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Desapariciones forzadas e involuntarias: El registro estadístico de la desaparición: ¿delito o circunstancia?

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La colección ¿Cómo entender las desapariciones forzadas e involuntarias? Perspectivas de política pública tiene como objetivo generar una mejora de la gobernanza en materia de desapariciones en México a través del análisis de las acciones emprendidas por las distintas autoridades de los niveles de gobierno, de la recuperación de la experiencia comparada internacional y del conocimiento de diversas asociaciones civiles y colectivos especializados.

Además de complementar las investigaciones ya existentes sobre desapariciones, esta colección de nirá una ruta crítica para los hacedores de política en lo referente al registro estadístico, búsqueda de personas, investigación de casos, atención a víctimas, procedimientos forenses, entre otras áreas. Se pretende que esta serie de publicaciones sea de un carácter más pragmático, aunque no se dejarán de lado contenidos contex- tuales que permitan entender el tema y su importancia.
Los fascículos de esta colección son los siguientes:

1) El registro estadístico de la desaparición: ¿delito o circunstancia?
2) Marco legal, políticas públicas y líneas de acción en materia de desapariciones forzadas e involuntarias 3) Estatus de las instituciones relacionadas con las desapariciones: procuración, atención a víctimas y áreas forenses
4) ¿Cómo entendemos la desaparición forzada e involuntaria? Víctimas, especialistas y autoridades

Cabe destacar que el orden de dichos fascículos no pretende jerarquizar las áreas de política. De hecho, las complementariedades entre dichas áreas son cruciales para detonar un cambio signi cativo en la materia.

Este fascículo versará sobre el registro estadístico de las desapariciones. Cuando leemos en algún periódi- co, medio digital, investigación o manta de protesta que en el país hay más de 20 mil desaparecidos, ¿sabemos de dónde proviene tal cifra? ¿Podemos estar seguros de la con abilidad de esta cantidad? ¿Qué características tiene el registro de dónde provino ese número? ¿Hay otros registros que cumplan con el mismo objetivo? Además de contabilizar a las personas desaparecidas, ¿puede un registro estadístico sólido coadyuvar en las investigaciones de los casos?

Más que cifras, debemos recordar que detrás de estas se encuentran personas por lo que minimizar la gravedad del problema mediante argucias o enredos estadísticos constituye un discurso político ofensivo y carente de responsabilidad. La mejora del registro estadístico de las desapariciones es de una importancia toral aunque por el momento solo se considere como un tema o asunto secundario. Sin registros estadísticos sólidos, con ables y oportunos, no sabremos identi car la magnitud del problema y por ende, será muy difícil determinar la cantidad de recursos necesarios para mejorar la investigación de casos, la atención a víctimas
o las capacidades institucionales forenses. Como ya está sucediendo, ante la incapacidad o ine ciencia de algunas autoridades, las organizaciones del tercer sector especializadas en el tema han adoptado un papel que sustituye crecientemente al del gobierno. El registro estadístico no es la excepción.

Reporte mensual de delitos de alto impacto, Septiembre 2016

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Descarga el reporte sobre modificaciones a los registros de incidencia delictiva aquí

Los mexicanos nos sentimos inseguros, descon amos de la autoridad y de los procesos de acceso a la justicia. Esto no solo lo con rma el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)

y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), sino que día tras día lo atestiguamos. Si analizamos con detenimiento esta situación, es evidente que difícilmente podría ser de otra manera sobre todo porque pese a que los delitos de alto impacto parecieran estar disminuyendo acorde con las cifras o ciales, los procesos de victimización han aumentado. Un claro ejemplo es lo que está pasando con el homicidio doloso, el cual ha aumentado casi 20% al comparar las carpetas de investigación iniciadas de enero a septiembre 2016 contra el mismo periodo de 2015 de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Asimismo hemos leído casos de robos con violencia sufridos por la secretaria particular del procurador capitalino, el embajador de Trinidad y Tobago y su familia, y el de un alto ejecutivo de una de las escuderías que compitieron en el Gran Premio de la Ciudad de México hace algunos días. Todas estas personas cuentan con redes y aparatos de seguridad que debieron minimizar estos riesgos, pero, no lo hicieron no obstante a pesar de haber atravesado por esta experiencia victimizante, estas personas pueden acceder más fácil a la justicia, a diferencia de lo que ocurre con la mayor parte de la población.

