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Seguridad

Casos confirmados de COVID-19 a lo largo del tiempo en México

El alcance global de la epidemia por COVID-19 está poniendo de manifiesto una serie de vulnerabilidades, agudizando otras y creando otras más que se relacionan con la seguridad humana, concepto clave formulado desde 1994 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicho concepto trasciende la visión común de la seguridad pública o de la seguridad nacional, donde se destaca la función del Estado para inhibir el delito o salvaguardar la soberanía nacional, respectivamente.

Ante esta crisis, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) se ha propuesto realizar un seguimiento a partir del ángulo de la seguridad humana debido a la complejidad y severidad de los daños que está produciendo el COVID-19. Desde este paradigma, será posible vincular el trabajo del ONC para atender la agenda de seguridad, justicia y legalidad en referencia a un problema que está asociado naturalmente al ámbito de la salud pública, pero que, colocado dentro del enfoque más amplio de la seguridad humana, puede y debe examinarse para advertir sobre los desafíos que la enfermedad y la respuesta institucional representarán en los siguientes meses.

Cambiar el enfoque desde el cual reflexionamos acerca un fenómeno de esta escala implica situarnos como partícipes del diagnóstico y de las soluciones para los problemas que se presentarán dentro de cada una de las dimensiones de la seguridad humana: de salud, económica, política, personal, ambiental, de la comunidad y alimentaria. La compleja red de afectaciones al bienestar que supone esta crisis obliga a la conjunción de múltiples saberes que de articularse armónicamente pueden ofrecer soluciones efectivas y duraderas.

La estructura de cada texto consiste en una aproximación a alguna de las diferentes áreas de riesgo contra la seguridad humana en México; en segundo término, se presentan elementos para abordar la manera en la que el COVID-19 está incrementando esos riesgos; por último, cada fascículo interrogará abiertamente a las autoridades acerca de su actuación para inhibir esa serie de afectaciones a la seguridad humana de las personas en el país.


SECCIÓN

Seguridad de la Comunidad


COVID-19 Agudiza otras pandemias: la desigualdad y la violencia de género

14 de Abril 2020

1. Sumario

La intención de este primer fascículo de la serie COVID-19: Desafíos para la Seguridad Humana consiste en presentar una primera aproximación a las diversas señales de alerta sobre los efectos de esta pandemia, en este caso particular, sobre una de las dimensiones de la seguridad humana, que es la seguridad comunitaria. Esta se refiere en sentido amplio, a la protección de los lazos sociales de cualquier núcleo humano, y en sentido más específico, se concentra en la debida salvaguarda de los derechos de las personas identificados por alguna membresía cultural (grupos étnicos), por su nivel de ingreso (por ejemplo, comunidades marginadas del desarrollo social), por condición de género (por ejemplo, las mujeres) o por cualquier otra condición que los identifique como un grupo en situación de vulnerabilidad por su pertenencia a algún grupo social.

Las amenazas a la seguridad humana se agudizan cuando en un mismo grupo de personas coinciden más de una condición que produce desventaja y trato desigual en el goce de los derechos. Y si bien este no es un problema nuevo, la actual pandemia tiene el efecto de multiplicar la severidad de afectaciones a la seguridad comunitaria y de enlazarse con otros ámbitos de la seguridad humana, produciendo vulnerabilidades adicionales o agudizando las ya existentes.

Cualquier comunidad social que ya se encontraba en situación de vulnerabilidad por alguna razón específica (por ejemplo, ingreso, edad, adscripción étnica o género) enfrenta una vulnerabilidad múltiple cuando concurren simultáneamente más de una condición desventajosa. Frente a ese elenco de desventajas, el COVID-19 tiene el potencial inmediato para agudizar la situación de las personas afectadas. Pensemos, por ejemplo, en la situación de las mujeres que brindan servicios médicos o de enfermería a pacientes de COVID-19; o en las migrantes indocumentadas, expuestas o afectadas por esta enfermedad; o en mujeres que viven en extrema pobreza, mujeres de la tercera edad o que viven con alguna discapacidad, o que ya viven con alguna enfermedad crónica como diabetes o hipertensión. Son todas ellas, a diferencia de los hombres, quienes tienen mayores riesgos de afectación a su seguridad humana antes y ahora, sobre todo, a raíz del COVID-19.

En esta entrega de la serie COVID-19: Desafíos para la Seguridad Humana, nos concentraremos en el potencial que tiene esta pandemia para agudizar la violencia contra las mujeres en el hogar, y para incrementar los riesgos de las mujeres que brindan servicios médicos y de cuidados en México.

A lo largo de los años, el concepto de seguridad humana se ha ido perfeccionando para identificar las áreas específicas y concretas en las que se despliega el tipo de bienestar y libertad general al que se hacía referencia en los primeros pronunciamientos sobre el tema. De esa manera, en 2009 la agencia de las Naciones Unidas1 encargada de dar seguimiento a las acciones internaciones a favor de la seguridad humana, presentó un documento dirigido a ofrecer pistas concretas para identificar las principales áreas de riesgo contra la seguridad humana, y entre ellas, la seguridad comunitaria. Acerca de esta última, se hacía una referencia primordial a grupos sociales ubicados en condiciones de vulnerabilidad como las comunidades étnicas, las mujeres y las personas desplazadas como ejemplos típicos de grupos humanos expuestos a la violación de sus derechos fundamentales precisamente por su pertenencia a ese sector social, y caracterizados por una serie de desventajas para el goce de sus derechos, y propensos a padecer discriminación, estigma y violencia.

Entre los diversos grupos sociales expuestos a la inseguridad humana, y concretamente a la inseguridad comunitaria, las mujeres ocupan un papel preponderante. La desigualdad de género y la violencia de género son dos amenazas a la seguridad humana y específicamente, contra la seguridad de las mujeres. En promedio, cada día son asesinadas 10 mujeres y niñas, y la escasa proporción de sentencias condenatorias es solo una de las múltiples manifestaciones de una serie de desventajas jurídicas, económicas y sociales que padecen las mujeres mexicanas.

Aunque algunas métricas de alcance mundial colocan a México en un nivel relativamente bajo de discriminación contra las mujeres2, la realidad local obliga a puntualizar las graves afectaciones contra la seguridad de las mujeres en nuestro país. Tan solo en el ámbito económico, a pesar de que las mujeres representan el 51% de la población nacional, el 44% de las mujeres en edad productiva tienen un trabajo en comparación con el 75% de los hombres3. Asimismo, el ingreso anual promedio de las mujeres mexicanas es 16% más bajo que el de los hombres4.

Además de la desigualdad salarial, las mujeres enfrentan sobrecargas de trabajo no remunerado, pues aquellas mujeres que tienen un empleo, adicionalmente dedican 26 horas a la semana a actividades no económicas, mientras que sus pares hombres solo dedican 8 horas5.

Las mujeres son también un grupo social especialmente afectado por la discriminación. Esta se refiere a toda distinción, exclusión o restricción que, por acción u omisión, tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir o menoscabar el reconocimiento o goce de los derechos humanos y libertades con base en algún motivo, como el género6.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México7 refleja que los dos principales escenarios de discriminación en México conciernen a la imposibilidad de recibir apoyos de programas sociales del gobierno y la atención médica, y en ambos casos, estas situaciones afectan principalmente a las mujeres, pues el 54% de ellas declaró que se le negó el acceso a programas sociales (en comparación de 35% de los hombres) y el 46% manifestó en la citada encuesta que se le ha negado el acceso a servicios de salud (contra 39% de los hombres). Prácticamente la mitad de las mujeres (48%) percibe que hay poco o nulo respeto a los derechos de las personas de diversos grupos sociales y el 59% de las mujeres refirió haber experimentado al menos un incidente de discriminación en los últimos 5 años.

En el ámbito de la violencia, mediciones como la ofrecida por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares8 revelan que el 66% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido al menos un incidente de violencia económica, emocional, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida y en el último año. Del conjunto de las mujeres violentadas, 25% de ellas refieren haber padecido violencia por parte de su pareja; 23% ha experimentado violencia en la comunidad y 22% ha sufrido violencia laboral.

