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Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, febrero 2016

Descarga aquí el reporte Mensual de febrero

Es tarea sustantiva de una autoridad generar condiciones de seguridad y justicia para las personas. Quien decida competir por un cargo público como ejecutivo estatal, debe tener en mente la necesidad de reducir la incidencia de delitos, combatir la delincuencia, dar acceso a la justicia a las personas, respetar los derechos humanos, fortalecer el Estado de Derecho, entre otras. Para lograrlo tanto la autoridad como la sociedad requerimos métricas precisas que nos presenten avances o retrocesos, que permitan generar inteligencia y desarrollar, implementar y evaluar políticas especí cas para este tipo de fenómenos.

Es así que el descenso de la incidencia delictiva podría ser una buena noticia que da cuenta de mejores condiciones de seguridad en la vida de las personas. Sin embargo, en un contexto de debilidad institucional, las bajas que se observan en la estadística delictiva pueden ser resultado de manipulaciones de las bases de datos, de malas prácticas ministeriales para clasi car los delitos, de rechazó al acceso a la justicia de las personas, de no registrar los delitos, de disuadir la denuncia de las víctimas, o incluso, de combatir el delito extrajudicialmente. En el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) hemos insistido sistemáticamente en la importancia de estos temas y en la disposición a colaborar por el fortalecimiento institucional. Sin embargo, resulta muy preocupante que algunas autoridades rechacen el apoyo e insistan en hablar de mejoras en las condiciones de seguridad, cuando la información que se brinda no es con able para sostener dichas a rmaciones.

Un ejemplo es el Estado de México, en donde el descenso del número de denuncias y carpetas de investigación iniciadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de homicidios dolosos y culposos, extorsiones, así como robos con violencia, de vehículos, a casa habitación, a negocio y a transeúnte — comparando los primeros meses de 2016 contra el mismo periodo de 2015— , no necesariamente es una buena noticia. ¿Sin embargo, es posible afirmar que dichas cifras son del todo confiables y transparentes?

Es un hecho que las estadísticas delictivas en el Estado de México dejan mucho que desear en términos de su con abilidad. En primer lugar, ¿qué se puede a rmar de una entidad donde los registros de averiguaciones previas por extorsión son tan inconsistentes? Si analizamos dichas cifras encontraremos que sólo hay datos en 1999, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Sólo contamos con evidencia muy reciente del comportamiento delictivo. Esta no nos permite realizar comparaciones de mayor alcance o bien, determinar si el nivel registrado de averiguaciones previas en 2015 -36% menor que el de 2014- ha ocurrido en el pasado.

Otro elemento que abona a sembrar más dudas de la calidad de la información delictiva de la entidad es el cuestionamiento realizado por parte de la publicación británica The Economist respecto al cambio de criterio de clasi cación de los homicidios dolosos en 2007, lo cual daba como resultado una aparente disminución de este
delito de alto impacto. Por otro lado, en el estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México se demostró que la evolución de las averiguaciones previas por homicidio en el Estado de México entre 1997 y 2014 se caracteriza por que las tasas mensuales de homicidio doloso y culposo han sido sistemáticamente parecidas tanto en términos de su tendencia como de la magnitud de las fluctuaciones y los valores de las tasas. Éste es un comportamiento inusual pues en otras entidades existen diferencias entre las series durante algún periodo.

En las solicitudes que ha efectuado el ONC se puede destacar que aparentemente no cuentan con información sistematizada sobre fosas clandestinas y no existe certeza sobre la cantidad de feminicidios que han sido cometidos en el Estado de México.
Esto último se debe a que en la respuesta a nuestra solicitud de información enviada vía INFOMEX a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), se menciona que se iniciaron 48 averiguaciones previas por feminicidio durante 2014, pero en un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se re ere que la PGJEM informó que se habían iniciado 86 averiguaciones previas por feminicidio durante el primer cuatrimestre de 2014. Respecto a la falta de certeza sobre la cantidad de feminicidios que se reconocen en el Estado de México, habría que retomar aquellos casos en los cuales este tipo de ilícitos han sido investigados y registrados como suicidios u homicidios culposos como sucedió en el caso de Mariana Lima, de Nadia Alejandra Muciño o de otras tantas mujeres en dicha entidad. Sin lugar a dudas, me atrevo a afirmar que el feminicidio es un delito que las autoridades difícilmente reconocen y que generalmente clasi can mal.

Aunado a ello, es importante considerar que las cifras o ciales sobre incidencia delictiva no reflejan el total de delitos, puesto que no toma en consideración todos aquellos ilícitos que no fueron denunciados o en los cuales no se procedió a iniciar una carpeta de investigación, es decir, la cifra negra. Si se analiza dicho indicador a partir
de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se puede apreciar que de 2010 a 2014 se ha reportado una cifra negra superior a la registrada en el ámbito nacional.

En materia de secuestro, el Estado de México es la quinta entidad con mayor tasa de denuncia por cada 100 mil habitantes si se consideran los casos registrados tanto en el fuero común como federal. Esto es evidente porque reportó una tasa de 2.25 secuestros por cada 100 mil habitantes durante 2015 y se ubicó por debajo de lo registrado en Tamaulipas, Tabasco, Guerrero y Morelos. Aunado a ello, es importante mencionar que, de enero de 2015 a febrero de 2016, en términos absolutos, el Estado de México es la entidad en la cual la federación ha atendido más secuestros, ya que durante ese periodo la Procuraduría General de la República (PGR) inició 245 averiguaciones previas.

Paralelamente es importante recordar dos aspectos que mantienen vivo el problema: la corrupción y la manipulación de información para dar a conocer que las condiciones de la entidad son aparentemente mejores. Respecto al primero de los problemas mencionados, se ha logrado apreciar que la corrupción ejercida por parte de las autoridades encargadas de prevenir y reaccionar ante los eventos delictivos, es el perfecto caldo de cultivo e incentivo para que los delincuentes actúen con plena impunidad. Recordemos la manera en la que la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana ha tenido que reconocer la corrupción institucionalizada que ha llevado a dar de baja a miles de policías y que explica la razón por la cual, en 2015 la autoridad estatal suspendió la aplicación de multas de tránsito para los ciudadanos, ya que no se garantizaba la conducta apegada a derecho por parte de los policías.

Desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) entendemos nuestra obligación como parte de la sociedad civil para dar cuenta de esta problemática una y otra vez, y para coadyuvar en la solución. Por tal motivo hemos ofrecido nuestro apoyo para fortalecer las instituciones locales y federales para mejorar los mecanismos de registro, clasi cación y publicación de los datos de incidencia delictiva.

Hace casi 2 años, en el espacio radiofónico de Ciro Gómez Leyva, ciertas autoridades del Estado de México desestimaron este tipo de datos, así como el análisis que se ha realizado desde el ONC sobre la situación de seguridad en la entidad. Gracias a esa discusión abierta, el Secretario General de Gobierno, José Sergio Manzur Quiroga; el Procurador General del Estado, Alejandro Gómez Sánchez y yo acordamos abrir la información sobre incidencia delictiva y la procuraduría a la sociedad civil, con miras a que el ONC llevara a cabo un diagnóstico de las fortalezas y debilidades de los procesos de registro y construcción de bases de datos con información pública de calidad. De igual manera, con el apoyo del ONC, la PGJEM impulsaría el fortalecimiento de la integridad profesional a través de la cultura de la legalidad.

Sin embargo, de poco sirvieron las reuniones y llamadas que sostuvimos, los o cios y viajes realizados, la insistencia e incluso presión pública. El Estado de México ha dicho “sí, sí, sí” con la mayor cordialidad que se podría esperar. No obstante, no ha dado un solo paso hacia delante y ello nos ha hecho desperdiciar recursos y tiempo. Al respecto, quiero recalcar que este proyecto no tenía costo para la PGJEM, ya que el ONC tiene como mandato no recibir recursos públicos. Un proyecto que fortalecía a la institución y que sería donado, ha sido desperdiciado y ha negado una gran oportunidad a tantos buenos servidores públicos estatales que hacen un trabajo impecable, para que su trabajo luzca y sea reconocido. Una muestra de que lo único que se requiere es voluntad política para tratar de atender el problema de seguridad y justicia que existe en nuestro país, pude apreciarse en los efectos que ha producido este proyecto en Aguascalientes, Chiapas y Chihuahua, así como la reciente apertura que se ha tenido por parte de las autoridades de Morelos, Nuevo León, Veracruz y el interés por parte de Sonora.