Aunque nos duela admitirlo, vivimos en un país inseguro, violento y con alta incidencia delictiva. Aunque nos duela admitirlo vivimos en un país en el cual la autoridad invierte más tiempo justi cando la falta de resultados, descali cando el análisis de expertos y negando la realidad, más que trabajando en generar instituciones e caces y con ables para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

En este sentido deberíamos preguntar por qué, a pesar de haber gastado miles
de millones de pesos en la última década en capacitación, reingeniería institucional, equipamiento y tecnología, controles de con anza y contrataciones, seguimos teniendo policías y procuradurías con personal mal tratado, mal pagado, mal capacitado, mal equipado, insu ciente y poco con able. ¿Quién se ha enriquecido a costa de nuestros impuestos? ¿Por qué nadie responde ante la falta de capacidades institucionales y, por ende, la falta de resultados en la materia?

En un momento donde la crisis de seguridad y violencia debería ocuparnos en buscar responder a estas y otras preguntas, surge una propuesta que como mínimo debemos cali car de irresponsable y que parece caer en tierra fértil: modi car el artículo 10 de la Constitución, para que los ciudadanos podamos portar armas en autos y comercios para “autodefendernos”. Sí, es una propuesta equiparable a lo que sucedía hace más de tres siglos en el Viejo Oeste, al no haber un Estado capaz de proteger a los ciudadanos, por lo que ellos debían hacerlo por sí mismos.

El senador panista, Jorge Luis Preciado artí ce de esta propuesta, dice que pretende “darles armas a los buenos ciudadanos” mediante una especie de proceso de control de con anza. Probablemente, el senador Preciado desconoce los innumerables casos de policías que aprobaron los controles de con anza estando coludidos con el crimen, delinquiendo y secuestrando ciudadanos.

De la misma manera, el senador Preciado sustenta su propuesta sobre la base de casos como las tasas de homicidio doloso de Estados Unidos, correlacionándolas con el número de armas en manos de privados, olvidando por un lado los casos de violencia psicótica, urbana
o los accidentes ligados a la posesión de armas. Además deja a un lado que, la baja tasa nacional de homicidios asume connotaciones diferentes ante una mirada local, donde la violencia e incidencia delictiva se equiparan o superan a muchas de las localidades mexicanas y más aún, que por lo general, las instituciones policiales del país fronterizo son mucho más con ables.

Debo señalar que el senador Preciado ha logrado captar la atención de muchos ciudadanos insatisfechos y genuinamente preocupados; con el #SíALaLegítimaDefensa ha puesto un tema indefendible en la discusión nacional. No obstante, resulta muy preocupante que una autoridad que representa al Estado, desacredite los procesos institucionales, proponiendo poner en riesgo vidas en vez de invertir todo su capital político en mejorar las instituciones y en generar un piso parejo para todos, a través del arraigo y promoción de la cultura de la legalidad y de la paz.

La solicitud ciudadana de autodefenderse en un ambiente inseguro es entendible, pero no el aprovecharse de esta y hacerse publicidad a costa de la vida de mexicanos. Senador Preciado, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) no queremos aumentar los factores de riesgo que llevarán a una mayor desigualdad entre los mexicanos, que propicien aún más el trá co de armas, que faciliten la resolución violenta de conflictos y fomenten el desprecio de la autoridad.

