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Reporte sobre delitos de alto impacto, marzo 2017

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La información estadística sobre carpetas de investigación reportadas por las procuradurías y fiscalías generales de los estados revelan que continúa el alza de la incidencia delictiva, sin que existan políticas que logren frenar este fenómeno. Debido a esta situación, nos preocupa de sobremanera que aparentemente la crisis de seguridad y violencia por la cual atraviesa México no ha logrado detenerse en lo absoluto, al contrario continúa avanzando en detrimento del bienestar de la población.

Una prueba de lo anteriormente mencionado puede apreciarse si se compara la incidencia del primer trimestre de 2017 respecto a la del mismo periodo de años anteriores, pues los delitos de alto impacto aumentaron de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En este sentido vale la pena señalar que si se contrastan los valores absolutos del primer trimestre de 2017 con el mismo lapso de 2016 se aprecia el incremento de 29.48% de los homicidios dolosos, de 12.57% de los homicidios culposos, de 19.75% de los secuestros del fuero federal y común, de 29.55% de las extorsiones, de 32.31% de los robos con violencia, de 13.10% de los robos de vehículos, de 3.18% de los robos a casa habitación, de 47.43% de los robos a negocio, de 31.69% de los robos a transeúnte y de 5.74% de las violaciones.

Es importante mencionar que si analizamos únicamente la incidencia delictiva de marzo de 2017 y se compara con la del mes previo se observa, de igual manera, un comportamiento al alza.

Llevamos varios meses diciendo que dicho mes ha sido el peor en términos de violencia de los últimos años. Iniciando el año hablamos de cómo enero de 2017 había sido el mes con más homicidios del sexenio; cuando obtuvimos los datos de febrero analizamos si el bimestre 2017 era el peor de esta administración federal. Ahora podemos a rmar que el primer trimestre de 2017 ha sido peor no solo del sexenio sino desde que se cuenta con esta información estadística.

El panorama actual en materia de seguridad y justicia es sumamente complejo, nuestro país vive una crisis de violencia mientras las causas que la detonan continúan siendo las mismas que han sido identificadas por años y de las cuales tanto se ha hablado:

  • La lucha entre grupos de delincuencia organizada, y de estos contra el Estado, con la nalidad de obtener el control de determinados territorios.

 

  • La debilidad institucional para controlar y combatir el delito.
  • La corrupción de autoridades, mandos e incluso de la sociedad misma a partir de la cual se favorece la entrega territorios a grupos de delincuencia organizada, se desfalcan las nanzas públicas afectando la capacitación, equipamiento,infraestructura, salarios, prestaciones, desarrollo y motivación de policías, ministerios públicos y peritos.
  • La poca capacidad y falta de resultados frente al lavado de dinero.

  • La relativización y minimización del aumento de la falta de seguridad, la delincuencia y la violencia con la que responden las autoridades a cuestionamientos basados en evidencia.

Es innegable que la actual crisis de seguridad humana se desprende del actuar de las organizaciones delincuenciales. Sin embargo, tampoco se puede negar que la carencia de una estrategia y un compromiso real de las autoridades por poner todos los esfuerzos del Estado en la mejora de las condiciones de seguridad, abonan a que continúen perpetrándose todos aquellos ilícitos y actos violentos que han deteriorado nuestro bienestar.

Sin lugar a dudas, la información de incidencia delictiva de marzo de 2017 pone en evidencia que las acciones implementadas por nuestras autoridades carecen de efectos positivos en términos de mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Cada vez se vuelve más difícil tener una visión fresca ante el cúmulo de repeticiones de acciones ine caces e ine cientes que el Estado ha llevado a cabo en respuesta a la violencia.

Cada vez es más difícil decir algo nuevo sobre por qué estamos sumidos en esta crisis y cuáles son las posibles soluciones, en un escenario que se repite a sí mismo en acciones fallidas y resultados que incumplen.

Mientras el combate a la corrupción y lavado de dinero sea una simulación, mientras
las autoridades no rindan cuentas de su actuar, mientras no se reconozca la profunda crisis institucional que se vive, y mientras no se cumpla cabalmente con lo que la ley manda, los mexicanos viviremos este escenario en el cual periódicamente nos preguntamos: ¿este fue el peor mes del sexenio?

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte sobre delitos de alto impacto, febrero 2017

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Con base en la información del número de carpetas de investigación iniciadas en procuradurías y scalías de los estados, la incidencia delictiva parece seguir al alza sin que existan políticas que logren frenar este fenómeno. Esto es evidente si se comparan las

tasas por cada 100 mil habitantes, reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del 1er bimestre 2016 contra las del mismo periodo de 2017, pues podemos observar en el Reporte sobre delitos de alto impacto. Febrero 2017, que de los diez delitos analizados ocho aumentaron (homicidio doloso, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, robo a negocio y robo a transeúnte); mientras que se puede decir que el robo a casa habitación casi permaneción sin alteración alguna pues solo disminuyó 0.24% y las violaciones decrecieron apenas 1.70%. Estos datos asumen una connotación más grave si vemos que la tasa de robo a negocio presentó un aumento de casi 52%, extorsiones y robos con violencia del 32% cada uno, robo con violencia del 31%, los homicidios dolosos y robos de vehículo un 12% en ambos casos.

Los datos muestran que evidentemente 2017 presenta un escenario más peligroso para los ciudadanos del que se tuvo en 2016. El panorama es complejo si se busca dar una respuesta sobre las causas de esta innegable crisis de violencia que vive el país -más si se considera que llevamos años escuchando cómo los mismos factores producen los mismos resultados-.

