Anomia social y delito

Jessica Lechuga Huerta

El Universal

El pasado 7 de septiembre, en México se logró un avance en la salvaguarda de los derechos y las dignidades de las mujeres y personas gestantes. Ese día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que declara inconstitucional una ley que penalizaba el aborto en el estado de Coahuila. Con ello, se sienta un precedente nacional para que las mujeres y personas gestantes del país puedan ampararse ante la autoridad pública cuando sean investigadas y juzgadas bajo la tipificación del aborto.

Este fallo unánime e histórico por parte de la SCJN corresponde a logros de la lucha que los movimientos feministas han encabezado y con el que se busca que los derechos de las mujeres y personas gestantes sean efectivamente protegidos por la ley. La criminalización del aborto conlleva el uso de recursos públicos con el fin de investigar, procesar y sancionar a las mujeres y personas gestantes que llevan a cabo esta práctica, que en sí implica la toma de una decisión muy personal y contextual, cuyo carácter ilegal provoca condiciones de riesgo para las personas que deciden someterse a este proceso.

La declaratoria de inconstitucionalidad del aborto, que sienta un precedente vinculante para la impartición de justicia a nivel nacional, no significa que la autoridad pública cese de perseguir estos casos, que más allá del gasto de recursos públicos, representa un desgaste físico y emocional para las mujeres al ser señaladas por el Estado. Lo que significa es que las personas dentro de este proceso, puedan ampararse para no ir a la cárcel en dado caso que el juicio conlleve esta sanción penal.