La desigualdad y violencia que padecen las mujeres no ha sido parte de las prioridades del gobierno federal. Concretamente, el presidente de México ha hecho reiterados pronunciamientos y acciones dirigidos a minimizar la grave situación que enfrentan las mujeres. Incluso a principios de 2019, estuvo a punto de conseguir la cancelación de recursos federales para los refugios que acogen a mujeres víctimas de violencia9. Gracias a que esta medida arbitraria fue severamente criticada desde diversos frentes, se logró la reactivación de la convocatoria para la asignación de recursos a las organizaciones sociales que operan los refugios, pero el daño ya estaba hecho y esos centros de atención comenzaron a recibir recursos hasta julio de 2019, por lo que tuvieron que operar durante todo el primer semestre del año sin el apoyo de recursos federales.

Los anteriores elementos presentados hasta este punto ilustran el contexto general de desventaja, discriminación y violencia que prevalece en contra de las mujeres en México. Y ese conjunto de condiciones forman parte del reclamo cada vez más sentido de ese sector de la población para hacerse escuchar con mayor fuerza y eficacia.

Durante 2019 y los primeros meses de 2020 se desarrollaron en México numerosas, amplias y crecientes manifestaciones sociales, encabezadas por mujeres para exigir respuestas puntuales a reclamos relacionados con la violencia feminicida y con las condiciones generales de discriminación que padecen en todos los ámbitos de la vida.

Frente a los reclamos de las mujeres, la respuesta del gobierno federal, encabezado por el presidente de la República, se dirigió a minimizar las protestas y a caracterizarlas con un abierto desdén, incluso frente a la realización de manifestaciones simultáneas en todo el país, el 8 de marzo y el paro nacional de mujeres al día siguiente.

Sin embargo, el movimiento de las mujeres había sido capaz de aglutinar la simpatía de mujeres de diversa orientación ideológica y posición social en las principales ciudades del país. Nunca se había visto en México un nivel semejante de convocatoria y respuesta por parte de las mujeres para reivindicar sus derechos, donde el paso natural después de esas manifestaciones nacionales era la necesaria respuesta de las autoridades y del sector privado para formular respuestas puntuales a las demandas planteadas.

El más grande, amplio y contundente movimiento social emprendido por las mujeres mexicanas a favor de sus derechos que se desarrolló desde febrero y culminó con las manifestaciones masivas del 8 y 9 de marzo de 2020 fue opacado a partir de la detección de los primeros casos de COVID-19 en México a finales de febrero, y un mes más tarde, con la detección de casos de contagio comunitario.

De esa manera, el interés público por una enfermedad desconocida y declarada como pandemia el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud, cobró como primera víctima social en México al movimiento por los derechos de las mujeres. En el lapso de unos cuantos días, los mensajes del gobierno acerca del COVID-19 acapararon el interés de la prensa, de las redes sociales y alejaron de la conversación pública la reivindicación de los derechos de las mujeres.

El 24 de marzo fue declarada oficialmente la Fase 2 de la propagación del COVID-19 en México, lo que significa desde el punto de vista epidemiológico, que habían comenzado a registrarse contagios que no eran atribuibles a haber viajado al extranjero o a contactos con alguien recién llegado de un viaje internacional, sino a contagios ocurridos en el seno de las propias comunidades. En consecuencia, las autoridades comenzaron a promover la adopción de medidas de mitigación social para reducir la velocidad en el número diario de contagios, como la sana distancia entre personas en el espacio público, y el autoconfinamiento en el hogar.

Para favorecer el distanciamiento social, el gobierno de México impulsó una campaña en medio para invitar a la población a mantener una “sana distancia” entre las personas. El emblema gráfico de esa campaña es un personaje femenino denominado “Susana Distancia” que, cabe decir, reproduce estereotipos relacionados con un cierto tipo de figura corporal, tez, color de cabello y fisonomía.

La segunda medida de mitigación social del contagio ha sido la determinación de actividades no esenciales para asegurar que la ciudadanía permanezca resguardada en su hogar para reducir las oportunidades de estar en contacto con el COVID-19. Pero detrás de esta medida pronto se comenzaron a notar efectos adversos contra las mujeres, centralmente para las mujeres confinadas en el hogar y para las mujeres que realizan labores de enfermería. La situación de estos dos sectores de mujeres se describe a continuación.

Las medidas de distanciamiento social promovidas por el gobierno de México incluyen la invitación persistente a que los ciudadanos permanezcan en sus hogares para disminuir las probabilidades de contagio. Pero un efecto colateral de esta serie de medidas tanto en México, como en el resto del mundo, es la posible agudización de conflictos al interior de las familias, que incluye las agresiones contra las mujeres. Así lo ha alertado el Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres, quien el pasado 5 de abril hizo un llamado internacional para advertir que las medidas de confinamiento y cuarentenas, si bien son necesarias para contener el COVID-19, también pueden hacer que las mujeres se vean atrapadas con parejas abusivas10. Por extensión, este llamado de alerta tendría que aplicarse al caso de niñas y mujeres que pueden estar expuestas a cualquier tipo de abuso económico, emocional, físico y sexual por parte de perpetradores que habitan el mismo espacio doméstico.

En México, se han adoptado algunas medidas, como la línea de ayuda 911, para atende el posible recrudecimiento de la violencia contra las mujeres durante la implementación del confinamiento domiciliario. En ese tenor, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero que las llamadas de auxilio recibidas a través de la línea única emergencias por violencia doméstica se incrementaron 25% en las últimas dos semanas de marzo e indicó que este aumento está relacionado con el autoconfinamiento derivado del COVID-1911. Por su parte, la Red Nacional de Refugios ha señalado que a partir de la cuarentena, algunos albergues para mujeres violentadas ya se encuentran en un 80% de su capacidad y otros, incluso ya presentaban una demanda de servicios por encima de su capacidad12.

A propósito de la red de refugios para mujeres violentadas, es necesario mostrar las dificultades que han afrontado para obtener el respaldo económico del gobierno federal, pese a que desde hace más de 15 años se ha destinado una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación que ha sido decisiva para el funcionamiento de la red de albergues creados por iniciativa de la sociedad civil para acoger a mujeres víctimas de violencia.

Tras varios meses de indefinición, el pasado 7 de abril, el gobierno dio a conocer los Lineamientos de operación del Programa de Apoyo a refugios13, con lo que se posibilita que al menos 72 refugios, distribuidos en 28 entidades federativas puedan concursar por la distribución de un total de 405 millones de pesos ya autorizados en el presupuesto federal para el sostenimiento de sus actividades.

Sin embargo, la formulación de los lineamientos prevé una serie de procedimientos que podrían hacer que los recursos autorizados sean entregados hasta finales de agosto de 2020. Peor todavía, aunque los formatos de solicitud consideran cronogramas de operación hasta por 8 meses, la realidad es que los trámites y procedimientos de asignación pueden generar periodos de espera que podrían extenderse hasta finales de agosto y el refugio solo contaría con unos cuantos meses para ejercer el recurso o en su defecto, entregar puntualmente a la Tesorería de la Federación los remanentes. Todo lo anterior, da cuenta de un proceso administrativo desastroso e ineficiente para el objetivo de apoyar a los albergues que reciben y brindan diversos servicios de apoyo psicológico, jurídico y social a las víctimas de violencia.

Adicional a la tardanza con la que fueron emitidos los lineamientos, estos fueron publicados un par de semanas después de haberse declarado la entrada de México a la fase 2 de la propagación del COVID-19 y a pesar de ello, no se advierte ningún esfuerzo para hacer más expeditos los trámites relacionados con la obtención de recursos para apoyar a los refugios para mujeres víctimas de violencia cuya situación se puede agravar por el confinamiento en el hogar.

Si bien en el numeral 11 de los Lineamientos se hace referencia a “casos de emergencia o desastre” y se indica que “para facilitar la continuidad de los apoyos otorgados a las personas beneficiarias, el Programa elaboró y definió el protocolo para casos de emergencia o desastre, al que deberá dar cumplimiento el programa en los casos que lo amerite”. Y se añade además que “El protocolo podrá ser consultado en la siguiente liga: https://www.gob.mx/indesol”

Pero la realidad es que tras hacer una exhaustiva búsqueda en la citada dirección electrónica, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página informativa del gobierno federal sobre el COVID-19 (https://coronavirus.gob.mx/covid-19/), no fue posible corroborar la existencia de dicho protocolo, ni menos aún, su contenido y eventual utilidad para favorecer a las usuarias de los refugios durante la actual emergencia sanitaria.