La violencia se mantiene vigente debido a factores como la lucha que los grupos de delincuencia organizada mantienen entre sí y contra el Estado por controlar los territorios locales; la falta de pericia, capacidades, equipamiento y coordinación de las autoridades; la corrupción de las autoridades que favorecen o entregan territorios a los cárteles de

la droga, que desfalca las nanzas públicas afectando capacitación, equipamiento, infraestructura, salarios, prestaciones, desarrollo y motivación de policías, ministerios públicos y peritos; la crisis económica que funge como caldo de cultivo para la comisión
de delitos; las debilidades de los operadores del sistema de justicia que, tras la plena implementación del sistema adversarial, fallan en lograr un proceso apegado que sancione culpables y permita reparación del daño y acceso a la justicia para las víctimas.

Otro factor relevante es la relativización y minimización con la que las autoridades responden a las evidencias del aumento de inseguridad, delincuencia y violencia. Tomemos como ejemplo las declaraciones del Presidente Enrique Peña Nieto, quien dice que “la crisis está en nuestras cabezas” o la presentación del procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, quien en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, hablando de los resultados en materia de seguridad en esta entidad omitió reportar los delitos al alza como el homicidio doloso y presentó sólo los casos de delitos a la baja.

La deuda que los gobiernos locales mantienen con todos los mexicanos la puso en evidencia el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, al mencionar
que muchas autoridades estatales y municipales siguen gastando mal nuestros recursos destinados a la seguridad, en la expectativa que la federación resuelva lo que ellos pre eren no atender.

Febrero 2017 es un mes que pone más en evidencia que las acciones implementadas
por nuestras autoridades carecen de efectos positivos en términos de mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. A través de este Reporte buscamos llamar la atención de la opinión pública y de quienes manejan la seguridad del país. Desde el Observatorio Nacional Ciudadano renovamos nuestra disposición en donar nuestro trabajo para mejorar las políticas de seguridad y justicia con quien muestre un genuino interés en trabajar rindiéndole cuentas a la sociedad.

Reporte mensual de delitos de alto impacto, diciembre 2016

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En las últimas semanas pareciera que solo hay una nota de interés para los medios de comunicación: la relación entre nuestro país y los Estados Unidos de Norteamérica. En los noticiarios de cadena nacional, medios impresos, electrónicos y artículos de opinión,

la principal nota informativa gira en torno a qué hace y declara el presidente de la nación vecina, y provoca un gran interés debido a que nadie en la historia moderna ha usado la xenofobia y discriminación como elementos de una estrategia de gobierno.

Es una realidad que el mundo en general y los mexicanos en particular, vivimos el peligro de un gobernante poderoso que ha mostrado desprecio por la ley y por todas aquellas circunstancias que no le resultan convenientes. La relación con un gobierno hostil, sin duda se vuelve prioritaria para nuestro país, más cuando este es nuestro primer socio comercial y vecino.

Sin embargo, no deben pasar a segundo plano los problemas internos por los cuales atraviesa México pues justamente su falta de resolución efectiva ha permitido que se perciba como un país en conflicto durante varios años. Es un hecho que la imagen que se ha concebido alrededor de nuestro país no es gratuita y, en buena medida, se ha derivado de la atención de ciente que nuestras autoridades han brindado al combate frente a la delincuencia, a la corrupción y a la impunidad crónica. Por lo tanto, si bien es necesario atender los efectos que pueden conllevar tanto los dichos como las decisiones del presidente estadounidense no se puede dejar a un lado los múltiples pendientes internos que han deteriorado nuestras condiciones de vida y desarrollo.

Desde este perspectiva, debe ser una prioridad el combate de fondo a la corrupción
y la impunidad que no solo debilitan a nuestras instuciones sino que deterioran sistemáticamente nuestras comunidades, se deben aplicar los recursos del Estado de manera impecable en el fortalecimiento institucional para lograr un sistema educativo y de justicia de calidad, se debe apoyar a los sectores desfavorecidos con miras a generar un piso parejo en materia de oportunidades de acceso al trabajo, a micro créditos; impulsando la reconstrucción del tejido social.

Estas son el tipo de acciones que debemos impulsar para fortalecernos como país y lograr una mayor independencia de las amenazas externas. Han pasado cuatro años desde que tomó posesión la nueva administración y si bien en sus inicios, aparentemente hubo una ligera disminución en ciertos indicadores de violencia como el homicidio doloso, lo cierto es que el año 2016 cierra en niveles altamente preocupantes. Este doceavo reporte sobre delitos de alto impacto realizado por el equipo de investigación del ONC da cuenta de los altos niveles que han alcanzado ciertos delitos en comparación con años previos,
lo cual da cuenta que en México permanece una signi cativa deuda en relación con la

seguridad humana y el respeto a los derechos humanos.
El presidente estadounidense se ha declarado una y otra vez como enemigo de México,

despreciando a nuestra gente. Es hora de que las acciones que se llevan a cabo en este país, busquen resolver muchos de los motivos por los cuales nuestros paisanos abandonan sus tierras natales para ir a entregar sus talentos en un país donde hoy viven en peligro de ser marginados, menospreciados y deportados como delincuentes.

México debe velar por su gente, protegerla generando incentivos para que siga aquí, al tiempo que le recuerda al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que muchos
de los problemas que él critica de México, como la presencia de los grupos de delincuencia organizada, en parte se deben a su laxa regulación de armas y su fracaso en reducir el consumo de drogas en su país. México es un gran país, nos toca demostrarlo con acciones y sin demagogia.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, noviembre 2016

 

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En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) continuamos preocupados por los altos índices de delincuencia y violencia, así como por la falta de acciones en el corto plazo y de una estrategia de largo plazo que logre mejorar

las condiciones de seguridad en las que se encuentra el país y generar un respeto a la norma en la sociedad. Lamentablemente, esta preocupación ha permanecido como una constante a pesar que ha transcurrido más de una década en la cual las autoridades han tenido la oportunidad de actuar efectivamente frente a la crisis de seguridad humana y no lo han hecho.

Si comparamos los primeros 11 meses de 2015 contra los de 2016, se puede identi car un aumento de las tasas por cada 100 mil habitantes de 21% de homicidio doloso, 5% en secuestro, 4% en robo a negocio y 4% violaciones. Otros delitos como robo con violencia y de vehículo presentaron incrementos marginales de 0.35 y 0.57%. En sentido opuesto se observa que solo las tasas por cada 100 mil habtantes de homicidio culposo, extorsión, robo a casa habitación y a transeúnte disminuyeron 7, 3, 7 y 9% respectivamente.

