aguascalientes.

Según las carpetas de investigación del fuero común iniciadas por las procuradurías y fiscalías estatales y reportadas al SESNSP, la Ciudad de México, Zacatecas, Morelos, Michoacán y San Luis Potosí tuvieron la mayor cantidad de CII entre 2015 y 2017. A excepción de la capital, estos incrementos de delitos están relacionados con los años electorales para elegir presidentes municipales.

Es decir, San Luis Potosí ha tenido una menor participación en los delitos del fuero federal durante las votaciones para gobernador, pero ha sido más activo cuando de elecciones a presidentes municipales se trata.

En Cancún, es sabido que la mayor cantidad de delitos electorales han sido promovidos a través del financiamiento de desarrolladores inmobiliarios, antreros y hoteleros que se benefician de los gobernantes en turno. Por lo que, si un candidato presenta mejores propuestas para estos sectores, mayores serán sus aportaciones a la campaña.

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3.2 ¿Quedan impunes los delitos electorales?

Como cualquier conducta antijurídica tipificada en los ordenamientos vigentes e investigada por las autoridades competentes, es factible conocer el grado de impunidad aproximado con que se cometen estos delitos con base en la estadística judicial disponible. En la medida que no haya sanciones efectivas y acciones preventivas, se promueve la comisión de delitos electorales en detrimento de la integridad electoral.

Debemos notar que hay tres momentos importantes en términos de las modificaciones del marco jurídico en relación con los delitos electorales, son:

1. De 1997 a 2008: los inicios de la justicia penal electoral
2. De 2009 a 2012: crecimiento de los delitos electorales
3. De 2013 a 2017: el impacto de la LGMDE y la reforma penal

En esta sección se presenta un análisis cuantitativo de la incidencia de estos delitos y su trayectoria en el sistema de justicia desde 1997.

3.2.1 De 1997 a 2008: los inicios de la justicia penal electoral

Una de las variables fundamentales utilizadas para analizar cualquier delito perseguido por las autoridades es la cantidad de expedientes iniciados ya sean averiguaciones previas (viejo sistema) o carpetas de investigación (sistema vigente).

De la siguiente gráfica destaca que entre 1997 y 2002 no hubo ningún sentenciado por delitos electorales del fuero federal. Cuando hubo elecciones presidenciales, es decir, considerando los periodos de 1999 a 2000 y de 2005 a 2006 solo se tiene registro de 3 y 7 sentenciados respectivamente.

Las características enunciadas podrían ser consistentes con las siguientes hipótesis:

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3.2.2 De 2009 a 2012: crecimiento de los delitos electorales

A partir de 2009 los expedientes iniciados por la FEPADE mantienen un franco crecimiento.

La clasificación de los procesados por delitos electorales disponible en los registros administrativos cambió a partir de 2009. Previamente se reconocían únicamente cuatro tipos de personas que cometían delitos en esta materia (ciudadano, funcionario electoral, representante de partido y servidor público), ahora hay seis tipos. Los que se adicionaron son los cometidos por representantes populares electos y por personas ajenas al sistema de elección popular (por terceros).

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3.2.3 De 2013 a 2017: el impacto de la LGMDE y la reforma penal

A) Fuero federal

En este periodo se promulgó la LGMDE y entró en operación el sistema de justicia acusatorio lo que impactó de forma considerable los procesos de procuración e impartición de justicia en materia de delitos electorales así como los tipos penales. De acuerdo con las estadísticas de la FEPADE, de 2013 a 2017, se registraron en total 10 605 averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas.

B) Fuero común

La información estadística sobre delitos electorales del fuero común resulta más escasa. Se dispone de la información de los censos de gobierno, en particular del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal.

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3.3 ¿Quiénes son las víctimas de los delitos electorales?

Los censos con datos de 2015 y 2016 permiten incluso conocer con más precisión quiénes son las víctimas. A continuación, se muestra una gráfica que desagrega las víctimas por tipo:

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CAPÍTULO 4

¿Cómo son las capacidades y la respuesta institucional en materia de delitos electorales? Un ejercicio de transparencia y acceso a la información pública

Introducción

La relevancia de examinar la capacidad institucional radica en conocer cuáles son los recursos de los que disponen las organizaciones para desempeñarse. Al tratarse de organizaciones gubernamentales estas deben ceñirse al marco legal, por lo que son los ordenamientos los que definen cuáles son las funciones que deberán llevarse a cabo durante el proceso electoral.

