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Reporte sobre delitos de alto impacto, enero 2017

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Acorde con los datos o ciales de procuradurías y scalías generales de las entidades reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 2016 se caracterizó por ser un año violento. Esto principalmente se debe a que el repunte del homicidio doloso que inició en abril de 2015 se ha mantenido, marcando de la misma manera al primer mes de 2017, si se compara la tasa por cada 100 mil habitantes de víctimas de homicidio doloso de enero de 2017 (1.74) contra el promedio de la tasa nacional de 2016 (1.56), el aumento es de 11.46%.

El comportamiento de este delito de alto impacto en el ámbito nacional, lamentablemente re ere que su incidencia y las víctimas directas e indirectas de este ilícito no han podido contenerse en diversas regiones del país. En este sentido, vale la pena señalar que en enero de 2017, 12 entidades federativas reportaron una tasa de homicidio doloso superior a la tasa nacional (1.74), las cuales fueron: Colima (11.63), Baja California Sur (6.79), Guerrero (4.57), Chihuahua (4.02), Baja California (3.88), Sinaloa (3.82), Zacatecas (3.75), Morelos (3.46), Michoacán (2.79), Sonora (2.12), Oaxaca (1.95) y Guanajuato (1.76). La situación en estas entidades federativas evidencia que el homicidio continúa creciendo y que este tipo de violencia cada vez se expande más en nuestro país.

Lo que está sucediendo alrededor del homicidio es sumamente signi cativo, sobre todo si se considera que las intervenciones federales parecen no tener un efecto de nitivo sobre este. Esto no es algo menor pues al menos han transcurrido cinco meses de la implementación de la llamada estrategia de intervención focalizada en los 50 municipios con mayor número de homicidios; lo cual signi ca que la federación ha continuado optando por subsanar las carencias locales -resultado de negligencia, corrupción y desinterés de las autoridades locales-, poniendo en riesgo la vida de policías federales, marinos y soldados, sin que ello haya implicado la mejora de las condiciones de seguridad al menos durante una década.

Si bien el homicidio doloso por su gravedad y métrica, se vuelve el indicador clave para entender y analizar los niveles de violencia, falta de seguridad e incidencia delictiva; es necesario no perder de vista el comportamiento de los demás delitos de alto impacto. Desde esta perspectiva, en enero de 2017 se apreció el incremento de las tasas de homicidio culposo, extorsión, robo con violencia, de vehículo, a casa habitación, a negocio y transeúnte, si se compara con el promedio de las tasas nacionales de 2016. La siguiente tabla muestra, precisamente, la comparativa y evidencia que solo secuestro y violación mostraron una baja:

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Es reconocible el esfuerzo y sacri cio tanto de algunas autoridades federales como locales por restablecer condiciones aceptables para todas las personas. Sin embargo, la e cacia sigue dejando mucho qué desear como demuestran los datos o ciales de incidencia delictiva que mantienen graves asimetrías y de ciencias, y al 93.7% de cifra negra que persiste en nuestro país acorde con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016.

A quienes decidieron servir al pueblo de México debemos recordarles que agradecemos su servicio y entendemos lo difícil que es, sin que esto los exima de la crítica ante la falta de resultados, los errores a la hora de implementar sus “estrategias”, la revictimización a quien
el Estado ya le falló o los actos de corrupción de los integrantes de las instituciones. Urgen resultados y sobran justi caciones, que tanto les gustan a las autoridades, del por qué los datos no son tan graves o de cómo los aumentos no son tan relevantes. Asimismo debemos recordarles que los ciudadanos no andamos con armas, escoltados, en autos blindados y nos encontramos a expensas de ser robados, secuestrados, nados o desaparecidos, cada vez que salimos de nuestros hogares. Los mexicanos vivimos con miedo y los datos apuntan a que sus acciones no logran mejorar nuestra seguridad.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, julio 2016

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Hace algunos días, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong hizo entrega del cuarto informe de gobierno. Este es el principal ejercicio de rendición de cuentas mediante

el cual la administración pública federal explica a la ciudadanía los resultados de las políticas públicas y las líneas de acción implementadas en las múltiples materias. Fiel a la costumbre que ha caracterizado por décadas a nuestros gobiernos, se

dieron a conocer resultados halagüeños pues “lo bueno casi no se cuenta”, escuchando un discurso que hizo referencia a la “realidad” de un México ajeno al país en el que vivimos, ya que por los índices de aprobación del presidente Peña Nieto se requirió necesariamente mostrar resultados positivos en donde su desempeño dista de ser el deseado.