Por consiguiente, es un hecho que noviembre de 2016 se caracterizó por graves problemas de homicidio doloso, por el aumento de 6 de los 10 delitos de alto impacto en lo que va del año y, en una visión más amplia, se posiciona como el 5to mes más violento de la administración del presidente Enrique Peña Nieto (desde diciembre de 2012). Desde esta perspectiva, vale la pena retomar que en 2016 se registraron los meses con mayor cantidad de casos de homicidios dolosos reportados o cialmente en el actual sexenio; en primer lugar, se ubica septiembre; en segundo lugar, agosto; en tercer lugar, julio y; en cuarto lugar, octubre, todos estos de 2016.

Cuando el ONC presentó el Reporte sobre delitos de alto impacto. Septiembre 2016, alertando por estos alarmantes números, las autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), minimizaron los datos y usaron la información que en ese momento no era pública relativa a octubre para hablar de una reducción mensual de 6% de los homicidios dolosos (5.62% para ser exactos), como ejemplo de que la estrategia anunciada por el presidente Peña Nieto en el Consejo Nacional de Seguridad(CNSP) para reducir los homicidios en los 50 municipios con mayor incidencia de los mismos, estaba funcionando.

Con los datos de noviembre a la mano podemos ver que el homicidio doloso prácticamente no tuvo variación de octubre a noviembre, ya que el número de carpetas de investigación se redujo apenas 0.75% entre estos dos meses. Sin lugar a dudas, este indicador no solo permite poner en entredicho los discursos halagueños o triunfalistas que han sido pronunciados por distintas autoridades sino la propia eficacia de la medida emprendida por la autoridad federal tres meses después de que esta iniciase.

Desde el ONC insistimos que el homicidio doloso y otros delitos violentos podrán tener reducciones en el corto plazo, sin embargo, ello no implica la mejora de las condiciones de seguridad en el largo plazo. Esto se debe a que seguimos careciendo de corresponsabilidad de los gobiernos locales, continuamos atacando los efectos y no las causas de los problemas; la corrupción sigue debilitando la acción del gobierno, los recursos de las instituciones y manteniendo vigente la impunidad en la sanción a los delitos.

La violencia preocupa y seguramente seguirá siendo una preocupación hasta que no haya un compromiso serio por parte de nuestras autoridades para construir las instituciones de seguridad y justicia que necesitamos, hasta que se incentive el respeto de la norma y se logre debilitar los recursos de los delincuentes, empezando por sus recursos económicos.

A pesar que se ha cumplido una década de la denominada “Guerra contra el narcotrá co”, la delincuencia organizada mantiene su poder debido a que permanecen intactas sus riquezas que les permite continuar comprando voluntades políticas y justicia, que les permite continuar delinquiendo incluso desde penales y abasteciéndose de armas para seguir dominando la vida de tantas personas.

Ante este escenario en conjunto con la actual crisis económica es altamente probable que los robos y secuestros aumentarán en 2017. Frente a ello, es necesario que la autoridad deje de simular, perder tiempo excusándose e invertir todo su capital en generar ese Estado de Derecho que los mexicanos necesitamos para hacer atractivo el país al turismo, la inversión extranjera, proteger los derechos de propiedad para poder progresar y vivir seguros como nos lo merecemos cada uno de nosotros.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, octubre 2016

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Hace diez años el objetivo primordial del Gobierno Federal fue la lucha contra el narcotrá co, 122 capos que tendrían que ser detenidos o abatidos. La llamada “guerra contra el narco” lleva ya una década desde la toma de posesión del ex Presidente Felipe

Calderón, y que, junto con la salida del ejército y marina de los cuarteles y el inicio de las acciones para reducir la violencia en Michoacán, han marcado este trágico periodo, el
más violento en la historia reciente de México. Diez años después del inicio, la situación
se ha convertido en un cúmulo interminable de fracasos para detener la violencia que
se registra en varias regiones del país. Esta cruzada nos ha costado muy cara: 186 297 muertos, hasta el 2015, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 28 937 desaparecidos, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), y 10 934 detenidos por vínculos con el crimen organizado.

Se han alcanzado niveles de violencia nunca antes vistos en nuestro país como desmembrados, decapitados, personas colgadas en puentes, bombazos en plazas públicas en medio de festejos nacionales o incendios de comercios como manifestación de la extorsión presencial, y desde luego, el gasto de miles de millones de pesos destinados a seguridad y justicia que no se pudieron destinar para generar estrategias de educación para la población, ni para hacerlos más competitivos o para brindarles mejores servicios. Genera una gran preocupación que esta década ha normalizado la violencia en la sociedad, estigmatizando internacionalmente la imagen del país, y sin que hoy exista un plan que permita vislumbrar la luz al nal del túnel. Dicho de otra manera, a la mayor parte de la sociedad ya no le impresiona o indigna el nivel de violencia en un contexto donde tampoco se ve cómo se podría transformar esta situación.

Indudablemente, hoy respecto a 2006, contamos con fuerzas federales más equipadas, mejor entrenadas y ya experimentadas en lo que signi ca enfrentar a un enemigo con tantas caras y recursos, el Estado se ha hecho de instrumentos tecnológicos, jurídicos e instituciones destinadas a reducir el embate de la violencia. Sin embargo, es evidente

que el combate a la corrupción, el uso de inteligencia (en particular la nanciera),
la corresponsabilidad de gobiernos locales y sus capacidades siguen siendo tarea pendiente. Hace diez años nos dijeron que la reconstrucción de policías y procuradurías, la modernización del sistema de justicia y la inversión local en infraestructura nos llevaría a ganar la guerra, una década después, repetir el discurso suena trillado y vacío sin que mueva a la acción.

