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Reporte mensual de delitos de alto impacto, noviembre 2016

 

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En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) continuamos preocupados por los altos índices de delincuencia y violencia, así como por la falta de acciones en el corto plazo y de una estrategia de largo plazo que logre mejorar

las condiciones de seguridad en las que se encuentra el país y generar un respeto a la norma en la sociedad. Lamentablemente, esta preocupación ha permanecido como una constante a pesar que ha transcurrido más de una década en la cual las autoridades han tenido la oportunidad de actuar efectivamente frente a la crisis de seguridad humana y no lo han hecho.

Si comparamos los primeros 11 meses de 2015 contra los de 2016, se puede identi car un aumento de las tasas por cada 100 mil habitantes de 21% de homicidio doloso, 5% en secuestro, 4% en robo a negocio y 4% violaciones. Otros delitos como robo con violencia y de vehículo presentaron incrementos marginales de 0.35 y 0.57%. En sentido opuesto se observa que solo las tasas por cada 100 mil habtantes de homicidio culposo, extorsión, robo a casa habitación y a transeúnte disminuyeron 7, 3, 7 y 9% respectivamente.

Por consiguiente, es un hecho que noviembre de 2016 se caracterizó por graves problemas de homicidio doloso, por el aumento de 6 de los 10 delitos de alto impacto en lo que va del año y, en una visión más amplia, se posiciona como el 5to mes más violento de la administración del presidente Enrique Peña Nieto (desde diciembre de 2012). Desde esta perspectiva, vale la pena retomar que en 2016 se registraron los meses con mayor cantidad de casos de homicidios dolosos reportados o cialmente en el actual sexenio; en primer lugar, se ubica septiembre; en segundo lugar, agosto; en tercer lugar, julio y; en cuarto lugar, octubre, todos estos de 2016.

Cuando el ONC presentó el Reporte sobre delitos de alto impacto. Septiembre 2016, alertando por estos alarmantes números, las autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), minimizaron los datos y usaron la información que en ese momento no era pública relativa a octubre para hablar de una reducción mensual de 6% de los homicidios dolosos (5.62% para ser exactos), como ejemplo de que la estrategia anunciada por el presidente Peña Nieto en el Consejo Nacional de Seguridad(CNSP) para reducir los homicidios en los 50 municipios con mayor incidencia de los mismos, estaba funcionando.

Con los datos de noviembre a la mano podemos ver que el homicidio doloso prácticamente no tuvo variación de octubre a noviembre, ya que el número de carpetas de investigación se redujo apenas 0.75% entre estos dos meses. Sin lugar a dudas, este indicador no solo permite poner en entredicho los discursos halagueños o triunfalistas que han sido pronunciados por distintas autoridades sino la propia eficacia de la medida emprendida por la autoridad federal tres meses después de que esta iniciase.

Desde el ONC insistimos que el homicidio doloso y otros delitos violentos podrán tener reducciones en el corto plazo, sin embargo, ello no implica la mejora de las condiciones de seguridad en el largo plazo. Esto se debe a que seguimos careciendo de corresponsabilidad de los gobiernos locales, continuamos atacando los efectos y no las causas de los problemas; la corrupción sigue debilitando la acción del gobierno, los recursos de las instituciones y manteniendo vigente la impunidad en la sanción a los delitos.

La violencia preocupa y seguramente seguirá siendo una preocupación hasta que no haya un compromiso serio por parte de nuestras autoridades para construir las instituciones de seguridad y justicia que necesitamos, hasta que se incentive el respeto de la norma y se logre debilitar los recursos de los delincuentes, empezando por sus recursos económicos.

A pesar que se ha cumplido una década de la denominada “Guerra contra el narcotrá co”, la delincuencia organizada mantiene su poder debido a que permanecen intactas sus riquezas que les permite continuar comprando voluntades políticas y justicia, que les permite continuar delinquiendo incluso desde penales y abasteciéndose de armas para seguir dominando la vida de tantas personas.

Ante este escenario en conjunto con la actual crisis económica es altamente probable que los robos y secuestros aumentarán en 2017. Frente a ello, es necesario que la autoridad deje de simular, perder tiempo excusándose e invertir todo su capital en generar ese Estado de Derecho que los mexicanos necesitamos para hacer atractivo el país al turismo, la inversión extranjera, proteger los derechos de propiedad para poder progresar y vivir seguros como nos lo merecemos cada uno de nosotros.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, octubre 2016

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Hace diez años el objetivo primordial del Gobierno Federal fue la lucha contra el narcotrá co, 122 capos que tendrían que ser detenidos o abatidos. La llamada “guerra contra el narco” lleva ya una década desde la toma de posesión del ex Presidente Felipe

Calderón, y que, junto con la salida del ejército y marina de los cuarteles y el inicio de las acciones para reducir la violencia en Michoacán, han marcado este trágico periodo, el
más violento en la historia reciente de México. Diez años después del inicio, la situación
se ha convertido en un cúmulo interminable de fracasos para detener la violencia que
se registra en varias regiones del país. Esta cruzada nos ha costado muy cara: 186 297 muertos, hasta el 2015, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 28 937 desaparecidos, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), y 10 934 detenidos por vínculos con el crimen organizado.

Se han alcanzado niveles de violencia nunca antes vistos en nuestro país como desmembrados, decapitados, personas colgadas en puentes, bombazos en plazas públicas en medio de festejos nacionales o incendios de comercios como manifestación de la extorsión presencial, y desde luego, el gasto de miles de millones de pesos destinados a seguridad y justicia que no se pudieron destinar para generar estrategias de educación para la población, ni para hacerlos más competitivos o para brindarles mejores servicios. Genera una gran preocupación que esta década ha normalizado la violencia en la sociedad, estigmatizando internacionalmente la imagen del país, y sin que hoy exista un plan que permita vislumbrar la luz al nal del túnel. Dicho de otra manera, a la mayor parte de la sociedad ya no le impresiona o indigna el nivel de violencia en un contexto donde tampoco se ve cómo se podría transformar esta situación.

