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Reporte sobre delitos de alto impacto, febrero 2017

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Con base en la información del número de carpetas de investigación iniciadas en procuradurías y scalías de los estados, la incidencia delictiva parece seguir al alza sin que existan políticas que logren frenar este fenómeno. Esto es evidente si se comparan las

tasas por cada 100 mil habitantes, reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del 1er bimestre 2016 contra las del mismo periodo de 2017, pues podemos observar en el Reporte sobre delitos de alto impacto. Febrero 2017, que de los diez delitos analizados ocho aumentaron (homicidio doloso, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, robo a negocio y robo a transeúnte); mientras que se puede decir que el robo a casa habitación casi permaneción sin alteración alguna pues solo disminuyó 0.24% y las violaciones decrecieron apenas 1.70%. Estos datos asumen una connotación más grave si vemos que la tasa de robo a negocio presentó un aumento de casi 52%, extorsiones y robos con violencia del 32% cada uno, robo con violencia del 31%, los homicidios dolosos y robos de vehículo un 12% en ambos casos.

Los datos muestran que evidentemente 2017 presenta un escenario más peligroso para los ciudadanos del que se tuvo en 2016. El panorama es complejo si se busca dar una respuesta sobre las causas de esta innegable crisis de violencia que vive el país -más si se considera que llevamos años escuchando cómo los mismos factores producen los mismos resultados-.

La violencia se mantiene vigente debido a factores como la lucha que los grupos de delincuencia organizada mantienen entre sí y contra el Estado por controlar los territorios locales; la falta de pericia, capacidades, equipamiento y coordinación de las autoridades; la corrupción de las autoridades que favorecen o entregan territorios a los cárteles de

la droga, que desfalca las nanzas públicas afectando capacitación, equipamiento, infraestructura, salarios, prestaciones, desarrollo y motivación de policías, ministerios públicos y peritos; la crisis económica que funge como caldo de cultivo para la comisión
de delitos; las debilidades de los operadores del sistema de justicia que, tras la plena implementación del sistema adversarial, fallan en lograr un proceso apegado que sancione culpables y permita reparación del daño y acceso a la justicia para las víctimas.

Otro factor relevante es la relativización y minimización con la que las autoridades responden a las evidencias del aumento de inseguridad, delincuencia y violencia. Tomemos como ejemplo las declaraciones del Presidente Enrique Peña Nieto, quien dice que “la crisis está en nuestras cabezas” o la presentación del procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, quien en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, hablando de los resultados en materia de seguridad en esta entidad omitió reportar los delitos al alza como el homicidio doloso y presentó sólo los casos de delitos a la baja.

La deuda que los gobiernos locales mantienen con todos los mexicanos la puso en evidencia el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, al mencionar
que muchas autoridades estatales y municipales siguen gastando mal nuestros recursos destinados a la seguridad, en la expectativa que la federación resuelva lo que ellos pre eren no atender.

Febrero 2017 es un mes que pone más en evidencia que las acciones implementadas
por nuestras autoridades carecen de efectos positivos en términos de mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. A través de este Reporte buscamos llamar la atención de la opinión pública y de quienes manejan la seguridad del país. Desde el Observatorio Nacional Ciudadano renovamos nuestra disposición en donar nuestro trabajo para mejorar las políticas de seguridad y justicia con quien muestre un genuino interés en trabajar rindiéndole cuentas a la sociedad.

Reporte sobre delitos de alto impacto, enero 2017

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Acorde con los datos o ciales de procuradurías y scalías generales de las entidades reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 2016 se caracterizó por ser un año violento. Esto principalmente se debe a que el repunte del homicidio doloso que inició en abril de 2015 se ha mantenido, marcando de la misma manera al primer mes de 2017, si se compara la tasa por cada 100 mil habitantes de víctimas de homicidio doloso de enero de 2017 (1.74) contra el promedio de la tasa nacional de 2016 (1.56), el aumento es de 11.46%.

El comportamiento de este delito de alto impacto en el ámbito nacional, lamentablemente re ere que su incidencia y las víctimas directas e indirectas de este ilícito no han podido contenerse en diversas regiones del país. En este sentido, vale la pena señalar que en enero de 2017, 12 entidades federativas reportaron una tasa de homicidio doloso superior a la tasa nacional (1.74), las cuales fueron: Colima (11.63), Baja California Sur (6.79), Guerrero (4.57), Chihuahua (4.02), Baja California (3.88), Sinaloa (3.82), Zacatecas (3.75), Morelos (3.46), Michoacán (2.79), Sonora (2.12), Oaxaca (1.95) y Guanajuato (1.76). La situación en estas entidades federativas evidencia que el homicidio continúa creciendo y que este tipo de violencia cada vez se expande más en nuestro país.

Lo que está sucediendo alrededor del homicidio es sumamente signi cativo, sobre todo si se considera que las intervenciones federales parecen no tener un efecto de nitivo sobre este. Esto no es algo menor pues al menos han transcurrido cinco meses de la implementación de la llamada estrategia de intervención focalizada en los 50 municipios con mayor número de homicidios; lo cual signi ca que la federación ha continuado optando por subsanar las carencias locales -resultado de negligencia, corrupción y desinterés de las autoridades locales-, poniendo en riesgo la vida de policías federales, marinos y soldados, sin que ello haya implicado la mejora de las condiciones de seguridad al menos durante una década.

Si bien el homicidio doloso por su gravedad y métrica, se vuelve el indicador clave para entender y analizar los niveles de violencia, falta de seguridad e incidencia delictiva; es necesario no perder de vista el comportamiento de los demás delitos de alto impacto. Desde esta perspectiva, en enero de 2017 se apreció el incremento de las tasas de homicidio culposo, extorsión, robo con violencia, de vehículo, a casa habitación, a negocio y transeúnte, si se compara con el promedio de las tasas nacionales de 2016. La siguiente tabla muestra, precisamente, la comparativa y evidencia que solo secuestro y violación mostraron una baja:

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Es reconocible el esfuerzo y sacri cio tanto de algunas autoridades federales como locales por restablecer condiciones aceptables para todas las personas. Sin embargo, la e cacia sigue dejando mucho qué desear como demuestran los datos o ciales de incidencia delictiva que mantienen graves asimetrías y de ciencias, y al 93.7% de cifra negra que persiste en nuestro país acorde con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016.