De manera general, en esta sección se identificó que las autoridades evaluadas se diferencian entre unas y otras por la accesibilidad y transparencia de la información hacia los ciudadanos. No es una cuestión de instituciones por entidad federativa, es en todo caso, la voluntad de cada autoridad de manera independiente, por presentar información accesible y con un lenguaje apto para todo público.

4.1 Descripción de la técnica y aspectos conceptuales

En el Observatorio Nacional Ciudadano estamos convencidos de que la construcción de una sociedad democrática debe de estar acompañado de procesos electores libres e informados, en corresponsabilidad con la sociedad civil y las autoridades.

Con el fin de evaluar cómo van nuestras autoridades en materia de prevención de los delitos electorales y la transparencia y acceso a la información pública, retomamos la metodología Evaluación Organizacional del Banco Interamericano de Desarrollo.

Con el objetivo de establecer un sistema de evaluación efectivo, el BID propone 8 áreas de trabajo:

1. Liderazgo estratégico
2. Estructura organizacional
3. Recursos humanos
4. Administración financiera
5. Infraestructura
6. Gestión de programas y servicios
7. Gestión de procesos
8. Vínculos entre organizaciones

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4.2 Marco metodológico

Según los criterios establecidos por el BID, se diseñaron las siguientes rutas de trabajo:

Tabla 1. Elaborado por el ONC

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4.3 Resultados obtenidos

EVALUACIÓN DE LA PUBLICIDAD DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES

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4.4 De la capacidad a la respuesta institucional: claves de interpretación

A partir de los elementos anteriores es posible contextualizar las capacidades institucionales y responder a la pregunta, ¿cómo se transforman los recursos de las organizaciones involucradas en los procesos electorales para que estas lleven a cabo sus objetivos? Este proceso de transformación deriva en la respuesta institucional ya que se deben establecer sistemas confiables que frenen los delitos y que impulsen la participación ciudadana, así como garantizar los derechos humanos y la seguridad en los procesos electorales. De igual forma, la respuesta institucional a nivel global debe asegurarse de que ante la comisión de estos ilícitos existen sanciones suficientes que disuadan a las personas y que no saturen u ocasionen costos judiciales excesivos.

Es importante distinguir dos aspectos de la respuesta institucional. Por un lado, el aspecto factual se puede entender como los resultados directos de todas las acciones de las instituciones. Por ejemplo, la tasa de sentencias condenatorias, el efecto de los despliegues y pre despliegues en las jornadas electorales, la socialización de los ilícitos durante el blindaje electoral, entre otros. Por otro lado, la respuesta institucional percibida se refiere a cómo los ciudadanos aprecian las acciones llevadas a cabo por los órganos garantes y cómo estas modifican aspectos intangibles como la confianza que va configurando la cultura política.

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4.5 Responsabilidad gubernamental: prevención, procuración e impartición de justicia a nivel federal

La eficacia de las intervenciones, y el efecto consecuente de éstas en la percepción de confianza y en la calidad democrática electoral, son parámetros de respuesta institucional que pueden abonar en confianza y certeza a las disposiciones electorales.

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4.6 Prevención de los delitos electorales

Para efectos del análisis, la prevención del delito es el primer eje clave de la respuesta institucional ya que supone la intervención del aparato gubernamental antes de que se infrinja la ley o se vulneren los derechos y las libertades tutelados por la misma. Desde la creación de la FEPADE en 1994, la función de inhibir los delitos electorales se centraliza en los órganos garantes de la Federación, siendo dos instituciones las principales promotoras: el INE y la FEPADE.

La prevención del delito es el conjunto de iniciativas privadas y de política pública, fuera de la persecución del delito, que busca disminuir las amenazas, riesgo y probabilidad de que el delito ocurra, identificando y eliminando causas, factores y condiciones que provocan el ilícito, esto es, haciendo un diagnóstico de la situación y actuando en concordancia a los hallazgos para reducir el daño ocasionado. En este sentido, se identifican dos estrategias para prevenir los delitos electorales: el blindaje electoral y el pre-despliegue ministerial. En estas dos estrategias se concretan una diversidad de acciones que serán abordadas en los siguientes apartados

a) Blindaje electoral

El blindaje electoral es la inhibición de las conductas constitutivas de delito electoral por parte del servicio público. Debido a la magnitud y relevancia del proceso electoral 2018, por primera vez se llevó a cabo en el país una Estrategia Nacional de Blindaje Electoral (ENBE) que abarcó y coordinó los tres órdenes de gobierno de la Administración Pública para prevenir el delito electoral de manera conjunta. La FEPADE fue la instancia encargada de diseñar e implementar este programa cuyo objetivo era, dar a conocer a los servidores públicos sus derechos y obligaciones relacionados con el proceso electoral e inhibir la comisión de delitos electorales.