La baja en la incidencia delictiva reportada por el Estado de México en un contexto de crisis de seguridad humana no es buena noticia. La falta de disposición con la sociedad civil no es buena noticia. La falta de rendición de cuentas no es buena noticia. La falta de construcción de con anza institucional e integridad profesional de los servidores públicos no es buena noticia y difícilmente nos llevará a una mejora de vida para los mexiquenses y para quienes circulamos por la entidad.

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, enero 2016

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Con la presentación del Reporte sobre delitos de alto impacto. Enero 2016, desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), seguimos aportando nuestro esfuerzo para entender integralmente el comportamiento delictivo en el país

con miras a mejorar la seguridad, el acceso a la justicia y fortalecer el Estado de Derecho. El trabajo que hemos realizado busca identi car los aspectos especí cos para que tanto autoridades como sociedad civil puedan estable- cer un diálogo constructivo y promover estrategias claras que atiendan los problemas en estas materias.

Un ejemplo de los esfuerzos que hemos llevado a cabo para construir este tipo de puentes, es el trabajo realizado desde hace tres años entre el Obser- vatorio Nacional Ciudadano (ONC), Causa en Común, México Unido Contra la Delincuencia, el Instituto para la Seguridad y la Democracia, la Red de Profesionistas en Seguridad Pública, el Instituto de Administración Pública y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal (UAI). Esto se debe a que hemos desarrollado un mecanismo para entender con detalle y acompañar los procesos internos disciplinarios de desarrollo policial y efectividad en la actuación de la Policía Federal. El objetivo de este trabajo consiste en me- jorar el desempeño individual de los policías, al tiempo que se fortalece la institución, los procesos de transparencia y rendición de cuentas y se prueba un modelo que podrá replicarse a nivel local. Lograr este acuerdo implicó muchas horas de trabajo, planeación, discusión teórica y análisis sobre lo factible en términos de supervisión ciudadana según el marco normativo que rige a la institución y en este sentido reconocemos la destacable cooperación del entonces titular de la UAI, Edgardo Flores, quien dio pie para que este proyecto pudiese surgir. De igual manera, reconocemos la gran disposición
y apoyo del actual Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, quien decidió expandirlo más allá de la Unidad y llegar a toda la CNS.

Otros esfuerzos conjuntos que se están llevando a cabo para mejorar la seguridad, en esta ocasión en términos de la calidad de la información es
la apertura del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Centro Nacional de Información (CNI) para colaborar en la construcción de un mejor instrumento que permita conocer con mayor exactitud la incidencia delictiva en el país de una manera más homogénea. Por otro lado, está la apertura, transparencia y colaboración de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), lo cual ha permitido entender, explicar y evaluar avances en esta materia atendiendo las observaciones y críticas que hemos realizado desde la sociedad civil, priorizando siempre el bienestar de las víctimas. Asimismo no puedo dejar de mencionar la valiosa disposición de las procuradurías y scalías generales de Chiapas, Chihuahua, Morelos y Veracruz por permitir dar un seguimiento a los procesos de los registros de denuncias y la generación de la información, lo cual contribuye simultánea- mente a desarrollar o construir integridad en los servidores públicos a través de programas que fomentan la cultura de la legalidad. Del mismo modo con- sidero que es destacable la colaboración que en el ámbito local, han llegado a tener ciertas autoridades a través de la Red de Observatorios Locales del ONC.

Dada la situación por la cual atraviesa el país, sabemos que la crítica hacia las fallas e inconsistencias de las políticas públicas así como las malas actua- ciones de las autoridades es fundamental. Sin embargo, reconocer la apertura al diálogo y al trabajo en conjunto con la sociedad civil es igual de esencial. Esto importante enfatizar este reconocimiento en ambos sentidos para que los funcionarios de los tres niveles de gobierno perciban y se den cuenta que lo que perseguimos no es su denostación pública sino que buscamos colabo- rar para enfrentar la crisis de seguridad en la cual nos encontramos.

No obstante, pese a lo enunciado, considero que hace falta mucho por hacer en nuestro país en materia de transparencia y rendición de cuentas, los buenos resultados del diálogo entre sociedad civil y los actores estata-
les continúan siendo excepcionales frente a la dimensión del problema de falta de seguridad y violencia del país. La mayoría de nuestros gobernantes no dialogan con la sociedad, ni tienen vocación democrática, ni les interesa rendir cuentas. A los actores del Estado se les ha olvidado que los espacios de diálogo y debate con la sociedad civil generan instrumentos para encontrar soluciones novedosas a los problemas.

Ojalá que esta reflexión motive a otras autoridades que hoy parecen ignorar estos importantes avances democráticos, que no permiten la colabo- ración con la sociedad civil y desestiman los hallazgos de los informes de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos y del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que señalan constantes violaciones a los derechos de las personas en México. La apertura de algunos contrasta con el actuar de autoridades que informan mal sobre la incidencia delictiva o de plano presumen números sin fundamento sobre la reducción de delitos pese a la innegable crisis de inseguridad que vivimos en el país. Por ejemplo, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo quien niega la crisis de feminicidios en su entidad; la Fiscalía General de Nayarit que omite contestar solicitudes de información en materia de trata, extorsión, secuestro o robo y no registra las extorsiones y el robo a transeúntes en la entidad; en Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira desconoce sus propios datos sobre incidencia delictiva.

Aunado a ello, espero que esta reflexión sirva para que más personas participen en la solución tanto de los problemas como de las necesidades de sus comunidades y, que asuman su corresponsabilidad ciudadana y solidaria para hacer frente a la innegable crisis de corrupción, derechos humanos e im- punidad. Invito a través de este espacio a la sociedad civil de Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas a trabajar conjuntamente por el respeto a los derechos humanos, por la transparencia y la rendición de cuentas. Reconozco que actualmente ejercer el activismo social en nuestro país es una labor bastante difícil e incluso peligroso, que aparentemente existen pocos incentivos. Sin embargo, no debemos olvidar que también la participación es una herra- mienta poderosa que en nuestros días se ha vuelto necesaria y urgente.

A quien decida acercarse al ONC, les brindaremos nuestro apoyo, la metodología y les acompañaremos en su trabajo. Algo hemos logrado a nivel federal, sin embargo, aún nos falta mucho por hacer pues aún hay en el éam- bito local muchas autoridades autoritarias, amenazas, burlas y falta de interés por los problemas de la sociedad. Justamente ahí es donde debemos actuar
y donde necesitamos a muchos más generando contrapesos, construyendo ciudadanía, rendición de cuentas y cultura de la legalidad.

FRANCISCO RIVAS

Director General

@frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, diciembre 2015.

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Acorde con la información sobre incidencia delictiva de diciembre de 2015, se mantiene el comportamiento de los nueve meses precedentes: un alza en los porcentajes de homicidio y la disminución de los otros delitos de alto impacto; y en lo particular, el alta incidencia de secuestros, extorsiones y robos según un análisis especí co por entidades (por ejemplo: Tamaulipas, Jalisco, Baja California y Tabasco).

Al cierre de este documento, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) envió al Senado su análisis anual acerca de las condiciones de incidencia delictiva del país, mostrando que las condiciones del país en materia de seguridad han mejorado en los últimos 3 años, desde la entrada en funciones de la actual administración federal. En este documento destaca que la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes reportada durante 2015 es la más baja desde que inició su registro en 1997, re ejando una reducción del 15% respecto al año 2012. Por otro lado, muestra una disminución sostenida desde 2013 de los delitos que más afectan a la sociedad: por ejemplo, se indica que, entre 2012 y 2015, el secuestro se redujo 26%, las extorsiones 31% y el robo de vehículos 25%. Si bien algunas regiones y entidades del país presentaron un incremento en la tasa de homicidio doloso durante el último año, a nivel nacional persiste la disminución de 22% respecto a 2012.

Si bien el dato que habla de una disminución sobre la incidencia delictiva proviene de lo que directamente le informan las instituciones de procuración de justicia al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este no re eja adecuadamente las condiciones en las que vivimos. Ello se debe a que si se analiza el fenómeno a partir de estadísticas agregadas, no es posible identi car las causas del descenso y si efectivamente están reduciéndose los delitos que más afectan a la población. Esta situación no representa algo menor pues implica la carencia de los insumos necesarios para políticas públicas e cientes y e caces en la materia, ya sea para su diseño o corrección.

