Tag Archives: homicidio culposo

Reporte mensual de delitos de alto impacto, octubre 2016

Descarga aquí

Hace diez años el objetivo primordial del Gobierno Federal fue la lucha contra el narcotrá co, 122 capos que tendrían que ser detenidos o abatidos. La llamada “guerra contra el narco” lleva ya una década desde la toma de posesión del ex Presidente Felipe

Calderón, y que, junto con la salida del ejército y marina de los cuarteles y el inicio de las acciones para reducir la violencia en Michoacán, han marcado este trágico periodo, el
más violento en la historia reciente de México. Diez años después del inicio, la situación
se ha convertido en un cúmulo interminable de fracasos para detener la violencia que
se registra en varias regiones del país. Esta cruzada nos ha costado muy cara: 186 297 muertos, hasta el 2015, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 28 937 desaparecidos, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), y 10 934 detenidos por vínculos con el crimen organizado.

Se han alcanzado niveles de violencia nunca antes vistos en nuestro país como desmembrados, decapitados, personas colgadas en puentes, bombazos en plazas públicas en medio de festejos nacionales o incendios de comercios como manifestación de la extorsión presencial, y desde luego, el gasto de miles de millones de pesos destinados a seguridad y justicia que no se pudieron destinar para generar estrategias de educación para la población, ni para hacerlos más competitivos o para brindarles mejores servicios. Genera una gran preocupación que esta década ha normalizado la violencia en la sociedad, estigmatizando internacionalmente la imagen del país, y sin que hoy exista un plan que permita vislumbrar la luz al nal del túnel. Dicho de otra manera, a la mayor parte de la sociedad ya no le impresiona o indigna el nivel de violencia en un contexto donde tampoco se ve cómo se podría transformar esta situación.

Indudablemente, hoy respecto a 2006, contamos con fuerzas federales más equipadas, mejor entrenadas y ya experimentadas en lo que signi ca enfrentar a un enemigo con tantas caras y recursos, el Estado se ha hecho de instrumentos tecnológicos, jurídicos e instituciones destinadas a reducir el embate de la violencia. Sin embargo, es evidente

que el combate a la corrupción, el uso de inteligencia (en particular la nanciera),
la corresponsabilidad de gobiernos locales y sus capacidades siguen siendo tarea pendiente. Hace diez años nos dijeron que la reconstrucción de policías y procuradurías, la modernización del sistema de justicia y la inversión local en infraestructura nos llevaría a ganar la guerra, una década después, repetir el discurso suena trillado y vacío sin que mueva a la acción.

Es importante ser justos y claros, es innegable que un factor fundamental de la violencia tiene que ver con el narcotrá co, sin embargo, existen otros factores. La violencia que vivimos hoy es diferente a la de hace una década, era una obligación ineludible del Estado combatir a los narcos, y el esfuerzo que se hizo en reconstruir las instituciones, así como el sacri cio de muchos es loable, se han detenido o abatido a 100 de los 122 objetivos principales, pero esto no se ha traducido en una disminución de la violencia en el país ni en un debilitamiento de los cárteles de la droga sino todo lo contario, los cárteles han ampliado sus actividades ilícitas, además del trasiego de la droga: secuestran, extorsionan, operan la trata de personas y cometen otros robos como el de combustible. Hoy en México hay más grupos de la delincuencia organizada, la estrategia de combatirlos sigue causando miles de muertos, desapariciones de personas y violaciones a los derechos humanos.

Con esto en mente, podemos inferir que si hoy carecemos de una estrategia y resultados su cientes es porque muchos de los actores fundamentales (gobernadores, alcaldes, autoridades federales) no han cumplido su parte, se dedicaron a robar recursos en contubernio con empresarios, aunado a una sociedad pasiva. Esto ha sido posible porque el combate a la corrupción ha sido incipiente o nulo. Los niveles de violencia no bajan porque hemos insistido en combatir violencia con más violencia y no se tocan los recursos de los delincuentes, que pueden ser detenidos, pero también pueden seguir comprando la justicia o delinquiendo desde los penales. En diez años se ha insistido en la necesidad de trabajar en prevención, pero los esfuerzos por generar incentivos para que las personas vivan y progresen dentro de la ley han sido muy marginales o super ciales.