El informe de gobierno consideró cuatro apartados: México en Paz, México Incluyente, México con educación de calidad, y México Prospero. Los resultados en materia de seguridad y justicia contenidos en el apartado “México en Paz” enfatizaron el cumplimiento en tiempo y forma de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), los bene cios que esto traerá para la impartición de justicia, la labor de las instituciones del Estado en materia de seguridad (Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México Comisión Nacional de Seguridad) en su tarea de combate al crimen organizado, así como la existencia y operación del programa nacional para la prevención del delito.

De igual manera se subrayó la importancia que han tenido los operativos coordinados para la seguridad y el orden, así como la coordinación interinstitucional a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) que ha dado pie a diversas estrategias como la Estrategia Nacional Antisecuestro o el nuevo modelo de desarrollo policial. A su vez se destacó la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

No obstante, poco se mencionó sobre las fallas que subsisten en el sistema penitenciario, tampoco se re rió a los casos emblemáticos como los acontecidos en Ayotzinapa, Tanhuato y Nochixtlán donde la actuación del gobierno distó de ser la óptima. Lo que se con rmó con la renuncia solicitada al ahora ex comisario de la Policía Federal, Enrique Galindo, a escasos dos días del informe.

No se mencionó a entidades como Guerrero, Tamaulipas, Estado de México, Colima o Veracruz (por mencionar solo algunas) donde la violencia aún impera. Tampoco presentaron diagnósticos certeros y minuciosos respecto a los recursos escasos destinados a ciertas áreas clave de la procuración de justicia, las carencias y áreas de oportunidad en dicha materia, así como en la atención de víctimas

del delito cuya comisión ejecutiva solo ha sido capaz de canalizar 33 de los 1 028 millones de pesos presupuestados para la atención a víctimas y la reparación del daño. Esos temas fueron omitidos ya que aparentemente se cree que con la sola existencia de los ordenamientos jurídicos y normativos los problemas se resuelven en automático.

En cuanto a los resultados en materia de corrupción, pese a que estrenaremos el SNA, no debemos olvidar que el PRI se opuso a diversos elementos de este y
que solamente gracias al gran trabajo de la sociedad civil y a un veto presidencial oportuno fue posible que el SNA se convirtiera en el primer paso en el combate a la corrupción. En cuatro años solo se ha podido dar un pequeño paso, impulsado por las organizaciones de la sociedad civil.

El presidente no abordó el alza de los homicidios dolosos. Con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y que según los pronósticos realizados por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) se espera que 2016 termine con una tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes de 14.5 homicidios dolosos (3.23% mayor que la reportada en 2015). Mientras que en otros pronósticos menos conservadores la tasa en comento podría alcanzar un valor máximo de 17.34. Cabe destacar que entidades como Guerrero y Morelos en las que se ha contado con la presencia o refuerzo de elementos de instituciones federales de seguridad, se han mantenido tasas de homicidio doloso superiores a la nacional desde 2012.

El mes de julio se caracterizó por haberse constituido como el mes con mayor número de víctimas de homicidio doloso (2 073) desde que se comenzó a divulgar esta información en 2014, en tanto que mayo y junio presentaron más de 1800 víctimas mensuales, lo que presupone un promedio de más de 60 homicidios dolosos cometidos diariamente.

A su vez, durante la administración de Enrique Peña Nieto hemos sido testigos de cambios en los patrones geográ cos de los delitos de alto impacto. Antes de que comenzará su periodo de gobierno las entidades con mayores tasas de homicidio doloso entre enero y julio de 2012 eran: Chihuahua (37.6), Guerrero (35.9), Sinaloa (31.3), Morelos (26.3) y Durango (22.3). En cambio, durante el mismo periodo de 2016 las entidades con mayores tasas fueron: Colima (45.9), Guerrero (35.3), Sinaloa (20.1), Baja California (17.1) y Morelos (16.9).

Por otro lado, en materia de secuestros se espera una tasa de 0.93 por cada 100 mil habitantes (7.09% mayor que la de 2015) y una tasa de extorsiones de 4.32 (3.67% mayor que la de 2015). Es decir, el panorama no será muy diferente del que experimentamos en 2013.

