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Desapariciones forzadas e involuntarias: El registro estadístico de la desaparición: ¿delito o circunstancia?

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La colección ¿Cómo entender las desapariciones forzadas e involuntarias? Perspectivas de política pública tiene como objetivo generar una mejora de la gobernanza en materia de desapariciones en México a través del análisis de las acciones emprendidas por las distintas autoridades de los niveles de gobierno, de la recuperación de la experiencia comparada internacional y del conocimiento de diversas asociaciones civiles y colectivos especializados.

Además de complementar las investigaciones ya existentes sobre desapariciones, esta colección de nirá una ruta crítica para los hacedores de política en lo referente al registro estadístico, búsqueda de personas, investigación de casos, atención a víctimas, procedimientos forenses, entre otras áreas. Se pretende que esta serie de publicaciones sea de un carácter más pragmático, aunque no se dejarán de lado contenidos contex- tuales que permitan entender el tema y su importancia.
Los fascículos de esta colección son los siguientes:

1) El registro estadístico de la desaparición: ¿delito o circunstancia?
2) Marco legal, políticas públicas y líneas de acción en materia de desapariciones forzadas e involuntarias 3) Estatus de las instituciones relacionadas con las desapariciones: procuración, atención a víctimas y áreas forenses
4) ¿Cómo entendemos la desaparición forzada e involuntaria? Víctimas, especialistas y autoridades

Cabe destacar que el orden de dichos fascículos no pretende jerarquizar las áreas de política. De hecho, las complementariedades entre dichas áreas son cruciales para detonar un cambio signi cativo en la materia.

Este fascículo versará sobre el registro estadístico de las desapariciones. Cuando leemos en algún periódi- co, medio digital, investigación o manta de protesta que en el país hay más de 20 mil desaparecidos, ¿sabemos de dónde proviene tal cifra? ¿Podemos estar seguros de la con abilidad de esta cantidad? ¿Qué características tiene el registro de dónde provino ese número? ¿Hay otros registros que cumplan con el mismo objetivo? Además de contabilizar a las personas desaparecidas, ¿puede un registro estadístico sólido coadyuvar en las investigaciones de los casos?

Más que cifras, debemos recordar que detrás de estas se encuentran personas por lo que minimizar la gravedad del problema mediante argucias o enredos estadísticos constituye un discurso político ofensivo y carente de responsabilidad. La mejora del registro estadístico de las desapariciones es de una importancia toral aunque por el momento solo se considere como un tema o asunto secundario. Sin registros estadísticos sólidos, con ables y oportunos, no sabremos identi car la magnitud del problema y por ende, será muy difícil determinar la cantidad de recursos necesarios para mejorar la investigación de casos, la atención a víctimas
o las capacidades institucionales forenses. Como ya está sucediendo, ante la incapacidad o ine ciencia de algunas autoridades, las organizaciones del tercer sector especializadas en el tema han adoptado un papel que sustituye crecientemente al del gobierno. El registro estadístico no es la excepción.

Reporte mensual de delitos de alto impacto, octubre 2016

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Hace diez años el objetivo primordial del Gobierno Federal fue la lucha contra el narcotrá co, 122 capos que tendrían que ser detenidos o abatidos. La llamada “guerra contra el narco” lleva ya una década desde la toma de posesión del ex Presidente Felipe

Calderón, y que, junto con la salida del ejército y marina de los cuarteles y el inicio de las acciones para reducir la violencia en Michoacán, han marcado este trágico periodo, el
más violento en la historia reciente de México. Diez años después del inicio, la situación
se ha convertido en un cúmulo interminable de fracasos para detener la violencia que
se registra en varias regiones del país. Esta cruzada nos ha costado muy cara: 186 297 muertos, hasta el 2015, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 28 937 desaparecidos, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), y 10 934 detenidos por vínculos con el crimen organizado.

Se han alcanzado niveles de violencia nunca antes vistos en nuestro país como desmembrados, decapitados, personas colgadas en puentes, bombazos en plazas públicas en medio de festejos nacionales o incendios de comercios como manifestación de la extorsión presencial, y desde luego, el gasto de miles de millones de pesos destinados a seguridad y justicia que no se pudieron destinar para generar estrategias de educación para la población, ni para hacerlos más competitivos o para brindarles mejores servicios. Genera una gran preocupación que esta década ha normalizado la violencia en la sociedad, estigmatizando internacionalmente la imagen del país, y sin que hoy exista un plan que permita vislumbrar la luz al nal del túnel. Dicho de otra manera, a la mayor parte de la sociedad ya no le impresiona o indigna el nivel de violencia en un contexto donde tampoco se ve cómo se podría transformar esta situación.

