Reporte sobre delitos de alto impacto Mayo 2014

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Diversas encuestas de victimización y percepción han evidenciado que una de nuestras principales preocupaciones es la seguridad, en específico en lo referente a que las personas vivamos con menos riesgos delincuenciales de por medio. Justamente debido a esta sensación y realidad, el ONC ha dado seguimiento mensual al comportamiento del número de averiguaciones previas y víctimas de delitos de alto impacto, puesto que es indudable que necesitamos un diagnóstico continuo del estatus de la problemática que aqueja al país. Consideramos que solo de esta manera es posible conocer si las condiciones en las que vivimos mejoran y que las disminuciones de los índices delictivos sean tangibles en la experiencia cotidiana con la finalidad de que no permanezca sensación
alguna de riesgo que modifique nuestro actuar. Lo que estamos atestiguando es que el nivel de incidencia no se somete a ciertos delitos, ciertos grupos criminales o a ciertos métodos; de igual manera ser víctima de un secuestro, de extorsión, de homicidio
doloso o de robo no necesariamente se reconduce a perfiles, patrones claros y predeterminados. Al contrario, estamos atestiguando o padeciendo cierta socialización de la victimización por delitos de alto impacto social, es decir, que los delitos no distinguen
condición social ni género ni edad. Esta situación dificulta la toma de decisiones cotidiana de las personas para prevenir convertirse en víctima de un delito y también obstaculiza las acciones de las autoridades para prevenir el delito.

Al respecto, basta con retomar simplemente a modo de ejemplo la situación por la cual está atravesando Sinaloa, entidad en la cual fue detenido Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo” en febrero de 2014. Este caso es particularmente relevante debido a que se
aprecia que a pesar de la captura de uno de los criminales más buscados por Estados Unidos, la crisis de inseguridad y violencia no cesó en Sinaloa. Prueba de ello es que continúa siendo una de las siete entidades federativas que lideran el ranking de averiguaciones previas y de víctimas de homicidio doloso. Entonces, ¿cuáles son los resultados que han obtenido las autoridades correspondientes de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública y justicia que implican una mejora de las condiciones en las que vivimos?

La anterior pregunta es más que válida sobre todo si tomamos en cuenta, como lo hemos mencionado en pasados reportes, que el hecho delictivo trasciende el preciso instante en que es cometido y experimentado por la víctima, puesto que se derivan múltiples
implicaciones de diversa índole. Pensar lo contrario significaría estar relegando e ignorando las múltiples esferas constitutivas de la seguridad y el impacto que puede tener cada una de ellas, por ejemplo, en el flujo de inversiones de capital, en el desarrollo
económico, en los lazos de confianza interpersonales, entre otros aspectos. Por lo tanto, ¿por qué aún no hemos visto estrategias integrales que prevengan y desincentiven la comisión de los delitos a partir de diagnósticos precisos y objetivos en la materia?
Justamente para poder afirmar que aún permanecen las condiciones críticas de seguridad y que no hay resultados suficientemente significativos, sabemos que aunado al ejercicio mensual que desarrollamos en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) es
necesario recurrir a los medios de comunicación para realizar un breve recuento de los acontecimientos más emblemáticos.

Reporte sobre delitos de alto impacto Abril 2014

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El 9 de junio de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la incidencia delictiva en México bajó 25% de 2012 a 2013 y 12% de 2013 a 2014 en el marco de una reunión organizada por un diario español durante su gira por Europa1. Estas afirmaciones tomaron como base las estadísticas de homicidio dolosos el cual parece ser el único indicador del cual dispone el gobierno federal para referirse a la incidencia delictiva. Ese mismo día 15 cadáveres fueron encontrados en Sinaloa, algunos días antes fueron localizados varias fosas clandestinas con más de una decena de cadáveres en Guerrero, a la par que la tendencia por la extorsión y el secuestro permanecen al alza. Este contraste parece indicar que el discurso público se encuentra desligado de la realidad, o por lo menos de los acontecimientos violentos a los que se enfrentan miles de mexicanos diariamente.

La narrativa de seguridad de la actual administración federal ha insistido que la situación en esta materia ha ido mejorando año tras año. En este sentido, la mayoría de los mensajes emitidos por las autoridades emplean como indicador principal el número de homicidios intencionales y es lógico que presuman este indicador, pues acorde con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha presentado una tendencia a la baja desde 2011. Si bien este resultado es alentador, no es correcto ni prudente que toda la narrativa gubernamental menoscabe la incidencia de otros delitos como el secuestro, la extorsión, las múltiples modalidades de robo, trata de personas, las desapariciones involuntarias, el tráfico de armas, entre otros delitos que afectan considerablemente la seguridad en el territorio.

