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Reporte sobre delitos de alto impacto, enero 2017

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Acorde con los datos o ciales de procuradurías y scalías generales de las entidades reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 2016 se caracterizó por ser un año violento. Esto principalmente se debe a que el repunte del homicidio doloso que inició en abril de 2015 se ha mantenido, marcando de la misma manera al primer mes de 2017, si se compara la tasa por cada 100 mil habitantes de víctimas de homicidio doloso de enero de 2017 (1.74) contra el promedio de la tasa nacional de 2016 (1.56), el aumento es de 11.46%.

El comportamiento de este delito de alto impacto en el ámbito nacional, lamentablemente re ere que su incidencia y las víctimas directas e indirectas de este ilícito no han podido contenerse en diversas regiones del país. En este sentido, vale la pena señalar que en enero de 2017, 12 entidades federativas reportaron una tasa de homicidio doloso superior a la tasa nacional (1.74), las cuales fueron: Colima (11.63), Baja California Sur (6.79), Guerrero (4.57), Chihuahua (4.02), Baja California (3.88), Sinaloa (3.82), Zacatecas (3.75), Morelos (3.46), Michoacán (2.79), Sonora (2.12), Oaxaca (1.95) y Guanajuato (1.76). La situación en estas entidades federativas evidencia que el homicidio continúa creciendo y que este tipo de violencia cada vez se expande más en nuestro país.

Lo que está sucediendo alrededor del homicidio es sumamente signi cativo, sobre todo si se considera que las intervenciones federales parecen no tener un efecto de nitivo sobre este. Esto no es algo menor pues al menos han transcurrido cinco meses de la implementación de la llamada estrategia de intervención focalizada en los 50 municipios con mayor número de homicidios; lo cual signi ca que la federación ha continuado optando por subsanar las carencias locales -resultado de negligencia, corrupción y desinterés de las autoridades locales-, poniendo en riesgo la vida de policías federales, marinos y soldados, sin que ello haya implicado la mejora de las condiciones de seguridad al menos durante una década.

Si bien el homicidio doloso por su gravedad y métrica, se vuelve el indicador clave para entender y analizar los niveles de violencia, falta de seguridad e incidencia delictiva; es necesario no perder de vista el comportamiento de los demás delitos de alto impacto. Desde esta perspectiva, en enero de 2017 se apreció el incremento de las tasas de homicidio culposo, extorsión, robo con violencia, de vehículo, a casa habitación, a negocio y transeúnte, si se compara con el promedio de las tasas nacionales de 2016. La siguiente tabla muestra, precisamente, la comparativa y evidencia que solo secuestro y violación mostraron una baja:

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Es reconocible el esfuerzo y sacri cio tanto de algunas autoridades federales como locales por restablecer condiciones aceptables para todas las personas. Sin embargo, la e cacia sigue dejando mucho qué desear como demuestran los datos o ciales de incidencia delictiva que mantienen graves asimetrías y de ciencias, y al 93.7% de cifra negra que persiste en nuestro país acorde con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016.

A quienes decidieron servir al pueblo de México debemos recordarles que agradecemos su servicio y entendemos lo difícil que es, sin que esto los exima de la crítica ante la falta de resultados, los errores a la hora de implementar sus “estrategias”, la revictimización a quien
el Estado ya le falló o los actos de corrupción de los integrantes de las instituciones. Urgen resultados y sobran justi caciones, que tanto les gustan a las autoridades, del por qué los datos no son tan graves o de cómo los aumentos no son tan relevantes. Asimismo debemos recordarles que los ciudadanos no andamos con armas, escoltados, en autos blindados y nos encontramos a expensas de ser robados, secuestrados, nados o desaparecidos, cada vez que salimos de nuestros hogares. Los mexicanos vivimos con miedo y los datos apuntan a que sus acciones no logran mejorar nuestra seguridad.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, diciembre 2016

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En las últimas semanas pareciera que solo hay una nota de interés para los medios de comunicación: la relación entre nuestro país y los Estados Unidos de Norteamérica. En los noticiarios de cadena nacional, medios impresos, electrónicos y artículos de opinión,

la principal nota informativa gira en torno a qué hace y declara el presidente de la nación vecina, y provoca un gran interés debido a que nadie en la historia moderna ha usado la xenofobia y discriminación como elementos de una estrategia de gobierno.

Es una realidad que el mundo en general y los mexicanos en particular, vivimos el peligro de un gobernante poderoso que ha mostrado desprecio por la ley y por todas aquellas circunstancias que no le resultan convenientes. La relación con un gobierno hostil, sin duda se vuelve prioritaria para nuestro país, más cuando este es nuestro primer socio comercial y vecino.

Sin embargo, no deben pasar a segundo plano los problemas internos por los cuales atraviesa México pues justamente su falta de resolución efectiva ha permitido que se perciba como un país en conflicto durante varios años. Es un hecho que la imagen que se ha concebido alrededor de nuestro país no es gratuita y, en buena medida, se ha derivado de la atención de ciente que nuestras autoridades han brindado al combate frente a la delincuencia, a la corrupción y a la impunidad crónica. Por lo tanto, si bien es necesario atender los efectos que pueden conllevar tanto los dichos como las decisiones del presidente estadounidense no se puede dejar a un lado los múltiples pendientes internos que han deteriorado nuestras condiciones de vida y desarrollo.

Desde este perspectiva, debe ser una prioridad el combate de fondo a la corrupción
y la impunidad que no solo debilitan a nuestras instuciones sino que deterioran sistemáticamente nuestras comunidades, se deben aplicar los recursos del Estado de manera impecable en el fortalecimiento institucional para lograr un sistema educativo y de justicia de calidad, se debe apoyar a los sectores desfavorecidos con miras a generar un piso parejo en materia de oportunidades de acceso al trabajo, a micro créditos; impulsando la reconstrucción del tejido social.

Estas son el tipo de acciones que debemos impulsar para fortalecernos como país y lograr una mayor independencia de las amenazas externas. Han pasado cuatro años desde que tomó posesión la nueva administración y si bien en sus inicios, aparentemente hubo una ligera disminución en ciertos indicadores de violencia como el homicidio doloso, lo cierto es que el año 2016 cierra en niveles altamente preocupantes. Este doceavo reporte sobre delitos de alto impacto realizado por el equipo de investigación del ONC da cuenta de los altos niveles que han alcanzado ciertos delitos en comparación con años previos,
lo cual da cuenta que en México permanece una signi cativa deuda en relación con la

seguridad humana y el respeto a los derechos humanos.
El presidente estadounidense se ha declarado una y otra vez como enemigo de México,

despreciando a nuestra gente. Es hora de que las acciones que se llevan a cabo en este país, busquen resolver muchos de los motivos por los cuales nuestros paisanos abandonan sus tierras natales para ir a entregar sus talentos en un país donde hoy viven en peligro de ser marginados, menospreciados y deportados como delincuentes.

México debe velar por su gente, protegerla generando incentivos para que siga aquí, al tiempo que le recuerda al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que muchos
de los problemas que él critica de México, como la presencia de los grupos de delincuencia organizada, en parte se deben a su laxa regulación de armas y su fracaso en reducir el consumo de drogas en su país. México es un gran país, nos toca demostrarlo con acciones y sin demagogia.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, Septiembre 2016

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Descarga el reporte sobre modificaciones a los registros de incidencia delictiva aquí

Los mexicanos nos sentimos inseguros, descon amos de la autoridad y de los procesos de acceso a la justicia. Esto no solo lo con rma el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)

y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), sino que día tras día lo atestiguamos. Si analizamos con detenimiento esta situación, es evidente que difícilmente podría ser de otra manera sobre todo porque pese a que los delitos de alto impacto parecieran estar disminuyendo acorde con las cifras o ciales, los procesos de victimización han aumentado. Un claro ejemplo es lo que está pasando con el homicidio doloso, el cual ha aumentado casi 20% al comparar las carpetas de investigación iniciadas de enero a septiembre 2016 contra el mismo periodo de 2015 de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Asimismo hemos leído casos de robos con violencia sufridos por la secretaria particular del procurador capitalino, el embajador de Trinidad y Tobago y su familia, y el de un alto ejecutivo de una de las escuderías que compitieron en el Gran Premio de la Ciudad de México hace algunos días. Todas estas personas cuentan con redes y aparatos de seguridad que debieron minimizar estos riesgos, pero, no lo hicieron no obstante a pesar de haber atravesado por esta experiencia victimizante, estas personas pueden acceder más fácil a la justicia, a diferencia de lo que ocurre con la mayor parte de la población.

Aunque nos duela admitirlo, vivimos en un país inseguro, violento y con alta incidencia delictiva. Aunque nos duela admitirlo vivimos en un país en el cual la autoridad invierte más tiempo justi cando la falta de resultados, descali cando el análisis de expertos y negando la realidad, más que trabajando en generar instituciones e caces y con ables para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

En este sentido deberíamos preguntar por qué, a pesar de haber gastado miles
de millones de pesos en la última década en capacitación, reingeniería institucional, equipamiento y tecnología, controles de con anza y contrataciones, seguimos teniendo policías y procuradurías con personal mal tratado, mal pagado, mal capacitado, mal equipado, insu ciente y poco con able. ¿Quién se ha enriquecido a costa de nuestros impuestos? ¿Por qué nadie responde ante la falta de capacidades institucionales y, por ende, la falta de resultados en la materia?

En un momento donde la crisis de seguridad y violencia debería ocuparnos en buscar responder a estas y otras preguntas, surge una propuesta que como mínimo debemos cali car de irresponsable y que parece caer en tierra fértil: modi car el artículo 10 de la Constitución, para que los ciudadanos podamos portar armas en autos y comercios para “autodefendernos”. Sí, es una propuesta equiparable a lo que sucedía hace más de tres siglos en el Viejo Oeste, al no haber un Estado capaz de proteger a los ciudadanos, por lo que ellos debían hacerlo por sí mismos.

El senador panista, Jorge Luis Preciado artí ce de esta propuesta, dice que pretende “darles armas a los buenos ciudadanos” mediante una especie de proceso de control de con anza. Probablemente, el senador Preciado desconoce los innumerables casos de policías que aprobaron los controles de con anza estando coludidos con el crimen, delinquiendo y secuestrando ciudadanos.

De la misma manera, el senador Preciado sustenta su propuesta sobre la base de casos como las tasas de homicidio doloso de Estados Unidos, correlacionándolas con el número de armas en manos de privados, olvidando por un lado los casos de violencia psicótica, urbana
o los accidentes ligados a la posesión de armas. Además deja a un lado que, la baja tasa nacional de homicidios asume connotaciones diferentes ante una mirada local, donde la violencia e incidencia delictiva se equiparan o superan a muchas de las localidades mexicanas y más aún, que por lo general, las instituciones policiales del país fronterizo son mucho más con ables.

Debo señalar que el senador Preciado ha logrado captar la atención de muchos ciudadanos insatisfechos y genuinamente preocupados; con el #SíALaLegítimaDefensa ha puesto un tema indefendible en la discusión nacional. No obstante, resulta muy preocupante que una autoridad que representa al Estado, desacredite los procesos institucionales, proponiendo poner en riesgo vidas en vez de invertir todo su capital político en mejorar las instituciones y en generar un piso parejo para todos, a través del arraigo y promoción de la cultura de la legalidad y de la paz.

La solicitud ciudadana de autodefenderse en un ambiente inseguro es entendible, pero no el aprovecharse de esta y hacerse publicidad a costa de la vida de mexicanos. Senador Preciado, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) no queremos aumentar los factores de riesgo que llevarán a una mayor desigualdad entre los mexicanos, que propicien aún más el trá co de armas, que faciliten la resolución violenta de conflictos y fomenten el desprecio de la autoridad.

En el ONC, no queremos un México donde invitemos a nuestros seres queridos y a quien visita nuestro país a que salga con arma y chaleco antibalas. Al contrario, queremos un México en el cual los servidores públicos pongan por encima el camino de las instituciones y su fortalecimiento sobre alternativas carentes de diagnósticos sólidos. En otras palabras, queremos que nuestras autoridades atiendan de manera e ciente y efectiva la crisis de seguridad ciudadana por la cual atraviesa nuestro país.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, julio 2016

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Hace algunos días, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong hizo entrega del cuarto informe de gobierno. Este es el principal ejercicio de rendición de cuentas mediante

el cual la administración pública federal explica a la ciudadanía los resultados de las políticas públicas y las líneas de acción implementadas en las múltiples materias. Fiel a la costumbre que ha caracterizado por décadas a nuestros gobiernos, se

dieron a conocer resultados halagüeños pues “lo bueno casi no se cuenta”, escuchando un discurso que hizo referencia a la “realidad” de un México ajeno al país en el que vivimos, ya que por los índices de aprobación del presidente Peña Nieto se requirió necesariamente mostrar resultados positivos en donde su desempeño dista de ser el deseado.

El informe de gobierno consideró cuatro apartados: México en Paz, México Incluyente, México con educación de calidad, y México Prospero. Los resultados en materia de seguridad y justicia contenidos en el apartado “México en Paz” enfatizaron el cumplimiento en tiempo y forma de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), los bene cios que esto traerá para la impartición de justicia, la labor de las instituciones del Estado en materia de seguridad (Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México Comisión Nacional de Seguridad) en su tarea de combate al crimen organizado, así como la existencia y operación del programa nacional para la prevención del delito.

De igual manera se subrayó la importancia que han tenido los operativos coordinados para la seguridad y el orden, así como la coordinación interinstitucional a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) que ha dado pie a diversas estrategias como la Estrategia Nacional Antisecuestro o el nuevo modelo de desarrollo policial. A su vez se destacó la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

No obstante, poco se mencionó sobre las fallas que subsisten en el sistema penitenciario, tampoco se re rió a los casos emblemáticos como los acontecidos en Ayotzinapa, Tanhuato y Nochixtlán donde la actuación del gobierno distó de ser la óptima. Lo que se con rmó con la renuncia solicitada al ahora ex comisario de la Policía Federal, Enrique Galindo, a escasos dos días del informe.

No se mencionó a entidades como Guerrero, Tamaulipas, Estado de México, Colima o Veracruz (por mencionar solo algunas) donde la violencia aún impera. Tampoco presentaron diagnósticos certeros y minuciosos respecto a los recursos escasos destinados a ciertas áreas clave de la procuración de justicia, las carencias y áreas de oportunidad en dicha materia, así como en la atención de víctimas

del delito cuya comisión ejecutiva solo ha sido capaz de canalizar 33 de los 1 028 millones de pesos presupuestados para la atención a víctimas y la reparación del daño. Esos temas fueron omitidos ya que aparentemente se cree que con la sola existencia de los ordenamientos jurídicos y normativos los problemas se resuelven en automático.

En cuanto a los resultados en materia de corrupción, pese a que estrenaremos el SNA, no debemos olvidar que el PRI se opuso a diversos elementos de este y
que solamente gracias al gran trabajo de la sociedad civil y a un veto presidencial oportuno fue posible que el SNA se convirtiera en el primer paso en el combate a la corrupción. En cuatro años solo se ha podido dar un pequeño paso, impulsado por las organizaciones de la sociedad civil.

El presidente no abordó el alza de los homicidios dolosos. Con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y que según los pronósticos realizados por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) se espera que 2016 termine con una tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes de 14.5 homicidios dolosos (3.23% mayor que la reportada en 2015). Mientras que en otros pronósticos menos conservadores la tasa en comento podría alcanzar un valor máximo de 17.34. Cabe destacar que entidades como Guerrero y Morelos en las que se ha contado con la presencia o refuerzo de elementos de instituciones federales de seguridad, se han mantenido tasas de homicidio doloso superiores a la nacional desde 2012.

El mes de julio se caracterizó por haberse constituido como el mes con mayor número de víctimas de homicidio doloso (2 073) desde que se comenzó a divulgar esta información en 2014, en tanto que mayo y junio presentaron más de 1800 víctimas mensuales, lo que presupone un promedio de más de 60 homicidios dolosos cometidos diariamente.

A su vez, durante la administración de Enrique Peña Nieto hemos sido testigos de cambios en los patrones geográ cos de los delitos de alto impacto. Antes de que comenzará su periodo de gobierno las entidades con mayores tasas de homicidio doloso entre enero y julio de 2012 eran: Chihuahua (37.6), Guerrero (35.9), Sinaloa (31.3), Morelos (26.3) y Durango (22.3). En cambio, durante el mismo periodo de 2016 las entidades con mayores tasas fueron: Colima (45.9), Guerrero (35.3), Sinaloa (20.1), Baja California (17.1) y Morelos (16.9).

Por otro lado, en materia de secuestros se espera una tasa de 0.93 por cada 100 mil habitantes (7.09% mayor que la de 2015) y una tasa de extorsiones de 4.32 (3.67% mayor que la de 2015). Es decir, el panorama no será muy diferente del que experimentamos en 2013.

Para el secuestro es importante distinguir que las cifras reportadas en el SESNSP no reflejan la cantidad total de casos, no solo por la cifra negra, sino porque no se están registrando los supuestos contemplados en el Artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. A pesar de lo anterior es el delito que reportaría el mayor incremento respecto a 2015 de acuerdo con nuestros pronósticos.

En materia de extorsión cabe destacar que las disminuciones registradas desde 2013 se pueden deber a cambios en los criterios de registro. Dichas modi caciones suponen que la credibilidad y comparabilidad de la información esté en duda. En lo agregado esto supone un diferencial de la tasa nacional de 0.5 y 0.6 en 2014 y 2015, respectivamente, lo cual aminora los porcentajes de reducción ampliamente citados por las autoridades.

A pesar de lo anterior atribuirle la responsabilidad de cada carencia o falta de logros al Ejecutivo no es completamente prudente. Si hoy observamos entidades y municipios en condiciones graves de inseguridad, si la violencia en algunas regiones se ha mantenido, si no se ha cumplido a cabalidad la adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio, si no se ha cumplido con la Ley General de Víctimas, así como con diversos tratados internacionales que tutelan los derechos humanos,
es también por la responsabilidad de autoridades locales y municipales que han
sido cómplices o directos responsables de esto, ya sea por incapacidad o por desidia. También ellos han aportado a un contexto en el cual el Estado no tiene el control sobre todo el territorio nacional.

A poco más de dos años del n del mandato del presidente Peña Nieto, es momento de que asuma las riendas del combate a la corrupción y la delincuencia,
de la implementación de la ley sin distingos. Es momento de que refrende su compromiso con políticas públicas de seguridad humana sustentadas en diagnósticos reales e indicadores de desempeño e impacto; es momento de que se reajusten o eliminen las lineas de acción que no han funcionado y de verdad trabaje para que “lo bueno cuente mucho” no solo en términos de narrativa y estrategia de comunicación.

Francisco Rivas
Director General
@frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, febrero 2016

Descarga aquí el reporte Mensual de febrero

Es tarea sustantiva de una autoridad generar condiciones de seguridad y justicia para las personas. Quien decida competir por un cargo público como ejecutivo estatal, debe tener en mente la necesidad de reducir la incidencia de delitos, combatir la delincuencia, dar acceso a la justicia a las personas, respetar los derechos humanos, fortalecer el Estado de Derecho, entre otras. Para lograrlo tanto la autoridad como la sociedad requerimos métricas precisas que nos presenten avances o retrocesos, que permitan generar inteligencia y desarrollar, implementar y evaluar políticas especí cas para este tipo de fenómenos.

Es así que el descenso de la incidencia delictiva podría ser una buena noticia que da cuenta de mejores condiciones de seguridad en la vida de las personas. Sin embargo, en un contexto de debilidad institucional, las bajas que se observan en la estadística delictiva pueden ser resultado de manipulaciones de las bases de datos, de malas prácticas ministeriales para clasi car los delitos, de rechazó al acceso a la justicia de las personas, de no registrar los delitos, de disuadir la denuncia de las víctimas, o incluso, de combatir el delito extrajudicialmente. En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) hemos insistido sistemáticamente en la importancia de estos temas y en la disposición a colaborar por el fortalecimiento institucional. Sin embargo, resulta muy preocupante que algunas autoridades rechacen el apoyo e insistan en hablar de mejoras en las condiciones de seguridad, cuando la información que se brinda no es con able para sostener dichas a rmaciones.

Un ejemplo es el Estado de México, en donde el descenso del número de denuncias y carpetas de investigación iniciadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de homicidios dolosos y culposos, extorsiones, así como robos con violencia, de vehículos, a casa habitación, a negocio y a transeúnte — comparando los primeros meses de 2016 contra el mismo periodo de 2015— , no necesariamente es una buena noticia. ¿Sin embargo, es posible afirmar que dichas cifras son del todo confiables y transparentes?

Es un hecho que las estadísticas delictivas en el Estado de México dejan mucho que desear en términos de su con abilidad. En primer lugar, ¿qué se puede a rmar de una entidad donde los registros de averiguaciones previas por extorsión son tan inconsistentes? Si analizamos dichas cifras encontraremos que sólo hay datos en 1999, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Sólo contamos con evidencia muy reciente del comportamiento delictivo. Esta no nos permite realizar comparaciones de mayor alcance o bien, determinar si el nivel registrado de averiguaciones previas en 2015 -36% menor que el de 2014- ha ocurrido en el pasado.

Otro elemento que abona a sembrar más dudas de la calidad de la información delictiva de la entidad es el cuestionamiento realizado por parte de la publicación británica The Economist respecto al cambio de criterio de clasi cación de los homicidios dolosos en 2007, lo cual daba como resultado una aparente disminución de este
delito de alto impacto. Por otro lado, en el estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México se demostró que la evolución de las averiguaciones previas por homicidio en el Estado de México entre 1997 y 2014 se caracteriza por que las tasas mensuales de homicidio doloso y culposo han sido sistemáticamente parecidas tanto en términos de su tendencia como de la magnitud de las fluctuaciones y los valores de las tasas. Éste es un comportamiento inusual pues en otras entidades existen diferencias entre las series durante algún periodo.

En las solicitudes que ha efectuado el ONC se puede destacar que aparentemente no cuentan con información sistematizada sobre fosas clandestinas y no existe certeza sobre la cantidad de feminicidios que han sido cometidos en el Estado de México.
Esto último se debe a que en la respuesta a nuestra solicitud de información enviada vía INFOMEX a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), se menciona que se iniciaron 48 averiguaciones previas por feminicidio durante 2014, pero en un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se re ere que la PGJEM informó que se habían iniciado 86 averiguaciones previas por feminicidio durante el primer cuatrimestre de 2014. Respecto a la falta de certeza sobre la cantidad de feminicidios que se reconocen en el Estado de México, habría que retomar aquellos casos en los cuales este tipo de ilícitos han sido investigados y registrados como suicidios u homicidios culposos como sucedió en el caso de Mariana Lima, de Nadia Alejandra Muciño o de otras tantas mujeres en dicha entidad. Sin lugar a dudas, me atrevo a afirmar que el feminicidio es un delito que las autoridades difícilmente reconocen y que generalmente clasi can mal.

Aunado a ello, es importante considerar que las cifras o ciales sobre incidencia delictiva no reflejan el total de delitos, puesto que no toma en consideración todos aquellos ilícitos que no fueron denunciados o en los cuales no se procedió a iniciar una carpeta de investigación, es decir, la cifra negra. Si se analiza dicho indicador a partir
de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se puede apreciar que de 2010 a 2014 se ha reportado una cifra negra superior a la registrada en el ámbito nacional.

En materia de secuestro, el Estado de México es la quinta entidad con mayor tasa de denuncia por cada 100 mil habitantes si se consideran los casos registrados tanto en el fuero común como federal. Esto es evidente porque reportó una tasa de 2.25 secuestros por cada 100 mil habitantes durante 2015 y se ubicó por debajo de lo registrado en Tamaulipas, Tabasco, Guerrero y Morelos. Aunado a ello, es importante mencionar que, de enero de 2015 a febrero de 2016, en términos absolutos, el Estado de México es la entidad en la cual la federación ha atendido más secuestros, ya que durante ese periodo la Procuraduría General de la República (PGR) inició 245 averiguaciones previas.

Paralelamente es importante recordar dos aspectos que mantienen vivo el problema: la corrupción y la manipulación de información para dar a conocer que las condiciones de la entidad son aparentemente mejores. Respecto al primero de los problemas mencionados, se ha logrado apreciar que la corrupción ejercida por parte de las autoridades encargadas de prevenir y reaccionar ante los eventos delictivos, es el perfecto caldo de cultivo e incentivo para que los delincuentes actúen con plena impunidad. Recordemos la manera en la que la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana ha tenido que reconocer la corrupción institucionalizada que ha llevado a dar de baja a miles de policías y que explica la razón por la cual, en 2015 la autoridad estatal suspendió la aplicación de multas de tránsito para los ciudadanos, ya que no se garantizaba la conducta apegada a derecho por parte de los policías.

Desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) entendemos nuestra obligación como parte de la sociedad civil para dar cuenta de esta problemática una y otra vez, y para coadyuvar en la solución. Por tal motivo hemos ofrecido nuestro apoyo para fortalecer las instituciones locales y federales para mejorar los mecanismos de registro, clasi cación y publicación de los datos de incidencia delictiva.

Hace casi 2 años, en el espacio radiofónico de Ciro Gómez Leyva, ciertas autoridades del Estado de México desestimaron este tipo de datos, así como el análisis que se ha realizado desde el ONC sobre la situación de seguridad en la entidad. Gracias a esa discusión abierta, el Secretario General de Gobierno, José Sergio Manzur Quiroga; el Procurador General del Estado, Alejandro Gómez Sánchez y yo acordamos abrir la información sobre incidencia delictiva y la procuraduría a la sociedad civil, con miras a que el ONC llevara a cabo un diagnóstico de las fortalezas y debilidades de los procesos de registro y construcción de bases de datos con información pública de calidad. De igual manera, con el apoyo del ONC, la PGJEM impulsaría el fortalecimiento de la integridad profesional a través de la cultura de la legalidad.

Sin embargo, de poco sirvieron las reuniones y llamadas que sostuvimos, los o cios y viajes realizados, la insistencia e incluso presión pública. El Estado de México ha dicho “sí, sí, sí” con la mayor cordialidad que se podría esperar. No obstante, no ha dado un solo paso hacia delante y ello nos ha hecho desperdiciar recursos y tiempo. Al respecto, quiero recalcar que este proyecto no tenía costo para la PGJEM, ya que el ONC tiene como mandato no recibir recursos públicos. Un proyecto que fortalecía a la institución y que sería donado, ha sido desperdiciado y ha negado una gran oportunidad a tantos buenos servidores públicos estatales que hacen un trabajo impecable, para que su trabajo luzca y sea reconocido. Una muestra de que lo único que se requiere es voluntad política para tratar de atender el problema de seguridad y justicia que existe en nuestro país, pude apreciarse en los efectos que ha producido este proyecto en Aguascalientes, Chiapas y Chihuahua, así como la reciente apertura que se ha tenido por parte de las autoridades de Morelos, Nuevo León, Veracruz y el interés por parte de Sonora.

La baja en la incidencia delictiva reportada por el Estado de México en un contexto de crisis de seguridad humana no es buena noticia. La falta de disposición con la sociedad civil no es buena noticia. La falta de rendición de cuentas no es buena noticia. La falta de construcción de con anza institucional e integridad profesional de los servidores públicos no es buena noticia y difícilmente nos llevará a una mejora de vida para los mexiquenses y para quienes circulamos por la entidad.

Carta al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong

Ciudad de México a 21 de abril del 2016

Miguel Ángel Osorio Chong

Secretario de Gobernación

Pr e s e n t e

Señor Secretario, como bien sabe la violencia contra la mujer es algo cotidiano, normalizado y socialmente aceptado. Las evidencias están a la luz del día y van desde el acoso en la calle hasta las expresiones denigrantes de autoridades o personajes públicos sobre la mujer.

Por si esto no fuera suficiente, cada vez que una mujer es víctima de violencia y se atreve a alzar la voz, inmediatamente es callada y señalada como culpable por el simple hecho de ser mujer. En otras palabras, diariamente atestiguamos la victimización y revictimización de las mujeres. Lamentablemente, la violencia que diariamente padecen las mujeres no es un secreto a voces ni una novedad sino que es un problema de todos conocido.

Señor Secretario,como usted sabeser mujer en nuestro país es sumamente peligroso, no sólo por los riesgos que implica sino por la falta de acceso a la justicia, la simulación en la investigación de los casos y en la atención a las víctimas debido a que no se siguen los protocolos y normas que sirven para ello. Es peligroso ser mujerporquehay una sociedad que está dispuesta a proteger al agresor, culpar a la víctima, juzgarla y mofarse de ella. Debido a estos factores lasagresiones, violaciones, feminicidios, terminan siendo ejecutados impunemente bajo el resguardo de nuestras instituciones de procuración de justicia que terminan calificando las faltas como menores.

Justamente por cada uno de estos aspectos no es posible afirmar una disminución de 25% del feminicidio como lo ha referido en días pasados durante la presentación de la Alianza Contra la Violencia hacia las Mujeres, Acciones y Compromisos. Si el sustento de dicha información son estadísticas provenientes de las instituciones de procuración de justicia, estas no reflejan lo que deberían representar debido a que sederivan de las denuncias interpuestas ante autoridades que no solo no saben cómo atender a las víctimas sino que muy probablemente no están sensibilizados sobre los elementos constitutivos básicos del feminicidio. Las repercusiones de esta situación son muy claras pues no solo se trata de la revictimización de la víctima y sus familiares, sino que afecta irremediablemente la clasificación e investigación de los hechos. Por esta razón, hemos tenido conocimiento de que claros casos de feminicidios han sido clasificados y considerados como suicidios u homicidios culposos. Esto sucedió en los casos de Mariana Lima o de Nadia Alejandra Muciño Márquez, ambas asesinadas en el Estado de México. Por lo tanto, podemos afirmar que no tenemos certeza alguna sobre la disminución de la incidencia de feminicidios.

En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) nos dimos a la tarea de analizar este delito en nuestro estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México. Los resultados de la investigación efectuada evidencian que faltan muchas cosas por hacer para atender el problema del feminicidio en nuestro país pues encontramos que:

a. Aunque desde 2007 contemos con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual se dispone que el Estado mexicano debe desarrollar e implementar una serie de protocolos de actuación para atender este tema desde la procuración de justicia, solo 20 entidades federativas cuentan con dichos protocolos sin que esto implique todos ellos cuenten con una visión de género.

b. A pesar de la gravedad del ejercicio de violencia feminicida contra las mujeres, aún hay entidades federativas como Chihuahua y Nayarit que no cuentan con el tipo penal específico de este delito en sus respectivos códigos penales.

c. Existe una profunda incertidumbre sobre las estadísticas de feminicidios en ciertas entidades federativas como es el caso de Quintana Roo y el Estado de México. Esto se debe a que las autoridades estatales refieren estadísticas distintas ya sea en respuestas a solicitudes de información pública, en discursos oficiales o en información entregada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el caso de Quintana Roo encontramos que tras una serie de feminicidios ocurridos hace unos meses, el titular de la de Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer que durante 2014 se habían cometido trecefeminicidiosy de enero a octubre de 2015 se tenía el registro de sietecasos.Estas cifras son un tanto cuestionables dada la respuesta a una solicitud de información pública realizada por el ONC pues fue la siguiente:

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, realizó la búsqueda minuciosa en sus archivos y base de datos electrónicos, en los que No se encontró registro alguno sobre la información referente al número de averiguaciones previas iniciadas por el delito de feminicidio ocurridos en el estado en el periodo requerido, motivo por el cual la cifra se encuentra en cero. (sic).

d. En el caso del Estado de México, las autoridades de procuración de justicia respondieron nuestra solicitud deinformación que durante 2014 se habían iniciado 48 averiguaciones previas, mientras que a la CNDH le reportó que inició 86 averiguaciones previas tan solo durante el primer semestre de 2014.

e.Existen criterios y procesos disimiles para la sistematización y registro estadístico de los feminicidios en las instituciones de procuración de justicia. Respecto a ello, basta retomar el caso de Oaxaca, entidad que reportó la mayor cantidad de feminicidios durante 2014 pues se iniciaron 129 averiguaciones previas. Sin embargo, esta cifra no representa solo los feminicidios ocurridos pues a partir de la incorporación del tipo penal de este delito en su respectivo código penal, se optó por determinar que todas las averiguaciones previas y legajos de investigación que se inicien con motivo de la muerte violenta de una mujer se inicien como feminicidios, determinando durante la investigación si se trata de dicho ilícito o si más bien es un homicidio doloso de mujer.

f. Al tratarse de datos provenientes de las instituciones de procuración de justicia estamos refiriéndonos exclusivamente a aquellos casos que fueron atendidos y reconocidos como feminicidios por los funcionarios. Si contrastamos dichas cifras con aquellas proporcionadas por las secretarías de salud pública encontraremos claras diferencias, las cuales no solo se explican por la unidad de análisis que cada una de ellas mide sino por lo que sucede en la investigación y registro de este delito.

Debido a lo que mencionado previamente, carecemos de estadísticas oficiales que sean objetivas y de calidad que nos permitan entender, dimensionar y atender el problema del feminicidio mediante políticas públicas focalizadas. Esta es solo la pequeña punta del iceberg pues si carecemos de este tipo de indicadores sobre esta violencia física y letal, qué podemos conocer sobre otras violencias ejercidas contra las mujeres. Es cierto que a partir de la información disponible en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) podemos llevar a cabo un seguimiento de la incidencia de violaciones. Es cierto que a partir de dicha información sabemos que el año con más averiguaciones previas por violación fue 2011 con un total de 15 751 casos registrados. Es cierto que además conocemos que desde 2012 se había mantenido una tendencia anual decreciente y que si comparamos los primeros 3 meses de 2016 con el mismo periodo de 2015 se observa un aumento de 4.18% de este tipo de casos. Sin embargo, estas cifras quizás reflejan una mínima fracción de las violaciones que han sido cometidas debido a que solo representan los casos denunciados y en los cuales se procedió a iniciar una averiguación previa.

Señor Secretario Osorio Chong, usted mostró sensibilidad ante el tema al presentar la Alianza Contra la Violencia hacia las Mujeres, por eso me permito solicitarle:

1. La vigilancia del cumplimiento de normas y tratados internacionales que obligan a la federación y a las autoridades locales a trabajar según protocolos de actuación con visión de género.

2.Relanzar un programa de capacitación para las autoridades para identificar adecuadamente el delito, dando así acceso a la justicia a las víctima.

3. Promover una supervisión de la sociedad civil en la construcción de bases estadísticas fidedignas que sirvan como diagnóstico y sean un ejercicio de rendición de cuentas para la sociedad.

4. Revisar que la implementación de políticas públicas que cuentan con apoyo federal estén sustentadas en diagnósticos, que cuenten con indicadores de impacto y que eventualmente se evalúe si han producido resultados.

5. Promover una política educativa y social de respeto a la persona y a lo diverso.

Señor Secretario, el discurso que ha pronunciado sobre la violencia ejercida contra la mujer es de suma importancia, por eso sé que entenderá que dar datos imprecisos de bajas optimistas es un ejemplo de revictimización que fomenta la desconfianza hacia la autoridad, minimiza el problema y permite la impunidad.

Señor Secretario, debido al discurso que ha pronunciado sé que usted es sensible a los peligros que enfrentan las mujeres diariamente y que tiene el compromiso de

trabajar para tratar de disminuirlos.Desde el Observatorio Nacional Ciudadano queremos colaborar constructiva y corresponsablemente frente a este problema de seguridad humana y de derechos humanos, por ello queremos hacer de su conocimiento nuestra disponibilidad para trabajar en la construcción de una política más eficaz.

FRANCISCO RIVAS

Director General

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Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, enero 2016

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Con la presentación del Reporte sobre delitos de alto impacto. Enero 2016, desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), seguimos aportando nuestro esfuerzo para entender integralmente el comportamiento delictivo en el país

con miras a mejorar la seguridad, el acceso a la justicia y fortalecer el Estado de Derecho. El trabajo que hemos realizado busca identi car los aspectos especí cos para que tanto autoridades como sociedad civil puedan estable- cer un diálogo constructivo y promover estrategias claras que atiendan los problemas en estas materias.

Un ejemplo de los esfuerzos que hemos llevado a cabo para construir este tipo de puentes, es el trabajo realizado desde hace tres años entre el Obser- vatorio Nacional Ciudadano (ONC), Causa en Común, México Unido Contra la Delincuencia, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, la Red de Profesionistas en Seguridad Pública, el Instituto de Administración Pública y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal (UAI). Esto se debe a que hemos desarrollado un mecanismo para entender con detalle y acompañar los procesos internos disciplinarios de desarrollo policial y efectividad en la actuación de la Policía Federal. El objetivo de este trabajo consiste en me- jorar el desempeño individual de los policías, al tiempo que se fortalece la institución, los procesos de transparencia y rendición de cuentas y se prueba un modelo que podrá replicarse a nivel local. Lograr este acuerdo implicó muchas horas de trabajo, planeación, discusión teórica y análisis sobre lo factible en términos de supervisión ciudadana según el marco normativo que rige a la institución y en este sentido reconocemos la destacable cooperación del entonces titular de la UAI, Edgardo Flores, quien dio pie para que este proyecto pudiese surgir. De igual manera, reconocemos la gran disposición
y apoyo del actual Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, quien decidió expandirlo más allá de la Unidad y llegar a toda la CNS.

Otros esfuerzos conjuntos que se están llevando a cabo para mejorar la seguridad, en esta ocasión en términos de la calidad de la información es
la apertura del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Centro Nacional de Información (CNI) para colaborar en la construcción de un mejor instrumento que permita conocer con mayor exactitud la incidencia delictiva en el país de una manera más homogénea. Por otro lado, está la apertura, transparencia y colaboración de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), lo cual ha permitido entender, explicar y evaluar avances en esta materia atendiendo las observaciones y críticas que hemos realizado desde la sociedad civil, priorizando siempre el bienestar de las víctimas. Asimismo no puedo dejar de mencionar la valiosa disposición de las procuradurías y scalías generales de Chiapas, Chihuahua, Morelos y Veracruz por permitir dar un seguimiento a los procesos de los registros de denuncias y la generación de la información, lo cual contribuye simultánea- mente a desarrollar o construir integridad en los servidores públicos a través de programas que fomentan la cultura de la legalidad. Del mismo modo con- sidero que es destacable la colaboración que en el ámbito local, han llegado a tener ciertas autoridades a través de la Red de Observatorios Locales del ONC.

Dada la situación por la cual atraviesa el país, sabemos que la crítica hacia las fallas e inconsistencias de las políticas públicas así como las malas actua- ciones de las autoridades es fundamental. Sin embargo, reconocer la apertura al diálogo y al trabajo en conjunto con la sociedad civil es igual de esencial. Esto importante enfatizar este reconocimiento en ambos sentidos para que los funcionarios de los tres niveles de gobierno perciban y se den cuenta que lo que perseguimos no es su denostación pública sino que buscamos colabo- rar para enfrentar la crisis de seguridad en la cual nos encontramos.

No obstante, pese a lo enunciado, considero que hace falta mucho por hacer en nuestro país en materia de transparencia y rendición de cuentas, los buenos resultados del diálogo entre sociedad civil y los actores estata-
les continúan siendo excepcionales frente a la dimensión del problema de falta de seguridad y violencia del país. La mayoría de nuestros gobernantes no dialogan con la sociedad, ni tienen vocación democrática, ni les interesa rendir cuentas. A los actores del Estado se les ha olvidado que los espacios de diálogo y debate con la sociedad civil generan instrumentos para encontrar soluciones novedosas a los problemas.

Ojalá que esta reflexión motive a otras autoridades que hoy parecen ignorar estos importantes avances democráticos, que no permiten la colabo- ración con la sociedad civil y desestiman los hallazgos de los informes de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos y del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que señalan constantes violaciones a los derechos de las personas en México. La apertura de algunos contrasta con el actuar de autoridades que informan mal sobre la incidencia delictiva o de plano presumen números sin fundamento sobre la reducción de delitos pese a la innegable crisis de inseguridad que vivimos en el país. Por ejemplo, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo quien niega la crisis de feminicidios en su entidad; la Fiscalía General de Nayarit que omite contestar solicitudes de información en materia de trata, extorsión, secuestro o robo y no registra las extorsiones y el robo a transeúntes en la entidad; en Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira desconoce sus propios datos sobre incidencia delictiva.

Aunado a ello, espero que esta reflexión sirva para que más personas participen en la solución tanto de los problemas como de las necesidades de sus comunidades y, que asuman su corresponsabilidad ciudadana y solidaria para hacer frente a la innegable crisis de corrupción, derechos humanos e im- punidad. Invito a través de este espacio a la sociedad civil de Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas a trabajar conjuntamente por el respeto a los derechos humanos, por la transparencia y la rendición de cuentas. Reconozco que actualmente ejercer el activismo social en nuestro país es una labor bastante difícil e incluso peligroso, que aparentemente existen pocos incentivos. Sin embargo, no debemos olvidar que también la participación es una herra- mienta poderosa que en nuestros días se ha vuelto necesaria y urgente.

A quien decida acercarse al ONC, les brindaremos nuestro apoyo, la metodología y les acompañaremos en su trabajo. Algo hemos logrado a nivel federal, sin embargo, aún nos falta mucho por hacer pues aún hay en el éam- bito local muchas autoridades autoritarias, amenazas, burlas y falta de interés por los problemas de la sociedad. Justamente ahí es donde debemos actuar
y donde necesitamos a muchos más generando contrapesos, construyendo ciudadanía, rendición de cuentas y cultura de la legalidad.

FRANCISCO RIVAS

Director General

@frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, diciembre 2015.

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Acorde con la información sobre incidencia delictiva de diciembre de 2015, se mantiene el comportamiento de los nueve meses precedentes: un alza en los porcentajes de homicidio y la disminución de los otros delitos de alto impacto; y en lo particular, el alta incidencia de secuestros, extorsiones y robos según un análisis especí co por entidades (por ejemplo: Tamaulipas, Jalisco, Baja California y Tabasco).

Al cierre de este documento, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) envió al Senado su análisis anual acerca de las condiciones de incidencia delictiva del país, mostrando que las condiciones del país en materia de seguridad han mejorado en los últimos 3 años, desde la entrada en funciones de la actual administración federal. En este documento destaca que la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes reportada durante 2015 es la más baja desde que inició su registro en 1997, re ejando una reducción del 15% respecto al año 2012. Por otro lado, muestra una disminución sostenida desde 2013 de los delitos que más afectan a la sociedad: por ejemplo, se indica que, entre 2012 y 2015, el secuestro se redujo 26%, las extorsiones 31% y el robo de vehículos 25%. Si bien algunas regiones y entidades del país presentaron un incremento en la tasa de homicidio doloso durante el último año, a nivel nacional persiste la disminución de 22% respecto a 2012.

Si bien el dato que habla de una disminución sobre la incidencia delictiva proviene de lo que directamente le informan las instituciones de procuración de justicia al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este no re eja adecuadamente las condiciones en las que vivimos. Ello se debe a que si se analiza el fenómeno a partir de estadísticas agregadas, no es posible identi car las causas del descenso y si efectivamente están reduciéndose los delitos que más afectan a la población. Esta situación no representa algo menor pues implica la carencia de los insumos necesarios para políticas públicas e cientes y e caces en la materia, ya sea para su diseño o corrección.

Respecto al documento presentado por la SEGOB queremos destacar las principales limitaciones o debilidades del análisis efectuado:

1. En el análisis que realiza la institución federal sobre la incidencia de homicidios, se dejan completamente los datos del SESNSP que dan cuenta del aumento de 7.5% de este delito durante 2015. En lugar de dicha información o cial, optan por hacer uso de los registros administrativos publicados en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) referentes a los índices de 2014. Aunado a ello, en el documento o cial se aprecia que únicamente utilizan los datos del SESNSP para dar a conocer que hubo un descenso de 22% de este ilícito entre 2012 y 2015, omitiendo cualquier alusión a su incremento.

2. Otra imprecisión metodológica es que el análisis que hacen a nivel estatal, regional y de ciudades de los homicidios se elaboró con base en una tercera fuente: la de homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada. Dichos datos han sido tema de controversia desde los tiempos de la administración del expresidente Calderón ya que implica cierta subjetividad en el análisis y se anticipa a una investigación ministerial que debería esclarecer la certeza de que cierto homicidio esté o no vinculado a la criminalidad organizada. Por eso la administración del expresidente Calderón interrumpió la presentación de este dato. Con el inicio de la administración del presidente Peña se revivió este mecanismo de análisis con una agravante, la base dejó de ser pública y debidamente desglozada. Por eso varias organizaciones sociales protestamos y acordamos con la SEGOB que esta dejase de ser usadas como insumo de comunicados. Pese al acuerdo presentado a medios en 2013 entre dicha institución federal y la sociedad civil, ha habido un incumplimiento constante de la autoridad que, como en este caso, usa una base de datos opaca e imprecisa.

3. Si bien, con base en información del SESNSP, los porcentajes de disminución de robo de vehículos, secuestro y extorsión son correctos, los periodos de tiempo que utilizan para mostrar porcentajes de disminución son seleccionados ad hoc: usa comparaciones entre 2014 y 2013 y entre 2015 y 2012, es decir, buscan en qué periodo hubo un descenso mayor sin utilizar las tasas por cada 100 mil habitantes para el análisis.

4. Un aspecto que omiten señalar es que parte del gran descenso en la incidencia de la extorsión tiene que ver con un cambio en la metodología de registro, que los eventos de amenazas y engaños han aumentado (aunque haya disminuido el número de delitos consumados) y que carecemos de fuentes claras para medir la extorsión presencial.

5. Como hemos insistido en varias ocasiones, continúa subsistiendo una debilidad importante en cómo se conforma la base de datos sobre incidencia delictiva por lo que tampoco podemos a rmar que los datos del SESNSP correspondan al número de delitos denunciados a la autoridad y que estos se encuentren debidamente clasi cados. Paralelamente, al analizar este punto, se omite reconocer la gran cantidad de delitos no denunciados, conocidos como cifra negra, dato que mide y da a conocer el Instituto de Geografía y Estadística (INEGI) y el cual señala que para 2014, el 93% de los delitos cometidos en el país no se denunciaron. Este dato entre 2012 y 2013 tuvo crecimiento sostenido y tuvo un descenso marginal en 2014.

En resumen, cuando la SEGOB aparentemente muestra un esfuerzo por ser transparente y rendir cuentas, lo que más bien están haciendo es promover aún más la incertidumbre acerca de las condiciones objetivas seguridad del país: utilizando tres fuentes de información distintas sin explicación y a conveniencia para forzar los avances; omitiendo deliberadamente el crecimiento de los homicidios dolosos entre 2014 y 2015; usando a conveniencia números absolutos o tasas por cada 100 mil habitantes para mostrar una mayor efectividad en la disminución de algunos delitos; comparando las tasas de ciudades extranjeras con la del país y no con realidades como las de Acapulco, Iguala o Chilpancingo; utilizando periodos de tiempo ad hoc para buscar el descenso más grande; sin explicación alguna respecto a cómo fue que lograron hacer todo lo que presumen; omitiendo la importancia de los esfuerzos locales . Festejan los triunfos de los datos totales sin entender que los problemas siguen a nivel local, y en casos más graves.

¡Qué lejos estamos de un verdadero proceso de rendición de cuentas a la sociedad! ¿Realmente nuestras autoridades creen que mandar un documento impreciso queriendo presumir resultados es rendición de cuentas? ¿Por qué los asesores en materia de seguridad del Secretario Miguel Angel Osorio Chong exponen así a su jefe, a la Secretaría y a toda la administración federal? ¿Por qué no se han percatado que un ejercicio como el anterior debilita la con anza en las instituciones?

Los tres años al frente de las áreas de seguridad de la SEGOB no han sido su cientes para que sus integrantes comprendan conceptos básicos y que en la ejecución de proyectos y programas para enfrentar el problema son distintos los actores los que participan. En efecto, al día de hoy se sigue utilizando indistintamente y hasta como sinónimos, conceptos clave como violencia, inseguridad e incidencia delictiva y la federación asume resultados y retrocesos sobre el combate a delitos que son responsabilidad principal de las autoridades locales como es el robo en varias modalidades y donde la función de la autoridad federal versa en cómo reparte los recursos y veri ca que se implementen efectivamente y con la rectoría de políticas nacionales que coadyuvan a la labor de las autoridades locales.

Sí hay una buena práctica que presumir y de la cual aprender es la Coordinación Nacional Antisecuestro. Tras el gravísimo caso de aumento del secuestro en 2013, que llegó a su máximo histórico, la federación puso en marcha un proyecto fundamental: vigilar que las entidades destinen los recursos en esta materia a lo que debe ser; que se homologue nivel de actuación, capacitación e insumos en los estados; que exista colaboración y coordinación entre autoridades y donde la designación de los titulares ha sido impecable, antes Renato Sales, ahora Patricia Bugarín.

Secretario Osorio Chong, desde el ONC una y otra vez hemos demostrado como ciertas declaraciones que usted ha hecho carecen de fundamento. Entendemos que a usted le proporcionan dicha información y que en esta se sustenta su narrativa, por esta razón le ofrezco con gusto nuestro apoyo para revisar documentos y declaraciones que si continúan siendo imprecisas incrementará la desconfianza y abonará a la confusión entre la ciudadanía. Nuestro interés es el suyo: que México sea un país de leyes, que sea un país en el cual las autoridades son transparentes y rinden cuentas, un país en el cual las personas viven seguras y tiene acceso a la justicia. Señor Secretario deje que le regalemos esto al país, deje que lo ayudemos a informar objetivamente sobre la crisis de seguridad humana que enfrentamos.