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Reporte Mensual de delitos de alto impacto, Junio 2016

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La violencia homicida no cede en nuestro país y lamentablemente no es una sorpresa, pues como lo hemos demostrado mes tras mes, este delito está muy lejos de haber sido atendido e cientemente por nuestras autoridades. Si observamos

los comparativos semestrales de 2014-2015 y 2015-2016, se puede apreciar cómo
los homicidios intencionales han continuado aumentando. Aunado a ello, no debe dejarse a un lado la situación por la cual atraviesan distintas entidades federativas como Colima, Guerrero, Morelos, Sinaloa y Chihuahua que lideran las tasas de homicidio doloso apuntando a una debilidad en las políticas de reducción de este fenómeno pese a que hemos tratado de enfrentar esta problemática por más de una década en México.

Respecto a la incidencia del homicidio, nuestras autoridades han continuado insistiendo en que estos se encuentran ligados a la confrontación entre grupos de la delincuencia organizada, casi como si consideraran que esta característica los torna en acontecimientos menos graves y olvidan que si estos grupos luchan por el control de un territorio es porque las instituciones del Estado han fallado.

No podemos esperar resultados e cientes ni efectivos frente a la violencia
y delincuencia si hay de ciencia para prevenir y sancionar los delitos, si no se implementa un sistema de readaptación social capaz de reincorporar plenamente a la sociedad a una persona que purgó una sentencia justa y proporcional al daño ocasionado. Si no corregimos este camino pareciera que estamos trabajando
por una sociedad que mantenga viva la problemática delincuencial, generando sistemáticamente incentivos para que nos incorporemos a este tipo de actividades.

Es cierto que no es posible que se dejen de cometer homicidios en nuestro país, pero ello se debe a rasgos propios de la conducta y de la sociedad. El homicidio es un delito que no se puede erradicar en ningún territorio pues aún en los países más seguros lo encontraremos. Sin embargo, el homicidio sí puede reducirse a tasas mínimas de incidencia y una de las acciones clave para conseguirlo es desvincularlo de actividades de la delincuencia organizada mediante acciones en dos vías: fortalecimiento institucional y reconstrucción del tejido social.

En México, ha sido clara la reproducción y el aumento del homicidio con sus respectivas implicaciones en nuestra calidad de vida. Asimismo en nuestro país ha sido evidente que, en gran medida, esto se debe a la falta de capacidad del Estado para disminuir el poder de los grupos delincuenciales; de generar oportunidades para que las personas opten por un desarrollo dentro de la ley; de castigar la conducta delictiva de manera oportuna; de permitir que la impunidad crónica, la falta de oportunidades y el subdesarrollo sean factores determinantes en la decisión de quienes empiecen a delinquir, lo hagan una y otra vez, perfeccionando su actividad y cometiendo delitos cada vez más graves.

El contexto nacional que se ha caracterizado por un combate frontal de los grupos del crimen organizado generando muerte, dolor, subdesarrollo
y deshonra para nuestro país; se ha vuelto cada vez más complejo dada
la incidencia de delitos del fuero común que terminan en homicidios y
que tienden a ser negados y desatendidos por las autoridades locales correspondientes. Este se debe a que nuestras autoridades han optado por tratar la crisis de seguridad como un mero problema mediático que debe ser manejado por el área de comunicación social.

Urgen instituciones sólidas y con ables, respetuosas de los derechos humanos, que combatan el delito, al tiempo que necesitamos políticas de prevención que logren su cometido. Estas acciones deben llevarse a cabo en un ambiente en el cual la educación genere las competencias necesarias para que las personas puedan entrar a un mercado laboral que brinde oportunidades de desarrollo dentro de la ley.

Ya basta de poner excusas como “antes estábamos peor”, “quien estuvo
antes no supo hacer, no supo combatir y generó esta situación” para no atender efectivamente el problema de seguridad. Ya basta de buscar justi caciones para dejar que se reproduzca tanta violencia y delincuencia. Si se mantiene la actual tendencia de las estadísticas o ciales terminaremos el 2016 con 19,560 víctimas directas de homicidio doloso y muchas más víctimas indirectas que pagarán las consecuencias de un país donde sus instituciones no han logrado garantizar la paz social ni el respeto a los derechos humanos.

Autoridades, es hora de que asuman sus responsabilidades y dejen a un lado la retórica y las líneas discursivas convenientes. Recuerden que nadie los obligó a asumir sus cargos, ahora asuman su responsabilidad y reconozcan que no es seguro vivir en nuestro país, que enfrentamos una crisis de seguridad humana que no han sabido resolver. ¡Es hora de un México de leyes y derechos donde las personas vivamos seguras!

Francisco Rivas

Director General

@frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, enero 2016

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Con la presentación del Reporte sobre delitos de alto impacto. Enero 2016, desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), seguimos aportando nuestro esfuerzo para entender integralmente el comportamiento delictivo en el país

con miras a mejorar la seguridad, el acceso a la justicia y fortalecer el Estado de Derecho. El trabajo que hemos realizado busca identi car los aspectos especí cos para que tanto autoridades como sociedad civil puedan estable- cer un diálogo constructivo y promover estrategias claras que atiendan los problemas en estas materias.

