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Sr. Secretario, ¡usted está equivocado!

Una vez más las cifras pronunciadas por el Secretario de Gobernación no cuadran con la falta de seguridad en el país. De nuevo es evidente que tanto la sociedad como algunos representantes de la sociedad civil no estamos de acuerdo con nuestras autoridades. No se puede decir que México está en su mejor momento de seguridad en los últimos 10 años, cuando estamos viviendo en un escenario en el cual sabemos que se han denunciado y consumado 1,394 secuestros, 5,775 extorsiones y, por lo menos, 15,649 homicidios dolosos durante 2014.
En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) hemos dedicado parte de nuestra labor al análisis de la incidencia de los delitos de alto impacto en el país. Por esta razón, hemos publicado mes tras mes, los números correspondientes a las averiguaciones previas iniciadas por delitos del fuero común de alto impacto social, reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Derivado del análisis periódico de los índices de homicidio (doloso y culposo), secuestro, extorsión y robo (con violencia, de vehículo, a casa habitación y a negocio) hemos observado que las cifras oficiales que 7 de estos delitos disminuyeron de 2013 a 2014. Únicamente el homicidio culposo, el no intencional, presentó un alza que no es para nada menor, pues se inició una cifra récord de averiguaciones previas por este ilícito en 2014 al registrarse 16,961 casos.
En incontables ocasiones hemos discutido la validez de las estadísticas oficiales recopiladas y sistematizadas por las procuradurías estatales de justicia. Sin embargo, por sólo un momento hagamos a un lado esta cuestión técnica o metodológica y concentrémonos en lo verdaderamente sustantivo de la crisis nacional de inseguridad ciudadana:

1. Si bien hay marcados descensos de los delitos de alto impacto, 2014 no fue el mejor año de los últimos 10. Simplemente basta con observar lo sucedido en cuanto a secuestros, 2014 ha sido el cuarto peor año desde 2005; en homicidio doloso, fue el sexto; en culposo, el segundo; en extorsión, el quinto; y, finalmente, en robo con violencia, el séptimo.
2. Aunque 2014 ha sido el segundo año con menor cantidad de averiguaciones previas iniciadas de los últimos diez, esto se puede deber al aumento constante de la cifra negra. Esto significa que las personas cada vez denuncian menos, principalmente por causas atribuibles a las autoridades, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE).
3. Respecto al homicidio doloso, delito que ha sido utilizado como parámetro para evaluar los avances en materia de seguridad por parte de la autoridad, hay que mencionar que si bien es cierto que presenta un comportamiento a la baja en los últimos años, aún no es posible observar una franca mejoría respecto a los últimos 10 años. Hay que considerar que tan solo las averiguaciones previas contabilizadas en 2014 fueron 52.53% superiores a las de 2007.
4. En el caso de los delitos de secuestro y extorsión resulta comprensible que se haya presentado una baja luego de que durante el 2013, el primer año de gobierno de esta administración federal, se alcanzaran cifras históricas: 1,698 secuestros y 8,196 extorsiones. Pese a las reducciones de estos ilícitos que han sido tan publicitadas, en el caso del secuestro, la cantidad de casos generados en 2014 continúa siendo 218.26% superior a las de 2007, con lo cual queda en evidencia que estamos muy lejos de estar en el mejor contexto de seguridad de la última década. Lo mismo sucede con los índices de extorsión, pues las averiguaciones previas iniciadas por este delito en 2014, son 25.71% mayores a las reportadas en 2011.
5. Si bien algunas entidades cuentan con condiciones de seguridad aceptables en términos de incidencia delictiva; hay algunas que se encuentran en situación de verdaderos estados fallidos, como mínimo citar los casos de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
Incluso si tomáramos como ciertas las cifras oficiales no se pueden dar discursos triunfalistas con una comparación entre los de datos de 2014 respecto a los de 2013. Por ejemplo, Guerrero presenta tendencias al alza de 38.26% de los homicidios culposos, de 6.47% de los robos con violencia y de 0.58% de los robos a vehículo.
Otro claro ejemplo es el aumento de la delincuencia y violencia en Tamaulipas, ya que no sólo fue la entidad con más averiguaciones previas y víctimas de secuestro en cada uno de los meses de 2014, sino que al comparar estas cifras con las de 2013 se observa un incremento de 24.17% en las extorsiones, de 51.64% en los homicidios culposos y 13.15% en los dolosos.
6. Desde la implementación de los distintos operativos u operaciones conjuntas, México vive una crisis en materia de desapariciones forzadas e involuntarias que no ha sido reconocida en su justa dimensión como ha sido evidenciado por organismos internacionales. Esta problemática ha alcanzado tales dimensiones que inclusive a pesar de la existencia del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), las autoridades siguen sin saber cuántas con certeza personas desaparecidas hay en nuestro país.
7. No hay un seguimiento absoluto de la violencia ejercida y de los delitos cometidos contra migrantes en nuestro país, por lo tanto, ello invita a cuestionarnos si la seguridad exaltada en los discursos oficiales sólo toma en consideración la afectación exclusiva a los mexicanos.
8. México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, tan sólo basta recordar los últimos homicidios o secuestros de periodistas en entidades como Veracruz o Tamaulipas.
9. En los últimos meses ha habido una serie de delitos y violaciones a los derechos humanos que han cimbrado profundamente a la sociedad, sin que estemos cerca de que las autoridades garanticen la adecuada reparación del daño, justicia y verdad para las víctimas. Además si esto no es suficiente, a pesar de lo sucedido aún no se vislumbra el fortalecimiento de las instituciones y del Estado de Derecho para que este tipo de hechos no se repitan bajo ninguna circunstancia.
10. Que bajen los porcentajes de incidencia de las denuncias o averiguaciones previas reportadas en el SESNSP, no indica la disminución de la violencia. Las características de los delitos ponen en evidencia un aumento en la violencia, por lo cual la simple disminución de la estadística no es suficiente para decir que las personas vivimos más tranquilas y seguras en este país. Es decir, importan no sólo los cuántos, sino los cómos.
11. Hay demasiados casos aún donde la autoridad está siendo cómplice o autora de los delitos cometidos contra las personas, poniendo en evidencia que los ciudadanos estamos siendo atacados por nuestros mismos representantes que usan el peso de las instituciones para violar la ley.
12. A priori ningún ciudadano de este país tiene garantizado el acceso a la justicia, con o sin reforma penal.
13. Los niveles de impunidad que vivimos son aún tan altos que toda declaración triunfalista cae por sí sola.

