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Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, septiembre 2015.

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Pese al trabajo que ha sido realizado por diversos actores sociales para mejorar las condiciones de seguridad y justicia en nuestro país, la meta continúa encontrándose bastante distante. Esto resulta más que evidente si tomamos en consideración las cifras que dan cuenta de la incidencia y prevalencia de delitos y de violaciones de derechos humanos, así como las condiciones que privan en las instituciones de seguridad y administración de justicia. Bajo esta perspectiva, si optamos por voltear a ver a nuestras policías, peritos, ministerios públicos, jueces y el personal destinado a la atención de víctimas; encontraremos carencia y ejercicio ine ciente de recursos de diversa índoles así como disparidad en la manera en que se entiende y atiende el delito. Lamentablemente, esta es la realidad a la que nos enfrentamos tras dos décadas de trabajo y de gastos millonarios para tener instituciones listas para prevenir y combatir el delito, atender a las víctimas, brindarles justicia, reparar el daño. Es un hecho que nos encontramos muy lejos de tener casos objetivos y evidentes de éxito.

Las razones son diversas, sin embargo, creemos rmemente que principalmente se debe a que no ha existido un compromiso parejo ni sincero por parte de todas las autoridades para mejorar estas instituciones. Respecto a esto último, es un hecho que hay muchas ocasiones en las cuales los esfuerzos realizados son su cientemente reconocidos y, en otros tantos, la ausencia de acciones ha quedado impune. Mientras algunas autoridades han puesto su cara, su capital político o su vida, otras han dejado de hacer lo mínimo y otras aún, se han enriquecido gracias al peculado y redes de corrupción.

En este sentido, la organización Causa en Común nos convocó en días pasados al “4o Foro Nacional de Seguridad Ciudadanos + Policías”, en el cual se debatió cómo mejorar las condiciones y situación de nuestras policías. Al respecto, la presidenta de la organización mencionada, María Elena Morera Mitre, hizo un llamado importante al presidente Peña Nieto a través de 5 propuestas puntuales:

1. Reestructurar el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2. Consolidar la Comisión Especial de Desarrollo Policial.
3. Consolidar los espacios ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad.
4. Transparentar los acuerdos de colaboración en materia de seguridad y llamar a cuentas a los gobernadores que no colaboren.

5. Acelerar el proceso de la Clave Única de Identidad.

Desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) subscribimos dichas propuestas, con el compromiso de acompañar a dicha organización para que estas propuestas sean incorporadas en las políticas públicas y en los marcos normativos correspondientes para que las acciones que se requieren, sean una realidad. Una de nuestras principales preocupaciones es el hecho que normas, acuerdos y políticas públicas muchas veces se vuelven meras referencias o momentos para las declaraciones o fotografías y no llegan a implementarse cabalmente.

Tomemos casos concretos de protocolos que una y otra vez las instituciones trabajan, acuerdan y aparentemente asumen como marco de referencia que debe guiar la conducta institucional: el uso racional de la fuerza; los protocolos forenses, de búsqueda de desaparecidos, de protección a periodistas o de atención a la violencia en contra de las mujeres; entre otros. Cada uno de ellos ha sido un acuerdo rmado o bien un compromiso asumido, sin embargo, esto no se ha traducido en acciones que impidan que continúe vigente la violencia y la impunidad. Ha sucedido todo lo contrario pues se continúa alentando el delito, fallando en el acceso a la justicia para las víctimas y, por ende, debilitando las instituciones.

Justamente por esto no debe sorprendernos lo que ha sucedido en Quintana Roo, en donde hace unos cuantos días se sumaron siete feminicidios a la situación de emergencia que vive el país en cuanto la violencia de género. Mientras estos casos se acumulaban, las autoridades estatales, de una entidad que carece de protocolos desde hace 8 años, minimizaban el caso e incluso lo referían como si fuese un comportamiento esperado del delito, declarando que en realidad este ilícito va bajando pues en 2014 se registraron 13 casos contra los 7 que se habían reportado los primeros 10 meses del año en curso.

De todas las cosas que pudieran alarmarnos de estas declaraciones, hay dos que debo destacar; la primera es la incapacidad de entender que el feminicidio no es un delito común que se combata exclusivamente mediante la consignación de victimarios. El feminicidio es un ilícito que debido a las raíces socioculturales de las cuales se deriva, toma fuerza de respuestas institucionales indolentes o superficiales que validan la violencia en contra de una persona simplemente por ser diferente.

El segundo aspecto que resulta preocupante es la carencia de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades estatales correspondientes: ¿cómo es posible que la entidad que hoy re ere casos de 2013 a 2015, ante una solicitud de transparencia contestó no tener registro de ningún caso de feminicidio? Para el análisis del feminicidio de nuestro estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México, la Procuraduría General de Justicia del Estado contestó lo siguiente:

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, realizó la búsqueda minuciosa en sus archivos y base de datos electrónicos, en los que No se encontró registro alguno sobre la información referente al número de averiguaciones previas iniciadas por el delito de feminicidio ocurridos en el estado en el periodo requerido, motivo por el cual la cifra se encuentra en cero (sic).

María Elena, tienes razón. ¡Urge que nuestras autoridades nos rindan cuentas! Es hora que los millones gastados, los esfuerzos asumidos, las vidas perdidas se transformen en resultados de mejores instituciones que garanticen el acceso a la justicia, atención integral a las víctimas, así como menores índices de incidencia delictiva y de violaciones de derechos humanos. Ante las circunstancias por las cuales atraviesa el país, a las autoridades les debe quedar claro que no podemos continuar esperando pues entre más tiempo permanezcamos inmóviles y pasivos, se estarán trastocando y perdiendo cada vez más vidas pues existen todos los incentivos para que la criminalidad tradicional y organizada continúe actuando contra cada uno de los que integramos el Estado.