Un ejemplo de los esfuerzos que hemos llevado a cabo para construir este tipo de puentes, es el trabajo realizado desde hace tres años entre el Obser- vatorio Nacional Ciudadano (ONC), Causa en Común, México Unido Contra la Delincuencia, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, la Red de Profesionistas en Seguridad Pública, el Instituto de Administración Pública y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal (UAI). Esto se debe a que hemos desarrollado un mecanismo para entender con detalle y acompañar los procesos internos disciplinarios de desarrollo policial y efectividad en la actuación de la Policía Federal. El objetivo de este trabajo consiste en me- jorar el desempeño individual de los policías, al tiempo que se fortalece la institución, los procesos de transparencia y rendición de cuentas y se prueba un modelo que podrá replicarse a nivel local. Lograr este acuerdo implicó muchas horas de trabajo, planeación, discusión teórica y análisis sobre lo factible en términos de supervisión ciudadana según el marco normativo que rige a la institución y en este sentido reconocemos la destacable cooperación del entonces titular de la UAI, Edgardo Flores, quien dio pie para que este proyecto pudiese surgir. De igual manera, reconocemos la gran disposición
y apoyo del actual Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, quien decidió expandirlo más allá de la Unidad y llegar a toda la CNS.

Otros esfuerzos conjuntos que se están llevando a cabo para mejorar la seguridad, en esta ocasión en términos de la calidad de la información es
la apertura del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Centro Nacional de Información (CNI) para colaborar en la construcción de un mejor instrumento que permita conocer con mayor exactitud la incidencia delictiva en el país de una manera más homogénea. Por otro lado, está la apertura, transparencia y colaboración de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), lo cual ha permitido entender, explicar y evaluar avances en esta materia atendiendo las observaciones y críticas que hemos realizado desde la sociedad civil, priorizando siempre el bienestar de las víctimas. Asimismo no puedo dejar de mencionar la valiosa disposición de las procuradurías y scalías generales de Chiapas, Chihuahua, Morelos y Veracruz por permitir dar un seguimiento a los procesos de los registros de denuncias y la generación de la información, lo cual contribuye simultánea- mente a desarrollar o construir integridad en los servidores públicos a través de programas que fomentan la cultura de la legalidad. Del mismo modo con- sidero que es destacable la colaboración que en el ámbito local, han llegado a tener ciertas autoridades a través de la Red de Observatorios Locales del ONC.

Dada la situación por la cual atraviesa el país, sabemos que la crítica hacia las fallas e inconsistencias de las políticas públicas así como las malas actua- ciones de las autoridades es fundamental. Sin embargo, reconocer la apertura al diálogo y al trabajo en conjunto con la sociedad civil es igual de esencial. Esto importante enfatizar este reconocimiento en ambos sentidos para que los funcionarios de los tres niveles de gobierno perciban y se den cuenta que lo que perseguimos no es su denostación pública sino que buscamos colabo- rar para enfrentar la crisis de seguridad en la cual nos encontramos.

No obstante, pese a lo enunciado, considero que hace falta mucho por hacer en nuestro país en materia de transparencia y rendición de cuentas, los buenos resultados del diálogo entre sociedad civil y los actores estata-
les continúan siendo excepcionales frente a la dimensión del problema de falta de seguridad y violencia del país. La mayoría de nuestros gobernantes no dialogan con la sociedad, ni tienen vocación democrática, ni les interesa rendir cuentas. A los actores del Estado se les ha olvidado que los espacios de diálogo y debate con la sociedad civil generan instrumentos para encontrar soluciones novedosas a los problemas.

Ojalá que esta reflexión motive a otras autoridades que hoy parecen ignorar estos importantes avances democráticos, que no permiten la colabo- ración con la sociedad civil y desestiman los hallazgos de los informes de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos y del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que señalan constantes violaciones a los derechos de las personas en México. La apertura de algunos contrasta con el actuar de autoridades que informan mal sobre la incidencia delictiva o de plano presumen números sin fundamento sobre la reducción de delitos pese a la innegable crisis de inseguridad que vivimos en el país. Por ejemplo, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo quien niega la crisis de feminicidios en su entidad; la Fiscalía General de Nayarit que omite contestar solicitudes de información en materia de trata, extorsión, secuestro o robo y no registra las extorsiones y el robo a transeúntes en la entidad; en Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira desconoce sus propios datos sobre incidencia delictiva.

Aunado a ello, espero que esta reflexión sirva para que más personas participen en la solución tanto de los problemas como de las necesidades de sus comunidades y, que asuman su corresponsabilidad ciudadana y solidaria para hacer frente a la innegable crisis de corrupción, derechos humanos e im- punidad. Invito a través de este espacio a la sociedad civil de Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas a trabajar conjuntamente por el respeto a los derechos humanos, por la transparencia y la rendición de cuentas. Reconozco que actualmente ejercer el activismo social en nuestro país es una labor bastante difícil e incluso peligroso, que aparentemente existen pocos incentivos. Sin embargo, no debemos olvidar que también la participación es una herra- mienta poderosa que en nuestros días se ha vuelto necesaria y urgente.

A quien decida acercarse al ONC, les brindaremos nuestro apoyo, la metodología y les acompañaremos en su trabajo. Algo hemos logrado a nivel federal, sin embargo, aún nos falta mucho por hacer pues aún hay en el éam- bito local muchas autoridades autoritarias, amenazas, burlas y falta de interés por los problemas de la sociedad. Justamente ahí es donde debemos actuar
y donde necesitamos a muchos más generando contrapesos, construyendo ciudadanía, rendición de cuentas y cultura de la legalidad.

FRANCISCO RIVAS

Director General

@frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, septiembre 2015.