Indudablemente, hoy respecto a 2006, contamos con fuerzas federales más equipadas, mejor entrenadas y ya experimentadas en lo que signi ca enfrentar a un enemigo con tantas caras y recursos, el Estado se ha hecho de instrumentos tecnológicos, jurídicos e instituciones destinadas a reducir el embate de la violencia. Sin embargo, es evidente

que el combate a la corrupción, el uso de inteligencia (en particular la nanciera),
la corresponsabilidad de gobiernos locales y sus capacidades siguen siendo tarea pendiente. Hace diez años nos dijeron que la reconstrucción de policías y procuradurías, la modernización del sistema de justicia y la inversión local en infraestructura nos llevaría a ganar la guerra, una década después, repetir el discurso suena trillado y vacío sin que mueva a la acción.

Es importante ser justos y claros, es innegable que un factor fundamental de la violencia tiene que ver con el narcotrá co, sin embargo, existen otros factores. La violencia que vivimos hoy es diferente a la de hace una década, era una obligación ineludible del Estado combatir a los narcos, y el esfuerzo que se hizo en reconstruir las instituciones, así como el sacri cio de muchos es loable, se han detenido o abatido a 100 de los 122 objetivos principales, pero esto no se ha traducido en una disminución de la violencia en el país ni en un debilitamiento de los cárteles de la droga sino todo lo contario, los cárteles han ampliado sus actividades ilícitas, además del trasiego de la droga: secuestran, extorsionan, operan la trata de personas y cometen otros robos como el de combustible. Hoy en México hay más grupos de la delincuencia organizada, la estrategia de combatirlos sigue causando miles de muertos, desapariciones de personas y violaciones a los derechos humanos.

Con esto en mente, podemos inferir que si hoy carecemos de una estrategia y resultados su cientes es porque muchos de los actores fundamentales (gobernadores, alcaldes, autoridades federales) no han cumplido su parte, se dedicaron a robar recursos en contubernio con empresarios, aunado a una sociedad pasiva. Esto ha sido posible porque el combate a la corrupción ha sido incipiente o nulo. Los niveles de violencia no bajan porque hemos insistido en combatir violencia con más violencia y no se tocan los recursos de los delincuentes, que pueden ser detenidos, pero también pueden seguir comprando la justicia o delinquiendo desde los penales. En diez años se ha insistido en la necesidad de trabajar en prevención, pero los esfuerzos por generar incentivos para que las personas vivan y progresen dentro de la ley han sido muy marginales o super ciales.

Ante el reciente repunte de violencia, la federación debe reconocer que la simulación y
las acciones cosméticas no sirven, que urge una estrategia con indicadores de desempeño y resultado, y una ruta crítica que permita medir y entender si estamos avanzando o no y que esta no debe ser emergente, sino debe entenderse como de largo respiro para incidir tanto
en las causas como en los efectos. Hoy vivimos en la incertidumbre, no sabemos si en diez años estaremos igual, mejor o peor; lo que es claro es que no podemos esperar a que a través de la repetición de las mismas estrategias obtendremos resultados diferentes. Debemos romper los lazos de corrupción, reducir el poder económico de los delincuentes y cristalizar esas instituciones locales de seguridad y justicia que tanto nos han prometido y tanto nos han costado a los mexicanos. Urge liderazgo y una ruta para que en diez años no sigamos llorando los muertos, lamentado las pérdidas y sin la esperanza de vivir en un país donde impere la paz y el Estado de Derecho.

FRANCISCO RIVAS @frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, Agosto 2016

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El pasado 27 de septiembre, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE). Estos evidenciaron que durante 2015

denunciamos menos delitos ante la autoridad correspondiente, porque cuando lo hicimos en casi la mitad de los casos “no pasó nada”. Provocando que nos sintamos cada vez más inseguros y que dicha falta de seguridad es perceptible en nuestra cotidianeidad, pese a la disminución de las cifras o ciales de incidencia delictiva a nivel nacional.

