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MANIFIESTO DEL “CÓMO SÍ”

El centro de toda política educativa debe ser el derecho a aprender de los niños, niñas y jóvenes de México.

Con chantaje, violencia, desinformación y mentiras sobre falsos pagos que los padres tendrían que hacer, la cúpula de la CNTE quiere regresarnos a la época de plazas vendidas, heredadas o entregadas en automático, así como al manejo por parte de los líderes de los nombramientos y pagos de los maestros.

Con un descarado oportunismo y nostalgia por el co-gobierno con el que medraron en el pasado, ahora también la cúpula del SNTE quiere imponer sus términos.

Por ingenuidad, cinismo o ventaja política, algunas fracciones de los partidos coquetean también con cambios a modo.

Este desdén por el orden democrático genera el riesgo de cancelar la transformación del sistema educativo, y con ello un mejor futuro para la joven generación. A México le cuesta caro la aplicación selectiva de la ley.

El cambio al Artículo 3º de la Constitución permitió recuperar la rectoría del Estado democrático sobre el proyecto educativo del país, que se había perdido ante las cúpulas sindicales del SNTE y de la CNTE.

No se puede echar por la borda, sin dañar nuestra democracia, la aprobación del Legislativo federal y de los estados, ni las decisiones de la Suprema Corte de Justicia que reiteraron su legalidad y congruencia con el interés superior de la infancia. La reforma educativa no tiene dueño; no es de esta administración, es de México y para los mexicanos.

Los problemas no se resuelven desquiciando las leyes para satisfacción de las clientelas. Se resuelven con la corrección de algunos instrumentos incompletos y procesos que no rinden su fruto por omisión, negligencia o impericia en su implementación.

Por ello, exigimos que:

  1. La SEP reconozca los errores y faltantes en la implementación. Estos van desde el descuido en la comunicación con las familias, los maestros y la sociedad, hasta los retrasos y omisiones en la transformación de las normales. La SEP y los estados deben activar el sistema de quejas y denuncias previsto en la ley, con folios para monitorear la atención y avance, y cortes mensuales de resolución y reparación.
  2. Las autoridades de cada estado se responsabilicen por la implementación transparente y presenten una ruta de enmienda para las distorsiones más graves. Entre ellas están las plazas no entregadas, el orden de prelación burlado, las tutorías omitidas y los aumentos escatimados.
  3. Los funcionarios federales y estatales aseguren la entrega oportuna y equitativa de los beneficios establecidos. Esto incluye el apoyo a la formación docente, los nombramientos y promociones ganados, los aumentos de horas y salario alcanzados, la regularización de infraestructura digna y la gratuidad comprobada de la escuela pública.
  4. El INEE asuma su papel como máxima autoridad sobre la evaluación del sistema educativo. La evaluación no sólo debe consistir en exámenes masivos e impersonales, sino incluir obligatoriamente observación en el aula, realizada por evaluadores certificados que sean maestros frente a grupo. Así también, se debe estudiar cómo ir dando voz a los alumnos en todo el proceso.
  5. La SEP convoque ya a la revisión del Modelo Educativo. No se trata de centrarse en un simple cambio de programas, sino lograr una discusión pertinente sobre aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo, evaluación formativa y superación de la inequidad en el derecho a aprender relacionada con identidad étnica, plurilingüismo, necesidades educativas especiales o arreglo multigrado.

La transformación educativa es una necesidad sentida por toda la población. Se dio un enorme paso adelante cuando una coalición reformadora, que incluyó a organizaciones de sociedad civil, investigadores, representantes de todos los partidos y autoridades en funciones, se convencieron de dejar atrás la postración, la mediocridad y el abuso institucionalizados.

Hoy se necesita dar un paso más: exigir a la autoridad que no claudique por cálculo político, que no se deje amedrentar ni cooptar de nuevo. Pactar con las cúpulas sindicales no es dialogar con los maestros. Las familias, los maestros, y todos los ciudadanos necesitamos salir del rumor y verificar lo que establece la ley y el horizonte que abre para los niños y niñas. Sí al diálogo, pero con todos los actores.