Bajo esta perspectiva, de nada sirve que con frases discursivas llamativas se dé a conocer que aparentemente los delitos van disminuyendo, tarde o temprano, la realidad y las estadísticas nuevamente darán cuenta de su incremento. Este fue el caso del secuestro y la extorsión en 2013, cuando alcanzaron su máximo histórico y eso sucede actualmente con el homicidio, que tras tres años a la baja, hoy muestra nuevamente un comportamiento al alza, tras 5 meses seguidos de aumento. Aunado a ello, hay que tomar en consideración que en muchas ocasiones en diversas entidades federativas, las supuestas disminuciones jamás tienen lugar, lo cual re ere condiciones inaceptables para cualquier sociedad.

Por estas razones, una vez más hacemos el llamado a nuestras autoridades para que trabajemos juntos en materia de transparencia, respetando derechos humanos, fomentando una cultura de la legalidad. No podemos continuar permitiendo que los esfuerzos realizados se vayan al vacío y que las omisiones permanezcan impunes, deteriorando cada vez en mayor medida nuestra seguridad humana.

FRANCISCO RIVAS

Director General

@frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, julio 2015.

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Entre el 17 y 21 de agosto se llevaron a cabo dos eventos que son de relevancia central en materia de seguridad y justicia para el país: el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Procuradores. La importancia de ambos eventos radica en que se convoca al gabinete de seguridad por completo, gobernadores y a las demás autoridades del área de seguridad y justicia del país y, en teoría, deberían ser los espacios clave para la formalización de acuerdos en esta materia.

Los resultados de ambos encuentros deberían materializarse para fortalecer el desempeño profesional de las autoridades y la colaboración entre los niveles de gobierno. Sin embargo, en los diferentes estudios elaborados y presentados por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en materia de trata de personas, extorsión, secuestro, robo y homicidio; hemos podido demostrar cómo dichos acuerdos rara vez llegan a implementarse cabalmente; cómo los esfuerzos e inversión en desarrollar protocolos, esquemas de homologación de trabajo, capacitación para los operadores de los mismos, se difuminan junto con los resultados que urgen a los mexicanos. Esto ha ocurrido una tras otra vez, de tal suerte que los acuerdos simplemente se quedan en la declaración o en una buena intención. Ejemplos concretos: los acuerdos en materia de feminicidio, protección a periodistas, en materia forense, en combate al secuestro o a la trata de personas y en el fortalecimiento a la cultura de la legalidad.

Las autoridades reconocen como fundamentales el establecimiento de dichos acuerdos, los signan, se anuncian pero difícilmente se concretan y si se llegan a implementar, carecemos de mecanismos de control que garanticen estándares mínimos de calidad. Esto sin lugar a dudas nos lleva a cuestionar la validez de los programas y la ruta trazada para resolver la problemática en materia de seguridad y justicia en el país.

Por otro lado, lo que resulta una constante son los anuncios, declaraciones y presentaciones oficiales de datos estadísticos que refieren bajas en la incidencia delictiva acorde con la línea base y el periodo que más convenga para la comparación. Esto sucede especialmente alrededor del homicidio doloso, delito que ha sido tomado como indicador de referencia por nuestra autoridad federal desde la administración federal pasada.

Por ejemplo, en el marco de la 38 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, insistió que la reducción en homicidios lleva a la tasa por cada cien mil habitantes a su nivel más bajo desde el 2009. La imprecisión de este tipo de declaraciones debe preocuparnos debido a su consecuencia: es difícil atender un problema que no se reconoce y tal vez no se conoce. Bajo ninguna circunstancia la comisión continua de este tipo de hechos puede ser simplificada mediante líneas narrativas superficiales.

Precisamente esa misma semana el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer la estadística de incidencia delictiva referente al número de averiguaciones previas y carpetas de investigación reportadas por las procuradurías y fiscalías estatales de justicia y dichos datos no expresan precisamente un panorama alentador sobre el comportamiento de la delincuencia durante 2015. Por ejemplo, si analizamos el total de homicidios dolosos registrados en los primeros 7 meses del año podremos encontrar que este delito presenta un repunte importante, como se aprecia en la siguiente tabla:

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La tabla anterior pone de manifiesto que el total de homicidios dolosos de 2015 supera registros de los mismos periodos de 2006 a 2009 y de 2014. Esto sin considerar todas las debilidades que continúan subsistiendo por parte de las autoridades locales para reportar los índices delictivos que implica un subregistro del fenómeno que nos aqueja. Hemos insistido como en el país hay un gran número de casos de ciertos homicidios clasificados y reportados en la estadística como culposos pese a que estos sucedan en el marco de un evento delictivo y tengan características de violencia criminal. De igual manera debemos destacar que en la estadística oficial publicada en el SESNSP, en el rubro de homicidios dolosos no se incluyen los registros de abatimiento de presuntos delincuentes por parte de la autoridad y frecuentemente tampoco se registran los hallazgos de fosas clandestinas.

Si bien desde la federación se ha hecho un esfuerzo por tratar de homologar los sistemas y apoyar a la autoridad local a fortalecer la sistematización y registro de la incidencia delictiva, carecemos de un compromiso real por parte de los gobernantes locales. Esto una vez más evidencia que los Consejos y Conferencias Nacionales solo logran tener un impacto limitado.