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Pese al trabajo que ha sido realizado por diversos actores sociales para mejorar las condiciones de seguridad y justicia en nuestro país, la meta continúa encontrándose bastante distante. Esto resulta más que evidente si tomamos en consideración las cifras que dan cuenta de la incidencia y prevalencia de delitos y de violaciones de derechos humanos, así como las condiciones que privan en las instituciones de seguridad y administración de justicia. Bajo esta perspectiva, si optamos por voltear a ver a nuestras policías, peritos, ministerios públicos, jueces y el personal destinado a la atención de víctimas; encontraremos carencia y ejercicio ine ciente de recursos de diversa índoles así como disparidad en la manera en que se entiende y atiende el delito. Lamentablemente, esta es la realidad a la que nos enfrentamos tras dos décadas de trabajo y de gastos millonarios para tener instituciones listas para prevenir y combatir el delito, atender a las víctimas, brindarles justicia, reparar el daño. Es un hecho que nos encontramos muy lejos de tener casos objetivos y evidentes de éxito.

Las razones son diversas, sin embargo, creemos rmemente que principalmente se debe a que no ha existido un compromiso parejo ni sincero por parte de todas las autoridades para mejorar estas instituciones. Respecto a esto último, es un hecho que hay muchas ocasiones en las cuales los esfuerzos realizados son su cientemente reconocidos y, en otros tantos, la ausencia de acciones ha quedado impune. Mientras algunas autoridades han puesto su cara, su capital político o su vida, otras han dejado de hacer lo mínimo y otras aún, se han enriquecido gracias al peculado y redes de corrupción.

En este sentido, la organización Causa en Común nos convocó en días pasados al “4o Foro Nacional de Seguridad Ciudadanos + Policías”, en el cual se debatió cómo mejorar las condiciones y situación de nuestras policías. Al respecto, la presidenta de la organización mencionada, María Elena Morera Mitre, hizo un llamado importante al presidente Peña Nieto a través de 5 propuestas puntuales:

1. Reestructurar el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2. Consolidar la Comisión Especial de Desarrollo Policial.
3. Consolidar los espacios ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad.
4. Transparentar los acuerdos de colaboración en materia de seguridad y llamar a cuentas a los gobernadores que no colaboren.

5. Acelerar el proceso de la Clave Única de Identidad.

Desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) subscribimos dichas propuestas, con el compromiso de acompañar a dicha organización para que estas propuestas sean incorporadas en las políticas públicas y en los marcos normativos correspondientes para que las acciones que se requieren, sean una realidad. Una de nuestras principales preocupaciones es el hecho que normas, acuerdos y políticas públicas muchas veces se vuelven meras referencias o momentos para las declaraciones o fotografías y no llegan a implementarse cabalmente.

Tomemos casos concretos de protocolos que una y otra vez las instituciones trabajan, acuerdan y aparentemente asumen como marco de referencia que debe guiar la conducta institucional: el uso racional de la fuerza; los protocolos forenses, de búsqueda de desaparecidos, de protección a periodistas o de atención a la violencia en contra de las mujeres; entre otros. Cada uno de ellos ha sido un acuerdo rmado o bien un compromiso asumido, sin embargo, esto no se ha traducido en acciones que impidan que continúe vigente la violencia y la impunidad. Ha sucedido todo lo contrario pues se continúa alentando el delito, fallando en el acceso a la justicia para las víctimas y, por ende, debilitando las instituciones.

Justamente por esto no debe sorprendernos lo que ha sucedido en Quintana Roo, en donde hace unos cuantos días se sumaron siete feminicidios a la situación de emergencia que vive el país en cuanto la violencia de género. Mientras estos casos se acumulaban, las autoridades estatales, de una entidad que carece de protocolos desde hace 8 años, minimizaban el caso e incluso lo referían como si fuese un comportamiento esperado del delito, declarando que en realidad este ilícito va bajando pues en 2014 se registraron 13 casos contra los 7 que se habían reportado los primeros 10 meses del año en curso.

De todas las cosas que pudieran alarmarnos de estas declaraciones, hay dos que debo destacar; la primera es la incapacidad de entender que el feminicidio no es un delito común que se combata exclusivamente mediante la consignación de victimarios. El feminicidio es un ilícito que debido a las raíces socioculturales de las cuales se deriva, toma fuerza de respuestas institucionales indolentes o superficiales que validan la violencia en contra de una persona simplemente por ser diferente.

El segundo aspecto que resulta preocupante es la carencia de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades estatales correspondientes: ¿cómo es posible que la entidad que hoy re ere casos de 2013 a 2015, ante una solicitud de transparencia contestó no tener registro de ningún caso de feminicidio? Para el análisis del feminicidio de nuestro estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México, la Procuraduría General de Justicia del Estado contestó lo siguiente:

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, realizó la búsqueda minuciosa en sus archivos y base de datos electrónicos, en los que No se encontró registro alguno sobre la información referente al número de averiguaciones previas iniciadas por el delito de feminicidio ocurridos en el estado en el periodo requerido, motivo por el cual la cifra se encuentra en cero (sic).

María Elena, tienes razón. ¡Urge que nuestras autoridades nos rindan cuentas! Es hora que los millones gastados, los esfuerzos asumidos, las vidas perdidas se transformen en resultados de mejores instituciones que garanticen el acceso a la justicia, atención integral a las víctimas, así como menores índices de incidencia delictiva y de violaciones de derechos humanos. Ante las circunstancias por las cuales atraviesa el país, a las autoridades les debe quedar claro que no podemos continuar esperando pues entre más tiempo permanezcamos inmóviles y pasivos, se estarán trastocando y perdiendo cada vez más vidas pues existen todos los incentivos para que la criminalidad tradicional y organizada continúe actuando contra cada uno de los que integramos el Estado.

