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Incidencia de los delitos de alto impacto en México 2014. Reporte anual

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El 2014 fue un año de grandes eventos en la agenda de seguridad del país: la creación de una Coordinación Nacional contra el Secuestro y la Extorsión (CONASE); las intervenciones por parte del gobierno federal en Estado de México, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, así como los terribles eventos de Tlatlaya e Iguala que pusieron en tela de juicio el desempeño de la federación en esta materia.

En este complejo escenario medir los resultados de estas intervenciones es difícil, si analizamos los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) podríamos pensar en un éxito importante en la política de seguridad, puesto que 5 de los 6 delitos de alto impacto presentaron bajas importantes. En el caso de homicidio doloso, la disminución es concordante con la tendencia dominante desde 2011, el secuestro y la extorsión presentaron disminuciones luego de alcanzar niveles históricos en 2013. Además de que se aprecia que únicamente el homicidio culposo presentó un incremento por quinta vez consecutiva.

Sin embargo, la situación alrededor de cada delito debe ser estudiada con más detalle para entender qué está sucediendo en el país en esta materia, ya que un aspecto central es distinguir entre la cantidad de delitos cometidos y la calidad de los mismos. A continuación presentamos las principales debilidades en la cantidad de delitos registrados y publicados en las bases del SESNSP:

1. El primer punto a señalar que es válido para todos los delitos, es que en caso de concurrencia de delitos, es decir, cuando son cometidos en el mismo evento más de un ilícito (robo, secuestro, homicidio) no tenemos la certeza sobre cómo lo registran estadísticamente a partir de la clasificación del hecho acorde con los criterios jurídicos del ministerio público. Esta circunstancia hace que existan un serie de interrogantes que no solo atañen la investigación del crimen sino la recopilación de la información respectiva. ¿Se registra exclusivamente el primer incidente que da pie a la denuncia, averiguación previa o carpeta de investigación? ¿Se registran todos los delitos cometidos? ¿Se reporta el homicidio cometido? ¿El homicidio es clasificado como delito culposo o doloso?

Esta primera situación puede implicar un subregistro de delitos que desconocemos: qué tan importante pueda ser o, por ejemplo, cuántos ilícitos concurrentes no permiten saber el número de secuestros o violaciones. Por otro lado, genera una importante asimetría en función de la cantidad de delitos registrados por entidad federativa pues pareciera que existen los incentivos necesarios para que las autoridades estatales opten por informar inadecuadamente sobre la incidencia delictiva.

2. La autoridad federal ha decidido utilizar el homicidio como el indicador más importante en materia de seguridad y violencia, los descensos reportados de este delito que comenzaron a mediados de 2011, podrían sustentar la postura del gobierno de la república respecto a que la política de seguridad ha sido exitosa. No obstante, sin negar dicha reducción es importante subrayar la posibilidad de subregistros debidos a diversos factores tales como una disminución de la confrontación entre bandas, fruto de años de políticas de desarticulación de las mismas o de equilibrios alcanzados en las plazas; a subregistros por personas clasificadas como desaparecidas y que por lo contrario yacen en las fosas clandestinas a lo largo del país o simplemente la manera en que las procuradurías y fiscalías locales clasifican el delito.

3. Tomemos el ejemplo anterior: un robo que lleva a un secuestro, el cual conlleva una violación y finalmente concurre en un homicidio. En este caso, en el colectivo imaginario el delito debería clasificarse como homicidio doloso, mientras que las autoridades a lo largo del país lo clasificarían como un homicidio culposo, alegando que la intencionalidad del evento es el secuestro y no el homicidio. Pongamos otro ejemplo, en un asalto la víctima se resiste a ser atracada y recibe un disparo mortal; siendo el robo y no el homicidio la intención del delito, muy probablemente este se clasificará como un homicidio culposo. Justamente este tipo de situaciones son las que podrían explicar porqué se ha registrado el importante descenso del homicidio doloso y el comportamiento al alza del culposo.

4. En relación con el secuestro es fundamental reconocer la reducción de los número reportados en el ámbito nacional, la cual podría hacernos pensar que la política antisecuestro está teniendo efectos positivos pese a que continuamos viendo situaciones graves en diversas entidades como Tamaulipas, cuya tasa por cada 100 mil habitantes supera el índice nacional y donde la autoridad local parece no tener interés en rendir cuentas ni en atender el problema.

