Reporte sobre delitos de alto impacto Abril 2014

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El 9 de junio de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la incidencia delictiva en México bajó 25% de 2012 a 2013 y 12% de 2013 a 2014 en el marco de una reunión organizada por un diario español durante su gira por Europa1. Estas afirmaciones tomaron como base las estadísticas de homicidio dolosos el cual parece ser el único indicador del cual dispone el gobierno federal para referirse a la incidencia delictiva. Ese mismo día 15 cadáveres fueron encontrados en Sinaloa, algunos días antes fueron localizados varias fosas clandestinas con más de una decena de cadáveres en Guerrero, a la par que la tendencia por la extorsión y el secuestro permanecen al alza. Este contraste parece indicar que el discurso público se encuentra desligado de la realidad, o por lo menos de los acontecimientos violentos a los que se enfrentan miles de mexicanos diariamente.

La narrativa de seguridad de la actual administración federal ha insistido que la situación en esta materia ha ido mejorando año tras año. En este sentido, la mayoría de los mensajes emitidos por las autoridades emplean como indicador principal el número de homicidios intencionales y es lógico que presuman este indicador, pues acorde con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha presentado una tendencia a la baja desde 2011. Si bien este resultado es alentador, no es correcto ni prudente que toda la narrativa gubernamental menoscabe la incidencia de otros delitos como el secuestro, la extorsión, las múltiples modalidades de robo, trata de personas, las desapariciones involuntarias, el tráfico de armas, entre otros delitos que afectan considerablemente la seguridad en el territorio.

De igual forma, cabe señalar que existen otros factores cruciales como el desempeño de las autoridades en el combate a delitos, el número de eventos que involucran a autoridades o ex funcionarios en la comisión de delitos, la eficiencia de los procesos de justicia, así como indicadores alternativos que nos permitan, en primer lugar, configurar un diagnóstico más completo de la seguridad e incidencia delictiva en el país y, en segundo lugar, evaluar objetivamente los resultados de la estrategia nacional de seguridad.

La elaboración de un diagnóstico objetivo en esta materia debe contar con una perspectiva geográfica que permita identificar aquellas entidades y municipios donde ocurren con mayor frecuencia los delitos de alto impacto social. Como manifestamos en el estudio Incidencia de los delitos de Alto Impacto en México 2013, una parte considerable de los habitantes de algunas entidades viven todavía en condiciones de paz, sin embargo, en otras partes del país como en Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Sinaloa y la zona de La Laguna (6 municipios entre Coahuila y Durango) se vive un álgido problema de inseguridad.

En el mismo tenor, otro aspecto importante es que tomar como indicador único la incidencia de los homicidios intencionales reportada por las procuradurías estatales al SESNSP es depender, en muchos casos, de información de baja calidad que no permite un diagnóstico estrictamente apegado a la realidad. En el estudio mencionado anteriormente elaboramos un Indicador de Confiabilidad Informativa (ICI) que evalúa la confiabilidad en términos de las asimetrías y la desagregación de los registros estatales y municipales. Los resultados relativos a las asimetrías evidencian que entidades como el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas presentaron serias deficiencias en 2013. Por esta razón, resulta necesario considerar este hecho toda vez que se emplean estos registros al evaluar la evolución de la incidencia delictiva, de la seguridad y de la violencia en México.

Para evidenciar con mayor claridad por qué es importante considerar el factor de la calidad informativa recordemos lo ocurrido recientemente con la información que Veracruz reportó al SESNSP referente al homicidio doloso en 2013. Hasta el pasado 16 de abril, esta entidad reportaba 564 averiguaciones previas por este delito en 2013 y tras los cambios indicados por las procuradurías el número correcto de averiguaciones previas es de 863. La diferencia de 299 homicidios dolosos en términos porcentuales equivale a 35% del total de averiguaciones previas en la entidad y a 1.63% respecto al total nacional.

El hecho de que un mero ajuste informativo suponga un cambio cercano al 2% refleja la importancia de contar con información más precisa y objetiva para evaluar el panorama de seguridad pública en el país. Agregar 299 averiguaciones previas por homicidio doloso a la información de una entidad no es un tema menor, es un tema que debe preocuparnos y que debe llevarnos a cuestionar la intención por la cual esos delitos se reportan cuando ya no sirven para analizar oportunamente el desempeño de una autoridad, las capacidades para registrar los eventos delictivos, la prontitud para identificar una problemática de incidencia delictiva y, por ende, la calidad de la información con la cual se toman decisiones de presupuesto, de estrategia frente a los delitos, de prevención de futuros actos ilícitos, de contratación de personal, de desarrollo institucional y de política penitenciaria,
entre otros rubros.

Es cierto que en la plataforma del SESNSP se señala la modificación mencionada, sin embargo, no se brinda explicación o justificación alguna sobre el cambio efectuado. Lo preocupante de esta cuestión radica en que esta diferencia podría pasar inadvertida si no existiesen esfuerzos ciudadanos en los que priva el compromiso tanto por la transparencia como por la rendición de cuentas de nuestras autoridades, lo cual podría hasta denotar cierta falta de interés por la solución del problema de seguridad.

Es indudable que el gobierno federal ha hecho un gran esfuerzo por mejorar los sistemas de registro de la información en esta materia; sabemos que algunas autoridades locales se esfuerzan realmente por mejorar dichos sistemas; y que es evidente que tenemos miles de servidores públicos honestos y comprometidos en el área de seguridad y justicia.