Respecto al documento presentado por la SEGOB queremos destacar las principales limitaciones o debilidades del análisis efectuado:

1. En el análisis que realiza la institución federal sobre la incidencia de homicidios, se dejan completamente los datos del SESNSP que dan cuenta del aumento de 7.5% de este delito durante 2015. En lugar de dicha información o cial, optan por hacer uso de los registros administrativos publicados en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) referentes a los índices de 2014. Aunado a ello, en el documento o cial se aprecia que únicamente utilizan los datos del SESNSP para dar a conocer que hubo un descenso de 22% de este ilícito entre 2012 y 2015, omitiendo cualquier alusión a su incremento.

2. Otra imprecisión metodológica es que el análisis que hacen a nivel estatal, regional y de ciudades de los homicidios se elaboró con base en una tercera fuente: la de homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada. Dichos datos han sido tema de controversia desde los tiempos de la administración del expresidente Calderón ya que implica cierta subjetividad en el análisis y se anticipa a una investigación ministerial que debería esclarecer la certeza de que cierto homicidio esté o no vinculado a la criminalidad organizada. Por eso la administración del expresidente Calderón interrumpió la presentación de este dato. Con el inicio de la administración del presidente Peña se revivió este mecanismo de análisis con una agravante, la base dejó de ser pública y debidamente desglozada. Por eso varias organizaciones sociales protestamos y acordamos con la SEGOB que esta dejase de ser usadas como insumo de comunicados. Pese al acuerdo presentado a medios en 2013 entre dicha institución federal y la sociedad civil, ha habido un incumplimiento constante de la autoridad que, como en este caso, usa una base de datos opaca e imprecisa.

3. Si bien, con base en información del SESNSP, los porcentajes de disminución de robo de vehículos, secuestro y extorsión son correctos, los periodos de tiempo que utilizan para mostrar porcentajes de disminución son seleccionados ad hoc: usa comparaciones entre 2014 y 2013 y entre 2015 y 2012, es decir, buscan en qué periodo hubo un descenso mayor sin utilizar las tasas por cada 100 mil habitantes para el análisis.

4. Un aspecto que omiten señalar es que parte del gran descenso en la incidencia de la extorsión tiene que ver con un cambio en la metodología de registro, que los eventos de amenazas y engaños han aumentado (aunque haya disminuido el número de delitos consumados) y que carecemos de fuentes claras para medir la extorsión presencial.

5. Como hemos insistido en varias ocasiones, continúa subsistiendo una debilidad importante en cómo se conforma la base de datos sobre incidencia delictiva por lo que tampoco podemos a rmar que los datos del SESNSP correspondan al número de delitos denunciados a la autoridad y que estos se encuentren debidamente clasi cados. Paralelamente, al analizar este punto, se omite reconocer la gran cantidad de delitos no denunciados, conocidos como cifra negra, dato que mide y da a conocer el Instituto de Geografía y Estadística (INEGI) y el cual señala que para 2014, el 93% de los delitos cometidos en el país no se denunciaron. Este dato entre 2012 y 2013 tuvo crecimiento sostenido y tuvo un descenso marginal en 2014.

En resumen, cuando la SEGOB aparentemente muestra un esfuerzo por ser transparente y rendir cuentas, lo que más bien están haciendo es promover aún más la incertidumbre acerca de las condiciones objetivas seguridad del país: utilizando tres fuentes de información distintas sin explicación y a conveniencia para forzar los avances; omitiendo deliberadamente el crecimiento de los homicidios dolosos entre 2014 y 2015; usando a conveniencia números absolutos o tasas por cada 100 mil habitantes para mostrar una mayor efectividad en la disminución de algunos delitos; comparando las tasas de ciudades extranjeras con la del país y no con realidades como las de Acapulco, Iguala o Chilpancingo; utilizando periodos de tiempo ad hoc para buscar el descenso más grande; sin explicación alguna respecto a cómo fue que lograron hacer todo lo que presumen; omitiendo la importancia de los esfuerzos locales . Festejan los triunfos de los datos totales sin entender que los problemas siguen a nivel local, y en casos más graves.

¡Qué lejos estamos de un verdadero proceso de rendición de cuentas a la sociedad! ¿Realmente nuestras autoridades creen que mandar un documento impreciso queriendo presumir resultados es rendición de cuentas? ¿Por qué los asesores en materia de seguridad del Secretario Miguel Angel Osorio Chong exponen así a su jefe, a la Secretaría y a toda la administración federal? ¿Por qué no se han percatado que un ejercicio como el anterior debilita la con anza en las instituciones?

Los tres años al frente de las áreas de seguridad de la SEGOB no han sido su cientes para que sus integrantes comprendan conceptos básicos y que en la ejecución de proyectos y programas para enfrentar el problema son distintos los actores los que participan. En efecto, al día de hoy se sigue utilizando indistintamente y hasta como sinónimos, conceptos clave como violencia, inseguridad e incidencia delictiva y la federación asume resultados y retrocesos sobre el combate a delitos que son responsabilidad principal de las autoridades locales como es el robo en varias modalidades y donde la función de la autoridad federal versa en cómo reparte los recursos y veri ca que se implementen efectivamente y con la rectoría de políticas nacionales que coadyuvan a la labor de las autoridades locales.

Sí hay una buena práctica que presumir y de la cual aprender es la Coordinación Nacional Antisecuestro. Tras el gravísimo caso de aumento del secuestro en 2013, que llegó a su máximo histórico, la federación puso en marcha un proyecto fundamental: vigilar que las entidades destinen los recursos en esta materia a lo que debe ser; que se homologue nivel de actuación, capacitación e insumos en los estados; que exista colaboración y coordinación entre autoridades y donde la designación de los titulares ha sido impecable, antes Renato Sales, ahora Patricia Bugarín.

Secretario Osorio Chong, desde el ONC una y otra vez hemos demostrado como ciertas declaraciones que usted ha hecho carecen de fundamento. Entendemos que a usted le proporcionan dicha información y que en esta se sustenta su narrativa, por esta razón le ofrezco con gusto nuestro apoyo para revisar documentos y declaraciones que si continúan siendo imprecisas incrementará la desconfianza y abonará a la confusión entre la ciudadanía. Nuestro interés es el suyo: que México sea un país de leyes, que sea un país en el cual las autoridades son transparentes y rinden cuentas, un país en el cual las personas viven seguras y tiene acceso a la justicia. Señor Secretario deje que le regalemos esto al país, deje que lo ayudemos a informar objetivamente sobre la crisis de seguridad humana que enfrentamos.

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, octubre 2015.

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El trabajo que hemos desarrollado desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) de seguimiento y análisis de la incidencia delictiva, nos ha llevado a entender y buscar los aspectos especí cos que autoridades y sociedad debemos atender en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. Para llevar a cabo dicha tarea, utilizamos las bases de datos o ciales publicadas en la plataforma del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las cuales desde hace varios años han sido utilizadas tanto por ciudadanos como por autoridades para dar seguimiento al comportamiento de la incidencia delictiva. La importancia de dichas estadísticas radica en que se utilizan para intentar medir el éxito de las políticas públicas y para determinar la distribución de recursos de subsidios y programas como SUBSEMUN, PRONAPRED y FASP.

El pasado 19 de noviembre, en rueda de prensa, dimos a conocer los hallazgos obtenidos mediante el análisis de las cifras o ciales de septiembre de 2015, los cuales evidenciaron que continuamos en condiciones críticas de seguridad. No obstante, días después de la presentación, el Secretario de Gobernación desconoció dicha información al ser cuestionado por el aumento de homicidios. Miguel Ángel Osorio Chong, simplemente insistió que los datos que cada año provee el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mostraban la misma cantidad de homicidios que en 2014; es decir, una tasa de 16.7 por cada 100 mil habitantes. En este sentido, consideramos fundamental aclarar esta información y manifestar algunos puntos:

1. Mantener la tasa de homicidio nacional en 16.7 por cada 100 mil habitantes dista mucho de ser un logro. La Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) indica que una tasa de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes apunta a una crisis de violencia. Por lo que parece que 2015 será el octavo año consecutivo en que México no logra resolver la crisis.

2. El homicidio doloso es el único delito que muestra un comportamiento en aumento, si comparamos los periodos enero a octubre de 2014 contra el mismo periodo de 2015. En este sentido, encontramos que entre enero y octubre de 2014 se registraron 13 149 casos en el ámbito nacional, mientras que en el mismo periodo de 2015 se tiene conocimiento de 14 069, lo cual equivale a un incremento de 7.00%. Destacamos que con este crecimiento se rompe la tendencia a la baja de este delito que había permanecido desde 2012 en el país. De hecho, a partir del cuarto trimestre de 2014 se ha presentado un crecimiento trimestral continuo hasta el día de hoy.

