Amenazas contra autoridades electorales: violencia política latente

Gerardo Bonilla Alguera, Norma Bautista Santiago y Francisco Hernández Arteaga

El Universal

A nivel institucional, el proceso electoral 2020-2021, por medio del cual se renovó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y 19,915 cargos a nivel local, se llevó a cabo de manera impecable. El Instituto Nacional Electoral (INE) y los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla realizaron una labor profesional y eficiente. La logística, que no es un asunto menor en estos menesteres democráticos en contexto de pandemia, operó de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente.

Sin embargo, por lo vivido en el proceso electoral, hay señales de alerta que indican que la democracia mexicana está bajo asedio del crimen organizado y de actores políticos que operan sin escrúpulos de manera ilegal. Las amenazas y agresiones atentaron contra la integridad y vida de candidatas y candidatos, pero también contra los derechos políticos de millones de ciudadanos. Por distintas vías grupos delincuenciales definieron en última instancia la conformación de las boletas. De esta manera, afectaron los derechos políticos de la ciudadanía de algunas demarcaciones electorales, restringieron sus opciones de voto.

Los datos duros son ampliamente conocidos. De acuerdo con el Sexto Informe de Violencia Política de Etellekt Consultores (2021), el 77% de las 915 agresiones registradas fueron en contra de candidatos a cargos municipales, el 75% de las víctimas eran opositores a los gobiernos estatales en turno y las amenazas fueron el principal mecanismo de agresión (35%). Entre las cifras de asesinatos los registros dan cuenta de las siguientes víctimas: 91 políticos, 14 colaboradores, 40 familiares, 107 servidores públicos y 4 funcionarios electorales. Todo ello en el ámbito local del proceso electoral.

En este contexto, la atención mediática se centra en las víctimas que contendían por un cargo de elección popular a nivel local. Por tal motivo, en el ONC nos dimos a la tarea de realizar un ejercicio de observación electoral de corte cualitativo que pusiera énfasis en los aspectos menos visibles de la violencia política: el ámbito federal y autoridades electorales. Por medio del método etnográfico en plataformas digitales analizamos las agresiones en redes sociales contra las y los integrantes del Consejo General del INE operadas desde las redes sociales.