En el ONC, no queremos un México donde invitemos a nuestros seres queridos y a quien visita nuestro país a que salga con arma y chaleco antibalas. Al contrario, queremos un México en el cual los servidores públicos pongan por encima el camino de las instituciones y su fortalecimiento sobre alternativas carentes de diagnósticos sólidos. En otras palabras, queremos que nuestras autoridades atiendan de manera e ciente y efectiva la crisis de seguridad ciudadana por la cual atraviesa nuestro país.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, julio 2016

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Hace algunos días, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong hizo entrega del cuarto informe de gobierno. Este es el principal ejercicio de rendición de cuentas mediante

el cual la administración pública federal explica a la ciudadanía los resultados de las políticas públicas y las líneas de acción implementadas en las múltiples materias. Fiel a la costumbre que ha caracterizado por décadas a nuestros gobiernos, se

dieron a conocer resultados halagüeños pues “lo bueno casi no se cuenta”, escuchando un discurso que hizo referencia a la “realidad” de un México ajeno al país en el que vivimos, ya que por los índices de aprobación del presidente Peña Nieto se requirió necesariamente mostrar resultados positivos en donde su desempeño dista de ser el deseado.

El informe de gobierno consideró cuatro apartados: México en Paz, México Incluyente, México con educación de calidad, y México Prospero. Los resultados en materia de seguridad y justicia contenidos en el apartado “México en Paz” enfatizaron el cumplimiento en tiempo y forma de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), los bene cios que esto traerá para la impartición de justicia, la labor de las instituciones del Estado en materia de seguridad (Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México Comisión Nacional de Seguridad) en su tarea de combate al crimen organizado, así como la existencia y operación del programa nacional para la prevención del delito.

De igual manera se subrayó la importancia que han tenido los operativos coordinados para la seguridad y el orden, así como la coordinación interinstitucional a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) que ha dado pie a diversas estrategias como la Estrategia Nacional Antisecuestro o el nuevo modelo de desarrollo policial. A su vez se destacó la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

No obstante, poco se mencionó sobre las fallas que subsisten en el sistema penitenciario, tampoco se re rió a los casos emblemáticos como los acontecidos en Ayotzinapa, Tanhuato y Nochixtlán donde la actuación del gobierno distó de ser la óptima. Lo que se con rmó con la renuncia solicitada al ahora ex comisario de la Policía Federal, Enrique Galindo, a escasos dos días del informe.

No se mencionó a entidades como Guerrero, Tamaulipas, Estado de México, Colima o Veracruz (por mencionar solo algunas) donde la violencia aún impera. Tampoco presentaron diagnósticos certeros y minuciosos respecto a los recursos escasos destinados a ciertas áreas clave de la procuración de justicia, las carencias y áreas de oportunidad en dicha materia, así como en la atención de víctimas

del delito cuya comisión ejecutiva solo ha sido capaz de canalizar 33 de los 1 028 millones de pesos presupuestados para la atención a víctimas y la reparación del daño. Esos temas fueron omitidos ya que aparentemente se cree que con la sola existencia de los ordenamientos jurídicos y normativos los problemas se resuelven en automático.

En cuanto a los resultados en materia de corrupción, pese a que estrenaremos el SNA, no debemos olvidar que el PRI se opuso a diversos elementos de este y
que solamente gracias al gran trabajo de la sociedad civil y a un veto presidencial oportuno fue posible que el SNA se convirtiera en el primer paso en el combate a la corrupción. En cuatro años solo se ha podido dar un pequeño paso, impulsado por las organizaciones de la sociedad civil.

El presidente no abordó el alza de los homicidios dolosos. Con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y que según los pronósticos realizados por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) se espera que 2016 termine con una tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes de 14.5 homicidios dolosos (3.23% mayor que la reportada en 2015). Mientras que en otros pronósticos menos conservadores la tasa en comento podría alcanzar un valor máximo de 17.34. Cabe destacar que entidades como Guerrero y Morelos en las que se ha contado con la presencia o refuerzo de elementos de instituciones federales de seguridad, se han mantenido tasas de homicidio doloso superiores a la nacional desde 2012.

El mes de julio se caracterizó por haberse constituido como el mes con mayor número de víctimas de homicidio doloso (2 073) desde que se comenzó a divulgar esta información en 2014, en tanto que mayo y junio presentaron más de 1800 víctimas mensuales, lo que presupone un promedio de más de 60 homicidios dolosos cometidos diariamente.