Bajo esta perspectiva, de nada sirve que con frases discursivas llamativas se dé a conocer que aparentemente los delitos van disminuyendo, tarde o temprano, la realidad y las estadísticas nuevamente darán cuenta de su incremento. Este fue el caso del secuestro y la extorsión en 2013, cuando alcanzaron su máximo histórico y eso sucede actualmente con el homicidio, que tras tres años a la baja, hoy muestra nuevamente un comportamiento al alza, tras 5 meses seguidos de aumento. Aunado a ello, hay que tomar en consideración que en muchas ocasiones en diversas entidades federativas, las supuestas disminuciones jamás tienen lugar, lo cual re ere condiciones inaceptables para cualquier sociedad.

Por estas razones, una vez más hacemos el llamado a nuestras autoridades para que trabajemos juntos en materia de transparencia, respetando derechos humanos, fomentando una cultura de la legalidad. No podemos continuar permitiendo que los esfuerzos realizados se vayan al vacío y que las omisiones permanezcan impunes, deteriorando cada vez en mayor medida nuestra seguridad humana.

FRANCISCO RIVAS

Director General

@frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, julio 2015.

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Entre el 17 y 21 de agosto se llevaron a cabo dos eventos que son de relevancia central en materia de seguridad y justicia para el país: el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Procuradores. La importancia de ambos eventos radica en que se convoca al gabinete de seguridad por completo, gobernadores y a las demás autoridades del área de seguridad y justicia del país y, en teoría, deberían ser los espacios clave para la formalización de acuerdos en esta materia.

Los resultados de ambos encuentros deberían materializarse para fortalecer el desempeño profesional de las autoridades y la colaboración entre los niveles de gobierno. Sin embargo, en los diferentes estudios elaborados y presentados por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en materia de trata de personas, extorsión, secuestro, robo y homicidio; hemos podido demostrar cómo dichos acuerdos rara vez llegan a implementarse cabalmente; cómo los esfuerzos e inversión en desarrollar protocolos, esquemas de homologación de trabajo, capacitación para los operadores de los mismos, se difuminan junto con los resultados que urgen a los mexicanos. Esto ha ocurrido una tras otra vez, de tal suerte que los acuerdos simplemente se quedan en la declaración o en una buena intención. Ejemplos concretos: los acuerdos en materia de feminicidio, protección a periodistas, en materia forense, en combate al secuestro o a la trata de personas y en el fortalecimiento a la cultura de la legalidad.

Las autoridades reconocen como fundamentales el establecimiento de dichos acuerdos, los signan, se anuncian pero difícilmente se concretan y si se llegan a implementar, carecemos de mecanismos de control que garanticen estándares mínimos de calidad. Esto sin lugar a dudas nos lleva a cuestionar la validez de los programas y la ruta trazada para resolver la problemática en materia de seguridad y justicia en el país.

Por otro lado, lo que resulta una constante son los anuncios, declaraciones y presentaciones oficiales de datos estadísticos que refieren bajas en la incidencia delictiva acorde con la línea base y el periodo que más convenga para la comparación. Esto sucede especialmente alrededor del homicidio doloso, delito que ha sido tomado como indicador de referencia por nuestra autoridad federal desde la administración federal pasada.

Por ejemplo, en el marco de la 38 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, insistió que la reducción en homicidios lleva a la tasa por cada cien mil habitantes a su nivel más bajo desde el 2009. La imprecisión de este tipo de declaraciones debe preocuparnos debido a su consecuencia: es difícil atender un problema que no se reconoce y tal vez no se conoce. Bajo ninguna circunstancia la comisión continua de este tipo de hechos puede ser simplificada mediante líneas narrativas superficiales.

Precisamente esa misma semana el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer la estadística de incidencia delictiva referente al número de averiguaciones previas y carpetas de investigación reportadas por las procuradurías y fiscalías estatales de justicia y dichos datos no expresan precisamente un panorama alentador sobre el comportamiento de la delincuencia durante 2015. Por ejemplo, si analizamos el total de homicidios dolosos registrados en los primeros 7 meses del año podremos encontrar que este delito presenta un repunte importante, como se aprecia en la siguiente tabla:

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La tabla anterior pone de manifiesto que el total de homicidios dolosos de 2015 supera registros de los mismos periodos de 2006 a 2009 y de 2014. Esto sin considerar todas las debilidades que continúan subsistiendo por parte de las autoridades locales para reportar los índices delictivos que implica un subregistro del fenómeno que nos aqueja. Hemos insistido como en el país hay un gran número de casos de ciertos homicidios clasificados y reportados en la estadística como culposos pese a que estos sucedan en el marco de un evento delictivo y tengan características de violencia criminal. De igual manera debemos destacar que en la estadística oficial publicada en el SESNSP, en el rubro de homicidios dolosos no se incluyen los registros de abatimiento de presuntos delincuentes por parte de la autoridad y frecuentemente tampoco se registran los hallazgos de fosas clandestinas.

Si bien desde la federación se ha hecho un esfuerzo por tratar de homologar los sistemas y apoyar a la autoridad local a fortalecer la sistematización y registro de la incidencia delictiva, carecemos de un compromiso real por parte de los gobernantes locales. Esto una vez más evidencia que los Consejos y Conferencias Nacionales solo logran tener un impacto limitado.