3. Los datos de INEGI y los de homicidio doloso del SESNSP no se construyen de la misma manera ni miden exactamente lo mismo, sin embargo, están altamente correlacionados y ambas series aportan información importante relativa al fenómeno.

El INEGI reporta la información obtenida a través de los certi cados de defunción de cada uno de los cadáveres que la autoridad tiene conocimiento y que tienen evidencia de que la causa de muerte fue violenta y provocada por un tercero. Es decir, mide el número de cuerpos independientemente si la autoridad inició una averiguación previa o no. Los datos de homicidio doloso del SESNSP miden el número de averiguaciones previas iniciadas por muertes intencionales. Cabe destacar que una averiguación previa puede incluir muchas víctimas y la decisión de catalogarlo como doloso o culposo depende del ministerio público que atiende el caso.

Pese a dichas diferencias técnicas, tenemos evidencia su ciente para referir que ambas series están relacionadas. Existe una correlación histórica de 93% entre ambos datos, lo que signi ca que es altamente probable que los cambios que suceden en la primera se re ejen en la segunda.
En otras palabras, si se mantiene la tendencia de crecimiento de 7.00% que hemos reportado en los datos del SESNSP, es posible pronosticar que la tasa de homicidios reportada por INEGI en 2015 no solo no será igual que en 2014, sino que aumentará a 17.7 (misma conclusión a la que llegó el especialista en seguridad, Alejandro Hope).

4. Si se toman en consideración los datos del SESNSP publicados hasta ahora se debe destacar que, si bien el número de homicidios dolosos se concentra principalmente en algunas entidades como Guerrero, Sinaloa o el Estado de México, ha crecido el número de entidades que tradicionalmente no reportaban alta incidencia de homicidios dolosos. Tal es el caso de Baja California Sur que ha experimentado uno de los incrementos más importantes de homicidios dolosos. Esto se debe a que en términos de averiguaciones previas en septiembre de 2015 alcanzó los 29 casos, nivel nunca antes registrado desde que se cuentan con estadísticas delictivas (enero de 1997).

5. El caso de Guerrero es particularmente dramático. A pesar de la atención que ha recibido, los niveles de homicidio doloso no se han reducido en aquella entidad. Al comparar el número de víctimas reportadas entre enero y octubre de 2015 con las del mismo periodo de 2014 se observa un aumento de 30.21%, debido a que pasaron de 1 268 a 1 651.

6. La crisis de desapariciones involuntarias y forzadas, así como el continuo hallazgo de fosas clandestinas que no son registradas ni investigadas, dan cuenta del enorme problema de subregistro en materia de homicidio.

Se puede llegar a dos conclusiones, la primera es que nuestras autoridades tienen una cuenta pendiente en materia de rendición de cuentas. Negar las cifras que una y otra vez usan para presumir avances, cuando estas presentan un revés, genera una brecha entre sociedad civil y gobernantes e inhibe la participación social.

La segunda es que continúa existiendo una grave falla del equipo de asesores encargados de este tema. Exponer al Secretario de Gobernación a una confrontación donde la cifra o cial es clara, debilita a todo el aparato de seguridad y justicia, así como la con anza que los mexicanos tenemos depositada en ellas.

Sin embargo, en el ONC creemos con rmeza que el homicidio no debe ser el único indicador para medir los avances en seguridad, pues hay otros datos de incidencia delictiva que la autoridad debe usar para realizar diagnósticos objetivos y construir políticas públicas efectivas frente a la delincuencia y violencia que existe en el país:

  1. Si bien los datos de averiguaciones previas de secuestro, extorsión y robo en las varias modalidades parecen bajar, la incidencia de los delitos es la mayor de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
  2. Pese a la disminución en lo agregado en materia de secuestro, localmente hay condiciones extremadamente preocupantes que distan de estar en condiciones aceptables. Entre enero y octubre de 2015 se observa que las tasas de víctimas de secuestro (federal y común) de Tamaulipas, Tabasco, y Guerrero superan en más del doble a la tasa nacional. Además, en el caso de Tamaulipas hay que destacar que la tasa de 8.21 víctimas de secuestro (federal y común) por cada 100 mil habitantes, resulta ser 5.47 veces mayor a la nacional.
  3. Si bien las extorsiones consumadas aparentemente han descendido, el número de eventos ha aumentado. Las llamadas extorsivas continúan siendo realizadas desde los penales y no existe un registro que permita conocerla cantidad de extorsiones presenciales o bien los famosos cobros de derecho de piso en el país.
  4. Los datos de incidencia delictiva siguen presentando de ciencias debido a las asimetrías existentes y a la falta de protocolos claros en la manera en que se registran o sistematizan las estadísticas en esta materia. Desde las procuradurías y scalías generales de las entidades federativas se continúa clasi cando indebidamente el delito, lo cual implica que no se reportan los ilícitos que nos afectan directamente y, por ende, se niega su existencia. Nayarit, por ejemplo, no ha reportado robo a transeúnte en su historia ni extorsión alguna desde mayo de 2014. Sobre este caso en especí co vale la pena mencionar que desde que se empezó a registrar la incidencia delictiva en 1997, sólo se han reportado 19 averiguaciones previas iniciadas por extorsión en Nayarit, mientras que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) reporta que la incidencia anual de este delito ronda los 10 mil casos por cada 100 mil habitantes.

Es hora que nuestras autoridades escuchen a la sociedad civil, que reconozcan sus productos y trabajo como una oportunidad y que asuman con responsabilidad el brindarles justicia a las personas en nuestro país. Necesitamos que mejore la calidad de la información en materia de seguridad y que nuestras autoridades la utilicen con seriedad. Si esto no se lleva a cabo, difícilmente podremos medir e identi car los efectos reales de las políticas públicas. Dada la situación en la que se encuentra México nuestras autoridades no deben utilizar las fuentes indistintamente solo para presentar escenarios positivos que no necesariamente re ejan la realidad a la que nos enfrentamos diariamente.

FRANCISCO RIVAS

Director General

@frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, septiembre 2015.

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Pese al trabajo que ha sido realizado por diversos actores sociales para mejorar las condiciones de seguridad y justicia en nuestro país, la meta continúa encontrándose bastante distante. Esto resulta más que evidente si tomamos en consideración las cifras que dan cuenta de la incidencia y prevalencia de delitos y de violaciones de derechos humanos, así como las condiciones que privan en las instituciones de seguridad y administración de justicia. Bajo esta perspectiva, si optamos por voltear a ver a nuestras policías, peritos, ministerios públicos, jueces y el personal destinado a la atención de víctimas; encontraremos carencia y ejercicio ine ciente de recursos de diversa índoles así como disparidad en la manera en que se entiende y atiende el delito. Lamentablemente, esta es la realidad a la que nos enfrentamos tras dos décadas de trabajo y de gastos millonarios para tener instituciones listas para prevenir y combatir el delito, atender a las víctimas, brindarles justicia, reparar el daño. Es un hecho que nos encontramos muy lejos de tener casos objetivos y evidentes de éxito.

Las razones son diversas, sin embargo, creemos rmemente que principalmente se debe a que no ha existido un compromiso parejo ni sincero por parte de todas las autoridades para mejorar estas instituciones. Respecto a esto último, es un hecho que hay muchas ocasiones en las cuales los esfuerzos realizados son su cientemente reconocidos y, en otros tantos, la ausencia de acciones ha quedado impune. Mientras algunas autoridades han puesto su cara, su capital político o su vida, otras han dejado de hacer lo mínimo y otras aún, se han enriquecido gracias al peculado y redes de corrupción.

En este sentido, la organización Causa en Común nos convocó en días pasados al “4o Foro Nacional de Seguridad Ciudadanos + Policías”, en el cual se debatió cómo mejorar las condiciones y situación de nuestras policías. Al respecto, la presidenta de la organización mencionada, María Elena Morera Mitre, hizo un llamado importante al presidente Peña Nieto a través de 5 propuestas puntuales:

1. Reestructurar el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2. Consolidar la Comisión Especial de Desarrollo Policial.
3. Consolidar los espacios ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad.
4. Transparentar los acuerdos de colaboración en materia de seguridad y llamar a cuentas a los gobernadores que no colaboren.

