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Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, diciembre 2015.

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Acorde con la información sobre incidencia delictiva de diciembre de 2015, se mantiene el comportamiento de los nueve meses precedentes: un alza en los porcentajes de homicidio y la disminución de los otros delitos de alto impacto; y en lo particular, el alta incidencia de secuestros, extorsiones y robos según un análisis especí co por entidades (por ejemplo: Tamaulipas, Jalisco, Baja California y Tabasco).

Al cierre de este documento, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) envió al Senado su análisis anual acerca de las condiciones de incidencia delictiva del país, mostrando que las condiciones del país en materia de seguridad han mejorado en los últimos 3 años, desde la entrada en funciones de la actual administración federal. En este documento destaca que la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes reportada durante 2015 es la más baja desde que inició su registro en 1997, re ejando una reducción del 15% respecto al año 2012. Por otro lado, muestra una disminución sostenida desde 2013 de los delitos que más afectan a la sociedad: por ejemplo, se indica que, entre 2012 y 2015, el secuestro se redujo 26%, las extorsiones 31% y el robo de vehículos 25%. Si bien algunas regiones y entidades del país presentaron un incremento en la tasa de homicidio doloso durante el último año, a nivel nacional persiste la disminución de 22% respecto a 2012.

Si bien el dato que habla de una disminución sobre la incidencia delictiva proviene de lo que directamente le informan las instituciones de procuración de justicia al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este no re eja adecuadamente las condiciones en las que vivimos. Ello se debe a que si se analiza el fenómeno a partir de estadísticas agregadas, no es posible identi car las causas del descenso y si efectivamente están reduciéndose los delitos que más afectan a la población. Esta situación no representa algo menor pues implica la carencia de los insumos necesarios para políticas públicas e cientes y e caces en la materia, ya sea para su diseño o corrección.

Respecto al documento presentado por la SEGOB queremos destacar las principales limitaciones o debilidades del análisis efectuado:

1. En el análisis que realiza la institución federal sobre la incidencia de homicidios, se dejan completamente los datos del SESNSP que dan cuenta del aumento de 7.5% de este delito durante 2015. En lugar de dicha información o cial, optan por hacer uso de los registros administrativos publicados en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) referentes a los índices de 2014. Aunado a ello, en el documento o cial se aprecia que únicamente utilizan los datos del SESNSP para dar a conocer que hubo un descenso de 22% de este ilícito entre 2012 y 2015, omitiendo cualquier alusión a su incremento.

2. Otra imprecisión metodológica es que el análisis que hacen a nivel estatal, regional y de ciudades de los homicidios se elaboró con base en una tercera fuente: la de homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada. Dichos datos han sido tema de controversia desde los tiempos de la administración del expresidente Calderón ya que implica cierta subjetividad en el análisis y se anticipa a una investigación ministerial que debería esclarecer la certeza de que cierto homicidio esté o no vinculado a la criminalidad organizada. Por eso la administración del expresidente Calderón interrumpió la presentación de este dato. Con el inicio de la administración del presidente Peña se revivió este mecanismo de análisis con una agravante, la base dejó de ser pública y debidamente desglozada. Por eso varias organizaciones sociales protestamos y acordamos con la SEGOB que esta dejase de ser usadas como insumo de comunicados. Pese al acuerdo presentado a medios en 2013 entre dicha institución federal y la sociedad civil, ha habido un incumplimiento constante de la autoridad que, como en este caso, usa una base de datos opaca e imprecisa.

3. Si bien, con base en información del SESNSP, los porcentajes de disminución de robo de vehículos, secuestro y extorsión son correctos, los periodos de tiempo que utilizan para mostrar porcentajes de disminución son seleccionados ad hoc: usa comparaciones entre 2014 y 2013 y entre 2015 y 2012, es decir, buscan en qué periodo hubo un descenso mayor sin utilizar las tasas por cada 100 mil habitantes para el análisis.

4. Un aspecto que omiten señalar es que parte del gran descenso en la incidencia de la extorsión tiene que ver con un cambio en la metodología de registro, que los eventos de amenazas y engaños han aumentado (aunque haya disminuido el número de delitos consumados) y que carecemos de fuentes claras para medir la extorsión presencial.

5. Como hemos insistido en varias ocasiones, continúa subsistiendo una debilidad importante en cómo se conforma la base de datos sobre incidencia delictiva por lo que tampoco podemos a rmar que los datos del SESNSP correspondan al número de delitos denunciados a la autoridad y que estos se encuentren debidamente clasi cados. Paralelamente, al analizar este punto, se omite reconocer la gran cantidad de delitos no denunciados, conocidos como cifra negra, dato que mide y da a conocer el Instituto de Geografía y Estadística (INEGI) y el cual señala que para 2014, el 93% de los delitos cometidos en el país no se denunciaron. Este dato entre 2012 y 2013 tuvo crecimiento sostenido y tuvo un descenso marginal en 2014.

En resumen, cuando la SEGOB aparentemente muestra un esfuerzo por ser transparente y rendir cuentas, lo que más bien están haciendo es promover aún más la incertidumbre acerca de las condiciones objetivas seguridad del país: utilizando tres fuentes de información distintas sin explicación y a conveniencia para forzar los avances; omitiendo deliberadamente el crecimiento de los homicidios dolosos entre 2014 y 2015; usando a conveniencia números absolutos o tasas por cada 100 mil habitantes para mostrar una mayor efectividad en la disminución de algunos delitos; comparando las tasas de ciudades extranjeras con la del país y no con realidades como las de Acapulco, Iguala o Chilpancingo; utilizando periodos de tiempo ad hoc para buscar el descenso más grande; sin explicación alguna respecto a cómo fue que lograron hacer todo lo que presumen; omitiendo la importancia de los esfuerzos locales . Festejan los triunfos de los datos totales sin entender que los problemas siguen a nivel local, y en casos más graves.

¡Qué lejos estamos de un verdadero proceso de rendición de cuentas a la sociedad! ¿Realmente nuestras autoridades creen que mandar un documento impreciso queriendo presumir resultados es rendición de cuentas? ¿Por qué los asesores en materia de seguridad del Secretario Miguel Angel Osorio Chong exponen así a su jefe, a la Secretaría y a toda la administración federal? ¿Por qué no se han percatado que un ejercicio como el anterior debilita la con anza en las instituciones?