Contar con una estadística de incidencia delictiva confiable es clave para dar acceso a la justicia a las víctimas y combatir el delito. Sin embargo, parece que esto nuestras autoridades lo entienden de manera inadecuada y en ocasiones dicha estadística es utilizada con fines políticos para que ciertas administraciones parezcan más exitosas en la manera en la que gobiernan que otras. Al parecer, siguen sin entender que las cifras objetivas pueden funcionar como un bálsamo a la crisis de confianza y credibilidad del gobierno. Urge que nuestras autoridades realicen un análisis crítico para afinar la estrategia de atención al delito, que deberá ser acompañada por políticas de desarrollo social, económico, educativo que permitan por un lado combatir y disuadir el delito y por otro prevenirlo. Consideramos que solo de esa manera podremos evitar que se sigan desarrollando las condiciones sociales que han hecho que cada vez más personas sean proclives a formar parte de las filas de la delincuencia.

Un reconocimiento de las áreas de oportunidad institucionales y sociales permitirá identificar las áreas a fortalecer, mantener una política de negación ante los evidentes aumentos en la incidencia de ciertos delitos, la debilidad en el combate de otros y la carencia de oportunidades para la gran mayoría del colectivo social impide avanzar en el camino adecuado. Solo cuando esto se logre se podrán salvar millones de vidas afectadas directa o indirectamente por el delito.

FRANCISCO RIVAS

Director General @frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, mayo 2015.

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Conforme avanza 2015, cada vez contamos con indicios más claros respecto a que estamos muy lejos de encontrarnos en las condiciones de seguridad que refieren nuestras autoridades mediante los discursos oficiales. Durante los últimos meses ha sido evidente que dichas condiciones han presentado un mayor nivel de descomposición, esto no solo lo demuestran las estadísticas sino los episodios cotidianos de violencia a los que estamos expuestos. Si observamos detenidamente la tabla que presento a continuación, podemos apreciar que las tasas de los delitos más violentos (homicidio, secuestro y robo con violencia) registraron un aumento por lo menos en el último mes. En particular, no hay que ignorar lo que ha sucedido con el homicidio doloso pues en mayo reportó el tercer aumento consecutivo y el secuestro el segundo. ¿Con esta numeraria cómo es posible seguir escuchando declaraciones que afirman categóricamente que hay una mejora de las condiciones de seguridad en el país?

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Durante mayo fuimos testigos de desafortunados eventos, simplemente recordemos lo ocurrido el 1 de mayo, cuando una organización criminal paralizó mediante la instauración de narcobloqueos a 4 entidades del occidente del país; cuando este mismo grupo delincuencial hirió y asesinó a elementos de la policía local, de la policía federal y del ejército al grado que alcanzó a derribar un helicóptero de la federación. Quisiéramos creer que estos son episodios fortuitos, sin embargo, la realidad nos demuestra todo lo contrario pues durante semanas se han estado registrando una cadena de situaciones en donde los grupos criminales han tenido mayor grado de intervención en la vida pública del occidente país. Ante dichas situaciones, las autoridades correspondientes no hicieron lo suficiente para evitar algo inminente, con lo cual se dejó en evidencia que existen grupos delincuenciales que aparentemente tienen la capacidad de retar y confrontar a las fuerzas élites de seguridad del Estado.

Los incrementos de la incidencia delictiva y el estallido de la violencia en Jalisco nos permitirían aprender algo:

Primero, que la tendencia a la baja (o alza) de incidencia de los delitos no garantiza que éstas se mantengan, en un contexto de profunda debilidad institucional el fenómeno delictivo ha mostrado tener un comportamiento caprichoso, a nivel nacional y local hemos observado como la frecuencia de ocurrencia varia de manera significativa entre mes y mes. Esto asume una connotación más grave si se carece de inteligencia o capacidad de respuesta oportuna de las autoridades encargadas de proveer seguridad y justicia ¿Cómo se puede atender un problema que no se puede comprender?

Segundo, que para el análisis de la inseguridad se priorice el número delitos se cometen en el territorio, omitiendo evaluar qué delitos son, quiénes son las víctimas, cuándo y dónde suceden los eventos, es un ejercicio insuficiente debido a que muestra una carencia de inteligencia al rededor del comportamiento criminal y la afectación que tienen en la vida de toda la sociedad.

Y tercero, las declaraciones que señalan que hemos llegado a los mínimos en materia de incidencia delictiva desestimando los focos rojos, desvalorizando los análisis y evidencias contrarias, lleva a políticas públicas insuficientes, declaraciones insensibles para las aún muchísimas víctimas del país, genera primero confusión en la opinión pública y luego desconfianza en el ciudadano que finalmente ve ante este tipo de eventos la inexactitud de más declaraciones.

¿Jalisco se pudo prevenir? ¡Indudablemente! Las señales estaban ahí, homicidios de alto impacto, autoridades de seguridad víctimas de la delincuencia, señales que el problema no era cuestión de hechos aislados, ni de criminalidad común, que apuntaban a la búsqueda de un mayor control por parte de grupos de la criminalidad organizada.

En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) lo advertimos, públicamente y en reuniones privadas con autoridades hicimos señalamiento puntuales de que era necesario hacer algo para detener el problema. Desde marzo de 2014 iniciamos a mandar el mensaje que, pese a que Jalisco presentara una incidencia delictiva que lo ubicaba en un nivel intermedio, la situación de los delitos cometidos apuntaba a una mayor gravedad de lo que se aparentaba. Incluso en abril pasado, quince días antes de este evento, que debe ser considerado un parte aguas para la entidad, en rueda de prensa lo dijimos “urge atender la situación de aumento de la violencia en Jalisco”.