Desde 2011, esta encuesta nos ha permitido conocer estimaciones respecto a los delitos de los que somos víctimas, si fuimos o no a denunciar, por qué lo hicimos, qué opinamos de nuestras autoridades de seguridad y justicia, cuánto gastaron las familias para implementar medidas de seguridad y qué tan seguros nos sentimos, entre otros indicadores.

A partir de ello, esta encuesta ha mostrado ser un instrumento sólido y objetivo
de la vivencia ciudadana, que en lo agregado muestra un comportamiento similar
a lo que sucede con el número de denuncias que como víctimas de un delito interponemos ante un ministerio público (MP). Desafortunadamente en la gran mayoría de las ocasiones los ciudadanos evitan presentar denuncias ante el MP dada la falta de con anza en la obtención de justicia y la reparación del daño.
Si bien la cifra negra no está presente en los reportes sobre incidencia delictiva que elaboramos de manera mensual, si debe ser considerada para un mejor análisis de los datos aquí presentados. Debemos tomar conciencia de que únicamente 6 de cada 100 delitos son denunciados y que sobre aquellos que sí se denuncian impera una gran impunidad. La ENVIPE señala a su vez que el MP es la segunda institución con menor con anza ciudadana.

Las causas de la ine ciencia del sistema de justicia son diversas y posiblemente algunas de ellas podrían radicar en que, en la última década, el presupuesto designado para las instituciones de seguridad ha crecido sustancialmente, mientras que los recursos destinados a la procuración de justicia siguen siendo prácticamente los mismos. Esto naturalmente se refleja en carencias de personal, de un proceso de formación de cuadros, desarrollo profesional, capacitación e insumos tecnológicos, entre otros elementos.

Es impensable lograr ser más exitosos en la resolución de delitos con los mismos recursos e insumos institucionales, si los ilícitos aumentaron en la última década y se hizo más complejo el fenómeno delictivo. Es poco probable la construcción

de la con anza ciudadana alrededor de una procuración de justicia poco e caz, compuesta por personal mal tratado, mal pagado, mal capacitado y mal equipado.

Es poco probable avanzar en esta materia si no hay un compromiso profundo
por consolidar una cultura de la legalidad en las instituciones, ya que difícilmente se contará con personal íntegro y ello derivará en que los agentes del ministerio público hagan lo imposible por disuadir a las víctimas que denuncien, que hagan justicia a modo, que no respeten los derechos humanos y el debido proceso, que siembren pruebas o ejerzan la tortura como un método de investigación.

Hace falta que los titulares del ejecutivo federal y los estatales, así como los respectivos congresos asuman con urgencia un apoyo a la procuración de justicia, supervisada, con contrapesos y con la obligación de rendir cuentas. Es hora de
que los policías de investigación o ministeriales, peritos y agentes del ministerio público cuenten con sistemas de desarrollo profesional que nos lleven a premiar
a los mejores; que cuenten con áreas dignas de trabajo donde puedan atender a una víctima como merece; que la ciudadanía especializada pueda monitorear y dar recomendaciones sobre procesos y uso de recursos y que estos estén dedicados a lo que debe ser y no a comidas lujosas de procuradores, escoltas y camionetas para atender a los poderosos.

Es urgente que en nuestro país se combata un volumen de incidencia delictiva equiparable al de otras naciones con economías similares a la nuestra. Esto signi ca que tenemos que aspirar a que nuestras instituciones de procuración de justicia atiendan por lo menos un 40% de la incidencia delictiva y no solamente un 6%, del cual en más de la mitad de los casos no pasa nada.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, julio 2016

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Hace algunos días, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong hizo entrega del cuarto informe de gobierno. Este es el principal ejercicio de rendición de cuentas mediante

el cual la administración pública federal explica a la ciudadanía los resultados de las políticas públicas y las líneas de acción implementadas en las múltiples materias. Fiel a la costumbre que ha caracterizado por décadas a nuestros gobiernos, se

dieron a conocer resultados halagüeños pues “lo bueno casi no se cuenta”, escuchando un discurso que hizo referencia a la “realidad” de un México ajeno al país en el que vivimos, ya que por los índices de aprobación del presidente Peña Nieto se requirió necesariamente mostrar resultados positivos en donde su desempeño dista de ser el deseado.