Para el secuestro es importante distinguir que las cifras reportadas en el SESNSP no reflejan la cantidad total de casos, no solo por la cifra negra, sino porque no se están registrando los supuestos contemplados en el Artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. A pesar de lo anterior es el delito que reportaría el mayor incremento respecto a 2015 de acuerdo con nuestros pronósticos.

En materia de extorsión cabe destacar que las disminuciones registradas desde 2013 se pueden deber a cambios en los criterios de registro. Dichas modi caciones suponen que la credibilidad y comparabilidad de la información esté en duda. En lo agregado esto supone un diferencial de la tasa nacional de 0.5 y 0.6 en 2014 y 2015, respectivamente, lo cual aminora los porcentajes de reducción ampliamente citados por las autoridades.

A pesar de lo anterior atribuirle la responsabilidad de cada carencia o falta de logros al Ejecutivo no es completamente prudente. Si hoy observamos entidades y municipios en condiciones graves de inseguridad, si la violencia en algunas regiones se ha mantenido, si no se ha cumplido a cabalidad la adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio, si no se ha cumplido con la Ley General de Víctimas, así como con diversos tratados internacionales que tutelan los derechos humanos,
es también por la responsabilidad de autoridades locales y municipales que han
sido cómplices o directos responsables de esto, ya sea por incapacidad o por desidia. También ellos han aportado a un contexto en el cual el Estado no tiene el control sobre todo el territorio nacional.

A poco más de dos años del n del mandato del presidente Peña Nieto, es momento de que asuma las riendas del combate a la corrupción y la delincuencia,
de la implementación de la ley sin distingos. Es momento de que refrende su compromiso con políticas públicas de seguridad humana sustentadas en diagnósticos reales e indicadores de desempeño e impacto; es momento de que se reajusten o eliminen las lineas de acción que no han funcionado y de verdad trabaje para que “lo bueno cuente mucho” no solo en términos de narrativa y estrategia de comunicación.

Francisco Rivas
Director General
@frarivasCoL

Reporte Mensual de delitos de alto impacto, Mayo 2016

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Desde mediados de 2012 y hasta inicios de 2015 el homicidio doloso mantuvo un comportamiento a la baja. Esto lo podemos apreciar al analizar las tasas por cada 100 mil habitantes de este delito, los cuales variaron de 18.47 en 2012 a 13.08 en

2014. No obstante, la disminución que se registró durante esos años no se mantuvo y fue precisamente a partir de abril de 2015 que el comportamiento cambió y el año terminó con una tasa de 14.07 por cada 100 mil habitantes.

La problemática vinculada con los homicidios dolosos muestra una evolución poco favorable en buena parte del territorio nacional. Para muestra, basta con retomar el caso de Guerrero, que registró una tasa de 56.5 averiguaciones previas por homicidio doloso por cada 100 mil habitantes ubicándose como la entidad número uno en esta materia. Además, reportó un incremento de 32.36% respecto al año anterior.

El homicidio doloso continúa representando un problema de seguridad que difícilmente ha cedido en México, hay que señalar que el comportamiento al alza en 2016 se mantiene. Prueba de ello es que si comparamos los valores absolutos de los primeros 5 meses del año contra el mismo periodo del año anterior hay un aumento de 14.27%. La debilidad en los registros de homicidio nos permite afirmar que hay un gran número de casos clasificados y reportados como homicidios culposos que en realidad deberían ser sistematizados como dolosos.

Tras una década en crisis de seguridad humana caracterizada por una alta incidencia de delitos violentos -en particular de homicidios-, podemos afirmar que las políticas públicas y estrategias para garantizar la vida de las personas en nuestro país continúan sin ser efectivas. Lo más preocupante de esta situación es que al parecer
a nuestras autoridades esta cuestión no parece quitarles el sueño. Las preguntas mínimas que como sociedad debemos hacer a la autoridad ante esta nueva crisis de violencia son: ¿qué está fallando?, ¿qué sí y qué no ha funcionado?, ¿qué indicadores sustentan dicho análisis?, ¿las políticas públicas están diferenciadas por fenómeno delincuencial, contexto, víctima?, ¿dónde estaremos en 5, 10 o 15 años en materia de incidencia delictiva y violencia?