Cabe decir, que con independencia de la urgencia que ahora impone la pandemia, según se indicó en la sección anterior de este fascículo, el proceso de asignación de recursos para los refugios ya era tan complicado o lento como había ocurrido durante 2019. No sobra decir que los recursos del programa de apoyo a los refugios ya estaban previstos en el Presupuesto de Egresos 2020, y estaban etiquetados en la Secretaría de Salud, luego se traspasaron jurídicamente a la Secretaría del Bienestar mediante un acuerdo firmado el 14 de febrero14. A su vez, la Secretaría del Bienestar a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social, se tomó el tema con calma, tardándose casi dos meses para generar los lineamientos que contienen el procedimiento de asignación de los apoyos, mientras que, por su parte, la Secretaría de Hacienda decidió liberar los recursos hasta el 2 de abril.

El resultado de esta ineficiente trama burocrática es que los apoyos económicos podrían llegar cuando los refugios ya hayan tenido que afrontar por sus propios medios, una inédita sobre demanda de servicios asociada a las medidas de confinamiento en el hogar.

Como era esperable, la Red Nacional de Refugios tuvo que hacer un llamado público a las autoridades15 para que agilizar los procesos de asignación de manera que los refugios y sus respectivos centros de atención externa cuenten con el recurso antes del 30 de abril de 2020, pero hasta el momento que se escriben estas líneas, no ha habido ninguna respuesta oficial al respecto.

La otra arista de análisis de afectaciones a la seguridad de las mujeres que se presenta en este fascículo es la situación de las mujeres que realizan tareas de cuidado en el contexto de esta pandemia.

Las funciones de cuidado que socialmente se asignan a las mujeres representa un síntoma de roles de género que refuerzan y normalizan la desigualdad entre hombres y mujeres. Y esta interpretación sesgada del papel de la mujer es compartida también por el presidente de México.

Durante la conferencia de prensa del 24 de marzo, en la que se dio a conocer la entrada en vigor de la fase dos de la propagación del COVID-19, el Lic. López Obrador, presidente de la República, no tuvo escrúpulos al hacer un llamado a las mujeres para priorizar el cuidado de las personas adultas mayores, grupo social al que por cierto, él pertenece. En función de ello, hizo una convocatoria específica a las mujeres para que se ocupen de esas tareas, mientras que justificó, en los hombres, su mayor desapego frente a esa clase de deberes:

“Y hago un llamado para que cuidemos de nuestras familias, a los adultos mayores, ya lo hacemos, pero ahora debemos de aplicarnos más. Es un hecho, es conocido que sobre todo las hijas cuidan a los padres; los hombres podemos ser más desprendidos, pero las hijas están siempre pendientes de sus madres, de sus padres. De modo que hombres y mujeres cuidemos a nuestros adultos mayores ancianos respetables… Tenemos por eso millones de enfermeras”16

En realidad, no hay “millones” de enfermeras, sino cerca de 374 mil y es verdad que las mujeres representan el 79% del personal dedicado a servicios de enfermería en el país; pero esa sobre representación de mujeres en tareas de cuidado sanitario puede ser más bien la expresión de un desigual acceso a oportunidades educativas y laborales en función del género. De ello da cuenta el hecho de que del 100% del personal médico, las mujeres representan solo el 36%, frente al 64% de hombres.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas17 por su parte, ha alertado que las pandemias, incluida la del COVID-19 exacerba las desigualdades existentes entre mujeres y hombres, lo mismo que la discriminación en contra de otros grupos marginados como las personas con discapacidad y aquellas en situación de pobreza extrema. En un informe técnico publicado el mes pasado, se informa también que las mujeres representan el 70 por ciento del personal de la salud a nivel global, lo cual incrementa el riesgo de resultar contagiadas durante el manejo de pacientes con COVID-19, y son las mujeres el principal sector que brinda cuidados a los miembros de la familia, por lo que también quedan expuestas a factores de contagio adicionales.

En México, la enfermería es una de las profesiones cuyo desempeño le inspira a la gente los niveles de respeto más altos, incluso por encima del personal médico18. Esta tendría que ser una buena noticia para casi 400 mil profesionales de la enfermería y especialmente para las mujeres enfermeras, que representan 79% de ese sector laboral19.

Pero la actual experiencia de la pandemia en México está desafiando esos niveles de aprobación que recolectan las encuestas y que se contrastan con una serie de episodios de agresión en los que las enfermeras han sido el blanco de los ataques en la vía pública, donde han sido bañadas con cloro, golpeadas y bajadas del transporte público. Hasta el momento se han identificado esta clase de vejaciones en Jalisco20, Sinaloa21, San Luis Potosí22 y Yucatán23 y en todos los casos hay, como denominador común, el estigma que las considera como posibles portadoras del COVID-19 por el solo hecho de trabajar en hospitales.

Las autoridades podrán argumentar que se trata de casos episódicos, que no reflejan un riesgo generalizado para todo ese frente de mujeres que están auxiliando directamente a las personas enfermas de COVID-19. Pero cada uno de esos casos podría fácilmente escalar a dimensiones mayores conforme se incremente el número de casos de esa enfermedad y crezca la percepción de riesgo al contagio. Allí se encuentra un área muy seria de riesgo para las enfermeras del país y urge la adoptación de medidas informativas para desarticular el prejuicio contra ellas y también para garantizar su integridad personal en el seno de las comunidades.

Otro ángulo de la vulnerabilidad de las enfermeras mexicanas es la falta de suministros necesarios para su protección al interior de las instalaciones sanitarias donde laboran y que las coloca en una excepcional situación de riesgo de contagio para el personal sanitario y desde luego, para las enfermeras, quienes son las que se encuentran más cerca de los pacientes, incluso más cerca que los médicos. En los últimos días se registraron 42 contagios entre el personal de un hospital de Cabo San Lucas, 30 en Monclova, 19 en Tlalnepantla, 6 en Cuernavaca24 y hasta el 10 de abril de 2020, las autoridades del IMSS han reconocido un total de 329 elementos de su personal se han contagiado de COVID-1925 . Ello significa una muy severa concentración del riesgo para el personal sanitario del IMSS, pues del total de casos confirmados a nivel nacional26, 8% de ellos corresponde a personal sanitario que labora en esa institución.

Todos esos contagios que involucran al personal de enfermería, médico y administrativo, pero todas las noticias generadas al respecto se han concentrado en el caso de los médicos contagiados, invisibilizando de las cifras y de la atención a los casos particulares, a las enfermeras, cuyas labores de cuidado y asistencia continua sobre los pacientes, las coloca como el grupo más expuesto al contagio, posiblemente con mayor riesgo que el personal médico y el administrativo en los hospitales.

En cualquier caso, la creciente cantidad de contagios en el personal sanitario mexicano (cantidad que invisibiliza a las enfermeras) ha sucedido pese a las numerosas protestas del propio personal para contar con todos los materiales y protocolos necesarios para disminuir el riesgo de contagio mientras atienden a los pacientes27.

Además de las profesionales en enfermería, también las mujeres que laboran en la prestación de cuidados están más expuestas al contagio, pues 96% de quienes trabajan en establecimientos especializados dedicados al cuidado de otras personas (guarderías, casas de retiro, etc.) son precisamente mujeres28. Y en al ámbito del hogar, el 79% de las mujeres ocupan su tiempo en tareas de cuidado a otros miembros del hogar29. Todos esos indicadores abundan sobre la idea de que las mujeres actualmente tienen sobre sí una sobre carga de cuidados que, según la lógica presidencial, simplemente “es un hecho conocido” que las mujeres realizan más labores de cuidado que los hombres.

Es urgente trascender esa percepción que da por hecho que a las mujeres les corresponde hacerse cargo de los cuidados y preguntarse por las desventajas estructurales que hoy pone de manifiesto la pandemia. Hoy no es una mujer, sino un hombre quien está conduciendo las políticas nacionales de salud frente a la pandemia en México, pero sí son las mujeres quienes representan el sector social más numeroso que está brindando los auxilios inmediatos a los pacientes de COVID.19, y son ellas quienes están haciéndose cargo de las principales labores de cuidado en los hogares. Y la serie de riesgos específicos que enfrentan debe ser tomada en cuenta con medidas específicas de atención a ese sector.

El creciente riesgo de los contagios comunitarios minó la posibilidad de seguir llevando a la vía pública los reclamos de las mujeres, e incluso las movilizaciones virtuales en redes sociales fueron rápidamente anuladas por la emergencia sanitaria que desde entonces domina la agenda pública.