5. Acelerar el proceso de la Clave Única de Identidad.

Desde el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) subscribimos dichas propuestas, con el compromiso de acompañar a dicha organización para que estas propuestas sean incorporadas en las políticas públicas y en los marcos normativos correspondientes para que las acciones que se requieren, sean una realidad. Una de nuestras principales preocupaciones es el hecho que normas, acuerdos y políticas públicas muchas veces se vuelven meras referencias o momentos para las declaraciones o fotografías y no llegan a implementarse cabalmente.

Tomemos casos concretos de protocolos que una y otra vez las instituciones trabajan, acuerdan y aparentemente asumen como marco de referencia que debe guiar la conducta institucional: el uso racional de la fuerza; los protocolos forenses, de búsqueda de desaparecidos, de protección a periodistas o de atención a la violencia en contra de las mujeres; entre otros. Cada uno de ellos ha sido un acuerdo rmado o bien un compromiso asumido, sin embargo, esto no se ha traducido en acciones que impidan que continúe vigente la violencia y la impunidad. Ha sucedido todo lo contrario pues se continúa alentando el delito, fallando en el acceso a la justicia para las víctimas y, por ende, debilitando las instituciones.

Justamente por esto no debe sorprendernos lo que ha sucedido en Quintana Roo, en donde hace unos cuantos días se sumaron siete feminicidios a la situación de emergencia que vive el país en cuanto la violencia de género. Mientras estos casos se acumulaban, las autoridades estatales, de una entidad que carece de protocolos desde hace 8 años, minimizaban el caso e incluso lo referían como si fuese un comportamiento esperado del delito, declarando que en realidad este ilícito va bajando pues en 2014 se registraron 13 casos contra los 7 que se habían reportado los primeros 10 meses del año en curso.

De todas las cosas que pudieran alarmarnos de estas declaraciones, hay dos que debo destacar; la primera es la incapacidad de entender que el feminicidio no es un delito común que se combata exclusivamente mediante la consignación de victimarios. El feminicidio es un ilícito que debido a las raíces socioculturales de las cuales se deriva, toma fuerza de respuestas institucionales indolentes o superficiales que validan la violencia en contra de una persona simplemente por ser diferente.

El segundo aspecto que resulta preocupante es la carencia de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades estatales correspondientes: ¿cómo es posible que la entidad que hoy re ere casos de 2013 a 2015, ante una solicitud de transparencia contestó no tener registro de ningún caso de feminicidio? Para el análisis del feminicidio de nuestro estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México, la Procuraduría General de Justicia del Estado contestó lo siguiente:

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, realizó la búsqueda minuciosa en sus archivos y base de datos electrónicos, en los que No se encontró registro alguno sobre la información referente al número de averiguaciones previas iniciadas por el delito de feminicidio ocurridos en el estado en el periodo requerido, motivo por el cual la cifra se encuentra en cero (sic).

María Elena, tienes razón. ¡Urge que nuestras autoridades nos rindan cuentas! Es hora que los millones gastados, los esfuerzos asumidos, las vidas perdidas se transformen en resultados de mejores instituciones que garanticen el acceso a la justicia, atención integral a las víctimas, así como menores índices de incidencia delictiva y de violaciones de derechos humanos. Ante las circunstancias por las cuales atraviesa el país, a las autoridades les debe quedar claro que no podemos continuar esperando pues entre más tiempo permanezcamos inmóviles y pasivos, se estarán trastocando y perdiendo cada vez más vidas pues existen todos los incentivos para que la criminalidad tradicional y organizada continúe actuando contra cada uno de los que integramos el Estado.

Bajo esta perspectiva, de nada sirve que con frases discursivas llamativas se dé a conocer que aparentemente los delitos van disminuyendo, tarde o temprano, la realidad y las estadísticas nuevamente darán cuenta de su incremento. Este fue el caso del secuestro y la extorsión en 2013, cuando alcanzaron su máximo histórico y eso sucede actualmente con el homicidio, que tras tres años a la baja, hoy muestra nuevamente un comportamiento al alza, tras 5 meses seguidos de aumento. Aunado a ello, hay que tomar en consideración que en muchas ocasiones en diversas entidades federativas, las supuestas disminuciones jamás tienen lugar, lo cual re ere condiciones inaceptables para cualquier sociedad.

Por estas razones, una vez más hacemos el llamado a nuestras autoridades para que trabajemos juntos en materia de transparencia, respetando derechos humanos, fomentando una cultura de la legalidad. No podemos continuar permitiendo que los esfuerzos realizados se vayan al vacío y que las omisiones permanezcan impunes, deteriorando cada vez en mayor medida nuestra seguridad humana.

FRANCISCO RIVAS

Director General

@frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, agosto 2015.

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Desde hace algunos años el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha publicado los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). La información arrojada por el ejercicio estadístico no es para nada alentadora. En términos generales podemos decir que la encuesta nos indica que los mexicanos seguimos viviendo un contexto de alta inseguridad, de altos niveles de desconfianza hacia las autoridades responsables de brindar seguridad e impartir justicia, la permanencia de una cultura de la no denuncia y una importante percepción de inseguridad. Además, en el ámbito estatal este instrumento nos indica que la frecuencia e intensidad de la ocurrencia de los delitos va en aumento y que la percepción de inseguridad es el sentimiento preponderante. Así pues, para las autoridades no hay mucho que festejar, después de muchos años con una estrategia de seguridad que ha privilegiado el uso de la fuerza, los resultados son bastante limitados.

En lo que refiere a la inseguridad, la ENVIPE señala que en 2014 todo el país se cometieron 33.7 millones de delitos, equivalente a una tasa de 41 655 delitos por cada 100 mil habitantes, cifra que es prácticamente similar a la del 2013, pero que sigue siendo mucho mayor a lo reportado anualmente entre 2010 y 2012. A nivel estatal, Estado de México presentó los resultados más críticos al reportar 83 566 eventos delictivos por cada 100 mil habitantes, es decir, que los mexiquenses fueron doblemente vulnerables frente a la delincuencia respecto a lo que sucedió a nivel nacional. Otra entidad que mostró resultados preocupantes fue Tamaulipas pues su tasa de delitos cometidos creció 72.1%, la mayor variación al alza del todo el país entre 2013 y 2014.

Asimismo, este instrumento de medición nos permitió refrendar aquello que todos conocemos: los mexicanos no confiamos en la autoridad y en la mayoría de los casos no acudimos a los ministerios públicos a denunciar los delitos. En 2014, el 92.8% de los delitos acontecidos en el país no fueron denunciados, lo cual indica una reducción de la cifra negra en apenas un punto porcentual con respecto al año anterior. Entre las entidades con mayor proporción de delitos no denunciados están San Luis Potosí y Guerrero con 95 y 94.6%, respectivamente. Debemos añadir que el 32.2% de los ciudadanos del todo el país que no denunciaron el delito fue porque consideró una pérdida de tiempo acudir al ministerio público y el 16.8% por desconfianza a las autoridades.

Finalmente, en lo que respecta a la percepción de inseguridad, los datos de la encuesta revelaron que a nivel nacional 73.2% de la población mayor de 18 años considera que vivir en su entidad es inseguro. A nivel local, las entidades que mostraron los mayores niveles de percepción de la inseguridad fueron Estado de México, Tabasco, Tamaulipas y Guerrero, dado que más del 86% de su población se siente insegura en sus estados

El 2014 fue sumamente complicado en materia de seguridad, a principios de aquel año explicita e implícitamente la autoridad en sus distintos niveles señalaba que la inseguridad y la violencia que se vivía en el país eran problemas que estaban siendo superados, sin embargo en sus últimos meses la realidad terminó por aplastar los números alegres y la ENVIPE 2015 ha terminado por ratificarlo: hace falta mucho para mejorar las condiciones objetivas y subjetivas de inseguridad.

Tanto la ENVIPE así como la estadística de la incidencia delictiva del SESNSP son instrumentos de medición de la inseguridad y de su percepción de enorme valía que no deben echarse a saco roto por parte de la autoridad. Son fuentes de datos que sabiendo darles una lectura adecuada y oportuna pueden proporcionar pistas claras de aquellas tareas que deben ser atendidas para mejorar los distintos ámbitos de la seguridad del país. Profesionalizar verdaderamente a los cuerpos policiacos, ministerios públicos y jueces para que la población mejore su percepción sobre la seguridad y acuda a las instancias correspondientes a denunciar, con lo cual se reduciría la cifra negra, podría ser un buen inicio.