Contar con una estadística de incidencia delictiva confiable es clave para dar acceso a la justicia a las víctimas y combatir el delito. Sin embargo, parece que esto nuestras autoridades lo entienden de manera inadecuada y en ocasiones dicha estadística es utilizada con fines políticos para que ciertas administraciones parezcan más exitosas en la manera en la que gobiernan que otras. Al parecer, siguen sin entender que las cifras objetivas pueden funcionar como un bálsamo a la crisis de confianza y credibilidad del gobierno. Urge que nuestras autoridades realicen un análisis crítico para afinar la estrategia de atención al delito, que deberá ser acompañada por políticas de desarrollo social, económico, educativo que permitan por un lado combatir y disuadir el delito y por otro prevenirlo. Consideramos que solo de esa manera podremos evitar que se sigan desarrollando las condiciones sociales que han hecho que cada vez más personas sean proclives a formar parte de las filas de la delincuencia.

Un reconocimiento de las áreas de oportunidad institucionales y sociales permitirá identificar las áreas a fortalecer, mantener una política de negación ante los evidentes aumentos en la incidencia de ciertos delitos, la debilidad en el combate de otros y la carencia de oportunidades para la gran mayoría del colectivo social impide avanzar en el camino adecuado. Solo cuando esto se logre se podrán salvar millones de vidas afectadas directa o indirectamente por el delito.

FRANCISCO RIVAS

Director General @frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, junio 2015.

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México ocupa el último lugar en materia de seguridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y ello implica un alta incidencia de delitos. Por esta razón, analizar mensualmente los índices delictivos en nuestro país es un tarea indispensable para aproximarnos más objetivamente a los avances o retrocesos que se registren en este materia. Sin embargo, es importante tener presentes las limitantes de la información proporcionada por las procuradurías o fiscalías estatales de justicia al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) pues dichas cifras presentan inconsistencias que pueden sesgar los diagnósticos de las autoridades. Es importante tener esto en consideración porque no estamos haciendo referencia a simples números sino a delitos que dejan tras de sí miles de víctimas.

El esfuerzo de la sociedad civil por aportar al mejoramiento de la seguridad de los mexicanos ha sido claro y significativo. Sin embargo, pese a ello es indispensable un mayor compromiso por parte del Estado para asumir una tarea ineludible. El análisis exhaustivo de la organización Causa en Común A.C. por describir la situación de las policías; la evaluación de las políticas de prevención en materia de violencia social del gobierno federal que lleva a cabo México Evalúa A.C.; el esfuerzo que hace México Unido Contra la Delincuencia A.C. por explicar cómo se encuentra la labor de las agencias de ministerios públicos, por citar solo algunos ejemplos de los importantes insumos que se construyen desde la ciudadanía. A partir de este tipo de esfuerzos hemos podido evidenciar y constatar que hay una falta de autocrítica y liderazgo gubernamental en materia de seguridad y justicia, debido a que las políticas implementadas carecen de indicadores objetivos de impacto para medir sus resultados y que no existen elementos que respalden los dichos oficiales respecto a que las bajas o alzas de la delincuencia son resultado del trabajo de nuestras autoridades.

Mediante nuestros ejercicios analíticos y de investigación, desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) hemos dado a conocer información rigurosa que permita la toma de decisiones eficientes en la materia. Si comparamos las averiguaciones previas por cada 100 mil habitantes registradas de junio con aquellas reportadas en mayo del mismo año, podemos ver que el homicidio doloso interrumpe el aumento mantenido por tres meses consecutivos (más no así en términos diarios); que el secuestro investigado en el fuero común, mantiene por tercer mes un alza importante; que el robo de vehículo sube por segundo mes, mientras que el resto de los delitos mantienen un comportamiento mixto.

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Sin embargo, si hacemos un análisis del primer semestre de 2015 contra el mismo periodo de 2014 encontraremos una baja de todos los delitos que analizamos en este documento:

Captura de pantalla 2015-09-01 12.39.32Estos datos podrán parecer confusos o contradictorios entre sí e inclusive invitan a que nos cuestionemos ¿porqué afirmamos que algunos delitos suben mes tras mes mientras que el acumulado semestral muestra un comportamiento distinto? La respuesta es sencilla, porque comparado con 2014 en el primer semestre de 2015 ha disminuido la incidencia de los delitos pero están comenzando a registrar un aumento en meses recientes. Esto significa que pese a que algunos delitos disminuyan y ello muestre una mejora de algunas situaciones de seguridad, ello no significa que hayamos solucionado el problema de violencia y delincuencia en nuestro país.

Es aquí donde asume una mayor relevancia los estudios y análisis hechos por las organizaciones de la sociedad civil, pues lo más preocupante es que seguimos teniendo instituciones débiles para combatir los delitos. Además de que pareciera evidente que contamos con políticas públicas de seguridad sustentadas en ocurrencias y no en indicadores confiables y objetivos que demuestren un verdadero compromiso por parte de las autoridades. De esta manera cómo podemos creer que existe un auténtico interés para atender los problemas y rendir cuentas.

Como evidenciaron Causa en Común, México Evalúa y México Unido Contra la Delincuencia, no tenemos ni la policía que queremos, ni los ministerios públicos que deseamos, ni las políticas de prevención que necesitamos. Esto nos lleva a que la incidencia de los delitos dependa del comportamiento criminal y no así de las instituciones encargadas de nuestra seguridad; a que los registros de incidencia delictiva sean incompletos, inexactos o intencionalmente equivocados; a que las autoridades locales sigan sin implementar protocolos pese a los acuerdos firmados y a que haya una constante falta de rendición de cuentas en materia de seguridad y justicia.