A su vez, durante la administración de Enrique Peña Nieto hemos sido testigos de cambios en los patrones geográ cos de los delitos de alto impacto. Antes de que comenzará su periodo de gobierno las entidades con mayores tasas de homicidio doloso entre enero y julio de 2012 eran: Chihuahua (37.6), Guerrero (35.9), Sinaloa (31.3), Morelos (26.3) y Durango (22.3). En cambio, durante el mismo periodo de 2016 las entidades con mayores tasas fueron: Colima (45.9), Guerrero (35.3), Sinaloa (20.1), Baja California (17.1) y Morelos (16.9).

Por otro lado, en materia de secuestros se espera una tasa de 0.93 por cada 100 mil habitantes (7.09% mayor que la de 2015) y una tasa de extorsiones de 4.32 (3.67% mayor que la de 2015). Es decir, el panorama no será muy diferente del que experimentamos en 2013.

Para el secuestro es importante distinguir que las cifras reportadas en el SESNSP no reflejan la cantidad total de casos, no solo por la cifra negra, sino porque no se están registrando los supuestos contemplados en el Artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. A pesar de lo anterior es el delito que reportaría el mayor incremento respecto a 2015 de acuerdo con nuestros pronósticos.

En materia de extorsión cabe destacar que las disminuciones registradas desde 2013 se pueden deber a cambios en los criterios de registro. Dichas modi caciones suponen que la credibilidad y comparabilidad de la información esté en duda. En lo agregado esto supone un diferencial de la tasa nacional de 0.5 y 0.6 en 2014 y 2015, respectivamente, lo cual aminora los porcentajes de reducción ampliamente citados por las autoridades.

A pesar de lo anterior atribuirle la responsabilidad de cada carencia o falta de logros al Ejecutivo no es completamente prudente. Si hoy observamos entidades y municipios en condiciones graves de inseguridad, si la violencia en algunas regiones se ha mantenido, si no se ha cumplido a cabalidad la adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio, si no se ha cumplido con la Ley General de Víctimas, así como con diversos tratados internacionales que tutelan los derechos humanos,
es también por la responsabilidad de autoridades locales y municipales que han
sido cómplices o directos responsables de esto, ya sea por incapacidad o por desidia. También ellos han aportado a un contexto en el cual el Estado no tiene el control sobre todo el territorio nacional.

A poco más de dos años del n del mandato del presidente Peña Nieto, es momento de que asuma las riendas del combate a la corrupción y la delincuencia,
de la implementación de la ley sin distingos. Es momento de que refrende su compromiso con políticas públicas de seguridad humana sustentadas en diagnósticos reales e indicadores de desempeño e impacto; es momento de que se reajusten o eliminen las lineas de acción que no han funcionado y de verdad trabaje para que “lo bueno cuente mucho” no solo en términos de narrativa y estrategia de comunicación.

Francisco Rivas
Director General
@frarivasCoL

Reporte Mensual de delitos de alto impacto, Mayo 2016

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Desde mediados de 2012 y hasta inicios de 2015 el homicidio doloso mantuvo un comportamiento a la baja. Esto lo podemos apreciar al analizar las tasas por cada 100 mil habitantes de este delito, los cuales variaron de 18.47 en 2012 a 13.08 en

2014. No obstante, la disminución que se registró durante esos años no se mantuvo y fue precisamente a partir de abril de 2015 que el comportamiento cambió y el año terminó con una tasa de 14.07 por cada 100 mil habitantes.

La problemática vinculada con los homicidios dolosos muestra una evolución poco favorable en buena parte del territorio nacional. Para muestra, basta con retomar el caso de Guerrero, que registró una tasa de 56.5 averiguaciones previas por homicidio doloso por cada 100 mil habitantes ubicándose como la entidad número uno en esta materia. Además, reportó un incremento de 32.36% respecto al año anterior.