La Estrategia Nacional de Blindaje Electoral se desarrolló en tres líneas de acción preventivas:

1. Cartilla de Atención para Cuerpos Policiacos.
2. Cartilla de Denuncia ante FEPADE.
3. Cartilla del Ministerio Público.

De igual forma, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública (SFP), en la Estrategia Nacional de Blindaje Electoral se incluyó como un capítulo de la Guía de Gobierno Abierto 2018, siendo así instrumentada en 125 unidades administrativas del gobierno federal

Ante la complejidad y magnitud del proceso electoral 2018, la FEPADE reportó haber capacitado a 160 mil personas incluyendo a servidores públicos, a los beneficiarios de programas sociales y a miembros de la sociedad civil. En este sentido se publicaron tres folletos para facilitar la socialización de los delitos electorales, los dos primeros con un tiraje de 500 mil ejemplares, y el tercero de 40 mil.

La FEPADE llevó a cabo cursos de socialización de los delitos electorales a través de las plataformas electrónicas y TIC’s con el apoyo del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y de Televisión Educativa. También se ofreció atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, definidos como Grupos Prioritarios (personas adultas, indígenas, mujeres, beneficiarios de programas sociales, jóvenes y personas con discapacidad), esfuerzos que resultaron en la creación de la campaña “Diferente, no indiferente” para jóvenes universitarios y la publicación de una Guía Ciudadana en Braille.

En cuanto al fenómeno de las llamadas telefónicas masivas sobre los candidatos a la Presidencia, la FEPADE y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), suscribieron un acuerdo con el que conformaron un grupo interinstitucional para atender las denuncias y dar seguimiento a las investigaciones desde sus competencias, siendo del INAI el uso de datos personales con fines proselitistas. A su vez, la FEPADE recibe orientación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para conocer el origen de las llamadas y señalar las responsabilidades jurídicas del caso.

b) Pre-despliegue ministerial

El pre-despliegue ministerial es un ejercicio que se lleva a cabo previo a la jornada electoral, el cual se enmarca dentro de la prevención de delitos electorales por los cinco objetivos que abarca:

1. Realización de diligencias ministeriales atrasadas, continuar con procesos de investigación abiertos y consolidar ordenes de aprehensión.
2. Refinamiento de la coordinación y de los mecanismos de comunicación entre las distintas dependencias y entre órdenes de gobierno. Se precisa la cooperación entre autoridades para garantizar la plena seguridad en la jornada electoral.
3. Identificación de zonas sensibles de atención.
4. Inhibición del delito electoral a partir de la presencia institucional que resalte su carácter de vigilante de la transparencia y la legalidad del proceso electoral.
5. Aumento de confianza ciudadana y socialización de los canales de denuncia.

El pre-despliegue sirve como un diagnóstico de la situación contextual e institucional previa a la jornada electoral. Los criterios para ubicar las zonas sensibles de atención para el pre-despliegue ministerial son:

1. Incidencia delictiva previa.
2. Tipo de proceso que gestiona: si la elección es local, federal o concurrente.
3. Contexto de inseguridad: situaciones políticas, vulnerabilidad que deriva de la violencia y otros problemas sociales que pueden afectar el desarrollo de la jornada electoral.
4. Solicitud de los gobiernos de los estados.

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4.7 Procuración de justicia

El segundo eje de la respuesta institucional es la procuración de justicia ante el delito electoral. Este eje comprende el periodo entre el conocimiento del hecho constitutivo de posible delito electoral hasta la consignación de la carpeta de investigación a la autoridad jurisdiccional; proceso que compete constitucionalmente a las instancias ministeriales.

A diferencia de la prevención del delito, la procuración de justicia implica la naturaleza reactiva de las instituciones ante los delitos que no se pudieron inhibir. La reacción ministerial se desarrolla en dos sentidos: primero, frente a los ciudadanos víctimas o afectados del delito, segundo, ante la probable comisión del delito en sí. Por lo que la procuración de justicia son las acciones encaminadas a recibir denuncias y perseguir el delito electoral, siendo un proceso sensible que impacta la generación de confianza ciudadana en las instituciones garantes al ser percibida como reflejo de eficiencia ministerial.

