Reporte mensual de delitos de alto impacto, noviembre 2016

 

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En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) continuamos preocupados por los altos índices de delincuencia y violencia, así como por la falta de acciones en el corto plazo y de una estrategia de largo plazo que logre mejorar

las condiciones de seguridad en las que se encuentra el país y generar un respeto a la norma en la sociedad. Lamentablemente, esta preocupación ha permanecido como una constante a pesar que ha transcurrido más de una década en la cual las autoridades han tenido la oportunidad de actuar efectivamente frente a la crisis de seguridad humana y no lo han hecho.

Si comparamos los primeros 11 meses de 2015 contra los de 2016, se puede identi car un aumento de las tasas por cada 100 mil habitantes de 21% de homicidio doloso, 5% en secuestro, 4% en robo a negocio y 4% violaciones. Otros delitos como robo con violencia y de vehículo presentaron incrementos marginales de 0.35 y 0.57%. En sentido opuesto se observa que solo las tasas por cada 100 mil habtantes de homicidio culposo, extorsión, robo a casa habitación y a transeúnte disminuyeron 7, 3, 7 y 9% respectivamente.

Por consiguiente, es un hecho que noviembre de 2016 se caracterizó por graves problemas de homicidio doloso, por el aumento de 6 de los 10 delitos de alto impacto en lo que va del año y, en una visión más amplia, se posiciona como el 5to mes más violento de la administración del presidente Enrique Peña Nieto (desde diciembre de 2012). Desde esta perspectiva, vale la pena retomar que en 2016 se registraron los meses con mayor cantidad de casos de homicidios dolosos reportados o cialmente en el actual sexenio; en primer lugar, se ubica septiembre; en segundo lugar, agosto; en tercer lugar, julio y; en cuarto lugar, octubre, todos estos de 2016.

Cuando el ONC presentó el Reporte sobre delitos de alto impacto. Septiembre 2016, alertando por estos alarmantes números, las autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), minimizaron los datos y usaron la información que en ese momento no era pública relativa a octubre para hablar de una reducción mensual de 6% de los homicidios dolosos (5.62% para ser exactos), como ejemplo de que la estrategia anunciada por el presidente Peña Nieto en el Consejo Nacional de Seguridad(CNSP) para reducir los homicidios en los 50 municipios con mayor incidencia de los mismos, estaba funcionando.

Con los datos de noviembre a la mano podemos ver que el homicidio doloso prácticamente no tuvo variación de octubre a noviembre, ya que el número de carpetas de investigación se redujo apenas 0.75% entre estos dos meses. Sin lugar a dudas, este indicador no solo permite poner en entredicho los discursos halagueños o triunfalistas que han sido pronunciados por distintas autoridades sino la propia eficacia de la medida emprendida por la autoridad federal tres meses después de que esta iniciase.

Desde el ONC insistimos que el homicidio doloso y otros delitos violentos podrán tener reducciones en el corto plazo, sin embargo, ello no implica la mejora de las condiciones de seguridad en el largo plazo. Esto se debe a que seguimos careciendo de corresponsabilidad de los gobiernos locales, continuamos atacando los efectos y no las causas de los problemas; la corrupción sigue debilitando la acción del gobierno, los recursos de las instituciones y manteniendo vigente la impunidad en la sanción a los delitos.

La violencia preocupa y seguramente seguirá siendo una preocupación hasta que no haya un compromiso serio por parte de nuestras autoridades para construir las instituciones de seguridad y justicia que necesitamos, hasta que se incentive el respeto de la norma y se logre debilitar los recursos de los delincuentes, empezando por sus recursos económicos.

A pesar que se ha cumplido una década de la denominada “Guerra contra el narcotrá co”, la delincuencia organizada mantiene su poder debido a que permanecen intactas sus riquezas que les permite continuar comprando voluntades políticas y justicia, que les permite continuar delinquiendo incluso desde penales y abasteciéndose de armas para seguir dominando la vida de tantas personas.

Ante este escenario en conjunto con la actual crisis económica es altamente probable que los robos y secuestros aumentarán en 2017. Frente a ello, es necesario que la autoridad deje de simular, perder tiempo excusándose e invertir todo su capital en generar ese Estado de Derecho que los mexicanos necesitamos para hacer atractivo el país al turismo, la inversión extranjera, proteger los derechos de propiedad para poder progresar y vivir seguros como nos lo merecemos cada uno de nosotros.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, octubre 2016

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Hace diez años el objetivo primordial del Gobierno Federal fue la lucha contra el narcotrá co, 122 capos que tendrían que ser detenidos o abatidos. La llamada “guerra contra el narco” lleva ya una década desde la toma de posesión del ex Presidente Felipe

Calderón, y que, junto con la salida del ejército y marina de los cuarteles y el inicio de las acciones para reducir la violencia en Michoacán, han marcado este trágico periodo, el
más violento en la historia reciente de México. Diez años después del inicio, la situación
se ha convertido en un cúmulo interminable de fracasos para detener la violencia que
se registra en varias regiones del país. Esta cruzada nos ha costado muy cara: 186 297 muertos, hasta el 2015, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 28 937 desaparecidos, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), y 10 934 detenidos por vínculos con el crimen organizado.