De la misma manera que reconocemos el descenso de las denuncias de este delito es importante admitir que existe un subregistro de secuestro como expusimos ampliamente en nuestro estudio Análisis integral del secuestro en México. Cómo entender la problemática. Una de las principales debilidades de la estadística de este delito disponible en el SESNSP radica en que no se reportan todos los casos de los supuestos de secuestros contemplados en el Artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro (LGPSDS), solo se están tomando en consideración los secuestros extorsivos y se están dejando de lado, por ejemplo, los secuestros exprés. Aunado a ello, de acuerdo con algunos ejercicios realizados en materia de transparencia se pudo detectar que los secuestros de migrantes en muchas ocasiones no solo no son contabilizados sino investigados por las autoridades correspondientes.

Asimismo es fundamental conocer con mayor detalle la efectividad de la estrategia antisecuestro a través de indicadores de efectividad del trabajo de las Unidades Especializadas Contra el Secuestro (UECS) mediante microdatos más puntuales sobre la actuación de cada una de ellas. Esto significa que necesitamos conocer el número de víctimas rescatadas, los porcentajes de bandas desarticuladas, el monto del dinero recuperado, en qué momento y cómo se rescatan a las víctimas para así poder tomar como ejemplo para el combate de otros delitos esta experiencia.

5. El marcado descenso en los registros de extorsión podría parecer un dato positivo; cuando se piensa en una disminución de casi el 30% se tiene la tentación de considerar un gran logro de acciones implementadas en esta materia. Muy probablemente las campañas informativas que le advierten a potenciales víctimas de extorsiones telefónicas, han logrado que cada vez más gente no ceda dichos engaños o amenazas que suelen ser realizadas desde los centros de readaptación social (CERESOS) del país.

Al respecto, vale la pena recordar que los CERESOS en muchos casos carecen de bloqueadores de señal de telefonía celular, que aún donde hay bloqueo de señal celular existen complicidades entre las autoridades penitenciarias y los internos, para que a estos último les sea permitido continuar delinquiendo desde los centros de reclusión y que aunado a este complejo escenario no se observa una política específica de combate a la extorsión presencial.

Asimismo no debemos olvidar que la marcada disminución de los registros de este delito también se debe a la manera en la que algunas entidades optaron por registrar la extorsión. Hasta 2013 algunas entidades registraban estadísticamente solo el delito consumado mientras que otras registraban las tentativas del hecho delictivo; a partir de 2014 las entidades solo registran los casos en donde la víctima pagó, esto significa que probablemente hay menos víctimas de este delito pero indudablemente hay menos registros del mismo, sin que ello implique una disminución neta de su incidencia. Otro aspecto a destacar en cuanto al registro radica en que a pesar de que exista una norma técnica, ello no determina que las entidades reporten la información sobre incidencia delictiva acorde con dichos criterios, simplemente observemos el caso de Nayarit que no reporta las averiguaciones previas iniciadas por distintos ilícitos como la extorsión.

6. En cuanto a las distintas modalidades de robo, resulta significativa su disminución sobre todo si se trata de aquellas conductas relacionadas con otros ilícitos, como es el caso del robo de vehículos. Sin embargo, inclusive detrás de dicha reducción existen una serie de aspectos técnicos desatendidos y al mal desempeño de las instituciones para motivar la denuncia ciudadana, ya que de acuerdo con las encuestas de victimización levantadas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) generalmente la gente no suele denunciar los hechos delictivos por causas atribuibles a la autoridad.

Por otro lado, en materia de robo la implementación del nuevo sistema de justicia penal implica un reto en cuestión del registro de los robos cometidos sin violencia que hasta el momento no ha sido atendido. Ello se debe a que con la implementacion de este nuevo sistema, los casos de delitos no graves como son los robos sin violencia, tienen la posibilidad de resolverse mediante sistemas alternos de justicia. Toda vez que esto sucede el sistema no permite abrir una carpeta de investigación, insumo para los registros del SESNSP.

7. Otro elemento importante a la hora de analizar el comportamiento del los delitos cometidos en el país, es el número de delitos no denunciados a la autoridad, la famosa cifra negra. Según lo que reporta INEGI el número los delitos no denunciados ha crecido año tras año, pasando del 91.6% en 2011, a 92.1% en 2012 y 93.8% en 2013. Es decir que el dato más reciente indica que en el país se denuncian únicamente 6 de cada 100 delitos, que en el caso del secuestro llegan a ser aproximadamente 2 de cada 100 y en el de extorsión sólo 1.5 de cada 100.