Se identifican tres líneas de acción complementarias, aunque diferenciadas a efectos del análisis: la coordinación interinstitucional, el despliegue ministerial e investigación de delitos electorales.

a) Coordinación interinstitucional

La coordinación interinstitucional es una obligación que recae principalmente en la FEPADE al ser su función el establecimiento de los mecanismos de colaboración y coordinación. La FEPADE debe diseñar la reacción gubernamental de procuración de justicia para:

1. Asegurar la cobertura nacional con el fin de recibir y atender las denuncias de la probable comisión de delito electoral
2. Contemplar las competencias concurrentes entre la FEPADE y las Fiscalías locales y su distribución

La coordinación interinstitucional amplía los canales de atención ciudadana y aumenta la capacidad instalada de la FEPADE y de las Fiscalías locales en persecución del delito electoral. Esto, por lógica, tiene como resultado el crecimiento de la carga de trabajo de los MPs especializados en delito electoral, particularmente en la institución federal y, por lo tanto, de la cantidad de carpetas de investigación iniciadas por esta instancia.

b) Despliegue ministerial

Para el despliegue ministerial 2018, la FEPADE reporta que sostuvo 70 reuniones con instituciones de seguridad pública y justicia de los tres órdenes de gobierno. A su vez, se aprovecharon los insumos de los 19 pre-despliegues ministeriales, y se llevaron a cabo tres simulacros de denuncia. Esto con el fin de contar con personal capacitado y especializado para responder de forma eficaz y coordinada al despliegue ministerial y definir sus funciones. La FEPADE no solo capacitó al personal encargado de la procuración de justicia en las agencias del Ministerio Público y las policías, sino también a 700 representantes de medios de comunicación en 16 estados.

Tabla 2. Elaborado por el ONC

A través de comunicación oficial, la FEPADE reporta que estos elementos fueron movilizados con un coordinador por instancia federativa en las delegaciones de la PGR, aparte de tener presencia en 30 Consejos Electorales locales y en 32 federales. Del personal de la Fiscalía Especializada, 150 operadores fueron dispuestos para atender las llamadas que ingresen a FEPADETEL, ya sean de denuncia de delito o para orientación electoral

c) Investigación de delitos electorales

Para los supuestos contemplados en la ley, tanto en el Código Penal Federal (CPF) y la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE), el Manual de Diligencias Básicas para la Investigación de Delitos Electorales Federales, contempla las diligencias generales y específicas que requiere la investigación de los delitos electorales, enunciando los documentos de prueba, las declaraciones intervinientes en la investigación, y otros requerimientos a instituciones para sostener la integración de la carpeta. En el siguiente esquema, se retoman algunas diligencias ministeriales básicas para la investigación

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4.8 Impartición de justicia en delitos electorales

La asignación de responsabilidades penales y la sanción del hecho constitutivo de delito electoral-, tercer eje clave de la responsabilidad gubernamental y parte última del proceso de sistema de justicia penal. Al ser momento final de un proceso continuo, la impartición de justicia se encuentra directamente relacionada con los dos ejes de responsabilidad gubernamental abordados previamente.

• Prevención del delito. Ya que la certeza de la sanción –el propósito último de los tribunales penales-, determina el grado de certidumbre jurídica y eficacia en el que el ciudadano verá el actuar de la autoridad pública en su conjunto, lo que impactará en la confianza y eficiencia percibida por parte de la ciudadanía y, por lo tanto, quien busque incurrir en una de las conductas tipificadas como delito electoral, determinará la posibilidad de delinquir basado en la probabilidad de ser perseguido eficazmente por la autoridad ministerial.
• Impartición de justicia. Es el resultado final de la persecución eficaz del ilícito dentro de los criterios de legalidad, por lo que la investigación ministerial debe estar apegada a los elementos técnicos de calidad en las cargas probatorias y normativos en el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de la víctima, imputado y demás involucrados, con el propósito de probar el hecho constitutivo de delito y sancionarlo de acuerdo a lo previsto en la ley.

En materia de delitos electorales, el alto grado de complejidad en su persecución y de especialización en los supuestos a probar, no queda aislado en los Ministerios Públicos, sino que forzosamente deben involucrar a los jueces. La complejidad y especialización de los delitos electorales son evidentes al ser supuestos de estricta aplicación.

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CAPÍTULO 5

¿Cuál es el estado de la violencia política y la violencia política por razón de género?

Introducción

La violencia política es un término que en la segunda década del presente siglo ha empezado a aparecer en la agenda nacional. En términos simples este tipo de violencia se refiere a las agresiones que atentan en contra de los derechos políticos de los ciudadanos que participan en los procesos electorales. En nuestro país la violencia política contra las mujeres aún no está tipificada como delito, hecho que en el marco de las recientes elecciones representó un vacío legal importante para atender las denuncias de las víctimas que de alguna u otra forma vieron amenazado su derecho a participar en las decisiones de su comunidad.