A quienes decidieron servir al pueblo de México debemos recordarles que agradecemos su servicio y entendemos lo difícil que es, sin que esto los exima de la crítica ante la falta de resultados, los errores a la hora de implementar sus “estrategias”, la revictimización a quien
el Estado ya le falló o los actos de corrupción de los integrantes de las instituciones. Urgen resultados y sobran justi caciones, que tanto les gustan a las autoridades, del por qué los datos no son tan graves o de cómo los aumentos no son tan relevantes. Asimismo debemos recordarles que los ciudadanos no andamos con armas, escoltados, en autos blindados y nos encontramos a expensas de ser robados, secuestrados, nados o desaparecidos, cada vez que salimos de nuestros hogares. Los mexicanos vivimos con miedo y los datos apuntan a que sus acciones no logran mejorar nuestra seguridad.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, diciembre 2016

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En las últimas semanas pareciera que solo hay una nota de interés para los medios de comunicación: la relación entre nuestro país y los Estados Unidos de Norteamérica. En los noticiarios de cadena nacional, medios impresos, electrónicos y artículos de opinión,

la principal nota informativa gira en torno a qué hace y declara el presidente de la nación vecina, y provoca un gran interés debido a que nadie en la historia moderna ha usado la xenofobia y discriminación como elementos de una estrategia de gobierno.

Es una realidad que el mundo en general y los mexicanos en particular, vivimos el peligro de un gobernante poderoso que ha mostrado desprecio por la ley y por todas aquellas circunstancias que no le resultan convenientes. La relación con un gobierno hostil, sin duda se vuelve prioritaria para nuestro país, más cuando este es nuestro primer socio comercial y vecino.

Sin embargo, no deben pasar a segundo plano los problemas internos por los cuales atraviesa México pues justamente su falta de resolución efectiva ha permitido que se perciba como un país en conflicto durante varios años. Es un hecho que la imagen que se ha concebido alrededor de nuestro país no es gratuita y, en buena medida, se ha derivado de la atención de ciente que nuestras autoridades han brindado al combate frente a la delincuencia, a la corrupción y a la impunidad crónica. Por lo tanto, si bien es necesario atender los efectos que pueden conllevar tanto los dichos como las decisiones del presidente estadounidense no se puede dejar a un lado los múltiples pendientes internos que han deteriorado nuestras condiciones de vida y desarrollo.

Desde este perspectiva, debe ser una prioridad el combate de fondo a la corrupción
y la impunidad que no solo debilitan a nuestras instuciones sino que deterioran sistemáticamente nuestras comunidades, se deben aplicar los recursos del Estado de manera impecable en el fortalecimiento institucional para lograr un sistema educativo y de justicia de calidad, se debe apoyar a los sectores desfavorecidos con miras a generar un piso parejo en materia de oportunidades de acceso al trabajo, a micro créditos; impulsando la reconstrucción del tejido social.

Estas son el tipo de acciones que debemos impulsar para fortalecernos como país y lograr una mayor independencia de las amenazas externas. Han pasado cuatro años desde que tomó posesión la nueva administración y si bien en sus inicios, aparentemente hubo una ligera disminución en ciertos indicadores de violencia como el homicidio doloso, lo cierto es que el año 2016 cierra en niveles altamente preocupantes. Este doceavo reporte sobre delitos de alto impacto realizado por el equipo de investigación del ONC da cuenta de los altos niveles que han alcanzado ciertos delitos en comparación con años previos,
lo cual da cuenta que en México permanece una signi cativa deuda en relación con la

seguridad humana y el respeto a los derechos humanos.
El presidente estadounidense se ha declarado una y otra vez como enemigo de México,

despreciando a nuestra gente. Es hora de que las acciones que se llevan a cabo en este país, busquen resolver muchos de los motivos por los cuales nuestros paisanos abandonan sus tierras natales para ir a entregar sus talentos en un país donde hoy viven en peligro de ser marginados, menospreciados y deportados como delincuentes.

México debe velar por su gente, protegerla generando incentivos para que siga aquí, al tiempo que le recuerda al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que muchos
de los problemas que él critica de México, como la presencia de los grupos de delincuencia organizada, en parte se deben a su laxa regulación de armas y su fracaso en reducir el consumo de drogas en su país. México es un gran país, nos toca demostrarlo con acciones y sin demagogia.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, noviembre 2016

 

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En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) continuamos preocupados por los altos índices de delincuencia y violencia, así como por la falta de acciones en el corto plazo y de una estrategia de largo plazo que logre mejorar

las condiciones de seguridad en las que se encuentra el país y generar un respeto a la norma en la sociedad. Lamentablemente, esta preocupación ha permanecido como una constante a pesar que ha transcurrido más de una década en la cual las autoridades han tenido la oportunidad de actuar efectivamente frente a la crisis de seguridad humana y no lo han hecho.

Si comparamos los primeros 11 meses de 2015 contra los de 2016, se puede identi car un aumento de las tasas por cada 100 mil habitantes de 21% de homicidio doloso, 5% en secuestro, 4% en robo a negocio y 4% violaciones. Otros delitos como robo con violencia y de vehículo presentaron incrementos marginales de 0.35 y 0.57%. En sentido opuesto se observa que solo las tasas por cada 100 mil habtantes de homicidio culposo, extorsión, robo a casa habitación y a transeúnte disminuyeron 7, 3, 7 y 9% respectivamente.

