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Reporte sobre delitos de alto impacto, enero 2017

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Acorde con los datos o ciales de procuradurías y scalías generales de las entidades reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 2016 se caracterizó por ser un año violento. Esto principalmente se debe a que el repunte del homicidio doloso que inició en abril de 2015 se ha mantenido, marcando de la misma manera al primer mes de 2017, si se compara la tasa por cada 100 mil habitantes de víctimas de homicidio doloso de enero de 2017 (1.74) contra el promedio de la tasa nacional de 2016 (1.56), el aumento es de 11.46%.

El comportamiento de este delito de alto impacto en el ámbito nacional, lamentablemente re ere que su incidencia y las víctimas directas e indirectas de este ilícito no han podido contenerse en diversas regiones del país. En este sentido, vale la pena señalar que en enero de 2017, 12 entidades federativas reportaron una tasa de homicidio doloso superior a la tasa nacional (1.74), las cuales fueron: Colima (11.63), Baja California Sur (6.79), Guerrero (4.57), Chihuahua (4.02), Baja California (3.88), Sinaloa (3.82), Zacatecas (3.75), Morelos (3.46), Michoacán (2.79), Sonora (2.12), Oaxaca (1.95) y Guanajuato (1.76). La situación en estas entidades federativas evidencia que el homicidio continúa creciendo y que este tipo de violencia cada vez se expande más en nuestro país.

Lo que está sucediendo alrededor del homicidio es sumamente signi cativo, sobre todo si se considera que las intervenciones federales parecen no tener un efecto de nitivo sobre este. Esto no es algo menor pues al menos han transcurrido cinco meses de la implementación de la llamada estrategia de intervención focalizada en los 50 municipios con mayor número de homicidios; lo cual signi ca que la federación ha continuado optando por subsanar las carencias locales -resultado de negligencia, corrupción y desinterés de las autoridades locales-, poniendo en riesgo la vida de policías federales, marinos y soldados, sin que ello haya implicado la mejora de las condiciones de seguridad al menos durante una década.

Si bien el homicidio doloso por su gravedad y métrica, se vuelve el indicador clave para entender y analizar los niveles de violencia, falta de seguridad e incidencia delictiva; es necesario no perder de vista el comportamiento de los demás delitos de alto impacto. Desde esta perspectiva, en enero de 2017 se apreció el incremento de las tasas de homicidio culposo, extorsión, robo con violencia, de vehículo, a casa habitación, a negocio y transeúnte, si se compara con el promedio de las tasas nacionales de 2016. La siguiente tabla muestra, precisamente, la comparativa y evidencia que solo secuestro y violación mostraron una baja:

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Es reconocible el esfuerzo y sacri cio tanto de algunas autoridades federales como locales por restablecer condiciones aceptables para todas las personas. Sin embargo, la e cacia sigue dejando mucho qué desear como demuestran los datos o ciales de incidencia delictiva que mantienen graves asimetrías y de ciencias, y al 93.7% de cifra negra que persiste en nuestro país acorde con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016.

A quienes decidieron servir al pueblo de México debemos recordarles que agradecemos su servicio y entendemos lo difícil que es, sin que esto los exima de la crítica ante la falta de resultados, los errores a la hora de implementar sus “estrategias”, la revictimización a quien
el Estado ya le falló o los actos de corrupción de los integrantes de las instituciones. Urgen resultados y sobran justi caciones, que tanto les gustan a las autoridades, del por qué los datos no son tan graves o de cómo los aumentos no son tan relevantes. Asimismo debemos recordarles que los ciudadanos no andamos con armas, escoltados, en autos blindados y nos encontramos a expensas de ser robados, secuestrados, nados o desaparecidos, cada vez que salimos de nuestros hogares. Los mexicanos vivimos con miedo y los datos apuntan a que sus acciones no logran mejorar nuestra seguridad.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte sobre delitos de alto impacto Septiembre

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PRESENTACIÓN
Recordaremos septiembre de 2014 como el mes de la administración del presidente Peña Nieto en el cual la narrativa oficial ya no pudo continuar minimizando las condiciones de inseguridad y violencia que permanecen en distintas regiones de México. Será el periodo a partir del cual los verdaderos avances en la materia forzosamente deberán ir de la mano del acceso a la justicia para las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. Ello se debe a que durante este mes se consumaron hechos en los cuales ha sido más que evidente la colusión de autoridades con el crimen organizado, la incapacidad de control, la respuesta tardía, así como la falta de protocolos de las instituciones de seguridad y procuración de justicia como ha sucedido no solo en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.
Lamentablemente, desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) no podemos decir que este tipo de acontecimientos son aislados. Durante años hemos visto que la corrupción, la impunidad crónica y la falta de capacidad institucional se han mantenido vigentes y enraizados en nuestra sociedad a la par de los altos niveles de criminalidad de acuerdo con las cifras oficiales. Las estadísticas disponibles en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) nos dan cuenta de una considerable cantidad diaria de delitos de alto impacto que no necesariamente representa la incidencia delictiva total, ya que solo refleja la cantidad de averiguaciones previas y no hay bases metodológicas ni criterios homologados para su recopilación ni sistematización.
Una y otra vez hemos destacado que los diagnósticos iniciales con los cuales la autoridad toma decisiones estratégicas en materia de seguridad a lo largo del país parten de información inexacta, incompleta o francamente equivocada. Ello puede observarse de manera clara en lo sucedido en Iguala, pues en la estadística oficial de Guerrero que mensualmente analizamos no se encontró evidencia suficientemente clara de lo sucedido. Como veremos esto no solo se debe al alcance limitado que pueden llegar a tener los datos reportados en el formato del Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública (CIEISP), sino por la propia confusión que han generado las autoridades y las propias consignaciones de los implicados en los actos cometidos contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Seguir leyendo →