No obstante, también es obvio que los resultados que hoy tenemos en cuanto a la seguridad nos dejan insatisfechos pues pareciera que se está privilegiando la palabra o narrativa a los hechos delictivos que nos afectan diariamente. Desde el ONC hacemos un llamado al SESNSP para que apoye a las procuradurías locales en lineamientos y capacitación; a las autoridades locales a comprometerse por informar con prontitud y exactitud a los ciudadanos y a todos los funcionarios involucrados en el tema a redoblar esfuerzos para que cada vez más personas vivan en paz. Es preciso que cada uno de ellos, desde la más alta jerarquía, no olvide la conocida frase popular: “vale más un hecho que mil palabras”.

Sabemos que la solución de este problema no depende exclusivamente del Estado, por ello el ONC como organización de la sociedad civil ha brindado su apoyo a las procuradurías con capacitación en cultura de la legalidad para fortalecer la integridad profesional, en registro de información de incidencia delictiva, así como en temas de transparencia y rendición de cuentas.  Recordemos que para contar con una política pública inclusiva e integral de seguridad pública, necesariamente se requiere del papel de la ciudadanía para e fortalecimiento de nuestras instituciones bajo el marco de la gobernanza democrática.

Reporte sobre delitos de alto impacto marzo 2014

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Dada la coyuntura nacional de violencia y delincuencia, la sociedad espera sin cesar que las condiciones de seguridad pública mejoren significativamente. No es posible continuar mudos e inmóviles ante un escenario en el cual se ejerce de manera constante la violencia y, por lo menos, diariamente se presentaron 45.48 denuncias de homicidios dolosos, 4.84 de secuestros, 19.84 de extorsiones, 518.13 de robos con violencia, así como 468.16 de robos de vehículos, 272.90 de robos a casa habitación y 190.77 de robo a negocio.

Ante estos índices, en el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) creemos que es indispensable preguntarnos y hacer memoria sobre lo acontecido en esta materia en marzo de 2014, pues de lo contrario careceríamos de un marco contextual mínimo recordemos que en marzo de 2014 : el Estado de México comenzó a solicitarle ayuda a la federación para atender la violencia en los municipios con mayor incidencia delictiva; una vez más fue asesinada una autoridad local de Michoacán, esta vez fue el caso de Gustavo Garibay quien fungía como alcalde de Tanhuato; fue detenido el líder de los grupos de autodefensa de la Ruana debido a su supuesta participación en un homicidio calificado; continuó el avance de los grupos de autodefensa en Michoacán hasta ingresar a Huetamo; se registró un ataque más contra migrantes a bordo de La Bestia que fue reportado por la Casa del Migrante de Saltillo; entre otros acontecimientos. De igual manera, debemos señalar que justamente en marzo de 2014, el titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro dio a conocer tres unidades especializadas antisecuestro que pueden ser consideradas como un modelo en cuanto al manejo antisecuestros, las cuales son: Chihuahua, Nuevo León y Puebla. Esto pone en evidencia el complejo entramado social entre la impunidad, la corrupción, las actividades de la delincuencia tradicional y organizada; que en conjunto con la falta o debilidad de capacidades institucionales ha permitido la comisión de conductas delictivas y violentas sin que aparentemente haya riesgo alguno. Al grado que de acuerdo con un análisis elaborado por la consultora FTI Consulting, México se encuentre entre los cinco países de América Latina con más inseguridad pese a la disminución de los homicidios dolosos.

Sin embargo, consideramos que no es suficiente quedarnos solo con este listado de hechos que puede elaborarse gracias a los medios de comunicación, sino que creemos que es necesario contar con un instrumento que nos permita monitorear objetivamente la criminalidad. Por esta razón, el ONC ha elaborado periódicamente estudios sobre delitos de alto impacto a partir de las estadísticas disponibles en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP), con la finalidad de generar una radiografía con datos oficiales que nos permita identificar tanto las áreas de oportunidad identificadas como los casos exitosos.

El alcance del Reporte sobre delitos de alto impacto. Marzo 2014 consiste en brindar una interpretación descriptiva del comportamiento de los delitos que más nos afectan como ciudadanos, mediante un análisis espacio-temporal de su denuncia. Por lo tanto, este reporte solo indica la tendencia nacional de cada ilícito desde 2006, ofrecer la tasa de variación entre febrero y marzo de 2014. No obstante, debemos señalar que le brindamos al lector otra perspectiva analítica mediante la comparación de los promedios diarios de febrero y marzo, con la finalidad de que no sea invisible la afectación cotidiana de la que somos víctimas ya sea por la consumación de un delito o por el simple miedo. Al respecto vale la pena recordar y volver a posicionar que la inseguridad se encuentra compuesta por dos dimensiones: la objetiva y la subjetiva.

En reconocimiento a la naturaleza del fenómeno, podemos afirmar que para comprender la complejidad del fenómeno delincuencial en nuestro país, necesariamente se requiere de un análisis focalizado pues las dinámicas delincuenciales adquieren determinadas particularidades dependiendo de los factores socioculturales, económicos y políticos de las regiones o localidades. Por ello, abordamos de manera específica las entidades federativas que en promedio han contado con las mayores y menores cantidades de denuncias de delitos de alto impacto, en términos absolutos y de las tasas por cada 100 mil habitantes. Destacar estos casos tiene