Por consiguiente, es un hecho que noviembre de 2016 se caracterizó por graves problemas de homicidio doloso, por el aumento de 6 de los 10 delitos de alto impacto en lo que va del año y, en una visión más amplia, se posiciona como el 5to mes más violento de la administración del presidente Enrique Peña Nieto (desde diciembre de 2012). Desde esta perspectiva, vale la pena retomar que en 2016 se registraron los meses con mayor cantidad de casos de homicidios dolosos reportados o cialmente en el actual sexenio; en primer lugar, se ubica septiembre; en segundo lugar, agosto; en tercer lugar, julio y; en cuarto lugar, octubre, todos estos de 2016.

Cuando el ONC presentó el Reporte sobre delitos de alto impacto. Septiembre 2016, alertando por estos alarmantes números, las autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), minimizaron los datos y usaron la información que en ese momento no era pública relativa a octubre para hablar de una reducción mensual de 6% de los homicidios dolosos (5.62% para ser exactos), como ejemplo de que la estrategia anunciada por el presidente Peña Nieto en el Consejo Nacional de Seguridad(CNSP) para reducir los homicidios en los 50 municipios con mayor incidencia de los mismos, estaba funcionando.

Con los datos de noviembre a la mano podemos ver que el homicidio doloso prácticamente no tuvo variación de octubre a noviembre, ya que el número de carpetas de investigación se redujo apenas 0.75% entre estos dos meses. Sin lugar a dudas, este indicador no solo permite poner en entredicho los discursos halagueños o triunfalistas que han sido pronunciados por distintas autoridades sino la propia eficacia de la medida emprendida por la autoridad federal tres meses después de que esta iniciase.

Desde el ONC insistimos que el homicidio doloso y otros delitos violentos podrán tener reducciones en el corto plazo, sin embargo, ello no implica la mejora de las condiciones de seguridad en el largo plazo. Esto se debe a que seguimos careciendo de corresponsabilidad de los gobiernos locales, continuamos atacando los efectos y no las causas de los problemas; la corrupción sigue debilitando la acción del gobierno, los recursos de las instituciones y manteniendo vigente la impunidad en la sanción a los delitos.

La violencia preocupa y seguramente seguirá siendo una preocupación hasta que no haya un compromiso serio por parte de nuestras autoridades para construir las instituciones de seguridad y justicia que necesitamos, hasta que se incentive el respeto de la norma y se logre debilitar los recursos de los delincuentes, empezando por sus recursos económicos.

A pesar que se ha cumplido una década de la denominada “Guerra contra el narcotrá co”, la delincuencia organizada mantiene su poder debido a que permanecen intactas sus riquezas que les permite continuar comprando voluntades políticas y justicia, que les permite continuar delinquiendo incluso desde penales y abasteciéndose de armas para seguir dominando la vida de tantas personas.

Ante este escenario en conjunto con la actual crisis económica es altamente probable que los robos y secuestros aumentarán en 2017. Frente a ello, es necesario que la autoridad deje de simular, perder tiempo excusándose e invertir todo su capital en generar ese Estado de Derecho que los mexicanos necesitamos para hacer atractivo el país al turismo, la inversión extranjera, proteger los derechos de propiedad para poder progresar y vivir seguros como nos lo merecemos cada uno de nosotros.

FRANCISCO RIVAS
@frarivasCoL

Reporte mensual de delitos de alto impacto, julio 2016

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Hace algunos días, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong hizo entrega del cuarto informe de gobierno. Este es el principal ejercicio de rendición de cuentas mediante

el cual la administración pública federal explica a la ciudadanía los resultados de las políticas públicas y las líneas de acción implementadas en las múltiples materias. Fiel a la costumbre que ha caracterizado por décadas a nuestros gobiernos, se

dieron a conocer resultados halagüeños pues “lo bueno casi no se cuenta”, escuchando un discurso que hizo referencia a la “realidad” de un México ajeno al país en el que vivimos, ya que por los índices de aprobación del presidente Peña Nieto se requirió necesariamente mostrar resultados positivos en donde su desempeño dista de ser el deseado.

El informe de gobierno consideró cuatro apartados: México en Paz, México Incluyente, México con educación de calidad, y México Prospero. Los resultados en materia de seguridad y justicia contenidos en el apartado “México en Paz” enfatizaron el cumplimiento en tiempo y forma de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), los bene cios que esto traerá para la impartición de justicia, la labor de las instituciones del Estado en materia de seguridad (Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México Comisión Nacional de Seguridad) en su tarea de combate al crimen organizado, así como la existencia y operación del programa nacional para la prevención del delito.

De igual manera se subrayó la importancia que han tenido los operativos coordinados para la seguridad y el orden, así como la coordinación interinstitucional a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) que ha dado pie a diversas estrategias como la Estrategia Nacional Antisecuestro o el nuevo modelo de desarrollo policial. A su vez se destacó la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

No obstante, poco se mencionó sobre las fallas que subsisten en el sistema penitenciario, tampoco se re rió a los casos emblemáticos como los acontecidos en Ayotzinapa, Tanhuato y Nochixtlán donde la actuación del gobierno distó de ser la óptima. Lo que se con rmó con la renuncia solicitada al ahora ex comisario de la Policía Federal, Enrique Galindo, a escasos dos días del informe.

No se mencionó a entidades como Guerrero, Tamaulipas, Estado de México, Colima o Veracruz (por mencionar solo algunas) donde la violencia aún impera. Tampoco presentaron diagnósticos certeros y minuciosos respecto a los recursos escasos destinados a ciertas áreas clave de la procuración de justicia, las carencias y áreas de oportunidad en dicha materia, así como en la atención de víctimas

del delito cuya comisión ejecutiva solo ha sido capaz de canalizar 33 de los 1 028 millones de pesos presupuestados para la atención a víctimas y la reparación del daño. Esos temas fueron omitidos ya que aparentemente se cree que con la sola existencia de los ordenamientos jurídicos y normativos los problemas se resuelven en automático.

En cuanto a los resultados en materia de corrupción, pese a que estrenaremos el SNA, no debemos olvidar que el PRI se opuso a diversos elementos de este y
que solamente gracias al gran trabajo de la sociedad civil y a un veto presidencial oportuno fue posible que el SNA se convirtiera en el primer paso en el combate a la corrupción. En cuatro años solo se ha podido dar un pequeño paso, impulsado por las organizaciones de la sociedad civil.