El homicidio doloso continúa representando un problema de seguridad que difícilmente ha cedido en México, hay que señalar que el comportamiento al alza en 2016 se mantiene. Prueba de ello es que si comparamos los valores absolutos de los primeros 5 meses del año contra el mismo periodo del año anterior hay un aumento de 14.27%. La debilidad en los registros de homicidio nos permite afirmar que hay un gran número de casos clasificados y reportados como homicidios culposos que en realidad deberían ser sistematizados como dolosos.

Tras una década en crisis de seguridad humana caracterizada por una alta incidencia de delitos violentos -en particular de homicidios-, podemos afirmar que las políticas públicas y estrategias para garantizar la vida de las personas en nuestro país continúan sin ser efectivas. Lo más preocupante de esta situación es que al parecer
a nuestras autoridades esta cuestión no parece quitarles el sueño. Las preguntas mínimas que como sociedad debemos hacer a la autoridad ante esta nueva crisis de violencia son: ¿qué está fallando?, ¿qué sí y qué no ha funcionado?, ¿qué indicadores sustentan dicho análisis?, ¿las políticas públicas están diferenciadas por fenómeno delincuencial, contexto, víctima?, ¿dónde estaremos en 5, 10 o 15 años en materia de incidencia delictiva y violencia?

Ante estas interrogantes que aún no tienen respuesta, surge otra de igual importancia que consiste en saber si algún funcionario ha reconocido el problema y se está haciendo las preguntas anteriormente planteadas. Me atrevo a afirmar que en el caso de que alguien se esté cuestionando esto, o no hay respuestas, o nadie las usa como diagnósticos para la construcción de un plan que incluya reformas jurídicas y políticas públicas para revertir este fenómeno.

Y afirmo esto debido a las declaraciones que una y otra vez emiten las autoridades del país como: “los homicidios que estamos viendo se deben a confrontación entre grupos de delincuencia organizada”; “si comparamos
el número de homicidios de 2011 o de 2012 con los de 2015 estamos muy
por debajo”; “México tiene un problema de mala imagen”; “en la presente administración han mejorado los derechos humanos en México”. Declaraciones que evidentemente omiten recordar que:

1. La confrontación de grupos de delincuencia organizada habla de la debilidad del Estado y su incapacidad por controlar lo que sucede en el territorio.

2. Las víctimas de homicidio son personas sin importar quienes son éstas.

3. Los costos sociales y económicos resultantes de la pérdida de la vida de personas por eventos delictivos son enormes y la cantidad de los que se cometen en nuestro país hablan de una evidente crisis humanitaria.

4. Usar estadística a modo para minimizar un problema de inseguridad es revictimizar a víctimas directas e indirectas del delito.

5. Más de 17 000 víctimas de homicidio doloso en 2015, 1 300 de secuestro, 5 000 de extorsión, 150 mil robos con violencia, ineficacia en el combate a
los delitos, falta de acceso a la justicia que provoca la baja credibilidad en las instituciones que en general las personas tenemos, altos porcentajes de cifra negra (que en nuestro país, según el INEGI, ronda el 93%), son reflejo de una crisis de inseguridad y violencia y no sencillamente un problema de relaciones públicas o mercadeo.

6. La evidencia de desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, justicia a modo, falta de implementación de los protocolos
de actuación, violaciones al debido proceso, falta de acceso a la justicia y reparación del daño, incumplimiento de los objetivos y acciones que se desprenden de la Ley General de Víctimas, que ha sido expuesta por casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Oaxaca, Tierra Blanca o los múltiples casos de fosas clandestinas halladas y no investigadas, nos debería llevar a una profunda reestructuración de las instituciones y un fomento al respeto cabal de la ley y no a considerar como satisfactorios presuntos avances en materia de respeto a los derechos humanos.

El primer paso consistiría en reconocer el problema en el que estamos, es difícil mejorar si improvisamos y tenemos una visión a corto plazo que tiene como interés personal la conservación del poder, los resultados electorales, el manejo de los grupos de presión sobre el beneficio del país y sus habitantes.