Con la LGMDE se fortaleció la igualdad sustantiva y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Esta modificación trajo consigo un aumento en el número de mujeres con un cargo popular

Para consolidar una democracia incluyente en México es fundamental incluir a todos los grupos de población que configuran nuestra nación, pero también es necesario reflexionar los avances y ausencias institucionales que existen para atender dicho fenómeno.

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5.1 El proceso electoral en México y la violencia política

El recién concluido proceso electoral en México ha sido histórico en al menos tres aspectos:

• el número de personas que acudió a las urnas a emitir su voto,
• la jornada electoral pacífica en prácticamente todo el país y
• la violencia política presente durante las semanas en que se desarrolló el proceso.

La violencia política por razón de género se erige como un pendiente más de la reflexión multidisciplinaria en una etapa histórica donde la crisis de seguridad constituye uno de los grandes problemas de México, manifestándose en dos ámbitos específicos: la inseguridad que vive la población, afectada por el aumento de los delitos y la presencia explícita de las organizaciones delictivas con poder de fuego e incentivos de inmiscuirse en el ámbito público.

El Observatorio Nacional Ciudadano pone atención en la violencia política, especialmente la que se comete por razón de género, convencidos de que, mientras se avanza en materia jurídica, es fundamental que la ciudadanía esté informada en beneficio del ejercicio de sus derechos.

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5.2 ¿Qué es la violencia?

Para entender la lógica de la violencia que se da en el contexto electoral, es importante puntualizar algunos conceptos. Existe una taxonomía robusta en torno a la violencia, la cual, sirve como eje para entender que son muchos los actores implicados. Una de las clasificaciones más citada es la que Krug E.G. Esta clasificación pone atención en quién perpetra la violencia y contra quién la ejecuta, así la violencia puede ser autodirigida, interpersonal o colectiva.

• Violencia autodirigida
• Violencia interpersonal
• Familiar
• Comunitaria
• Violencia colectiva
• Social
• Política
• Económica

Esta clasificación, aunque no es exhaustiva, resulta un buen acercamiento para entender que la violencia es un fenómeno multicausal que involucra diferentes actores.

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5.3 ¿Qué es la violencia política?

Es común que al hacer alusión a la violencia política en los sistemas políticos democráticos o en vías de democratización, se piense principalmente en aquellas acciones que giran en torno a los partidos políticos o la participación de los ciudadanos. No obstante, el común denominador de este tipo de violencia es que se da dentro de determinadas relaciones de poder sustentadas en la existencia del Estado.

La violencia política es una manera de articular la relación que se da entre:

a) Gobernados y gobernantes. (rebelión, asonada, insurrección, revolución)

b) Gobernantes y gobernados. (represión, persecución, tortura, dictadura)

c) Gobernados y gobernados. (guerra civil)

d) Gobernantes y gobernantes. (conflicto interno: golpe de Estado, magnicidio, asesinato político) y (conflicto externo: entre líderes o Jefes de Estado [guerra])

La violencia política puede ser entendida:

“como todas aquellas expresiones físicas, verbales o simbólicas ejercidas por personas, grupos o instituciones que tengan por objeto el detrimento o perjuicio de cualquier persona , grupo o institución que por razones de cualquier relación de poder político impliquen un obstáculo para el ejercicio de los plenos derechos políticos establecidos legal y legítimamente” .

Talancón Escobedo, Jaime (2008) Violencia Política, Texto de la conferencia dictada el 21 de marzo del 2008 en las Segundas Jornadas Socio jurídicas “Violencia: Visión Interdisciplinaria” en la Facultad de Derecho, UNAM.

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5.3.1 ¿Cuáles son los incidentes o acontecimientos que se consideran como violencia política?

Debido a que la violencia política es un medio utilizado como medida de coerción para lograr objetivos en un sistema político, es posible distinguir como incidentes o acontecimientos de violencia política a las agresiones deliberadas de una persona o un grupo de personas contra otro(s) que busquen incidir en cierta forma, en algún objetivo político, es decir, objetivos referentes al poder legislativo, ejecutivo o judicial.

De acuerdo con Paul Wilkinson especialista en política y terrorismo, los acontecimientos de violencia política se dan en pequeña y en gran escala, y enumera algunos ejemplos:

Aunque no existe una clasificación específica, los actos de violencia tienen que ver con las agresiones que atentan en contra de derechos políticos de los ciudadanos, las autoridades y los candidatos o precandidatos a puestos de elección popular. En México, la FEPADE es la institución que procura justicia en materia penal-electoral del fuero federal. Dicha instancia, en su marco normativo establece que los acontecimientos violentos en época de comicios tienen que ver con condiciones de competencia política.