Se han alcanzado niveles de violencia nunca antes vistos en nuestro país como desmembrados, decapitados, personas colgadas en puentes, bombazos en plazas públicas en medio de festejos nacionales o incendios de comercios como manifestación de la extorsión presencial, y desde luego, el gasto de miles de millones de pesos destinados a seguridad y justicia que no se pudieron destinar para generar estrategias de educación para la población, ni para hacerlos más competitivos o para brindarles mejores servicios. Genera una gran preocupación que esta década ha normalizado la violencia en la sociedad, estigmatizando internacionalmente la imagen del país, y sin que hoy exista un plan que permita vislumbrar la luz al nal del túnel. Dicho de otra manera, a la mayor parte de la sociedad ya no le impresiona o indigna el nivel de violencia en un contexto donde tampoco se ve cómo se podría transformar esta situación.

Indudablemente, hoy respecto a 2006, contamos con fuerzas federales más equipadas, mejor entrenadas y ya experimentadas en lo que signi ca enfrentar a un enemigo con tantas caras y recursos, el Estado se ha hecho de instrumentos tecnológicos, jurídicos e instituciones destinadas a reducir el embate de la violencia. Sin embargo, es evidente

que el combate a la corrupción, el uso de inteligencia (en particular la nanciera),
la corresponsabilidad de gobiernos locales y sus capacidades siguen siendo tarea pendiente. Hace diez años nos dijeron que la reconstrucción de policías y procuradurías, la modernización del sistema de justicia y la inversión local en infraestructura nos llevaría a ganar la guerra, una década después, repetir el discurso suena trillado y vacío sin que mueva a la acción.

Es importante ser justos y claros, es innegable que un factor fundamental de la violencia tiene que ver con el narcotrá co, sin embargo, existen otros factores. La violencia que vivimos hoy es diferente a la de hace una década, era una obligación ineludible del Estado combatir a los narcos, y el esfuerzo que se hizo en reconstruir las instituciones, así como el sacri cio de muchos es loable, se han detenido o abatido a 100 de los 122 objetivos principales, pero esto no se ha traducido en una disminución de la violencia en el país ni en un debilitamiento de los cárteles de la droga sino todo lo contario, los cárteles han ampliado sus actividades ilícitas, además del trasiego de la droga: secuestran, extorsionan, operan la trata de personas y cometen otros robos como el de combustible. Hoy en México hay más grupos de la delincuencia organizada, la estrategia de combatirlos sigue causando miles de muertos, desapariciones de personas y violaciones a los derechos humanos.

Con esto en mente, podemos inferir que si hoy carecemos de una estrategia y resultados su cientes es porque muchos de los actores fundamentales (gobernadores, alcaldes, autoridades federales) no han cumplido su parte, se dedicaron a robar recursos en contubernio con empresarios, aunado a una sociedad pasiva. Esto ha sido posible porque el combate a la corrupción ha sido incipiente o nulo. Los niveles de violencia no bajan porque hemos insistido en combatir violencia con más violencia y no se tocan los recursos de los delincuentes, que pueden ser detenidos, pero también pueden seguir comprando la justicia o delinquiendo desde los penales. En diez años se ha insistido en la necesidad de trabajar en prevención, pero los esfuerzos por generar incentivos para que las personas vivan y progresen dentro de la ley han sido muy marginales o super ciales.

Ante el reciente repunte de violencia, la federación debe reconocer que la simulación y
las acciones cosméticas no sirven, que urge una estrategia con indicadores de desempeño y resultado, y una ruta crítica que permita medir y entender si estamos avanzando o no y que esta no debe ser emergente, sino debe entenderse como de largo respiro para incidir tanto
en las causas como en los efectos. Hoy vivimos en la incertidumbre, no sabemos si en diez años estaremos igual, mejor o peor; lo que es claro es que no podemos esperar a que a través de la repetición de las mismas estrategias obtendremos resultados diferentes. Debemos romper los lazos de corrupción, reducir el poder económico de los delincuentes y cristalizar esas instituciones locales de seguridad y justicia que tanto nos han prometido y tanto nos han costado a los mexicanos. Urge liderazgo y una ruta para que en diez años no sigamos llorando los muertos, lamentado las pérdidas y sin la esperanza de vivir en un país donde impere la paz y el Estado de Derecho.