Indudablemente, hoy respecto a 2006, contamos con fuerzas federales más equipadas, mejor entrenadas y ya experimentadas en lo que signi ca enfrentar a un enemigo con tantas caras y recursos, el Estado se ha hecho de instrumentos tecnológicos, jurídicos e instituciones destinadas a reducir el embate de la violencia. Sin embargo, es evidente

que el combate a la corrupción, el uso de inteligencia (en particular la nanciera),
la corresponsabilidad de gobiernos locales y sus capacidades siguen siendo tarea pendiente. Hace diez años nos dijeron que la reconstrucción de policías y procuradurías, la modernización del sistema de justicia y la inversión local en infraestructura nos llevaría a ganar la guerra, una década después, repetir el discurso suena trillado y vacío sin que mueva a la acción.

Es importante ser justos y claros, es innegable que un factor fundamental de la violencia tiene que ver con el narcotrá co, sin embargo, existen otros factores. La violencia que vivimos hoy es diferente a la de hace una década, era una obligación ineludible del Estado combatir a los narcos, y el esfuerzo que se hizo en reconstruir las instituciones, así como el sacri cio de muchos es loable, se han detenido o abatido a 100 de los 122 objetivos principales, pero esto no se ha traducido en una disminución de la violencia en el país ni en un debilitamiento de los cárteles de la droga sino todo lo contario, los cárteles han ampliado sus actividades ilícitas, además del trasiego de la droga: secuestran, extorsionan, operan la trata de personas y cometen otros robos como el de combustible. Hoy en México hay más grupos de la delincuencia organizada, la estrategia de combatirlos sigue causando miles de muertos, desapariciones de personas y violaciones a los derechos humanos.

Con esto en mente, podemos inferir que si hoy carecemos de una estrategia y resultados su cientes es porque muchos de los actores fundamentales (gobernadores, alcaldes, autoridades federales) no han cumplido su parte, se dedicaron a robar recursos en contubernio con empresarios, aunado a una sociedad pasiva. Esto ha sido posible porque el combate a la corrupción ha sido incipiente o nulo. Los niveles de violencia no bajan porque hemos insistido en combatir violencia con más violencia y no se tocan los recursos de los delincuentes, que pueden ser detenidos, pero también pueden seguir comprando la justicia o delinquiendo desde los penales. En diez años se ha insistido en la necesidad de trabajar en prevención, pero los esfuerzos por generar incentivos para que las personas vivan y progresen dentro de la ley han sido muy marginales o super ciales.

Ante el reciente repunte de violencia, la federación debe reconocer que la simulación y
las acciones cosméticas no sirven, que urge una estrategia con indicadores de desempeño y resultado, y una ruta crítica que permita medir y entender si estamos avanzando o no y que esta no debe ser emergente, sino debe entenderse como de largo respiro para incidir tanto
en las causas como en los efectos. Hoy vivimos en la incertidumbre, no sabemos si en diez años estaremos igual, mejor o peor; lo que es claro es que no podemos esperar a que a través de la repetición de las mismas estrategias obtendremos resultados diferentes. Debemos romper los lazos de corrupción, reducir el poder económico de los delincuentes y cristalizar esas instituciones locales de seguridad y justicia que tanto nos han prometido y tanto nos han costado a los mexicanos. Urge liderazgo y una ruta para que en diez años no sigamos llorando los muertos, lamentado las pérdidas y sin la esperanza de vivir en un país donde impere la paz y el Estado de Derecho.

FRANCISCO RIVAS @frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, julio 2016

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Hace algunos días, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong hizo entrega del cuarto informe de gobierno. Este es el principal ejercicio de rendición de cuentas mediante

el cual la administración pública federal explica a la ciudadanía los resultados de las políticas públicas y las líneas de acción implementadas en las múltiples materias. Fiel a la costumbre que ha caracterizado por décadas a nuestros gobiernos, se

dieron a conocer resultados halagüeños pues “lo bueno casi no se cuenta”, escuchando un discurso que hizo referencia a la “realidad” de un México ajeno al país en el que vivimos, ya que por los índices de aprobación del presidente Peña Nieto se requirió necesariamente mostrar resultados positivos en donde su desempeño dista de ser el deseado.

El informe de gobierno consideró cuatro apartados: México en Paz, México Incluyente, México con educación de calidad, y México Prospero. Los resultados en materia de seguridad y justicia contenidos en el apartado “México en Paz” enfatizaron el cumplimiento en tiempo y forma de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), los bene cios que esto traerá para la impartición de justicia, la labor de las instituciones del Estado en materia de seguridad (Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México Comisión Nacional de Seguridad) en su tarea de combate al crimen organizado, así como la existencia y operación del programa nacional para la prevención del delito.

De igual manera se subrayó la importancia que han tenido los operativos coordinados para la seguridad y el orden, así como la coordinación interinstitucional a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) que ha dado pie a diversas estrategias como la Estrategia Nacional Antisecuestro o el nuevo modelo de desarrollo policial. A su vez se destacó la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

No obstante, poco se mencionó sobre las fallas que subsisten en el sistema penitenciario, tampoco se re rió a los casos emblemáticos como los acontecidos en Ayotzinapa, Tanhuato y Nochixtlán donde la actuación del gobierno distó de ser la óptima. Lo que se con rmó con la renuncia solicitada al ahora ex comisario de la Policía Federal, Enrique Galindo, a escasos dos días del informe.

No se mencionó a entidades como Guerrero, Tamaulipas, Estado de México, Colima o Veracruz (por mencionar solo algunas) donde la violencia aún impera. Tampoco presentaron diagnósticos certeros y minuciosos respecto a los recursos escasos destinados a ciertas áreas clave de la procuración de justicia, las carencias y áreas de oportunidad en dicha materia, así como en la atención de víctimas

del delito cuya comisión ejecutiva solo ha sido capaz de canalizar 33 de los 1 028 millones de pesos presupuestados para la atención a víctimas y la reparación del daño. Esos temas fueron omitidos ya que aparentemente se cree que con la sola existencia de los ordenamientos jurídicos y normativos los problemas se resuelven en automático.

En cuanto a los resultados en materia de corrupción, pese a que estrenaremos el SNA, no debemos olvidar que el PRI se opuso a diversos elementos de este y
que solamente gracias al gran trabajo de la sociedad civil y a un veto presidencial oportuno fue posible que el SNA se convirtiera en el primer paso en el combate a la corrupción. En cuatro años solo se ha podido dar un pequeño paso, impulsado por las organizaciones de la sociedad civil.