Los homicidios dolosos han aumentado y es cierto que podrían disminuir
en el corto plazo, sin embargo, esto no significa que estemos mejorando. Puede que el reacomodo de los grupos criminales termine y, por ende, el número
de homicidios disminuya pero si no hemos construido instituciones capaces
de disuadir la conducta criminal, prevenirla, perseguirla y erradicar a los
grupos de delincuencia organizada; desarrollar instituciones que permitan el acceso a la justicia en un cabal respeto a los derechos humanos, instituciones educativas capaces de preparar a las personas a competir en el mundo laboral, instituciones de salud que coadyuven a la reducción del consumo en pleno respeto a las decisiones individuales, un mercado laboral competitivo, donde el acceso al crédito sea universal y el costo del dinero asequible para poder iniciar actividades que permitan el legítimo desarrollo de las personas en pleno respeto de la ley, seguiremos a expensas de qué los criminales logren mantener su paz armada.

Cada una de las 18 665 víctimas de homicidio doloso en 2015 y las 8 469 de lo que va de 2016, deben llevarnos a exigir acciones que reconstruyan las bases de nuestra sociedad y permitan vislumbrar un futuro mejor para millones de personas en nuestro país. Una vez más es evidente que no podemos ceder
en esta exigencia pues nuevamente hemos confirmado que, lo que se está haciendo, evidentemente, no ha funcionado lo suficiente para que nuestra seguridad humana sea una garantía en México.

Francisco Rivas
Director General
@frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, agosto 2015.

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Desde hace algunos años el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha publicado los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). La información arrojada por el ejercicio estadístico no es para nada alentadora. En términos generales podemos decir que la encuesta nos indica que los mexicanos seguimos viviendo un contexto de alta inseguridad, de altos niveles de desconfianza hacia las autoridades responsables de brindar seguridad e impartir justicia, la permanencia de una cultura de la no denuncia y una importante percepción de inseguridad. Además, en el ámbito estatal este instrumento nos indica que la frecuencia e intensidad de la ocurrencia de los delitos va en aumento y que la percepción de inseguridad es el sentimiento preponderante. Así pues, para las autoridades no hay mucho que festejar, después de muchos años con una estrategia de seguridad que ha privilegiado el uso de la fuerza, los resultados son bastante limitados.

En lo que refiere a la inseguridad, la ENVIPE señala que en 2014 todo el país se cometieron 33.7 millones de delitos, equivalente a una tasa de 41 655 delitos por cada 100 mil habitantes, cifra que es prácticamente similar a la del 2013, pero que sigue siendo mucho mayor a lo reportado anualmente entre 2010 y 2012. A nivel estatal, Estado de México presentó los resultados más críticos al reportar 83 566 eventos delictivos por cada 100 mil habitantes, es decir, que los mexiquenses fueron doblemente vulnerables frente a la delincuencia respecto a lo que sucedió a nivel nacional. Otra entidad que mostró resultados preocupantes fue Tamaulipas pues su tasa de delitos cometidos creció 72.1%, la mayor variación al alza del todo el país entre 2013 y 2014.

Asimismo, este instrumento de medición nos permitió refrendar aquello que todos conocemos: los mexicanos no confiamos en la autoridad y en la mayoría de los casos no acudimos a los ministerios públicos a denunciar los delitos. En 2014, el 92.8% de los delitos acontecidos en el país no fueron denunciados, lo cual indica una reducción de la cifra negra en apenas un punto porcentual con respecto al año anterior. Entre las entidades con mayor proporción de delitos no denunciados están San Luis Potosí y Guerrero con 95 y 94.6%, respectivamente. Debemos añadir que el 32.2% de los ciudadanos del todo el país que no denunciaron el delito fue porque consideró una pérdida de tiempo acudir al ministerio público y el 16.8% por desconfianza a las autoridades.

Finalmente, en lo que respecta a la percepción de inseguridad, los datos de la encuesta revelaron que a nivel nacional 73.2% de la población mayor de 18 años considera que vivir en su entidad es inseguro. A nivel local, las entidades que mostraron los mayores niveles de percepción de la inseguridad fueron Estado de México, Tabasco, Tamaulipas y Guerrero, dado que más del 86% de su población se siente insegura en sus estados

El 2014 fue sumamente complicado en materia de seguridad, a principios de aquel año explicita e implícitamente la autoridad en sus distintos niveles señalaba que la inseguridad y la violencia que se vivía en el país eran problemas que estaban siendo superados, sin embargo en sus últimos meses la realidad terminó por aplastar los números alegres y la ENVIPE 2015 ha terminado por ratificarlo: hace falta mucho para mejorar las condiciones objetivas y subjetivas de inseguridad.