Los tres años al frente de las áreas de seguridad de la SEGOB no han sido su cientes para que sus integrantes comprendan conceptos básicos y que en la ejecución de proyectos y programas para enfrentar el problema son distintos los actores los que participan. En efecto, al día de hoy se sigue utilizando indistintamente y hasta como sinónimos, conceptos clave como violencia, inseguridad e incidencia delictiva y la federación asume resultados y retrocesos sobre el combate a delitos que son responsabilidad principal de las autoridades locales como es el robo en varias modalidades y donde la función de la autoridad federal versa en cómo reparte los recursos y veri ca que se implementen efectivamente y con la rectoría de políticas nacionales que coadyuvan a la labor de las autoridades locales.

Sí hay una buena práctica que presumir y de la cual aprender es la Coordinación Nacional Antisecuestro. Tras el gravísimo caso de aumento del secuestro en 2013, que llegó a su máximo histórico, la federación puso en marcha un proyecto fundamental: vigilar que las entidades destinen los recursos en esta materia a lo que debe ser; que se homologue nivel de actuación, capacitación e insumos en los estados; que exista colaboración y coordinación entre autoridades y donde la designación de los titulares ha sido impecable, antes Renato Sales, ahora Patricia Bugarín.

Secretario Osorio Chong, desde el ONC una y otra vez hemos demostrado como ciertas declaraciones que usted ha hecho carecen de fundamento. Entendemos que a usted le proporcionan dicha información y que en esta se sustenta su narrativa, por esta razón le ofrezco con gusto nuestro apoyo para revisar documentos y declaraciones que si continúan siendo imprecisas incrementará la desconfianza y abonará a la confusión entre la ciudadanía. Nuestro interés es el suyo: que México sea un país de leyes, que sea un país en el cual las autoridades son transparentes y rinden cuentas, un país en el cual las personas viven seguras y tiene acceso a la justicia. Señor Secretario deje que le regalemos esto al país, deje que lo ayudemos a informar objetivamente sobre la crisis de seguridad humana que enfrentamos.

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, octubre 2015.

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El trabajo que hemos desarrollado desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) de seguimiento y análisis de la incidencia delictiva, nos ha llevado a entender y buscar los aspectos especí cos que autoridades y sociedad debemos atender en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. Para llevar a cabo dicha tarea, utilizamos las bases de datos o ciales publicadas en la plataforma del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las cuales desde hace varios años han sido utilizadas tanto por ciudadanos como por autoridades para dar seguimiento al comportamiento de la incidencia delictiva. La importancia de dichas estadísticas radica en que se utilizan para intentar medir el éxito de las políticas públicas y para determinar la distribución de recursos de subsidios y programas como SUBSEMUN, PRONAPRED y FASP.

El pasado 19 de noviembre, en rueda de prensa, dimos a conocer los hallazgos obtenidos mediante el análisis de las cifras o ciales de septiembre de 2015, los cuales evidenciaron que continuamos en condiciones críticas de seguridad. No obstante, días después de la presentación, el Secretario de Gobernación desconoció dicha información al ser cuestionado por el aumento de homicidios. Miguel Ángel Osorio Chong, simplemente insistió que los datos que cada año provee el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mostraban la misma cantidad de homicidios que en 2014; es decir, una tasa de 16.7 por cada 100 mil habitantes. En este sentido, consideramos fundamental aclarar esta información y manifestar algunos puntos:

1. Mantener la tasa de homicidio nacional en 16.7 por cada 100 mil habitantes dista mucho de ser un logro. La Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) indica que una tasa de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes apunta a una crisis de violencia. Por lo que parece que 2015 será el octavo año consecutivo en que México no logra resolver la crisis.

2. El homicidio doloso es el único delito que muestra un comportamiento en aumento, si comparamos los periodos enero a octubre de 2014 contra el mismo periodo de 2015. En este sentido, encontramos que entre enero y octubre de 2014 se registraron 13 149 casos en el ámbito nacional, mientras que en el mismo periodo de 2015 se tiene conocimiento de 14 069, lo cual equivale a un incremento de 7.00%. Destacamos que con este crecimiento se rompe la tendencia a la baja de este delito que había permanecido desde 2012 en el país. De hecho, a partir del cuarto trimestre de 2014 se ha presentado un crecimiento trimestral continuo hasta el día de hoy.

3. Los datos de INEGI y los de homicidio doloso del SESNSP no se construyen de la misma manera ni miden exactamente lo mismo, sin embargo, están altamente correlacionados y ambas series aportan información importante relativa al fenómeno.

El INEGI reporta la información obtenida a través de los certi cados de defunción de cada uno de los cadáveres que la autoridad tiene conocimiento y que tienen evidencia de que la causa de muerte fue violenta y provocada por un tercero. Es decir, mide el número de cuerpos independientemente si la autoridad inició una averiguación previa o no. Los datos de homicidio doloso del SESNSP miden el número de averiguaciones previas iniciadas por muertes intencionales. Cabe destacar que una averiguación previa puede incluir muchas víctimas y la decisión de catalogarlo como doloso o culposo depende del ministerio público que atiende el caso.

Pese a dichas diferencias técnicas, tenemos evidencia su ciente para referir que ambas series están relacionadas. Existe una correlación histórica de 93% entre ambos datos, lo que signi ca que es altamente probable que los cambios que suceden en la primera se re ejen en la segunda.
En otras palabras, si se mantiene la tendencia de crecimiento de 7.00% que hemos reportado en los datos del SESNSP, es posible pronosticar que la tasa de homicidios reportada por INEGI en 2015 no solo no será igual que en 2014, sino que aumentará a 17.7 (misma conclusión a la que llegó el especialista en seguridad, Alejandro Hope).

4. Si se toman en consideración los datos del SESNSP publicados hasta ahora se debe destacar que, si bien el número de homicidios dolosos se concentra principalmente en algunas entidades como Guerrero, Sinaloa o el Estado de México, ha crecido el número de entidades que tradicionalmente no reportaban alta incidencia de homicidios dolosos. Tal es el caso de Baja California Sur que ha experimentado uno de los incrementos más importantes de homicidios dolosos. Esto se debe a que en términos de averiguaciones previas en septiembre de 2015 alcanzó los 29 casos, nivel nunca antes registrado desde que se cuentan con estadísticas delictivas (enero de 1997).