El presidente no abordó el alza de los homicidios dolosos. Con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y que según los pronósticos realizados por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) se espera que 2016 termine con una tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes de 14.5 homicidios dolosos (3.23% mayor que la reportada en 2015). Mientras que en otros pronósticos menos conservadores la tasa en comento podría alcanzar un valor máximo de 17.34. Cabe destacar que entidades como Guerrero y Morelos en las que se ha contado con la presencia o refuerzo de elementos de instituciones federales de seguridad, se han mantenido tasas de homicidio doloso superiores a la nacional desde 2012.

El mes de julio se caracterizó por haberse constituido como el mes con mayor número de víctimas de homicidio doloso (2 073) desde que se comenzó a divulgar esta información en 2014, en tanto que mayo y junio presentaron más de 1800 víctimas mensuales, lo que presupone un promedio de más de 60 homicidios dolosos cometidos diariamente.

A su vez, durante la administración de Enrique Peña Nieto hemos sido testigos de cambios en los patrones geográ cos de los delitos de alto impacto. Antes de que comenzará su periodo de gobierno las entidades con mayores tasas de homicidio doloso entre enero y julio de 2012 eran: Chihuahua (37.6), Guerrero (35.9), Sinaloa (31.3), Morelos (26.3) y Durango (22.3). En cambio, durante el mismo periodo de 2016 las entidades con mayores tasas fueron: Colima (45.9), Guerrero (35.3), Sinaloa (20.1), Baja California (17.1) y Morelos (16.9).

Por otro lado, en materia de secuestros se espera una tasa de 0.93 por cada 100 mil habitantes (7.09% mayor que la de 2015) y una tasa de extorsiones de 4.32 (3.67% mayor que la de 2015). Es decir, el panorama no será muy diferente del que experimentamos en 2013.

Para el secuestro es importante distinguir que las cifras reportadas en el SESNSP no reflejan la cantidad total de casos, no solo por la cifra negra, sino porque no se están registrando los supuestos contemplados en el Artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. A pesar de lo anterior es el delito que reportaría el mayor incremento respecto a 2015 de acuerdo con nuestros pronósticos.

En materia de extorsión cabe destacar que las disminuciones registradas desde 2013 se pueden deber a cambios en los criterios de registro. Dichas modi caciones suponen que la credibilidad y comparabilidad de la información esté en duda. En lo agregado esto supone un diferencial de la tasa nacional de 0.5 y 0.6 en 2014 y 2015, respectivamente, lo cual aminora los porcentajes de reducción ampliamente citados por las autoridades.

A pesar de lo anterior atribuirle la responsabilidad de cada carencia o falta de logros al Ejecutivo no es completamente prudente. Si hoy observamos entidades y municipios en condiciones graves de inseguridad, si la violencia en algunas regiones se ha mantenido, si no se ha cumplido a cabalidad la adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio, si no se ha cumplido con la Ley General de Víctimas, así como con diversos tratados internacionales que tutelan los derechos humanos,
es también por la responsabilidad de autoridades locales y municipales que han
sido cómplices o directos responsables de esto, ya sea por incapacidad o por desidia. También ellos han aportado a un contexto en el cual el Estado no tiene el control sobre todo el territorio nacional.

A poco más de dos años del n del mandato del presidente Peña Nieto, es momento de que asuma las riendas del combate a la corrupción y la delincuencia,
de la implementación de la ley sin distingos. Es momento de que refrende su compromiso con políticas públicas de seguridad humana sustentadas en diagnósticos reales e indicadores de desempeño e impacto; es momento de que se reajusten o eliminen las lineas de acción que no han funcionado y de verdad trabaje para que “lo bueno cuente mucho” no solo en términos de narrativa y estrategia de comunicación.

Francisco Rivas
Director General
@frarivasCoL

Reporte Mensual de delitos de alto impacto, Junio 2016

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La violencia homicida no cede en nuestro país y lamentablemente no es una sorpresa, pues como lo hemos demostrado mes tras mes, este delito está muy lejos de haber sido atendido e cientemente por nuestras autoridades. Si observamos

los comparativos semestrales de 2014-2015 y 2015-2016, se puede apreciar cómo
los homicidios intencionales han continuado aumentando. Aunado a ello, no debe dejarse a un lado la situación por la cual atraviesan distintas entidades federativas como Colima, Guerrero, Morelos, Sinaloa y Chihuahua que lideran las tasas de homicidio doloso apuntando a una debilidad en las políticas de reducción de este fenómeno pese a que hemos tratado de enfrentar esta problemática por más de una década en México.

Respecto a la incidencia del homicidio, nuestras autoridades han continuado insistiendo en que estos se encuentran ligados a la confrontación entre grupos de la delincuencia organizada, casi como si consideraran que esta característica los torna en acontecimientos menos graves y olvidan que si estos grupos luchan por el control de un territorio es porque las instituciones del Estado han fallado.

No podemos esperar resultados e cientes ni efectivos frente a la violencia
y delincuencia si hay de ciencia para prevenir y sancionar los delitos, si no se implementa un sistema de readaptación social capaz de reincorporar plenamente a la sociedad a una persona que purgó una sentencia justa y proporcional al daño ocasionado. Si no corregimos este camino pareciera que estamos trabajando
por una sociedad que mantenga viva la problemática delincuencial, generando sistemáticamente incentivos para que nos incorporemos a este tipo de actividades.

Es cierto que no es posible que se dejen de cometer homicidios en nuestro país, pero ello se debe a rasgos propios de la conducta y de la sociedad. El homicidio es un delito que no se puede erradicar en ningún territorio pues aún en los países más seguros lo encontraremos. Sin embargo, el homicidio sí puede reducirse a tasas mínimas de incidencia y una de las acciones clave para conseguirlo es desvincularlo de actividades de la delincuencia organizada mediante acciones en dos vías: fortalecimiento institucional y reconstrucción del tejido social.

En México, ha sido clara la reproducción y el aumento del homicidio con sus respectivas implicaciones en nuestra calidad de vida. Asimismo en nuestro país ha sido evidente que, en gran medida, esto se debe a la falta de capacidad del Estado para disminuir el poder de los grupos delincuenciales; de generar oportunidades para que las personas opten por un desarrollo dentro de la ley; de castigar la conducta delictiva de manera oportuna; de permitir que la impunidad crónica, la falta de oportunidades y el subdesarrollo sean factores determinantes en la decisión de quienes empiecen a delinquir, lo hagan una y otra vez, perfeccionando su actividad y cometiendo delitos cada vez más graves.