El presidente no abordó el alza de los homicidios dolosos. Con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y que según los pronósticos realizados por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) se espera que 2016 termine con una tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes de 14.5 homicidios dolosos (3.23% mayor que la reportada en 2015). Mientras que en otros pronósticos menos conservadores la tasa en comento podría alcanzar un valor máximo de 17.34. Cabe destacar que entidades como Guerrero y Morelos en las que se ha contado con la presencia o refuerzo de elementos de instituciones federales de seguridad, se han mantenido tasas de homicidio doloso superiores a la nacional desde 2012.

El mes de julio se caracterizó por haberse constituido como el mes con mayor número de víctimas de homicidio doloso (2 073) desde que se comenzó a divulgar esta información en 2014, en tanto que mayo y junio presentaron más de 1800 víctimas mensuales, lo que presupone un promedio de más de 60 homicidios dolosos cometidos diariamente.

A su vez, durante la administración de Enrique Peña Nieto hemos sido testigos de cambios en los patrones geográ cos de los delitos de alto impacto. Antes de que comenzará su periodo de gobierno las entidades con mayores tasas de homicidio doloso entre enero y julio de 2012 eran: Chihuahua (37.6), Guerrero (35.9), Sinaloa (31.3), Morelos (26.3) y Durango (22.3). En cambio, durante el mismo periodo de 2016 las entidades con mayores tasas fueron: Colima (45.9), Guerrero (35.3), Sinaloa (20.1), Baja California (17.1) y Morelos (16.9).

Por otro lado, en materia de secuestros se espera una tasa de 0.93 por cada 100 mil habitantes (7.09% mayor que la de 2015) y una tasa de extorsiones de 4.32 (3.67% mayor que la de 2015). Es decir, el panorama no será muy diferente del que experimentamos en 2013.

Para el secuestro es importante distinguir que las cifras reportadas en el SESNSP no reflejan la cantidad total de casos, no solo por la cifra negra, sino porque no se están registrando los supuestos contemplados en el Artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. A pesar de lo anterior es el delito que reportaría el mayor incremento respecto a 2015 de acuerdo con nuestros pronósticos.

En materia de extorsión cabe destacar que las disminuciones registradas desde 2013 se pueden deber a cambios en los criterios de registro. Dichas modi caciones suponen que la credibilidad y comparabilidad de la información esté en duda. En lo agregado esto supone un diferencial de la tasa nacional de 0.5 y 0.6 en 2014 y 2015, respectivamente, lo cual aminora los porcentajes de reducción ampliamente citados por las autoridades.

A pesar de lo anterior atribuirle la responsabilidad de cada carencia o falta de logros al Ejecutivo no es completamente prudente. Si hoy observamos entidades y municipios en condiciones graves de inseguridad, si la violencia en algunas regiones se ha mantenido, si no se ha cumplido a cabalidad la adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio, si no se ha cumplido con la Ley General de Víctimas, así como con diversos tratados internacionales que tutelan los derechos humanos,
es también por la responsabilidad de autoridades locales y municipales que han
sido cómplices o directos responsables de esto, ya sea por incapacidad o por desidia. También ellos han aportado a un contexto en el cual el Estado no tiene el control sobre todo el territorio nacional.

A poco más de dos años del n del mandato del presidente Peña Nieto, es momento de que asuma las riendas del combate a la corrupción y la delincuencia,
de la implementación de la ley sin distingos. Es momento de que refrende su compromiso con políticas públicas de seguridad humana sustentadas en diagnósticos reales e indicadores de desempeño e impacto; es momento de que se reajusten o eliminen las lineas de acción que no han funcionado y de verdad trabaje para que “lo bueno cuente mucho” no solo en términos de narrativa y estrategia de comunicación.

Francisco Rivas
Director General
@frarivasCoL

Reporte Mensual de delitos de alto impacto, Junio 2016

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La violencia homicida no cede en nuestro país y lamentablemente no es una sorpresa, pues como lo hemos demostrado mes tras mes, este delito está muy lejos de haber sido atendido e cientemente por nuestras autoridades. Si observamos

los comparativos semestrales de 2014-2015 y 2015-2016, se puede apreciar cómo
los homicidios intencionales han continuado aumentando. Aunado a ello, no debe dejarse a un lado la situación por la cual atraviesan distintas entidades federativas como Colima, Guerrero, Morelos, Sinaloa y Chihuahua que lideran las tasas de homicidio doloso apuntando a una debilidad en las políticas de reducción de este fenómeno pese a que hemos tratado de enfrentar esta problemática por más de una década en México.

Respecto a la incidencia del homicidio, nuestras autoridades han continuado insistiendo en que estos se encuentran ligados a la confrontación entre grupos de la delincuencia organizada, casi como si consideraran que esta característica los torna en acontecimientos menos graves y olvidan que si estos grupos luchan por el control de un territorio es porque las instituciones del Estado han fallado.

No podemos esperar resultados e cientes ni efectivos frente a la violencia
y delincuencia si hay de ciencia para prevenir y sancionar los delitos, si no se implementa un sistema de readaptación social capaz de reincorporar plenamente a la sociedad a una persona que purgó una sentencia justa y proporcional al daño ocasionado. Si no corregimos este camino pareciera que estamos trabajando
por una sociedad que mantenga viva la problemática delincuencial, generando sistemáticamente incentivos para que nos incorporemos a este tipo de actividades.

Es cierto que no es posible que se dejen de cometer homicidios en nuestro país, pero ello se debe a rasgos propios de la conducta y de la sociedad. El homicidio es un delito que no se puede erradicar en ningún territorio pues aún en los países más seguros lo encontraremos. Sin embargo, el homicidio sí puede reducirse a tasas mínimas de incidencia y una de las acciones clave para conseguirlo es desvincularlo de actividades de la delincuencia organizada mediante acciones en dos vías: fortalecimiento institucional y reconstrucción del tejido social.