El efecto silenciador del COVID-19 sobre la desigualdad de las mujeres en México, sin embargo, confirma la desventaja para estos grupos sociales e identidades comunitarias porque tiene un alto potencial para agudizar las desventajas previas que padecen las mujeres, y para crear nuevos escenarios de riesgo en su contra. Sea porque se han quedado en casa expuestas a la violencia de género, sea porque son ellas el principal frente operativo para brindar asistencia y cuidados a los enfermos de COVID-19.

De ninguna manera nos puede resultar indiferente esa dual condición de vulnerabilidad que pesa hoy sobre las mujeres mexicanas en tiempos de la pandemia.

7. Infografía
  • ¿Por qué se consideró que era una buena idea construir el personaje de “Susana Distancia” mediante una caricatura que reproduce estereotipos de género?
  • Si ya quedó documentado un incremento en la demanda de servicios en los centros que forman parte de la Red Nacional de Refugios ¿por qué los lineamientos para la dotación de recursos no contemplan un procedimiento más expedito para la transferencia de apoyos económicos en el actual contexto de emergencia sanitaria nacional?
  • ¿Dónde está y en qué consiste el presunto Protocolo para casos de emergencia o desastre incluido en los lineamientos, y que supuestamente garantiza la continuidad de los apoyos a la población beneficiada?
  • Pese a la magnitud de la emergencia sanitaria, ¿por qué no se ha adoptado ninguna medida específica para atemperar la sobre carga laboral, económica, familiar y emocional que pesa sobre las mujeres dedicadas a la enfermería, al trabajo en centros de cuidado y al cuidado de sus familiares en los hogares?
  • ¿Cuáles son las medidas específicas que se están adoptando no solo para reconocer la labor específica de las mujeres trabajadoras en servicios de atención a la salud y cuidado, sino para garantizar la dotación de insumos para su protección personal en el desempeño de su función sanitaria y en la eficaz protección de su integridad persona ante posibles vejaciones y violencias a las que están expuestas en la vía pública y en el ámbito doméstico?
9. ¿Necesitas Ayuda?
  • Línea nacional de emergencia: 911
  • Red Nacional de Refugios: 8008224460 (línea nacional) / 56749695 (Zona metropolitana de la CDMX)
  • Comisión Nacional de los Derechos Humanos: atencionciudadana.cndh.org.mx
  • Observatorio Nacional Ciudadano: atencion.victimas@onc.org.mx
  1. ONU, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios / Dependencia de Seguridad Humana, Teoría y Práctica de Seguridad Humana. Aplicación del concepto de seguridad humana y el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad de los Seres Humanos, 2009, p. 18. Disponible en: https://www.bivica.org/files/seguridad-humana.pdf
  2. OCDE, Social Institutions and Gender Index (SIGI) 2019, p. 34-35. Disponible en: https://read.oecd- ilibrary.org/development/sigi-2019-global-report_bc56d212-en#page36
  3. INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IV Trimestre de 2019.
  4. OCDE, La lucha por la igualdad de género. Una batalla cuesta arriba, 2017. Disponible en: https://www.oecd.org/mexico/Gender2017-MEX-es.pdf
  5. INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IV Trimestre de 2019.
  6. Cf. Artículo, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, reformada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2018.
  7. INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. México: 2018. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf
  8. INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf
  9. Mediante una circular dirigida a toda la administración pública federal, el presidente giró la instrucción de no transferir recursos a ninguna organización de la sociedad civil para “terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción”: Presidencia de la República, Circular UNO, Patio de honor del Palacio Nacional, 14 de febrero de 2019. Disponible en: https://reunionnacional.tecnm.mx/RND_2019/sa/CIRCULAR%20UNO.pdf
  10. Declaración del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, sobre la violencia de género y el COVID-19, 5 de abril de 2020. Disponible en: http://coronavirus.onu.org.mx/hoy-hago-un-nuevo-llamamiento-a-la- paz-en-los-hogares-guterres
  11. Lobo Ariadna y Antonio Baranda, “Crecen denuncias en 911 por género” en Reforma, 7 de abril de 2020. Disponible en: https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
  12. Arteta, Itxaro y Arturo Ángel, “Aumentan solicitudes a refugios de mujeres violentadas durante aislamiento por COVID-19” en Animal Político, 3 de abril de 2020. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2020/04/refugios-mujeres-violentadas-aumento-solicitudes-covid-19/
  13. LINEAMIENTOS de Operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 7 de abril de 2020. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591242&fecha=07/04/2020
  14. Anexo 2 de los LINEAMIENTOS de Operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 7 de abril de 2020. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591242&fecha=07/04/2020
  15. Red Nacional de Refugios, Carta abierta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Estado Mexicano: ¡Los feminicidios y las violencias contra las mujeres no están en cuarentena!, 25 de marzo de 2020. Disponible en: https://twitter.com/RNRoficial/status/1243756836982910976
  16. Presidencia de México, Conferencia matutina, 24 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina- martes-24-de-marzo-de-2020?idiom=es
  17. Fondo de Población de las Naciones Unidas, Covid-19: un enfoque de género. Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover la igualdad de género. Informe técnico. Marzo de 2020, p. 5. Disponible en: https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/COVID-19%20A%20Gender%20Lens%20Guidance%20Note.docx_en-US_es-MX_7.pdf
  18. Según datos del INEGI (Encuesta sobre Percepción de Ciencia y Tecnología 2017), el 41% de la población entrevistada le asignó al personal de enfermería el máximo nivel de respeto por el ejercicio de esa profesión. Por arriba de la enfermería fue más valorada la actividad de los bomberos y de los inventores. Por debajo de la enfermería las que también recogieron altos niveles de respeto fueron la investigación, deportistas y los médicos. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enpecyt/2017/default.html#Tabulados
  19. INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, II Trimestre 2019.
  20. Torres, Raúl, “Por miedo al coronavirus, bañan con cloro y bajan de camiones a enfermeras en Jalisco” en El Universal, 28 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/por-miedo-coronavirus-agreden-enfermeras-en-guadalajara
  21. Cabrera, Javier, “Enfermeras, blanco de ataques en Sinaloa: agreden a una con cloro” en El Universal, 3 de abril de 2020. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/sinaloa-enfermeras-blanco-de-ataques-agreden-una-con-cloro
  22. Redacción, “Niños golpean a enfermera por miedo al coronavirus” en Excelsior, 4 de abril de 2020. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/trending/ninos-golpean-a-enfermera-por-miedo-al-coronavirus-asi-la-dejaron/1374154
  23. Redacción, “Denuncian agresión contra enfermera en Yucatán”, 8 de abril de 2020. Disponible en: https://www.yucatan.com.mx/yucatan/denuncian-agresion-contra-enfermera-de-yucatan-le-tiraron-cafe
  24. Camhaji, Elías, “Una serie de contagios masivos entre el personal de hospitales públicos enciende las alarmas en México” en El País, 8 de abril de 2020. Disponible en: https://elpais.com/sociedad/2020-04-09/una-serie-de-contagios-masivos-entre-el-personal-de-hospitales-publicos-enciende-las-alarmas-en-mexico.html
  25. Redacción, “IMSS: hay 329 médicos y enfermeras contagiados de Covid-19” en Aristegui Noticias, 10 de abril de 2020. Disponible en: https://aristeguinoticias.com/1004/mexico/imss-hay-329-medicos-y-enfermeras-contagiados-de-covid-19/
  26. Hasta el 10 de agosto de 2020, las autoridades federales de salud mexicanos reconocían un total de 3 mil 844 casos confirmados. Reporte Diario, 10 de abril de 2020. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=pg1Xo8Wduv8&feature=emb_logo
  27. Pérez, David Marcial, “El personal sanitario de México comienza a levantar la voz ante las carencias de recursos y personal” en El País, 3 de abril de 2020. Disponible en: https://elpais.com/sociedad/2020-04-03/el-personal-sanitario-de-mexico-comienza-a-levantar-la-voz-ante-las-carencias-de-recursos-y-personal.html
  28. INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, II Trimestre 2019.
  29. INEGI, Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo 2014.