Ante el reciente repunte de violencia, la federación debe reconocer que la simulación y
las acciones cosméticas no sirven, que urge una estrategia con indicadores de desempeño y resultado, y una ruta crítica que permita medir y entender si estamos avanzando o no y que esta no debe ser emergente, sino debe entenderse como de largo respiro para incidir tanto
en las causas como en los efectos. Hoy vivimos en la incertidumbre, no sabemos si en diez años estaremos igual, mejor o peor; lo que es claro es que no podemos esperar a que a través de la repetición de las mismas estrategias obtendremos resultados diferentes. Debemos romper los lazos de corrupción, reducir el poder económico de los delincuentes y cristalizar esas instituciones locales de seguridad y justicia que tanto nos han prometido y tanto nos han costado a los mexicanos. Urge liderazgo y una ruta para que en diez años no sigamos llorando los muertos, lamentado las pérdidas y sin la esperanza de vivir en un país donde impere la paz y el Estado de Derecho.

FRANCISCO RIVAS @frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, julio 2016

Descarga aquí

Hace algunos días, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong hizo entrega del cuarto informe de gobierno. Este es el principal ejercicio de rendición de cuentas mediante

el cual la administración pública federal explica a la ciudadanía los resultados de las políticas públicas y las líneas de acción implementadas en las múltiples materias. Fiel a la costumbre que ha caracterizado por décadas a nuestros gobiernos, se

dieron a conocer resultados halagüeños pues “lo bueno casi no se cuenta”, escuchando un discurso que hizo referencia a la “realidad” de un México ajeno al país en el que vivimos, ya que por los índices de aprobación del presidente Peña Nieto se requirió necesariamente mostrar resultados positivos en donde su desempeño dista de ser el deseado.

El informe de gobierno consideró cuatro apartados: México en Paz, México Incluyente, México con educación de calidad, y México Prospero. Los resultados en materia de seguridad y justicia contenidos en el apartado “México en Paz” enfatizaron el cumplimiento en tiempo y forma de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), los bene cios que esto traerá para la impartición de justicia, la labor de las instituciones del Estado en materia de seguridad (Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México Comisión Nacional de Seguridad) en su tarea de combate al crimen organizado, así como la existencia y operación del programa nacional para la prevención del delito.

De igual manera se subrayó la importancia que han tenido los operativos coordinados para la seguridad y el orden, así como la coordinación interinstitucional a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) que ha dado pie a diversas estrategias como la Estrategia Nacional Antisecuestro o el nuevo modelo de desarrollo policial. A su vez se destacó la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

No obstante, poco se mencionó sobre las fallas que subsisten en el sistema penitenciario, tampoco se re rió a los casos emblemáticos como los acontecidos en Ayotzinapa, Tanhuato y Nochixtlán donde la actuación del gobierno distó de ser la óptima. Lo que se con rmó con la renuncia solicitada al ahora ex comisario de la Policía Federal, Enrique Galindo, a escasos dos días del informe.

No se mencionó a entidades como Guerrero, Tamaulipas, Estado de México, Colima o Veracruz (por mencionar solo algunas) donde la violencia aún impera. Tampoco presentaron diagnósticos certeros y minuciosos respecto a los recursos escasos destinados a ciertas áreas clave de la procuración de justicia, las carencias y áreas de oportunidad en dicha materia, así como en la atención de víctimas

del delito cuya comisión ejecutiva solo ha sido capaz de canalizar 33 de los 1 028 millones de pesos presupuestados para la atención a víctimas y la reparación del daño. Esos temas fueron omitidos ya que aparentemente se cree que con la sola existencia de los ordenamientos jurídicos y normativos los problemas se resuelven en automático.

En cuanto a los resultados en materia de corrupción, pese a que estrenaremos el SNA, no debemos olvidar que el PRI se opuso a diversos elementos de este y
que solamente gracias al gran trabajo de la sociedad civil y a un veto presidencial oportuno fue posible que el SNA se convirtiera en el primer paso en el combate a la corrupción. En cuatro años solo se ha podido dar un pequeño paso, impulsado por las organizaciones de la sociedad civil.

El presidente no abordó el alza de los homicidios dolosos. Con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y que según los pronósticos realizados por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) se espera que 2016 termine con una tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes de 14.5 homicidios dolosos (3.23% mayor que la reportada en 2015). Mientras que en otros pronósticos menos conservadores la tasa en comento podría alcanzar un valor máximo de 17.34. Cabe destacar que entidades como Guerrero y Morelos en las que se ha contado con la presencia o refuerzo de elementos de instituciones federales de seguridad, se han mantenido tasas de homicidio doloso superiores a la nacional desde 2012.