FRANCISCO RIVAS

Director General

@frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, julio 2015.

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Entre el 17 y 21 de agosto se llevaron a cabo dos eventos que son de relevancia central en materia de seguridad y justicia para el país: el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Procuradores. La importancia de ambos eventos radica en que se convoca al gabinete de seguridad por completo, gobernadores y a las demás autoridades del área de seguridad y justicia del país y, en teoría, deberían ser los espacios clave para la formalización de acuerdos en esta materia.

Los resultados de ambos encuentros deberían materializarse para fortalecer el desempeño profesional de las autoridades y la colaboración entre los niveles de gobierno. Sin embargo, en los diferentes estudios elaborados y presentados por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en materia de trata de personas, extorsión, secuestro, robo y homicidio; hemos podido demostrar cómo dichos acuerdos rara vez llegan a implementarse cabalmente; cómo los esfuerzos e inversión en desarrollar protocolos, esquemas de homologación de trabajo, capacitación para los operadores de los mismos, se difuminan junto con los resultados que urgen a los mexicanos. Esto ha ocurrido una tras otra vez, de tal suerte que los acuerdos simplemente se quedan en la declaración o en una buena intención. Ejemplos concretos: los acuerdos en materia de feminicidio, protección a periodistas, en materia forense, en combate al secuestro o a la trata de personas y en el fortalecimiento a la cultura de la legalidad.

Las autoridades reconocen como fundamentales el establecimiento de dichos acuerdos, los signan, se anuncian pero difícilmente se concretan y si se llegan a implementar, carecemos de mecanismos de control que garanticen estándares mínimos de calidad. Esto sin lugar a dudas nos lleva a cuestionar la validez de los programas y la ruta trazada para resolver la problemática en materia de seguridad y justicia en el país.

Por otro lado, lo que resulta una constante son los anuncios, declaraciones y presentaciones oficiales de datos estadísticos que refieren bajas en la incidencia delictiva acorde con la línea base y el periodo que más convenga para la comparación. Esto sucede especialmente alrededor del homicidio doloso, delito que ha sido tomado como indicador de referencia por nuestra autoridad federal desde la administración federal pasada.

Por ejemplo, en el marco de la 38 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, insistió que la reducción en homicidios lleva a la tasa por cada cien mil habitantes a su nivel más bajo desde el 2009. La imprecisión de este tipo de declaraciones debe preocuparnos debido a su consecuencia: es difícil atender un problema que no se reconoce y tal vez no se conoce. Bajo ninguna circunstancia la comisión continua de este tipo de hechos puede ser simplificada mediante líneas narrativas superficiales.

Precisamente esa misma semana el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer la estadística de incidencia delictiva referente al número de averiguaciones previas y carpetas de investigación reportadas por las procuradurías y fiscalías estatales de justicia y dichos datos no expresan precisamente un panorama alentador sobre el comportamiento de la delincuencia durante 2015. Por ejemplo, si analizamos el total de homicidios dolosos registrados en los primeros 7 meses del año podremos encontrar que este delito presenta un repunte importante, como se aprecia en la siguiente tabla:

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La tabla anterior pone de manifiesto que el total de homicidios dolosos de 2015 supera registros de los mismos periodos de 2006 a 2009 y de 2014. Esto sin considerar todas las debilidades que continúan subsistiendo por parte de las autoridades locales para reportar los índices delictivos que implica un subregistro del fenómeno que nos aqueja. Hemos insistido como en el país hay un gran número de casos de ciertos homicidios clasificados y reportados en la estadística como culposos pese a que estos sucedan en el marco de un evento delictivo y tengan características de violencia criminal. De igual manera debemos destacar que en la estadística oficial publicada en el SESNSP, en el rubro de homicidios dolosos no se incluyen los registros de abatimiento de presuntos delincuentes por parte de la autoridad y frecuentemente tampoco se registran los hallazgos de fosas clandestinas.

Si bien desde la federación se ha hecho un esfuerzo por tratar de homologar los sistemas y apoyar a la autoridad local a fortalecer la sistematización y registro de la incidencia delictiva, carecemos de un compromiso real por parte de los gobernantes locales. Esto una vez más evidencia que los Consejos y Conferencias Nacionales solo logran tener un impacto limitado.

Contar con una estadística de incidencia delictiva confiable es clave para dar acceso a la justicia a las víctimas y combatir el delito. Sin embargo, parece que esto nuestras autoridades lo entienden de manera inadecuada y en ocasiones dicha estadística es utilizada con fines políticos para que ciertas administraciones parezcan más exitosas en la manera en la que gobiernan que otras. Al parecer, siguen sin entender que las cifras objetivas pueden funcionar como un bálsamo a la crisis de confianza y credibilidad del gobierno. Urge que nuestras autoridades realicen un análisis crítico para afinar la estrategia de atención al delito, que deberá ser acompañada por políticas de desarrollo social, económico, educativo que permitan por un lado combatir y disuadir el delito y por otro prevenirlo. Consideramos que solo de esa manera podremos evitar que se sigan desarrollando las condiciones sociales que han hecho que cada vez más personas sean proclives a formar parte de las filas de la delincuencia.

Un reconocimiento de las áreas de oportunidad institucionales y sociales permitirá identificar las áreas a fortalecer, mantener una política de negación ante los evidentes aumentos en la incidencia de ciertos delitos, la debilidad en el combate de otros y la carencia de oportunidades para la gran mayoría del colectivo social impide avanzar en el camino adecuado. Solo cuando esto se logre se podrán salvar millones de vidas afectadas directa o indirectamente por el delito.

FRANCISCO RIVAS

Director General @frarivasCoL

Reporte Mensual sobre los delitos de alto impacto, abril 2015.

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Desde julio de 2013 hemos ido entregando mensualmente análisis rigurosos de los delitos de alto impacto cuales homicidio (doloso y culposo), secuestro, extorsión, robo con violencia y robo de vehículo. En 2014 agregamos como unidad de análisis el robo a casa habitación, el robo a negocio y el robo a transeúnte. Al mismo tiempo iniciamos un trabajo profundo para entender y explicar qué sucede alrededor de la trata de personas, ahondamos en secuestro, extorsión y de otros delitos patrimoniales.

En el marco de las investigaciones llevadas a cabo a lo largo de éstos dos años hemos explicado qué está sucediendo en el país en materia de seguridad, expuesto las inconsistencias que se presentan cuando las autoridades estatales publican sus informes delictivos, los subregistros de la estadística criminal, la opacidad y la falta de transparencia y rendición de cuentas de ciertas autoridades, pero también hemos destacados los avances y logros alcanzados por los responsables de la seguridad del país.

Los logros principales obtenidos en este proceso son:

1. La toma de acciones por parte del gobierno federal para desarrollar un proceso de homologación de la información en materia de incidencia delictiva.
2. Los conteos accesibles para todo el público de número de víctimas en materia de homicidio, de secuestro y extorsión. 3. La incorporación de las cifras de secuestros denunciados a la federación.

4. Los indudables avances en materia de transparencia y rendición de cuentas en estados como Aguascalientes y Chiapas.

Parte de estos logros se obtuvieron gracias al trabajo colegiado con organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia, México Evalúa, Causa en Común, Alto al Secuestro, Centro Integral del Desarrollo (CIDAC), el Instituto Mexicano de la Competitividad, Más Ciudadanía, entre otras. Organizaciones ciudadanas que, desde su conocimiento acumulado, han logrado poner en evidencia algunas de las principales falencias de las acciones de seguridad, proponer acciones de mejora, e incluso, participar activamente en algunos proyectos que han mejorado la calidad del algunas aristas del modelo de seguridad vigente.

Desde el Observatorio Nacional Ciudadano hemos tenido muchas horas de trabajo académico y de reuniones con las autoridades para lograr consensos, exponiendo los avances en diferentes foros, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y disminuir el número de víctimas en el país mediante la obtención de diagnósticos oportunos y específicos, que sean una fotografía suficientemente cercana a la realidad que viven las personas entorno al delito. Hemos dicho reiteradamente que si no contamos con diagnósticos precisos es altamente probable que las políticas públicas de seguridad también sean inadecuadas.