5. El caso de Guerrero es particularmente dramático. A pesar de la atención que ha recibido, los niveles de homicidio doloso no se han reducido en aquella entidad. Al comparar el número de víctimas reportadas entre enero y octubre de 2015 con las del mismo periodo de 2014 se observa un aumento de 30.21%, debido a que pasaron de 1 268 a 1 651.

6. La crisis de desapariciones involuntarias y forzadas, así como el continuo hallazgo de fosas clandestinas que no son registradas ni investigadas, dan cuenta del enorme problema de subregistro en materia de homicidio.

Se puede llegar a dos conclusiones, la primera es que nuestras autoridades tienen una cuenta pendiente en materia de rendición de cuentas. Negar las cifras que una y otra vez usan para presumir avances, cuando estas presentan un revés, genera una brecha entre sociedad civil y gobernantes e inhibe la participación social.

La segunda es que continúa existiendo una grave falla del equipo de asesores encargados de este tema. Exponer al Secretario de Gobernación a una confrontación donde la cifra o cial es clara, debilita a todo el aparato de seguridad y justicia, así como la con anza que los mexicanos tenemos depositada en ellas.

Sin embargo, en el ONC creemos con rmeza que el homicidio no debe ser el único indicador para medir los avances en seguridad, pues hay otros datos de incidencia delictiva que la autoridad debe usar para realizar diagnósticos objetivos y construir políticas públicas efectivas frente a la delincuencia y violencia que existe en el país:

  1. Si bien los datos de averiguaciones previas de secuestro, extorsión y robo en las varias modalidades parecen bajar, la incidencia de los delitos es la mayor de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
  2. Pese a la disminución en lo agregado en materia de secuestro, localmente hay condiciones extremadamente preocupantes que distan de estar en condiciones aceptables. Entre enero y octubre de 2015 se observa que las tasas de víctimas de secuestro (federal y común) de Tamaulipas, Tabasco, y Guerrero superan en más del doble a la tasa nacional. Además, en el caso de Tamaulipas hay que destacar que la tasa de 8.21 víctimas de secuestro (federal y común) por cada 100 mil habitantes, resulta ser 5.47 veces mayor a la nacional.
  3. Si bien las extorsiones consumadas aparentemente han descendido, el número de eventos ha aumentado. Las llamadas extorsivas continúan siendo realizadas desde los penales y no existe un registro que permita conocerla cantidad de extorsiones presenciales o bien los famosos cobros de derecho de piso en el país.
  4. Los datos de incidencia delictiva siguen presentando de ciencias debido a las asimetrías existentes y a la falta de protocolos claros en la manera en que se registran o sistematizan las estadísticas en esta materia. Desde las procuradurías y scalías generales de las entidades federativas se continúa clasi cando indebidamente el delito, lo cual implica que no se reportan los ilícitos que nos afectan directamente y, por ende, se niega su existencia. Nayarit, por ejemplo, no ha reportado robo a transeúnte en su historia ni extorsión alguna desde mayo de 2014. Sobre este caso en especí co vale la pena mencionar que desde que se empezó a registrar la incidencia delictiva en 1997, sólo se han reportado 19 averiguaciones previas iniciadas por extorsión en Nayarit, mientras que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) reporta que la incidencia anual de este delito ronda los 10 mil casos por cada 100 mil habitantes.

Es hora que nuestras autoridades escuchen a la sociedad civil, que reconozcan sus productos y trabajo como una oportunidad y que asuman con responsabilidad el brindarles justicia a las personas en nuestro país. Necesitamos que mejore la calidad de la información en materia de seguridad y que nuestras autoridades la utilicen con seriedad. Si esto no se lleva a cabo, difícilmente podremos medir e identi car los efectos reales de las políticas públicas. Dada la situación en la que se encuentra México nuestras autoridades no deben utilizar las fuentes indistintamente solo para presentar escenarios positivos que no necesariamente re ejan la realidad a la que nos enfrentamos diariamente.

FRANCISCO RIVAS

Director General

@frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, septiembre 2015.

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Pese al trabajo que ha sido realizado por diversos actores sociales para mejorar las condiciones de seguridad y justicia en nuestro país, la meta continúa encontrándose bastante distante. Esto resulta más que evidente si tomamos en consideración las cifras que dan cuenta de la incidencia y prevalencia de delitos y de violaciones de derechos humanos, así como las condiciones que privan en las instituciones de seguridad y administración de justicia. Bajo esta perspectiva, si optamos por voltear a ver a nuestras policías, peritos, ministerios públicos, jueces y el personal destinado a la atención de víctimas; encontraremos carencia y ejercicio ine ciente de recursos de diversa índoles así como disparidad en la manera en que se entiende y atiende el delito. Lamentablemente, esta es la realidad a la que nos enfrentamos tras dos décadas de trabajo y de gastos millonarios para tener instituciones listas para prevenir y combatir el delito, atender a las víctimas, brindarles justicia, reparar el daño. Es un hecho que nos encontramos muy lejos de tener casos objetivos y evidentes de éxito.

Las razones son diversas, sin embargo, creemos rmemente que principalmente se debe a que no ha existido un compromiso parejo ni sincero por parte de todas las autoridades para mejorar estas instituciones. Respecto a esto último, es un hecho que hay muchas ocasiones en las cuales los esfuerzos realizados son su cientemente reconocidos y, en otros tantos, la ausencia de acciones ha quedado impune. Mientras algunas autoridades han puesto su cara, su capital político o su vida, otras han dejado de hacer lo mínimo y otras aún, se han enriquecido gracias al peculado y redes de corrupción.

En este sentido, la organización Causa en Común nos convocó en días pasados al “4o Foro Nacional de Seguridad Ciudadanos + Policías”, en el cual se debatió cómo mejorar las condiciones y situación de nuestras policías. Al respecto, la presidenta de la organización mencionada, María Elena Morera Mitre, hizo un llamado importante al presidente Peña Nieto a través de 5 propuestas puntuales:

1. Reestructurar el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2. Consolidar la Comisión Especial de Desarrollo Policial.
3. Consolidar los espacios ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad.
4. Transparentar los acuerdos de colaboración en materia de seguridad y llamar a cuentas a los gobernadores que no colaboren.