En días pasados el Presidente de la República afirmó que hay países que están peor que México en cuestiones de inseguridad. Una desafortunada pero cierta declaración, hay países en América Latina que viven una terrible crisis con tasas de homicidio 5 o 6 veces mayores que la mexicana. Que esta declaración sea verdadera no la hace menos desafortunada e insensible ante el efecto que en nuestro país han tenido por lo menos dos décadas de inseguridad constante, de las miles de vidas tocadas por el delito y de los miles de millones de pesos gastados en seguridad. Esta declaración se vuelve aún más desafortunada si no podemos afirmar que actualmente tenemos mejores instituciones y líderes con un mayor compromiso por nuestra seguridad.

Puede que la comparativa semestral de datos oficiales presente descensos, que parezca que el rumbo es el adecuado, sin embargo, un análisis más puntual y objetivo de la incidencia delictiva apunta a que aún falta mucho por avanzar. El reto que tenemos frente a nosotros es aún mayor si pensamos que nuestras autoridades están más concentradas en excusarse y apuntar que no somos los peores, en lugar de comprometerse en llevar a este país a los índices de desarrollo y seguridad que por tanto tiempo hemos esperado.

FRANCISCO RIVAS

Director General @frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, abril 2015.

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Desde julio de 2013 hemos ido entregando mensualmente análisis rigurosos de los delitos de alto impacto cuales homicidio (doloso y culposo), secuestro, extorsión, robo con violencia y robo de vehículo. En 2014 agregamos como unidad de análisis el robo a casa habitación, el robo a negocio y el robo a transeúnte. Al mismo tiempo iniciamos un trabajo profundo para entender y explicar qué sucede alrededor de la trata de personas, ahondamos en secuestro, extorsión y de otros delitos patrimoniales.

En el marco de las investigaciones llevadas a cabo a lo largo de éstos dos años hemos explicado qué está sucediendo en el país en materia de seguridad, expuesto las inconsistencias que se presentan cuando las autoridades estatales publican sus informes delictivos, los subregistros de la estadística criminal, la opacidad y la falta de transparencia y rendición de cuentas de ciertas autoridades, pero también hemos destacados los avances y logros alcanzados por los responsables de la seguridad del país.

Los logros principales obtenidos en este proceso son:

1. La toma de acciones por parte del gobierno federal para desarrollar un proceso de homologación de la información en materia de incidencia delictiva.
2. Los conteos accesibles para todo el público de número de víctimas en materia de homicidio, de secuestro y extorsión. 3. La incorporación de las cifras de secuestros denunciados a la federación.

4. Los indudables avances en materia de transparencia y rendición de cuentas en estados como Aguascalientes y Chiapas.

Parte de estos logros se obtuvieron gracias al trabajo colegiado con organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia, México Evalúa, Causa en Común, Alto al Secuestro, Centro Integral del Desarrollo (CIDAC), el Instituto Mexicano de la Competitividad, Más Ciudadanía, entre otras. Organizaciones ciudadanas que, desde su conocimiento acumulado, han logrado poner en evidencia algunas de las principales falencias de las acciones de seguridad, proponer acciones de mejora, e incluso, participar activamente en algunos proyectos que han mejorado la calidad del algunas aristas del modelo de seguridad vigente.

Desde el Observatorio Nacional Ciudadano hemos tenido muchas horas de trabajo académico y de reuniones con las autoridades para lograr consensos, exponiendo los avances en diferentes foros, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y disminuir el número de víctimas en el país mediante la obtención de diagnósticos oportunos y específicos, que sean una fotografía suficientemente cercana a la realidad que viven las personas entorno al delito. Hemos dicho reiteradamente que si no contamos con diagnósticos precisos es altamente probable que las políticas públicas de seguridad también sean inadecuadas.

A pesar de los avances obtenidos, esta primera tarea aún no está concluida, pues todavía la información oficial que contamos no es lo suficientemente consistente y robusta para comprender con mayor precisión el fenómeno delictivo. Una vez que logremos ello, podremos diseñar mejores indicadores que nos permitan entender el comportamiento de delitos y las variables que operan para que estos ocurran. En el Reporte de los delitos de alto impacto. Abril 2015, por ejemplo, encontramos que las denuncias de los delitos de homicidio doloso, secuestro y extorsión han bajado con respecto a marzo, sin embargo al observar su comportamiento en un periodo más amplio se observa que los homicidios intencionales, desde 2011 presentan una reducción en la frecuencia de su ocurrencia, mientras que el secuestro y extorsión muestran una baja significativa desde el 2013, año en donde se alcanzaron los máximos históricos.

En el caso de las denuncias de los robos en abril de 2015, a excepción del robo a transeúnte, disminuyeron con respecto al mes anterior, pero en un análisis de mayor plazo se distingue que por ejemplo, el robo a casa habitación es mayor que el robo a transeúnte.
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Presentación
En el caso del secuestro ¿qué significa su tendencia a la baja? Hoy no sabemos, no tenemos suficientes elementos para poder entender a qué se debe ¿Las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro-UECS- están logrando desactivar las bandas y disuadir este delito? ¿Los delincuentes están migrando a otros negocios más lucrativos? ¿La población ha dejado de confiar en la autoridad para denunciar este tipo de ilícitos? ¿No se están contabilizando correctamente los eventos suscitados en las distintas localidades del país? Las respuestas para contestar a estos cuestionamientos no las tenemos porque los números están construidos sólo para explicar los cuántos y no los cómo.