El contexto nacional que se ha caracterizado por un combate frontal de los grupos del crimen organizado generando muerte, dolor, subdesarrollo
y deshonra para nuestro país; se ha vuelto cada vez más complejo dada
la incidencia de delitos del fuero común que terminan en homicidios y
que tienden a ser negados y desatendidos por las autoridades locales correspondientes. Este se debe a que nuestras autoridades han optado por tratar la crisis de seguridad como un mero problema mediático que debe ser manejado por el área de comunicación social.

Urgen instituciones sólidas y con ables, respetuosas de los derechos humanos, que combatan el delito, al tiempo que necesitamos políticas de prevención que logren su cometido. Estas acciones deben llevarse a cabo en un ambiente en el cual la educación genere las competencias necesarias para que las personas puedan entrar a un mercado laboral que brinde oportunidades de desarrollo dentro de la ley.

Ya basta de poner excusas como “antes estábamos peor”, “quien estuvo
antes no supo hacer, no supo combatir y generó esta situación” para no atender efectivamente el problema de seguridad. Ya basta de buscar justi caciones para dejar que se reproduzca tanta violencia y delincuencia. Si se mantiene la actual tendencia de las estadísticas o ciales terminaremos el 2016 con 19,560 víctimas directas de homicidio doloso y muchas más víctimas indirectas que pagarán las consecuencias de un país donde sus instituciones no han logrado garantizar la paz social ni el respeto a los derechos humanos.

Autoridades, es hora de que asuman sus responsabilidades y dejen a un lado la retórica y las líneas discursivas convenientes. Recuerden que nadie los obligó a asumir sus cargos, ahora asuman su responsabilidad y reconozcan que no es seguro vivir en nuestro país, que enfrentamos una crisis de seguridad humana que no han sabido resolver. ¡Es hora de un México de leyes y derechos donde las personas vivamos seguras!

Francisco Rivas

Director General

@frarivasCoL

Reporte Mensual de delitos de alto impacto, Mayo 2016

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Desde mediados de 2012 y hasta inicios de 2015 el homicidio doloso mantuvo un comportamiento a la baja. Esto lo podemos apreciar al analizar las tasas por cada 100 mil habitantes de este delito, los cuales variaron de 18.47 en 2012 a 13.08 en

2014. No obstante, la disminución que se registró durante esos años no se mantuvo y fue precisamente a partir de abril de 2015 que el comportamiento cambió y el año terminó con una tasa de 14.07 por cada 100 mil habitantes.

La problemática vinculada con los homicidios dolosos muestra una evolución poco favorable en buena parte del territorio nacional. Para muestra, basta con retomar el caso de Guerrero, que registró una tasa de 56.5 averiguaciones previas por homicidio doloso por cada 100 mil habitantes ubicándose como la entidad número uno en esta materia. Además, reportó un incremento de 32.36% respecto al año anterior.

El homicidio doloso continúa representando un problema de seguridad que difícilmente ha cedido en México, hay que señalar que el comportamiento al alza en 2016 se mantiene. Prueba de ello es que si comparamos los valores absolutos de los primeros 5 meses del año contra el mismo periodo del año anterior hay un aumento de 14.27%. La debilidad en los registros de homicidio nos permite afirmar que hay un gran número de casos clasificados y reportados como homicidios culposos que en realidad deberían ser sistematizados como dolosos.

Tras una década en crisis de seguridad humana caracterizada por una alta incidencia de delitos violentos -en particular de homicidios-, podemos afirmar que las políticas públicas y estrategias para garantizar la vida de las personas en nuestro país continúan sin ser efectivas. Lo más preocupante de esta situación es que al parecer
a nuestras autoridades esta cuestión no parece quitarles el sueño. Las preguntas mínimas que como sociedad debemos hacer a la autoridad ante esta nueva crisis de violencia son: ¿qué está fallando?, ¿qué sí y qué no ha funcionado?, ¿qué indicadores sustentan dicho análisis?, ¿las políticas públicas están diferenciadas por fenómeno delincuencial, contexto, víctima?, ¿dónde estaremos en 5, 10 o 15 años en materia de incidencia delictiva y violencia?

Ante estas interrogantes que aún no tienen respuesta, surge otra de igual importancia que consiste en saber si algún funcionario ha reconocido el problema y se está haciendo las preguntas anteriormente planteadas. Me atrevo a afirmar que en el caso de que alguien se esté cuestionando esto, o no hay respuestas, o nadie las usa como diagnósticos para la construcción de un plan que incluya reformas jurídicas y políticas públicas para revertir este fenómeno.

Y afirmo esto debido a las declaraciones que una y otra vez emiten las autoridades del país como: “los homicidios que estamos viendo se deben a confrontación entre grupos de delincuencia organizada”; “si comparamos
el número de homicidios de 2011 o de 2012 con los de 2015 estamos muy
por debajo”; “México tiene un problema de mala imagen”; “en la presente administración han mejorado los derechos humanos en México”. Declaraciones que evidentemente omiten recordar que:

1. La confrontación de grupos de delincuencia organizada habla de la debilidad del Estado y su incapacidad por controlar lo que sucede en el territorio.

2. Las víctimas de homicidio son personas sin importar quienes son éstas.

3. Los costos sociales y económicos resultantes de la pérdida de la vida de personas por eventos delictivos son enormes y la cantidad de los que se cometen en nuestro país hablan de una evidente crisis humanitaria.

4. Usar estadística a modo para minimizar un problema de inseguridad es revictimizar a víctimas directas e indirectas del delito.

5. Más de 17 000 víctimas de homicidio doloso en 2015, 1 300 de secuestro, 5 000 de extorsión, 150 mil robos con violencia, ineficacia en el combate a
los delitos, falta de acceso a la justicia que provoca la baja credibilidad en las instituciones que en general las personas tenemos, altos porcentajes de cifra negra (que en nuestro país, según el INEGI, ronda el 93%), son reflejo de una crisis de inseguridad y violencia y no sencillamente un problema de relaciones públicas o mercadeo.