En México, ha sido clara la reproducción y el aumento del homicidio con sus respectivas implicaciones en nuestra calidad de vida. Asimismo en nuestro país ha sido evidente que, en gran medida, esto se debe a la falta de capacidad del Estado para disminuir el poder de los grupos delincuenciales; de generar oportunidades para que las personas opten por un desarrollo dentro de la ley; de castigar la conducta delictiva de manera oportuna; de permitir que la impunidad crónica, la falta de oportunidades y el subdesarrollo sean factores determinantes en la decisión de quienes empiecen a delinquir, lo hagan una y otra vez, perfeccionando su actividad y cometiendo delitos cada vez más graves.

El contexto nacional que se ha caracterizado por un combate frontal de los grupos del crimen organizado generando muerte, dolor, subdesarrollo
y deshonra para nuestro país; se ha vuelto cada vez más complejo dada
la incidencia de delitos del fuero común que terminan en homicidios y
que tienden a ser negados y desatendidos por las autoridades locales correspondientes. Este se debe a que nuestras autoridades han optado por tratar la crisis de seguridad como un mero problema mediático que debe ser manejado por el área de comunicación social.

Urgen instituciones sólidas y con ables, respetuosas de los derechos humanos, que combatan el delito, al tiempo que necesitamos políticas de prevención que logren su cometido. Estas acciones deben llevarse a cabo en un ambiente en el cual la educación genere las competencias necesarias para que las personas puedan entrar a un mercado laboral que brinde oportunidades de desarrollo dentro de la ley.

Ya basta de poner excusas como “antes estábamos peor”, “quien estuvo
antes no supo hacer, no supo combatir y generó esta situación” para no atender efectivamente el problema de seguridad. Ya basta de buscar justi caciones para dejar que se reproduzca tanta violencia y delincuencia. Si se mantiene la actual tendencia de las estadísticas o ciales terminaremos el 2016 con 19,560 víctimas directas de homicidio doloso y muchas más víctimas indirectas que pagarán las consecuencias de un país donde sus instituciones no han logrado garantizar la paz social ni el respeto a los derechos humanos.

Autoridades, es hora de que asuman sus responsabilidades y dejen a un lado la retórica y las líneas discursivas convenientes. Recuerden que nadie los obligó a asumir sus cargos, ahora asuman su responsabilidad y reconozcan que no es seguro vivir en nuestro país, que enfrentamos una crisis de seguridad humana que no han sabido resolver. ¡Es hora de un México de leyes y derechos donde las personas vivamos seguras!

Francisco Rivas

Director General

@frarivasCoL

Reporte Mensual de delitos de alto impacto, Mayo 2016

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Desde mediados de 2012 y hasta inicios de 2015 el homicidio doloso mantuvo un comportamiento a la baja. Esto lo podemos apreciar al analizar las tasas por cada 100 mil habitantes de este delito, los cuales variaron de 18.47 en 2012 a 13.08 en

2014. No obstante, la disminución que se registró durante esos años no se mantuvo y fue precisamente a partir de abril de 2015 que el comportamiento cambió y el año terminó con una tasa de 14.07 por cada 100 mil habitantes.

La problemática vinculada con los homicidios dolosos muestra una evolución poco favorable en buena parte del territorio nacional. Para muestra, basta con retomar el caso de Guerrero, que registró una tasa de 56.5 averiguaciones previas por homicidio doloso por cada 100 mil habitantes ubicándose como la entidad número uno en esta materia. Además, reportó un incremento de 32.36% respecto al año anterior.

El homicidio doloso continúa representando un problema de seguridad que difícilmente ha cedido en México, hay que señalar que el comportamiento al alza en 2016 se mantiene. Prueba de ello es que si comparamos los valores absolutos de los primeros 5 meses del año contra el mismo periodo del año anterior hay un aumento de 14.27%. La debilidad en los registros de homicidio nos permite afirmar que hay un gran número de casos clasificados y reportados como homicidios culposos que en realidad deberían ser sistematizados como dolosos.

Tras una década en crisis de seguridad humana caracterizada por una alta incidencia de delitos violentos -en particular de homicidios-, podemos afirmar que las políticas públicas y estrategias para garantizar la vida de las personas en nuestro país continúan sin ser efectivas. Lo más preocupante de esta situación es que al parecer
a nuestras autoridades esta cuestión no parece quitarles el sueño. Las preguntas mínimas que como sociedad debemos hacer a la autoridad ante esta nueva crisis de violencia son: ¿qué está fallando?, ¿qué sí y qué no ha funcionado?, ¿qué indicadores sustentan dicho análisis?, ¿las políticas públicas están diferenciadas por fenómeno delincuencial, contexto, víctima?, ¿dónde estaremos en 5, 10 o 15 años en materia de incidencia delictiva y violencia?

Ante estas interrogantes que aún no tienen respuesta, surge otra de igual importancia que consiste en saber si algún funcionario ha reconocido el problema y se está haciendo las preguntas anteriormente planteadas. Me atrevo a afirmar que en el caso de que alguien se esté cuestionando esto, o no hay respuestas, o nadie las usa como diagnósticos para la construcción de un plan que incluya reformas jurídicas y políticas públicas para revertir este fenómeno.

Y afirmo esto debido a las declaraciones que una y otra vez emiten las autoridades del país como: “los homicidios que estamos viendo se deben a confrontación entre grupos de delincuencia organizada”; “si comparamos
el número de homicidios de 2011 o de 2012 con los de 2015 estamos muy
por debajo”; “México tiene un problema de mala imagen”; “en la presente administración han mejorado los derechos humanos en México”. Declaraciones que evidentemente omiten recordar que:

1. La confrontación de grupos de delincuencia organizada habla de la debilidad del Estado y su incapacidad por controlar lo que sucede en el territorio.

2. Las víctimas de homicidio son personas sin importar quienes son éstas.

3. Los costos sociales y económicos resultantes de la pérdida de la vida de personas por eventos delictivos son enormes y la cantidad de los que se cometen en nuestro país hablan de una evidente crisis humanitaria.