La autoridad federal y las autoridades locales deberían considerar con más detalle la información que (esperemos) les den los encargados de inteligencia del país y las organizaciones civiles y sociales que dedicamos nuestra labor a tratar de incidir en materia de seguridad y justicia: la criminalidad organizada sigue siendo poderosa en nuestro país, sigue habiendo una lucha por el control de los territorios de parte de estos grupos, hay una diversidad de delitos que siguen afectando intensamente a la sociedad -secuestro, extorsión, robo tradicional y cibernético, trata de personas, desapariciones forzadas e involuntarias, ejecuciones extrajudiciales, falta de acceso a la justicia para víctimas del delito, fabricación de culpables, violación a derechos humanos, corrupción y colusión de autoridades y criminales, que no hay delitos aislados, que las autoridades locales parecen ineficaces o rebasadas por los retos en esta materia y que urge reconstruir la confianza ciudadana con hechos que muestren el compromiso por atender las necesidades de los gobernados y no de los grupos de interés, de presión o los partidos políticos.

¿Podrían aprender las autoridades de los eventos de Jalisco o del incremento de los delitos que presuntamente se encontraban controlados? ¡Por supuesto! Sin embargo, para ello es primordial que se entienda la situación de inseguridad y falta de justicia como un problema que debe ser atendido privilegiando la inteligencia; el fortalecimiento institucional; el acceso a una educación, a servicios de salud de calidad, a créditos que fomenten el emprendimiento de pequeñas empresas acorde con el marco normativo. La solución de este problema no puede radicar en cambios cosméticos y superficiales que dejan de lado los verdaderos retos de fondo que existen en esta materia.

Asimismo, la autoridad debe dejar de insistir que quienes señalamos los múltiples pendientes que “sólo queremos hablar de lo mal que está el país” o somos “a patrios” porque no reconocemos la gran labor de nuestras autoridades. Hasta que la autoridad vea como un aliado estratégico a quien piensa diferente o analiza críticamente la acción de gobierno para ubicar las debilidades que deben ser atendidas en la materia, difícilmente aprenderán de los recientes acontecimientos y tomarán acción ante las diversas señales de advertencia. No podremos avanzar positivamente frente a este problema de seguridad humana hasta que nuestras autoridades reconozcan las situaciones por las cuales atravesamos como víctimas de la delincuencia.

FRANCISCO RIVAS

Director General @frarivasCoL

Incidencia de los delitos de alto impacto en México 2014. Reporte anual

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El 2014 fue un año de grandes eventos en la agenda de seguridad del país: la creación de una Coordinación Nacional contra el Secuestro y la Extorsión (CONASE); las intervenciones por parte del gobierno federal en Estado de México, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, así como los terribles eventos de Tlatlaya e Iguala que pusieron en tela de juicio el desempeño de la federación en esta materia.

En este complejo escenario medir los resultados de estas intervenciones es difícil, si analizamos los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) podríamos pensar en un éxito importante en la política de seguridad, puesto que 5 de los 6 delitos de alto impacto presentaron bajas importantes. En el caso de homicidio doloso, la disminución es concordante con la tendencia dominante desde 2011, el secuestro y la extorsión presentaron disminuciones luego de alcanzar niveles históricos en 2013. Además de que se aprecia que únicamente el homicidio culposo presentó un incremento por quinta vez consecutiva.

Sin embargo, la situación alrededor de cada delito debe ser estudiada con más detalle para entender qué está sucediendo en el país en esta materia, ya que un aspecto central es distinguir entre la cantidad de delitos cometidos y la calidad de los mismos. A continuación presentamos las principales debilidades en la cantidad de delitos registrados y publicados en las bases del SESNSP:

1. El primer punto a señalar que es válido para todos los delitos, es que en caso de concurrencia de delitos, es decir, cuando son cometidos en el mismo evento más de un ilícito (robo, secuestro, homicidio) no tenemos la certeza sobre cómo lo registran estadísticamente a partir de la clasificación del hecho acorde con los criterios jurídicos del ministerio público. Esta circunstancia hace que existan un serie de interrogantes que no solo atañen la investigación del crimen sino la recopilación de la información respectiva. ¿Se registra exclusivamente el primer incidente que da pie a la denuncia, averiguación previa o carpeta de investigación? ¿Se registran todos los delitos cometidos? ¿Se reporta el homicidio cometido? ¿El homicidio es clasificado como delito culposo o doloso?

Esta primera situación puede implicar un subregistro de delitos que desconocemos: qué tan importante pueda ser o, por ejemplo, cuántos ilícitos concurrentes no permiten saber el número de secuestros o violaciones. Por otro lado, genera una importante asimetría en función de la cantidad de delitos registrados por entidad federativa pues pareciera que existen los incentivos necesarios para que las autoridades estatales opten por informar inadecuadamente sobre la incidencia delictiva.

2. La autoridad federal ha decidido utilizar el homicidio como el indicador más importante en materia de seguridad y violencia, los descensos reportados de este delito que comenzaron a mediados de 2011, podrían sustentar la postura del gobierno de la república respecto a que la política de seguridad ha sido exitosa. No obstante, sin negar dicha reducción es importante subrayar la posibilidad de subregistros debidos a diversos factores tales como una disminución de la confrontación entre bandas, fruto de años de políticas de desarticulación de las mismas o de equilibrios alcanzados en las plazas; a subregistros por personas clasificadas como desaparecidas y que por lo contrario yacen en las fosas clandestinas a lo largo del país o simplemente la manera en que las procuradurías y fiscalías locales clasifican el delito.