Como mencioné previamente, si solo calificamos los avances y retroceso en materia de seguridad a partir de un enfoque nacional, aparentemente el problema de seguridad ha mejorado. No obstante, ese sería un acercamiento inadecuado para la crisis que enfrenta la población pues implicaría ignorar que hay zonas del país en donde de manera sistemática e impune se comete cualquier tipo de ilícito. Ejemplos de esto, se pueden apreciar en la situación de Guerrero pues fue la entidad con más homicidios dolosos durante 2014 y sobresale el caso de uno de sus municipios, Acapulco, pues registró la mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Asimismo vale la pena recordar la cantidad de secuestros ocurridos en Tamaulipas, los niveles de extorsiones reportados en Morelos y Nuevo León o bien la incidencia de robos de vehículo en Baja California durante 2014.

Lanzar las campanas al vuelo y decir que estamos en el mejor momento de seguridad es sencillo y más aún si no vives, por ejemplo, en un municipio donde pareciera que el secuestro, la extorsión y el homicidio doloso son norma. Reafirmar casi como si fuera mantra, la mejora indiscutible de la seguridad del país sin tomar en cuenta los aspectos técnicos particulares que hemos mencionado también es fácil, ya que en cierta forma implica cerrar los ojos a la autocrítica y aceptar que aún falta mucho por hacer. Es momento que las autoridades entiendan la importancia de la información de calidad en materia de seguridad. Que entiendan que mala información genera malos diagnósticos, un deficiente combate frente a la delincuencia y, finalmente, la falta de acceso a la justicia para muchas personas.

En los últimos años hemos perdido decenas de miles de vidas, hemos promovido el rencor social, generado costos económicos y no económicos por una lucha contra el crimen basada en la reacción, no en la prevención y la resolución de los conflictos que generan la inseguridad. Debemos pasar de las políticas públicas sustentadas en acuerdos políticos y no en evidencia empírica para que contemos con una verdadera seguridad humana en México.

A través de este documento, desde el Observatorio Nacional Ciudadano hacemos un llamado a las autoridades locales a que asuman con responsabilidad el liderazgo en este tema; a las autoridades federales a que continúen trabajando para mejorar tanto la calidad de la información como los sistemas de atención a víctimas y a cada una de las personas a que se sumen de manera corresponsables en la lucha contra toda forma de ilegalidad y violencia para que vayamos construyendo un importante contrapeso ante los retos que la realidad del país nos demanda.

 

FRANCISCO RIVAS
Director General
@frarivasCoL

Reporte sobre delitos de alto impacto Octubre 2014

PRESENTACIÓN
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) concluye el año con la entrega del Reporte sobre delitos de alto impacto. Octubre 2014. Nos gustaría decir que a diferencia de como iniciamos el año, los problemas de inseguridad y violencia han mejorado significativamente en nuestro país. Sin embargo, ello dista en demasía de la situación actual como puede evidenciarse con la serie de eventos y sucesos que impulsaron el cuestionamiento del desempeño de nuestras autoridades, así como la exigencia de resultados y de medidas que garanticen la no repetición de hechos violentos y violaciones a derechos humanos que han ocurrido en Michoacán, Tamaulipas, Estado de México y Guerrero, entre otras entidades federativas. Ello no ha sido lo único que ha marcado el final de 2014 sino que hemos tenido conocimiento de ejecuciones extrajudiciales o de malas actuaciones de algunas de las autoridades responsables de nuestra seguridad, como sucedió en Tlatlaya e Iguala.

En contraste con estos trágicos eventos, la estadística oficial derivada de las denuncias interpuestas por los ciudadanos que conllevaron que se iniciara una averiguación previa o carpeta de investigación en las instancias de justicia correspondientes, nos presenta una baja generalizada de 7 de los 8 delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robos con violencia, de vehículos, a casa habitación) si comparamos los primeros 10 meses del año con el mismo periodo de 2013. Cabe mencionar que solo se observa un incremento en el caso del homicidio culposo.

resumenFuente: Elaboración del ONC con datos del SESNSP actualizados al 17 de diciembre de 2014

Desde el Observatorio hemos enfatizado muchas veces que pese a que las cifras oficiales puedan parecer alentadoras en el papel, ellas no modifican la sensación de riesgo ni el miedo que diariamente sienten los ciudadanos tras ser víctimas o testigos de diversos delitos. Debido a ello consideramos pertinente destacar los siguientes elementos:

1. A pesar de las mejoras que aparentemente vemos a partir de las estadísticas sobre incidencia delictiva son aún muy elevados;

2. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) demostró que el número de delitos denunciados en el país ha disminuido en los últimos años, es decir, cada año los ciudadanos confiamos y denunciamos menos;

3. El universo de delitos cometidos y reportados por la autoridad en el país no se refleja en la estadística oficial pues existen diversas inconsistencias en los registros, ya sea por incapacidad institucional, natural evolución de las investigaciones, asimetrías en los procesos o sistemas de las procuradurías, falta de elementos a considerar en la estadística oficial (informes policiales homologados, delitos atendidos por las instituciones federales de seguridad y procuración de justicia);