El mes de julio se caracterizó por haberse constituido como el mes con mayor número de víctimas de homicidio doloso (2 073) desde que se comenzó a divulgar esta información en 2014, en tanto que mayo y junio presentaron más de 1800 víctimas mensuales, lo que presupone un promedio de más de 60 homicidios dolosos cometidos diariamente.

A su vez, durante la administración de Enrique Peña Nieto hemos sido testigos de cambios en los patrones geográ cos de los delitos de alto impacto. Antes de que comenzará su periodo de gobierno las entidades con mayores tasas de homicidio doloso entre enero y julio de 2012 eran: Chihuahua (37.6), Guerrero (35.9), Sinaloa (31.3), Morelos (26.3) y Durango (22.3). En cambio, durante el mismo periodo de 2016 las entidades con mayores tasas fueron: Colima (45.9), Guerrero (35.3), Sinaloa (20.1), Baja California (17.1) y Morelos (16.9).

Por otro lado, en materia de secuestros se espera una tasa de 0.93 por cada 100 mil habitantes (7.09% mayor que la de 2015) y una tasa de extorsiones de 4.32 (3.67% mayor que la de 2015). Es decir, el panorama no será muy diferente del que experimentamos en 2013.

Para el secuestro es importante distinguir que las cifras reportadas en el SESNSP no reflejan la cantidad total de casos, no solo por la cifra negra, sino porque no se están registrando los supuestos contemplados en el Artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. A pesar de lo anterior es el delito que reportaría el mayor incremento respecto a 2015 de acuerdo con nuestros pronósticos.

En materia de extorsión cabe destacar que las disminuciones registradas desde 2013 se pueden deber a cambios en los criterios de registro. Dichas modi caciones suponen que la credibilidad y comparabilidad de la información esté en duda. En lo agregado esto supone un diferencial de la tasa nacional de 0.5 y 0.6 en 2014 y 2015, respectivamente, lo cual aminora los porcentajes de reducción ampliamente citados por las autoridades.

A pesar de lo anterior atribuirle la responsabilidad de cada carencia o falta de logros al Ejecutivo no es completamente prudente. Si hoy observamos entidades y municipios en condiciones graves de inseguridad, si la violencia en algunas regiones se ha mantenido, si no se ha cumplido a cabalidad la adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio, si no se ha cumplido con la Ley General de Víctimas, así como con diversos tratados internacionales que tutelan los derechos humanos,
es también por la responsabilidad de autoridades locales y municipales que han
sido cómplices o directos responsables de esto, ya sea por incapacidad o por desidia. También ellos han aportado a un contexto en el cual el Estado no tiene el control sobre todo el territorio nacional.

A poco más de dos años del n del mandato del presidente Peña Nieto, es momento de que asuma las riendas del combate a la corrupción y la delincuencia,
de la implementación de la ley sin distingos. Es momento de que refrende su compromiso con políticas públicas de seguridad humana sustentadas en diagnósticos reales e indicadores de desempeño e impacto; es momento de que se reajusten o eliminen las lineas de acción que no han funcionado y de verdad trabaje para que “lo bueno cuente mucho” no solo en términos de narrativa y estrategia de comunicación.

Francisco Rivas
Director General
@frarivasCoL

Reporte sobre delitos de alto impacto. Enero 2015

La incidencia delictiva y la violencia en México continúan siendo temas que ameritan la atención de la comunidad nacional e internacional. Por ello, no es ninguna novedad que tanto autoridades como representantes de la sociedad civil debatamos sobre todos aquellos hechos que impactan la cotidianeidad de todos los que habitamos o transitamos por el territorio nacional. Quizás habrá quienes crean que hablar y analizar tan continuamente estos temas sea una exageración o una simple obsesión, sin embargo, la realidad es que la impunidad y la falta de seguridad en nuestro país no se pueden ignorar sobre todo cuando existe una amplia agenda que atender en esta materia.

Respecto a la problemática que enfrentamos es importante señalar que coexisten dos posturas sobre lo que realmente está sucediendo en materia de seguridad y justicia. Por un lado, las autoridades insisten en leer como contundentes los datos reportados por las procuradurías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a calificar como un éxito incuestionable su actuación, así como a destacar las capturas de famosos y peligrosos integrantes de grupos del crimen organizado. Por otro lado, nos encontramos algunos representantes de la sociedad civil, especialistas o medios de comunicación que hemos dado cuenta de la creciente violencia y sensación de inseguridad en ciertas entidades federativas, de la falta de confianza en el desempeño de nuestras autoridades y de las debilidad de los registros estatales de averiguaciones previas disponibles en el SESNSP. Seguir leyendo →