3. Tomemos el ejemplo anterior: un robo que lleva a un secuestro, el cual conlleva una violación y finalmente concurre en un homicidio. En este caso, en el colectivo imaginario el delito debería clasificarse como homicidio doloso, mientras que las autoridades a lo largo del país lo clasificarían como un homicidio culposo, alegando que la intencionalidad del evento es el secuestro y no el homicidio. Pongamos otro ejemplo, en un asalto la víctima se resiste a ser atracada y recibe un disparo mortal; siendo el robo y no el homicidio la intención del delito, muy probablemente este se clasificará como un homicidio culposo. Justamente este tipo de situaciones son las que podrían explicar porqué se ha registrado el importante descenso del homicidio doloso y el comportamiento al alza del culposo.

4. En relación con el secuestro es fundamental reconocer la reducción de los número reportados en el ámbito nacional, la cual podría hacernos pensar que la política antisecuestro está teniendo efectos positivos pese a que continuamos viendo situaciones graves en diversas entidades como Tamaulipas, cuya tasa por cada 100 mil habitantes supera el índice nacional y donde la autoridad local parece no tener interés en rendir cuentas ni en atender el problema.

De la misma manera que reconocemos el descenso de las denuncias de este delito es importante admitir que existe un subregistro de secuestro como expusimos ampliamente en nuestro estudio Análisis integral del secuestro en México. Cómo entender la problemática. Una de las principales debilidades de la estadística de este delito disponible en el SESNSP radica en que no se reportan todos los casos de los supuestos de secuestros contemplados en el Artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro (LGPSDS), solo se están tomando en consideración los secuestros extorsivos y se están dejando de lado, por ejemplo, los secuestros exprés. Aunado a ello, de acuerdo con algunos ejercicios realizados en materia de transparencia se pudo detectar que los secuestros de migrantes en muchas ocasiones no solo no son contabilizados sino investigados por las autoridades correspondientes.

Asimismo es fundamental conocer con mayor detalle la efectividad de la estrategia antisecuestro a través de indicadores de efectividad del trabajo de las Unidades Especializadas Contra el Secuestro (UECS) mediante microdatos más puntuales sobre la actuación de cada una de ellas. Esto significa que necesitamos conocer el número de víctimas rescatadas, los porcentajes de bandas desarticuladas, el monto del dinero recuperado, en qué momento y cómo se rescatan a las víctimas para así poder tomar como ejemplo para el combate de otros delitos esta experiencia.

5. El marcado descenso en los registros de extorsión podría parecer un dato positivo; cuando se piensa en una disminución de casi el 30% se tiene la tentación de considerar un gran logro de acciones implementadas en esta materia. Muy probablemente las campañas informativas que le advierten a potenciales víctimas de extorsiones telefónicas, han logrado que cada vez más gente no ceda dichos engaños o amenazas que suelen ser realizadas desde los centros de readaptación social (CERESOS) del país.

Al respecto, vale la pena recordar que los CERESOS en muchos casos carecen de bloqueadores de señal de telefonía celular, que aún donde hay bloqueo de señal celular existen complicidades entre las autoridades penitenciarias y los internos, para que a estos último les sea permitido continuar delinquiendo desde los centros de reclusión y que aunado a este complejo escenario no se observa una política específica de combate a la extorsión presencial.

Asimismo no debemos olvidar que la marcada disminución de los registros de este delito también se debe a la manera en la que algunas entidades optaron por registrar la extorsión. Hasta 2013 algunas entidades registraban estadísticamente solo el delito consumado mientras que otras registraban las tentativas del hecho delictivo; a partir de 2014 las entidades solo registran los casos en donde la víctima pagó, esto significa que probablemente hay menos víctimas de este delito pero indudablemente hay menos registros del mismo, sin que ello implique una disminución neta de su incidencia. Otro aspecto a destacar en cuanto al registro radica en que a pesar de que exista una norma técnica, ello no determina que las entidades reporten la información sobre incidencia delictiva acorde con dichos criterios, simplemente observemos el caso de Nayarit que no reporta las averiguaciones previas iniciadas por distintos ilícitos como la extorsión.

6. En cuanto a las distintas modalidades de robo, resulta significativa su disminución sobre todo si se trata de aquellas conductas relacionadas con otros ilícitos, como es el caso del robo de vehículos. Sin embargo, inclusive detrás de dicha reducción existen una serie de aspectos técnicos desatendidos y al mal desempeño de las instituciones para motivar la denuncia ciudadana, ya que de acuerdo con las encuestas de victimización levantadas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) generalmente la gente no suele denunciar los hechos delictivos por causas atribuibles a la autoridad.

Por otro lado, en materia de robo la implementación del nuevo sistema de justicia penal implica un reto en cuestión del registro de los robos cometidos sin violencia que hasta el momento no ha sido atendido. Ello se debe a que con la implementacion de este nuevo sistema, los casos de delitos no graves como son los robos sin violencia, tienen la posibilidad de resolverse mediante sistemas alternos de justicia. Toda vez que esto sucede el sistema no permite abrir una carpeta de investigación, insumo para los registros del SESNSP.

7. Otro elemento importante a la hora de analizar el comportamiento del los delitos cometidos en el país, es el número de delitos no denunciados a la autoridad, la famosa cifra negra. Según lo que reporta INEGI el número los delitos no denunciados ha crecido año tras año, pasando del 91.6% en 2011, a 92.1% en 2012 y 93.8% en 2013. Es decir que el dato más reciente indica que en el país se denuncian únicamente 6 de cada 100 delitos, que en el caso del secuestro llegan a ser aproximadamente 2 de cada 100 y en el de extorsión sólo 1.5 de cada 100.