6. La evidencia de desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, justicia a modo, falta de implementación de los protocolos
de actuación, violaciones al debido proceso, falta de acceso a la justicia y reparación del daño, incumplimiento de los objetivos y acciones que se desprenden de la Ley General de Víctimas, que ha sido expuesta por casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Oaxaca, Tierra Blanca o los múltiples casos de fosas clandestinas halladas y no investigadas, nos debería llevar a una profunda reestructuración de las instituciones y un fomento al respeto cabal de la ley y no a considerar como satisfactorios presuntos avances en materia de respeto a los derechos humanos.

El primer paso consistiría en reconocer el problema en el que estamos, es difícil mejorar si improvisamos y tenemos una visión a corto plazo que tiene como interés personal la conservación del poder, los resultados electorales, el manejo de los grupos de presión sobre el beneficio del país y sus habitantes.

Los homicidios dolosos han aumentado y es cierto que podrían disminuir
en el corto plazo, sin embargo, esto no significa que estemos mejorando. Puede que el reacomodo de los grupos criminales termine y, por ende, el número
de homicidios disminuya pero si no hemos construido instituciones capaces
de disuadir la conducta criminal, prevenirla, perseguirla y erradicar a los
grupos de delincuencia organizada; desarrollar instituciones que permitan el acceso a la justicia en un cabal respeto a los derechos humanos, instituciones educativas capaces de preparar a las personas a competir en el mundo laboral, instituciones de salud que coadyuven a la reducción del consumo en pleno respeto a las decisiones individuales, un mercado laboral competitivo, donde el acceso al crédito sea universal y el costo del dinero asequible para poder iniciar actividades que permitan el legítimo desarrollo de las personas en pleno respeto de la ley, seguiremos a expensas de qué los criminales logren mantener su paz armada.

Cada una de las 18 665 víctimas de homicidio doloso en 2015 y las 8 469 de lo que va de 2016, deben llevarnos a exigir acciones que reconstruyan las bases de nuestra sociedad y permitan vislumbrar un futuro mejor para millones de personas en nuestro país. Una vez más es evidente que no podemos ceder
en esta exigencia pues nuevamente hemos confirmado que, lo que se está haciendo, evidentemente, no ha funcionado lo suficiente para que nuestra seguridad humana sea una garantía en México.

Francisco Rivas
Director General
@frarivasCoL

Carta al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong

Ciudad de México a 21 de abril del 2016

Miguel Ángel Osorio Chong

Secretario de Gobernación

Pr e s e n t e

Señor Secretario, como bien sabe la violencia contra la mujer es algo cotidiano, normalizado y socialmente aceptado. Las evidencias están a la luz del día y van desde el acoso en la calle hasta las expresiones denigrantes de autoridades o personajes públicos sobre la mujer.

Por si esto no fuera suficiente, cada vez que una mujer es víctima de violencia y se atreve a alzar la voz, inmediatamente es callada y señalada como culpable por el simple hecho de ser mujer. En otras palabras, diariamente atestiguamos la victimización y revictimización de las mujeres. Lamentablemente, la violencia que diariamente padecen las mujeres no es un secreto a voces ni una novedad sino que es un problema de todos conocido.

Señor Secretario,como usted sabeser mujer en nuestro país es sumamente peligroso, no sólo por los riesgos que implica sino por la falta de acceso a la justicia, la simulación en la investigación de los casos y en la atención a las víctimas debido a que no se siguen los protocolos y normas que sirven para ello. Es peligroso ser mujerporquehay una sociedad que está dispuesta a proteger al agresor, culpar a la víctima, juzgarla y mofarse de ella. Debido a estos factores lasagresiones, violaciones, feminicidios, terminan siendo ejecutados impunemente bajo el resguardo de nuestras instituciones de procuración de justicia que terminan calificando las faltas como menores.

Justamente por cada uno de estos aspectos no es posible afirmar una disminución de 25% del feminicidio como lo ha referido en días pasados durante la presentación de la Alianza Contra la Violencia hacia las Mujeres, Acciones y Compromisos. Si el sustento de dicha información son estadísticas provenientes de las instituciones de procuración de justicia, estas no reflejan lo que deberían representar debido a que sederivan de las denuncias interpuestas ante autoridades que no solo no saben cómo atender a las víctimas sino que muy probablemente no están sensibilizados sobre los elementos constitutivos básicos del feminicidio. Las repercusiones de esta situación son muy claras pues no solo se trata de la revictimización de la víctima y sus familiares, sino que afecta irremediablemente la clasificación e investigación de los hechos. Por esta razón, hemos tenido conocimiento de que claros casos de feminicidios han sido clasificados y considerados como suicidios u homicidios culposos. Esto sucedió en los casos de Mariana Lima o de Nadia Alejandra Muciño Márquez, ambas asesinadas en el Estado de México. Por lo tanto, podemos afirmar que no tenemos certeza alguna sobre la disminución de la incidencia de feminicidios.

En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) nos dimos a la tarea de analizar este delito en nuestro estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México. Los resultados de la investigación efectuada evidencian que faltan muchas cosas por hacer para atender el problema del feminicidio en nuestro país pues encontramos que:

a. Aunque desde 2007 contemos con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual se dispone que el Estado mexicano debe desarrollar e implementar una serie de protocolos de actuación para atender este tema desde la procuración de justicia, solo 20 entidades federativas cuentan con dichos protocolos sin que esto implique todos ellos cuenten con una visión de género.

b. A pesar de la gravedad del ejercicio de violencia feminicida contra las mujeres, aún hay entidades federativas como Chihuahua y Nayarit que no cuentan con el tipo penal específico de este delito en sus respectivos códigos penales.

c. Existe una profunda incertidumbre sobre las estadísticas de feminicidios en ciertas entidades federativas como es el caso de Quintana Roo y el Estado de México. Esto se debe a que las autoridades estatales refieren estadísticas distintas ya sea en respuestas a solicitudes de información pública, en discursos oficiales o en información entregada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el caso de Quintana Roo encontramos que tras una serie de feminicidios ocurridos hace unos meses, el titular de la de Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer que durante 2014 se habían cometido trecefeminicidiosy de enero a octubre de 2015 se tenía el registro de sietecasos.Estas cifras son un tanto cuestionables dada la respuesta a una solicitud de información pública realizada por el ONC pues fue la siguiente:

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, realizó la búsqueda minuciosa en sus archivos y base de datos electrónicos, en los que No se encontró registro alguno sobre la información referente al número de averiguaciones previas iniciadas por el delito de feminicidio ocurridos en el estado en el periodo requerido, motivo por el cual la cifra se encuentra en cero. (sic).

d. En el caso del Estado de México, las autoridades de procuración de justicia respondieron nuestra solicitud deinformación que durante 2014 se habían iniciado 48 averiguaciones previas, mientras que a la CNDH le reportó que inició 86 averiguaciones previas tan solo durante el primer semestre de 2014.

e.Existen criterios y procesos disimiles para la sistematización y registro estadístico de los feminicidios en las instituciones de procuración de justicia. Respecto a ello, basta retomar el caso de Oaxaca, entidad que reportó la mayor cantidad de feminicidios durante 2014 pues se iniciaron 129 averiguaciones previas. Sin embargo, esta cifra no representa solo los feminicidios ocurridos pues a partir de la incorporación del tipo penal de este delito en su respectivo código penal, se optó por determinar que todas las averiguaciones previas y legajos de investigación que se inicien con motivo de la muerte violenta de una mujer se inicien como feminicidios, determinando durante la investigación si se trata de dicho ilícito o si más bien es un homicidio doloso de mujer.

f. Al tratarse de datos provenientes de las instituciones de procuración de justicia estamos refiriéndonos exclusivamente a aquellos casos que fueron atendidos y reconocidos como feminicidios por los funcionarios. Si contrastamos dichas cifras con aquellas proporcionadas por las secretarías de salud pública encontraremos claras diferencias, las cuales no solo se explican por la unidad de análisis que cada una de ellas mide sino por lo que sucede en la investigación y registro de este delito.

Debido a lo que mencionado previamente, carecemos de estadísticas oficiales que sean objetivas y de calidad que nos permitan entender, dimensionar y atender el problema del feminicidio mediante políticas públicas focalizadas. Esta es solo la pequeña punta del iceberg pues si carecemos de este tipo de indicadores sobre esta violencia física y letal, qué podemos conocer sobre otras violencias ejercidas contra las mujeres. Es cierto que a partir de la información disponible en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) podemos llevar a cabo un seguimiento de la incidencia de violaciones. Es cierto que a partir de dicha información sabemos que el año con más averiguaciones previas por violación fue 2011 con un total de 15 751 casos registrados. Es cierto que además conocemos que desde 2012 se había mantenido una tendencia anual decreciente y que si comparamos los primeros 3 meses de 2016 con el mismo periodo de 2015 se observa un aumento de 4.18% de este tipo de casos. Sin embargo, estas cifras quizás reflejan una mínima fracción de las violaciones que han sido cometidas debido a que solo representan los casos denunciados y en los cuales se procedió a iniciar una averiguación previa.

Señor Secretario Osorio Chong, usted mostró sensibilidad ante el tema al presentar la Alianza Contra la Violencia hacia las Mujeres, por eso me permito solicitarle:

1. La vigilancia del cumplimiento de normas y tratados internacionales que obligan a la federación y a las autoridades locales a trabajar según protocolos de actuación con visión de género.

2.Relanzar un programa de capacitación para las autoridades para identificar adecuadamente el delito, dando así acceso a la justicia a las víctima.

3. Promover una supervisión de la sociedad civil en la construcción de bases estadísticas fidedignas que sirvan como diagnóstico y sean un ejercicio de rendición de cuentas para la sociedad.

4. Revisar que la implementación de políticas públicas que cuentan con apoyo federal estén sustentadas en diagnósticos, que cuenten con indicadores de impacto y que eventualmente se evalúe si han producido resultados.

5. Promover una política educativa y social de respeto a la persona y a lo diverso.

Señor Secretario, el discurso que ha pronunciado sobre la violencia ejercida contra la mujer es de suma importancia, por eso sé que entenderá que dar datos imprecisos de bajas optimistas es un ejemplo de revictimización que fomenta la desconfianza hacia la autoridad, minimiza el problema y permite la impunidad.

Señor Secretario, debido al discurso que ha pronunciado sé que usted es sensible a los peligros que enfrentan las mujeres diariamente y que tiene el compromiso de

trabajar para tratar de disminuirlos.Desde el Observatorio Nacional Ciudadano queremos colaborar constructiva y corresponsablemente frente a este problema de seguridad humana y de derechos humanos, por ello queremos hacer de su conocimiento nuestra disponibilidad para trabajar en la construcción de una política más eficaz.

FRANCISCO RIVAS

Director General

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Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, enero 2016

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Con la presentación del Reporte sobre delitos de alto impacto. Enero 2016, desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), seguimos aportando nuestro esfuerzo para entender integralmente el comportamiento delictivo en el país

con miras a mejorar la seguridad, el acceso a la justicia y fortalecer el Estado de Derecho. El trabajo que hemos realizado busca identi car los aspectos especí cos para que tanto autoridades como sociedad civil puedan estable- cer un diálogo constructivo y promover estrategias claras que atiendan los problemas en estas materias.

Un ejemplo de los esfuerzos que hemos llevado a cabo para construir este tipo de puentes, es el trabajo realizado desde hace tres años entre el Obser- vatorio Nacional Ciudadano (ONC), Causa en Común, México Unido Contra la Delincuencia, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, la Red de Profesionistas en Seguridad Pública, el Instituto de Administración Pública y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal (UAI). Esto se debe a que hemos desarrollado un mecanismo para entender con detalle y acompañar los procesos internos disciplinarios de desarrollo policial y efectividad en la actuación de la Policía Federal. El objetivo de este trabajo consiste en me- jorar el desempeño individual de los policías, al tiempo que se fortalece la institución, los procesos de transparencia y rendición de cuentas y se prueba un modelo que podrá replicarse a nivel local. Lograr este acuerdo implicó muchas horas de trabajo, planeación, discusión teórica y análisis sobre lo factible en términos de supervisión ciudadana según el marco normativo que rige a la institución y en este sentido reconocemos la destacable cooperación del entonces titular de la UAI, Edgardo Flores, quien dio pie para que este proyecto pudiese surgir. De igual manera, reconocemos la gran disposición
y apoyo del actual Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, quien decidió expandirlo más allá de la Unidad y llegar a toda la CNS.