No abandonemos el proyecto de transformación educativa, mejoremos su implementación para alcanzar la siguiente etapa.

¡Pongámonos a trabajar en el “Cómo Sí”!

Carta al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong

Ciudad de México a 21 de abril del 2016

Miguel Ángel Osorio Chong

Secretario de Gobernación

Pr e s e n t e

Señor Secretario, como bien sabe la violencia contra la mujer es algo cotidiano, normalizado y socialmente aceptado. Las evidencias están a la luz del día y van desde el acoso en la calle hasta las expresiones denigrantes de autoridades o personajes públicos sobre la mujer.

Por si esto no fuera suficiente, cada vez que una mujer es víctima de violencia y se atreve a alzar la voz, inmediatamente es callada y señalada como culpable por el simple hecho de ser mujer. En otras palabras, diariamente atestiguamos la victimización y revictimización de las mujeres. Lamentablemente, la violencia que diariamente padecen las mujeres no es un secreto a voces ni una novedad sino que es un problema de todos conocido.

Señor Secretario,como usted sabeser mujer en nuestro país es sumamente peligroso, no sólo por los riesgos que implica sino por la falta de acceso a la justicia, la simulación en la investigación de los casos y en la atención a las víctimas debido a que no se siguen los protocolos y normas que sirven para ello. Es peligroso ser mujerporquehay una sociedad que está dispuesta a proteger al agresor, culpar a la víctima, juzgarla y mofarse de ella. Debido a estos factores lasagresiones, violaciones, feminicidios, terminan siendo ejecutados impunemente bajo el resguardo de nuestras instituciones de procuración de justicia que terminan calificando las faltas como menores.

Justamente por cada uno de estos aspectos no es posible afirmar una disminución de 25% del feminicidio como lo ha referido en días pasados durante la presentación de la Alianza Contra la Violencia hacia las Mujeres, Acciones y Compromisos. Si el sustento de dicha información son estadísticas provenientes de las instituciones de procuración de justicia, estas no reflejan lo que deberían representar debido a que sederivan de las denuncias interpuestas ante autoridades que no solo no saben cómo atender a las víctimas sino que muy probablemente no están sensibilizados sobre los elementos constitutivos básicos del feminicidio. Las repercusiones de esta situación son muy claras pues no solo se trata de la revictimización de la víctima y sus familiares, sino que afecta irremediablemente la clasificación e investigación de los hechos. Por esta razón, hemos tenido conocimiento de que claros casos de feminicidios han sido clasificados y considerados como suicidios u homicidios culposos. Esto sucedió en los casos de Mariana Lima o de Nadia Alejandra Muciño Márquez, ambas asesinadas en el Estado de México. Por lo tanto, podemos afirmar que no tenemos certeza alguna sobre la disminución de la incidencia de feminicidios.

En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) nos dimos a la tarea de analizar este delito en nuestro estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México. Los resultados de la investigación efectuada evidencian que faltan muchas cosas por hacer para atender el problema del feminicidio en nuestro país pues encontramos que:

a. Aunque desde 2007 contemos con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual se dispone que el Estado mexicano debe desarrollar e implementar una serie de protocolos de actuación para atender este tema desde la procuración de justicia, solo 20 entidades federativas cuentan con dichos protocolos sin que esto implique todos ellos cuenten con una visión de género.

b. A pesar de la gravedad del ejercicio de violencia feminicida contra las mujeres, aún hay entidades federativas como Chihuahua y Nayarit que no cuentan con el tipo penal específico de este delito en sus respectivos códigos penales.