Como mencioné previamente, si solo calificamos los avances y retroceso en materia de seguridad a partir de un enfoque nacional, aparentemente el problema de seguridad ha mejorado. No obstante, ese sería un acercamiento inadecuado para la crisis que enfrenta la población pues implicaría ignorar que hay zonas del país en donde de manera sistemática e impune se comete cualquier tipo de ilícito. Ejemplos de esto, se pueden apreciar en la situación de Guerrero pues fue la entidad con más homicidios dolosos durante 2014 y sobresale el caso de uno de sus municipios, Acapulco, pues registró la mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Asimismo vale la pena recordar la cantidad de secuestros ocurridos en Tamaulipas, los niveles de extorsiones reportados en Morelos y Nuevo León o bien la incidencia de robos de vehículo en Baja California durante 2014.

Lanzar las campanas al vuelo y decir que estamos en el mejor momento de seguridad es sencillo y más aún si no vives, por ejemplo, en un municipio donde pareciera que el secuestro, la extorsión y el homicidio doloso son norma. Reafirmar casi como si fuera mantra, la mejora indiscutible de la seguridad del país sin tomar en cuenta los aspectos técnicos particulares que hemos mencionado también es fácil, ya que en cierta forma implica cerrar los ojos a la autocrítica y aceptar que aún falta mucho por hacer. Es momento que las autoridades entiendan la importancia de la información de calidad en materia de seguridad. Que entiendan que mala información genera malos diagnósticos, un deficiente combate frente a la delincuencia y, finalmente, la falta de acceso a la justicia para muchas personas.

En los últimos años hemos perdido decenas de miles de vidas, hemos promovido el rencor social, generado costos económicos y no económicos por una lucha contra el crimen basada en la reacción, no en la prevención y la resolución de los conflictos que generan la inseguridad. Debemos pasar de las políticas públicas sustentadas en acuerdos políticos y no en evidencia empírica para que contemos con una verdadera seguridad humana en México.

A través de este documento, desde el Observatorio Nacional Ciudadano hacemos un llamado a las autoridades locales a que asuman con responsabilidad el liderazgo en este tema; a las autoridades federales a que continúen trabajando para mejorar tanto la calidad de la información como los sistemas de atención a víctimas y a cada una de las personas a que se sumen de manera corresponsables en la lucha contra toda forma de ilegalidad y violencia para que vayamos construyendo un importante contrapeso ante los retos que la realidad del país nos demanda.

 

FRANCISCO RIVAS
Director General
@frarivasCoL

Reporte sobre delitos de alto impacto. Diciembre 2014

La criminalidad y violencia continúan siendo un problema muy serio en nuestro país, sobre el cual aún hace falta más y mejor información oficial. Esto no es ninguna novedad sino al contrario se trata de una cuestión histórica que aparentemente no ha sido considerada lo suficientemente prioritaria por nuestras autoridades. Por ende, no nos cansamos ni tememos insistir una vez más que requerimos de diagnósticos más objetivos y certeros que partan de información de calidad que permitan un control adecuado de la inseguridad y exigir la rendición de cuentas correspondiente. Lamentablemente, hasta que no contemos con ello, continuaremos escuchando la repetición de los discursos sobre los avances en materia de seguridad sin contar con las certezas que forzosamente necesitamos pues no se trata de una mera cuestión narrativa sino de resultados. Seguir leyendo →

Robo en México, ¿un delito cotidiano? Análisis sobre sus tendencias y desafíos

“El crimen es una condición necesaria
de la existencia organizada.
La sociedad es esencialmente criminal”.
Joseph Conrad

En las últimas dos décadas México ha enfrentado una innegable crisis de inseguridad caracterizada por altos índices delictivos y el ejercicio de diversos tipos de violencia. Las historias alrededor de homicidios, secuestros, desapariciones y extorsiones; tristemente se han descrito en las páginas de los diarios nacionales e internacionales dando cuenta de los eventos cotidianos de los cuales somos testigos o víctimas en nuestro país. Con la entrada de la nueva administración federal se intentó matizar la crisis con una nueva narrativa que expresase confianza en que la situación mejoraría, a través de la eficacia en la actuación de las autoridades y poniendo énfasis en los resultados en materia de seguridad más que en los problemas en sí.

No obstante, los terribles actos de corrupción, de colusión de las autoridades con la criminalidad organizada, la aparente incapacidad del Estado de hacer frente a la violencia, que vimos hacia el último cuatrimestre del año, trajo de vuelta la discusión sobre los elevados índices delictivos del país y la violencia e inseguridad que hoy vivimos. Evidentemente, la atención de especialistas y de diversas organizaciones de la sociedad civil se ha volcado alrededor de los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero, en los cuales desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Quisiéramos decir que únicamente en ese municipio guerrerense se está presentando esta crisis significativa en materia de seguridad y de derechos humanos. Sin embargo, lamentablemente, esto no es así pues en el resto del país la problemática de delincuencia y violencia no ha cedido y diariamente decenas o centenas de personas continúan padeciendo esta crisis. Esto claramente hace evidente la ausencia de una estrategia de seguridad efectiva para garantizar la paz de la sociedad mexicana y la urgencia de encontrar un rumbo efectivo para combatir la delincuencia. Seguir leyendo →