4. Usar estadística a modo para minimizar un problema de inseguridad es revictimizar a víctimas directas e indirectas del delito.

5. Más de 17 000 víctimas de homicidio doloso en 2015, 1 300 de secuestro, 5 000 de extorsión, 150 mil robos con violencia, ineficacia en el combate a
los delitos, falta de acceso a la justicia que provoca la baja credibilidad en las instituciones que en general las personas tenemos, altos porcentajes de cifra negra (que en nuestro país, según el INEGI, ronda el 93%), son reflejo de una crisis de inseguridad y violencia y no sencillamente un problema de relaciones públicas o mercadeo.

6. La evidencia de desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, justicia a modo, falta de implementación de los protocolos
de actuación, violaciones al debido proceso, falta de acceso a la justicia y reparación del daño, incumplimiento de los objetivos y acciones que se desprenden de la Ley General de Víctimas, que ha sido expuesta por casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Oaxaca, Tierra Blanca o los múltiples casos de fosas clandestinas halladas y no investigadas, nos debería llevar a una profunda reestructuración de las instituciones y un fomento al respeto cabal de la ley y no a considerar como satisfactorios presuntos avances en materia de respeto a los derechos humanos.

El primer paso consistiría en reconocer el problema en el que estamos, es difícil mejorar si improvisamos y tenemos una visión a corto plazo que tiene como interés personal la conservación del poder, los resultados electorales, el manejo de los grupos de presión sobre el beneficio del país y sus habitantes.

Los homicidios dolosos han aumentado y es cierto que podrían disminuir
en el corto plazo, sin embargo, esto no significa que estemos mejorando. Puede que el reacomodo de los grupos criminales termine y, por ende, el número
de homicidios disminuya pero si no hemos construido instituciones capaces
de disuadir la conducta criminal, prevenirla, perseguirla y erradicar a los
grupos de delincuencia organizada; desarrollar instituciones que permitan el acceso a la justicia en un cabal respeto a los derechos humanos, instituciones educativas capaces de preparar a las personas a competir en el mundo laboral, instituciones de salud que coadyuven a la reducción del consumo en pleno respeto a las decisiones individuales, un mercado laboral competitivo, donde el acceso al crédito sea universal y el costo del dinero asequible para poder iniciar actividades que permitan el legítimo desarrollo de las personas en pleno respeto de la ley, seguiremos a expensas de qué los criminales logren mantener su paz armada.

Cada una de las 18 665 víctimas de homicidio doloso en 2015 y las 8 469 de lo que va de 2016, deben llevarnos a exigir acciones que reconstruyan las bases de nuestra sociedad y permitan vislumbrar un futuro mejor para millones de personas en nuestro país. Una vez más es evidente que no podemos ceder
en esta exigencia pues nuevamente hemos confirmado que, lo que se está haciendo, evidentemente, no ha funcionado lo suficiente para que nuestra seguridad humana sea una garantía en México.

Francisco Rivas
Director General
@frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, febrero 2016

Descarga aquí el reporte Mensual de febrero

Es tarea sustantiva de una autoridad generar condiciones de seguridad y justicia para las personas. Quien decida competir por un cargo público como ejecutivo estatal, debe tener en mente la necesidad de reducir la incidencia de delitos, combatir la delincuencia, dar acceso a la justicia a las personas, respetar los derechos humanos, fortalecer el Estado de Derecho, entre otras. Para lograrlo tanto la autoridad como la sociedad requerimos métricas precisas que nos presenten avances o retrocesos, que permitan generar inteligencia y desarrollar, implementar y evaluar políticas especí cas para este tipo de fenómenos.

Es así que el descenso de la incidencia delictiva podría ser una buena noticia que da cuenta de mejores condiciones de seguridad en la vida de las personas. Sin embargo, en un contexto de debilidad institucional, las bajas que se observan en la estadística delictiva pueden ser resultado de manipulaciones de las bases de datos, de malas prácticas ministeriales para clasi car los delitos, de rechazó al acceso a la justicia de las personas, de no registrar los delitos, de disuadir la denuncia de las víctimas, o incluso, de combatir el delito extrajudicialmente. En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) hemos insistido sistemáticamente en la importancia de estos temas y en la disposición a colaborar por el fortalecimiento institucional. Sin embargo, resulta muy preocupante que algunas autoridades rechacen el apoyo e insistan en hablar de mejoras en las condiciones de seguridad, cuando la información que se brinda no es con able para sostener dichas a rmaciones.

Un ejemplo es el Estado de México, en donde el descenso del número de denuncias y carpetas de investigación iniciadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de homicidios dolosos y culposos, extorsiones, así como robos con violencia, de vehículos, a casa habitación, a negocio y a transeúnte — comparando los primeros meses de 2016 contra el mismo periodo de 2015— , no necesariamente es una buena noticia. ¿Sin embargo, es posible afirmar que dichas cifras son del todo confiables y transparentes?

Es un hecho que las estadísticas delictivas en el Estado de México dejan mucho que desear en términos de su con abilidad. En primer lugar, ¿qué se puede a rmar de una entidad donde los registros de averiguaciones previas por extorsión son tan inconsistentes? Si analizamos dichas cifras encontraremos que sólo hay datos en 1999, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Sólo contamos con evidencia muy reciente del comportamiento delictivo. Esta no nos permite realizar comparaciones de mayor alcance o bien, determinar si el nivel registrado de averiguaciones previas en 2015 -36% menor que el de 2014- ha ocurrido en el pasado.

Otro elemento que abona a sembrar más dudas de la calidad de la información delictiva de la entidad es el cuestionamiento realizado por parte de la publicación británica The Economist respecto al cambio de criterio de clasi cación de los homicidios dolosos en 2007, lo cual daba como resultado una aparente disminución de este
delito de alto impacto. Por otro lado, en el estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México se demostró que la evolución de las averiguaciones previas por homicidio en el Estado de México entre 1997 y 2014 se caracteriza por que las tasas mensuales de homicidio doloso y culposo han sido sistemáticamente parecidas tanto en términos de su tendencia como de la magnitud de las fluctuaciones y los valores de las tasas. Éste es un comportamiento inusual pues en otras entidades existen diferencias entre las series durante algún periodo.