4. Si bien hay entidades que cuentan con niveles de incidencia delictiva aceptables hay otras que presentan niveles desmedidos de violencia;

5. Los delitos cometidos en el país son muy distintos entre sí pues hay algunos casos que implican cierta ejercicio de la violencia extrema;

6. No se vislumbra una solución integral y de fondo para los problemas de inseguridad ciudadana.

En los días pasados el presidente Enrique Peña Nieto presentó 10 puntos para darle vuelta a las crisis de seguridad denominados “Por un México en Paz con Justicia, Unidad y Desarrollo”. Lamentablemente, estos solo son 10 puntos que representan acciones aisladas, reactivas e incluso observables y no una verdadera política pública en la materia como lo requiere el país. Asimismo hay que destacar que estos son 10 puntos que deben ser cuidadosamente debatidos por sus posibles implicaciones como, por ejemplo, el mando único policial o la desaparición de poderes en municipios donde la criminalidad organizada se presuma ha contaminado a las autoridades. Debido a lo mencionado podemos decir que estas 10 acciones propuestas solo parecen la suma de buenos deseos.

Además no debemos relegar el hecho de que la crisis de inseguridad que enfrentamos no solo se encuentra reflejada en los ocho delitos de alto impacto, sino que hay otras tantas conductas criminales en nuestro país que continúan siendo cometidas impunemente en todo el país. Prueba de ello es la incidencia de trata de personas, desapariciones forzadas o involuntarias, robo de combustible, de energía eléctrica o de armas, entre otros. Cada uno conlleva serias implicaciones que parecieran ser invisible en la numeralia y discurso oficial como se puede observar en la falta de registros y acciones, así como en el incumplimiento de acuerdos y del marco jurídico correspondiente.

A pesar de los importantes retos y problemas que tenemos enfrente, no podemos negar que a finales de 2014 también pudimos observar la sensibilización de una parte importante de la sociedad sobre esta crisis de inseguridad ciudadana. Esto no debemos olvidarlo y mucho menos debemos permitir que se extinga, ya que necesitamos de dicho capital social para poder fortalecer el Estado de Derecho y construir la paz. Por lo anterior, cerramos el 2014 con la esperanza que quines marcharon por la paz en noviembre, así como aquellos que marcharon en 2012, 2009, 2003 o 1997 sean los ciudadanos que merece el país. Debemos comenzar el 2015 con la expectativa de que #yanoscansamos y estaremos atentos de la actuación de las autoridades, para ser un contrapeso social que logre garantizar la rendición de cuentas.

FRANCISCO RIVAS
Director General
@frarivasCoL

Robo en México, ¿un delito cotidiano? Análisis sobre sus tendencias y desafíos

“El crimen es una condición necesaria
de la existencia organizada.
La sociedad es esencialmente criminal”.
Joseph Conrad

En las últimas dos décadas México ha enfrentado una innegable crisis de inseguridad caracterizada por altos índices delictivos y el ejercicio de diversos tipos de violencia. Las historias alrededor de homicidios, secuestros, desapariciones y extorsiones; tristemente se han descrito en las páginas de los diarios nacionales e internacionales dando cuenta de los eventos cotidianos de los cuales somos testigos o víctimas en nuestro país. Con la entrada de la nueva administración federal se intentó matizar la crisis con una nueva narrativa que expresase confianza en que la situación mejoraría, a través de la eficacia en la actuación de las autoridades y poniendo énfasis en los resultados en materia de seguridad más que en los problemas en sí.

No obstante, los terribles actos de corrupción, de colusión de las autoridades con la criminalidad organizada, la aparente incapacidad del Estado de hacer frente a la violencia, que vimos hacia el último cuatrimestre del año, trajo de vuelta la discusión sobre los elevados índices delictivos del país y la violencia e inseguridad que hoy vivimos. Evidentemente, la atención de especialistas y de diversas organizaciones de la sociedad civil se ha volcado alrededor de los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero, en los cuales desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Quisiéramos decir que únicamente en ese municipio guerrerense se está presentando esta crisis significativa en materia de seguridad y de derechos humanos. Sin embargo, lamentablemente, esto no es así pues en el resto del país la problemática de delincuencia y violencia no ha cedido y diariamente decenas o centenas de personas continúan padeciendo esta crisis. Esto claramente hace evidente la ausencia de una estrategia de seguridad efectiva para garantizar la paz de la sociedad mexicana y la urgencia de encontrar un rumbo efectivo para combatir la delincuencia. Seguir leyendo →