Si optamos por considerar de manera exclusiva cuestiones técnicas o metodológicas de la información del SESNSP tendríamos que aclarar que:
1. Es costumbre que las entidades efectúen movimientos a la estadística anual, incluso varios meses después, por lo que los números que vemos hoy muy probablemente no son los definitivos (pensemos casos como Veracruz que en mayo 2014 agregó casi 23 911 delitos a la estadística anual de 2013 reportada en el SESNSP);
2. Sólo desde 2014 se cuenta con un conteo público de víctimas de delitos como homicidio, secuestro y extorsión, lo que se contabiliza son el número de denuncias, averiguaciones previas o carpetas de investigación, lo que no permite hacer comparativa e identificar comportamientos históricos sobre lo que más nos debe importar: las personas están siendo víctimas del delito.
3. En las encuestas de victimización que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) nos presenta, podemos deducir que el número de delitos no denunciados ha ido aumentado, por lo que la cifra oficial representa año con año un porcentaje menor del número de delitos que suceden en el país: en 2011 fueron 91.6% los delitos que no se denunciaron, en 2012 fueron el 92.1% y en 2013 llegaron a 93.8%;
4. Como en nuestros estudios hemos podido denunciar, las procuradurías locales en muchos casos registran los delitos con base en criterios individuales y a partir de lo establecido en la ley o en los propios lineamientos emitidos por INEGI-SESNSP, por lo que presentan una imagen poco fidedigna del universo de delitos que no se registran;
5. Es importante revisar los criterios de registro del homicidio doloso y culposo, ya que existen elementos que apuntan a que muchos homicidios intencionales son registrados de la manera contraria.
6. Con la implementación del nuevo sistema de justicia penal adversarial los delitos no graves han dejado de ser registrados de la misma manera en la que se hacía en el sistema inquisitorio, por lo que la estadística podría verse afectada.
7. En la información que publica el SESNSP no se incluyen aquellos delitos reportados ante autoridades de seguridad pública estatal o federal que no hayan sido también denunciados ante procuradurías locales. Además no incluye los casos atendidos por la Procuraduría General de la República (PGR).