Es importante ser justos y claros, es innegable que un factor fundamental de la violencia tiene que ver con el narcotrá co, sin embargo, existen otros factores. La violencia que vivimos hoy es diferente a la de hace una década, era una obligación ineludible del Estado combatir a los narcos, y el esfuerzo que se hizo en reconstruir las instituciones, así como el sacri cio de muchos es loable, se han detenido o abatido a 100 de los 122 objetivos principales, pero esto no se ha traducido en una disminución de la violencia en el país ni en un debilitamiento de los cárteles de la droga sino todo lo contario, los cárteles han ampliado sus actividades ilícitas, además del trasiego de la droga: secuestran, extorsionan, operan la trata de personas y cometen otros robos como el de combustible. Hoy en México hay más grupos de la delincuencia organizada, la estrategia de combatirlos sigue causando miles de muertos, desapariciones de personas y violaciones a los derechos humanos.

Con esto en mente, podemos inferir que si hoy carecemos de una estrategia y resultados su cientes es porque muchos de los actores fundamentales (gobernadores, alcaldes, autoridades federales) no han cumplido su parte, se dedicaron a robar recursos en contubernio con empresarios, aunado a una sociedad pasiva. Esto ha sido posible porque el combate a la corrupción ha sido incipiente o nulo. Los niveles de violencia no bajan porque hemos insistido en combatir violencia con más violencia y no se tocan los recursos de los delincuentes, que pueden ser detenidos, pero también pueden seguir comprando la justicia o delinquiendo desde los penales. En diez años se ha insistido en la necesidad de trabajar en prevención, pero los esfuerzos por generar incentivos para que las personas vivan y progresen dentro de la ley han sido muy marginales o super ciales.

Ante el reciente repunte de violencia, la federación debe reconocer que la simulación y
las acciones cosméticas no sirven, que urge una estrategia con indicadores de desempeño y resultado, y una ruta crítica que permita medir y entender si estamos avanzando o no y que esta no debe ser emergente, sino debe entenderse como de largo respiro para incidir tanto
en las causas como en los efectos. Hoy vivimos en la incertidumbre, no sabemos si en diez años estaremos igual, mejor o peor; lo que es claro es que no podemos esperar a que a través de la repetición de las mismas estrategias obtendremos resultados diferentes. Debemos romper los lazos de corrupción, reducir el poder económico de los delincuentes y cristalizar esas instituciones locales de seguridad y justicia que tanto nos han prometido y tanto nos han costado a los mexicanos. Urge liderazgo y una ruta para que en diez años no sigamos llorando los muertos, lamentado las pérdidas y sin la esperanza de vivir en un país donde impere la paz y el Estado de Derecho.

FRANCISCO RIVAS @frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, Septiembre 2016

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Descarga el reporte sobre modificaciones a los registros de incidencia delictiva aquí

Los mexicanos nos sentimos inseguros, descon amos de la autoridad y de los procesos de acceso a la justicia. Esto no solo lo con rma el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)

y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), sino que día tras día lo atestiguamos. Si analizamos con detenimiento esta situación, es evidente que difícilmente podría ser de otra manera sobre todo porque pese a que los delitos de alto impacto parecieran estar disminuyendo acorde con las cifras o ciales, los procesos de victimización han aumentado. Un claro ejemplo es lo que está pasando con el homicidio doloso, el cual ha aumentado casi 20% al comparar las carpetas de investigación iniciadas de enero a septiembre 2016 contra el mismo periodo de 2015 de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Asimismo hemos leído casos de robos con violencia sufridos por la secretaria particular del procurador capitalino, el embajador de Trinidad y Tobago y su familia, y el de un alto ejecutivo de una de las escuderías que compitieron en el Gran Premio de la Ciudad de México hace algunos días. Todas estas personas cuentan con redes y aparatos de seguridad que debieron minimizar estos riesgos, pero, no lo hicieron no obstante a pesar de haber atravesado por esta experiencia victimizante, estas personas pueden acceder más fácil a la justicia, a diferencia de lo que ocurre con la mayor parte de la población.

Aunque nos duela admitirlo, vivimos en un país inseguro, violento y con alta incidencia delictiva. Aunque nos duela admitirlo vivimos en un país en el cual la autoridad invierte más tiempo justi cando la falta de resultados, descali cando el análisis de expertos y negando la realidad, más que trabajando en generar instituciones e caces y con ables para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

En este sentido deberíamos preguntar por qué, a pesar de haber gastado miles
de millones de pesos en la última década en capacitación, reingeniería institucional, equipamiento y tecnología, controles de con anza y contrataciones, seguimos teniendo policías y procuradurías con personal mal tratado, mal pagado, mal capacitado, mal equipado, insu ciente y poco con able. ¿Quién se ha enriquecido a costa de nuestros impuestos? ¿Por qué nadie responde ante la falta de capacidades institucionales y, por ende, la falta de resultados en la materia?

En un momento donde la crisis de seguridad y violencia debería ocuparnos en buscar responder a estas y otras preguntas, surge una propuesta que como mínimo debemos cali car de irresponsable y que parece caer en tierra fértil: modi car el artículo 10 de la Constitución, para que los ciudadanos podamos portar armas en autos y comercios para “autodefendernos”. Sí, es una propuesta equiparable a lo que sucedía hace más de tres siglos en el Viejo Oeste, al no haber un Estado capaz de proteger a los ciudadanos, por lo que ellos debían hacerlo por sí mismos.

El senador panista, Jorge Luis Preciado artí ce de esta propuesta, dice que pretende “darles armas a los buenos ciudadanos” mediante una especie de proceso de control de con anza. Probablemente, el senador Preciado desconoce los innumerables casos de policías que aprobaron los controles de con anza estando coludidos con el crimen, delinquiendo y secuestrando ciudadanos.

De la misma manera, el senador Preciado sustenta su propuesta sobre la base de casos como las tasas de homicidio doloso de Estados Unidos, correlacionándolas con el número de armas en manos de privados, olvidando por un lado los casos de violencia psicótica, urbana
o los accidentes ligados a la posesión de armas. Además deja a un lado que, la baja tasa nacional de homicidios asume connotaciones diferentes ante una mirada local, donde la violencia e incidencia delictiva se equiparan o superan a muchas de las localidades mexicanas y más aún, que por lo general, las instituciones policiales del país fronterizo son mucho más con ables.

Debo señalar que el senador Preciado ha logrado captar la atención de muchos ciudadanos insatisfechos y genuinamente preocupados; con el #SíALaLegítimaDefensa ha puesto un tema indefendible en la discusión nacional. No obstante, resulta muy preocupante que una autoridad que representa al Estado, desacredite los procesos institucionales, proponiendo poner en riesgo vidas en vez de invertir todo su capital político en mejorar las instituciones y en generar un piso parejo para todos, a través del arraigo y promoción de la cultura de la legalidad y de la paz.

La solicitud ciudadana de autodefenderse en un ambiente inseguro es entendible, pero no el aprovecharse de esta y hacerse publicidad a costa de la vida de mexicanos. Senador Preciado, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) no queremos aumentar los factores de riesgo que llevarán a una mayor desigualdad entre los mexicanos, que propicien aún más el trá co de armas, que faciliten la resolución violenta de conflictos y fomenten el desprecio de la autoridad.

En el ONC, no queremos un México donde invitemos a nuestros seres queridos y a quien visita nuestro país a que salga con arma y chaleco antibalas. Al contrario, queremos un México en el cual los servidores públicos pongan por encima el camino de las instituciones y su fortalecimiento sobre alternativas carentes de diagnósticos sólidos. En otras palabras, queremos que nuestras autoridades atiendan de manera e ciente y efectiva la crisis de seguridad ciudadana por la cual atraviesa nuestro país.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, Agosto 2016

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El pasado 27 de septiembre, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE). Estos evidenciaron que durante 2015

denunciamos menos delitos ante la autoridad correspondiente, porque cuando lo hicimos en casi la mitad de los casos “no pasó nada”. Provocando que nos sintamos cada vez más inseguros y que dicha falta de seguridad es perceptible en nuestra cotidianeidad, pese a la disminución de las cifras o ciales de incidencia delictiva a nivel nacional.

Desde 2011, esta encuesta nos ha permitido conocer estimaciones respecto a los delitos de los que somos víctimas, si fuimos o no a denunciar, por qué lo hicimos, qué opinamos de nuestras autoridades de seguridad y justicia, cuánto gastaron las familias para implementar medidas de seguridad y qué tan seguros nos sentimos, entre otros indicadores.

A partir de ello, esta encuesta ha mostrado ser un instrumento sólido y objetivo
de la vivencia ciudadana, que en lo agregado muestra un comportamiento similar
a lo que sucede con el número de denuncias que como víctimas de un delito interponemos ante un ministerio público (MP). Desafortunadamente en la gran mayoría de las ocasiones los ciudadanos evitan presentar denuncias ante el MP dada la falta de con anza en la obtención de justicia y la reparación del daño.
Si bien la cifra negra no está presente en los reportes sobre incidencia delictiva que elaboramos de manera mensual, si debe ser considerada para un mejor análisis de los datos aquí presentados. Debemos tomar conciencia de que únicamente 6 de cada 100 delitos son denunciados y que sobre aquellos que sí se denuncian impera una gran impunidad. La ENVIPE señala a su vez que el MP es la segunda institución con menor con anza ciudadana.

Las causas de la ine ciencia del sistema de justicia son diversas y posiblemente algunas de ellas podrían radicar en que, en la última década, el presupuesto designado para las instituciones de seguridad ha crecido sustancialmente, mientras que los recursos destinados a la procuración de justicia siguen siendo prácticamente los mismos. Esto naturalmente se refleja en carencias de personal, de un proceso de formación de cuadros, desarrollo profesional, capacitación e insumos tecnológicos, entre otros elementos.

Es impensable lograr ser más exitosos en la resolución de delitos con los mismos recursos e insumos institucionales, si los ilícitos aumentaron en la última década y se hizo más complejo el fenómeno delictivo. Es poco probable la construcción

de la con anza ciudadana alrededor de una procuración de justicia poco e caz, compuesta por personal mal tratado, mal pagado, mal capacitado y mal equipado.

Es poco probable avanzar en esta materia si no hay un compromiso profundo
por consolidar una cultura de la legalidad en las instituciones, ya que difícilmente se contará con personal íntegro y ello derivará en que los agentes del ministerio público hagan lo imposible por disuadir a las víctimas que denuncien, que hagan justicia a modo, que no respeten los derechos humanos y el debido proceso, que siembren pruebas o ejerzan la tortura como un método de investigación.

Hace falta que los titulares del ejecutivo federal y los estatales, así como los respectivos congresos asuman con urgencia un apoyo a la procuración de justicia, supervisada, con contrapesos y con la obligación de rendir cuentas. Es hora de
que los policías de investigación o ministeriales, peritos y agentes del ministerio público cuenten con sistemas de desarrollo profesional que nos lleven a premiar
a los mejores; que cuenten con áreas dignas de trabajo donde puedan atender a una víctima como merece; que la ciudadanía especializada pueda monitorear y dar recomendaciones sobre procesos y uso de recursos y que estos estén dedicados a lo que debe ser y no a comidas lujosas de procuradores, escoltas y camionetas para atender a los poderosos.

Es urgente que en nuestro país se combata un volumen de incidencia delictiva equiparable al de otras naciones con economías similares a la nuestra. Esto signi ca que tenemos que aspirar a que nuestras instituciones de procuración de justicia atiendan por lo menos un 40% de la incidencia delictiva y no solamente un 6%, del cual en más de la mitad de los casos no pasa nada.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, julio 2016

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Hace algunos días, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong hizo entrega del cuarto informe de gobierno. Este es el principal ejercicio de rendición de cuentas mediante

el cual la administración pública federal explica a la ciudadanía los resultados de las políticas públicas y las líneas de acción implementadas en las múltiples materias. Fiel a la costumbre que ha caracterizado por décadas a nuestros gobiernos, se

dieron a conocer resultados halagüeños pues “lo bueno casi no se cuenta”, escuchando un discurso que hizo referencia a la “realidad” de un México ajeno al país en el que vivimos, ya que por los índices de aprobación del presidente Peña Nieto se requirió necesariamente mostrar resultados positivos en donde su desempeño dista de ser el deseado.

El informe de gobierno consideró cuatro apartados: México en Paz, México Incluyente, México con educación de calidad, y México Prospero. Los resultados en materia de seguridad y justicia contenidos en el apartado “México en Paz” enfatizaron el cumplimiento en tiempo y forma de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), los bene cios que esto traerá para la impartición de justicia, la labor de las instituciones del Estado en materia de seguridad (Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México Comisión Nacional de Seguridad) en su tarea de combate al crimen organizado, así como la existencia y operación del programa nacional para la prevención del delito.

De igual manera se subrayó la importancia que han tenido los operativos coordinados para la seguridad y el orden, así como la coordinación interinstitucional a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) que ha dado pie a diversas estrategias como la Estrategia Nacional Antisecuestro o el nuevo modelo de desarrollo policial. A su vez se destacó la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

No obstante, poco se mencionó sobre las fallas que subsisten en el sistema penitenciario, tampoco se re rió a los casos emblemáticos como los acontecidos en Ayotzinapa, Tanhuato y Nochixtlán donde la actuación del gobierno distó de ser la óptima. Lo que se con rmó con la renuncia solicitada al ahora ex comisario de la Policía Federal, Enrique Galindo, a escasos dos días del informe.

No se mencionó a entidades como Guerrero, Tamaulipas, Estado de México, Colima o Veracruz (por mencionar solo algunas) donde la violencia aún impera. Tampoco presentaron diagnósticos certeros y minuciosos respecto a los recursos escasos destinados a ciertas áreas clave de la procuración de justicia, las carencias y áreas de oportunidad en dicha materia, así como en la atención de víctimas

del delito cuya comisión ejecutiva solo ha sido capaz de canalizar 33 de los 1 028 millones de pesos presupuestados para la atención a víctimas y la reparación del daño. Esos temas fueron omitidos ya que aparentemente se cree que con la sola existencia de los ordenamientos jurídicos y normativos los problemas se resuelven en automático.

En cuanto a los resultados en materia de corrupción, pese a que estrenaremos el SNA, no debemos olvidar que el PRI se opuso a diversos elementos de este y
que solamente gracias al gran trabajo de la sociedad civil y a un veto presidencial oportuno fue posible que el SNA se convirtiera en el primer paso en el combate a la corrupción. En cuatro años solo se ha podido dar un pequeño paso, impulsado por las organizaciones de la sociedad civil.

El presidente no abordó el alza de los homicidios dolosos. Con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y que según los pronósticos realizados por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) se espera que 2016 termine con una tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes de 14.5 homicidios dolosos (3.23% mayor que la reportada en 2015). Mientras que en otros pronósticos menos conservadores la tasa en comento podría alcanzar un valor máximo de 17.34. Cabe destacar que entidades como Guerrero y Morelos en las que se ha contado con la presencia o refuerzo de elementos de instituciones federales de seguridad, se han mantenido tasas de homicidio doloso superiores a la nacional desde 2012.

El mes de julio se caracterizó por haberse constituido como el mes con mayor número de víctimas de homicidio doloso (2 073) desde que se comenzó a divulgar esta información en 2014, en tanto que mayo y junio presentaron más de 1800 víctimas mensuales, lo que presupone un promedio de más de 60 homicidios dolosos cometidos diariamente.

A su vez, durante la administración de Enrique Peña Nieto hemos sido testigos de cambios en los patrones geográ cos de los delitos de alto impacto. Antes de que comenzará su periodo de gobierno las entidades con mayores tasas de homicidio doloso entre enero y julio de 2012 eran: Chihuahua (37.6), Guerrero (35.9), Sinaloa (31.3), Morelos (26.3) y Durango (22.3). En cambio, durante el mismo periodo de 2016 las entidades con mayores tasas fueron: Colima (45.9), Guerrero (35.3), Sinaloa (20.1), Baja California (17.1) y Morelos (16.9).

Por otro lado, en materia de secuestros se espera una tasa de 0.93 por cada 100 mil habitantes (7.09% mayor que la de 2015) y una tasa de extorsiones de 4.32 (3.67% mayor que la de 2015). Es decir, el panorama no será muy diferente del que experimentamos en 2013.

Para el secuestro es importante distinguir que las cifras reportadas en el SESNSP no reflejan la cantidad total de casos, no solo por la cifra negra, sino porque no se están registrando los supuestos contemplados en el Artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. A pesar de lo anterior es el delito que reportaría el mayor incremento respecto a 2015 de acuerdo con nuestros pronósticos.

En materia de extorsión cabe destacar que las disminuciones registradas desde 2013 se pueden deber a cambios en los criterios de registro. Dichas modi caciones suponen que la credibilidad y comparabilidad de la información esté en duda. En lo agregado esto supone un diferencial de la tasa nacional de 0.5 y 0.6 en 2014 y 2015, respectivamente, lo cual aminora los porcentajes de reducción ampliamente citados por las autoridades.

A pesar de lo anterior atribuirle la responsabilidad de cada carencia o falta de logros al Ejecutivo no es completamente prudente. Si hoy observamos entidades y municipios en condiciones graves de inseguridad, si la violencia en algunas regiones se ha mantenido, si no se ha cumplido a cabalidad la adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio, si no se ha cumplido con la Ley General de Víctimas, así como con diversos tratados internacionales que tutelan los derechos humanos,
es también por la responsabilidad de autoridades locales y municipales que han
sido cómplices o directos responsables de esto, ya sea por incapacidad o por desidia. También ellos han aportado a un contexto en el cual el Estado no tiene el control sobre todo el territorio nacional.