5. Acelerar el proceso de la Clave Única de Identidad.

Desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) subscribimos dichas propuestas, con el compromiso de acompañar a dicha organización para que estas propuestas sean incorporadas en las políticas públicas y en los marcos normativos correspondientes para que las acciones que se requieren, sean una realidad. Una de nuestras principales preocupaciones es el hecho que normas, acuerdos y políticas públicas muchas veces se vuelven meras referencias o momentos para las declaraciones o fotografías y no llegan a implementarse cabalmente.

Tomemos casos concretos de protocolos que una y otra vez las instituciones trabajan, acuerdan y aparentemente asumen como marco de referencia que debe guiar la conducta institucional: el uso racional de la fuerza; los protocolos forenses, de búsqueda de desaparecidos, de protección a periodistas o de atención a la violencia en contra de las mujeres; entre otros. Cada uno de ellos ha sido un acuerdo rmado o bien un compromiso asumido, sin embargo, esto no se ha traducido en acciones que impidan que continúe vigente la violencia y la impunidad. Ha sucedido todo lo contrario pues se continúa alentando el delito, fallando en el acceso a la justicia para las víctimas y, por ende, debilitando las instituciones.

Justamente por esto no debe sorprendernos lo que ha sucedido en Quintana Roo, en donde hace unos cuantos días se sumaron siete feminicidios a la situación de emergencia que vive el país en cuanto la violencia de género. Mientras estos casos se acumulaban, las autoridades estatales, de una entidad que carece de protocolos desde hace 8 años, minimizaban el caso e incluso lo referían como si fuese un comportamiento esperado del delito, declarando que en realidad este ilícito va bajando pues en 2014 se registraron 13 casos contra los 7 que se habían reportado los primeros 10 meses del año en curso.

De todas las cosas que pudieran alarmarnos de estas declaraciones, hay dos que debo destacar; la primera es la incapacidad de entender que el feminicidio no es un delito común que se combata exclusivamente mediante la consignación de victimarios. El feminicidio es un ilícito que debido a las raíces socioculturales de las cuales se deriva, toma fuerza de respuestas institucionales indolentes o superficiales que validan la violencia en contra de una persona simplemente por ser diferente.

El segundo aspecto que resulta preocupante es la carencia de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades estatales correspondientes: ¿cómo es posible que la entidad que hoy re ere casos de 2013 a 2015, ante una solicitud de transparencia contestó no tener registro de ningún caso de feminicidio? Para el análisis del feminicidio de nuestro estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México, la Procuraduría General de Justicia del Estado contestó lo siguiente:

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, realizó la búsqueda minuciosa en sus archivos y base de datos electrónicos, en los que No se encontró registro alguno sobre la información referente al número de averiguaciones previas iniciadas por el delito de feminicidio ocurridos en el estado en el periodo requerido, motivo por el cual la cifra se encuentra en cero (sic).

María Elena, tienes razón. ¡Urge que nuestras autoridades nos rindan cuentas! Es hora que los millones gastados, los esfuerzos asumidos, las vidas perdidas se transformen en resultados de mejores instituciones que garanticen el acceso a la justicia, atención integral a las víctimas, así como menores índices de incidencia delictiva y de violaciones de derechos humanos. Ante las circunstancias por las cuales atraviesa el país, a las autoridades les debe quedar claro que no podemos continuar esperando pues entre más tiempo permanezcamos inmóviles y pasivos, se estarán trastocando y perdiendo cada vez más vidas pues existen todos los incentivos para que la criminalidad tradicional y organizada continúe actuando contra cada uno de los que integramos el Estado.

Bajo esta perspectiva, de nada sirve que con frases discursivas llamativas se dé a conocer que aparentemente los delitos van disminuyendo, tarde o temprano, la realidad y las estadísticas nuevamente darán cuenta de su incremento. Este fue el caso del secuestro y la extorsión en 2013, cuando alcanzaron su máximo histórico y eso sucede actualmente con el homicidio, que tras tres años a la baja, hoy muestra nuevamente un comportamiento al alza, tras 5 meses seguidos de aumento. Aunado a ello, hay que tomar en consideración que en muchas ocasiones en diversas entidades federativas, las supuestas disminuciones jamás tienen lugar, lo cual re ere condiciones inaceptables para cualquier sociedad.

Por estas razones, una vez más hacemos el llamado a nuestras autoridades para que trabajemos juntos en materia de transparencia, respetando derechos humanos, fomentando una cultura de la legalidad. No podemos continuar permitiendo que los esfuerzos realizados se vayan al vacío y que las omisiones permanezcan impunes, deteriorando cada vez en mayor medida nuestra seguridad humana.

FRANCISCO RIVAS

Director General

@frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, agosto 2015.

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Desde hace algunos años el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha publicado los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). La información arrojada por el ejercicio estadístico no es para nada alentadora. En términos generales podemos decir que la encuesta nos indica que los mexicanos seguimos viviendo un contexto de alta inseguridad, de altos niveles de desconfianza hacia las autoridades responsables de brindar seguridad e impartir justicia, la permanencia de una cultura de la no denuncia y una importante percepción de inseguridad. Además, en el ámbito estatal este instrumento nos indica que la frecuencia e intensidad de la ocurrencia de los delitos va en aumento y que la percepción de inseguridad es el sentimiento preponderante. Así pues, para las autoridades no hay mucho que festejar, después de muchos años con una estrategia de seguridad que ha privilegiado el uso de la fuerza, los resultados son bastante limitados.

En lo que refiere a la inseguridad, la ENVIPE señala que en 2014 todo el país se cometieron 33.7 millones de delitos, equivalente a una tasa de 41 655 delitos por cada 100 mil habitantes, cifra que es prácticamente similar a la del 2013, pero que sigue siendo mucho mayor a lo reportado anualmente entre 2010 y 2012. A nivel estatal, Estado de México presentó los resultados más críticos al reportar 83 566 eventos delictivos por cada 100 mil habitantes, es decir, que los mexiquenses fueron doblemente vulnerables frente a la delincuencia respecto a lo que sucedió a nivel nacional. Otra entidad que mostró resultados preocupantes fue Tamaulipas pues su tasa de delitos cometidos creció 72.1%, la mayor variación al alza del todo el país entre 2013 y 2014.