c. Existe una profunda incertidumbre sobre las estadísticas de feminicidios en ciertas entidades federativas como es el caso de Quintana Roo y el Estado de México. Esto se debe a que las autoridades estatales refieren estadísticas distintas ya sea en respuestas a solicitudes de información pública, en discursos oficiales o en información entregada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el caso de Quintana Roo encontramos que tras una serie de feminicidios ocurridos hace unos meses, el titular de la de Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer que durante 2014 se habían cometido trecefeminicidiosy de enero a octubre de 2015 se tenía el registro de sietecasos.Estas cifras son un tanto cuestionables dada la respuesta a una solicitud de información pública realizada por el ONC pues fue la siguiente:

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, realizó la búsqueda minuciosa en sus archivos y base de datos electrónicos, en los que No se encontró registro alguno sobre la información referente al número de averiguaciones previas iniciadas por el delito de feminicidio ocurridos en el estado en el periodo requerido, motivo por el cual la cifra se encuentra en cero. (sic).

d. En el caso del Estado de México, las autoridades de procuración de justicia respondieron nuestra solicitud deinformación que durante 2014 se habían iniciado 48 averiguaciones previas, mientras que a la CNDH le reportó que inició 86 averiguaciones previas tan solo durante el primer semestre de 2014.

e.Existen criterios y procesos disimiles para la sistematización y registro estadístico de los feminicidios en las instituciones de procuración de justicia. Respecto a ello, basta retomar el caso de Oaxaca, entidad que reportó la mayor cantidad de feminicidios durante 2014 pues se iniciaron 129 averiguaciones previas. Sin embargo, esta cifra no representa solo los feminicidios ocurridos pues a partir de la incorporación del tipo penal de este delito en su respectivo código penal, se optó por determinar que todas las averiguaciones previas y legajos de investigación que se inicien con motivo de la muerte violenta de una mujer se inicien como feminicidios, determinando durante la investigación si se trata de dicho ilícito o si más bien es un homicidio doloso de mujer.

f. Al tratarse de datos provenientes de las instituciones de procuración de justicia estamos refiriéndonos exclusivamente a aquellos casos que fueron atendidos y reconocidos como feminicidios por los funcionarios. Si contrastamos dichas cifras con aquellas proporcionadas por las secretarías de salud pública encontraremos claras diferencias, las cuales no solo se explican por la unidad de análisis que cada una de ellas mide sino por lo que sucede en la investigación y registro de este delito.

Debido a lo que mencionado previamente, carecemos de estadísticas oficiales que sean objetivas y de calidad que nos permitan entender, dimensionar y atender el problema del feminicidio mediante políticas públicas focalizadas. Esta es solo la pequeña punta del iceberg pues si carecemos de este tipo de indicadores sobre esta violencia física y letal, qué podemos conocer sobre otras violencias ejercidas contra las mujeres. Es cierto que a partir de la información disponible en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) podemos llevar a cabo un seguimiento de la incidencia de violaciones. Es cierto que a partir de dicha información sabemos que el año con más averiguaciones previas por violación fue 2011 con un total de 15 751 casos registrados. Es cierto que además conocemos que desde 2012 se había mantenido una tendencia anual decreciente y que si comparamos los primeros 3 meses de 2016 con el mismo periodo de 2015 se observa un aumento de 4.18% de este tipo de casos. Sin embargo, estas cifras quizás reflejan una mínima fracción de las violaciones que han sido cometidas debido a que solo representan los casos denunciados y en los cuales se procedió a iniciar una averiguación previa.

Señor Secretario Osorio Chong, usted mostró sensibilidad ante el tema al presentar la Alianza Contra la Violencia hacia las Mujeres, por eso me permito solicitarle:

1. La vigilancia del cumplimiento de normas y tratados internacionales que obligan a la federación y a las autoridades locales a trabajar según protocolos de actuación con visión de género.

2.Relanzar un programa de capacitación para las autoridades para identificar adecuadamente el delito, dando así acceso a la justicia a las víctima.

3. Promover una supervisión de la sociedad civil en la construcción de bases estadísticas fidedignas que sirvan como diagnóstico y sean un ejercicio de rendición de cuentas para la sociedad.