Para intentar dar con los cómo serán determinantes los futuros pasos que el Observatorio y las autoridades lleguen a dar. Probablemente la política de combate al secuestro sea el semillero que nos ayude a entender cómo construir políticas locales exitosas para reducir el número de delitos cometidos en las entidades y por eso hacemos un llamado a la Coordinación Nacional Antisecuestro para dar a conocer los indicadores objetivos y auditables el desempeño de las UECS.

Este será un trabajo complejo que requiere de apoyo ciudadano y, como escribí en el portal La Silla Rota mi columna ser sociedad civil en México es difícil1:

hoy te invito a que te sumes en una causa; tú elige cuál, hay muchas maneras de apoyar, desde retuitear hasta participar activamente con alguna organización. Pero lo importante es que te conviertas en parte de esta masa que debe crecer y que esta compuesta de personas que buscamos una sociedad donde la dignidad humana siempre sea respetada, donde el acceso a la justicia sea parejo para todos y donde la ley proteja los derechos de los individuos y de la sociedad.

Si no sabes por donde empezar, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) te compartimos nuestra experiencia y te ayudamos a aprender cómo hacerlo. La experiencia que hemos madurado en conjunto con México Evalúa A.C. en activar a la sociedad civil local a través de nuestros observatorios estatales, regionales o municipales, pertenecientes a la #RedObservatoriosSeguridad, nos ha permitido madurar una experiencia de cómo ser un actor relevante es posible. Ser sociedad civil en México es difícil pero la urgencia que tenemos de mejorar las condiciones del país nos lleva a afirmar que enfrentar los resultados de la inacción sería aún peor.
FRANCISCO RIVAS

Director General @frarivasCoL

Incidencia de los delitos de alto impacto en México 2014. Reporte anual

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El 2014 fue un año de grandes eventos en la agenda de seguridad del país: la creación de una Coordinación Nacional contra el Secuestro y la Extorsión (CONASE); las intervenciones por parte del gobierno federal en Estado de México, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, así como los terribles eventos de Tlatlaya e Iguala que pusieron en tela de juicio el desempeño de la federación en esta materia.

En este complejo escenario medir los resultados de estas intervenciones es difícil, si analizamos los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) podríamos pensar en un éxito importante en la política de seguridad, puesto que 5 de los 6 delitos de alto impacto presentaron bajas importantes. En el caso de homicidio doloso, la disminución es concordante con la tendencia dominante desde 2011, el secuestro y la extorsión presentaron disminuciones luego de alcanzar niveles históricos en 2013. Además de que se aprecia que únicamente el homicidio culposo presentó un incremento por quinta vez consecutiva.

Sin embargo, la situación alrededor de cada delito debe ser estudiada con más detalle para entender qué está sucediendo en el país en esta materia, ya que un aspecto central es distinguir entre la cantidad de delitos cometidos y la calidad de los mismos. A continuación presentamos las principales debilidades en la cantidad de delitos registrados y publicados en las bases del SESNSP:

1. El primer punto a señalar que es válido para todos los delitos, es que en caso de concurrencia de delitos, es decir, cuando son cometidos en el mismo evento más de un ilícito (robo, secuestro, homicidio) no tenemos la certeza sobre cómo lo registran estadísticamente a partir de la clasificación del hecho acorde con los criterios jurídicos del ministerio público. Esta circunstancia hace que existan un serie de interrogantes que no solo atañen la investigación del crimen sino la recopilación de la información respectiva. ¿Se registra exclusivamente el primer incidente que da pie a la denuncia, averiguación previa o carpeta de investigación? ¿Se registran todos los delitos cometidos? ¿Se reporta el homicidio cometido? ¿El homicidio es clasificado como delito culposo o doloso?

Esta primera situación puede implicar un subregistro de delitos que desconocemos: qué tan importante pueda ser o, por ejemplo, cuántos ilícitos concurrentes no permiten saber el número de secuestros o violaciones. Por otro lado, genera una importante asimetría en función de la cantidad de delitos registrados por entidad federativa pues pareciera que existen los incentivos necesarios para que las autoridades estatales opten por informar inadecuadamente sobre la incidencia delictiva.

2. La autoridad federal ha decidido utilizar el homicidio como el indicador más importante en materia de seguridad y violencia, los descensos reportados de este delito que comenzaron a mediados de 2011, podrían sustentar la postura del gobierno de la república respecto a que la política de seguridad ha sido exitosa. No obstante, sin negar dicha reducción es importante subrayar la posibilidad de subregistros debidos a diversos factores tales como una disminución de la confrontación entre bandas, fruto de años de políticas de desarticulación de las mismas o de equilibrios alcanzados en las plazas; a subregistros por personas clasificadas como desaparecidas y que por lo contrario yacen en las fosas clandestinas a lo largo del país o simplemente la manera en que las procuradurías y fiscalías locales clasifican el delito.

3. Tomemos el ejemplo anterior: un robo que lleva a un secuestro, el cual conlleva una violación y finalmente concurre en un homicidio. En este caso, en el colectivo imaginario el delito debería clasificarse como homicidio doloso, mientras que las autoridades a lo largo del país lo clasificarían como un homicidio culposo, alegando que la intencionalidad del evento es el secuestro y no el homicidio. Pongamos otro ejemplo, en un asalto la víctima se resiste a ser atracada y recibe un disparo mortal; siendo el robo y no el homicidio la intención del delito, muy probablemente este se clasificará como un homicidio culposo. Justamente este tipo de situaciones son las que podrían explicar porqué se ha registrado el importante descenso del homicidio doloso y el comportamiento al alza del culposo.