El informe de gobierno consideró cuatro apartados: México en Paz, México Incluyente, México con educación de calidad, y México Prospero. Los resultados en materia de seguridad y justicia contenidos en el apartado “México en Paz” enfatizaron el cumplimiento en tiempo y forma de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), los bene cios que esto traerá para la impartición de justicia, la labor de las instituciones del Estado en materia de seguridad (Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México Comisión Nacional de Seguridad) en su tarea de combate al crimen organizado, así como la existencia y operación del programa nacional para la prevención del delito.

De igual manera se subrayó la importancia que han tenido los operativos coordinados para la seguridad y el orden, así como la coordinación interinstitucional a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) que ha dado pie a diversas estrategias como la Estrategia Nacional Antisecuestro o el nuevo modelo de desarrollo policial. A su vez se destacó la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

No obstante, poco se mencionó sobre las fallas que subsisten en el sistema penitenciario, tampoco se re rió a los casos emblemáticos como los acontecidos en Ayotzinapa, Tanhuato y Nochixtlán donde la actuación del gobierno distó de ser la óptima. Lo que se con rmó con la renuncia solicitada al ahora ex comisario de la Policía Federal, Enrique Galindo, a escasos dos días del informe.

No se mencionó a entidades como Guerrero, Tamaulipas, Estado de México, Colima o Veracruz (por mencionar solo algunas) donde la violencia aún impera. Tampoco presentaron diagnósticos certeros y minuciosos respecto a los recursos escasos destinados a ciertas áreas clave de la procuración de justicia, las carencias y áreas de oportunidad en dicha materia, así como en la atención de víctimas

del delito cuya comisión ejecutiva solo ha sido capaz de canalizar 33 de los 1 028 millones de pesos presupuestados para la atención a víctimas y la reparación del daño. Esos temas fueron omitidos ya que aparentemente se cree que con la sola existencia de los ordenamientos jurídicos y normativos los problemas se resuelven en automático.

En cuanto a los resultados en materia de corrupción, pese a que estrenaremos el SNA, no debemos olvidar que el PRI se opuso a diversos elementos de este y
que solamente gracias al gran trabajo de la sociedad civil y a un veto presidencial oportuno fue posible que el SNA se convirtiera en el primer paso en el combate a la corrupción. En cuatro años solo se ha podido dar un pequeño paso, impulsado por las organizaciones de la sociedad civil.

El presidente no abordó el alza de los homicidios dolosos. Con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y que según los pronósticos realizados por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) se espera que 2016 termine con una tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes de 14.5 homicidios dolosos (3.23% mayor que la reportada en 2015). Mientras que en otros pronósticos menos conservadores la tasa en comento podría alcanzar un valor máximo de 17.34. Cabe destacar que entidades como Guerrero y Morelos en las que se ha contado con la presencia o refuerzo de elementos de instituciones federales de seguridad, se han mantenido tasas de homicidio doloso superiores a la nacional desde 2012.

El mes de julio se caracterizó por haberse constituido como el mes con mayor número de víctimas de homicidio doloso (2 073) desde que se comenzó a divulgar esta información en 2014, en tanto que mayo y junio presentaron más de 1800 víctimas mensuales, lo que presupone un promedio de más de 60 homicidios dolosos cometidos diariamente.

A su vez, durante la administración de Enrique Peña Nieto hemos sido testigos de cambios en los patrones geográ cos de los delitos de alto impacto. Antes de que comenzará su periodo de gobierno las entidades con mayores tasas de homicidio doloso entre enero y julio de 2012 eran: Chihuahua (37.6), Guerrero (35.9), Sinaloa (31.3), Morelos (26.3) y Durango (22.3). En cambio, durante el mismo periodo de 2016 las entidades con mayores tasas fueron: Colima (45.9), Guerrero (35.3), Sinaloa (20.1), Baja California (17.1) y Morelos (16.9).

Por otro lado, en materia de secuestros se espera una tasa de 0.93 por cada 100 mil habitantes (7.09% mayor que la de 2015) y una tasa de extorsiones de 4.32 (3.67% mayor que la de 2015). Es decir, el panorama no será muy diferente del que experimentamos en 2013.