Señor Secretario de Gobernación, es entendible que usted en su papel institucional busque recalcar las acciones positivas de este gobierno. Sin embargo, no es aceptable que los ciudadanos callemos ante estas declaraciones que propiamente parecen describir la realidad de otro país. Quienes hemos sido víctimas de delitos, quienes no viajamos escoltados o contamos con autos blindados y debemos temer por circular por las calles de nuestras ciudades no podemos callar; quienes hemos perdido a un ser querido, quienes en los últimos meses hemos debido enfrentar secuestros o extorsiones no podemos aceptar sus declaraciones que son carentes de sensibilidad para todas las víctimas del país.
Es fundamental entender que el objetivo no es que baje la estadística de incidencia delictiva sino que la sociedad viva mejor; que existan oportunidades de progreso dentro de la ley; que los jóvenes tengan oportunidades que los alejen de la delincuencia; que la ley no sea letra muerta; que absolutamente todos seamos iguales frente a la ley y exista un verdadero acceso a la justicia, lo que necesitamos es vivir en un Estado de Derecho real y no solo formal. En cuanto alcancemos cada una de estas cosas, veremos como consecuencia la baja de la criminalidad y la violencia.
Como ciudadano pido a nuestras autoridades que, antes de emitir estas declaraciones, se pongan en los zapatos de alguien que no puede circular libremente por una carretera, que tiene miedo al ir a un cajero automático, que debe enfrentar cotidianamente el cobro del derecho de piso. Ahora como titular de una organización enfocada en esta materia y como representante de la sociedad civil, pido que revisen mejor la información que dan a conocer en sus discursos para que se percaten que ésta no corresponde a lo que vivimos día tras día. En el caso de que nuestras autoridades cuenten con fuentes alternas de información, les pido por favor las hagan públicas y de fácil acceso para que todos entendamos y conozcamos las fuentes de sus declaraciones.
Es hora de enfrentar la realidad y reconocer que los problemas del país no se resuelven sólo con una comunicación triunfalista que suena bien tras pronunciarla sistemáticamente.

Francisco Rivas
Director General del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL

Reporte sobre delitos de alto impacto. Noviembre 2014

El último cuatrimestre del año resultó un periodo muy difícil para la autoridad federal, pues tuvo que enfrentar una serie de graves eventos de incidencia delictiva que evidenciaron la colusión entre autoridades y diversos grupos del crimen organizado. Cada vez fueron más visibles las violaciones a los derechos humanos y los actos de corrupción, al grado que pusieron en entredicho la narrativa oficial sobre la mejora de las condiciones de seguridad y la eficacia del gobierno federal en el combate al delito.
Las autoridades del Estado, con el inicio de 2015, vuelven a hablar sobre los avances obtenidos frente a la criminalidad en nuestro país. Para muestra de ello, tan solo basta con recordar las declaraciones del presidente Peña Nieto en Ciudad Juárez, el pasado 14 de enero, en las cuales puso como ejemplo los resultados alcanzados en la ciudad fronteriza tras declarar que “la significativa reducción en los índices de criminalidad y homicidios en esta ciudad proyecta a México ante el mundo como una nación que está cambiando y mejorando sus condiciones de seguridad […] Y que está reduciendo los índices de violencia que son los que más preocupaban a la sociedad mexicana”1.
Es cierto que las estadísticas oficiales reportadas por las procuradurías y fiscalías estatales presentan ciertas disminuciones, las cuales reflejan las denuncias que conllevaron el inicio de averiguaciones previas o carpetas de investigación. Dicha información que es publicada mensualmente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), muestra una baja generalizada de la incidencia de los delitos de alto impacto como se puede observar en las siguientes tablas:

resumen

Fuente: Elaboración del ONC con datos del SESNSP actualizados al 19 diciembre de 2014
¿Qué está pasando? ¿Podemos afirmar categóricamente que la incidencia delictiva está presentando un comportamiento a la baja en todo el país? Lamentablemente, la respuesta a esta preguntas es no. Con la evidencia e indicadores que contamos, lo único que podemos afirmar es que los registros oficiales de averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas disminuyeron sin que ello necesariamente implique la disminución de la incidencia delictiva. Esto se puede deber a los siguientes factores:

1. Como ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI) a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), los ciudadanos cada vez denuncian menos los delitos de los cuales fueron víctimas. La cifra negra en 2013 fue de 93.8% de acuerdo con el INEGI, es decir, que aproximadamente solo 6 de cada 100 se delitos se denuncian y derivan en el inicio de una averiguación previa. Debemos recordar que se trata de una denuncia cuando el ciudadano acude a una agencia del ministerio público, no solo cuando da parte de una noticia criminal a una policía local o federal, al ejercito o marina. Si bien existen registros policiales de cada una de las noticias criminales, lo que se toma en cuenta para medir la incidencia delictiva en México es únicamente la denuncia interpuesta
por el ciudadano ante las autoridades correspondientes de las procuradurías.

2. Los registros que hoy analizamos sobre incidencia delictiva únicamente corresponden a los delitos del fuero común, es decir, aquellos que son atendidos por las procuradurías o fiscalías estatales de justicia. Esto excluye todos los delitos del fuero federal y, por ende, aquellos que son atendidos por las autoridades federales.

3. Como pudimos demostrar en nuestro estudio Análisis Integral del Secuestro en México. Cómo entender esta problemática; si bien la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro es clara y reconoce la modalidad de secuestro exprés en el Artículo 9, los registros sobre dicha modalidad no forman parte de las estadísticas oficiales sobre incidencia delictiva de la mayoría de las entidades federativas. Ello se debe a que en muchas ocasiones, este tipo de secuestro es catalogado de diversas maneras tales como: extorsión, amenaza o robo con violencia. Esto no es algo menor pues modifica por completo el comportamiento del secuestro que se aprecia a partir del análisis de las estadísticas oficiales disponibles en el SESNSP.

4. En la mayoría de las entidades federativas no se registran para fines estadísticos, todas aquellas extorsiones que no fueron consumadas. Por ejemplo, si una familia recibe 6 llamadas extorsivas (amenazas o engaños) pero nunca paga el monto solicitado por el criminal durante un año, en buena parte de las entidades no existirá registro alguno de estos 6 eventos, pese a que la familia haya acudido al ministerio público a interponer su denuncia en cada una de las ocasiones.
5. Ante la implementación del nuevo sistema de justicia penal debemos considerar los retos que tenemos frente a nosotros en relación la manera de registrar y recopilar la información sobre incidencia delictiva con fines estadísticos. Uno de los elementos de este nuevo sistema implica la depresurización de los casos que llegan al sistema de administración de justicia, tratando que todos los casos no graves se resuelvan a través de los sistemas de justicia restaurativa. Por ejemplo, esto implica que una cantidad significativa de robos sin violencia serán tratados por conciliación, por lo cual no es necesario abrir una carpeta de investigación para estos eventos. Actualmente, los lineamientos y formatos implementados no captan los registros de este tipo de casos pues la información del SESNSP solo da cuenta de las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas.
Continuamente hemos destacado que la estadística criminal es fundamental para la toma de decisiones acertadas. Esto se debe a
que permite la elaboración de diagnósticos que tienen como fin dar a conocer el estado que guarda la problemática de inseguridad
y evaluar las acciones implementadas en la materia. Debido a los factores enlistados, podemos decir que desafortunadamente en
México no contamos con diagnósticos suficientemente completos para proyectar con precisión los recursos humanos, económicos
y los insumos necesarios para controlar la violencia y delincuencia, así como construir la paz en nuestro país.
Por estas razones, es fundamental destacar el acuerdo alcanzado en la XXXVII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública
en relación con el fortalecimiento de la calidad y cantidad de información pública. Este acuerdo impulsado por Edna Jaime, María
Elena Morera, Alejandro Martí, Andrea Ambrogi y Miguel Treviño como invitados permanentes a este consejo; es un esfuerzo
fundamental que no puede aplazarse si lo que queremos es resolver integralmente la crisis de inseguridad que nos aqueja. No
podemos aspirar a un país con paz y tranquilidad si contamos con los elementos mínimos para entender el fondo del fenómeno
delictivo y de la violencia que enfrentamos.
En resumen, ante el discurso de innegable mejora de la incidencia delictiva todos los mexicanos debemos ser cautelosos, parece que algunos delitos como secuestro, extorsión y robo van a la baja. Por lo tanto, a pesar de lo que pudiera interpretarse como avances de acuerdo con la estadística oficial de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas; no debemos olvidar bajo ninguna circunstancia la calidad de dicha información y lo que realmente refleja. Además se debe tener muy presente que es urgente tanto una metodología común como un modelo de capacitación e insumos homogéneos para generar una base que las entidades federativas asuman e implementen con responsabilidad, sin velar por interés político alguno, para mejorar la información y las políticas públicas en la materia. Otro aspecto que no debe ser olvidado es que, pese a las eventuales mejoras en la incidencia delictiva, cuando hacemos un análisis de la situación local podemos ver que algunas entidades no solo no han visto o experimentado dichas reducciones sino todo lo contrario, son víctimas del incremento de la criminalidad (como Tamaulipas en materia de secuestro o Guerrero y Michoacán en materia de homicidio).