Es posible distinguir que los actos de violencia política se agudizan conforme se acerca el término del proceso electoral. En el contexto de los recientes comicios, al menos 162 de las agresiones ocurrieron desde la antepenúltima semana de las campañas políticas. La última semana de campañas que transcurrió del 24 al 29 de junio, fue la más violenta del proceso electoral 2017-2018, pues en siete días se cometieron 58 agresiones de las 581 registradas. Por el tipo de víctima se distingue que el 69% de estas agresiones se dirigieron contra hombres, 25% contra mujeres y 6% contra grupos de militantes. En lo que respecta a los 136 asesinatos cometidos en este periodo electoral, 119 eran hombres y 17 mujeres.

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5.4 Participación de las mujeres en la política nacional

La participación de las mujeres en el ámbito político nacional ha incorporado logros fundamentales que poco a poco van consolidando la presencia de la mujer en los puestos de elección popular. Desde 1982 y a la fecha, cinco mujeres han participado como candidatas por la presidencia; Rosario Ibarra de Piedra (1982 y 1988), Cecilia Soto y Marcela Lombardo (1994), Patricia Mercado (2006), Josefina Vázquez Mota (2012) y Margarita Zavala (2018). A esto se suma un número paulatinamente creciente de mujeres gobernadoras, alcaldesas, senadoras o diputadas que son o han sido protagonistas de la vida política de su comunidad.

En las gráficas 2 y 3 se aprecia la evolución histórica de la participación de las mujeres en el Congreso. Tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, la presencia de las mujeres en los escaños parlamentarios ha ganado terreno de manera contundente.

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5.5 Violencia política por razón de género

En el campo político, como en muchos otros, las mujeres han sido víctimas de violencia. De hecho, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene su origen en la prevalencia de diversas formas de violencia de género contra las mujeres en México. La violencia no sólo se expresa en las relaciones del entorno familiar o laboral, también se manifiesta por motivos de lucha de poder político relacionado con la discriminación contra las mujeres. Muestra de ello son las muertes de algunas mujeres que aspiraban a un cargo de elección popular en el municipio de Chilapa, en el estado de Guerrero, donde en febrero de este año fueron asesinadas Antonia Jaimes Moctezuma y Dulce Rebaja Pedro , precandidatas del PRD y PRI respectivamente.

Por lo anterior es necesario legislar en torno a la violencia que se ejerce en contra de las mujeres que deciden ejercer sus derechos políticos y de participación ciudadana. En México, la Ley General en Materia de Delitos Electorales aún no tipifica la violencia política de género. Como antecedente, en 2016, se publicó el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.

El 9 de marzo de 2017, el Senado aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman diversos ordenamientos, a fin de prevenir, atender y sancionar dicho delito, así como promover y proteger los derechos político-electorales de las mujeres.

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5.5.1 ¿Cuáles son los incidentes o acontecimientos que se consideran como violencia política por razón de género?

De acuerdo con el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, los siguientes cinco factores ayudan a identificar el ejercicio de violencia política por razón de género:

1. El acto u omisión se basa en elementos de género, es decir: i. se dirija a una mujer por ser mujer, ii. tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres; y/o iii. las afecte desproporcionadamente en comparación con los hombres.
2. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
3. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público.
4. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico.
5. Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas -hombres o mujeres-, en particular: integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos(as), candidatos(as) a cargos de elección popular o de protocolo para la atención de la violencia política... dirigencia partidista; servidores(as) públicos(as), autoridades gubernamentales, funcionarios(as) o autoridades de instituciones electorales; representantes de medios de comunicación; el Estado o sus agentes.

El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, distingue las siguientes características de la violencia política contra las mujeres.

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5.5.2 Cifras y casos de la violencia política en contra de las mujeres

Los indicadores que se producen respecto a la violencia política por razón de género son numerosos, lo que se debe en gran medida a la ausencia legislativa para considerar estas agresiones como delito. A su vez, esto trae como consecuencia que se desdibuje la intención de las mujeres por reconocer y denunciar cuando padecen algún agravio a sus derechos políticos por causa de su género.

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5.6 El proceso electoral 2018 y la violencia política

Debido a que en México no se cuenta con datos oficiales sobre la violencia política y violencia política por razón de género, son las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y consultorías de investigación quienes han empezado a sistematizar la frecuencia de este tipo de agresiones, sobre todo, en el marco del reciente proceso electoral. El ONC se dio a la tarea de recopilar algunos indicadores que nos pueden dar idea de la intensidad de este tipo de actos, los lugares de mayor riesgo y el tipo de víctimas que sufrieron algún tipo de agresión.