Para el secuestro es importante distinguir que las cifras reportadas en el SESNSP no reflejan la cantidad total de casos, no solo por la cifra negra, sino porque no se están registrando los supuestos contemplados en el Artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. A pesar de lo anterior es el delito que reportaría el mayor incremento respecto a 2015 de acuerdo con nuestros pronósticos.

En materia de extorsión cabe destacar que las disminuciones registradas desde 2013 se pueden deber a cambios en los criterios de registro. Dichas modi caciones suponen que la credibilidad y comparabilidad de la información esté en duda. En lo agregado esto supone un diferencial de la tasa nacional de 0.5 y 0.6 en 2014 y 2015, respectivamente, lo cual aminora los porcentajes de reducción ampliamente citados por las autoridades.

A pesar de lo anterior atribuirle la responsabilidad de cada carencia o falta de logros al Ejecutivo no es completamente prudente. Si hoy observamos entidades y municipios en condiciones graves de inseguridad, si la violencia en algunas regiones se ha mantenido, si no se ha cumplido a cabalidad la adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio, si no se ha cumplido con la Ley General de Víctimas, así como con diversos tratados internacionales que tutelan los derechos humanos,
es también por la responsabilidad de autoridades locales y municipales que han
sido cómplices o directos responsables de esto, ya sea por incapacidad o por desidia. También ellos han aportado a un contexto en el cual el Estado no tiene el control sobre todo el territorio nacional.

A poco más de dos años del n del mandato del presidente Peña Nieto, es momento de que asuma las riendas del combate a la corrupción y la delincuencia,
de la implementación de la ley sin distingos. Es momento de que refrende su compromiso con políticas públicas de seguridad humana sustentadas en diagnósticos reales e indicadores de desempeño e impacto; es momento de que se reajusten o eliminen las lineas de acción que no han funcionado y de verdad trabaje para que “lo bueno cuente mucho” no solo en términos de narrativa y estrategia de comunicación.

Francisco Rivas
Director General
@frarivasCoL

Reporte Mensual de delitos de alto impacto, Junio 2016

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La violencia homicida no cede en nuestro país y lamentablemente no es una sorpresa, pues como lo hemos demostrado mes tras mes, este delito está muy lejos de haber sido atendido e cientemente por nuestras autoridades. Si observamos

los comparativos semestrales de 2014-2015 y 2015-2016, se puede apreciar cómo
los homicidios intencionales han continuado aumentando. Aunado a ello, no debe dejarse a un lado la situación por la cual atraviesan distintas entidades federativas como Colima, Guerrero, Morelos, Sinaloa y Chihuahua que lideran las tasas de homicidio doloso apuntando a una debilidad en las políticas de reducción de este fenómeno pese a que hemos tratado de enfrentar esta problemática por más de una década en México.

Respecto a la incidencia del homicidio, nuestras autoridades han continuado insistiendo en que estos se encuentran ligados a la confrontación entre grupos de la delincuencia organizada, casi como si consideraran que esta característica los torna en acontecimientos menos graves y olvidan que si estos grupos luchan por el control de un territorio es porque las instituciones del Estado han fallado.

No podemos esperar resultados e cientes ni efectivos frente a la violencia
y delincuencia si hay de ciencia para prevenir y sancionar los delitos, si no se implementa un sistema de readaptación social capaz de reincorporar plenamente a la sociedad a una persona que purgó una sentencia justa y proporcional al daño ocasionado. Si no corregimos este camino pareciera que estamos trabajando
por una sociedad que mantenga viva la problemática delincuencial, generando sistemáticamente incentivos para que nos incorporemos a este tipo de actividades.

Es cierto que no es posible que se dejen de cometer homicidios en nuestro país, pero ello se debe a rasgos propios de la conducta y de la sociedad. El homicidio es un delito que no se puede erradicar en ningún territorio pues aún en los países más seguros lo encontraremos. Sin embargo, el homicidio sí puede reducirse a tasas mínimas de incidencia y una de las acciones clave para conseguirlo es desvincularlo de actividades de la delincuencia organizada mediante acciones en dos vías: fortalecimiento institucional y reconstrucción del tejido social.