SECCIÓN

Seguridad Humana


COVID-19 y migración

18 de Mayo 2020

1. Sumario

En la última década, México pasó de ser un país principalmente de origen y tránsito de migrantes a ser también uno de destino y retorno de migrantes y refugiados. Este fenómeno ha obligado al gobierno mexicano a lidiar con los desafíos que esto conlleva, al mismo tiempo que se asegura de que los derechos y la protección de los migrantes estén garantizados. Sin embargo, la situación de estas personas en México es cada vez más difícil. El discurso anti-inmigrantes del presidente de los Estados Unidos y el endurecimiento de su política migratoria, así como la del gobierno mexicano, han dejado a migrantes aún más vulnerables. Sumado a esto, la pandemia de COVID-19 desafortunadamente los afecta aún más. Con los desafíos ‘normales’ a los cuales se enfrentan (la violación sistemática de sus derechos humanos, la violencia de grupos delictivos, limitaciones de acceso al territorio, las detenciones arbitrarias, la falta de redes de apoyo, las dificultades de acceso a alojamiento y servicios legales, de justicia y salud, entre otros), se agregan el cierre de albergues de la sociedad civil y estaciones migratorias, la disminución de servicios migratorios de las autoridades mexicanas, limitaciones de acceso a documentación y restricciones para acceder a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); así como de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) locales e internacionales.

México es parte importante del corredor migratorio más transitado en el mundo debido algran flujo de personas que se desplazan desde América Central (especialmente del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador), América del Sur, el Caribe y también debido al gran número de personas mexicanas que intentan llegar a los Estados Unidos de América por causas económicas, sociales, de seguridad o ambientales. Adicionalmente, en los últimos años, con el endurecimiento de la política migratoria de los Estados Unidos (EE. UU), México se ha convertido en un país de destino.

El fenómeno migratorio en México ha sido muy visible en los últimos años debido a la cobertura mediática de las caravanas centroamericanas de personas migrantes que atraviesan el país, pero su magnitud se puede observar de manera más objetiva a través de las siguientes cifras. Según datos generales del Instituto Nacional de Migración (INM) de enero a diciembre de 2019, 179,137 personas migrantes ingresaron a México y según Francisco Garduño Yáñez, titular del INM, 178,860 fueron deportadas lo cual representa el 99.8% (Instituto Nacional de Migración, 2019).

Con respecto a los solicitantes de asilo en México, según las cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)1, un total de 70,609 personas solicitaron el asilo en 2019. Eso representa un aumento considerable (de 138%) en comparación con 2018. En efecto, la COMAR registró un total de 29,630 personas solicitando el asilo en 2018. El año pasado, la mayoría de los solicitantes eran de Honduras, El Salvador, Cuba y Venezuela. Si bien el gobierno mexicano ha realizado grandes esfuerzos para fortalecer a la COMAR y responder a este incremento de trabajo, a principio de 2020 y antes de la crisis del COVID-19 en el país, la institución sigue estando sobrecargada y necesita mayor presupuesto.

En términos de política migratoria, en los últimos años se han visto cambios significativos. Del lado de los EE. UU., el principal cambio llegó el 29 de enero de 2019, cuando la administración Trump empezó a implementar el Protocolo de Protección al Migrante (MPP por sus siglas en inglés) y listas (metering). Según el MPP, los solicitantes de asilo deben permanecer en México mientras se procesan sus casos en EE. UU. Las listas consisten en filas de migrantes esperando en las distintas ciudades fronterizas de México para pedir asilo (Valencia, 2019) . Organismos e instituciones de derechos humanos manifestaron sus preocupaciones por las consecuencias del MPP y de las listas en las personas refugiadas. En efecto, individuos y familias están siendo devueltos a ciudades fronterizas de México por un tiempo indeterminado que puede extenderse por meses. Adicionalmente, estas personas están siendo devueltas a ciudades y municipios en los cuales su seguridad no necesariamente puede ser garantizada. Adicionalmente, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció al final del mes de septiembre 2019 que reduciría la cantidad de refugiados aceptados en los siguientes 12 meses a 18,000, la cifra más baja en décadas. La cifra más baja de admisiones anterior fue en 2002, después de los ataques del 11 de septiembre, cuando se permitió la entrada a los Estados Unidos de unos 27,000 refugiados. En el último año de la administración Obama, en 2016, era de hasta 100,000. Esta política migratoria tiene grandes consecuencias para migrantes, el continente americano y México.

Del lado de México, la política de migración del gobierno federal recientemente dio un giro significativo. Al comienzo de su mandato, pedía un paso seguro para los migrantes. Pero 13 meses más adelante y bajo la amenaza estadounidense de imposición de nuevos aranceles a las importaciones mexicanas (que se impondrían si el gobierno no lograba reducir la afluencia de migrantes a los EE. UU.), el gobierno federal de México comenzó a aplicar una respuesta dura a la llegada de caravanas en la frontera sur con la ayuda de la Guardia Nacional (GN), que algunas veces impidió el paso de caravanas de migrantes y los capturó en Chiapas aunque el marco jurídico con el que cuenta la GN no le permite crear protocolos de actuación ante situaciones como la contención de personas migrantes (Díaz, 2020). Eso resultó en que algunos comenzaron a afirmar que "México se ha convertido en el muro de Trump". Con respecto al MPP, México no ha presentado resistencia y se ha limitado el apoyo o protección a las 100,000 personas que se estima que fueron enviadas de regreso a México hasta principios de 2020. Muchas de estas personas ahora viven en el limbo, sin refugio, sin ingresos y poca esperanza.

En 2019, los EE.UU. avanzaron en negociaciones con países del Norte de América Central para que se establezcan como terceros países seguros y reciban migrantes y solicitantes de asilo devueltos de su país. Este concepto implica que un país podría negarse a conceder asilo a una persona y remitirla a un tercer país que sea considerado “seguro”. Ahora, a todo lo anterior debe agregarse el impacto de estos acuerdos de EE. UU. con Guatemala y El Salvador (considerados terceros países seguros) basados en los cuales se deportan personas migrantes y solicitantes de asilo directamente desde EE. UU. hacia estos países para que soliciten protección allí.

Inicialmente, el gobierno mexicano tuvo una respuesta lenta al brote de coronavirus, y el presidente declaró que las cosas deberían continuar como de costumbre, que la gente podría continuar abrazándose y que la buena suerte y la fe eran todo lo que se necesitaba. Sin embargo, a mediados de marzo, el gobierno comenzó a tomar una serie de acciones dirigidas a controlar y combatir la existencia y transmisión del virus (por ejemplo, se lanzó la campaña “Susana Distancia”), y a partir del 23 de marzo anunciaron la suspensión de las labores de las administraciones federales identificadas como no indispensables. Eso tuvo un impacto inmediato sobre las labores del INM y de la COMAR. Las posibilidades de regularizar su estatus migratorio o solicitar asilo en el caso de los refugiados se fueron reduciendo.

Otra medida tomada por el gobierno mexicano, a finales del mes de abril 2020, fue la decisión de desalojar las 65 estaciones migratorias del país con base en las recomendaciones de autoridades mexicanas y de organismos nacionales e internacionales, esto para prevenir un brote del virus en estos lugares que pusiera en riesgo las vidas de las personas migrantes alojadas en ellos. (Monroy, 2020) La Secretaría de Gobernación (SEGOB) explicó entonces que 3,759 migrantes detenidos en dichas estaciones migratorias optaron por regresar a sus países de origen (Honduras y El Salvador), y el INM y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) gestionaron su retorno asistido (Pradilla, 2020). Sin embargo, viendo las limitaciones de acceso a información, asistencia legal y procedimientos migratorios o de asilo, entre otras restricciones; se podría analizar en más detalle la voluntariedad de las personas al aceptar los retornos asistidos en medio de la pandemia.

Según cifras publicadas por la unidad de política migratoria durante los meses de enero y febrero 2020, 22,000 personas migrantes fueron presentadas ante el INM. De estas personas, 15,083 fueron devueltas a su país de origen vía deportación (Dirección de Estadística, 2020) . Desafortunadamente, los informes mensuales de la Unidad de Política Migratoria (UPM) se detienen en febrero 2020 y al momento no hay registro de ingreso de personas migrantes y deportaciones para marzo, abril y lo que va corriendo de mayo. Se espera que la situación por COVID-19 haya afectado el número de ingresos como la cantidad de deportados.

En el caso de las personas refugiadas, debido al COVID-19, el número de solicitantes de asilo en México en abril cayó a 949 personas, lo que equivale al 16.67% del total de solicitantes de abril del año pasado y a 16.47% del promedio mensual de solicitantes del primer trimestre de este año.

Enero Febrero Marzo Abril
6,020 5,947 5,314 949

Fuente: COMAR

Más allá de la reducción o la suspensión de actividades de instituciones gubernamentales, y de las medidas tomadas para evitar brotes de contagio en lugares donde personas en contexto de migración que no puedan acreditar su situación migratoria regular en el país están detenidos; la sociedad civil, ONGs internacionales y locales también han reducido su capacidad de respuesta. Entonces hay menos disponibilidad o acceso a servicios esenciales de salud, albergue, protección, alimentación, entre otros. Esto debido a las restricciones de movimiento y las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del COVID-19, así algunas oficinas están cerradas, o hay menos staff en el terreno para proveer los servicios y apoyos brindados por instituciones, ONGs, sociedad civil, entre otros actores sociales. Un ejemplo significativo es el cierre de albergues.

Una gran parte de los albergues en México dejaron de recibir migrantes de manera temporal porque no tienen la capacidad o los recursos para seguir las recomendaciones sanitarias ni han recibido apoyo del gobierno para prepararse ante la crisis del COVID-19. Esto tiene un efecto directo en el acceso de los migrantes y refugiados a los servicios de alojamiento, alimentación, salud, protección, entre otros, que ofrecen dichos albergues. Además, las ONGs y organizaciones internacionales que normalmente les brindan asistencia han reducido la presencia física de su personal y por consiguiente de sus servicios.

Si bien para las personas en situación de migración los impactos son significativos, en el caso de las personas solicitantes de asilo y refugiadas los impactos del COVID-19 en la prestación de servicios de asistencia humanitaria y protección tienen efectos directos en su vida, libertad, integridad y seguridad. Esto por cuanto este grupo está huyendo de sus países de origen y no pueden ser devueltos y requieren asistencia legal y acceso al sistema de asilo inmediato a su llegada.

Además de esto, tras la aprobación de poderes de emergencia para frenar la propagación del coronavirus, los Estados Unidos también tomaron varias medidas por temas de salud. La orden de emergencia de salud pública emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. prohíbe la entrada de extranjeros considerados como un "peligro grave" para la propagación de enfermedades transmisibles. Aunque inicialmente el presidente Trump presentó a los migrantes como una amenaza para la seguridad pública, ahora además les estigmatiza como una amenaza para la salud pública. La consecuencia de este orden fue la expulsión de 20,860 migrantes (6,444 en marzo, y 14,416 en abril según estadísticos del Control de Bordes y Aduana de los EE. UU.. (Arizona Republic, 2020) y ahora no pueden presentar solicitudes de asilo o buscar otras formas de protección humanitaria. Además, en algunos casos, están siendo expulsados a países en los que temen ser procesados. (BBC News Mundo, 2020) . Como destacado por Médicos Sin Fronteras, que exigió la suspensión de las deportaciones de los EE. UU., el traslado de personas desde "el epicentro de la pandemia de COVID-19" a países con una menor tasa de contagio de esta enfermedad a causa de este orden, "podría exacerbar la crisis de salud en la región". (La Prensa , 2020)

Por lo tanto, la situación está dejando en aún más vulnerabilidad a los migrantes y refugiados frente a diferentes tipos de violencia y criminalidad como la trata de personas. Es decir que la capacidad de estas personas o grupos para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos se ve disminuida.

En primer lugar, los migrantes y solicitantes de asilo están más expuestos al contagio en sí debido a su falta de acceso a vivienda o acomodación, a no contar con redes de apoyo y familiares, y a las limitaciones que tiene el sistema de salud existente para garantizar sus derechos y los servicios (Organización Mundial de la Salud , 2019) . La crisis ya ha tenido consecuencias devastadoras en todo el mundo, ya que los refugiados y las personas desplazadas se encuentran además entre los grupos más expuestos a la explotación, trata, tráfico de personas, violencia de género y discriminación en diferentes niveles. En este sentido, los grupos e individuos dedicados a economías ilegales y delitos se aprovechan de la situación ya que las personas no pueden regresar a sus países de origen por amenazas, persecución, temas de seguridad y también porque algunos países han cerrado sus fronteras.

Por otra parte, muchas de las personas migrantes y de los solicitantes de asilo y refugiados viven en entornos superpoblados, lo que hace que el distanciamiento social sea casi imposible y con instalaciones de higiene inadecuadas y falta de acceso a los servicios de salud. Por ejemplo, en marzo, hubo un incendio después de un motín dentro de la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, en el cual falleció un solicitante de asilo guatemalteco. El motín que desencadenó este incendio fue “una protesta por las deplorables condiciones del centro de detención, su hacinamiento, falta de atención médica o la ausencia de medidas de prevención e información frente a la emergencia sanitaria por COVID-19” (Medicos Sin Fronteras, 2020) . En general, es allí donde las limitaciones de acceso a servicios y a la protección de sus derechos humanos se traducen en más personas acudiendo a los traficantes o explotadores para solicitar ayuda.

Pero más allá de la crisis de salud inmediata, las medidas tomadas por los gobiernos y la reducción de los servicios prestados por la sociedad civil u ONGs, así como el cambio en la atención de los gobiernos hacia medidas de salud que buscan proteger a sus propios ciudadanos conducirán a un impacto secundario de la crisis que puede tener consecuencias nefastas y devastadoras a largo plazo, como la pobreza exacerbada y la pérdida de derechos de migrantes.

5. Infografía
  • ¿Hubo algún plan de contingencia existente o lecciones aprendidas del brote de H1N1 en 2009/2010 que pudieran haber ayudado a responder de manera rápida y efectiva al impacto de la pandemia de COVID-19 en los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados?
  • ¿Se proporciona información suficiente y clara a los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados sobre el acceso a los servicios durante la pandemia? (para que sepan a que instancia acudir en caso de necesitar asistencia y para retornos asistidos)
  • ¿Cómo se garantiza que los migrantes que han recibido asistencia para regresar a sus países de origen después del cierre de las estaciones migratorias han hecho una decisión informada y por tanto voluntaria?
  • ¿Cómo se garantiza el acceso a información sobre medidas de regulación de estatus migratorio y otros derechos durante la pandemia?
  • ¿Cómo se garantiza la información efectiva e integral sobre el derecho de asilo y programas de integración a personas que vienen huyendo de violencia y persecución? ¿En donde se hace? ¿Quienes entregan dicha información?
  • ¿Cuáles alternativas de alojamiento ofrece el gobierno mexicano a los migrantes que no pueden quedarse en los alberges (cerradas a causa de la pandemia) para poder ‘quedarse en casa’?
  • En el boletín estadístico mensual sobre política migratoria (registro e identidad de personas) hay cifras mensuales enero y febrero 2020, ¿en dónde podrían consultarse las cifras correspondientes para marzo y abril? (http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos)
  • 1La COMAR es responsable de conducir la política en materia de refugiados y protección complementaria, así como gestionar acciones de asistencia desde el inicio del procedimiento con pleno respeto a los derechos humanos. Fuente: https://www.gob.mx/comar/que-hacemos
  • Pradilla, A. (12 de Abril de 2020). Migrantes frente al COVID-19: entregados por EU, abandonados en México y con fronteras cerradas. Obtenido de Animal Politico : https://www.animalpolitico.com/2020/04/migrantes-frente-covid-19-abandonados-mexico-fronteras-cerradas/
  • BBC News Mundo. (11 de Abril de 2020). Coronavirus: cómo la covid-19 facilita la expulsión de EE.UU. de migrantes indocumentados hacia México y Centroamérica. Obtenido de BBC News: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52252167
  • BBC News Mundo. (11 de Abril de 2020). Obtenido de BBC News: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52252167
  • La Prensa . (5 de Mayo de 2020). Médicos Sin Fronteras pide frenar deportaciones desde EEUU por coronavirus. Obtenido de LaPrensa.hn: https://www.laprensa.hn/honduras/1377752-410/deportaciones-hondurenos-coronavirus-eeuu-covid-medicos-sin-fronteras
  • Medicos Sin Fronteras. (08 de Abril de 2020). COVID-19 en México: la situación de los migrantes frente a la pandemia es alarmante. Obtenido de msf.es: https://www.msf.es/actualidad/mexico/covid-19-mexico-la-situacion-los-migrantes-frente-la-pandemia-alarmante
  • Arizona Republic. (7 de Mayo de 2020). U.S. has turned away 20,000 migrants at border since coronavirus restrictions began. Obtenido de azcentral.: https://www.azcentral.com/story/news/politics/border-issues/2020/05/07/coronavirus-pandemic-us-border-patrol-turned-back-migrants-trump-administration/3089673001/
  • Organización Mundial de la Salud . (21 de enero de 2019). Los migrantes y los refugiados presentan un mayor riesgo de tener mala salud que las poblaciones de acogida. Obtenido de who.int: https://www.who.int/es/news-room/detail/21-01-2019-21-01-2019-21-01-2019-migrants-and-refugees-at-higher-risk-of-developing-ill-health
  • Monroy, J. (28 de abril de 2020). Segob confirma el desalojo de 3,759 migrantes de las estaciones migratorias para evitar brotes de Covid-19. Obtenido de El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Segob-confirma-el-desalojo-de-3759-migrantes-de-las-estaciones-migratorias-para-evitar-brotes-de-Covid-19-20200428-0102.html
  • Valencia, J. M. (2019). México: país de tránsito, retorno y destino de migrantes. Obtenido de Friedrich-Naumann-Stiftung: https://fnst.org/content/mexico-pais-de-transito-retorno-y-destino-de-migrantes
  • Díaz, A. O. (6 de febrero de 2020). Persiste preocupación por utilización de la Guardia Nacional en tema migrante. Obtenido de Forbes México: https://www.forbes.com.mx/persiste-preocupacion-por-utilizacion-de-la-guardia-nacional-en-tema-migrante/
  • Instituto Nacional de Migración. (29 de diciembre de 2019). Entran al país 179 mil migrantes en el año… y a 99.8% lo deportan. Obtenido de gob.mx: https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-301219/
  • Dirección de Estadística. (2020). 2020 Boletín estadístico mensual. Obtenido de politicamigratoria.gob.mx: http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos

SECCIÓN

Seguridad en Materia de Salud


Seguridad humana y acceso a los servicios de salud

27 de Abril 2020

1. Resumen

Una dimensión fundamental de la seguridad humana que se relaciona con la actual crisis del COVID-19 es la seguridad de la salud. En este documento nos aproximamos a este tema desde el indicador de acceso a los servicios de salud y algunos indicadores complementarios. El conjunto de información nos brinda un marco de las principales amenazas que las personas enfrentan en el ámbito de la seguridad de la salud. Se muestra que, a pesar de los avances recientes en el acceso a los servicios de salud, todavía un porcentaje importante de las personas no tienen acceso a dichos servicios. Además, no basta considerar solo si las personas tienen acceso a servicios de salud, los datos indican que el acceso efectivo aún se encuentra lejano. Lo anterior junto con la evolución del gasto público en salud, evidencian que las personas enfrentan potenciales amenazas para lograr la seguridad de la salud. En este escenario, la actual crisis del COVID-19 representa un incremento en la intensidad de algunos desafíos a la seguridad humana en México.

Entre 2013 y 2020, el gasto programable1 ha representado en promedio 18.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en México. A su vez, el gasto en la función desarrollo social constituye alrededor de 61% del gasto programable total. Dentro del gasto en desarrollo social, el correspondiente a salud es el tercero en importancia después del destinado a Protección social y Educación. En 2020, el gasto en salud ascendió a 634,625.30 millones de pesos (479,650.29 millones de pesos de 2013) lo que equivale a 22.6% del gasto en desarrollo social.

Aunque el gasto en salud se ha incrementado en términos reales en 8.1% entre 2013 y 2020; el gasto por persona observado para 2020 es apenas similar al registrado en 2013 y aún se encuentra lejos del nivel máximo que se alcanzó en 2015 (Gráfica 1). Este comportamiento obedece a que, en términos reales, el gasto en salud se incrementó hasta 2015, retrocedió en 2016 y 2017 y luego volvió a incrementarse a partir de 2018. Dentro del paradigma de la seguridad humana, este indicador es relevante porque se considera que los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger sus dimensiones. Lo anterior implica brindar protección a las personas de los riesgos y amenazas a la seguridad de la salud. La tarea debe reflejarse en la creación de sistemas que faciliten y aseguren el acceso de las personas a los derechos básicos.

Entre los países integrantes de la OCDE, México es el país que menos recursos públicos invierte en salud, aproximadamente 3.0% de su PIB para 2018. La inversión en salud en México es baja incluso si se compara con algunos países latinoamericanos como Colombia, Costa Rica y Chile que dedican poco más de 5% de su PIB en recursos públicos a salud o Brasil con alrededor de 4%. Este panorama en términos de recursos que el Estado invierte en la salud de sus ciudadanas y ciudadanos tiene como contrapartida los riesgos que representa el no contar con acceso a los servicios de salud.

De acuerdo con el CONEVAL (2018), el acceso a los servicios de salud es un elemento primordial del nivel de vida que brinda las bases necesarias para el mantenimiento de la existencia humana y su adecuado funcionamiento físico y mental. Cuando las personas carecen de un acceso a los servicios de salud oportuno y efectivo, el costo de la atención de una enfermedad o accidente puede vulnerar el patrimonio familiar o, incluso, su integridad física. De ahí que a partir de este indicador nos aproximemos a la seguridad en salud.

Los datos más recientes disponibles muestran que en 2018, 16.2% o 20.2 millones de personas en México carecían de acceso a los servicios de salud. La cobertura de servicios de salud se logra mediante un sistema fragmentado en el que varias instituciones ofrecen diversos paquetes de servicios o los financiaban, las cuales se pueden agrupar en: i) Las instituciones que atienden a los trabajadores formales y sus familias (IMSS, ISSSTE, sistemas de seguridad social estatales Pemex, Fuerzas Armadas); ii) El Seguro Popular (ahora INSABI2) que atendía trabajadores no formales y sus familias, personas desempleadas y personas fuera de la población económicamente activa y iii) Servicios privados de salud, que cubren a las personas que parcial o totalmente adquieren estos servicios.

La Gráfica 2 muestra la participación de las instituciones relacionadas con los servicios de salud en el total de población afiliada a al menos una institución. Sobresale que el Seguro Popular era la principal fuente de acceso a los servicios de salud, en 2018 tenía alrededor de 52.8 millones de personas afiliadas (47.2% de la población afiliada a alguna institución de servicios de salud). Entre 2008 y 2018 el número de personas con acceso a servicios de salud incrementó 41.5 millones de personas, y en dicho aumento, 75% se debió al Seguro Popular (alrededor de 31.2 millones de personas).

El acceso a los servicios de salud difiere de acuerdo con la institución a la que las personas se encuentren afiliadas. De igual manera, el acceso a estos servicios es distinto por el lugar de residencia o la pertenencia a algún grupo vulnerable. Estos aspectos son importantes una vez que se presenta una pandemia como la del COVID-19, que representa altos costos humanos y económicos sin distinguir las distintas capacidades de las entidades o grupos sociales para cubrir la seguridad en salud. En el ámbito estatal, diez entidades federativas tienen un porcentaje más alto de población que carece de acceso a servicios de salud que el correspondiente al ámbito nacional, se trata de: Michoacán, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chiapas, Baja California, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

En lo que se refiere a las personas sin acceso a los servicios de salud, 52.9% (10.7 millones de personas) se concentran en: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Chiapas, Veracruz, Puebla, Baja California, Nuevo León y Chihuahua. Cabe señalar que 64.2% de los casos confirmados acumulados de personas con COVID-19 al 20 de abril se concentraba en las entidades mencionadas.

Por ámbito rural-urbano, sobresale que la incidencia de personas sin acceso a servicios de salud es más alta en localidades urbanas con 17.0%m mientras que en las rurales es de 13.8%.

Por grupos de población, hay que destacar el mayor porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud se ubica en aquellas de 12 a 29 años con 19.6%. En el Cuadro 1 se aprecia además que solo este grupo presenta una incidencia mayor que la registrada para el total de la población en el ámbito nacional (16.2%). No obstante, una vez que se consideran los tamaños de localidad en los que residen las personas, se observa que las personas hablantes de alguna lengua indígena en localidades de 100 mil habitantes son las que presentan el mayor porcentaje sin acceso a servicios de salud con 22.6% y le siguen en el mismo tamaño de localidad las personas de entre 12 y 29 años con 21.2%.