Tanto la ENVIPE así como la estadística de la incidencia delictiva del SESNSP son instrumentos de medición de la inseguridad y de su percepción de enorme valía que no deben echarse a saco roto por parte de la autoridad. Son fuentes de datos que sabiendo darles una lectura adecuada y oportuna pueden proporcionar pistas claras de aquellas tareas que deben ser atendidas para mejorar los distintos ámbitos de la seguridad del país. Profesionalizar verdaderamente a los cuerpos policiacos, ministerios públicos y jueces para que la población mejore su percepción sobre la seguridad y acuda a las instancias correspondientes a denunciar, con lo cual se reduciría la cifra negra, podría ser un buen inicio.

FRANCISCO RIVAS

Director General

@frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, junio 2015.

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México ocupa el último lugar en materia de seguridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y ello implica un alta incidencia de delitos. Por esta razón, analizar mensualmente los índices delictivos en nuestro país es un tarea indispensable para aproximarnos más objetivamente a los avances o retrocesos que se registren en este materia. Sin embargo, es importante tener presentes las limitantes de la información proporcionada por las procuradurías o fiscalías estatales de justicia al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) pues dichas cifras presentan inconsistencias que pueden sesgar los diagnósticos de las autoridades. Es importante tener esto en consideración porque no estamos haciendo referencia a simples números sino a delitos que dejan tras de sí miles de víctimas.

El esfuerzo de la sociedad civil por aportar al mejoramiento de la seguridad de los mexicanos ha sido claro y significativo. Sin embargo, pese a ello es indispensable un mayor compromiso por parte del Estado para asumir una tarea ineludible. El análisis exhaustivo de la organización Causa en Común A.C. por describir la situación de las policías; la evaluación de las políticas de prevención en materia de violencia social del gobierno federal que lleva a cabo México Evalúa A.C.; el esfuerzo que hace México Unido Contra la Delincuencia A.C. por explicar cómo se encuentra la labor de las agencias de ministerios públicos, por citar solo algunos ejemplos de los importantes insumos que se construyen desde la ciudadanía. A partir de este tipo de esfuerzos hemos podido evidenciar y constatar que hay una falta de autocrítica y liderazgo gubernamental en materia de seguridad y justicia, debido a que las políticas implementadas carecen de indicadores objetivos de impacto para medir sus resultados y que no existen elementos que respalden los dichos oficiales respecto a que las bajas o alzas de la delincuencia son resultado del trabajo de nuestras autoridades.

Mediante nuestros ejercicios analíticos y de investigación, desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) hemos dado a conocer información rigurosa que permita la toma de decisiones eficientes en la materia. Si comparamos las averiguaciones previas por cada 100 mil habitantes registradas de junio con aquellas reportadas en mayo del mismo año, podemos ver que el homicidio doloso interrumpe el aumento mantenido por tres meses consecutivos (más no así en términos diarios); que el secuestro investigado en el fuero común, mantiene por tercer mes un alza importante; que el robo de vehículo sube por segundo mes, mientras que el resto de los delitos mantienen un comportamiento mixto.

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Sin embargo, si hacemos un análisis del primer semestre de 2015 contra el mismo periodo de 2014 encontraremos una baja de todos los delitos que analizamos en este documento:

Captura de pantalla 2015-09-01 12.39.32Estos datos podrán parecer confusos o contradictorios entre sí e inclusive invitan a que nos cuestionemos ¿porqué afirmamos que algunos delitos suben mes tras mes mientras que el acumulado semestral muestra un comportamiento distinto? La respuesta es sencilla, porque comparado con 2014 en el primer semestre de 2015 ha disminuido la incidencia de los delitos pero están comenzando a registrar un aumento en meses recientes. Esto significa que pese a que algunos delitos disminuyan y ello muestre una mejora de algunas situaciones de seguridad, ello no significa que hayamos solucionado el problema de violencia y delincuencia en nuestro país.