Ante estas interrogantes que aún no tienen respuesta, surge otra de igual importancia que consiste en saber si algún funcionario ha reconocido el problema y se está haciendo las preguntas anteriormente planteadas. Me atrevo a afirmar que en el caso de que alguien se esté cuestionando esto, o no hay respuestas, o nadie las usa como diagnósticos para la construcción de un plan que incluya reformas jurídicas y políticas públicas para revertir este fenómeno.

Y afirmo esto debido a las declaraciones que una y otra vez emiten las autoridades del país como: “los homicidios que estamos viendo se deben a confrontación entre grupos de delincuencia organizada”; “si comparamos
el número de homicidios de 2011 o de 2012 con los de 2015 estamos muy
por debajo”; “México tiene un problema de mala imagen”; “en la presente administración han mejorado los derechos humanos en México”. Declaraciones que evidentemente omiten recordar que:

1. La confrontación de grupos de delincuencia organizada habla de la debilidad del Estado y su incapacidad por controlar lo que sucede en el territorio.

2. Las víctimas de homicidio son personas sin importar quienes son éstas.

3. Los costos sociales y económicos resultantes de la pérdida de la vida de personas por eventos delictivos son enormes y la cantidad de los que se cometen en nuestro país hablan de una evidente crisis humanitaria.

4. Usar estadística a modo para minimizar un problema de inseguridad es revictimizar a víctimas directas e indirectas del delito.

5. Más de 17 000 víctimas de homicidio doloso en 2015, 1 300 de secuestro, 5 000 de extorsión, 150 mil robos con violencia, ineficacia en el combate a
los delitos, falta de acceso a la justicia que provoca la baja credibilidad en las instituciones que en general las personas tenemos, altos porcentajes de cifra negra (que en nuestro país, según el INEGI, ronda el 93%), son reflejo de una crisis de inseguridad y violencia y no sencillamente un problema de relaciones públicas o mercadeo.

6. La evidencia de desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, justicia a modo, falta de implementación de los protocolos
de actuación, violaciones al debido proceso, falta de acceso a la justicia y reparación del daño, incumplimiento de los objetivos y acciones que se desprenden de la Ley General de Víctimas, que ha sido expuesta por casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Oaxaca, Tierra Blanca o los múltiples casos de fosas clandestinas halladas y no investigadas, nos debería llevar a una profunda reestructuración de las instituciones y un fomento al respeto cabal de la ley y no a considerar como satisfactorios presuntos avances en materia de respeto a los derechos humanos.

El primer paso consistiría en reconocer el problema en el que estamos, es difícil mejorar si improvisamos y tenemos una visión a corto plazo que tiene como interés personal la conservación del poder, los resultados electorales, el manejo de los grupos de presión sobre el beneficio del país y sus habitantes.

Los homicidios dolosos han aumentado y es cierto que podrían disminuir
en el corto plazo, sin embargo, esto no significa que estemos mejorando. Puede que el reacomodo de los grupos criminales termine y, por ende, el número
de homicidios disminuya pero si no hemos construido instituciones capaces
de disuadir la conducta criminal, prevenirla, perseguirla y erradicar a los
grupos de delincuencia organizada; desarrollar instituciones que permitan el acceso a la justicia en un cabal respeto a los derechos humanos, instituciones educativas capaces de preparar a las personas a competir en el mundo laboral, instituciones de salud que coadyuven a la reducción del consumo en pleno respeto a las decisiones individuales, un mercado laboral competitivo, donde el acceso al crédito sea universal y el costo del dinero asequible para poder iniciar actividades que permitan el legítimo desarrollo de las personas en pleno respeto de la ley, seguiremos a expensas de qué los criminales logren mantener su paz armada.

Cada una de las 18 665 víctimas de homicidio doloso en 2015 y las 8 469 de lo que va de 2016, deben llevarnos a exigir acciones que reconstruyan las bases de nuestra sociedad y permitan vislumbrar un futuro mejor para millones de personas en nuestro país. Una vez más es evidente que no podemos ceder
en esta exigencia pues nuevamente hemos confirmado que, lo que se está haciendo, evidentemente, no ha funcionado lo suficiente para que nuestra seguridad humana sea una garantía en México.

Francisco Rivas
Director General
@frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, julio 2015.