FRANCISCO RIVAS
Director General
@frarivasCoL

1 Para conocer más a detalle el discurso del presidente Peña Nieto en Ciudad Juárez, Chihuahua, puede consultarse la nota informativa disponible en: <http://www.informador.com.mx/mexico/2015/570557/6/pena-nieto-resalta-reduccion-de-crimen-enciudad-
juarez.htm>

Reporte sobre delitos de alto impacto Octubre 2014

PRESENTACIÓN
El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) concluye el año con la entrega del Reporte sobre delitos de alto impacto. Octubre 2014. Nos gustaría decir que a diferencia de como iniciamos el año, los problemas de inseguridad y violencia han mejorado significativamente en nuestro país. Sin embargo, ello dista en demasía de la situación actual como puede evidenciarse con la serie de eventos y sucesos que impulsaron el cuestionamiento del desempeño de nuestras autoridades, así como la exigencia de resultados y de medidas que garanticen la no repetición de hechos violentos y violaciones a derechos humanos que han ocurrido en Michoacán, Tamaulipas, Estado de México y Guerrero, entre otras entidades federativas. Ello no ha sido lo único que ha marcado el final de 2014 sino que hemos tenido conocimiento de ejecuciones extrajudiciales o de malas actuaciones de algunas de las autoridades responsables de nuestra seguridad, como sucedió en Tlatlaya e Iguala.

En contraste con estos trágicos eventos, la estadística oficial derivada de las denuncias interpuestas por los ciudadanos que conllevaron que se iniciara una averiguación previa o carpeta de investigación en las instancias de justicia correspondientes, nos presenta una baja generalizada de 7 de los 8 delitos de alto impacto (homicidio doloso, secuestro, extorsión, robos con violencia, de vehículos, a casa habitación) si comparamos los primeros 10 meses del año con el mismo periodo de 2013. Cabe mencionar que solo se observa un incremento en el caso del homicidio culposo.

resumenFuente: Elaboración del ONC con datos del SESNSP actualizados al 17 de diciembre de 2014

Desde el Observatorio hemos enfatizado muchas veces que pese a que las cifras oficiales puedan parecer alentadoras en el papel, ellas no modifican la sensación de riesgo ni el miedo que diariamente sienten los ciudadanos tras ser víctimas o testigos de diversos delitos. Debido a ello consideramos pertinente destacar los siguientes elementos:

1. A pesar de las mejoras que aparentemente vemos a partir de las estadísticas sobre incidencia delictiva son aún muy elevados;

2. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) demostró que el número de delitos denunciados en el país ha disminuido en los últimos años, es decir, cada año los ciudadanos confiamos y denunciamos menos;

3. El universo de delitos cometidos y reportados por la autoridad en el país no se refleja en la estadística oficial pues existen diversas inconsistencias en los registros, ya sea por incapacidad institucional, natural evolución de las investigaciones, asimetrías en los procesos o sistemas de las procuradurías, falta de elementos a considerar en la estadística oficial (informes policiales homologados, delitos atendidos por las instituciones federales de seguridad y procuración de justicia);