En general, se observa que a mayor tamaño de localidad o áreas más urbanizadas, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud se incrementa. Este sin duda, es un aspecto relevante dada la expansión del COVID-19 en localidades urbanas.

Por otra parte, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha identificado que las personas adultas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes (como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes) desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras. Estas implicaciones deben considerarse dado que México presenta serios problemas en relación con estas enfermedades. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, el porcentaje de la población de 20 años y más con diagnóstico médico previo de diabetes alcanzó 10.3% (8.6 millones de personas); en tanto, 18.4% de las personas de 20 años y más tenían diagnóstico médico previo de hipertensión (15.2 millones de personas). En el caso de la hipertensión, conforme se incrementa la edad, crece el porcentaje de población con diagnóstico previo de hipertensión, principalmente a partir de los 50 años, llegando a 26.7% en el grupo de 70 a 79 años en 2018. Finalmente, a nivel nacional, en 2018, el porcentaje de adultos de 20 años y más con sobrepeso y obesidad era de 75.2% (39.1% sobrepeso y 36.1% obesidad), porcentaje que en 2012 fue de 71.3 por ciento. Este escenario por si solo ya representa una emergencia sanitaria; la magnitud y evolución creciente de estas enfermedades ejercen presiones sobre el Sistema Nacional de Salud. Además, afectan el capital humano de las personas, la productividad de las empresas, el desempeño escolar y limitan el desarrollo económico del país (Secretaría de Salud, 2013).

En el marco de la seguridad humana, la condición de pobreza condensa una serie de amenazas y vulnerabilidades para la salud. La capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas y ejercer sus derechos sociales, les permite elegir entre diferentes oportunidades y garantiza las condiciones que hacen falta para alcanzar la salud individual y el bienestar de la comunidad en su conjunto (Korc y otros, 2016). La condición de pobreza limita la seguridad en salud y muestra que aunque se ha avanzado en la cobertura de los servicios de salud (más personas afiliadas a alguna institución de servicios de salud), las personas no siempre cuentan con acceso efectivo a esos servicios. Una gran proporción de la población sigue enfrentando barreras (como las financieras o de tiempo) para acceder a los servicios de salud y muchas veces estos no tienen capacidad resolutiva ni la calidad requerida (Fajardo-Dolci y otros, 2015).

El Cuadro 2 muestra información sobre la condición de pobreza y pobreza extrema de las personas y el tiempo para llegar a un hospital en caso de emergencia. Del total de los hogares, al 63% le tomaría hasta media hora llegar a un hospital en caso de emergencia. Una vez que se considera la condición de pobreza, en los hogares con al menos un integrante en pobreza solo a 50.8% les tomaría hasta media hora llegar a un hospital y solo a uno de cada tres hogares con al menos un integrante en pobreza extrema le tomaría hasta media hora llegar a un hospital en caso de emergencia. En resumen, el tiempo para llegar a un hospital en caso de emergencia crece conforme se deteriora el nivel de vida de las personas.

Además de lo anterior, el Cuadro 3 muestra que el uso de servicios preventivos de salud es menor en las personas en pobreza o pobreza extrema. El porcentaje de la población que en los últimos doce meses no ha sido pesada o medida por un médico o enfermera es de 28.5% para la población total y se incrementa a 31.1% y 35.0% para las personas en pobreza y pobreza extrema respectivamente. En cuanto al porcentaje de la población de treinta años o más a la cual, en los últimos doce meses, no se le ha tomado una muestra de sangre mediante punción de alguno de sus dedos para detectar diabetes, este es de 52.3% para la población total y se incrementa a 56.8% y 61.7% para las personas en pobreza y pobreza extrema respectivamente. Finalmente, el porcentaje de la población de treinta años o más a la cual, en los últimos doce meses, no se le ha medido la presión arterial es de 34.1% para la población total y aumenta a 38.7% y 43.4% para las personas en pobreza y pobreza extrema respectivamente.

Los datos anteriores muestran que, el logro de la seguridad en salud está relacionado con los niveles de vida de la población, de manera que las personas en peores condiciones económicas y sociales enfrentan mayores amenazas y riesgo en esta dimensión de la seguridad humana. Por ejemplo, una persona en pobreza utiliza con menor frecuencia servicios preventivos de salud que podrían ayudarle a detectar factores de riesgo como el sedentarismo, la alimentación inadecuada o enfermedades en etapas iniciales. Diagnósticos oportunos y la promoción de estilos de vida saludables ayudan a disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedades que hoy afectan a grandes proporciones de la población. A su vez, esas amenazas y riesgos se incrementan al estar asociados con una mayor gravedad o afectaciones debido al contagio del COVID-19.

4. Infografía

La actual crisis del COVID-19 representa un incremento en los desafíos a la seguridad humana, particularmente en cuanto a la salud. Si bien hasta el momento se cuenta con una estrategia general para mitigar el contagio de la enfermedad, poco se ha hecho para generar propuestas de atención específicas para grupos etarios que podrían ser más afectados.

  • Un cuestionamiento que las autoridades deben responder lo más pronto posible es cómo se enfrentarán las afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes, así como el sobrepeso y obesidad que afectan a grandes sectores de la población y que las vuelven más vulnerables ante eventos como la actual pandemia del COVID-19.
  • Se requieren a su vez más recursos públicos dirigidos a la inversión en servicios de salud. En las condiciones actuales, incrementar la inversión en salud se debe concretar a través de mayores ingresos públicos y no solo redistribuyendo recursos escasos que implican desatención a otras áreas de importancia en la seguridad humana. Ante este escenario es fundamental preguntar, ¿cómo se tiene contemplado incrementar el gasto público en materia de salud?
  • Aún hay mucha incertidumbre en torno a las implicaciones de los cambios en esta administración en cuanto al Seguro Popular y su sustitución por el INSABI. Una de ellas es, ¿cómo dichas modificaciones mejoran el acceso efectivo de más personas a los servicios de salud, en particular para aquellas en situación de pobreza?
  • Si bien las condiciones actuales de distanciamiento social limitan algunas posibilidades de atención a problemas de salud preexistentes, las autoridades deben promover que las personas reduzcan la incidencia de factores de riesgo como la escasa actividad física o la alimentación inadecuada. ¿Se tiene contemplado algún plan de acción para atender esta problemática en corto, mediano y largo plazo?
  • Las autoridades deben difundir información sobre el acceso a los servicios de salud, para personas afiliadas a alguna institución y las opciones para aquellos que no están afiliados aún a alguna institución, y en particular, el uso de servicios de prevención una vez que la pandemia y sus efectos pasen. Por el momento, solo destaca la App de la CDMX en la cual se informa a las ciudadanas y ciudadanos con síntomas graves de COVID-19 sobre la disponibilidad de cuidados intensivos en el hospital más cercano a su domicilio, con un claro enfoque curativo y no preventivo. ¿Qué estrategias de prevención se están diseñando para mitigar las consecuencias y reducir la comorbilidad si llegan a ocurrir brotes posteriores de la enfermedad?
  • CONACYT - CentroGeo - GeoInt – DataLab. (2020). Covid-19 México. Disponible en https://coronavirus.gob.mx/datos/#DOView
  • CONEVAL (2018). Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
  • CONEVAL. (2019). Resultados de la medición de pobreza en México. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social México. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx
  • Fajardo-Dolci, Germán; Gutiérrez, Juan Pablo y GARCIA-SAISO, Sebastián. Acceso efectivo a los servicios de salud: operacionalizando la cobertura universal en salud. Salud pública México [online]. 2015, vol.57, n.2, pp.180-186. ISSN 0036-3634.
  • INEGI – INSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018. Presentación de Resultados. Disponible en: https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf
  • INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 2018.. Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018/
  • Korc, Marcelo, Susan Hubbard, Tomoko Suzuki, Masamine Jimba, y otros. (2016). Salud, resiliencia y seguridad humana: hacia la salud para todos.
  • OECD Stat (2020). Health expenditure and financing. Disponible en: https://stats.oecd.org/
  • Organización Mundial de la Salud (2020). Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Abril de 2020. Disponible en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
  • SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación PEF, varios años. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponibles en: www.pef.hacienda.gob.mx
  • Secretaría de Salud. (2013). Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. México, DF: Secretaría de Salud.

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