Es el caso del Indicador de Violencia Política de Etellekt que a partir del mes de febrero de 2018 empezó a reportar el total de agresiones en contra de políticos y candidatos, desde el inicio del proceso electoral, ofreciendo un análisis desagregado por género, es decir, números que nos hablan de la violencia política ejercida contra las mujeres.

Este indicador mide ocho tipos de ataques en contra de candidatos(a) y hombres mujeres que ejercen cargos de representación pública durante un proceso electoral en nuestro país:

1. Asesinatos
2. Amenazas e intimidaciones
3. Secuestros
4. Agresiones con armas de fuego (heridas)
5. Agresiones con arma de fuego (ilesas)
6. Agresiones físicas o con arma blanca
7. Asaltos con y sin violencia y
8. Atentados contra familiares

El proceso electoral que vivió la sociedad mexicana entre el 8 de septiembre de 2017 y el 1 de julio de 2018 ya se conoce como el periodo electoral más violento que haya tenido nuestro país. Como se aprecia en la gráfica 4, durante los meses del periodo electoral se registraron 774 agresiones a políticos que participaron en esta contienda, 152 de los cuales, fueron privados de la vida. Al observar los números nos damos cuenta que si bien en febrero se registraron 83 agresiones, el número de actos violentos fue en aumento, hasta acumular una cifra casi nueve veces mayor para el día de las elecciones. De 83 agresiones en febrero pasamos a 774 actos violentos acumulados hasta el día de los comicios.

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5.6.1 Violencia política en la jornada electoral del 1 de julio

A pesar de que el 76% de los actos violentos se presentaron en el tiempo de campañas, el día de la elección la violencia política estuvo presente en 26 entidades del país, en las cuales se registraron un total de 138 agresiones. Al menos 115 casos, es decir, 83% del total de actos violentos de ese día, se perpetraron contra militantes de oposición y electores, respecto a los partidos gobernantes en estas entidades. 50 agresiones fueron realizadas por comandos armados, 30 por grupos de choque, 31 por militantes de partidos políticos, incluyendo funcionarios y policías municipales, 9 por secuestradores, 2 por crimen organizado, y otras 16 por agresores anónimos, asaltantes y pobladores.

Finalmente, para terminar de revisar los hallazgos del Índice de Violencia Política es importante destacar de la media nacional es de 24 actos violentos suscitados en el periodo electoral, no obstante estados como Puebla, Guerrero, Veracruz, y Oaxaca superan por mucho esta medida.

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FAQ's

1. ¿Cómo es que se logra el acercamiento con el PNUD y por qué?

El ONC aplicó a una convocatoria publicada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2018 (FAOE), dirigida a organizaciones de la sociedad civil (OSC) mexicanas que planeaban realizar actividades de observación durante del periodo electoral 2017-2018.

El ONC se especializa en el análisis y entendimiento de la incidencia delictiva y violencia en el país, para la generación de propuestas de fortalecimiento institucional y mejoras de política pública en materia de seguridad y procuración de justicia. En 2018, el ONC decidió abrir una línea de investigación enfocada en delitos electorales y violencia política.

2. ¿Cuáles son las expectativas que el PNUD depositó en el ONC para lograr el proyecto?

Como resultado de un proceso de evaluación exhaustiva, el Comité Técnico de Evaluación (integrados por cinco expertos electorales mexicanos y dos internacionales) seleccionó el proyecto del ONC, junto con otros 28, para recibir el apoyo técnico y nanciero del FAOE. Dada su rigurosidad técnica, incidencia y propuesta sólida, el Comité Técnico de Evaluación depositó su conanza en el ONC para realizar en tiempo y forma sus actividades de observación electoral en la dimensión penal, y desarrollar propuestas puntuales para prevenir, investigar y sancionar los delitos electorales y la violencia política en el país.

¿Qué otras organizaciones participaron en el proyecto o en proyectos alternos?

En total, el FAOE apoyó 28 proyectos de observación electoral de distintas OSC, las cuales trabajan 4 grandes temáticas: Integridad electoral, Derechos políticos para todas las personas, Género, y Medios de comunicación. Estas son:

• Alianza Cívica de Nuevo León, A.C.
• Alianza Cívica, A.C.
• Alzando Voces Laguna, A.C.
• Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo, A.C.
• Asideny Desarrollo Humanístico Integral, A.C.
• Borde Político, A.C.
• Cempacca por un México más próspero, A.C.
• Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.
• Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo, S.C.
• Centro de Investigaciones para la Equidad Política Pública y Desarrollo, CIPE S.C.
• Comisión de Derechos Humanos de Chiapas,A.C.
• Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C.
• Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, A.C.
• Consolidando Ciudadanía, A.C.
• Democracia, Derechos Humanos y Seguridad, A.C.
• Desarrollo, Género y Ciudadanía, A.C.Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C.
• Fundación México Sustentable, A.C.
• Fundación para el Desarrollo Social y la Promoción Humana, A.C.
• Gente Diversa de Baja California, A.C.
• Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.
• Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social, A.C.
• Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.
• Los Dos Méxicos,A.C.
• Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, A.C.
• Organización Fuerza Ciudadana, A.C.
• Táctica Ciudadana, A.C.
• Tlachtli Vértice Hidalguense, A.C.

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¿Cuál era/es la finalidad del proyecto?

El proyecto del ONC busca fomentar la prevención y sanción de los delitos electorales y la violencia política en el Proceso Electoral 2017-2018, haciendo énfasis en la denición de la Presidencia de la República y las 9 Gubernaturas. Ello mediante 1) una estrategia de socialización en redes sociales y un micrositio especializado, enfocada a fomentar la participación ciudadana en la prevención, detección, denuncia y seguimiento de la sanción de los delitos electorales; 2) la identicación de áreas de oportunidad en relación a las capacidades institucionales para la atención de delitos electorales; 3) la caracterización de la evolución de los delitos electorales y la respuesta institucional frente a ellos desde la transición democrática de 1997; y 4) el monitoreo de la violencia política, especialmente la cometida por razón de género, así como la respuesta institucional consecuente.

¿Cuáles fueron las principales limitantes para realizarlo?

Las principales complicaciones que hemos encontrado durante la operación del proyecto han girado en torno al acceso a la información ocial institucional. Para abordar las capacidades institucionales en materia de delitos electorales se diseñó una batería de preguntas con base en la metodología de organizational assessment del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el INE, las OPLES, la Fepade, las scalías especializadas estatales, el Poder Judicial Federal y poderes judiciales locales en torno a la organización de la institución, la atención ciudadana, la prevención del delito electoral, la procuración e impartición de justicia en esta materia, así como la cultura organizacional.

Con la nalidad de obtener dicha información enviamos solicitudes directas por parte del Observatorio Nacional Ciudadano para quienes encabezan las instituciones en cuestión, dando a conocer que éstas se realizan "En el marco del proyecto "Incidencia y evolución de los delitos electorales, más allá de los partidos políticos" que se desarrolla con el Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2017-2018". Las respuestas a dichas solicitudes han sido muy variadas, pues ha habido instituciones como el INE o la Fepade que han brindado la información requerida, mientras que ha habido otras como los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas que han expresado que no se encuentra entre sus facultades intervenir en forma alguna en la prevención, persecución y sanción de conductas de tipos electorales pese a que en su respectiva ley orgánica se establecen sus facultades en torno a la materia penal electoral.

Respecto al monitoreo de la violencia política cometida por razón de género, las complicaciones han sido porque hay pocos casos reportados como tal ante las instancias correspondientes debido a que no se trata de un delito per se. Aunado a ello, hay complicaciones metodológicas para su monitoreo y medición debido a que a partir de la información disponible en los medios de comunicación no hay elementos para conrmar que determinados casos de homicidios u otros ilícitos cometidos contra determinados candidatos o ex funcionarios se deriva del contexto político-electoral. Dadas estas situaciones, se están evaluando las posibilidades para tener una aproximación más apropiada sobre la violencia política y la violencia política contra las mujeres cometida en razón de género a partir de la cual se logre conciliar la perspectiva jurídica penal con la sociológica.

Un tercer obstáculo a destacar es la falta de homologación de estadísticas sobre delitos electorales. Si bien están disponibles los registros administrativos y la información de los censos de gobierno, en particular los de procuración e impartición, del INEGI incluyen los delitos electorales en sus herramientas de consulta; la desagregación no es homogénea. Mientras que en los registros administrativos es posible conocer si fueron servidores públicos, ciudadanos en general, funcionarios electorales o partidistas los que presuntamente cometieron los delitos; los censos de gobierno pierden esta información.

Además, se detectaron asimetrías de información entre los datos publicados por el SESNSP, alimentados desde las bases de datos de PGR, sobre las carpetas de investigación iniciadas (CII) por delitos electorales del fuero federal y los datos recabados en los informes periódicos de la FEPADE. La primera fuente da a conocer las CII por delitos electorales previstos en el Código Penal Federal y no contiene referencias de CII por conductas tipicadas en la LGMDE. La información de FEPADE incluye conductas de ambos ordenamientos según la solicitud de información pública.

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Estudio sobre Delitos Electorales 2018