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Entre el 17 y 21 de agosto se llevaron a cabo dos eventos que son de relevancia central en materia de seguridad y justicia para el país: el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Procuradores. La importancia de ambos eventos radica en que se convoca al gabinete de seguridad por completo, gobernadores y a las demás autoridades del área de seguridad y justicia del país y, en teoría, deberían ser los espacios clave para la formalización de acuerdos en esta materia.

Los resultados de ambos encuentros deberían materializarse para fortalecer el desempeño profesional de las autoridades y la colaboración entre los niveles de gobierno. Sin embargo, en los diferentes estudios elaborados y presentados por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en materia de trata de personas, extorsión, secuestro, robo y homicidio; hemos podido demostrar cómo dichos acuerdos rara vez llegan a implementarse cabalmente; cómo los esfuerzos e inversión en desarrollar protocolos, esquemas de homologación de trabajo, capacitación para los operadores de los mismos, se difuminan junto con los resultados que urgen a los mexicanos. Esto ha ocurrido una tras otra vez, de tal suerte que los acuerdos simplemente se quedan en la declaración o en una buena intención. Ejemplos concretos: los acuerdos en materia de feminicidio, protección a periodistas, en materia forense, en combate al secuestro o a la trata de personas y en el fortalecimiento a la cultura de la legalidad.

Las autoridades reconocen como fundamentales el establecimiento de dichos acuerdos, los signan, se anuncian pero difícilmente se concretan y si se llegan a implementar, carecemos de mecanismos de control que garanticen estándares mínimos de calidad. Esto sin lugar a dudas nos lleva a cuestionar la validez de los programas y la ruta trazada para resolver la problemática en materia de seguridad y justicia en el país.

Por otro lado, lo que resulta una constante son los anuncios, declaraciones y presentaciones oficiales de datos estadísticos que refieren bajas en la incidencia delictiva acorde con la línea base y el periodo que más convenga para la comparación. Esto sucede especialmente alrededor del homicidio doloso, delito que ha sido tomado como indicador de referencia por nuestra autoridad federal desde la administración federal pasada.

Por ejemplo, en el marco de la 38 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, insistió que la reducción en homicidios lleva a la tasa por cada cien mil habitantes a su nivel más bajo desde el 2009. La imprecisión de este tipo de declaraciones debe preocuparnos debido a su consecuencia: es difícil atender un problema que no se reconoce y tal vez no se conoce. Bajo ninguna circunstancia la comisión continua de este tipo de hechos puede ser simplificada mediante líneas narrativas superficiales.

Precisamente esa misma semana el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer la estadística de incidencia delictiva referente al número de averiguaciones previas y carpetas de investigación reportadas por las procuradurías y fiscalías estatales de justicia y dichos datos no expresan precisamente un panorama alentador sobre el comportamiento de la delincuencia durante 2015. Por ejemplo, si analizamos el total de homicidios dolosos registrados en los primeros 7 meses del año podremos encontrar que este delito presenta un repunte importante, como se aprecia en la siguiente tabla:

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La tabla anterior pone de manifiesto que el total de homicidios dolosos de 2015 supera registros de los mismos periodos de 2006 a 2009 y de 2014. Esto sin considerar todas las debilidades que continúan subsistiendo por parte de las autoridades locales para reportar los índices delictivos que implica un subregistro del fenómeno que nos aqueja. Hemos insistido como en el país hay un gran número de casos de ciertos homicidios clasificados y reportados en la estadística como culposos pese a que estos sucedan en el marco de un evento delictivo y tengan características de violencia criminal. De igual manera debemos destacar que en la estadística oficial publicada en el SESNSP, en el rubro de homicidios dolosos no se incluyen los registros de abatimiento de presuntos delincuentes por parte de la autoridad y frecuentemente tampoco se registran los hallazgos de fosas clandestinas.

Si bien desde la federación se ha hecho un esfuerzo por tratar de homologar los sistemas y apoyar a la autoridad local a fortalecer la sistematización y registro de la incidencia delictiva, carecemos de un compromiso real por parte de los gobernantes locales. Esto una vez más evidencia que los Consejos y Conferencias Nacionales solo logran tener un impacto limitado.