En México, ha sido clara la reproducción y el aumento del homicidio con sus respectivas implicaciones en nuestra calidad de vida. Asimismo en nuestro país ha sido evidente que, en gran medida, esto se debe a la falta de capacidad del Estado para disminuir el poder de los grupos delincuenciales; de generar oportunidades para que las personas opten por un desarrollo dentro de la ley; de castigar la conducta delictiva de manera oportuna; de permitir que la impunidad crónica, la falta de oportunidades y el subdesarrollo sean factores determinantes en la decisión de quienes empiecen a delinquir, lo hagan una y otra vez, perfeccionando su actividad y cometiendo delitos cada vez más graves.

El contexto nacional que se ha caracterizado por un combate frontal de los grupos del crimen organizado generando muerte, dolor, subdesarrollo
y deshonra para nuestro país; se ha vuelto cada vez más complejo dada
la incidencia de delitos del fuero común que terminan en homicidios y
que tienden a ser negados y desatendidos por las autoridades locales correspondientes. Este se debe a que nuestras autoridades han optado por tratar la crisis de seguridad como un mero problema mediático que debe ser manejado por el área de comunicación social.

Urgen instituciones sólidas y con ables, respetuosas de los derechos humanos, que combatan el delito, al tiempo que necesitamos políticas de prevención que logren su cometido. Estas acciones deben llevarse a cabo en un ambiente en el cual la educación genere las competencias necesarias para que las personas puedan entrar a un mercado laboral que brinde oportunidades de desarrollo dentro de la ley.

Ya basta de poner excusas como “antes estábamos peor”, “quien estuvo
antes no supo hacer, no supo combatir y generó esta situación” para no atender efectivamente el problema de seguridad. Ya basta de buscar justi caciones para dejar que se reproduzca tanta violencia y delincuencia. Si se mantiene la actual tendencia de las estadísticas o ciales terminaremos el 2016 con 19,560 víctimas directas de homicidio doloso y muchas más víctimas indirectas que pagarán las consecuencias de un país donde sus instituciones no han logrado garantizar la paz social ni el respeto a los derechos humanos.

Autoridades, es hora de que asuman sus responsabilidades y dejen a un lado la retórica y las líneas discursivas convenientes. Recuerden que nadie los obligó a asumir sus cargos, ahora asuman su responsabilidad y reconozcan que no es seguro vivir en nuestro país, que enfrentamos una crisis de seguridad humana que no han sabido resolver. ¡Es hora de un México de leyes y derechos donde las personas vivamos seguras!