A poco más de dos años del n del mandato del presidente Peña Nieto, es momento de que asuma las riendas del combate a la corrupción y la delincuencia,
de la implementación de la ley sin distingos. Es momento de que refrende su compromiso con políticas públicas de seguridad humana sustentadas en diagnósticos reales e indicadores de desempeño e impacto; es momento de que se reajusten o eliminen las lineas de acción que no han funcionado y de verdad trabaje para que “lo bueno cuente mucho” no solo en términos de narrativa y estrategia de comunicación.

Francisco Rivas
Director General
@frarivasCoL

Reporte Mensual de delitos de alto impacto, Junio 2016

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La violencia homicida no cede en nuestro país y lamentablemente no es una sorpresa, pues como lo hemos demostrado mes tras mes, este delito está muy lejos de haber sido atendido e cientemente por nuestras autoridades. Si observamos

los comparativos semestrales de 2014-2015 y 2015-2016, se puede apreciar cómo
los homicidios intencionales han continuado aumentando. Aunado a ello, no debe dejarse a un lado la situación por la cual atraviesan distintas entidades federativas como Colima, Guerrero, Morelos, Sinaloa y Chihuahua que lideran las tasas de homicidio doloso apuntando a una debilidad en las políticas de reducción de este fenómeno pese a que hemos tratado de enfrentar esta problemática por más de una década en México.

Respecto a la incidencia del homicidio, nuestras autoridades han continuado insistiendo en que estos se encuentran ligados a la confrontación entre grupos de la delincuencia organizada, casi como si consideraran que esta característica los torna en acontecimientos menos graves y olvidan que si estos grupos luchan por el control de un territorio es porque las instituciones del Estado han fallado.

No podemos esperar resultados e cientes ni efectivos frente a la violencia
y delincuencia si hay de ciencia para prevenir y sancionar los delitos, si no se implementa un sistema de readaptación social capaz de reincorporar plenamente a la sociedad a una persona que purgó una sentencia justa y proporcional al daño ocasionado. Si no corregimos este camino pareciera que estamos trabajando
por una sociedad que mantenga viva la problemática delincuencial, generando sistemáticamente incentivos para que nos incorporemos a este tipo de actividades.

Es cierto que no es posible que se dejen de cometer homicidios en nuestro país, pero ello se debe a rasgos propios de la conducta y de la sociedad. El homicidio es un delito que no se puede erradicar en ningún territorio pues aún en los países más seguros lo encontraremos. Sin embargo, el homicidio sí puede reducirse a tasas mínimas de incidencia y una de las acciones clave para conseguirlo es desvincularlo de actividades de la delincuencia organizada mediante acciones en dos vías: fortalecimiento institucional y reconstrucción del tejido social.

En México, ha sido clara la reproducción y el aumento del homicidio con sus respectivas implicaciones en nuestra calidad de vida. Asimismo en nuestro país ha sido evidente que, en gran medida, esto se debe a la falta de capacidad del Estado para disminuir el poder de los grupos delincuenciales; de generar oportunidades para que las personas opten por un desarrollo dentro de la ley; de castigar la conducta delictiva de manera oportuna; de permitir que la impunidad crónica, la falta de oportunidades y el subdesarrollo sean factores determinantes en la decisión de quienes empiecen a delinquir, lo hagan una y otra vez, perfeccionando su actividad y cometiendo delitos cada vez más graves.

El contexto nacional que se ha caracterizado por un combate frontal de los grupos del crimen organizado generando muerte, dolor, subdesarrollo
y deshonra para nuestro país; se ha vuelto cada vez más complejo dada
la incidencia de delitos del fuero común que terminan en homicidios y
que tienden a ser negados y desatendidos por las autoridades locales correspondientes. Este se debe a que nuestras autoridades han optado por tratar la crisis de seguridad como un mero problema mediático que debe ser manejado por el área de comunicación social.

Urgen instituciones sólidas y con ables, respetuosas de los derechos humanos, que combatan el delito, al tiempo que necesitamos políticas de prevención que logren su cometido. Estas acciones deben llevarse a cabo en un ambiente en el cual la educación genere las competencias necesarias para que las personas puedan entrar a un mercado laboral que brinde oportunidades de desarrollo dentro de la ley.

Ya basta de poner excusas como “antes estábamos peor”, “quien estuvo
antes no supo hacer, no supo combatir y generó esta situación” para no atender efectivamente el problema de seguridad. Ya basta de buscar justi caciones para dejar que se reproduzca tanta violencia y delincuencia. Si se mantiene la actual tendencia de las estadísticas o ciales terminaremos el 2016 con 19,560 víctimas directas de homicidio doloso y muchas más víctimas indirectas que pagarán las consecuencias de un país donde sus instituciones no han logrado garantizar la paz social ni el respeto a los derechos humanos.

Autoridades, es hora de que asuman sus responsabilidades y dejen a un lado la retórica y las líneas discursivas convenientes. Recuerden que nadie los obligó a asumir sus cargos, ahora asuman su responsabilidad y reconozcan que no es seguro vivir en nuestro país, que enfrentamos una crisis de seguridad humana que no han sabido resolver. ¡Es hora de un México de leyes y derechos donde las personas vivamos seguras!

Francisco Rivas

Director General

@frarivasCoL

Reporte Mensual de delitos de alto impacto, Mayo 2016

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Desde mediados de 2012 y hasta inicios de 2015 el homicidio doloso mantuvo un comportamiento a la baja. Esto lo podemos apreciar al analizar las tasas por cada 100 mil habitantes de este delito, los cuales variaron de 18.47 en 2012 a 13.08 en

2014. No obstante, la disminución que se registró durante esos años no se mantuvo y fue precisamente a partir de abril de 2015 que el comportamiento cambió y el año terminó con una tasa de 14.07 por cada 100 mil habitantes.

La problemática vinculada con los homicidios dolosos muestra una evolución poco favorable en buena parte del territorio nacional. Para muestra, basta con retomar el caso de Guerrero, que registró una tasa de 56.5 averiguaciones previas por homicidio doloso por cada 100 mil habitantes ubicándose como la entidad número uno en esta materia. Además, reportó un incremento de 32.36% respecto al año anterior.

El homicidio doloso continúa representando un problema de seguridad que difícilmente ha cedido en México, hay que señalar que el comportamiento al alza en 2016 se mantiene. Prueba de ello es que si comparamos los valores absolutos de los primeros 5 meses del año contra el mismo periodo del año anterior hay un aumento de 14.27%. La debilidad en los registros de homicidio nos permite afirmar que hay un gran número de casos clasificados y reportados como homicidios culposos que en realidad deberían ser sistematizados como dolosos.

Tras una década en crisis de seguridad humana caracterizada por una alta incidencia de delitos violentos -en particular de homicidios-, podemos afirmar que las políticas públicas y estrategias para garantizar la vida de las personas en nuestro país continúan sin ser efectivas. Lo más preocupante de esta situación es que al parecer
a nuestras autoridades esta cuestión no parece quitarles el sueño. Las preguntas mínimas que como sociedad debemos hacer a la autoridad ante esta nueva crisis de violencia son: ¿qué está fallando?, ¿qué sí y qué no ha funcionado?, ¿qué indicadores sustentan dicho análisis?, ¿las políticas públicas están diferenciadas por fenómeno delincuencial, contexto, víctima?, ¿dónde estaremos en 5, 10 o 15 años en materia de incidencia delictiva y violencia?

Ante estas interrogantes que aún no tienen respuesta, surge otra de igual importancia que consiste en saber si algún funcionario ha reconocido el problema y se está haciendo las preguntas anteriormente planteadas. Me atrevo a afirmar que en el caso de que alguien se esté cuestionando esto, o no hay respuestas, o nadie las usa como diagnósticos para la construcción de un plan que incluya reformas jurídicas y políticas públicas para revertir este fenómeno.

Y afirmo esto debido a las declaraciones que una y otra vez emiten las autoridades del país como: “los homicidios que estamos viendo se deben a confrontación entre grupos de delincuencia organizada”; “si comparamos
el número de homicidios de 2011 o de 2012 con los de 2015 estamos muy
por debajo”; “México tiene un problema de mala imagen”; “en la presente administración han mejorado los derechos humanos en México”. Declaraciones que evidentemente omiten recordar que:

1. La confrontación de grupos de delincuencia organizada habla de la debilidad del Estado y su incapacidad por controlar lo que sucede en el territorio.

2. Las víctimas de homicidio son personas sin importar quienes son éstas.

3. Los costos sociales y económicos resultantes de la pérdida de la vida de personas por eventos delictivos son enormes y la cantidad de los que se cometen en nuestro país hablan de una evidente crisis humanitaria.

4. Usar estadística a modo para minimizar un problema de inseguridad es revictimizar a víctimas directas e indirectas del delito.

5. Más de 17 000 víctimas de homicidio doloso en 2015, 1 300 de secuestro, 5 000 de extorsión, 150 mil robos con violencia, ineficacia en el combate a
los delitos, falta de acceso a la justicia que provoca la baja credibilidad en las instituciones que en general las personas tenemos, altos porcentajes de cifra negra (que en nuestro país, según el INEGI, ronda el 93%), son reflejo de una crisis de inseguridad y violencia y no sencillamente un problema de relaciones públicas o mercadeo.

6. La evidencia de desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, justicia a modo, falta de implementación de los protocolos
de actuación, violaciones al debido proceso, falta de acceso a la justicia y reparación del daño, incumplimiento de los objetivos y acciones que se desprenden de la Ley General de Víctimas, que ha sido expuesta por casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Oaxaca, Tierra Blanca o los múltiples casos de fosas clandestinas halladas y no investigadas, nos debería llevar a una profunda reestructuración de las instituciones y un fomento al respeto cabal de la ley y no a considerar como satisfactorios presuntos avances en materia de respeto a los derechos humanos.

El primer paso consistiría en reconocer el problema en el que estamos, es difícil mejorar si improvisamos y tenemos una visión a corto plazo que tiene como interés personal la conservación del poder, los resultados electorales, el manejo de los grupos de presión sobre el beneficio del país y sus habitantes.

Los homicidios dolosos han aumentado y es cierto que podrían disminuir
en el corto plazo, sin embargo, esto no significa que estemos mejorando. Puede que el reacomodo de los grupos criminales termine y, por ende, el número
de homicidios disminuya pero si no hemos construido instituciones capaces
de disuadir la conducta criminal, prevenirla, perseguirla y erradicar a los
grupos de delincuencia organizada; desarrollar instituciones que permitan el acceso a la justicia en un cabal respeto a los derechos humanos, instituciones educativas capaces de preparar a las personas a competir en el mundo laboral, instituciones de salud que coadyuven a la reducción del consumo en pleno respeto a las decisiones individuales, un mercado laboral competitivo, donde el acceso al crédito sea universal y el costo del dinero asequible para poder iniciar actividades que permitan el legítimo desarrollo de las personas en pleno respeto de la ley, seguiremos a expensas de qué los criminales logren mantener su paz armada.

Cada una de las 18 665 víctimas de homicidio doloso en 2015 y las 8 469 de lo que va de 2016, deben llevarnos a exigir acciones que reconstruyan las bases de nuestra sociedad y permitan vislumbrar un futuro mejor para millones de personas en nuestro país. Una vez más es evidente que no podemos ceder
en esta exigencia pues nuevamente hemos confirmado que, lo que se está haciendo, evidentemente, no ha funcionado lo suficiente para que nuestra seguridad humana sea una garantía en México.

Francisco Rivas
Director General
@frarivasCoL