De igual forma, cabe señalar que existen otros factores cruciales como el desempeño de las autoridades en el combate a delitos, el número de eventos que involucran a autoridades o ex funcionarios en la comisión de delitos, la eficiencia de los procesos de justicia, así como indicadores alternativos que nos permitan, en primer lugar, configurar un diagnóstico más completo de la seguridad e incidencia delictiva en el país y, en segundo lugar, evaluar objetivamente los resultados de la estrategia nacional de seguridad.

La elaboración de un diagnóstico objetivo en esta materia debe contar con una perspectiva geográfica que permita identificar aquellas entidades y municipios donde ocurren con mayor frecuencia los delitos de alto impacto social. Como manifestamos en el estudio Incidencia de los delitos de Alto Impacto en México 2013, una parte considerable de los habitantes de algunas entidades viven todavía en condiciones de paz, sin embargo, en otras partes del país como en Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Sinaloa y la zona de La Laguna (6 municipios entre Coahuila y Durango) se vive un álgido problema de inseguridad.

En el mismo tenor, otro aspecto importante es que tomar como indicador único la incidencia de los homicidios intencionales reportada por las procuradurías estatales al SESNSP es depender, en muchos casos, de información de baja calidad que no permite un diagnóstico estrictamente apegado a la realidad. En el estudio mencionado anteriormente elaboramos un Indicador de Confiabilidad Informativa (ICI) que evalúa la confiabilidad en términos de las asimetrías y la desagregación de los registros estatales y municipales. Los resultados relativos a las asimetrías evidencian que entidades como el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas presentaron serias deficiencias en 2013. Por esta razón, resulta necesario considerar este hecho toda vez que se emplean estos registros al evaluar la evolución de la incidencia delictiva, de la seguridad y de la violencia en México.

Para evidenciar con mayor claridad por qué es importante considerar el factor de la calidad informativa recordemos lo ocurrido recientemente con la información que Veracruz reportó al SESNSP referente al homicidio doloso en 2013. Hasta el pasado 16 de abril, esta entidad reportaba 564 averiguaciones previas por este delito en 2013 y tras los cambios indicados por las procuradurías el número correcto de averiguaciones previas es de 863. La diferencia de 299 homicidios dolosos en términos porcentuales equivale a 35% del total de averiguaciones previas en la entidad y a 1.63% respecto al total nacional.

El hecho de que un mero ajuste informativo suponga un cambio cercano al 2% refleja la importancia de contar con información más precisa y objetiva para evaluar el panorama de seguridad pública en el país. Agregar 299 averiguaciones previas por homicidio doloso a la información de una entidad no es un tema menor, es un tema que debe preocuparnos y que debe llevarnos a cuestionar la intención por la cual esos delitos se reportan cuando ya no sirven para analizar oportunamente el desempeño de una autoridad, las capacidades para registrar los eventos delictivos, la prontitud para identificar una problemática de incidencia delictiva y, por ende, la calidad de la información con la cual se toman decisiones de presupuesto, de estrategia frente a los delitos, de prevención de futuros actos ilícitos, de contratación de personal, de desarrollo institucional y de política penitenciaria,
entre otros rubros.

Es cierto que en la plataforma del SESNSP se señala la modificación mencionada, sin embargo, no se brinda explicación o justificación alguna sobre el cambio efectuado. Lo preocupante de esta cuestión radica en que esta diferencia podría pasar inadvertida si no existiesen esfuerzos ciudadanos en los que priva el compromiso tanto por la transparencia como por la rendición de cuentas de nuestras autoridades, lo cual podría hasta denotar cierta falta de interés por la solución del problema de seguridad.

Es indudable que el gobierno federal ha hecho un gran esfuerzo por mejorar los sistemas de registro de la información en esta materia; sabemos que algunas autoridades locales se esfuerzan realmente por mejorar dichos sistemas; y que es evidente que tenemos miles de servidores públicos honestos y comprometidos en el área de seguridad y justicia.

No obstante, también es obvio que los resultados que hoy tenemos en cuanto a la seguridad nos dejan insatisfechos pues pareciera que se está privilegiando la palabra o narrativa a los hechos delictivos que nos afectan diariamente. Desde el ONC hacemos un llamado al SESNSP para que apoye a las procuradurías locales en lineamientos y capacitación; a las autoridades locales a comprometerse por informar con prontitud y exactitud a los ciudadanos y a todos los funcionarios involucrados en el tema a redoblar esfuerzos para que cada vez más personas vivan en paz. Es preciso que cada uno de ellos, desde la más alta jerarquía, no olvide la conocida frase popular: “vale más un hecho que mil palabras”.

Sabemos que la solución de este problema no depende exclusivamente del Estado, por ello el ONC como organización de la sociedad civil ha brindado su apoyo a las procuradurías con capacitación en cultura de la legalidad para fortalecer la integridad profesional, en registro de información de incidencia delictiva, así como en temas de transparencia y rendición de cuentas.  Recordemos que para contar con una política pública inclusiva e integral de seguridad pública, necesariamente se requiere del papel de la ciudadanía para e fortalecimiento de nuestras instituciones bajo el marco de la gobernanza democrática.