Asimismo, este instrumento de medición nos permitió refrendar aquello que todos conocemos: los mexicanos no confiamos en la autoridad y en la mayoría de los casos no acudimos a los ministerios públicos a denunciar los delitos. En 2014, el 92.8% de los delitos acontecidos en el país no fueron denunciados, lo cual indica una reducción de la cifra negra en apenas un punto porcentual con respecto al año anterior. Entre las entidades con mayor proporción de delitos no denunciados están San Luis Potosí y Guerrero con 95 y 94.6%, respectivamente. Debemos añadir que el 32.2% de los ciudadanos del todo el país que no denunciaron el delito fue porque consideró una pérdida de tiempo acudir al ministerio público y el 16.8% por desconfianza a las autoridades.

Finalmente, en lo que respecta a la percepción de inseguridad, los datos de la encuesta revelaron que a nivel nacional 73.2% de la población mayor de 18 años considera que vivir en su entidad es inseguro. A nivel local, las entidades que mostraron los mayores niveles de percepción de la inseguridad fueron Estado de México, Tabasco, Tamaulipas y Guerrero, dado que más del 86% de su población se siente insegura en sus estados

El 2014 fue sumamente complicado en materia de seguridad, a principios de aquel año explicita e implícitamente la autoridad en sus distintos niveles señalaba que la inseguridad y la violencia que se vivía en el país eran problemas que estaban siendo superados, sin embargo en sus últimos meses la realidad terminó por aplastar los números alegres y la ENVIPE 2015 ha terminado por ratificarlo: hace falta mucho para mejorar las condiciones objetivas y subjetivas de inseguridad.

Tanto la ENVIPE así como la estadística de la incidencia delictiva del SESNSP son instrumentos de medición de la inseguridad y de su percepción de enorme valía que no deben echarse a saco roto por parte de la autoridad. Son fuentes de datos que sabiendo darles una lectura adecuada y oportuna pueden proporcionar pistas claras de aquellas tareas que deben ser atendidas para mejorar los distintos ámbitos de la seguridad del país. Profesionalizar verdaderamente a los cuerpos policiacos, ministerios públicos y jueces para que la población mejore su percepción sobre la seguridad y acuda a las instancias correspondientes a denunciar, con lo cual se reduciría la cifra negra, podría ser un buen inicio.

FRANCISCO RIVAS

Director General

@frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, julio 2015.

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Entre el 17 y 21 de agosto se llevaron a cabo dos eventos que son de relevancia central en materia de seguridad y justicia para el país: el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Procuradores. La importancia de ambos eventos radica en que se convoca al gabinete de seguridad por completo, gobernadores y a las demás autoridades del área de seguridad y justicia del país y, en teoría, deberían ser los espacios clave para la formalización de acuerdos en esta materia.

Los resultados de ambos encuentros deberían materializarse para fortalecer el desempeño profesional de las autoridades y la colaboración entre los niveles de gobierno. Sin embargo, en los diferentes estudios elaborados y presentados por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en materia de trata de personas, extorsión, secuestro, robo y homicidio; hemos podido demostrar cómo dichos acuerdos rara vez llegan a implementarse cabalmente; cómo los esfuerzos e inversión en desarrollar protocolos, esquemas de homologación de trabajo, capacitación para los operadores de los mismos, se difuminan junto con los resultados que urgen a los mexicanos. Esto ha ocurrido una tras otra vez, de tal suerte que los acuerdos simplemente se quedan en la declaración o en una buena intención. Ejemplos concretos: los acuerdos en materia de feminicidio, protección a periodistas, en materia forense, en combate al secuestro o a la trata de personas y en el fortalecimiento a la cultura de la legalidad.

Las autoridades reconocen como fundamentales el establecimiento de dichos acuerdos, los signan, se anuncian pero difícilmente se concretan y si se llegan a implementar, carecemos de mecanismos de control que garanticen estándares mínimos de calidad. Esto sin lugar a dudas nos lleva a cuestionar la validez de los programas y la ruta trazada para resolver la problemática en materia de seguridad y justicia en el país.

Por otro lado, lo que resulta una constante son los anuncios, declaraciones y presentaciones oficiales de datos estadísticos que refieren bajas en la incidencia delictiva acorde con la línea base y el periodo que más convenga para la comparación. Esto sucede especialmente alrededor del homicidio doloso, delito que ha sido tomado como indicador de referencia por nuestra autoridad federal desde la administración federal pasada.

Por ejemplo, en el marco de la 38 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, insistió que la reducción en homicidios lleva a la tasa por cada cien mil habitantes a su nivel más bajo desde el 2009. La imprecisión de este tipo de declaraciones debe preocuparnos debido a su consecuencia: es difícil atender un problema que no se reconoce y tal vez no se conoce. Bajo ninguna circunstancia la comisión continua de este tipo de hechos puede ser simplificada mediante líneas narrativas superficiales.

Precisamente esa misma semana el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer la estadística de incidencia delictiva referente al número de averiguaciones previas y carpetas de investigación reportadas por las procuradurías y fiscalías estatales de justicia y dichos datos no expresan precisamente un panorama alentador sobre el comportamiento de la delincuencia durante 2015. Por ejemplo, si analizamos el total de homicidios dolosos registrados en los primeros 7 meses del año podremos encontrar que este delito presenta un repunte importante, como se aprecia en la siguiente tabla:

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La tabla anterior pone de manifiesto que el total de homicidios dolosos de 2015 supera registros de los mismos periodos de 2006 a 2009 y de 2014. Esto sin considerar todas las debilidades que continúan subsistiendo por parte de las autoridades locales para reportar los índices delictivos que implica un subregistro del fenómeno que nos aqueja. Hemos insistido como en el país hay un gran número de casos de ciertos homicidios clasificados y reportados en la estadística como culposos pese a que estos sucedan en el marco de un evento delictivo y tengan características de violencia criminal. De igual manera debemos destacar que en la estadística oficial publicada en el SESNSP, en el rubro de homicidios dolosos no se incluyen los registros de abatimiento de presuntos delincuentes por parte de la autoridad y frecuentemente tampoco se registran los hallazgos de fosas clandestinas.