4. Revisar que la implementación de políticas públicas que cuentan con apoyo federal estén sustentadas en diagnósticos, que cuenten con indicadores de impacto y que eventualmente se evalúe si han producido resultados.

5. Promover una política educativa y social de respeto a la persona y a lo diverso.

Señor Secretario, el discurso que ha pronunciado sobre la violencia ejercida contra la mujer es de suma importancia, por eso sé que entenderá que dar datos imprecisos de bajas optimistas es un ejemplo de revictimización que fomenta la desconfianza hacia la autoridad, minimiza el problema y permite la impunidad.

Señor Secretario, debido al discurso que ha pronunciado sé que usted es sensible a los peligros que enfrentan las mujeres diariamente y que tiene el compromiso de

trabajar para tratar de disminuirlos.Desde el Observatorio Nacional Ciudadano queremos colaborar constructiva y corresponsablemente frente a este problema de seguridad humana y de derechos humanos, por ello queremos hacer de su conocimiento nuestra disponibilidad para trabajar en la construcción de una política más eficaz.

FRANCISCO RIVAS

Director General

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Sr. Secretario, ¡usted está equivocado!

Una vez más las cifras pronunciadas por el Secretario de Gobernación no cuadran con la falta de seguridad en el país. De nuevo es evidente que tanto la sociedad como algunos representantes de la sociedad civil no estamos de acuerdo con nuestras autoridades. No se puede decir que México está en su mejor momento de seguridad en los últimos 10 años, cuando estamos viviendo en un escenario en el cual sabemos que se han denunciado y consumado 1,394 secuestros, 5,775 extorsiones y, por lo menos, 15,649 homicidios dolosos durante 2014.
En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) hemos dedicado parte de nuestra labor al análisis de la incidencia de los delitos de alto impacto en el país. Por esta razón, hemos publicado mes tras mes, los números correspondientes a las averiguaciones previas iniciadas por delitos del fuero común de alto impacto social, reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Derivado del análisis periódico de los índices de homicidio (doloso y culposo), secuestro, extorsión y robo (con violencia, de vehículo, a casa habitación y a negocio) hemos observado que las cifras oficiales que 7 de estos delitos disminuyeron de 2013 a 2014. Únicamente el homicidio culposo, el no intencional, presentó un alza que no es para nada menor, pues se inició una cifra récord de averiguaciones previas por este ilícito en 2014 al registrarse 16,961 casos.
En incontables ocasiones hemos discutido la validez de las estadísticas oficiales recopiladas y sistematizadas por las procuradurías estatales de justicia. Sin embargo, por sólo un momento hagamos a un lado esta cuestión técnica o metodológica y concentrémonos en lo verdaderamente sustantivo de la crisis nacional de inseguridad ciudadana:

1. Si bien hay marcados descensos de los delitos de alto impacto, 2014 no fue el mejor año de los últimos 10. Simplemente basta con observar lo sucedido en cuanto a secuestros, 2014 ha sido el cuarto peor año desde 2005; en homicidio doloso, fue el sexto; en culposo, el segundo; en extorsión, el quinto; y, finalmente, en robo con violencia, el séptimo.
2. Aunque 2014 ha sido el segundo año con menor cantidad de averiguaciones previas iniciadas de los últimos diez, esto se puede deber al aumento constante de la cifra negra. Esto significa que las personas cada vez denuncian menos, principalmente por causas atribuibles a las autoridades, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE).
3. Respecto al homicidio doloso, delito que ha sido utilizado como parámetro para evaluar los avances en materia de seguridad por parte de la autoridad, hay que mencionar que si bien es cierto que presenta un comportamiento a la baja en los últimos años, aún no es posible observar una franca mejoría respecto a los últimos 10 años. Hay que considerar que tan solo las averiguaciones previas contabilizadas en 2014 fueron 52.53% superiores a las de 2007.
4. En el caso de los delitos de secuestro y extorsión resulta comprensible que se haya presentado una baja luego de que durante el 2013, el primer año de gobierno de esta administración federal, se alcanzaran cifras históricas: 1,698 secuestros y 8,196 extorsiones. Pese a las reducciones de estos ilícitos que han sido tan publicitadas, en el caso del secuestro, la cantidad de casos generados en 2014 continúa siendo 218.26% superior a las de 2007, con lo cual queda en evidencia que estamos muy lejos de estar en el mejor contexto de seguridad de la última década. Lo mismo sucede con los índices de extorsión, pues las averiguaciones previas iniciadas por este delito en 2014, son 25.71% mayores a las reportadas en 2011.
5. Si bien algunas entidades cuentan con condiciones de seguridad aceptables en términos de incidencia delictiva; hay algunas que se encuentran en situación de verdaderos estados fallidos, como mínimo citar los casos de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
Incluso si tomáramos como ciertas las cifras oficiales no se pueden dar discursos triunfalistas con una comparación entre los de datos de 2014 respecto a los de 2013. Por ejemplo, Guerrero presenta tendencias al alza de 38.26% de los homicidios culposos, de 6.47% de los robos con violencia y de 0.58% de los robos a vehículo.
Otro claro ejemplo es el aumento de la delincuencia y violencia en Tamaulipas, ya que no sólo fue la entidad con más averiguaciones previas y víctimas de secuestro en cada uno de los meses de 2014, sino que al comparar estas cifras con las de 2013 se observa un incremento de 24.17% en las extorsiones, de 51.64% en los homicidios culposos y 13.15% en los dolosos.
6. Desde la implementación de los distintos operativos u operaciones conjuntas, México vive una crisis en materia de desapariciones forzadas e involuntarias que no ha sido reconocida en su justa dimensión como ha sido evidenciado por organismos internacionales. Esta problemática ha alcanzado tales dimensiones que inclusive a pesar de la existencia del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), las autoridades siguen sin saber cuántas con certeza personas desaparecidas hay en nuestro país.
7. No hay un seguimiento absoluto de la violencia ejercida y de los delitos cometidos contra migrantes en nuestro país, por lo tanto, ello invita a cuestionarnos si la seguridad exaltada en los discursos oficiales sólo toma en consideración la afectación exclusiva a los mexicanos.
8. México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, tan sólo basta recordar los últimos homicidios o secuestros de periodistas en entidades como Veracruz o Tamaulipas.
9. En los últimos meses ha habido una serie de delitos y violaciones a los derechos humanos que han cimbrado profundamente a la sociedad, sin que estemos cerca de que las autoridades garanticen la adecuada reparación del daño, justicia y verdad para las víctimas. Además si esto no es suficiente, a pesar de lo sucedido aún no se vislumbra el fortalecimiento de las instituciones y del Estado de Derecho para que este tipo de hechos no se repitan bajo ninguna circunstancia.
10. Que bajen los porcentajes de incidencia de las denuncias o averiguaciones previas reportadas en el SESNSP, no indica la disminución de la violencia. Las características de los delitos ponen en evidencia un aumento en la violencia, por lo cual la simple disminución de la estadística no es suficiente para decir que las personas vivimos más tranquilas y seguras en este país. Es decir, importan no sólo los cuántos, sino los cómos.
11. Hay demasiados casos aún donde la autoridad está siendo cómplice o autora de los delitos cometidos contra las personas, poniendo en evidencia que los ciudadanos estamos siendo atacados por nuestros mismos representantes que usan el peso de las instituciones para violar la ley.
12. A priori ningún ciudadano de este país tiene garantizado el acceso a la justicia, con o sin reforma penal.
13. Los niveles de impunidad que vivimos son aún tan altos que toda declaración triunfalista cae por sí sola.