4. En relación con el secuestro es fundamental reconocer la reducción de los número reportados en el ámbito nacional, la cual podría hacernos pensar que la política antisecuestro está teniendo efectos positivos pese a que continuamos viendo situaciones graves en diversas entidades como Tamaulipas, cuya tasa por cada 100 mil habitantes supera el índice nacional y donde la autoridad local parece no tener interés en rendir cuentas ni en atender el problema.

De la misma manera que reconocemos el descenso de las denuncias de este delito es importante admitir que existe un subregistro de secuestro como expusimos ampliamente en nuestro estudio Análisis integral del secuestro en México. Cómo entender la problemática. Una de las principales debilidades de la estadística de este delito disponible en el SESNSP radica en que no se reportan todos los casos de los supuestos de secuestros contemplados en el Artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro (LGPSDS), solo se están tomando en consideración los secuestros extorsivos y se están dejando de lado, por ejemplo, los secuestros exprés. Aunado a ello, de acuerdo con algunos ejercicios realizados en materia de transparencia se pudo detectar que los secuestros de migrantes en muchas ocasiones no solo no son contabilizados sino investigados por las autoridades correspondientes.

Asimismo es fundamental conocer con mayor detalle la efectividad de la estrategia antisecuestro a través de indicadores de efectividad del trabajo de las Unidades Especializadas Contra el Secuestro (UECS) mediante microdatos más puntuales sobre la actuación de cada una de ellas. Esto significa que necesitamos conocer el número de víctimas rescatadas, los porcentajes de bandas desarticuladas, el monto del dinero recuperado, en qué momento y cómo se rescatan a las víctimas para así poder tomar como ejemplo para el combate de otros delitos esta experiencia.

5. El marcado descenso en los registros de extorsión podría parecer un dato positivo; cuando se piensa en una disminución de casi el 30% se tiene la tentación de considerar un gran logro de acciones implementadas en esta materia. Muy probablemente las campañas informativas que le advierten a potenciales víctimas de extorsiones telefónicas, han logrado que cada vez más gente no ceda dichos engaños o amenazas que suelen ser realizadas desde los centros de readaptación social (CERESOS) del país.

Al respecto, vale la pena recordar que los CERESOS en muchos casos carecen de bloqueadores de señal de telefonía celular, que aún donde hay bloqueo de señal celular existen complicidades entre las autoridades penitenciarias y los internos, para que a estos último les sea permitido continuar delinquiendo desde los centros de reclusión y que aunado a este complejo escenario no se observa una política específica de combate a la extorsión presencial.

Asimismo no debemos olvidar que la marcada disminución de los registros de este delito también se debe a la manera en la que algunas entidades optaron por registrar la extorsión. Hasta 2013 algunas entidades registraban estadísticamente solo el delito consumado mientras que otras registraban las tentativas del hecho delictivo; a partir de 2014 las entidades solo registran los casos en donde la víctima pagó, esto significa que probablemente hay menos víctimas de este delito pero indudablemente hay menos registros del mismo, sin que ello implique una disminución neta de su incidencia. Otro aspecto a destacar en cuanto al registro radica en que a pesar de que exista una norma técnica, ello no determina que las entidades reporten la información sobre incidencia delictiva acorde con dichos criterios, simplemente observemos el caso de Nayarit que no reporta las averiguaciones previas iniciadas por distintos ilícitos como la extorsión.

6. En cuanto a las distintas modalidades de robo, resulta significativa su disminución sobre todo si se trata de aquellas conductas relacionadas con otros ilícitos, como es el caso del robo de vehículos. Sin embargo, inclusive detrás de dicha reducción existen una serie de aspectos técnicos desatendidos y al mal desempeño de las instituciones para motivar la denuncia ciudadana, ya que de acuerdo con las encuestas de victimización levantadas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) generalmente la gente no suele denunciar los hechos delictivos por causas atribuibles a la autoridad.

Por otro lado, en materia de robo la implementación del nuevo sistema de justicia penal implica un reto en cuestión del registro de los robos cometidos sin violencia que hasta el momento no ha sido atendido. Ello se debe a que con la implementacion de este nuevo sistema, los casos de delitos no graves como son los robos sin violencia, tienen la posibilidad de resolverse mediante sistemas alternos de justicia. Toda vez que esto sucede el sistema no permite abrir una carpeta de investigación, insumo para los registros del SESNSP.

7. Otro elemento importante a la hora de analizar el comportamiento del los delitos cometidos en el país, es el número de delitos no denunciados a la autoridad, la famosa cifra negra. Según lo que reporta INEGI el número los delitos no denunciados ha crecido año tras año, pasando del 91.6% en 2011, a 92.1% en 2012 y 93.8% en 2013. Es decir que el dato más reciente indica que en el país se denuncian únicamente 6 de cada 100 delitos, que en el caso del secuestro llegan a ser aproximadamente 2 de cada 100 y en el de extorsión sólo 1.5 de cada 100.

Como mencioné previamente, si solo calificamos los avances y retroceso en materia de seguridad a partir de un enfoque nacional, aparentemente el problema de seguridad ha mejorado. No obstante, ese sería un acercamiento inadecuado para la crisis que enfrenta la población pues implicaría ignorar que hay zonas del país en donde de manera sistemática e impune se comete cualquier tipo de ilícito. Ejemplos de esto, se pueden apreciar en la situación de Guerrero pues fue la entidad con más homicidios dolosos durante 2014 y sobresale el caso de uno de sus municipios, Acapulco, pues registró la mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Asimismo vale la pena recordar la cantidad de secuestros ocurridos en Tamaulipas, los niveles de extorsiones reportados en Morelos y Nuevo León o bien la incidencia de robos de vehículo en Baja California durante 2014.