Es aquí donde asume una mayor relevancia los estudios y análisis hechos por las organizaciones de la sociedad civil, pues lo más preocupante es que seguimos teniendo instituciones débiles para combatir los delitos. Además de que pareciera evidente que contamos con políticas públicas de seguridad sustentadas en ocurrencias y no en indicadores confiables y objetivos que demuestren un verdadero compromiso por parte de las autoridades. De esta manera cómo podemos creer que existe un auténtico interés para atender los problemas y rendir cuentas.

Como evidenciaron Causa en Común, México Evalúa y México Unido Contra la Delincuencia, no tenemos ni la policía que queremos, ni los ministerios públicos que deseamos, ni las políticas de prevención que necesitamos. Esto nos lleva a que la incidencia de los delitos dependa del comportamiento criminal y no así de las instituciones encargadas de nuestra seguridad; a que los registros de incidencia delictiva sean incompletos, inexactos o intencionalmente equivocados; a que las autoridades locales sigan sin implementar protocolos pese a los acuerdos firmados y a que haya una constante falta de rendición de cuentas en materia de seguridad y justicia.

En días pasados el Presidente de la República afirmó que hay países que están peor que México en cuestiones de inseguridad. Una desafortunada pero cierta declaración, hay países en América Latina que viven una terrible crisis con tasas de homicidio 5 o 6 veces mayores que la mexicana. Que esta declaración sea verdadera no la hace menos desafortunada e insensible ante el efecto que en nuestro país han tenido por lo menos dos décadas de inseguridad constante, de las miles de vidas tocadas por el delito y de los miles de millones de pesos gastados en seguridad. Esta declaración se vuelve aún más desafortunada si no podemos afirmar que actualmente tenemos mejores instituciones y líderes con un mayor compromiso por nuestra seguridad.

Puede que la comparativa semestral de datos oficiales presente descensos, que parezca que el rumbo es el adecuado, sin embargo, un análisis más puntual y objetivo de la incidencia delictiva apunta a que aún falta mucho por avanzar. El reto que tenemos frente a nosotros es aún mayor si pensamos que nuestras autoridades están más concentradas en excusarse y apuntar que no somos los peores, en lugar de comprometerse en llevar a este país a los índices de desarrollo y seguridad que por tanto tiempo hemos esperado.

FRANCISCO RIVAS

Director General @frarivasCoL

Reporte sobre delitos de alto impacto. Enero 2015

La incidencia delictiva y la violencia en México continúan siendo temas que ameritan la atención de la comunidad nacional e internacional. Por ello, no es ninguna novedad que tanto autoridades como representantes de la sociedad civil debatamos sobre todos aquellos hechos que impactan la cotidianeidad de todos los que habitamos o transitamos por el territorio nacional. Quizás habrá quienes crean que hablar y analizar tan continuamente estos temas sea una exageración o una simple obsesión, sin embargo, la realidad es que la impunidad y la falta de seguridad en nuestro país no se pueden ignorar sobre todo cuando existe una amplia agenda que atender en esta materia.

Respecto a la problemática que enfrentamos es importante señalar que coexisten dos posturas sobre lo que realmente está sucediendo en materia de seguridad y justicia. Por un lado, las autoridades insisten en leer como contundentes los datos reportados por las procuradurías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a calificar como un éxito incuestionable su actuación, así como a destacar las capturas de famosos y peligrosos integrantes de grupos del crimen organizado. Por otro lado, nos encontramos algunos representantes de la sociedad civil, especialistas o medios de comunicación que hemos dado cuenta de la creciente violencia y sensación de inseguridad en ciertas entidades federativas, de la falta de confianza en el desempeño de nuestras autoridades y de las debilidad de los registros estatales de averiguaciones previas disponibles en el SESNSP. Seguir leyendo →