4. Si bien hay entidades que cuentan con niveles de incidencia delictiva aceptables hay otras que presentan niveles desmedidos de violencia;

5. Los delitos cometidos en el país son muy distintos entre sí pues hay algunos casos que implican cierta ejercicio de la violencia extrema;

6. No se vislumbra una solución integral y de fondo para los problemas de inseguridad ciudadana.

En los días pasados el presidente Enrique Peña Nieto presentó 10 puntos para darle vuelta a las crisis de seguridad denominados “Por un México en Paz con Justicia, Unidad y Desarrollo”. Lamentablemente, estos solo son 10 puntos que representan acciones aisladas, reactivas e incluso observables y no una verdadera política pública en la materia como lo requiere el país. Asimismo hay que destacar que estos son 10 puntos que deben ser cuidadosamente debatidos por sus posibles implicaciones como, por ejemplo, el mando único policial o la desaparición de poderes en municipios donde la criminalidad organizada se presuma ha contaminado a las autoridades. Debido a lo mencionado podemos decir que estas 10 acciones propuestas solo parecen la suma de buenos deseos.

Además no debemos relegar el hecho de que la crisis de inseguridad que enfrentamos no solo se encuentra reflejada en los ocho delitos de alto impacto, sino que hay otras tantas conductas criminales en nuestro país que continúan siendo cometidas impunemente en todo el país. Prueba de ello es la incidencia de trata de personas, desapariciones forzadas o involuntarias, robo de combustible, de energía eléctrica o de armas, entre otros. Cada uno conlleva serias implicaciones que parecieran ser invisible en la numeralia y discurso oficial como se puede observar en la falta de registros y acciones, así como en el incumplimiento de acuerdos y del marco jurídico correspondiente.

A pesar de los importantes retos y problemas que tenemos enfrente, no podemos negar que a finales de 2014 también pudimos observar la sensibilización de una parte importante de la sociedad sobre esta crisis de inseguridad ciudadana. Esto no debemos olvidarlo y mucho menos debemos permitir que se extinga, ya que necesitamos de dicho capital social para poder fortalecer el Estado de Derecho y construir la paz. Por lo anterior, cerramos el 2014 con la esperanza que quines marcharon por la paz en noviembre, así como aquellos que marcharon en 2012, 2009, 2003 o 1997 sean los ciudadanos que merece el país. Debemos comenzar el 2015 con la expectativa de que #yanoscansamos y estaremos atentos de la actuación de las autoridades, para ser un contrapeso social que logre garantizar la rendición de cuentas.

FRANCISCO RIVAS
Director General
@frarivasCoL

Reporte sobre delitos de alto impacto Agosto 2014

Descargar Reporte

 

Durante las últimas semanas han ocurrido lamentables acontecimientos que han evidenciado las múltiples debilidades del Estado
mexicano, al grado que la inseguridad no solo ha vulnerado a la sociedad sino a las instituciones mismas. Las violaciones a los
derechos humanos por parte del ejército en Tlaltaya, Estado de México, y de la policía municipal en Iguala, Guerrero; el hallazgo
de fosas clandestinas en Guerrero y Tamaulipas; homicidios múltiples en Guerrero y Sinaloa; homicidios políticos en Jalisco y
Guerrero, son claros ejemplos de cómo los discursos triunfalistas de lasautoridades de los tres niveles de gobierno se encuentran
muy lejos de la realidad que vivimos en este país.
Desde hace un tiempo, la autoridad federal ha considerado la reducción de los homicidios dolosos como métrica para medir
avances y resultados de las acciones gubernamentales en materia de seguridad. Bajo esa perspectiva, desde 2011 se ha observado
una tendencia a la baja de este delito y con base en ello se han anunciado con bombo y platillo los presuntos éxitos de las
estrategias implementadas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la metodología para medir este delito tiene muchas debilidades no solo por la calidad de la información proporcionada por las procuradurías o fiscalías de justicia estatal, sino por razones mucho más profundas que se derivan de las características que ha adquirido la delincuencia y la violencia; como se observa claramente en el hallazgo de fosas clandestinas y en la crisis de desapariciones forzadas o involuntarias que enfrentamosen México.

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