FRANCISCO RIVAS @frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, Septiembre 2016

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Descarga el reporte sobre modificaciones a los registros de incidencia delictiva aquí

Los mexicanos nos sentimos inseguros, descon amos de la autoridad y de los procesos de acceso a la justicia. Esto no solo lo con rma el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)

y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), sino que día tras día lo atestiguamos. Si analizamos con detenimiento esta situación, es evidente que difícilmente podría ser de otra manera sobre todo porque pese a que los delitos de alto impacto parecieran estar disminuyendo acorde con las cifras o ciales, los procesos de victimización han aumentado. Un claro ejemplo es lo que está pasando con el homicidio doloso, el cual ha aumentado casi 20% al comparar las carpetas de investigación iniciadas de enero a septiembre 2016 contra el mismo periodo de 2015 de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Asimismo hemos leído casos de robos con violencia sufridos por la secretaria particular del procurador capitalino, el embajador de Trinidad y Tobago y su familia, y el de un alto ejecutivo de una de las escuderías que compitieron en el Gran Premio de la Ciudad de México hace algunos días. Todas estas personas cuentan con redes y aparatos de seguridad que debieron minimizar estos riesgos, pero, no lo hicieron no obstante a pesar de haber atravesado por esta experiencia victimizante, estas personas pueden acceder más fácil a la justicia, a diferencia de lo que ocurre con la mayor parte de la población.

Aunque nos duela admitirlo, vivimos en un país inseguro, violento y con alta incidencia delictiva. Aunque nos duela admitirlo vivimos en un país en el cual la autoridad invierte más tiempo justi cando la falta de resultados, descali cando el análisis de expertos y negando la realidad, más que trabajando en generar instituciones e caces y con ables para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

En este sentido deberíamos preguntar por qué, a pesar de haber gastado miles
de millones de pesos en la última década en capacitación, reingeniería institucional, equipamiento y tecnología, controles de con anza y contrataciones, seguimos teniendo policías y procuradurías con personal mal tratado, mal pagado, mal capacitado, mal equipado, insu ciente y poco con able. ¿Quién se ha enriquecido a costa de nuestros impuestos? ¿Por qué nadie responde ante la falta de capacidades institucionales y, por ende, la falta de resultados en la materia?

En un momento donde la crisis de seguridad y violencia debería ocuparnos en buscar responder a estas y otras preguntas, surge una propuesta que como mínimo debemos cali car de irresponsable y que parece caer en tierra fértil: modi car el artículo 10 de la Constitución, para que los ciudadanos podamos portar armas en autos y comercios para “autodefendernos”. Sí, es una propuesta equiparable a lo que sucedía hace más de tres siglos en el Viejo Oeste, al no haber un Estado capaz de proteger a los ciudadanos, por lo que ellos debían hacerlo por sí mismos.

El senador panista, Jorge Luis Preciado artí ce de esta propuesta, dice que pretende “darles armas a los buenos ciudadanos” mediante una especie de proceso de control de con anza. Probablemente, el senador Preciado desconoce los innumerables casos de policías que aprobaron los controles de con anza estando coludidos con el crimen, delinquiendo y secuestrando ciudadanos.

De la misma manera, el senador Preciado sustenta su propuesta sobre la base de casos como las tasas de homicidio doloso de Estados Unidos, correlacionándolas con el número de armas en manos de privados, olvidando por un lado los casos de violencia psicótica, urbana
o los accidentes ligados a la posesión de armas. Además deja a un lado que, la baja tasa nacional de homicidios asume connotaciones diferentes ante una mirada local, donde la violencia e incidencia delictiva se equiparan o superan a muchas de las localidades mexicanas y más aún, que por lo general, las instituciones policiales del país fronterizo son mucho más con ables.

Debo señalar que el senador Preciado ha logrado captar la atención de muchos ciudadanos insatisfechos y genuinamente preocupados; con el #SíALaLegítimaDefensa ha puesto un tema indefendible en la discusión nacional. No obstante, resulta muy preocupante que una autoridad que representa al Estado, desacredite los procesos institucionales, proponiendo poner en riesgo vidas en vez de invertir todo su capital político en mejorar las instituciones y en generar un piso parejo para todos, a través del arraigo y promoción de la cultura de la legalidad y de la paz.

La solicitud ciudadana de autodefenderse en un ambiente inseguro es entendible, pero no el aprovecharse de esta y hacerse publicidad a costa de la vida de mexicanos. Senador Preciado, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) no queremos aumentar los factores de riesgo que llevarán a una mayor desigualdad entre los mexicanos, que propicien aún más el trá co de armas, que faciliten la resolución violenta de conflictos y fomenten el desprecio de la autoridad.

En el ONC, no queremos un México donde invitemos a nuestros seres queridos y a quien visita nuestro país a que salga con arma y chaleco antibalas. Al contrario, queremos un México en el cual los servidores públicos pongan por encima el camino de las instituciones y su fortalecimiento sobre alternativas carentes de diagnósticos sólidos. En otras palabras, queremos que nuestras autoridades atiendan de manera e ciente y efectiva la crisis de seguridad ciudadana por la cual atraviesa nuestro país.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL