Reporte sobre delitos de alto impacto. Febrero 2015

En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) renovamos diariamente nuestro compromiso social para lograr un México seguro, pacífico y justo; que cuente con un marco normativo que sea respetado por todos sin importar la edad, la profesión, el estrato económico al que uno pertenezca o el puesto que cada quien desempeñe. Un país en donde el respeto y el acatamiento de la norma sea lo que fomente y propicie tanto el desarrollo personal como el nacional, un país en el cual la ley se aplique sin distingos ni agendas políticas.
Sin lugar a dudas, este es un gran desafío sobre todo si tomamos en consideración que en semana recientes no solo ha sido evidenciado el rechazo y la aparente inexistencia de la norma sino sus profundas implicaciones sociales como la desconfianza hacia las instituciones públicas y entre los propios ciudadanos. Esta podría parecer como algo menor o sin importancia, sin embargo, se trata de un factor sumamente serio que conlleva un impacto negativo en las expresiones de participación ciudadana, en el tejido social y en el desarrollo económico.
Como parte de nuestra contribución para lograr mejorar las condiciones por las que atraviesa México, en conjunto con otras organizaciones sociales, hemos dado seguimiento puntual no solo a las estadísticas oficiales sobre incidencia delictiva sino que hemos identificado una serie de fortalezas y debilidades de las instituciones de seguridad y justicia, así como de la sociedad civil en nuestro país. Los análisis que llevamos a cabo mensualmente más allá de que tienen como principal objetivo, identificar objetivamente los avances y retrocesos, han dado a conocer importantes áreas de oportunidad en las instancias involucradas en el tema que deben ser atendidas si lo que realmente se pretende es garantizar la seguridad ciudadana y que prive dicho paradigma. Un ejemplo de ello, es la debilidad o inexistencia de procesos homologados y no seccionados de sistematización de la información estadística sobre incidencia delictiva que da como resultado una serie de insumos cuantitativos de baja calidad y poco rigurosos.
Identificar ese tipo de cuestiones es fundamental pues los diagnósticos que solo son una lectura superficial del problema, ajenos a las dificultades y prácticas institucionales, poco o nada aportan en la toma de decisiones pertinentes. Justamente debido a lo que se desempeña desde la sociedad civil, podemos afirmar que parte de la debilidad en el combate de la inseguridad y la violencia son los diagnósticos imprecisos sobre la delincuencia. Ello tiene serias consecuencias como el diseño e implementación de políticas públicas inadecuadas o el uso ineficiente de recursos que no tienen el impacto que deberían tener para controlar, desincentivar y prevenir la criminalidad.
Esto ha sido lo que ha sucedido en el caso del secuestro pues en los últimos 20 años, la sociedad mexicana se ha organizado y volcado vez tras vez a las calles, logrando que las autoridades atiendan el delito de una manera aparentemente contundente. Es cierto que parece que ha disminuido la incidencia de este delito, pero estamos conscientes de que nos encontramos aún muy lejos de que este crimen se haya logrado disminuir a su mínima expresión y mucho menos erradicarlo.
A lo largo de las dos últimas décadas, miles de vidas han sido marcadas por este terrible delito y así como señalamos cuando las cifras son elevadas en los delitos de alto impacto, hacemos mención que desde diciembre de 2014 se contabilizan menos de 100 averiguaciones previas de secuestro en el fuero común en el ámbito nacional. Es cierto que este es un avance importante, sin embargo, no podemos dejar de lado que el delito sigue reportándose inadecuadamente en las procuradurías locales, es decir, eligiendo criterios de registro personales y no los supuestos de la ley general en la materia o la enorme cantidad de casos que no se denuncian. Además de que faltan por ser considerados todos aquellos secuestros de migrantes cometidos en las distintas entidades federativas.
De la misma manera en que hacemos referencia a los puntos críticos o débiles de los análisis oficiales, hay que destacar que recientemente contamos con nuevos indicadores sobre el secuestro que nos permitirán complementar parcialmente las investigaciones sobre este tema. Se trata de las estadísticas sobre secuestros del fuero federal, que hasta el momento dan cuenta de 84 casos durante el primer bimestre de 2015 que a la par deben tomarse en consideración con los 188 casos del fuero común.
Gracias a la acción conjunta de Edna Jaime, María Elena Morera, Andrea Ambrogi, Alejandro Martí y Miguel Treviño, invitados permanentes al Consejo Nacional de Seguridad, así como a organizaciones como Alto Al Secuestro, México Unido Contra la Delincuencia o a la Red de Observatorios del ONC logramos que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) empezara a publicar las cifras de víctimas de secuestro, homicidio y extorsión, a parte del número de averiguaciones previas en 2014. Ello mismo ha sido posible a principios de 2015, con los registros de secuestros del fuero federal. Estos son importantes resultados de la sociedad civil y confiamos en que estos pasos nos permitirán contar con diagnósticos más precisos y, por ende, con decisiones más certeras para combatir y erradicar este delito. La experiencia de algunos países de nuestra región y de otras latitudes del mundo lo han logrado, por lo tanto, es inaceptable pensar que una familia más pase por este dolor en México.