Si bien desde la federación se ha hecho un esfuerzo por tratar de homologar los sistemas y apoyar a la autoridad local a fortalecer la sistematización y registro de la incidencia delictiva, carecemos de un compromiso real por parte de los gobernantes locales. Esto una vez más evidencia que los Consejos y Conferencias Nacionales solo logran tener un impacto limitado.

Contar con una estadística de incidencia delictiva confiable es clave para dar acceso a la justicia a las víctimas y combatir el delito. Sin embargo, parece que esto nuestras autoridades lo entienden de manera inadecuada y en ocasiones dicha estadística es utilizada con fines políticos para que ciertas administraciones parezcan más exitosas en la manera en la que gobiernan que otras. Al parecer, siguen sin entender que las cifras objetivas pueden funcionar como un bálsamo a la crisis de confianza y credibilidad del gobierno. Urge que nuestras autoridades realicen un análisis crítico para afinar la estrategia de atención al delito, que deberá ser acompañada por políticas de desarrollo social, económico, educativo que permitan por un lado combatir y disuadir el delito y por otro prevenirlo. Consideramos que solo de esa manera podremos evitar que se sigan desarrollando las condiciones sociales que han hecho que cada vez más personas sean proclives a formar parte de las filas de la delincuencia.

Un reconocimiento de las áreas de oportunidad institucionales y sociales permitirá identificar las áreas a fortalecer, mantener una política de negación ante los evidentes aumentos en la incidencia de ciertos delitos, la debilidad en el combate de otros y la carencia de oportunidades para la gran mayoría del colectivo social impide avanzar en el camino adecuado. Solo cuando esto se logre se podrán salvar millones de vidas afectadas directa o indirectamente por el delito.

FRANCISCO RIVAS

Director General @frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, junio 2015.

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México ocupa el último lugar en materia de seguridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y ello implica un alta incidencia de delitos. Por esta razón, analizar mensualmente los índices delictivos en nuestro país es un tarea indispensable para aproximarnos más objetivamente a los avances o retrocesos que se registren en este materia. Sin embargo, es importante tener presentes las limitantes de la información proporcionada por las procuradurías o fiscalías estatales de justicia al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) pues dichas cifras presentan inconsistencias que pueden sesgar los diagnósticos de las autoridades. Es importante tener esto en consideración porque no estamos haciendo referencia a simples números sino a delitos que dejan tras de sí miles de víctimas.

El esfuerzo de la sociedad civil por aportar al mejoramiento de la seguridad de los mexicanos ha sido claro y significativo. Sin embargo, pese a ello es indispensable un mayor compromiso por parte del Estado para asumir una tarea ineludible. El análisis exhaustivo de la organización Causa en Común A.C. por describir la situación de las policías; la evaluación de las políticas de prevención en materia de violencia social del gobierno federal que lleva a cabo México Evalúa A.C.; el esfuerzo que hace México Unido Contra la Delincuencia A.C. por explicar cómo se encuentra la labor de las agencias de ministerios públicos, por citar solo algunos ejemplos de los importantes insumos que se construyen desde la ciudadanía. A partir de este tipo de esfuerzos hemos podido evidenciar y constatar que hay una falta de autocrítica y liderazgo gubernamental en materia de seguridad y justicia, debido a que las políticas implementadas carecen de indicadores objetivos de impacto para medir sus resultados y que no existen elementos que respalden los dichos oficiales respecto a que las bajas o alzas de la delincuencia son resultado del trabajo de nuestras autoridades.

Mediante nuestros ejercicios analíticos y de investigación, desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) hemos dado a conocer información rigurosa que permita la toma de decisiones eficientes en la materia. Si comparamos las averiguaciones previas por cada 100 mil habitantes registradas de junio con aquellas reportadas en mayo del mismo año, podemos ver que el homicidio doloso interrumpe el aumento mantenido por tres meses consecutivos (más no así en términos diarios); que el secuestro investigado en el fuero común, mantiene por tercer mes un alza importante; que el robo de vehículo sube por segundo mes, mientras que el resto de los delitos mantienen un comportamiento mixto.

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Sin embargo, si hacemos un análisis del primer semestre de 2015 contra el mismo periodo de 2014 encontraremos una baja de todos los delitos que analizamos en este documento:

Captura de pantalla 2015-09-01 12.39.32Estos datos podrán parecer confusos o contradictorios entre sí e inclusive invitan a que nos cuestionemos ¿porqué afirmamos que algunos delitos suben mes tras mes mientras que el acumulado semestral muestra un comportamiento distinto? La respuesta es sencilla, porque comparado con 2014 en el primer semestre de 2015 ha disminuido la incidencia de los delitos pero están comenzando a registrar un aumento en meses recientes. Esto significa que pese a que algunos delitos disminuyan y ello muestre una mejora de algunas situaciones de seguridad, ello no significa que hayamos solucionado el problema de violencia y delincuencia en nuestro país.

Es aquí donde asume una mayor relevancia los estudios y análisis hechos por las organizaciones de la sociedad civil, pues lo más preocupante es que seguimos teniendo instituciones débiles para combatir los delitos. Además de que pareciera evidente que contamos con políticas públicas de seguridad sustentadas en ocurrencias y no en indicadores confiables y objetivos que demuestren un verdadero compromiso por parte de las autoridades. De esta manera cómo podemos creer que existe un auténtico interés para atender los problemas y rendir cuentas.

Como evidenciaron Causa en Común, México Evalúa y México Unido Contra la Delincuencia, no tenemos ni la policía que queremos, ni los ministerios públicos que deseamos, ni las políticas de prevención que necesitamos. Esto nos lleva a que la incidencia de los delitos dependa del comportamiento criminal y no así de las instituciones encargadas de nuestra seguridad; a que los registros de incidencia delictiva sean incompletos, inexactos o intencionalmente equivocados; a que las autoridades locales sigan sin implementar protocolos pese a los acuerdos firmados y a que haya una constante falta de rendición de cuentas en materia de seguridad y justicia.

En días pasados el Presidente de la República afirmó que hay países que están peor que México en cuestiones de inseguridad. Una desafortunada pero cierta declaración, hay países en América Latina que viven una terrible crisis con tasas de homicidio 5 o 6 veces mayores que la mexicana. Que esta declaración sea verdadera no la hace menos desafortunada e insensible ante el efecto que en nuestro país han tenido por lo menos dos décadas de inseguridad constante, de las miles de vidas tocadas por el delito y de los miles de millones de pesos gastados en seguridad. Esta declaración se vuelve aún más desafortunada si no podemos afirmar que actualmente tenemos mejores instituciones y líderes con un mayor compromiso por nuestra seguridad.

Puede que la comparativa semestral de datos oficiales presente descensos, que parezca que el rumbo es el adecuado, sin embargo, un análisis más puntual y objetivo de la incidencia delictiva apunta a que aún falta mucho por avanzar. El reto que tenemos frente a nosotros es aún mayor si pensamos que nuestras autoridades están más concentradas en excusarse y apuntar que no somos los peores, en lugar de comprometerse en llevar a este país a los índices de desarrollo y seguridad que por tanto tiempo hemos esperado.

FRANCISCO RIVAS

Director General @frarivasCoL

Reporte mensual sobre delitos de alto impacto. Marzo 2015

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El alcance del Reporte sobre delitos de alto impacto. Marzo 2015 consiste en brindar una interpretación descriptiva del comportamiento de los delitos de alto impacto, mediante un análisis espacio-temporal de las averiguaciones previas o carpetas de investigación registradas. Por lo tanto, este texto exclusivamente se limita a señalar la tendencia nacional de cada ilícito desde 2006, la tasa de variación del periodo marzo 2014-febrero 2015 frente a marzo de 2015. Aunado a ello, se presentan las entidades federativas que han contado con las mayores y menores cantidades de delitos de alto impacto, en términos absolutos y de las tasas de delitos por cada 100 mil habitantes.

 

El contenido de este documento está estructurado en 9 apartados en los cuales se abordan los delitos de alto impacto, a partir de los valores absolutos y relativos registrados durante los doce meses del periodo marzo 2014-febrero 2015 y de marzo de 2015 tanto en el país como en cada una de las entidades federativas. En el primero de los apartados de este reporte se analiza el homicidio doloso; en el segundo, el homicidio culposo; en el tercero, el secuestro; en el cuarto, la extorsión; en el quinto, el robo con violencia; en el sexto, el robo de vehículo (con y sin violencia); en el séptimo, el robo a casa habitación (con y sin violencia); en el octavo, el robo a negocio (con y sin violencia); y, por último, el robo a transeúnte (con y sin violencia).

En las secciones correspondientes a los homicidios (doloso y culposo), secuestros y extorsiones hemos incorporado un análisis sobre las estadísticas de víctimas que están disponibles en el SESNSP como resultado del acuerdo 05-XXXV-13 del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), adoptado el 20 de diciembre de 2013 por sus integrantes. Es importante señalar que a partir de este reporte en el apartado relacionado con secuestro se analizarán las cifras de averiguaciones previas y víctimas registradas en el fuero federal que fueron reportadas por la Procuraduría General de la República (PGR) al SESNSP como resultado de las acciones de la sociedad civil. Contar con estos datos es de suma importancia puesto que nos permitirá dimensionar y conocer más a detalle la victimización por estos delitos de alto impacto, de manera asociada a la labor de los agentes del ministerio público de cada entidad federativa. Debemos mencionar que esta información, dada la coyuntura nacional de seguridad, es fundamental para avanzar en la generación de diagnósticos más completos, objetivos y fundamentados sobre los procesos de violencia y delincuencia que se han gestado a lo largo del país.