En las solicitudes que ha efectuado el ONC se puede destacar que aparentemente no cuentan con información sistematizada sobre fosas clandestinas y no existe certeza sobre la cantidad de feminicidios que han sido cometidos en el Estado de México.
Esto último se debe a que en la respuesta a nuestra solicitud de información enviada vía INFOMEX a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), se menciona que se iniciaron 48 averiguaciones previas por feminicidio durante 2014, pero en un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se re ere que la PGJEM informó que se habían iniciado 86 averiguaciones previas por feminicidio durante el primer cuatrimestre de 2014. Respecto a la falta de certeza sobre la cantidad de feminicidios que se reconocen en el Estado de México, habría que retomar aquellos casos en los cuales este tipo de ilícitos han sido investigados y registrados como suicidios u homicidios culposos como sucedió en el caso de Mariana Lima, de Nadia Alejandra Muciño o de otras tantas mujeres en dicha entidad. Sin lugar a dudas, me atrevo a afirmar que el feminicidio es un delito que las autoridades difícilmente reconocen y que generalmente clasi can mal.

Aunado a ello, es importante considerar que las cifras o ciales sobre incidencia delictiva no reflejan el total de delitos, puesto que no toma en consideración todos aquellos ilícitos que no fueron denunciados o en los cuales no se procedió a iniciar una carpeta de investigación, es decir, la cifra negra. Si se analiza dicho indicador a partir
de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se puede apreciar que de 2010 a 2014 se ha reportado una cifra negra superior a la registrada en el ámbito nacional.

En materia de secuestro, el Estado de México es la quinta entidad con mayor tasa de denuncia por cada 100 mil habitantes si se consideran los casos registrados tanto en el fuero común como federal. Esto es evidente porque reportó una tasa de 2.25 secuestros por cada 100 mil habitantes durante 2015 y se ubicó por debajo de lo registrado en Tamaulipas, Tabasco, Guerrero y Morelos. Aunado a ello, es importante mencionar que, de enero de 2015 a febrero de 2016, en términos absolutos, el Estado de México es la entidad en la cual la federación ha atendido más secuestros, ya que durante ese periodo la Procuraduría General de la República (PGR) inició 245 averiguaciones previas.

Paralelamente es importante recordar dos aspectos que mantienen vivo el problema: la corrupción y la manipulación de información para dar a conocer que las condiciones de la entidad son aparentemente mejores. Respecto al primero de los problemas mencionados, se ha logrado apreciar que la corrupción ejercida por parte de las autoridades encargadas de prevenir y reaccionar ante los eventos delictivos, es el perfecto caldo de cultivo e incentivo para que los delincuentes actúen con plena impunidad. Recordemos la manera en la que la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana ha tenido que reconocer la corrupción institucionalizada que ha llevado a dar de baja a miles de policías y que explica la razón por la cual, en 2015 la autoridad estatal suspendió la aplicación de multas de tránsito para los ciudadanos, ya que no se garantizaba la conducta apegada a derecho por parte de los policías.

Desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) entendemos nuestra obligación como parte de la sociedad civil para dar cuenta de esta problemática una y otra vez, y para coadyuvar en la solución. Por tal motivo hemos ofrecido nuestro apoyo para fortalecer las instituciones locales y federales para mejorar los mecanismos de registro, clasi cación y publicación de los datos de incidencia delictiva.

Hace casi 2 años, en el espacio radiofónico de Ciro Gómez Leyva, ciertas autoridades del Estado de México desestimaron este tipo de datos, así como el análisis que se ha realizado desde el ONC sobre la situación de seguridad en la entidad. Gracias a esa discusión abierta, el Secretario General de Gobierno, José Sergio Manzur Quiroga; el Procurador General del Estado, Alejandro Gómez Sánchez y yo acordamos abrir la información sobre incidencia delictiva y la procuraduría a la sociedad civil, con miras a que el ONC llevara a cabo un diagnóstico de las fortalezas y debilidades de los procesos de registro y construcción de bases de datos con información pública de calidad. De igual manera, con el apoyo del ONC, la PGJEM impulsaría el fortalecimiento de la integridad profesional a través de la cultura de la legalidad.

Sin embargo, de poco sirvieron las reuniones y llamadas que sostuvimos, los o cios y viajes realizados, la insistencia e incluso presión pública. El Estado de México ha dicho “sí, sí, sí” con la mayor cordialidad que se podría esperar. No obstante, no ha dado un solo paso hacia delante y ello nos ha hecho desperdiciar recursos y tiempo. Al respecto, quiero recalcar que este proyecto no tenía costo para la PGJEM, ya que el ONC tiene como mandato no recibir recursos públicos. Un proyecto que fortalecía a la institución y que sería donado, ha sido desperdiciado y ha negado una gran oportunidad a tantos buenos servidores públicos estatales que hacen un trabajo impecable, para que su trabajo luzca y sea reconocido. Una muestra de que lo único que se requiere es voluntad política para tratar de atender el problema de seguridad y justicia que existe en nuestro país, pude apreciarse en los efectos que ha producido este proyecto en Aguascalientes, Chiapas y Chihuahua, así como la reciente apertura que se ha tenido por parte de las autoridades de Morelos, Nuevo León, Veracruz y el interés por parte de Sonora.

La baja en la incidencia delictiva reportada por el Estado de México en un contexto de crisis de seguridad humana no es buena noticia. La falta de disposición con la sociedad civil no es buena noticia. La falta de rendición de cuentas no es buena noticia. La falta de construcción de con anza institucional e integridad profesional de los servidores públicos no es buena noticia y difícilmente nos llevará a una mejora de vida para los mexiquenses y para quienes circulamos por la entidad.