Contar con una estadística de incidencia delictiva confiable es clave para dar acceso a la justicia a las víctimas y combatir el delito. Sin embargo, parece que esto nuestras autoridades lo entienden de manera inadecuada y en ocasiones dicha estadística es utilizada con fines políticos para que ciertas administraciones parezcan más exitosas en la manera en la que gobiernan que otras. Al parecer, siguen sin entender que las cifras objetivas pueden funcionar como un bálsamo a la crisis de confianza y credibilidad del gobierno. Urge que nuestras autoridades realicen un análisis crítico para afinar la estrategia de atención al delito, que deberá ser acompañada por políticas de desarrollo social, económico, educativo que permitan por un lado combatir y disuadir el delito y por otro prevenirlo. Consideramos que solo de esa manera podremos evitar que se sigan desarrollando las condiciones sociales que han hecho que cada vez más personas sean proclives a formar parte de las filas de la delincuencia.

Un reconocimiento de las áreas de oportunidad institucionales y sociales permitirá identificar las áreas a fortalecer, mantener una política de negación ante los evidentes aumentos en la incidencia de ciertos delitos, la debilidad en el combate de otros y la carencia de oportunidades para la gran mayoría del colectivo social impide avanzar en el camino adecuado. Solo cuando esto se logre se podrán salvar millones de vidas afectadas directa o indirectamente por el delito.

FRANCISCO RIVAS

Director General @frarivasCoL

Reporte sobre delitos de alto impacto. Noviembre 2014

El último cuatrimestre del año resultó un periodo muy difícil para la autoridad federal, pues tuvo que enfrentar una serie de graves eventos de incidencia delictiva que evidenciaron la colusión entre autoridades y diversos grupos del crimen organizado. Cada vez fueron más visibles las violaciones a los derechos humanos y los actos de corrupción, al grado que pusieron en entredicho la narrativa oficial sobre la mejora de las condiciones de seguridad y la eficacia del gobierno federal en el combate al delito.
Las autoridades del Estado, con el inicio de 2015, vuelven a hablar sobre los avances obtenidos frente a la criminalidad en nuestro país. Para muestra de ello, tan solo basta con recordar las declaraciones del presidente Peña Nieto en Ciudad Juárez, el pasado 14 de enero, en las cuales puso como ejemplo los resultados alcanzados en la ciudad fronteriza tras declarar que “la significativa reducción en los índices de criminalidad y homicidios en esta ciudad proyecta a México ante el mundo como una nación que está cambiando y mejorando sus condiciones de seguridad […] Y que está reduciendo los índices de violencia que son los que más preocupaban a la sociedad mexicana”1.
Es cierto que las estadísticas oficiales reportadas por las procuradurías y fiscalías estatales presentan ciertas disminuciones, las cuales reflejan las denuncias que conllevaron el inicio de averiguaciones previas o carpetas de investigación. Dicha información que es publicada mensualmente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), muestra una baja generalizada de la incidencia de los delitos de alto impacto como se puede observar en las siguientes tablas:

resumen

Fuente: Elaboración del ONC con datos del SESNSP actualizados al 19 diciembre de 2014
¿Qué está pasando? ¿Podemos afirmar categóricamente que la incidencia delictiva está presentando un comportamiento a la baja en todo el país? Lamentablemente, la respuesta a esta preguntas es no. Con la evidencia e indicadores que contamos, lo único que podemos afirmar es que los registros oficiales de averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas disminuyeron sin que ello necesariamente implique la disminución de la incidencia delictiva. Esto se puede deber a los siguientes factores:

1. Como ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI) a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), los ciudadanos cada vez denuncian menos los delitos de los cuales fueron víctimas. La cifra negra en 2013 fue de 93.8% de acuerdo con el INEGI, es decir, que aproximadamente solo 6 de cada 100 se delitos se denuncian y derivan en el inicio de una averiguación previa. Debemos recordar que se trata de una denuncia cuando el ciudadano acude a una agencia del ministerio público, no solo cuando da parte de una noticia criminal a una policía local o federal, al ejercito o marina. Si bien existen registros policiales de cada una de las noticias criminales, lo que se toma en cuenta para medir la incidencia delictiva en México es únicamente la denuncia interpuesta
por el ciudadano ante las autoridades correspondientes de las procuradurías.

2. Los registros que hoy analizamos sobre incidencia delictiva únicamente corresponden a los delitos del fuero común, es decir, aquellos que son atendidos por las procuradurías o fiscalías estatales de justicia. Esto excluye todos los delitos del fuero federal y, por ende, aquellos que son atendidos por las autoridades federales.