Reporte sobre delitos de alto impacto. Febrero 2015

En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) renovamos diariamente nuestro compromiso social para lograr un México seguro, pacífico y justo; que cuente con un marco normativo que sea respetado por todos sin importar la edad, la profesión, el estrato económico al que uno pertenezca o el puesto que cada quien desempeñe. Un país en donde el respeto y el acatamiento de la norma sea lo que fomente y propicie tanto el desarrollo personal como el nacional, un país en el cual la ley se aplique sin distingos ni agendas políticas.
Sin lugar a dudas, este es un gran desafío sobre todo si tomamos en consideración que en semana recientes no solo ha sido evidenciado el rechazo y la aparente inexistencia de la norma sino sus profundas implicaciones sociales como la desconfianza hacia las instituciones públicas y entre los propios ciudadanos. Esta podría parecer como algo menor o sin importancia, sin embargo, se trata de un factor sumamente serio que conlleva un impacto negativo en las expresiones de participación ciudadana, en el tejido social y en el desarrollo económico.
Como parte de nuestra contribución para lograr mejorar las condiciones por las que atraviesa México, en conjunto con otras organizaciones sociales, hemos dado seguimiento puntual no solo a las estadísticas oficiales sobre incidencia delictiva sino que hemos identificado una serie de fortalezas y debilidades de las instituciones de seguridad y justicia, así como de la sociedad civil en nuestro país. Los análisis que llevamos a cabo mensualmente más allá de que tienen como principal objetivo, identificar objetivamente los avances y retrocesos, han dado a conocer importantes áreas de oportunidad en las instancias involucradas en el tema que deben ser atendidas si lo que realmente se pretende es garantizar la seguridad ciudadana y que prive dicho paradigma. Un ejemplo de ello, es la debilidad o inexistencia de procesos homologados y no seccionados de sistematización de la información estadística sobre incidencia delictiva que da como resultado una serie de insumos cuantitativos de baja calidad y poco rigurosos.
Identificar ese tipo de cuestiones es fundamental pues los diagnósticos que solo son una lectura superficial del problema, ajenos a las dificultades y prácticas institucionales, poco o nada aportan en la toma de decisiones pertinentes. Justamente debido a lo que se desempeña desde la sociedad civil, podemos afirmar que parte de la debilidad en el combate de la inseguridad y la violencia son los diagnósticos imprecisos sobre la delincuencia. Ello tiene serias consecuencias como el diseño e implementación de políticas públicas inadecuadas o el uso ineficiente de recursos que no tienen el impacto que deberían tener para controlar, desincentivar y prevenir la criminalidad.
Esto ha sido lo que ha sucedido en el caso del secuestro pues en los últimos 20 años, la sociedad mexicana se ha organizado y volcado vez tras vez a las calles, logrando que las autoridades atiendan el delito de una manera aparentemente contundente. Es cierto que parece que ha disminuido la incidencia de este delito, pero estamos conscientes de que nos encontramos aún muy lejos de que este crimen se haya logrado disminuir a su mínima expresión y mucho menos erradicarlo.
A lo largo de las dos últimas décadas, miles de vidas han sido marcadas por este terrible delito y así como señalamos cuando las cifras son elevadas en los delitos de alto impacto, hacemos mención que desde diciembre de 2014 se contabilizan menos de 100 averiguaciones previas de secuestro en el fuero común en el ámbito nacional. Es cierto que este es un avance importante, sin embargo, no podemos dejar de lado que el delito sigue reportándose inadecuadamente en las procuradurías locales, es decir, eligiendo criterios de registro personales y no los supuestos de la ley general en la materia o la enorme cantidad de casos que no se denuncian. Además de que faltan por ser considerados todos aquellos secuestros de migrantes cometidos en las distintas entidades federativas.
De la misma manera en que hacemos referencia a los puntos críticos o débiles de los análisis oficiales, hay que destacar que recientemente contamos con nuevos indicadores sobre el secuestro que nos permitirán complementar parcialmente las investigaciones sobre este tema. Se trata de las estadísticas sobre secuestros del fuero federal, que hasta el momento dan cuenta de 84 casos durante el primer bimestre de 2015 que a la par deben tomarse en consideración con los 188 casos del fuero común.
Gracias a la acción conjunta de Edna Jaime, María Elena Morera, Andrea Ambrogi, Alejandro Martí y Miguel Treviño, invitados permanentes al Consejo Nacional de Seguridad, así como a organizaciones como Alto Al Secuestro, México Unido Contra la Delincuencia o a la Red de Observatorios del ONC logramos que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) empezara a publicar las cifras de víctimas de secuestro, homicidio y extorsión, a parte del número de averiguaciones previas en 2014. Ello mismo ha sido posible a principios de 2015, con los registros de secuestros del fuero federal. Estos son importantes resultados de la sociedad civil y confiamos en que estos pasos nos permitirán contar con diagnósticos más precisos y, por ende, con decisiones más certeras para combatir y erradicar este delito. La experiencia de algunos países de nuestra región y de otras latitudes del mundo lo han logrado, por lo tanto, es inaceptable pensar que una familia más pase por este dolor en México.

Reporte sobre delitos de alto impacto Septiembre

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PRESENTACIÓN
Recordaremos septiembre de 2014 como el mes de la administración del presidente Peña Nieto en el cual la narrativa oficial ya no pudo continuar minimizando las condiciones de inseguridad y violencia que permanecen en distintas regiones de México. Será el periodo a partir del cual los verdaderos avances en la materia forzosamente deberán ir de la mano del acceso a la justicia para las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. Ello se debe a que durante este mes se consumaron hechos en los cuales ha sido más que evidente la colusión de autoridades con el crimen organizado, la incapacidad de control, la respuesta tardía, así como la falta de protocolos de las instituciones de seguridad y procuración de justicia como ha sucedido no solo en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.
Lamentablemente, desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) no podemos decir que este tipo de acontecimientos son aislados. Durante años hemos visto que la corrupción, la impunidad crónica y la falta de capacidad institucional se han mantenido vigentes y enraizados en nuestra sociedad a la par de los altos niveles de criminalidad de acuerdo con las cifras oficiales. Las estadísticas disponibles en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) nos dan cuenta de una considerable cantidad diaria de delitos de alto impacto que no necesariamente representa la incidencia delictiva total, ya que solo refleja la cantidad de averiguaciones previas y no hay bases metodológicas ni criterios homologados para su recopilación ni sistematización.
Una y otra vez hemos destacado que los diagnósticos iniciales con los cuales la autoridad toma decisiones estratégicas en materia de seguridad a lo largo del país parten de información inexacta, incompleta o francamente equivocada. Ello puede observarse de manera clara en lo sucedido en Iguala, pues en la estadística oficial de Guerrero que mensualmente analizamos no se encontró evidencia suficientemente clara de lo sucedido. Como veremos esto no solo se debe al alcance limitado que pueden llegar a tener los datos reportados en el formato del Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública (CIEISP), sino por la propia confusión que han generado las autoridades y las propias consignaciones de los implicados en los actos cometidos contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Seguir leyendo →

Reporte sobre delitos de alto impacto Agosto 2014

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Durante las últimas semanas han ocurrido lamentables acontecimientos que han evidenciado las múltiples debilidades del Estado
mexicano, al grado que la inseguridad no solo ha vulnerado a la sociedad sino a las instituciones mismas. Las violaciones a los
derechos humanos por parte del ejército en Tlaltaya, Estado de México, y de la policía municipal en Iguala, Guerrero; el hallazgo
de fosas clandestinas en Guerrero y Tamaulipas; homicidios múltiples en Guerrero y Sinaloa; homicidios políticos en Jalisco y
Guerrero, son claros ejemplos de cómo los discursos triunfalistas de lasautoridades de los tres niveles de gobierno se encuentran
muy lejos de la realidad que vivimos en este país.
Desde hace un tiempo, la autoridad federal ha considerado la reducción de los homicidios dolosos como métrica para medir
avances y resultados de las acciones gubernamentales en materia de seguridad. Bajo esa perspectiva, desde 2011 se ha observado
una tendencia a la baja de este delito y con base en ello se han anunciado con bombo y platillo los presuntos éxitos de las
estrategias implementadas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la metodología para medir este delito tiene muchas debilidades no solo por la calidad de la información proporcionada por las procuradurías o fiscalías de justicia estatal, sino por razones mucho más profundas que se derivan de las características que ha adquirido la delincuencia y la violencia; como se observa claramente en el hallazgo de fosas clandestinas y en la crisis de desapariciones forzadas o involuntarias que enfrentamosen México.

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