Otros esfuerzos conjuntos que se están llevando a cabo para mejorar la seguridad, en esta ocasión en términos de la calidad de la información es
la apertura del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Centro Nacional de Información (CNI) para colaborar en la construcción de un mejor instrumento que permita conocer con mayor exactitud la incidencia delictiva en el país de una manera más homogénea. Por otro lado, está la apertura, transparencia y colaboración de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), lo cual ha permitido entender, explicar y evaluar avances en esta materia atendiendo las observaciones y críticas que hemos realizado desde la sociedad civil, priorizando siempre el bienestar de las víctimas. Asimismo no puedo dejar de mencionar la valiosa disposición de las procuradurías y scalías generales de Chiapas, Chihuahua, Morelos y Veracruz por permitir dar un seguimiento a los procesos de los registros de denuncias y la generación de la información, lo cual contribuye simultánea- mente a desarrollar o construir integridad en los servidores públicos a través de programas que fomentan la cultura de la legalidad. Del mismo modo con- sidero que es destacable la colaboración que en el ámbito local, han llegado a tener ciertas autoridades a través de la Red de Observatorios Locales del ONC.

Dada la situación por la cual atraviesa el país, sabemos que la crítica hacia las fallas e inconsistencias de las políticas públicas así como las malas actua- ciones de las autoridades es fundamental. Sin embargo, reconocer la apertura al diálogo y al trabajo en conjunto con la sociedad civil es igual de esencial. Esto importante enfatizar este reconocimiento en ambos sentidos para que los funcionarios de los tres niveles de gobierno perciban y se den cuenta que lo que perseguimos no es su denostación pública sino que buscamos colabo- rar para enfrentar la crisis de seguridad en la cual nos encontramos.

No obstante, pese a lo enunciado, considero que hace falta mucho por hacer en nuestro país en materia de transparencia y rendición de cuentas, los buenos resultados del diálogo entre sociedad civil y los actores estata-
les continúan siendo excepcionales frente a la dimensión del problema de falta de seguridad y violencia del país. La mayoría de nuestros gobernantes no dialogan con la sociedad, ni tienen vocación democrática, ni les interesa rendir cuentas. A los actores del Estado se les ha olvidado que los espacios de diálogo y debate con la sociedad civil generan instrumentos para encontrar soluciones novedosas a los problemas.

Ojalá que esta reflexión motive a otras autoridades que hoy parecen ignorar estos importantes avances democráticos, que no permiten la colabo- ración con la sociedad civil y desestiman los hallazgos de los informes de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos y del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que señalan constantes violaciones a los derechos de las personas en México. La apertura de algunos contrasta con el actuar de autoridades que informan mal sobre la incidencia delictiva o de plano presumen números sin fundamento sobre la reducción de delitos pese a la innegable crisis de inseguridad que vivimos en el país. Por ejemplo, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo quien niega la crisis de feminicidios en su entidad; la Fiscalía General de Nayarit que omite contestar solicitudes de información en materia de trata, extorsión, secuestro o robo y no registra las extorsiones y el robo a transeúntes en la entidad; en Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira desconoce sus propios datos sobre incidencia delictiva.

Aunado a ello, espero que esta reflexión sirva para que más personas participen en la solución tanto de los problemas como de las necesidades de sus comunidades y, que asuman su corresponsabilidad ciudadana y solidaria para hacer frente a la innegable crisis de corrupción, derechos humanos e im- punidad. Invito a través de este espacio a la sociedad civil de Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas a trabajar conjuntamente por el respeto a los derechos humanos, por la transparencia y la rendición de cuentas. Reconozco que actualmente ejercer el activismo social en nuestro país es una labor bastante difícil e incluso peligroso, que aparentemente existen pocos incentivos. Sin embargo, no debemos olvidar que también la participación es una herra- mienta poderosa que en nuestros días se ha vuelto necesaria y urgente.

A quien decida acercarse al ONC, les brindaremos nuestro apoyo, la metodología y les acompañaremos en su trabajo. Algo hemos logrado a nivel federal, sin embargo, aún nos falta mucho por hacer pues aún hay en el éam- bito local muchas autoridades autoritarias, amenazas, burlas y falta de interés por los problemas de la sociedad. Justamente ahí es donde debemos actuar
y donde necesitamos a muchos más generando contrapesos, construyendo ciudadanía, rendición de cuentas y cultura de la legalidad.

FRANCISCO RIVAS

Director General

@frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, diciembre 2015.

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Acorde con la información sobre incidencia delictiva de diciembre de 2015, se mantiene el comportamiento de los nueve meses precedentes: un alza en los porcentajes de homicidio y la disminución de los otros delitos de alto impacto; y en lo particular, el alta incidencia de secuestros, extorsiones y robos según un análisis especí co por entidades (por ejemplo: Tamaulipas, Jalisco, Baja California y Tabasco).

Al cierre de este documento, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) envió al Senado su análisis anual acerca de las condiciones de incidencia delictiva del país, mostrando que las condiciones del país en materia de seguridad han mejorado en los últimos 3 años, desde la entrada en funciones de la actual administración federal. En este documento destaca que la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes reportada durante 2015 es la más baja desde que inició su registro en 1997, re ejando una reducción del 15% respecto al año 2012. Por otro lado, muestra una disminución sostenida desde 2013 de los delitos que más afectan a la sociedad: por ejemplo, se indica que, entre 2012 y 2015, el secuestro se redujo 26%, las extorsiones 31% y el robo de vehículos 25%. Si bien algunas regiones y entidades del país presentaron un incremento en la tasa de homicidio doloso durante el último año, a nivel nacional persiste la disminución de 22% respecto a 2012.

Si bien el dato que habla de una disminución sobre la incidencia delictiva proviene de lo que directamente le informan las instituciones de procuración de justicia al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este no re eja adecuadamente las condiciones en las que vivimos. Ello se debe a que si se analiza el fenómeno a partir de estadísticas agregadas, no es posible identi car las causas del descenso y si efectivamente están reduciéndose los delitos que más afectan a la población. Esta situación no representa algo menor pues implica la carencia de los insumos necesarios para políticas públicas e cientes y e caces en la materia, ya sea para su diseño o corrección.