Lanzar las campanas al vuelo y decir que estamos en el mejor momento de seguridad es sencillo y más aún si no vives, por ejemplo, en un municipio donde pareciera que el secuestro, la extorsión y el homicidio doloso son norma. Reafirmar casi como si fuera mantra, la mejora indiscutible de la seguridad del país sin tomar en cuenta los aspectos técnicos particulares que hemos mencionado también es fácil, ya que en cierta forma implica cerrar los ojos a la autocrítica y aceptar que aún falta mucho por hacer. Es momento que las autoridades entiendan la importancia de la información de calidad en materia de seguridad. Que entiendan que mala información genera malos diagnósticos, un deficiente combate frente a la delincuencia y, finalmente, la falta de acceso a la justicia para muchas personas.

En los últimos años hemos perdido decenas de miles de vidas, hemos promovido el rencor social, generado costos económicos y no económicos por una lucha contra el crimen basada en la reacción, no en la prevención y la resolución de los conflictos que generan la inseguridad. Debemos pasar de las políticas públicas sustentadas en acuerdos políticos y no en evidencia empírica para que contemos con una verdadera seguridad humana en México.

A través de este documento, desde el Observatorio Nacional Ciudadano hacemos un llamado a las autoridades locales a que asuman con responsabilidad el liderazgo en este tema; a las autoridades federales a que continúen trabajando para mejorar tanto la calidad de la información como los sistemas de atención a víctimas y a cada una de las personas a que se sumen de manera corresponsables en la lucha contra toda forma de ilegalidad y violencia para que vayamos construyendo un importante contrapeso ante los retos que la realidad del país nos demanda.

 

FRANCISCO RIVAS
Director General
@frarivasCoL

Reporte sobre delitos de alto impacto. Febrero 2015

En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) renovamos diariamente nuestro compromiso social para lograr un México seguro, pacífico y justo; que cuente con un marco normativo que sea respetado por todos sin importar la edad, la profesión, el estrato económico al que uno pertenezca o el puesto que cada quien desempeñe. Un país en donde el respeto y el acatamiento de la norma sea lo que fomente y propicie tanto el desarrollo personal como el nacional, un país en el cual la ley se aplique sin distingos ni agendas políticas.
Sin lugar a dudas, este es un gran desafío sobre todo si tomamos en consideración que en semana recientes no solo ha sido evidenciado el rechazo y la aparente inexistencia de la norma sino sus profundas implicaciones sociales como la desconfianza hacia las instituciones públicas y entre los propios ciudadanos. Esta podría parecer como algo menor o sin importancia, sin embargo, se trata de un factor sumamente serio que conlleva un impacto negativo en las expresiones de participación ciudadana, en el tejido social y en el desarrollo económico.
Como parte de nuestra contribución para lograr mejorar las condiciones por las que atraviesa México, en conjunto con otras organizaciones sociales, hemos dado seguimiento puntual no solo a las estadísticas oficiales sobre incidencia delictiva sino que hemos identificado una serie de fortalezas y debilidades de las instituciones de seguridad y justicia, así como de la sociedad civil en nuestro país. Los análisis que llevamos a cabo mensualmente más allá de que tienen como principal objetivo, identificar objetivamente los avances y retrocesos, han dado a conocer importantes áreas de oportunidad en las instancias involucradas en el tema que deben ser atendidas si lo que realmente se pretende es garantizar la seguridad ciudadana y que prive dicho paradigma. Un ejemplo de ello, es la debilidad o inexistencia de procesos homologados y no seccionados de sistematización de la información estadística sobre incidencia delictiva que da como resultado una serie de insumos cuantitativos de baja calidad y poco rigurosos.
Identificar ese tipo de cuestiones es fundamental pues los diagnósticos que solo son una lectura superficial del problema, ajenos a las dificultades y prácticas institucionales, poco o nada aportan en la toma de decisiones pertinentes. Justamente debido a lo que se desempeña desde la sociedad civil, podemos afirmar que parte de la debilidad en el combate de la inseguridad y la violencia son los diagnósticos imprecisos sobre la delincuencia. Ello tiene serias consecuencias como el diseño e implementación de políticas públicas inadecuadas o el uso ineficiente de recursos que no tienen el impacto que deberían tener para controlar, desincentivar y prevenir la criminalidad.
Esto ha sido lo que ha sucedido en el caso del secuestro pues en los últimos 20 años, la sociedad mexicana se ha organizado y volcado vez tras vez a las calles, logrando que las autoridades atiendan el delito de una manera aparentemente contundente. Es cierto que parece que ha disminuido la incidencia de este delito, pero estamos conscientes de que nos encontramos aún muy lejos de que este crimen se haya logrado disminuir a su mínima expresión y mucho menos erradicarlo.
A lo largo de las dos últimas décadas, miles de vidas han sido marcadas por este terrible delito y así como señalamos cuando las cifras son elevadas en los delitos de alto impacto, hacemos mención que desde diciembre de 2014 se contabilizan menos de 100 averiguaciones previas de secuestro en el fuero común en el ámbito nacional. Es cierto que este es un avance importante, sin embargo, no podemos dejar de lado que el delito sigue reportándose inadecuadamente en las procuradurías locales, es decir, eligiendo criterios de registro personales y no los supuestos de la ley general en la materia o la enorme cantidad de casos que no se denuncian. Además de que faltan por ser considerados todos aquellos secuestros de migrantes cometidos en las distintas entidades federativas.
De la misma manera en que hacemos referencia a los puntos críticos o débiles de los análisis oficiales, hay que destacar que recientemente contamos con nuevos indicadores sobre el secuestro que nos permitirán complementar parcialmente las investigaciones sobre este tema. Se trata de las estadísticas sobre secuestros del fuero federal, que hasta el momento dan cuenta de 84 casos durante el primer bimestre de 2015 que a la par deben tomarse en consideración con los 188 casos del fuero común.
Gracias a la acción conjunta de Edna Jaime, María Elena Morera, Andrea Ambrogi, Alejandro Martí y Miguel Treviño, invitados permanentes al Consejo Nacional de Seguridad, así como a organizaciones como Alto Al Secuestro, México Unido Contra la Delincuencia o a la Red de Observatorios del ONC logramos que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) empezara a publicar las cifras de víctimas de secuestro, homicidio y extorsión, a parte del número de averiguaciones previas en 2014. Ello mismo ha sido posible a principios de 2015, con los registros de secuestros del fuero federal. Estos son importantes resultados de la sociedad civil y confiamos en que estos pasos nos permitirán contar con diagnósticos más precisos y, por ende, con decisiones más certeras para combatir y erradicar este delito. La experiencia de algunos países de nuestra región y de otras latitudes del mundo lo han logrado, por lo tanto, es inaceptable pensar que una familia más pase por este dolor en México.