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, enero 2016

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Con la presentación del Reporte sobre delitos de alto impacto. Enero 2016, desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), seguimos aportando nuestro esfuerzo para entender integralmente el comportamiento delictivo en el país

con miras a mejorar la seguridad, el acceso a la justicia y fortalecer el Estado de Derecho. El trabajo que hemos realizado busca identi car los aspectos especí cos para que tanto autoridades como sociedad civil puedan estable- cer un diálogo constructivo y promover estrategias claras que atiendan los problemas en estas materias.

Un ejemplo de los esfuerzos que hemos llevado a cabo para construir este tipo de puentes, es el trabajo realizado desde hace tres años entre el Obser- vatorio Nacional Ciudadano (ONC), Causa en Común, México Unido Contra la Delincuencia, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, la Red de Profesionistas en Seguridad Pública, el Instituto de Administración Pública y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal (UAI). Esto se debe a que hemos desarrollado un mecanismo para entender con detalle y acompañar los procesos internos disciplinarios de desarrollo policial y efectividad en la actuación de la Policía Federal. El objetivo de este trabajo consiste en me- jorar el desempeño individual de los policías, al tiempo que se fortalece la institución, los procesos de transparencia y rendición de cuentas y se prueba un modelo que podrá replicarse a nivel local. Lograr este acuerdo implicó muchas horas de trabajo, planeación, discusión teórica y análisis sobre lo factible en términos de supervisión ciudadana según el marco normativo que rige a la institución y en este sentido reconocemos la destacable cooperación del entonces titular de la UAI, Edgardo Flores, quien dio pie para que este proyecto pudiese surgir. De igual manera, reconocemos la gran disposición
y apoyo del actual Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, quien decidió expandirlo más allá de la Unidad y llegar a toda la CNS.

Otros esfuerzos conjuntos que se están llevando a cabo para mejorar la seguridad, en esta ocasión en términos de la calidad de la información es
la apertura del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Centro Nacional de Información (CNI) para colaborar en la construcción de un mejor instrumento que permita conocer con mayor exactitud la incidencia delictiva en el país de una manera más homogénea. Por otro lado, está la apertura, transparencia y colaboración de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), lo cual ha permitido entender, explicar y evaluar avances en esta materia atendiendo las observaciones y críticas que hemos realizado desde la sociedad civil, priorizando siempre el bienestar de las víctimas. Asimismo no puedo dejar de mencionar la valiosa disposición de las procuradurías y scalías generales de Chiapas, Chihuahua, Morelos y Veracruz por permitir dar un seguimiento a los procesos de los registros de denuncias y la generación de la información, lo cual contribuye simultánea- mente a desarrollar o construir integridad en los servidores públicos a través de programas que fomentan la cultura de la legalidad. Del mismo modo con- sidero que es destacable la colaboración que en el ámbito local, han llegado a tener ciertas autoridades a través de la Red de Observatorios Locales del ONC.

Dada la situación por la cual atraviesa el país, sabemos que la crítica hacia las fallas e inconsistencias de las políticas públicas así como las malas actua- ciones de las autoridades es fundamental. Sin embargo, reconocer la apertura al diálogo y al trabajo en conjunto con la sociedad civil es igual de esencial. Esto importante enfatizar este reconocimiento en ambos sentidos para que los funcionarios de los tres niveles de gobierno perciban y se den cuenta que lo que perseguimos no es su denostación pública sino que buscamos colabo- rar para enfrentar la crisis de seguridad en la cual nos encontramos.

No obstante, pese a lo enunciado, considero que hace falta mucho por hacer en nuestro país en materia de transparencia y rendición de cuentas, los buenos resultados del diálogo entre sociedad civil y los actores estata-
les continúan siendo excepcionales frente a la dimensión del problema de falta de seguridad y violencia del país. La mayoría de nuestros gobernantes no dialogan con la sociedad, ni tienen vocación democrática, ni les interesa rendir cuentas. A los actores del Estado se les ha olvidado que los espacios de diálogo y debate con la sociedad civil generan instrumentos para encontrar soluciones novedosas a los problemas.

Ojalá que esta reflexión motive a otras autoridades que hoy parecen ignorar estos importantes avances democráticos, que no permiten la colabo- ración con la sociedad civil y desestiman los hallazgos de los informes de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos y del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que señalan constantes violaciones a los derechos de las personas en México. La apertura de algunos contrasta con el actuar de autoridades que informan mal sobre la incidencia delictiva o de plano presumen números sin fundamento sobre la reducción de delitos pese a la innegable crisis de inseguridad que vivimos en el país. Por ejemplo, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo quien niega la crisis de feminicidios en su entidad; la Fiscalía General de Nayarit que omite contestar solicitudes de información en materia de trata, extorsión, secuestro o robo y no registra las extorsiones y el robo a transeúntes en la entidad; en Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira desconoce sus propios datos sobre incidencia delictiva.

Aunado a ello, espero que esta reflexión sirva para que más personas participen en la solución tanto de los problemas como de las necesidades de sus comunidades y, que asuman su corresponsabilidad ciudadana y solidaria para hacer frente a la innegable crisis de corrupción, derechos humanos e im- punidad. Invito a través de este espacio a la sociedad civil de Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas a trabajar conjuntamente por el respeto a los derechos humanos, por la transparencia y la rendición de cuentas. Reconozco que actualmente ejercer el activismo social en nuestro país es una labor bastante difícil e incluso peligroso, que aparentemente existen pocos incentivos. Sin embargo, no debemos olvidar que también la participación es una herra- mienta poderosa que en nuestros días se ha vuelto necesaria y urgente.

A quien decida acercarse al ONC, les brindaremos nuestro apoyo, la metodología y les acompañaremos en su trabajo. Algo hemos logrado a nivel federal, sin embargo, aún nos falta mucho por hacer pues aún hay en el éam- bito local muchas autoridades autoritarias, amenazas, burlas y falta de interés por los problemas de la sociedad. Justamente ahí es donde debemos actuar
y donde necesitamos a muchos más generando contrapesos, construyendo ciudadanía, rendición de cuentas y cultura de la legalidad.

FRANCISCO RIVAS

Director General

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