Respecto al documento presentado por la SEGOB queremos destacar las principales limitaciones o debilidades del análisis efectuado:

1. En el análisis que realiza la institución federal sobre la incidencia de homicidios, se dejan completamente los datos del SESNSP que dan cuenta del aumento de 7.5% de este delito durante 2015. En lugar de dicha información o cial, optan por hacer uso de los registros administrativos publicados en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) referentes a los índices de 2014. Aunado a ello, en el documento o cial se aprecia que únicamente utilizan los datos del SESNSP para dar a conocer que hubo un descenso de 22% de este ilícito entre 2012 y 2015, omitiendo cualquier alusión a su incremento.

2. Otra imprecisión metodológica es que el análisis que hacen a nivel estatal, regional y de ciudades de los homicidios se elaboró con base en una tercera fuente: la de homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada. Dichos datos han sido tema de controversia desde los tiempos de la administración del expresidente Calderón ya que implica cierta subjetividad en el análisis y se anticipa a una investigación ministerial que debería esclarecer la certeza de que cierto homicidio esté o no vinculado a la criminalidad organizada. Por eso la administración del expresidente Calderón interrumpió la presentación de este dato. Con el inicio de la administración del presidente Peña se revivió este mecanismo de análisis con una agravante, la base dejó de ser pública y debidamente desglozada. Por eso varias organizaciones sociales protestamos y acordamos con la SEGOB que esta dejase de ser usadas como insumo de comunicados. Pese al acuerdo presentado a medios en 2013 entre dicha institución federal y la sociedad civil, ha habido un incumplimiento constante de la autoridad que, como en este caso, usa una base de datos opaca e imprecisa.

3. Si bien, con base en información del SESNSP, los porcentajes de disminución de robo de vehículos, secuestro y extorsión son correctos, los periodos de tiempo que utilizan para mostrar porcentajes de disminución son seleccionados ad hoc: usa comparaciones entre 2014 y 2013 y entre 2015 y 2012, es decir, buscan en qué periodo hubo un descenso mayor sin utilizar las tasas por cada 100 mil habitantes para el análisis.

4. Un aspecto que omiten señalar es que parte del gran descenso en la incidencia de la extorsión tiene que ver con un cambio en la metodología de registro, que los eventos de amenazas y engaños han aumentado (aunque haya disminuido el número de delitos consumados) y que carecemos de fuentes claras para medir la extorsión presencial.

5. Como hemos insistido en varias ocasiones, continúa subsistiendo una debilidad importante en cómo se conforma la base de datos sobre incidencia delictiva por lo que tampoco podemos a rmar que los datos del SESNSP correspondan al número de delitos denunciados a la autoridad y que estos se encuentren debidamente clasi cados. Paralelamente, al analizar este punto, se omite reconocer la gran cantidad de delitos no denunciados, conocidos como cifra negra, dato que mide y da a conocer el Instituto de Geografía y Estadística (INEGI) y el cual señala que para 2014, el 93% de los delitos cometidos en el país no se denunciaron. Este dato entre 2012 y 2013 tuvo crecimiento sostenido y tuvo un descenso marginal en 2014.

En resumen, cuando la SEGOB aparentemente muestra un esfuerzo por ser transparente y rendir cuentas, lo que más bien están haciendo es promover aún más la incertidumbre acerca de las condiciones objetivas seguridad del país: utilizando tres fuentes de información distintas sin explicación y a conveniencia para forzar los avances; omitiendo deliberadamente el crecimiento de los homicidios dolosos entre 2014 y 2015; usando a conveniencia números absolutos o tasas por cada 100 mil habitantes para mostrar una mayor efectividad en la disminución de algunos delitos; comparando las tasas de ciudades extranjeras con la del país y no con realidades como las de Acapulco, Iguala o Chilpancingo; utilizando periodos de tiempo ad hoc para buscar el descenso más grande; sin explicación alguna respecto a cómo fue que lograron hacer todo lo que presumen; omitiendo la importancia de los esfuerzos locales . Festejan los triunfos de los datos totales sin entender que los problemas siguen a nivel local, y en casos más graves.

¡Qué lejos estamos de un verdadero proceso de rendición de cuentas a la sociedad! ¿Realmente nuestras autoridades creen que mandar un documento impreciso queriendo presumir resultados es rendición de cuentas? ¿Por qué los asesores en materia de seguridad del Secretario Miguel Angel Osorio Chong exponen así a su jefe, a la Secretaría y a toda la administración federal? ¿Por qué no se han percatado que un ejercicio como el anterior debilita la con anza en las instituciones?

Los tres años al frente de las áreas de seguridad de la SEGOB no han sido su cientes para que sus integrantes comprendan conceptos básicos y que en la ejecución de proyectos y programas para enfrentar el problema son distintos los actores los que participan. En efecto, al día de hoy se sigue utilizando indistintamente y hasta como sinónimos, conceptos clave como violencia, inseguridad e incidencia delictiva y la federación asume resultados y retrocesos sobre el combate a delitos que son responsabilidad principal de las autoridades locales como es el robo en varias modalidades y donde la función de la autoridad federal versa en cómo reparte los recursos y veri ca que se implementen efectivamente y con la rectoría de políticas nacionales que coadyuvan a la labor de las autoridades locales.

Sí hay una buena práctica que presumir y de la cual aprender es la Coordinación Nacional Antisecuestro. Tras el gravísimo caso de aumento del secuestro en 2013, que llegó a su máximo histórico, la federación puso en marcha un proyecto fundamental: vigilar que las entidades destinen los recursos en esta materia a lo que debe ser; que se homologue nivel de actuación, capacitación e insumos en los estados; que exista colaboración y coordinación entre autoridades y donde la designación de los titulares ha sido impecable, antes Renato Sales, ahora Patricia Bugarín.

Secretario Osorio Chong, desde el ONC una y otra vez hemos demostrado como ciertas declaraciones que usted ha hecho carecen de fundamento. Entendemos que a usted le proporcionan dicha información y que en esta se sustenta su narrativa, por esta razón le ofrezco con gusto nuestro apoyo para revisar documentos y declaraciones que si continúan siendo imprecisas incrementará la desconfianza y abonará a la confusión entre la ciudadanía. Nuestro interés es el suyo: que México sea un país de leyes, que sea un país en el cual las autoridades son transparentes y rinden cuentas, un país en el cual las personas viven seguras y tiene acceso a la justicia. Señor Secretario deje que le regalemos esto al país, deje que lo ayudemos a informar objetivamente sobre la crisis de seguridad humana que enfrentamos.