A pesar de los avances obtenidos, esta primera tarea aún no está concluida, pues todavía la información oficial que contamos no es lo suficientemente consistente y robusta para comprender con mayor precisión el fenómeno delictivo. Una vez que logremos ello, podremos diseñar mejores indicadores que nos permitan entender el comportamiento de delitos y las variables que operan para que estos ocurran. En el Reporte de los delitos de alto impacto. Abril 2015, por ejemplo, encontramos que las denuncias de los delitos de homicidio doloso, secuestro y extorsión han bajado con respecto a marzo, sin embargo al observar su comportamiento en un periodo más amplio se observa que los homicidios intencionales, desde 2011 presentan una reducción en la frecuencia de su ocurrencia, mientras que el secuestro y extorsión muestran una baja significativa desde el 2013, año en donde se alcanzaron los máximos históricos.

En el caso de las denuncias de los robos en abril de 2015, a excepción del robo a transeúnte, disminuyeron con respecto al mes anterior, pero en un análisis de mayor plazo se distingue que por ejemplo, el robo a casa habitación es mayor que el robo a transeúnte.
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Presentación
En el caso del secuestro ¿qué significa su tendencia a la baja? Hoy no sabemos, no tenemos suficientes elementos para poder entender a qué se debe ¿Las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro-UECS- están logrando desactivar las bandas y disuadir este delito? ¿Los delincuentes están migrando a otros negocios más lucrativos? ¿La población ha dejado de confiar en la autoridad para denunciar este tipo de ilícitos? ¿No se están contabilizando correctamente los eventos suscitados en las distintas localidades del país? Las respuestas para contestar a estos cuestionamientos no las tenemos porque los números están construidos sólo para explicar los cuántos y no los cómo.

Para intentar dar con los cómo serán determinantes los futuros pasos que el Observatorio y las autoridades lleguen a dar. Probablemente la política de combate al secuestro sea el semillero que nos ayude a entender cómo construir políticas locales exitosas para reducir el número de delitos cometidos en las entidades y por eso hacemos un llamado a la Coordinación Nacional Antisecuestro para dar a conocer los indicadores objetivos y auditables el desempeño de las UECS.

Este será un trabajo complejo que requiere de apoyo ciudadano y, como escribí en el portal La Silla Rota mi columna ser sociedad civil en México es difícil1:

hoy te invito a que te sumes en una causa; tú elige cuál, hay muchas maneras de apoyar, desde retuitear hasta participar activamente con alguna organización. Pero lo importante es que te conviertas en parte de esta masa que debe crecer y que esta compuesta de personas que buscamos una sociedad donde la dignidad humana siempre sea respetada, donde el acceso a la justicia sea parejo para todos y donde la ley proteja los derechos de los individuos y de la sociedad.

Si no sabes por donde empezar, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) te compartimos nuestra experiencia y te ayudamos a aprender cómo hacerlo. La experiencia que hemos madurado en conjunto con México Evalúa A.C. en activar a la sociedad civil local a través de nuestros observatorios estatales, regionales o municipales, pertenecientes a la #RedObservatoriosSeguridad, nos ha permitido madurar una experiencia de cómo ser un actor relevante es posible. Ser sociedad civil en México es difícil pero la urgencia que tenemos de mejorar las condiciones del país nos lleva a afirmar que enfrentar los resultados de la inacción sería aún peor.
FRANCISCO RIVAS

Director General @frarivasCoL

Incidencia de los delitos de alto impacto en México 2014. Reporte anual

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El 2014 fue un año de grandes eventos en la agenda de seguridad del país: la creación de una Coordinación Nacional contra el Secuestro y la Extorsión (CONASE); las intervenciones por parte del gobierno federal en Estado de México, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, así como los terribles eventos de Tlatlaya e Iguala que pusieron en tela de juicio el desempeño de la federación en esta materia.

En este complejo escenario medir los resultados de estas intervenciones es difícil, si analizamos los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) podríamos pensar en un éxito importante en la política de seguridad, puesto que 5 de los 6 delitos de alto impacto presentaron bajas importantes. En el caso de homicidio doloso, la disminución es concordante con la tendencia dominante desde 2011, el secuestro y la extorsión presentaron disminuciones luego de alcanzar niveles históricos en 2013. Además de que se aprecia que únicamente el homicidio culposo presentó un incremento por quinta vez consecutiva.

Sin embargo, la situación alrededor de cada delito debe ser estudiada con más detalle para entender qué está sucediendo en el país en esta materia, ya que un aspecto central es distinguir entre la cantidad de delitos cometidos y la calidad de los mismos. A continuación presentamos las principales debilidades en la cantidad de delitos registrados y publicados en las bases del SESNSP:

1. El primer punto a señalar que es válido para todos los delitos, es que en caso de concurrencia de delitos, es decir, cuando son cometidos en el mismo evento más de un ilícito (robo, secuestro, homicidio) no tenemos la certeza sobre cómo lo registran estadísticamente a partir de la clasificación del hecho acorde con los criterios jurídicos del ministerio público. Esta circunstancia hace que existan un serie de interrogantes que no solo atañen la investigación del crimen sino la recopilación de la información respectiva. ¿Se registra exclusivamente el primer incidente que da pie a la denuncia, averiguación previa o carpeta de investigación? ¿Se registran todos los delitos cometidos? ¿Se reporta el homicidio cometido? ¿El homicidio es clasificado como delito culposo o doloso?

Esta primera situación puede implicar un subregistro de delitos que desconocemos: qué tan importante pueda ser o, por ejemplo, cuántos ilícitos concurrentes no permiten saber el número de secuestros o violaciones. Por otro lado, genera una importante asimetría en función de la cantidad de delitos registrados por entidad federativa pues pareciera que existen los incentivos necesarios para que las autoridades estatales opten por informar inadecuadamente sobre la incidencia delictiva.

2. La autoridad federal ha decidido utilizar el homicidio como el indicador más importante en materia de seguridad y violencia, los descensos reportados de este delito que comenzaron a mediados de 2011, podrían sustentar la postura del gobierno de la república respecto a que la política de seguridad ha sido exitosa. No obstante, sin negar dicha reducción es importante subrayar la posibilidad de subregistros debidos a diversos factores tales como una disminución de la confrontación entre bandas, fruto de años de políticas de desarticulación de las mismas o de equilibrios alcanzados en las plazas; a subregistros por personas clasificadas como desaparecidas y que por lo contrario yacen en las fosas clandestinas a lo largo del país o simplemente la manera en que las procuradurías y fiscalías locales clasifican el delito.

3. Tomemos el ejemplo anterior: un robo que lleva a un secuestro, el cual conlleva una violación y finalmente concurre en un homicidio. En este caso, en el colectivo imaginario el delito debería clasificarse como homicidio doloso, mientras que las autoridades a lo largo del país lo clasificarían como un homicidio culposo, alegando que la intencionalidad del evento es el secuestro y no el homicidio. Pongamos otro ejemplo, en un asalto la víctima se resiste a ser atracada y recibe un disparo mortal; siendo el robo y no el homicidio la intención del delito, muy probablemente este se clasificará como un homicidio culposo. Justamente este tipo de situaciones son las que podrían explicar porqué se ha registrado el importante descenso del homicidio doloso y el comportamiento al alza del culposo.

4. En relación con el secuestro es fundamental reconocer la reducción de los número reportados en el ámbito nacional, la cual podría hacernos pensar que la política antisecuestro está teniendo efectos positivos pese a que continuamos viendo situaciones graves en diversas entidades como Tamaulipas, cuya tasa por cada 100 mil habitantes supera el índice nacional y donde la autoridad local parece no tener interés en rendir cuentas ni en atender el problema.

De la misma manera que reconocemos el descenso de las denuncias de este delito es importante admitir que existe un subregistro de secuestro como expusimos ampliamente en nuestro estudio Análisis integral del secuestro en México. Cómo entender la problemática. Una de las principales debilidades de la estadística de este delito disponible en el SESNSP radica en que no se reportan todos los casos de los supuestos de secuestros contemplados en el Artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro (LGPSDS), solo se están tomando en consideración los secuestros extorsivos y se están dejando de lado, por ejemplo, los secuestros exprés. Aunado a ello, de acuerdo con algunos ejercicios realizados en materia de transparencia se pudo detectar que los secuestros de migrantes en muchas ocasiones no solo no son contabilizados sino investigados por las autoridades correspondientes.