Francisco Rivas

Director General

@frarivasCoL

Reporte sobre delitos de alto impacto. Febrero 2015

En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) renovamos diariamente nuestro compromiso social para lograr un México seguro, pacífico y justo; que cuente con un marco normativo que sea respetado por todos sin importar la edad, la profesión, el estrato económico al que uno pertenezca o el puesto que cada quien desempeñe. Un país en donde el respeto y el acatamiento de la norma sea lo que fomente y propicie tanto el desarrollo personal como el nacional, un país en el cual la ley se aplique sin distingos ni agendas políticas.
Sin lugar a dudas, este es un gran desafío sobre todo si tomamos en consideración que en semana recientes no solo ha sido evidenciado el rechazo y la aparente inexistencia de la norma sino sus profundas implicaciones sociales como la desconfianza hacia las instituciones públicas y entre los propios ciudadanos. Esta podría parecer como algo menor o sin importancia, sin embargo, se trata de un factor sumamente serio que conlleva un impacto negativo en las expresiones de participación ciudadana, en el tejido social y en el desarrollo económico.
Como parte de nuestra contribución para lograr mejorar las condiciones por las que atraviesa México, en conjunto con otras organizaciones sociales, hemos dado seguimiento puntual no solo a las estadísticas oficiales sobre incidencia delictiva sino que hemos identificado una serie de fortalezas y debilidades de las instituciones de seguridad y justicia, así como de la sociedad civil en nuestro país. Los análisis que llevamos a cabo mensualmente más allá de que tienen como principal objetivo, identificar objetivamente los avances y retrocesos, han dado a conocer importantes áreas de oportunidad en las instancias involucradas en el tema que deben ser atendidas si lo que realmente se pretende es garantizar la seguridad ciudadana y que prive dicho paradigma. Un ejemplo de ello, es la debilidad o inexistencia de procesos homologados y no seccionados de sistematización de la información estadística sobre incidencia delictiva que da como resultado una serie de insumos cuantitativos de baja calidad y poco rigurosos.
Identificar ese tipo de cuestiones es fundamental pues los diagnósticos que solo son una lectura superficial del problema, ajenos a las dificultades y prácticas institucionales, poco o nada aportan en la toma de decisiones pertinentes. Justamente debido a lo que se desempeña desde la sociedad civil, podemos afirmar que parte de la debilidad en el combate de la inseguridad y la violencia son los diagnósticos imprecisos sobre la delincuencia. Ello tiene serias consecuencias como el diseño e implementación de políticas públicas inadecuadas o el uso ineficiente de recursos que no tienen el impacto que deberían tener para controlar, desincentivar y prevenir la criminalidad.
Esto ha sido lo que ha sucedido en el caso del secuestro pues en los últimos 20 años, la sociedad mexicana se ha organizado y volcado vez tras vez a las calles, logrando que las autoridades atiendan el delito de una manera aparentemente contundente. Es cierto que parece que ha disminuido la incidencia de este delito, pero estamos conscientes de que nos encontramos aún muy lejos de que este crimen se haya logrado disminuir a su mínima expresión y mucho menos erradicarlo.
A lo largo de las dos últimas décadas, miles de vidas han sido marcadas por este terrible delito y así como señalamos cuando las cifras son elevadas en los delitos de alto impacto, hacemos mención que desde diciembre de 2014 se contabilizan menos de 100 averiguaciones previas de secuestro en el fuero común en el ámbito nacional. Es cierto que este es un avance importante, sin embargo, no podemos dejar de lado que el delito sigue reportándose inadecuadamente en las procuradurías locales, es decir, eligiendo criterios de registro personales y no los supuestos de la ley general en la materia o la enorme cantidad de casos que no se denuncian. Además de que faltan por ser considerados todos aquellos secuestros de migrantes cometidos en las distintas entidades federativas.
De la misma manera en que hacemos referencia a los puntos críticos o débiles de los análisis oficiales, hay que destacar que recientemente contamos con nuevos indicadores sobre el secuestro que nos permitirán complementar parcialmente las investigaciones sobre este tema. Se trata de las estadísticas sobre secuestros del fuero federal, que hasta el momento dan cuenta de 84 casos durante el primer bimestre de 2015 que a la par deben tomarse en consideración con los 188 casos del fuero común.
Gracias a la acción conjunta de Edna Jaime, María Elena Morera, Andrea Ambrogi, Alejandro Martí y Miguel Treviño, invitados permanentes al Consejo Nacional de Seguridad, así como a organizaciones como Alto Al Secuestro, México Unido Contra la Delincuencia o a la Red de Observatorios del ONC logramos que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) empezara a publicar las cifras de víctimas de secuestro, homicidio y extorsión, a parte del número de averiguaciones previas en 2014. Ello mismo ha sido posible a principios de 2015, con los registros de secuestros del fuero federal. Estos son importantes resultados de la sociedad civil y confiamos en que estos pasos nos permitirán contar con diagnósticos más precisos y, por ende, con decisiones más certeras para combatir y erradicar este delito. La experiencia de algunos países de nuestra región y de otras latitudes del mundo lo han logrado, por lo tanto, es inaceptable pensar que una familia más pase por este dolor en México.

Reporte sobre delitos de alto impacto. Diciembre 2014

La criminalidad y violencia continúan siendo un problema muy serio en nuestro país, sobre el cual aún hace falta más y mejor información oficial. Esto no es ninguna novedad sino al contrario se trata de una cuestión histórica que aparentemente no ha sido considerada lo suficientemente prioritaria por nuestras autoridades. Por ende, no nos cansamos ni tememos insistir una vez más que requerimos de diagnósticos más objetivos y certeros que partan de información de calidad que permitan un control adecuado de la inseguridad y exigir la rendición de cuentas correspondiente. Lamentablemente, hasta que no contemos con ello, continuaremos escuchando la repetición de los discursos sobre los avances en materia de seguridad sin contar con las certezas que forzosamente necesitamos pues no se trata de una mera cuestión narrativa sino de resultados. Seguir leyendo →