3. Como pudimos demostrar en nuestro estudio Análisis Integral del Secuestro en México. Cómo entender esta problemática; si bien la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro es clara y reconoce la modalidad de secuestro exprés en el Artículo 9, los registros sobre dicha modalidad no forman parte de las estadísticas oficiales sobre incidencia delictiva de la mayoría de las entidades federativas. Ello se debe a que en muchas ocasiones, este tipo de secuestro es catalogado de diversas maneras tales como: extorsión, amenaza o robo con violencia. Esto no es algo menor pues modifica por completo el comportamiento del secuestro que se aprecia a partir del análisis de las estadísticas oficiales disponibles en el SESNSP.

4. En la mayoría de las entidades federativas no se registran para fines estadísticos, todas aquellas extorsiones que no fueron consumadas. Por ejemplo, si una familia recibe 6 llamadas extorsivas (amenazas o engaños) pero nunca paga el monto solicitado por el criminal durante un año, en buena parte de las entidades no existirá registro alguno de estos 6 eventos, pese a que la familia haya acudido al ministerio público a interponer su denuncia en cada una de las ocasiones.
5. Ante la implementación del nuevo sistema de justicia penal debemos considerar los retos que tenemos frente a nosotros en relación la manera de registrar y recopilar la información sobre incidencia delictiva con fines estadísticos. Uno de los elementos de este nuevo sistema implica la depresurización de los casos que llegan al sistema de administración de justicia, tratando que todos los casos no graves se resuelvan a través de los sistemas de justicia restaurativa. Por ejemplo, esto implica que una cantidad significativa de robos sin violencia serán tratados por conciliación, por lo cual no es necesario abrir una carpeta de investigación para estos eventos. Actualmente, los lineamientos y formatos implementados no captan los registros de este tipo de casos pues la información del SESNSP solo da cuenta de las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas.
Continuamente hemos destacado que la estadística criminal es fundamental para la toma de decisiones acertadas. Esto se debe a
que permite la elaboración de diagnósticos que tienen como fin dar a conocer el estado que guarda la problemática de inseguridad
y evaluar las acciones implementadas en la materia. Debido a los factores enlistados, podemos decir que desafortunadamente en
México no contamos con diagnósticos suficientemente completos para proyectar con precisión los recursos humanos, económicos
y los insumos necesarios para controlar la violencia y delincuencia, así como construir la paz en nuestro país.
Por estas razones, es fundamental destacar el acuerdo alcanzado en la XXXVII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública
en relación con el fortalecimiento de la calidad y cantidad de información pública. Este acuerdo impulsado por Edna Jaime, María
Elena Morera, Alejandro Martí, Andrea Ambrogi y Miguel Treviño como invitados permanentes a este consejo; es un esfuerzo
fundamental que no puede aplazarse si lo que queremos es resolver integralmente la crisis de inseguridad que nos aqueja. No
podemos aspirar a un país con paz y tranquilidad si contamos con los elementos mínimos para entender el fondo del fenómeno
delictivo y de la violencia que enfrentamos.
En resumen, ante el discurso de innegable mejora de la incidencia delictiva todos los mexicanos debemos ser cautelosos, parece que algunos delitos como secuestro, extorsión y robo van a la baja. Por lo tanto, a pesar de lo que pudiera interpretarse como avances de acuerdo con la estadística oficial de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas; no debemos olvidar bajo ninguna circunstancia la calidad de dicha información y lo que realmente refleja. Además se debe tener muy presente que es urgente tanto una metodología común como un modelo de capacitación e insumos homogéneos para generar una base que las entidades federativas asuman e implementen con responsabilidad, sin velar por interés político alguno, para mejorar la información y las políticas públicas en la materia. Otro aspecto que no debe ser olvidado es que, pese a las eventuales mejoras en la incidencia delictiva, cuando hacemos un análisis de la situación local podemos ver que algunas entidades no solo no han visto o experimentado dichas reducciones sino todo lo contrario, son víctimas del incremento de la criminalidad (como Tamaulipas en materia de secuestro o Guerrero y Michoacán en materia de homicidio).

FRANCISCO RIVAS
Director General
@frarivasCoL

1 Para conocer más a detalle el discurso del presidente Peña Nieto en Ciudad Juárez, Chihuahua, puede consultarse la nota informativa disponible en: <http://www.informador.com.mx/mexico/2015/570557/6/pena-nieto-resalta-reduccion-de-crimen-enciudad-
juarez.htm>