Robo en México, ¿un delito cotidiano? Análisis sobre sus tendencias y desafíos

“El crimen es una condición necesaria
de la existencia organizada.
La sociedad es esencialmente criminal”.
Joseph Conrad

En las últimas dos décadas México ha enfrentado una innegable crisis de inseguridad caracterizada por altos índices delictivos y el ejercicio de diversos tipos de violencia. Las historias alrededor de homicidios, secuestros, desapariciones y extorsiones; tristemente se han descrito en las páginas de los diarios nacionales e internacionales dando cuenta de los eventos cotidianos de los cuales somos testigos o víctimas en nuestro país. Con la entrada de la nueva administración federal se intentó matizar la crisis con una nueva narrativa que expresase confianza en que la situación mejoraría, a través de la eficacia en la actuación de las autoridades y poniendo énfasis en los resultados en materia de seguridad más que en los problemas en sí.

No obstante, los terribles actos de corrupción, de colusión de las autoridades con la criminalidad organizada, la aparente incapacidad del Estado de hacer frente a la violencia, que vimos hacia el último cuatrimestre del año, trajo de vuelta la discusión sobre los elevados índices delictivos del país y la violencia e inseguridad que hoy vivimos. Evidentemente, la atención de especialistas y de diversas organizaciones de la sociedad civil se ha volcado alrededor de los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero, en los cuales desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Quisiéramos decir que únicamente en ese municipio guerrerense se está presentando esta crisis significativa en materia de seguridad y de derechos humanos. Sin embargo, lamentablemente, esto no es así pues en el resto del país la problemática de delincuencia y violencia no ha cedido y diariamente decenas o centenas de personas continúan padeciendo esta crisis. Esto claramente hace evidente la ausencia de una estrategia de seguridad efectiva para garantizar la paz de la sociedad mexicana y la urgencia de encontrar un rumbo efectivo para combatir la delincuencia. Seguir leyendo →

Reporte sobre delitos de alto impacto Septiembre

Descarga el reporte completo aquí 

PRESENTACIÓN
Recordaremos septiembre de 2014 como el mes de la administración del presidente Peña Nieto en el cual la narrativa oficial ya no pudo continuar minimizando las condiciones de inseguridad y violencia que permanecen en distintas regiones de México. Será el periodo a partir del cual los verdaderos avances en la materia forzosamente deberán ir de la mano del acceso a la justicia para las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. Ello se debe a que durante este mes se consumaron hechos en los cuales ha sido más que evidente la colusión de autoridades con el crimen organizado, la incapacidad de control, la respuesta tardía, así como la falta de protocolos de las instituciones de seguridad y procuración de justicia como ha sucedido no solo en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.
Lamentablemente, desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) no podemos decir que este tipo de acontecimientos son aislados. Durante años hemos visto que la corrupción, la impunidad crónica y la falta de capacidad institucional se han mantenido vigentes y enraizados en nuestra sociedad a la par de los altos niveles de criminalidad de acuerdo con las cifras oficiales. Las estadísticas disponibles en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) nos dan cuenta de una considerable cantidad diaria de delitos de alto impacto que no necesariamente representa la incidencia delictiva total, ya que solo refleja la cantidad de averiguaciones previas y no hay bases metodológicas ni criterios homologados para su recopilación ni sistematización.
Una y otra vez hemos destacado que los diagnósticos iniciales con los cuales la autoridad toma decisiones estratégicas en materia de seguridad a lo largo del país parten de información inexacta, incompleta o francamente equivocada. Ello puede observarse de manera clara en lo sucedido en Iguala, pues en la estadística oficial de Guerrero que mensualmente analizamos no se encontró evidencia suficientemente clara de lo sucedido. Como veremos esto no solo se debe al alcance limitado que pueden llegar a tener los datos reportados en el formato del Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública (CIEISP), sino por la propia confusión que han generado las autoridades y las propias consignaciones de los implicados en los actos cometidos contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Seguir leyendo →