Asimismo es fundamental conocer con mayor detalle la efectividad de la estrategia antisecuestro a través de indicadores de efectividad del trabajo de las Unidades Especializadas Contra el Secuestro (UECS) mediante microdatos más puntuales sobre la actuación de cada una de ellas. Esto significa que necesitamos conocer el número de víctimas rescatadas, los porcentajes de bandas desarticuladas, el monto del dinero recuperado, en qué momento y cómo se rescatan a las víctimas para así poder tomar como ejemplo para el combate de otros delitos esta experiencia.

5. El marcado descenso en los registros de extorsión podría parecer un dato positivo; cuando se piensa en una disminución de casi el 30% se tiene la tentación de considerar un gran logro de acciones implementadas en esta materia. Muy probablemente las campañas informativas que le advierten a potenciales víctimas de extorsiones telefónicas, han logrado que cada vez más gente no ceda dichos engaños o amenazas que suelen ser realizadas desde los centros de readaptación social (CERESOS) del país.

Al respecto, vale la pena recordar que los CERESOS en muchos casos carecen de bloqueadores de señal de telefonía celular, que aún donde hay bloqueo de señal celular existen complicidades entre las autoridades penitenciarias y los internos, para que a estos último les sea permitido continuar delinquiendo desde los centros de reclusión y que aunado a este complejo escenario no se observa una política específica de combate a la extorsión presencial.

Asimismo no debemos olvidar que la marcada disminución de los registros de este delito también se debe a la manera en la que algunas entidades optaron por registrar la extorsión. Hasta 2013 algunas entidades registraban estadísticamente solo el delito consumado mientras que otras registraban las tentativas del hecho delictivo; a partir de 2014 las entidades solo registran los casos en donde la víctima pagó, esto significa que probablemente hay menos víctimas de este delito pero indudablemente hay menos registros del mismo, sin que ello implique una disminución neta de su incidencia. Otro aspecto a destacar en cuanto al registro radica en que a pesar de que exista una norma técnica, ello no determina que las entidades reporten la información sobre incidencia delictiva acorde con dichos criterios, simplemente observemos el caso de Nayarit que no reporta las averiguaciones previas iniciadas por distintos ilícitos como la extorsión.

6. En cuanto a las distintas modalidades de robo, resulta significativa su disminución sobre todo si se trata de aquellas conductas relacionadas con otros ilícitos, como es el caso del robo de vehículos. Sin embargo, inclusive detrás de dicha reducción existen una serie de aspectos técnicos desatendidos y al mal desempeño de las instituciones para motivar la denuncia ciudadana, ya que de acuerdo con las encuestas de victimización levantadas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) generalmente la gente no suele denunciar los hechos delictivos por causas atribuibles a la autoridad.

Por otro lado, en materia de robo la implementación del nuevo sistema de justicia penal implica un reto en cuestión del registro de los robos cometidos sin violencia que hasta el momento no ha sido atendido. Ello se debe a que con la implementacion de este nuevo sistema, los casos de delitos no graves como son los robos sin violencia, tienen la posibilidad de resolverse mediante sistemas alternos de justicia. Toda vez que esto sucede el sistema no permite abrir una carpeta de investigación, insumo para los registros del SESNSP.

7. Otro elemento importante a la hora de analizar el comportamiento del los delitos cometidos en el país, es el número de delitos no denunciados a la autoridad, la famosa cifra negra. Según lo que reporta INEGI el número los delitos no denunciados ha crecido año tras año, pasando del 91.6% en 2011, a 92.1% en 2012 y 93.8% en 2013. Es decir que el dato más reciente indica que en el país se denuncian únicamente 6 de cada 100 delitos, que en el caso del secuestro llegan a ser aproximadamente 2 de cada 100 y en el de extorsión sólo 1.5 de cada 100.

Como mencioné previamente, si solo calificamos los avances y retroceso en materia de seguridad a partir de un enfoque nacional, aparentemente el problema de seguridad ha mejorado. No obstante, ese sería un acercamiento inadecuado para la crisis que enfrenta la población pues implicaría ignorar que hay zonas del país en donde de manera sistemática e impune se comete cualquier tipo de ilícito. Ejemplos de esto, se pueden apreciar en la situación de Guerrero pues fue la entidad con más homicidios dolosos durante 2014 y sobresale el caso de uno de sus municipios, Acapulco, pues registró la mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Asimismo vale la pena recordar la cantidad de secuestros ocurridos en Tamaulipas, los niveles de extorsiones reportados en Morelos y Nuevo León o bien la incidencia de robos de vehículo en Baja California durante 2014.

Lanzar las campanas al vuelo y decir que estamos en el mejor momento de seguridad es sencillo y más aún si no vives, por ejemplo, en un municipio donde pareciera que el secuestro, la extorsión y el homicidio doloso son norma. Reafirmar casi como si fuera mantra, la mejora indiscutible de la seguridad del país sin tomar en cuenta los aspectos técnicos particulares que hemos mencionado también es fácil, ya que en cierta forma implica cerrar los ojos a la autocrítica y aceptar que aún falta mucho por hacer. Es momento que las autoridades entiendan la importancia de la información de calidad en materia de seguridad. Que entiendan que mala información genera malos diagnósticos, un deficiente combate frente a la delincuencia y, finalmente, la falta de acceso a la justicia para muchas personas.

En los últimos años hemos perdido decenas de miles de vidas, hemos promovido el rencor social, generado costos económicos y no económicos por una lucha contra el crimen basada en la reacción, no en la prevención y la resolución de los conflictos que generan la inseguridad. Debemos pasar de las políticas públicas sustentadas en acuerdos políticos y no en evidencia empírica para que contemos con una verdadera seguridad humana en México.

A través de este documento, desde el Observatorio Nacional Ciudadano hacemos un llamado a las autoridades locales a que asuman con responsabilidad el liderazgo en este tema; a las autoridades federales a que continúen trabajando para mejorar tanto la calidad de la información como los sistemas de atención a víctimas y a cada una de las personas a que se sumen de manera corresponsables en la lucha contra toda forma de ilegalidad y violencia para que vayamos construyendo un importante contrapeso ante los retos que la realidad del país nos demanda.

 

FRANCISCO RIVAS
Director General
@frarivasCoL

Reporte mensual sobre delitos de alto impacto. Marzo 2015

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El alcance del Reporte sobre delitos de alto impacto. Marzo 2015 consiste en brindar una interpretación descriptiva del comportamiento de los delitos de alto impacto, mediante un análisis espacio-temporal de las averiguaciones previas o carpetas de investigación registradas. Por lo tanto, este texto exclusivamente se limita a señalar la tendencia nacional de cada ilícito desde 2006, la tasa de variación del periodo marzo 2014-febrero 2015 frente a marzo de 2015. Aunado a ello, se presentan las entidades federativas que han contado con las mayores y menores cantidades de delitos de alto impacto, en términos absolutos y de las tasas de delitos por cada 100 mil habitantes.

 

El contenido de este documento está estructurado en 9 apartados en los cuales se abordan los delitos de alto impacto, a partir de los valores absolutos y relativos registrados durante los doce meses del periodo marzo 2014-febrero 2015 y de marzo de 2015 tanto en el país como en cada una de las entidades federativas. En el primero de los apartados de este reporte se analiza el homicidio doloso; en el segundo, el homicidio culposo; en el tercero, el secuestro; en el cuarto, la extorsión; en el quinto, el robo con violencia; en el sexto, el robo de vehículo (con y sin violencia); en el séptimo, el robo a casa habitación (con y sin violencia); en el octavo, el robo a negocio (con y sin violencia); y, por último, el robo a transeúnte (con y sin violencia).

En las secciones correspondientes a los homicidios (doloso y culposo), secuestros y extorsiones hemos incorporado un análisis sobre las estadísticas de víctimas que están disponibles en el SESNSP como resultado del acuerdo 05-XXXV-13 del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), adoptado el 20 de diciembre de 2013 por sus integrantes. Es importante señalar que a partir de este reporte en el apartado relacionado con secuestro se analizarán las cifras de averiguaciones previas y víctimas registradas en el fuero federal que fueron reportadas por la Procuraduría General de la República (PGR) al SESNSP como resultado de las acciones de la sociedad civil. Contar con estos datos es de suma importancia puesto que nos permitirá dimensionar y conocer más a detalle la victimización por estos delitos de alto impacto, de manera asociada a la labor de los agentes del ministerio público de cada entidad federativa. Debemos mencionar que esta información, dada la coyuntura nacional de seguridad, es fundamental para avanzar en la generación de diagnósticos más completos, objetivos y fundamentados sobre los procesos de violencia y delincuencia que se han gestado a lo largo del país.