Si optamos por considerar de manera exclusiva cuestiones técnicas o metodológicas de la información del SESNSP tendríamos que aclarar que:
1. Es costumbre que las entidades efectúen movimientos a la estadística anual, incluso varios meses después, por lo que los números que vemos hoy muy probablemente no son los definitivos (pensemos casos como Veracruz que en mayo 2014 agregó casi 23 911 delitos a la estadística anual de 2013 reportada en el SESNSP);
2. Sólo desde 2014 se cuenta con un conteo público de víctimas de delitos como homicidio, secuestro y extorsión, lo que se contabiliza son el número de denuncias, averiguaciones previas o carpetas de investigación, lo que no permite hacer comparativa e identificar comportamientos históricos sobre lo que más nos debe importar: las personas están siendo víctimas del delito.
3. En las encuestas de victimización que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) nos presenta, podemos deducir que el número de delitos no denunciados ha ido aumentado, por lo que la cifra oficial representa año con año un porcentaje menor del número de delitos que suceden en el país: en 2011 fueron 91.6% los delitos que no se denunciaron, en 2012 fueron el 92.1% y en 2013 llegaron a 93.8%;
4. Como en nuestros estudios hemos podido denunciar, las procuradurías locales en muchos casos registran los delitos con base en criterios individuales y a partir de lo establecido en la ley o en los propios lineamientos emitidos por INEGI-SESNSP, por lo que presentan una imagen poco fidedigna del universo de delitos que no se registran;
5. Es importante revisar los criterios de registro del homicidio doloso y culposo, ya que existen elementos que apuntan a que muchos homicidios intencionales son registrados de la manera contraria.
6. Con la implementación del nuevo sistema de justicia penal adversarial los delitos no graves han dejado de ser registrados de la misma manera en la que se hacía en el sistema inquisitorio, por lo que la estadística podría verse afectada.
7. En la información que publica el SESNSP no se incluyen aquellos delitos reportados ante autoridades de seguridad pública estatal o federal que no hayan sido también denunciados ante procuradurías locales. Además no incluye los casos atendidos por la Procuraduría General de la República (PGR).

Señor Secretario de Gobernación, es entendible que usted en su papel institucional busque recalcar las acciones positivas de este gobierno. Sin embargo, no es aceptable que los ciudadanos callemos ante estas declaraciones que propiamente parecen describir la realidad de otro país. Quienes hemos sido víctimas de delitos, quienes no viajamos escoltados o contamos con autos blindados y debemos temer por circular por las calles de nuestras ciudades no podemos callar; quienes hemos perdido a un ser querido, quienes en los últimos meses hemos debido enfrentar secuestros o extorsiones no podemos aceptar sus declaraciones que son carentes de sensibilidad para todas las víctimas del país.
Es fundamental entender que el objetivo no es que baje la estadística de incidencia delictiva sino que la sociedad viva mejor; que existan oportunidades de progreso dentro de la ley; que los jóvenes tengan oportunidades que los alejen de la delincuencia; que la ley no sea letra muerta; que absolutamente todos seamos iguales frente a la ley y exista un verdadero acceso a la justicia, lo que necesitamos es vivir en un Estado de Derecho real y no solo formal. En cuanto alcancemos cada una de estas cosas, veremos como consecuencia la baja de la criminalidad y la violencia.
Como ciudadano pido a nuestras autoridades que, antes de emitir estas declaraciones, se pongan en los zapatos de alguien que no puede circular libremente por una carretera, que tiene miedo al ir a un cajero automático, que debe enfrentar cotidianamente el cobro del derecho de piso. Ahora como titular de una organización enfocada en esta materia y como representante de la sociedad civil, pido que revisen mejor la información que dan a conocer en sus discursos para que se percaten que ésta no corresponde a lo que vivimos día tras día. En el caso de que nuestras autoridades cuenten con fuentes alternas de información, les pido por favor las hagan públicas y de fácil acceso para que todos entendamos y conozcamos las fuentes de sus declaraciones.
Es hora de enfrentar la realidad y reconocer que los problemas del país no se resuelven sólo con una comunicación triunfalista que suena bien tras pronunciarla sistemáticamente.

Francisco Rivas
Director General del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL