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Seguridad

Casos confirmados de COVID-19 a lo largo del tiempo en México

El alcance global de la epidemia por COVID-19 está poniendo de manifiesto una serie de vulnerabilidades, agudizando otras y creando otras más que se relacionan con la seguridad humana, concepto clave formulado desde 1994 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicho concepto trasciende la visión común de la seguridad pública o de la seguridad nacional, donde se destaca la función del Estado para inhibir el delito o salvaguardar la soberanía nacional, respectivamente.

Ante esta crisis, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) se ha propuesto realizar un seguimiento a partir del ángulo de la seguridad humana debido a la complejidad y severidad de los daños que está produciendo el COVID-19. Desde este paradigma, será posible vincular el trabajo del ONC para atender la agenda de seguridad, justicia y legalidad en referencia a un problema que está asociado naturalmente al ámbito de la salud pública, pero que, colocado dentro del enfoque más amplio de la seguridad humana, puede y debe examinarse para advertir sobre los desafíos que la enfermedad y la respuesta institucional representarán en los siguientes meses.

Cambiar el enfoque desde el cual reflexionamos acerca un fenómeno de esta escala implica situarnos como partícipes del diagnóstico y de las soluciones para los problemas que se presentarán dentro de cada una de las dimensiones de la seguridad humana: de salud, económica, política, personal, ambiental, de la comunidad y alimentaria. La compleja red de afectaciones al bienestar que supone esta crisis obliga a la conjunción de múltiples saberes que de articularse armónicamente pueden ofrecer soluciones efectivas y duraderas.

La estructura de cada texto consiste en una aproximación a alguna de las diferentes áreas de riesgo contra la seguridad humana en México; en segundo término, se presentan elementos para abordar la manera en la que el COVID-19 está incrementando esos riesgos; por último, cada fascículo interrogará abiertamente a las autoridades acerca de su actuación para inhibir esa serie de afectaciones a la seguridad humana de las personas en el país.


SECCIÓN

Seguridad Alimentaria


La seguridad humana y la Central de Abastos de la CDMX: Un acercamiento diferenciado a la lógica comercial de los alimentos

15 de septiembre 2020

1. Introducción

Los efectos producidos por la pandemia suponen para el eje de la seguridad alimentaria una serie de afectaciones multidimensionales en México. Estas van desde la desaceleración de la industria agroalimentaria en sus diferentes escalas y productos; en el plano laboral, el decremento de las oportunidades de trabajo sobre todo en las actividades propias del campo; en materia de salud, por el riesgo que supone el incremento de los precios de alimentos frescos que ocasionan la inhibición de su consumo para millones de familias mexicanas, y finalmente, tanto para el campo como para ciertas ciudades, la posibilidad de incrementar el número de contagios por coronavirus.

Ante este escenario y con más de 444 mil casos de Covid-19 en todo el país1 , la Central de Abastos de la Ciudad de México (CEDA) adquiere un papel central por diferentes razones. En principio, sus instalaciones albergaban, antes de la pandemia, a 90 mil comerciantes que atendían a más de 600 mil personas (Cervantes, 2020) ; en segundo lugar, su solo funcionamiento implica el desenvolvimiento de una logística comercial que toca tanto poblaciones rurales como urbanas que están en riesgo de ser contagiados; y en tercer lugar, su inoperancia tiene un efecto directo en el abastecimiento de alimentos frescos e ingresos económicos para millones de mexicanos.

Derivado de este contexto y de la cantidad de elementos y factores a considerar durante esta época de pandemia, es indispensable hacer uso de categorías de análisis que permitan el estudio de cada uno de estos, por lo que la seguridad humana se presenta como una excelente propuesta.

La seguridad humana surge por primera vez en el Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo teniendo como principales exponentes a Amartya Sen y Mahbub Ul Hab, en 1994. Fue presentado como una alternativa al estudio de las nuevas amenazas que los individuos pueden enfrentar dentro de un mismo territorio y dentro de una gama de elementos que vulneran su tranquilidad y su existencia. A diferencia del carácter estatocéntrico que tradicionalmente se había utilizado para concebir a la seguridad, este concepto pone al individuo al centro del debate a través de siete ejes multidimensionales: seguridad ambiental; seguridad personal; seguridad política; seguridad de la comunidad; seguridad en materia de salud; seguridad económica y seguridad alimentaria (Desarrollo, 2010).

Sen y Ul Hab sostienen que es el individuo quien, a través del Estado, deberá encontrar los medios indispensables para potencializar sus habilidades y capacidades (MacLean, 2006).

En este contexto, la seguridad humana se postula como una nueva propuesta que contempla aquellos elementos indispensables que permiten y dan pie a la supervivencia y bienestar del individuo mediante el análisis antropocéntrico, multisectorial, integral, contextualizado y preventivo. De manera particular, pone en cada agenda nacional aquellas amenazas o riesgos que ponen en vulnerabilidad a las personas y por ende a sus sociedades, abarcando hechos como la guerra, la violencia armada, el crimen organizado, las guerrillas, etc. y planteando una vinculación de estos fenómenos con aquellos que no corresponden a factores violentos, pero que por su condición, podrían devenir en sucesos alarmantes. Así, las hambrunas, la pobreza, las enfermedades mortales o la violencia de género, ocupan un lugar igualmente prioritario en las agendas nacionales.

La CEDA es históricamente uno de los clusters más importantes para la venta de alimentos al mayoreo para los estados del centro y sur del país. De su abastecimiento, dependen otros centros de comercio de la misma índole como, el Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Morelos, entre otros más. Algunos autores como Torres (2011) y Saldaña (2014) mencionan que su sola presencia tiene un impacto tal que su configuración comercial, involucra la conformación de dinámicas sociales propias que se gestan a su interior y a sus alrededores, como lo es en la distribución espacial de la región en la que impactan, hábitos de consumo, tipos de mercados; viviendas etc.

Sin embargo, más allá de estas dinámicas sociales que per se ameritan su estudio de manera detallada, es claro que las centrales de abastos, en este caso la CEDA es un centro comercial angular que conecta largas distancias para la venta de alimentos en el país. Su logística implica llevar los productos perecederos obtenidos principalmente en las zonas agrícolas de México, hasta su destino final que es el consumidor de las zonas urbanas. Torres (Torres, 2011) sostiene que se trata de un patrón dendrítico o en forma de árbol, el cual consiste en facilitar la compra de alimentos obtenidos directamente durante la venta a pequeños o grandes oferentes del campo. Después, distintos distribuidores llegarán a la CEDA a abastecerse y se llevará un efecto de comercio acelerado a escala local a través de los tianguis, mercados, puestos etc.

Algunos autores señalan (Saldaña, 2014) que en los últimos años, la entrada de las grandes cadenas de supermercados impactó de manera significativa en el comercio de alimentos en el país. Por un lado, redefinió la importancia de las centrales de abastos como ejes articuladores del comercio al mayoreo y menudeo para mostrarse como otro posible intermediario entre lo rural y lo urbano; impulsaron el ingreso de la comercialización de alimentos transgénicos y borraron del panorama la implementación de negociaciones que buscarán un comercio justo para ellos y para las personas que trabajan en el campo. En muchos casos, la falta de implementación de apoyos gubernamentales correctamente estructurados, centralizó los apoyos a solo algunos actores y dejó fuera a los pequeños terratenientes (Saldaña, 2014) . Por ejemplo, la dinámica social del campo, los obligó a convertirse en jornaleros de otras tierras por tan sólo 6 o 10 dólares diarios (Saldaña, 2014).

Por el otro, las cadenas de supermercados también llevaron a cabo otras estrategias de negocio que resultaron altamente competitivas para las centrales de abastos. Por ejemplo, la implementación de créditos para los consumidores; el inventariado de los productos y el acceso a los alimentos en horarios más amplios; así como sedes más accesibles y cómodas para el resto del público.

De esta manera, esta polarización mercantil marcada de manera notoria a finales del siglo XX, abrió oportunidades para que otras cadenas productivas dedicadas al sector de alimentos participaran en el mercado mexicano. Sin embargo, si bien sus implicaciones han sido palpables para el comercio de alimentos, su permanencia no inhibe la notoriedad y relevancia que tienen las centrales de abastos en el país, y de manera particular la CEDA.

Tan solo a principios de 2020, las aportaciones económicas de la central se estimaron en 9,000 millones de dólares anuales según declaraciones de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum (García, 2020) , mientras que la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto (CONACCA) estimó en abril que la CEDA es responsable del acopio y el abastecimiento del 35% de la producción agropecuaria nacional (Redacción, 2020).

Este porcentaje es central si se considera que prácticamente toda la producción de alimentos se origina en este sector, siendo tan solo la agricultura un medio de desarrollo para 24 millones de mexicanos, los cuales corresponden a una cuarta parte de la población del país (FAO, 2020) . Para las familias que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, esta actividad corresponde al 42% de su ingreso familiar (FAO, 2020).

Una vez entendido el concepto de seguridad humana y la propuesta que este realiza para integrar un nuevo catálogo de amenazas que afectan al individuo, es posible analizar qué efecto ha traído la pandemia causada por el COVID-19 en cada una de sus esferas. En este caso, el enfoque será a través de la seguridad alimentaria y se estudiará el efecto que esta tiene en los otros ejes.

Como anteriormente se mencionó, la Central de Abastos de la CDMX es un punto neurálgico para el transporte de alimentos a distintos puntos del centro del país. Mediante su lógica comercial, confluyen un sin número de personas, productos y millones de pesos a diario; además de que su sola presencia incentiva la compra, venta y consumo de alimentos frescos en distintos puntos del país. En los últimos meses, la CEDA se ha convertido en un importante foco de atención para la ciudad debido al número de contagios por Covid-19.

En abril de este año, distintos medios nacionales informaron que al superar los más de 20 casos confirmados en la CEDA, este centro se incorporaba al catálogo de zonas consideradas de alto riesgo para la ciudad (Merino, 2020) . Para mediados de junio, se confirmaron 500 personas con Covid-19 (Aguelles, 2020) y para principios de julio se detectaron 1,604 casos positivos entre el personal. Si bien las autoridades capitalinas y por parte de la Central implementaron distintas medidas para reducir el número de contagios, es un hecho que estas no han sido suficientes y han tenido un fuerte impacto en la vida de muchos habitantes del país y comercios de distintos tamaños.

En este sentido, el incremento acelerado de los contagios en la CEDA, ha supuesto un importante golpe en la seguridad alimentaria de miles de mexicanos, pero poco se ha hablado de ello. En primera instancia, a inicios del confinamiento, en la ciudad se apreció una disminución notable en la oferta de alimentos frescos en puestos y comercios de escala local; en segundo lugar, siguiendo con la ley de la oferta y la demanda, se encarecieron los alimentos disponibles y con ello, la oportunidad de que miles de mexicanos accedieran a ellos; y en tercer lugar, ante la incertidumbre generalizada de los primeros días, la logística comercial habitual se detuvo, dejando de lado a miles de comunidades rurales que dependen estas ventas para su subsistencia.

En la primera categoría, la carencia de alimentos en ciertas zonas del centro del país fue notoria. A finales de abril, en el Estado de México, la Central de Abastos de Ecatepec y la Central de Abastos de Tultitlán, anunciaron a través de sus representantes que algunos establecimientos se vieron obligados a cerrar ante la falta de insumos en la CEDA. Principalmente, productos de la canasta básica, como jitomate, calabaza, hongos, entre otros más, dejaron de tener recolección en estados como Puebla, Aguascalientes, Guanajuato, Sinaloa y otras entidades más (Chávez, 2020) . Para ese mes, se informó del cierre de 30 bodegas de mayoreo y menudeo en Ecatepec y el desplazamiento de algunos comerciantes de Tultitlán hasta las zonas de cultivo (Chávez, 2020).

En este escenario, al responder a un modelo de comercio basado en el patrón dendrítico, esta escasez de alimentos en la central de Iztapalapa tiene importantes consecuencias en el comercio local. Así lo subrayan los mismos representantes de las centrales afectadas: “(...) cerca de 2 mil consumidores serán afectados por la escasez de productos perecederos, y de ellos al menos 500 son mayoristas, es decir locatarios de mercados y tianguistas que llegan a surtirse a la Central de Abastos de Tultitlán, de municipios como Coacalco, Tultitlán, Tultepec, Cuautitlán Izcalli, entre otros”. (Chávez, 2020)

Si bien las autoridades capitalinas desde un inicio implementaron medidas para evitar el incremento de los contagios en la central de Iztapalapa, y con ello, futuras alteraciones adicionales en las cadenas de suministro de alimentos, es cierto que en otras regiones del país las medidas fueron más severas y por lo tanto las consecuencias fueron inevitables. En algunas zonas de cultivo, las entradas y las salidas a los pueblos fueron bloqueadas y cientos de personas se quedaron sin poder vender ni comprar alimentos (Cervantes, 2020).

Tan solo para la CEDA, en mayo las consecuencias por la pandemia se estimaron en una reducción comercial del 25%; una disminución de aforo de vehículos del 30% y aproximadamente el cierre del 60% bodegas y puestos (Cervantes, 2020).

Respecto a la segunda categoría, como previamente fue mencionado, la escasez de alimentos genera a su vez un encarecimiento de los productos existentes en el mercado y por lo tanto, un aumento en los costos asociados en toda la cadena comercial. Por ejemplo, en el Estado de México a finales de abril, los comerciantes anunciaron un aumento del 100% en los costos de sus productos debido a las nuevas modalidades que utilizaron para abastecer sus negocios (Chávez, 2020) . El consumidor final, además de los productores que se quedan con la mercancía perecedera, son sin lugar a duda, los eslabones más afectados de la cadena.

Este encarecimiento de precios en los alimentos plantea, desde la perspectiva de la seguridad humana, uno de los retos más importantes que trae consigo la pandemia. Por un lado, agudiza las posibilidades de que millones de mexicanos accedan a una canasta nutritiva óptima que sea benéfica para su salud; y por el otro lado, incrementa la cantidad de gastos destinados al presupuesto familiar. En este sentido, es relevante mencionar que en junio pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) publicó que en el país se registró la pérdida de 3.1 millones de trabajadores sólo de abril a mayo, así como el incremento de1.9 millones de personas que entraron al mercado informal (García K. , 2020) . Es decir, el poder adquisitivo de un número relevante de familias disminuyó en pleno incremento de los costos de los alimentos, y con ello, la posibilidad de acceder a una dieta balanceada que los haga más resistentes ante el contexto de la pandemia.

En la última categoría a analizar, están los productores de los alimentos y el impacto que ha representado el confinamiento para ellos. En este segmento, encontramos desde aquellos terratenientes, que como al inicio de este artículo se mencionó, son dueños de extensas parcelas en las que trabajan campesinos y jornaleros por muy poco dinero; y por el otro, están los dueños de parcelas que se encargan de comercializar sus productos directamente en comercios locales o con los intermediarios que abastecen los mercados de las grandes ciudades.

De manera independiente al segmento al que pertenecen estos productores, desde inicios de mayo, la FAO advirtió que las restricciones al movimiento generalizado de las comunidades, en México y en América Latina, estaba frenando la posibilidad de que agricultores salieran a vender sus productos como anteriormente lo hacían. Por lo que, en muchos casos, las alteraciones en las cadenas logísticas provocarían la pérdida de cientos de productos perecederos y sobretodo, la escasez de ingresos para millones de familias (Cervantes, 2020) . Hasta el momento, se desconoce el impacto económico que ha tenido la pandemia para estas regiones rurales, esto como consecuencia de la falta de ingresos provocado por la desaceleración de los mercados locales. A nivel nacional, no se cuenta con algún instrumento similar a la ETOE que permita estimar el monto de las pérdidas.

En este punto del análisis, es necesario hacer un alto y considerar diferentes elementos. Por un lado, los efectos económicos provocados por la baja en la compra de alimentos en las grandes urbes, supone un efecto sin precedentes en los bolsillos de todos los productores, en especial, en los pequeños y aquellos jornaleros que basan una gran parte de su ingreso, o todo, en los cultivos de sus comunidades. Ante una baja de demanda de productos, el número de personas requeridas para trabajar en el campo se reduce drásticamente y con ello, la posibilidad de acceder a más recursos.

Por otro lado, los riesgos a la salud provocados por Covid, es un tema alarmante para estas comunidades. En su mayoría, el personal que recolecta el alimento, es parte de la cadena logística que está en continuo contacto con zonas de alto contagio como lo es la CEDA, por lo que la posibilidad de transmitir el virus es altamente probable y deja en un amplio margen de vulnerabilidad a estas poblaciones.

Si bien es cierto que el acceso a algunos poblados se encuentra restringido, muchos de estos dependen en su totalidad de la venta de productos agrícolas, por lo que esta solución para ciertos casos es totalmente inviable.

Frente a esta serie de nuevas realidades que la pandemia ha planteado, la seguridad humana es una propuesta teórica que permite analizar desde diferentes perspectivas, el abanico de riesgos, a distintas escalas, a los que se enfrentan los ciudadanos. En este caso, la seguridad alimentaria vista a través del lente de las dinámicas del comercio de alimentos en la CEDA, es un buen ejemplo de cómo cada uno de los factores que pueden vulnerar la seguridad del individuo, son transversales entre unos y otros.

En este caso, la CEDA se coloca en el centro de la discusión al ser uno de los focos de contagios más importantes de la CDMX y del centro del país. Su abasto garantiza que gracias a la derrama económica y de productos que a diario devenga, millones de mexicanos gocen de un ingreso diario para vivir, además de la oportunidad de consumir productos frescos y de diferentes precios. Su sola logística comercial que tiene como fin último asegurar el abasto de alimentos, deja a su paso la oportunidad de incentivar otro tipo de mercados locales que abonan a mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos.

Como se pudo observar en este estudio, la pandemia ha dejado claro que en México, la seguridad alimentaria guarda una intrínseca relación con el resto de esferas que componen la seguridad humana. En este caso, además de esta, la seguridad económica y el derecho a la salud son fundamentales para entender que un centro de comercio a gran escala, como es la CEDA, son espacios que determinan las dinámicas sociales que se gestan en su entorno. Por lo que, el alto número de contagios registrados en menos de 3 meses, provocó una escasez importante de alimentos, un dramático aumento en sus precios y la oportunidad de que millones de personas accedieran a mejores condiciones de vida derivado del ingreso que representa el comercio de sus cultivos.

Si bien hasta el momento, no se ha podido cuantificar el impacto que la pandemia ha dejado en materia de acceso alimentario, es un hecho que el gobierno capitalino enfrenta un gran reto al estabilizar el abastecimiento de productos perecederos y detener la propagación del virus en la CDMX y las comunidades en donde se lleva a cabo la recolección de los mismos. A mediano y largo plazo, una ausencia de planes de intervención efectivos, dejaría a la deriva a millones de mexicanos que encuentran en estos alimentos, una forma de mantenerse en óptimas condiciones de salud y de mejorar sus ingresos económicos.

5. Infografía
  • El abastecimiento óptimo de los alimentos es fundamental para mantener los precios de la canasta básica alimentaria. ¿Qué estrategias está implementado el gobierno capitalino, en conjunto con la PROFECO, a fin de regular el incremento desproporcionado de los precios en productos perecederos?
  • Como se mencionó, el sistema comercial de la CEDA está basado en un patrón dendrítico que involucra a los tianguis y puestos de comida perecedera en la CDMX y zona metropolitana. En este escenario, ¿qué estrategias sanitarias plantea el gobierno capitalino para evitar la propagación del virus de la CEDA hacia estos centros comerciales y dentro de estos?
  • ¿Qué acuerdos ha logrado el gobierno capitalino en conjunto con los gobiernos estatales a fin de controlar la propagación del virus mediante las capas logísticas comerciales?
  • ¿De qué manera garantizará el gobierno federal a través de los gobiernos estatales, que los apoyos derivados por la contingencia sanitaria permeen en los pequeños agricultores que están siendo afectados por la baja en el número de ventas?
  1. Casos confirmados al 3 de agosto de 2020.
  • Aguelles, E. (17 de Junio de 2020). Central de Abasto suma medio millar de contagios por COVID-19. CDMX, CDMX.
  • Cervantes, S. (5 de Mayo de 2020). Cierre de bodegas en CEDA pega a mercados de la CDMX. Obtenido de Alianza Flotillera: https://www.alianzaflotillera.com/2020/05/05/cierre-de-bodegas-en-ceda-pega-a- abasto-en-mercados-publicos-de-la-cdmx/
  • Chávez, S. (29 de Abril de 2020). La Jornada. Obtenido de -: https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/04/29/denuncian-escasez-en- centrales-de-abastos-del-edomex-8129.html
  • Desarrollo, P. d. (2010). La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano. Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
  • FAO. (- de - de 2020). Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Obtenido de FAO en México : http://www.fao.org/mexico/fao-en-mexico/mexico-en-una-mirada/es
  • García, A. (8 de Enero de 2020). CentroUrbano. Obtenido de -: https://centrourbano.com/2020/01/08/en-2019-se-destinaron-915-mdp-en-la-central- de-abastos-de-la-cdmx/
  • García, K. (30 de Junio de 2020). 3.1 millones de mexicanos perdieron su vínculo laboral en mayo, crece informalidad. CDMX, México.
  • MacLean, G. (2006). Human Security and the Globalization of International Security. New York: Springer.
  • Merino, B. (27 de Abril de 2020). Catalogan como zona de alto contagio a la Central de Abastos. Obtenido de -: https://realestatemarket.com.mx/noticias/28194-decretan-a- la-central-de-abastos-como-zona-de-alto-contagio
  • Redacción. (29 de Abril de 2020). Tierra Fértil. Obtenido de https://www.tierrafertil.com.mx/pesimo-declarar-zona-de-contagio-central-de- abastos-canacca/
  • Saldaña, A. (- de enero/junio de 2014). Intermediarios laborales en Morelos: abasto de jornaleros agrícolas en el centro y noroeste de México. Obtenido de Scielo: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188- 45572014000100006
  • Téllez, C. (1 de Junio de 2020). COVID-19 deja sin trabajo a 12.5 millones de personas en México. CDMX.
  • Torres, F. (2011). El abasto de Alimentos en México hacia una transición económica y territorial. Revista Problemas del Desarrollo, 63-84.

SECCIÓN

Seguridad Personal


Seguridad personal y COVID-19: la militarización ante lo urgente

26 de Agosto 2020

1. Sumario

El presente ensayo forma parte de la serie de análisis que ha emprendido el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) para dar seguimiento a la complejidad y severidad de los daños que está produciendo el COVID-19 en México. Al utilizar el ángulo de la seguridad humana como un concepto de análisis, pretendemos ampliar la conversación sobre la compleja red de afectaciones al bienestar que supone esta crisis. En este fascículo, se hace una aproximación a la dimensión de la seguridad personal para plantear interrogantes sobre la militarización de las tareas de emergencia sanitaria. En la primera parte se aporta una breve revisión del concepto de seguridad humana desde la dimensión de seguridad personal. A continuación se plantea la paradoja que supone el apoyo de las Fuerzas Armadas a tareas de apoyo para protección de civiles y emergencia que, aparentemente, no estarían relacionadas con su labor primaria que es la defensa del Estado-nación. Finalmente, se presenta una serie de interrogantes a manera de conclusión.

En la década de 1990, el campo de estudios de seguridad atravesó una transformación considerable. Desde una perspectiva occidental de seguridad, el fin de la Guerra Fría puso en entredicho la utilidad de entender la seguridad desde un enfoque centrado en el Estado pues la posibilidad y la recurrencia de conflictos entre países se habría reducido. En su lugar, señalaban los críticos, las fuentes de inestabilidad apuntaban a conflictos dentro de las fronteras, es decir, eran intra-Estados. Este cambio de paradigma fue especialmente impulsado por practicantes involucrados en políticas de desarrollo y, en este contexto, nació el concepto de seguridad humana. En 1994 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) propuso este concepto como un enfoque alternativo para la seguridad del Estado. Esta interpretación de la seguridad humana fue formulada en el informe del PNUD de 1994 y resumida como "libertad del miedo, libertad de la necesidad"1. La primera parte denota la ausencia de la amenaza de violencia; y la segunda se refiere a la aspiración de ausencia de pobreza y acceso a medios básicos para la supervivencia y dignidad. Es decir, el concepto no solo proponía una sustitución del objeto de análisis sino que aportaba una serie de nuevas dimensiones para analizarlo.

El reporte destacó cuatro características de la seguridad humana. La primera es que la seguridad humana es un asunto universal, abriendo así la puerta a un entendimiento distinto a la competencia entre Estados. La siguiente es que los componentes de la seguridad humana son interdependientes, es decir, las fuentes militares y no militares se superponen. La penúltima se refiere al énfasis en la prevención más que en la intervención; mientras que la última reitera que se centra primordialmente en las personas. Es decir, la seguridad de las vidas de las personas. Es esta última característica lo que da al concepto un perfil humanitario pues apunta al énfasis en la protección de los civiles, especialmente en situaciones de emergencia como pueden ser los conflictos, crisis o las catástrofes naturales.

Es importante señalar que el concepto ha recibido críticas. Entre ellas las que se dirigen al énfasis en protección humanitaria como una posible justificación de intervenciones por parte de Estados militar y/o económicamente más poderosos en aquellos considerados “amenazas”2. A pesar de sus limitaciones, en el ONC reconocemos que el concepto y significado de la seguridad humana ofrecen una alternativa analítica a los enfoques militarizados centrados en el Estado y abren la puerta a un debate clave en el contexto mexicano: la relación entre la seguridad humana y la seguridad estatal (o nacional). Este debate se refleja con mayor claridad en el eje de seguridad personal que supone la seguridad física de los individuos frente al uso sistemático de la violencia.

El pasado 12 de mayo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó una tarjeta informativa en su página de internet. Dicha tarjeta se refería al “Acuerdo de participación de Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de Seguridad Pública”, publicado el día anterior en el Diario Oficial de la Federación. En el punto 6 refiere:

La tarjeta fue dada a conocer tras una oleada de críticas de la sociedad civil y organizaciones protectoras de derechos humanos mexicanas e internacionales, por la oficialización de la participación de las FFAA en funciones de seguridad pública. Las críticas apuntaban a que dicho Acuerdo era un paso más hacia la profundización de la militarización de la seguridad pública en el país. Se habla de profundización porque este proceso no comenzó con la actual administración. Aunque hay diversos puntos de vista sobre el punto de inicio de este proceso, existe un consenso entre especialistas de que el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa marcó un punto de inflexión y aceleración. Cabe recordar que, en su momento como opositor al régimen, el propio Andrés Manuel López Obrador criticó ásperamente ese proceso. Sin entrar en mayor detalle sobre este punto, la importancia del Acuerdo es que otorga autorización jurídica al Ejecutivo para involucrar a las FFAA en tareas que tendrían que caer en el ámbito civil o, en su defecto, ejercerse por las FFAA de manera extraordinaria, subordinada, fiscalizada y complementaria. El Acuerdo impulsado por el Ejecutivo no va en este sentido.

De acuerdo con la cita de la comunicación de la Secretaría, el Acuerdo puntualiza que las labores de las FFAA están orientadas a la “Seguridad Interior “ y garantizar la “defensa exterior”. Es decir, mantienen un enfoque clásico de seguridad en el que el Estado, en el ejercicio de la soberanía, mantiene el monopolio de la violencia de forma interna y como recurso ante amenazas que provengan de fuera de sus fronteras. Además, llama la atención el fraseo que utiliza la citada pieza con efectos jurídicos: “nadie habla de militarización”. Esta invocación de un presunto consenso universal como criterio de verdad hace eco a definiciones teológico-dogmáticas pre modernas. Actualmente tendría que resultar, además de ridículo, inaceptable. Por otro lado, para desarmar la crítica de la militarización, la tarjeta informativa recurre al ejemplo de la participación de las FFAA en labores de protección civil o apoyo social, en este caso frente a una pandemia. Esto es, provee un ejemplo de las FFAA realizando labores que caen dentro de sus facultades y que tienen, presumiblemente, un impacto positivo innegable para evidenciar la inconsistencia de los señalamientos.

Aquí hay un punto que vale la pena explorar y que es el tema central del presente ensayo. En efecto, dentro de las críticas a la militarización de la seguridad pública no abundan los cuestionamientos a las labores de protección en emergencias. La participación de las FFAA en tareas de protección a los mexicanos con el Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre, el DN-III, se ha normalizado y pareciera entenderse en una esfera ajena a su involucramiento en tareas de seguridad pública. De hecho, tal como afirma la tarjeta de la Secretaría, son labores que afirman la popularidad de las FFAA entre la población. El propio Presidente se refirió a ello en marzo:

Sin embargo, a pesar de tratarse de trabajo humanitario, las FFAA lo efectúan en su calidad de representantes del Estado, como la institución que cristaliza el ejercicio de soberanía y el monopolio de la fuerza, pero que, bajo el pacto constitucional actual, está subordinada al mando civil. Es decir, es un trabajo humanitario que no debería obedecer a una lógica militarista. La pregunta que se plantea en esta entrega es hasta qué medida la disposición del Ejecutivo para recurrir a las FFAA en estas labores obedece a un avance del militarismo y se contrapone al objetivo de proteger a las personas.

Tal como se aprecia en la cita del presidente, no es la primera vez que personal militar participa en labores de apoyo a la ciudadanía. Es frecuente su actuación en poblaciones afectadas durante la temporada de huracanes, y tras la ocurrencia de sismos con elevada intensidad. Como ha sucedido en aquellas ocasiones, en la actual pandemia de COVID-19, las FFAA participan con el Plan DN-III5. Entre las medidas implementadas, las instalaciones sanitarias del ejército se habrían utilizado para atender a enfermos del virus. Los militares también se habrían hecho cargo de la rehabilitación y operación de instalaciones civiles de salud en algunas entidades federativas y serían los responsables de comprar parte del equipo y medicamentos. Varias fábricas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se habrían destinado a producir ropa y aditamentos médicos como cubrebocas o uniformes quirúrgicos. También se anunció que la mayor parte de los médicos y enfermeras de la Sedena y la Secreataría de Marina-Armada de México (SEMAR) fueron asignados para controlar la pandemia y que se utilizarían aeronaves, buques, vehículos terrestres y ambulancias para trasladar personas enfermas o dispositivos médicos. Todo este esfuerzo enmarcado en la necesidad de que “todas las instituciones mexicanas trabajen de manera coordinada para proteger la vida, el patrimonio, y la integridad de todos los ciudadanos”.

Un punto importante a destacar es que referido Plan DN-III no tenía previstos lineamientos específicos de reacción frente a emergencias sanitarias. Dichos ajustes fueron introducidos ante la actual pandemia y son los que han permitido el despliegue. Es cierto que México no fue el único país que se encontró esa limitante a pesar de que el riesgo de una pandemia no es en lo absoluto nuevo. Como hemos podido apreciar estos meses, la abrumadora falta de preparación de los Estados para enfrentar la pandemia muestra como la seguridad humana no ha sido una prioridad en la mayoría de los países. Existe un amplio cuerpo de literatura en gestión de emergencias y desastres que cuestiona la imprevisibilidad de dichas situaciones. En otras palabras, analiza si las “emergencias” solo son así, o alcanzan dimensiones que ameritan describirlas como emergencia, debido a algún grado de ineficacia del Estado. Una pandemia de estas proporciones no era impredecible. Sin embargo, como preguntó Sanam Naraghi Anderlini, Directora del Centro para la Mujer, la Paz y la Seguridad: "¿Por qué estamos inundados de armas y equipo militar, pero nos faltan médicos y máscaras?"6

En el caso de México, cabe preguntarse si se puede hablar de una falla, o al menos de una omisión considerable, en el Plan DN-III por no contemplar el escenario de una pandemia. De hecho, la propia magnitud de la emergencia actual pone en entredicho si este plan es el modelo adecuado de respuesta, pues históricamente se ha utilizado para atender situaciones geográficamente focalizadas y por espacios de tiempo cortos. Empero, estas preguntas no agotan la discusión. La verdadera falla está en la concepción de las acciones de emergencia como justificante para la intervención de las FFAA como paliativo de las deficiencias de los sistema de protección de las personas y comunidades. En ese sentido, permitir que el Estado mexicano recurra a las FFAA como una solución ad hoc cada que existe una crisis, lejos de representar una oportunidad para que se evalúen las condiciones que permitieron que la situación tomara tal magnitud, proporciona un incentivo para que se no tomen las medidas de prevención que eviten escenarios similares en el futuro en los tres niveles de gobierno. Y este no es el único efecto preocupante. Tal como señalan las citas de las autoridades federales, se fortalece su posición de legitimidad ante la ciudadanía en labores que, aparentemente, son ajenas a la esfera castrista y se socavan los esfuerzos para desmilitarizar la vida pública sin que esto levante suspicacia.

A propósito de estos efectos cabe revisar la propia historia del plan. El DN-III surgió en 1965 bajo el supuesto de que, en determinadas condiciones de desastre, se altera el orden público y las autoridades civiles no son capaces de enfrentarlo por si solas. Por lo tanto, el actor que debía interceder para que dicho control se reestablezca sería Ejército Mexicano7. De acuerdo con documentos citados por Rodríguez Munguía, el objetivo puntual se plantea como “mantener el orden y asegurar el buen gobierno, o restablecerlo a la brevedad posible, en caso de que así se haga necesario”8. A la par de esta labor, el despliegue tendría también la función de estrechar los “vínculos de afecto” entre las FFAA y la población para “mantener el prestigio del gobierno” y minimizar “los efectos físicos y morales del desastre”. Esto significa, que desde la concepción del DN-III, existen objetivos militaristas y de propaganda que corren en paralelo al de auxiliar a la población. Más aún, el contexto bajo el que se concibió el Plan es de suma relevancia. Durante los 60 y los 70, el Ejército tuvo un papel preponderante en la supresión de movimientos sociales que gobiernos de esos años trataron como amenazas a la seguridad. Por ello, es importante diferenciar lo que se comunica del plan DN-III, como las citas a las que hago referencia en este texto, y lo que relamente implica dicho plan en cuanto al orden y control social de determinadas comunidades.

A la luz de las citas que rescato de las autoridades federales, es evidente que hay una disposición en el imaginario público a pensar en “lo militar” sin discutir su presencia en terrenos supuestamento ajenos a la violencia diaria. Esta disposición se apoya en la construcción de metáforas espaciales en las que “lo militar”, y “la guerra” como su esfera de acción, se percibe como un terreno muy alejado de la cotidianidad. Es decir, “la guerra” y “lo militar” son eventos o espacios delimitados, con un principio y un final claramente discernibles. De forma similar a las narrativas de emergencia, esta separación ha sido cuestionada en corrientes de seguridad críticas9. “La guerra” se manifesta como una presencia, no un evento, y tiene efectos profundos en el día a día, por ejemplo en la construcción de una identidad nacional. La militarización no significa que hombres y mujeres se conviertan en soldados y participen en un conflicto armado; es un proceso generalizado y pernicioso donde las acciones se juzgan efectivas según parámetros militares10. La militarización es, por tanto, una herramienta de inversión en valores militares. Esta discusión es relevante a la luz de que el avance de la militarización en México ha sido señalada como el punto de inflexión en los niveles de violencia y el detrimento de la seguridad personal de sus habitantes. Sin embargo, como señala la tajeta informativa de la SSCP: aparentemente hay una forma de militarización que se elige no señalar.

La participación de las FFAA, es específico del Ejército Mexicano, en la respuesta al COVID-19 representa, en efecto, la militarización de la respuesta del Estado que tiende a favorecer la posición del gobierno federal. Estas labores tienen, por un lado, un propósito de enaltecimiento nacionalista que es cuestionable por motivos que quedan fuera del alcance de este ensayo; y, por otra parte, pretenden externalizar las responsabilidades de un sistema de proteción que está mal equipado para proteger a la seguridad de las personas. Al igual que con otras situaciones de emergencias o desastre, el COVID-19 magnifica las deficiencias de nuestro sistema político, social y económico11. La deficiente preparación de los Estados ante la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto que las críticas a los enfoques tradicionales de la seguridad internacional siguen siendo acertadas.

5. Infografía

A la luz de los devastadores efectos humanos de la pandemia, planteo dos cuestionamientos para el gobierno mexicano:

  1. ¿Cuáles son las medidas que garantizan que las condiciones que lo empujaron a desplegar a las FFAA para contener los efectos de la pandemia se atenderán?
  2. ¿Cuáles son los mecanismos de justicia y reparación de daño que se han implementado tras los incidentes de violencia en los que se ha visto involucrada la Guardia Nacional en su despliegue de apoyo ante la emergencia?
  3. Finalmente, planteo también una pregunta al resto de los mexicanos. Tal como señala el reporte Militarización en la 4T publicado por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana12: ante el protagonismo de las FFAA en la respuesta del Estado a la emergencia, ¿por qué hemos permitido que ocurra casi sin análisis o escrutinio público?
  1. Peoples, C., & Vaughan-Williams, N. (2010). Critical security studies: An introduction. Routledge, Taylor and Francis Group: London and New York, p. 121.
  2. Hudson, N. F., Kreidenweis, A. & Carpenter, C. (2013) “Human Security”, en Critical approaches to security: An introduction to theories and methods. Ed. Laura J. Shepherd. Routledge, Taylor and Francis Group, p. 30.
  3. Secretaria de Gobernación (2020) “Tarjeta Informativa: Acuerdo participación de Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública”. Consultado en: https://www.gob.mx/sspc/prensa/tarjeta-informativa-242374?state=published
  4. Gobierno de México (2020). Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. 18 de marzo. Consultado en: https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-miercoles-18-de-marzo-de-2020?idiom=es
  5. Gobierno de México (2020) Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Consultado en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-lunes-4-de-mayo-de-2020
  6. Naraghi Anderlini, Sanam. “Women, peace and security in the time of corona”, published: March, 25, 2020, https://blogs.lse.ac.uk/wps/2020/03/25/women-peace-and-security-in-the-time-of-corona/
  7. Rodríguez Munguía, Jacinto (2020) “El lado oculto del plan DN-III”, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Disponible en: https://contralacorrupcion.mx/lado-oculto-plan-dn-iii-sedena/
  8. Ibid
  9. Cuomo, C. J. (1996) ‘War is Not Just an Event: Reflections on the Significance of Everyday Violence,’ Hypathia. 11(4): 30-45.
  10. Enloe, C. (2020) COVID-19: “Waging War” Against a Virus is NOT What We Need to Be Doing”. Disponible en: https://www.wilpf.org/covid-19-waging-war-against-a-virus-is-not-what-we-need-to-be-doing/
  11. Caso, F. (2020) “Are We at War? The Rhetoric of War in the Coronavirus Pandemic”. The Disorder of Things. Disponible en: https://thedisorderofthings.com/2020/04/10/are-we-at-war-the-rhetoric-of-war-in-the-coronavirus-pandemic/
  12. López Portillo Vargas, E. y Storr, S. (2020) “Militarización en la 4T”, Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Disponible en: https://seguridadviacivil.ibero.mx/
BIBLIOGRAFÍA
  • Enloe, C. (2020) “COVID-19: “Waging War” Against a Virus is NOT What We Need to Be Doing”. Disponible en: https://www.wilpf.org/covid-19-waging-war-against-a-virus-is-not-what-we-need-to-be-doing/
  • Caso, F. (2020) “Are We at War? The Rhetoric of War in the Coronavirus Pandemic”. The Disorder of Things. Disponible en: https://thedisorderofthings.com/2020/04/10/are-we-at-war-the-rhetoric-of-war-in-the-coronavirus-pandemic/
  • Cuomo, C. J. (1996) ‘War is Not Just an Event: Reflections on the Significance of Everyday Violence,’ Hypathia. 11(4): 30-45.
  • Gobierno de México (2020) Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. 4 de mayo. Consultado en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-lunes-4-de-mayo-de-2020
  • Gobierno de México (2020). Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. 18 de marzo. Consultado en: https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-miercoles-18-de-marzo-de-2020?idiom=es
  • Hudson, N. F., Kreidenweis, A. & Carpenter, C. (2013) “Human Security”, en Critical approaches to security: An introduction to theories and methods. Ed. Laura J. Shepherd. Routledge, Taylor and Francis Group, p. 24-36.
  • López Portillo Vargas, E. y Storr, S. (2020) “Militarización en la 4T”, Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Disponible en: https://seguridadviacivil.ibero.mx/
  • Naraghi Anderlini, Sanam. “Women, peace and security in the time of corona”, published: March, 25, 2020, https://blogs.lse.ac.uk/wps/2020/03/25/women-peace-and-security-in-the-time-of-corona/
  • Peoples, C., & Vaughan-Williams, N. (2010). Critical security studies: An introduction. Routledge, Taylor and Francis Group: London and New York.
  • Rodríguez Munguía, Jacinto (2020) “El lado oculto del plan DN-III”, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Disponible en: https://contralacorrupcion.mx/lado-oculto-plan-dn-iii-sedena/
  • Secretaria de Gobernación (2020) “Tarjeta Informativa: Acuerdo participación de Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública”. Consultado en: https://www.gob.mx/sspc/prensa/tarjeta-informativa-242374?state=published

Incertidumbre en el sistema de justicia mexicano

25 de Junio 2020

1. Sumario

En México, se incrementan los problemas de seguridad humana que se viven ante la inactividad judicial debido a la propagación del virus SAR-CoV2 (COVID-19). La seguridad y la certeza jurídica de las personas físicas y morales están drásticamente afectadas, ya que los procesos judiciales quedaron detenidos en las diferentes ramas del derecho (civil, penal, familiar, administrativo, mercantil, laboral, entre otros).

Esta inseguridad jurídica causa afectaciones de carácter patrimonial y por consecuencia, problemas económicos y sociales ante la imposibilidad de hacer valer los derechos que el Estado garantiza.

Los poderes judiciales de las entidades federativas, a excepción de Guerrero, están privilegiando el trabajo de tramitación urgente de los asuntos relacionados con una vida libre de violencia y acceso a la justicia para las mujeres, para la familia, con la finalidad de prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes, y demás asuntos que afecten el interés superior de los mismos.

Estas estrategias permiten iniciar los procesos o dictar una o más medidas que beneficien la seguridad del caso urgente que se presente; pero solo se puede dar continuidad a los procesos judiciales cuando existe una igualdad procesal de las partes durante todo el proceso. Un ejemplo de lo anterior es el derecho de audiencia. Los intervinientes deberán estar en condiciones similares para poder presenciar de manera virtual y así desarrollar la audiencia; es decir que, deben de contar con el equipo tecnológico que les permita estar en contacto con todos los actores que participen en la audiencia.

Desde hace algunos años, los tomadores de decisiones encargados de la impartición de justicia en México han buscado las estrategias para que esta sea pronta y expedita. Ello implica tratar de que se emitan las resoluciones, respetando los plazos y términos que establece la ley, en particular, el artículo 17 constitucional.

Sin justificar la lentitud de los procesos y el rezago que tienen los juzgados, es importante señalar que la carga de trabajo que tienen los diversos tribunales, dependerá de la materia (civil, mercantil, familiar, penal, agrario, entre otras ramas del derecho), del proceso, la clasificación o título del asunto, la entidad federativa, la competencia (local o federal), la organización del personal que labora en los juzgados y en las salas; entre otros factores como la cantidad de recursos humanos, materiales e inclusive de infraestructura física con los que cuenta cada Poder Judicial.

En este sentido, también se debe reconocer que la práctica del litigio, por su misma naturaleza conlleva al uso y aplicación del derecho adjetivo para desarrollar los procesos judiciales en materia, con la finalidad de defender los intereses y los derechos u obligaciones de las personas físicas o morales (los justiciables) que utilicen a la institución judicial como medio para hacerlos valer con base en el planteamiento de una estrategia. Esta se desarrolla en el proceso judicial ante las autoridades competentes (secretarios de acuerdo, jueces, magistrados o ministros), a fin de que puedan determinar una resolución del conflicto que se haya ventilado.

Lamentablemente, no basta con la generación de esas dinámicas y procesos institucionales para que la justicia mejore en nuestro país. Ello se debe a que, en ocasiones, los profesionistas en derecho son quienes utilizan preceptos legales como recurso para entorpecer, dilatar e inclusive suspender el proceso haciendo que los juicios puedan durar inclusive años. Debido a esta situación, no es una sorpresa que la impartición de justicia sea todo menos que expedita.

Este tipo de malas prácticas son las que se llevan a cabo en los juzgados y es el pan de cada día para jueces, magistrados y ministros. La persistencia de estas prácticas es histórica y, por paradójico que parezca, se genera donde se supone se debería garantizar la supremacía y control de nuestra Constitución y de nuestras leyes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos privilegia los derechos humanos lo que conlleva a que los ministros, magistrados y jueces se manejen con apego a la imparcialidad, la independencia, el profesionalismo y la probidad que se requiere al resolver el conflicto o controversia que les ocupa. Sin embargo, en múltiples ocasiones este no se privilegia por lo que se violenta el derecho de los justiciables y, por ende, se vulnera el Estado de Derecho a través de acciones, por ejemplo, de corrupción.

Cabe señalar que esta acción ilegal (la corrupción) se da por parte de algunos profesionales que son el medio para entablar la litis (los abogados), así como de algunos servidores públicos que son los encargados de administrar el proceso legal y de hacer valer los preceptos legales. Esto último no representa algo menor pues al corromperse estos actores, dejan en un completo estado de indefensión a los usuarios del sistema judicial. De esta forma, el Poder Judicial, es “…la única institución esencial para defender el derecho siempre ha sido y todavía es un poder judicial honesto, hábil, preparado e independiente…” (Howard, 1990).

Ante este panorama, la propagación de la COVID-19 supone un obstáculo más para que la justicia sea pronta y expedita, puesto que una proporción importante de la actividad judicial está detenida. En su mayoría, los plazos y los términos legales para continuar los procesos atrasarán y afectarán a miles de personas. Lo anterior agravará la calidad de la justicia que se imparte en México que de por sí, sin considerar los efectos de la pandemia, dista de ser la óptima. Tan solo recordemos a nivel internacional, según el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2016, la calidad de la justicia civil y penal en México se ubica en el lugar 27 de 30 y en el lugar 24 de 30 respectivamente entre los países de América Latina y el Caribe.

Dentro de todas las inseguridades que han prevalecido en México y las que se han sumado por la propagación del virus SAR-CoV2 (COVID-19), los efectos de la suspensión de actividades en la impartición de justicia a nivel local y federal podrían generar una crisis en la esfera de la certeza y seguridad jurídica de la población.

Esta suspensión de los plazos y términos procesales (en su mayoría) fue una determinación que tomó el Poder Judicial de cada entidad federativa de México, y que lo publicaron mediante acuerdos generales emitidos por los consejos de la judicatura competentes, así como el Poder Judicial de la Federación, a mediados de marzo de 2020 (del 15 al 20 de marzo, según la entidad federativa).

Esta emergencia sanitaria provocada por la pandemia del virus SAR-CoV2 (COVID-19), ha dejado las interrogantes: ¿Por qué se detuvieron casi en su totalidad los procesos judiciales? ¿Acaso se detuvieron por la falta de organización, de capacidad técnica y operativa de los trabajadores del Poder Judicial en el manejo de tecnologías de información y comunicación (TICs)? ¿Tuvo algún impacto la falta de actualización y capacidad tecnológica en los sistemas judiciales en México?

De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2019, sabemos que los tribunales superiores de justicia en todas las entidades federativas cuentan con los recursos materiales como equipos de cómputo e impresoras que pudieran servir para facilitar y/o agilizar los procesos judiciales. Por ejemplo, destaca que las entidades que cuentan con más equipos de este tipo son: Ciudad de México 10 230; Estado de México; 6 040; Veracruz 3 872; Chihuahua 3 470; Guanajuato 3 865; Nuevo León 3 196. En cambio, los que tienen un menor número de equipos de cómputo son: Tlaxcala 717; Nayarit 925; Colima 603, Campeche 753, Baja California Sur 882 y Aguascalientes 892. Las restantes entidades federativas su promedio de equipos de cómputo son de 1,700 equipos.

En cuanto a equipo informático de servidores, en los tribunales superiores de justicia de las 32 entidades federativas, quienes cuentan con más servidores informáticos son: Ciudad de México con 224, Veracruz con 157, Tamaulipas con 150, Sinaloa 135, Chiapas 116. Mientras que las entidades con menos equipo de este tipo son: Tlaxcala 9, Durango 10, Campeche 11, Coahuila 16, Jalisco 13, Morelos 24, Colima 25, Michoacán 26, Yucatán 27, Guerrero 29. Las entidades federativas restantes cuentan con en un promedio de 50 equipos informáticos de servidores.1

Equipos de cómputo en los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales estatales 2018
Servidores en los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales estatales 2018

Considerando la cantidad de trámites que llevan a cabo2, sabemos que hay una importante diversidad geográfica de las capacidades tecnológicas de resolución. Mientras que en algunas entidades los poderes judiciales están saturados al reunir casi 4 mil trámites por computadora (Nuevo León), en otros, el censo reporta 1 trámite por computadora (Guerrero). Si observamos el panorma general es posible identificar que, en promedio, los poderes judiciales reportan 534 trámites por computadora. ¿Esta capacidad tecnológica es la adecuada para la carga de trabajo de las instituciones de impartición de justicia?

Cualquiera que sea la respuesta que tengamos de las interrogantes planteadas; México vive una suspensión de actividades judiciales y se ha detenido el proceso en las resoluciones de conflictos en materia civil, mercantil, familiar y penal, entre otras ramas del derecho. Lo anterior supone un alto riesgo para la seguridad humana de los habitantes de México, ya que principalmente los factores afectados son: patrimoniales, económicos (cumplimiento o recisiones de contratos, pagos), sociales (impunidad, orden y cuidados en lo familiar), por lo que la estabilidad social y el ejercicio de derechos se ve en riesgo.

El Poder Judicial de la Ciudad de México intentó responder a esta problemática al permitir la recepción de demandas y escritos iniciales, con previa cita electrónica, acudiendo únicamente la persona autorizada. Cabe mencionar que en las citas dejan un margen de tiempo entre cada una de estas, y en la entrega de un máximo de dos demandas o escritos iniciales por persona.

Por su parte, el Poder Judicial del Estado de México anunció un taller con cupo limitado para los abogados litigantes con el objetivo de poder llevar los procesos judiciales vía remota a través de las tecnologías de información y comunicación. Otras estrategias y líneas de acción de los demás poderes judiciales también están en marcha.

Sin embargo, es necesario precisar, que cualquiera que sea la estrategia tomada, difícilmente pueden hacer prosperar el desarrollo de los procesos judiciales con estas implementaciones sin afectar principios fundamentales; por ejemplo, el de igualdad procesal. De acuerdo con la Tesis Aislada Constitucional3, “…la igualdad procesal de las partes, inmersa en el derecho al debido proceso, está íntimamente relacionada con el derecho de contradicción y constituye el núcleo fundamental del derecho de audiencia que consiste, en esencia, en que toda petición o pretensión formulada por una de las partes en el proceso, se comunique a la contraria para que ésta pueda prestar a ella su consentimiento o formular su oposición…”.

Asimismo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) solicitó a los 32 poderes judiciales tomar las medidas necesarias a efecto de que existan juzgados de guardia en todos los distritos judiciales que permitan la tramitación urgente de los asuntos relacionados con una vida libre de violencia y acceso a la justicia para las mujeres; por lo que se debe entender que: en materia familiar, los casos urgentes son con la finalidad de prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes, así como atender asuntos que afecten el superior interés de estos últimos.

Cabe señalar que la CONAVIM reporta que el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero fue la única entidad federativa que no aplicó ninguna medida de protección a mujeres que viven violencia. Esta aparente falta de acción, no es un tema menor ya que en lo que va de 2020 en Guerrero, hay 9 víctimas de feminicidio, 55 de homicidios y 458 mujeres de lesiones dolosas, entre otros delitos.

Por otra parte, los Tribunales Superiores de Justicia de Aguascalientes, Guerrero, Nayarit, y Sinaloa, no han adoptado ninguna medida para proteger el interés superior del menor.4

En materia penal, se estableció que “…los órganos jurisdiccionales en materia penal y jueces y Juezas del Sistema Procesal Penal Acusatorio (Control, Ejecución y Tribunal de Enjuiciamiento), incluyendo Justicia para Adolescentes, así como la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, y las Unidades de Gestión Judicial y Unidades de Gestión Judicial Especializadas, quedan exceptuados de dicha ampliación de suspensión…”(Acuerdo 03-15/2020), tratándose de plazos constitucionales y casos urgentes, por lo que se tomaron medidas preventivas para no interrumpir en su totalidad la debida administración de justicia.

A pesar de los esfuerzos emprendidos por diversos poderes judiciales de cada entidad federativa, el grueso de la población que se encuentra en un proceso judicial se enfrenta a una situación de incertidumbre. Recordemos que el presentar una demanda y/o denuncia y el asignar un número de expediente o de carpeta de investigación solo representa la parte inicial de cualquier procedimiento legal. Los que ya existen y se encuentran sin impulso procesal por los acuerdos generales emitidos por los consejos de la judicatura de las entidades se caracterizarán por más inseguridad.

Un aspecto a destacar es que los asuntos quedan congelados, por lo tanto, al normalizarse todos los plazos y términos continúan exactamente como se encontraban. Por ejemplo, si la suspensión por la pandemia se inició el 15 de marzo y un término para subsanar una deficiencia jurídica dictada por la autoridad fenecía el 15 de marzo, todo continuará igual, solo que será el primer día que reanuden las actividades judiciales.

Por ende, se deben contemplar acciones emergentes para paliar estos efectos cuando el Estado carece de la infraestructura suficiente, y tampoco cuenta con los mecanismos para subsanar esta inseguridad humana desde su marco legal. Ante esta crisis de pandemia, es importante que los poderes judiciales tengan una estrategia a fin de brindar la debida seguridad jurídica y seguridad humana a los justiciables, y evitar así afectaciones económicas, un incremento en la corrupción, y un estado vulnerable a la criminalidad.

Todo momento de crisis también representa una oportunidad de aprendizaje. Bajo esta perspectiva, en los poderes judiciales sería deseable diseñar e implementar una base de datos, como lo tienen en materia penal, con información general de los abogados litigantes, y demás profesionistas que participan en el desarrollo del proceso, a fin de poder notificarlos de las diligencias que pueden continuar y reducir el número de afectaciones en los justiciables principalmente.

En este gran reto, deberán involucrarse para vigilar y apoyar en los alcances como justiciables a los servidores públicos de los Poderes Judiciales, a fin de evitar las malas prácticas de litigio, evitar y denunciar la corrupción de particulares y/o autoridades y servidores públicos.

La sociedad debe tener la certeza en su seguridad personal y jurídica, donde el Estado y sus instituciones no permitan más impunidad. El Estado a través de sus instituciones encargadas de la seguridad pública y su prevención, la procuración e impartición de justicia, deben garantizar el respeto a los principios rectores de las leyes procesales mexicanas, así como la seguridad humana en los usuarios y sus trabajadores de las instituciones públicas, contemplando un sistema mixto (presencial y Tic´s) para desempeñar sus funciones; reduciendo las gestiones burocráticas y administrativas ya detectadas en la práctica cotidiana, antes del confinamiento.

Para esto, se debe tener la capacitación, la logística e infraestructura dentro de cada uno de los poderes judiciales, para enfrentar el rezago de trabajo en materia de impartición de justicia, que ha provocado el confinamiento; y a su vez el poder legislativo debe crear y reformar leyes que regulen y establezcan la impartición de justicia virtual.

4. Infografía
  1. Los equipos de cómputo incluyendo sus servidores, ¿cuentan con la capacidad y seguridad suficiente para llevar a cabo audiencias virtuales?
  2. El personal encargado de desarrollar las audiencias, ¿cuenta con las habilidades de poder hacer una interconexión entre los participantes en una audiencia para desarrollarla de manera virtual?
  3. De cara a la nueva normalidad, ¿ya existe una propuesta homologada para evitar la parálisis de la actividad judicial? ¿Cómo operará? ¿De qué forma se prevé evaluarla?
  4. ¿Quiénes son los encargados y responsables de prever los riesgos de esta índole de pandemias en el poder judicial de su localidad?
  5. En caso de retomar las actividades judiciales en los juzgados y en las salas de los tribunales, ¿qué medidas sanitarias tomarán para captar y atender a los usuarios dentro de los juzgados?
  1. https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/default.html#Tabulados
  2. El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal contempla diversos tipos de trámites como: orientación y/o asesoría en mediación o justicia alternativa en las diversas materias, solicitud de pensión alimenticia, registro de usuario y/o consulta de expedientes electrónicos, expedición de copias certificadas y/o devolución de documentos, consulta y/o expedición de copias simples de expedientes, consulta de archivo y/o biblioteca, expedición de constancias de no antecedentes penales, registro de abogados, registro de título y/o cédula profesional, registro de peritos, ingreso al servicio de carrera judicial, solicitudes de orientación y/o asesoría jurídica, solicitud de defensoría pública, quejas y denuncias administrativas, servicio social y prácticas profesionales, solicitud de servicios de información estadística, solicitudes de servicios al Servicio Médico Forense u homólogo, solicitud de servicios periciales u homóloga, recepción de demandas, contestaciones, exhortos, promociones y documentos para inicios de juicios, suscripción, venta y/o consulta al boletín electrónico judicial, inscripción a cursos extraacadémicas, publicación de edictos, convivencias familiares y visitas guiadas.
  3. https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2018777&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
  4. https://www.gob.mx/conavim/documentos/tribunales-superiores-de-justicia-ante-contingencia-por-pandemia-covid-19
Bibliografía
  • Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos.
  • HOWARD. Mcllwain, “Costituzionalismo antico e moderno”. Editorial. Mulino. Viterbo, Italia. 1990
  • INEGI. “Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2019”. México 2019.
  • SALAZAR, Pedro. “La corrupción en el poder judicial en México”. https://imco.org.mx/indices/la-corrupcion-en-mexico/capitulos/analisis/la-corrupcion-en-el-poder-judicial-en-mexico-un-mapa-de-riesgos
  • Tesis Aislada Constitucional. “Principio de igualdad procesal. Sus alcances”. Décima Época de la suprema Corte de Justicia de la Nación. 07/ 12/2018.
  • VILLANUEVA, Armando “La responsabilidad civil del abogado derivada de su intervención como tal en litigios patrimoniales”. Biblioteca jurídica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. 2007.
  • ZAPATA, Pablo. “El futuro del sistema judicial en México”. https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-judicial/article/view/8539/10539
Páginas electrónicas
  • https://www.gob.mx/conavim/documentos/tribunales-superiores-de-justicia-ante-contingencia-por-pandemia-covid-19
  • https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2018777&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
  • https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/default.html#Tabulados

SECCIÓN

Seguridad Ambiental


COVID-19 y la seguridad ambiental en México

03 de Agosto 2020

1. Sumario

La irrupción del COVID-19 en nuestras vidas nos ha expuesto a un sinfín de riesgos vulnerando nuestra seguridad humana. La falta de seguridad ambiental ha impactado profundamente en distintas esferas de nuestra cotidianeidad. Un elemento natural, como lo es un virus, ha mostrado su capacidad para encadenar una serie de amenazas que nos colocan en una situación de vulnerabilidad, sobre todo para los sectores más desfavorecidos. La pandemia ha demostrado reducir nuestra seguridad en materia de salud, en economía, en nuestra integridad personal, en nuestra alimentación, en lo comunitario y en nuestros derechos políticos.

La seguridad humana, como un concepto constituido por distintas dimensiones, nos ayuda a identificar las amenazas a las que estamos expuestas las personas y la manera en que están relacionadas. Por ejemplo, una crisis ambiental ha comprometido a las economías de gran parte del mundo, lo que ha impactado en el ingreso de miles de familias y ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria y económica de sus integrantes.

Desde otra perspectiva, la seguridad humana nos asiste para entender que las afectaciones al medio ambiente podrían promover la emergencia de otras amenazas. La pandemia por el COVID-19 es una muestra muy precisa de que las distintas dimensiones de la seguridad humana han sido trastocadas. La evidencia sugiere que, si las personas continúan con la misma relación con el medio ambiente, es posible que las condiciones extraordinarias experimentadas en los últimos meses se repitan una y otra vez en un futuro no muy lejano.

Si la seguridad humana busca mantener nuestras libertades frente a las privaciones, frente al miedo y permitirnos actuar en nombre propio, la relación con la naturaleza resulta ser crucial no solo para que los diferentes tipos de seguridades se mantengan, sino que se amplíen. Fortalecer la seguridad ambiental, para estar protegidos de los eventos naturales y de los riesgos creados por los seres humanos, es una parte esencial para superar los miedos y la incertidumbre experimentada todos los días al saber que un virus atenta contra la vida de quienes nos rodean y de nosotros mismos.

En el caso de nuestra realidad más cercana, la seguridad humana de los mexicanos, en su dimensión ambiental, ha estado bastante comprometida previo a la aparición del COVID-19. En la agenda de los distintos gobiernos, la idea de garantizar el derecho a un medio ambiente protegido y promover un desarrollo sustentable ha quedado supeditada a los beneficios inmediatos, tanto económicos como políticos. Por si fuera poco, el futuro pos-pandemia parece no modificar la agenda de prioridades, todo indica que las lecciones de la actual crisis serán prácticamente nulas y se seguirá apostando por modelos de desarrollo que privilegian la lógica de depredación de los recursos disponibles, sin reparar mucho en sus impactos y, por tanto, en el futuro de la seguridad de las personas.

La definición del concepto de seguridad humana va más allá de la perspectiva de la defensa del Estado y del territorio (Chanona, 2016). Las concepciones convencionales de seguridad han demostrado tener límites, luego de que las amenazas tienen como fuente distintos orígenes: no basta con identificar que son enemigos externos (otros estados nacionales) o son enemigos internos (delincuencia organizada). De igual forma, resulta insuficiente ubicar que los sujetos de la (in)seguridad son los Estados -y sus instituciones, pues en última instancia son las personas las que quedan expuestas a un abanico de amenazas (Chanona, 2016; Peña, 2011).

En este ejercicio de repensar e identificar las amenazas que atentan contra nuestra seguridad, la irrupción del COVID-19 muestra por lo menos dos situaciones. Por un lado, que un virus, como expresión de la inseguridad ambiental, nos ha puesto en una situación de alerta permanente frente a muchos riesgos desencadenados en esta pandemia. Por el otro, que un fenómeno provocado por la intervención en la naturaleza al mismo tiempo transgrede las distintas dimensiones de la seguridad de las personas, a saber, la seguridad económica (debido al crecimiento del desempleo de la parálisis productiva de meses), la seguridad política (por ciertos excesos de la autoridad para mantener el confinamiento) o la seguridad de la salud (producto de la incapacidad de los sistemas de salud para hacer frente al virus y otros padecimientos).

Para ejemplificar lo anterior, debemos indicar que la falta de seguridad ambiental responde a dos situaciones, la primera es a la propia actividad de la naturaleza y, en segundo lugar, a las actividades del ser humano. En la primera instancia, fenómenos naturales como huracanes, sismos o erupciones pueden colocarnos en una situación de vulnerabilidad (Chanona, 2016). Las aglomeraciones humanas que se han asentado en zonas altamente sísmicas o en zonas costeras que permanentemente son afectadas por huracanes, son ejemplos de cómo la naturaleza puede afectar la seguridad humana.

Del otro lado, las actividades del ser humano también producen situaciones que reducen nuestras distintas dimensiones de nuestra seguridad. De hecho, estas se muestran potencialmente más peligrosas para la seguridad humana, pues sus impactos son aún incalculables y en muchos casos no hay patrones temporales ni espaciales definidos acerca de sus afectaciones. El calentamiento global, por ejemplo, ha propiciado una serie de problemas que ha expuesto a millones de personas a distintos tipos de amenazas en diferentes partes del mundo. La amenaza más inmediata es a las enfermedades, pues debido a la contaminación atmosférica, producto de la actividad productiva y del uso intensivo del automóvil, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada año mueren en todo el mundo 7 millones de personas (OMS, 2014).

Mención aparte merece el incremento de las enfermedades que pasan de los animales a los humanos -llamadas enfermedades zoonóticas- como consecuencia del aumento de la deforestación de importantes zonas selváticas. Desde la segunda mitad del siglo XX bastante evidencia científica se ha acumulado en relación con que el incremento de enfermedades como la malaria, el zika, el dengue o el paludismo está relacionado a la deforestación que ha modificado los ecosistemas (Wilcox y Ellis, 2006). Hasta el día de hoy, la mayoría de los indicios sobre el origen del COVID-19 sugieren que la alteración humana de ciertos ecosistemas -y una mayor convivencia con sus faunas- pudo ser lo que generó un virus que cambió drásticamente nuestra realidad.

En México, también los efectos de la actividad humana ponen en riesgo las distintas dimensiones de la seguridad de las personas, en especial, la salud. De acuerdo al Reporte Mundial de la Calidad del Aire, en 2018, México ocupó el lugar número 33 con mayor contaminación del aire y cinco de las 15 ciudades más contaminadas de Latinoamérica, son mexicanas (IQ Air, 2019). De acuerdo con algunas estimaciones, cerca de 15 mil personas mueren en nuestro país como consecuencia de esta problemática.

Por otra parte, estas mismas actividades también han promovido la consolidación y expansión de enfermedades zoonóticas en nuestro país. Según investigadores nacionales, mientras en el norte del país se presentan con mayor frecuencia padecimientos que son transmitidos por algunos mamíferos, en el sur las enfermedades emergentes transmitidas por mosquitos han reportado mayor incidencia. En ambas regiones, la alteración de los ecosistemas, a través de la deforestación, la modificación de usos de suelo y la introducción de especies exóticas han tenido un efecto que pone en riesgo la salud de las personas que habitan estas zonas (Gutiérrez, 2020).

En este lienzo de problemas ambientales e implicaciones a la seguridad, es donde se está presentando la pandemia por COVID-19 en México. La seguridad humana en su dimensión ambiental se ve más comprometida respecto a otros países si tomamos en cuenta que el gobierno federal, y en muchos casos las administraciones locales, poco han realizado por fortalecer la defensa del medio ambiente. En el caso del gobierno federal, desde hace cinco años ha reducido de manera considerable los recursos para la protección ambiental, lo cual comprime los márgenes de acción para atender los riesgos. Por ejemplo, entre 2015 y 2020 el presupuesto para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SERMANAT) tuvo una reducción del presupuesto de 56.05%, en tanto que 2018 a 2020 la disminución de sus recursos fue del 20.52%. En el caso de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, adscrita a esta misma secretaria, su presupuesto fue reducido en 23.19% (SERMANAT, 2020).

Durante el confinamiento de un porcentaje importante de la población, se han planteado escenarios alentadores acerca de la recuperación del medio ambiente, toda vez que las actividades productivas han dado tregua al ritmo de consumo de recursos acostumbrado, sin embargo, estas interpretaciones parecen no sostenerse. En los últimos meses, al igual que en otras partes del mundo, en los medios de comunicación nacionales, y en las redes sociales, se han difundido imágenes de especies animales acercándose a espacios urbanizados o de ecosistemas que presentan características que hace muchos años no se observaban, con esto se sugiere que la pandemia ha tenido un efecto de recuperación del medio ambiente. Con todo, lo cierto es que estas imágenes son solo momentos quiméricos, pues una vez que las actividades regresen a su normalidad, los patrones de consumo se mantendrán e intensificarán (Lezama, 2020).

Además, no debemos perder vista que están emergiendo otras prácticas de consumo como respuesta inmediata para evitar la propagación del virus. Con ello, también se terminará afectando nuestra seguridad ambiental: el uso de los plásticos de un solo uso volvieron a extenderse en la actividad comercial bajo el supuesto que esto podría reducir los contagios; la cantidad de desechos domésticos se multiplicaron, producto de la alta demanda de comida a domicilio y de los servicios de paquetería; sin dejar de mencionar que los residuos sanitarios y médicos aumentaron ¿Quién en las últimas semanas no ha visto cubre bocas tirados en las calles?. Si bien los efectos de estas prácticas emergentes de consumo aún no son visibles, y tampoco son parte de un amplio debate público, lo cierto es que tampoco hay un pronunciamiento o una estrategia bien definida por parte de las autoridades sobre la forma en que se deban tratar los residuos que se están generando de las rutinas de la “nueva normalidad”.

Por tanto, podemos advertir que la alteración de distintos ecosistemas se profundizará respecto a lo que hemos visto en las últimas décadas. La urgencia por establecer las bases de una “nueva normalidad” se limita a reactivar e incrementar la producción-consumo, sin que los distintos actores del país distingan que, precisamente, esa lógica nos llevó a la situación de mayor inseguridad en muchas décadas.

En estas condiciones, de seguir la ruta sin cambios, es muy seguro que algunas de las dimensiones de la seguridad humana de los mexicanos se vean afectadas. De esta manera, no solo quedaremos expuestos a los riesgos de los deterioros medioambientales, sino a la enfermedad, la crisis económica, la falta de seguridad pública, entre otras. Una especie de onda expansiva de efectos indeseables en las distintas aristas que comprenden la seguridad humana.

Ciertamente, la seguridad de la salud será, en primer lugar, la que presente los resultados más críticos, pues en ello va la vida y salud de muchos mexicanos. Los indicadores oficiales cambian día con día, pero todavía no hay certezas sobre cuándo observaremos la reducción sostenida de los contagios y muerte como ocurrió ya en otras latitudes. Los impactos de este virus -conjugado con la falta de atención a otros padecimientos- parecen no tener un límite definido, pues de continuar con las condiciones de alteración de ciertos ecosistemas, es decir, de generar crecimiento económico bajo los parámetros convencionales, es posible que muchas personas sigan enfermando y perdiendo la vida.

Otra dimensión de la seguridad severamente afectada, sin duda alguna, será la económica. De acuerdo a distintos escenarios en nuestro país se podrían perder millones de empleos. Según Aguilar (2020) el escenario más probable es que se pierdan poco más de 3 millones 200 mil plazas tanto en el sector formal como informal. Para mayo 2020, a más de dos meses iniciar la cuarentena, se han perdido más de un millón de empleos formales según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Frente a este escenario, el reto es apostar a otro tipo de alternativas de crecimiento que no implique una profunda modificación de los ecosistemas, esto es, mejorar la dimensión ambiental de la seguridad ajustando los medios para promover el bienestar material de la población. Los grandes proyectos que descansan en la alteración de los ecosistemas y del uso los combustibles fósiles como principal fuente de energía, deberían ser reajustados en las condiciones vigentes. De mantenerse, lo más probable será que una crisis ambiental siga generando más desempleo, y otros fenómenos indeseables como puede ser la migración masiva. En tanto, en el futuro inmediato de nuestro país, la posibilidad de que las personas que perdieron su empleo tengan un ingreso económico por encima de la línea de pobreza se distingue muy complicada.

En paralelo, esta crisis de origen ambiental tendrá un efecto en la seguridad personal. Si bien es cierto que varios de los delitos denunciados expresaron una baja entre marzo y mayo del 2020 con respecto a meses previos, en junio ya se observa un crecimiento importante del conjunto de los delitos del fuero común (ONC, 2020). Así, es posible que en el corto plazo la mayoría de los delitos manifiesten un crecimiento una vez que el confinamiento se vaya despresurizando. En el marco del debilitamiento de las instituciones económicas, que implica la ampliación brecha entre objetivos deseados y los medios para alcanzarlos, es posible que ciertas actividades delictivas comiencen a crecer de manera considerable (Huertas, 2010). Como podemos ver la inseguridad ambiental está generando una serie de reajustes en las estructuras económicas y sociales que también se decantará en una mayor inseguridad física y material.

En conclusión, este periodo extraordinario que estamos viviendo seguirá repitiéndose en caso de no tomarse medidas adecuadas para el cuidado del medio ambiente. De no hacerse algo al respecto, varias de nuestras seguridades se verán comprometidas. Aunque evidentemente deben fortalecerse las otras dimensiones de la seguridad humana, esto no debe ser en detrimento de la ambiental. Los actores no estatales deben seguir insistiendo para influir sobre aquellos que toman las decisiones en el ámbito local y nacional, a fin de que el crecimiento económico no vaya en perjuicio de lo ambiental. Sin embargo, del otro lado, desde nuestras propias prácticas de consumo, tenemos la responsabilidad de promover un ambiente saludable. Procurar una mejor seguridad ambiental a las generaciones venideras es lo mínimo que nos exige el momento actual.

4. Inforgrafía
  • ¿Existe una narrativa del gobierno federal que explique la forma en que los problemas ambientales pueden afectar la seguridad humana de los mexicanos? Y en caso de tenerse ¿Cuál es?
  • ¿De qué manera instancias gubernamentales, en sus distintos niveles, garantizan el derecho al medio ambiente sano y el desarrollo sustentable como medios de mejora de las condiciones de seguridad humana de la población mexicana?
  • ¿Cuál es el orden de prioridad del cuidado del medio ambiente en la elaboración de los planes de contingencia causados por el COVID? ¿En qué instrumentos o acciones gubernamentales se observa este nivel de prioridad?
  • ¿Qué acciones se han implementado desde los distintos niveles de gobierno para reducir el impacto ambiental provocado por el incremento de desechos no reutilizables durante el periodo de pandemia?
  • Aguilar, Javier (2020). México: efectos del COVID-19 en el mercado de trabajo. Visitado 21 de julio 2020. En: https://www.iis.unam.mx/blog/mexico-efectos-del-covid-19-en-el-mercado-del-trabajo/
  • Chanona, Alejandro (2016). “La seguridad ambiental y la seguridad humana: acercamientos y convergencias” en Connelly, Marisela (Coordinadora), Seguridad humana, medio ambiente y protestas populares en Asia y África del Norte, El Colegio de México, México, 2016, 278 pp. Estudios De Asia Y África, 52(1), 203.
  • Connelly, Marisela (Coordinadora) (2016), Seguridad humana, medio ambiente y protestas populares en Asia y África del Norte, El Colegio de México, México, 2016, 278 pp. Estudios De Asia Y África, 52(1), 203.
  • Gutiérrez, Roberto (2020). Cambio climático y deforestación, causas de enfermedades emergentes. Visitado el 7 de junio 2020. En: https://www.gaceta.unam.mx/cambio-climatico-y-deforestacion-causa-de-enfermedades-emergentes-en-mexico
  • Huertas Díaz, Omar. (2010). Anomia, normalidad y función del crimen desde la perspectiva de Robert Merton y su incidencia en la criminología. Revista Criminalidad, 52(1), 365-376. Retrieved June 12, 2020, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082010000100010&lng=en&tlng=es.
  • IQ Air (2019). 2018 World Air Quality Report. Region & City PM 2.5 Ranking. Visitado el 7 de junio 2020. En: https://www.iqair.com/world-most-polluted-cities
  • Lezama, José (2020). ¿Es el coronavirus una venganza de la naturaleza?. Visitado el 15 mayo de 2020. En: https://medioambiente.nexos.com.mx/?p=285
  • Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) (2020). Observatorio interactivo de incidencia delictiva. Visitado el 22 de julio de 2020. En: https://delitosmexico.onc.org.mx
  • Organización Mundial de la Salud (OMS) (2014) “7 millones de muertes cada año debidas a la contaminación atmósferica”. Visitado el 3 de junio de 2020. En: https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/es/
  • Orgaz, Cristina (2019) ¿Qué es el Corredor Seco y por qué está ligado a la pobreza extrema en casi toda Centroamérica?. Vistado el 3 de junio de 2020. En: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48186820
  • SERMANAT (2020). Presupuesto asignado a la SERMANAT por unidad administrativa. Visitado el 7 de junio de 2020. En: http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D4_GASTOS01_03&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREANIO=*
  • Wilcox, B.A y Ellis B (2006). Los bosques y la aparición de nuevas enfermedades infecciosas en los seres humanos. Visitado el 3 de junio de 2020. En: http://www.fao.org/3/a0789s03.html.

SECCIÓN

Seguridad Económica


Seguridad económica en México: perspectivas desde la informalidad

13 de Julio 2020

1. Sumario

Decenas de países están apenas experimentando los efectos económicos de las medidas de confinamiento ocasionadas por la emergencia sanitaria. Las perspectivas económicas previas a la pandemia señalaban que 2020 sería un año de recuperación en América Latina y el Caribe. Pero, tras los dos primeros trimestres, millones de contagios y muertes a cuesta, el cierre de miles de empresas y el deterioro de casi la totalidad de los indicadores económicos, el pronóstico para 2020 es aciago. Analistas incluso señalan que algunos países tardarán hasta una década en recuperarse de la recesión

Las condiciones de bienestar y la seguridad económica de millones de personas están en riesgo. En las economías emergentes, la informalidad tendrá un papel de suma relevancia durante la recesión. Se sabe que en el corto plazo, las fluctuaciones de la producción y del empleo presionarán a la alza la informalidad. México no es la excepción. Los datos de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo de mayo de 2020 reportaron un incremento de 4.1% de la Tasa de Informalidad Laboral lo que da como resultado un total de 22.6 millones de ocupados en este estatus.

En este artículo, se explora el comportamiento de la informalidad durante las recesiones y crisis económicas previas y se contextualizan a la luz de las condiciones actuales. A su vez, se perfilan algunas de las medidas fiscales y económicas implementadas hasta el momento por el gobierno federal.

Una característica que comparten las economías emergentes es la informalidad entendiendo esta como la colección de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera del marco regulatorio sea este el fiscal, sanitario, de seguridad social u otros (De Soto, 1989).

Desde la perspectiva regional, Loayza (2018) señala que a pesar de que hubo reducciones de la informalidad en el 60% de las economías emergentes entre 2005 y 2015, esta tiende a persistir en el tiempo y a crecer cuando ocurren recesiones (David et. al., 2020).

En términos de las diferencias geográficas, la informalidad laboral tiende a variar entre países de la misma región. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe pueden encontrarse países donde el empleo informal supera el 90% del empleo total y otras, donde este porcentaje apenas alcanza el 25%. A su vez, estas diferencias geográficas también se observan al interior de países. Por ejemplo, en México, la tasa de informalidad laboral de Oaxaca es superior al 70%, pero en Chihuahua, oscila entre un 30 y 40%.

Aunque en el imaginario colectivo, la informalidad resulta fácil de evocar mediante el típico vendedor ambulante en el metro de la ciudad o el puesto de comida de la esquina; la medición y su explicación entraña múltiples dificultades. Para autores como Levy (2018) la distinción entre formal o informal se debe plantear tanto desde la perspectiva del trabajador como desde la empresa y apegarse, en el caso de México, a la definición legal. Además, reitera que la informalidad no es relevante en sí misma, sino en tanto que es el resultado de las interacciones de los actores económicos en un entorno regido por diversas instituciones que, en conjunto con la dinámica del sector formal, implican asignaciones ineficientes de recursos.

Sin entrar en estos vericuetos metodológicos que escapan de los alcances de este artículo, lo que no debemos perder de vista es que la informalidad se manifiesta en el mercado laboral, la composición y estructura de las empresas, las finanzas públicas, la aplicación de la ley, el sistema de pensiones y por ende, en la productividad de los factores y las condiciones generales de bienestar de la población.

Como señalan Loayza et. al. (2009) y Schneider y Enste (2000) existen dos vertientes de causas que intentan explicar porque hay informalidad. Por un lado, se encuentran las causas basadas en fallas regulatorias derivadas de los gobiernos. Una capacidad limitada de hacer cumplir las normas suele fomentar que trabajadores y empresas operen fuera del marco regulatorio con una distribución particular costos y beneficios sociales. Por otro lado, otros encuentran en las brechas de desarrollo la causa de la informalidad. Así, la interacción de factores como el bajo nivel educativo, las carencias de capital físico e infraestructura, entre otros aspectos sociodemográficos resultan en una economía predominantemente informal.

Diversas métricas1 como el Índice Schneider de la Economía Sombra, el Índice de Mercado Informal de la Fundación Heritage, el porcentaje del autoempleo respecto al empleo total y el porcentaje de la población no contribuyente a los esquemas pensionarios respecto al total muestran que respecto a las economías de América Latina y el Caribe, México se ubica en el rango bajo de los primeros indicadores, pero a mitad de tabla del último probablemente por las características legales del sistema de pensiones y del mercado laboral

Otra particularidad señalada por Loayza y Sugawara (2009) es que al comparar México con Chile, los factores institucionales como el orden público y la libertad normativa son componentes que explican que haya más informalidad en México respecto a factores estructurales como la educación y ciertos aspectos sociodemográficos. En cambio, se observó que los factores estructurales tienen un peso más importante al comparar México con Estados Unidos. Estos hallazgos plantean la necesidad de ahondar el análisis.

Por ejemplo, la evidencia más reciente de México planteada por Álvarez y Ruané (2019) sugiere que las distorsiones de la productividad de los factores ocasionadas por la informalidad son considerables tanto desde el punto de vista de las y los emprendedores que deciden establecer una empresa formal o informal como en términos de las decisiones de contratación de trabajadores por parte de las empresas.

En el contexto de la pandemia, la informalidad laboral ha supuesto diversos retos tanto para implementar medidas de confinamiento y de distancia social requeridas por las autoridades sanitarias, como lo supondrá para reactivar la economía en la nueva normalidad.

Asimismo, la presencia de la informalidad generará diferencias considerables entre las economías desarrolladas y en vías de desarrollo que se reflejarán en diversas métricas como la movilidad de la población, la tasa de contagios, los sectores y subsectores económicos más afectados, la dinámica de los mercados laborales, el patrón agregado de la recuperación, la recaudación fiscal, la pobreza, la desigualdad, entre otros factores. En los próximos meses y años, no debemos sorprendernos ante una evolución desfavorable de estas mediciones en países con informalidad persistente.

En este sentido, los retos que enfrentará México en el corto plazo tienen que ver con la relación entre la informalidad y el ciclo económico. De acuerdo con un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) se sabe que ante la presencia de informalidad laboral, las variaciones de las tasas de empleo son menos sensibles ante cambios en la producción. Lo anterior ocurre porque el sector informal absorbe una parte del desempleo lo que le permite a las familias mantener una fuente de ingresos y de relativa seguridad económica en un contexto adverso. La evidencia más reciente apunta que este efecto ya se está observando.

De acuerdo con la más reciente edición de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de informalidad laboral2 incrementó 4.1 puntos porcentuales (1.9 millones de ocupados) respecto a la medición de abril lo que equivale a un total de 22.6 millones de ocupados. Al diferenciar por sexo, se observó que el aumento fue más pronunciado para las mujeres (4.4%).

A su vez, otros indicadores complementarios de esta misma encuesta refieren un incremento considerable. La tasa de ocupación en el sector informal3 incrementó 2.9 puntos porcentuales respecto a abril y se situó en 23.6% de la población ocupada. Se observó que el aumento fue equitativo entre hombres y mujeres.

A pesar de que la función social del sector informal como válvula de escape implica que cientos de trabajadores y sus familias no pierden la totalidad de los ingresos, no debemos olvidar que esta salida conlleva importantes costos sociales que, tarde o temprano, este mismo sector terminará pagando a través de servicios públicos de menor calidad, un sistema de pensiones frágil e inequitativo, entre otras muy diversas formas.

La evidencia histórica apoya esta tesis. Tal como refiere Samaniego (2008), las sucesivas crisis de la década de los ochenta dejaron un importante legado de informalidad que no fue subsanado con la profundización del modelo económico de los noventa. Posteriormente, la crisis de 1995 golpeó a la economía fuertemente tras una contracción de 6.2% del PIB y ocasionó la caída del empleo formal de todos los sectores vinculados con el consumo interno.

Tras la paulatina recuperación de la actividad económica y del empleo, la evolución del sector informal no siguió esta senda debido a los efectos que supusieron la liberalización comercial y la cancelación de millones de empleos en el campo entre 1997 y 20004. Durante la primera mitad del sexenio del nuevo milenio se observó el crecimiento de la economía informal, en parte por la irrupción de China en el mercado de las exportaciones manufactureras de Estados Unidos y la erosión de la ventaja competitiva de la industria maquiladora mexicana. Posteriormente, durante la crisis de 2009-2012 la tasa de informalidad laboral incrementó aproximadamente 1.4 puntos porcentuales y comenzó a disminuir hasta inicios de 2013.

La magnitud del incremento y su persistencia en el tiempo dependerán de qué tanto se contraiga la economía. De acuerdo con los escenarios elaborados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el PIB podría contraerse 7.5% si ocurre un solo brote u 8.6% si hay dos. Las causas que explican esta contracción no se limitan únicamente a las medidas sanitarias sino que provienen del desempeño económico mediocre de 2019 (crecimiento de 0.1% respecto a 2018) y según el FMI, de la ralentización del ritmo de las exportaciones y de la volatilidad del precio del petróleo.

Adicionalmente, la dinámica del empleo prevista por la OCDE no sería favorable ya que la tasa abierta de desempleo alcanzaría un máximo histórico incluso comparada con la tasa del cuarto trimestre de 2009. Para esta organización, los más afectados serán los jóvenes de entre 15 y 24 años porque estos trabajan en los sectores más castigados.

Ante este contexto, el gobierno federal ha implementado una serie de medidas fiscales o pseudofiscales que se desagregan principalmente en ajustes de gastos e ingresos públicos y medidas crediticias a través de la Secretaria de Economía y la banca de desarrollo. Hasta abril, estas medidas representan aproximadamente 1% del PIB de acuerdo con el monitor fiscal del FMI. Respecto a otras economías de América Latina y el Caribe como Chile y Brasil, la magnitud de las medidas fiscales implementadas resultan cuantitativamente inferiores en México ya que en los países referidos, el monto de las medidas asciende a 2.9 y 6.4% respectivamente.

Los créditos a la palabra, medida económica bandera de la administración federal, fueron puestos en marcha por la Secretaría de Economía. Se dirigieron inicialmente a los dueños de pequeñas y medianas empresas para evitar el impago de nómina durante los meses de confinamiento. Posteriormente, a la lista de beneficiarios se integraron trabajadores independientes y del hogar. Al 2 de julio de 2020, se han prestado 16 mil millones de pesos a un total de 641 mil beneficiarios. Cada crédito se paga en 33 mensualidades a una tasa de interés preferencial y el primer pago se efectúa tres meses después.

La fortaleza de este instrumento financiero es permitirle al beneficiario enfrentar problemas inmediatos de liquidez y de cumplir con ciertas obligaciones de corto plazo. En ningún momento, esta medida limita el impacto de la reducción de la demanda y por ende, de los ingresos de las empresas pequeñas y medianas. Es improbable que dada la magnitud y el tipo de choque recesivo, los créditos a la palabra den la cobertura necesaria para proteger a las empresas y los empleos que dependen de estas.

Tampoco debemos olvidar que la apuesta del gobierno federal en turno para lograr la recuperación económica en forma de “palomita” descansa primariamente en la puesta en marcha del T-MEC. Pese a las implicaciones en términos de la consolidación de cadenas de valor entre los tres países y los efectos positivos del comercio internacional, es probable que no rinda los frutos necesarios para contener el crecimiento de las tasas de informalidad dada la magnitud de la crisis y la evidencia empírica más reciente.

Esta señala claramente que los efectos de la liberalización comercial han sido heterogéneos por sector (Ben Yahmed y Bombarda, 2018). El empleo formal de los hombres puede crecer en sectores ligados al comercio exterior, pero no lo hace en sectores desvinculados de este, ni es simétrico para las mujeres. Por lo tanto, depender del T-MEC para reactivar la economía no será suficiente.

Otro conjunto de medidas ampliamente publicitadas recae en los 17 programas sociales impulsados por el gobierno federal administrados por diversas dependencias de este5. Estos programas fueron diseñados e implementados bajo una lógica más territorial que una basada en la delimitación de la población objetivo conforme a las prácticas habituales.

De acuerdo con los hallazgos iniciales de las Evaluaciones de Diseño con Trabajo de Campo 2019-2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el inicio de la operación de muchos de estos programas fue limitado por las carencias de infraestructura física y de recursos humanos así como de diversos cambios en las reglas de operación. También señala que la medición de los avances se está realizando en términos de la entrega de bienes y servicios sin reparar en qué resultado se esperaría observar en la población.

El análisis de este organismo en el contexto de la pandemia obliga a reflexionar sobre cómo estos programas podrían atender las consecuencias del incremento de la informalidad y cómo la operación de estos, puede verse comprometida por el próximo Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. El de por sí ya reducido espacio fiscal del que dispone el gobierno supone que los tomadores de decisión prioricen aquellos programas y proyectos con capacidades para atenuar el impacto económico de la pandemia al menor costo posible.

Para Bosio y Djankov (2020) los programas de transferencia de efectivo prometen ser efectivos dadas las circunstancias actuales. Estos funcionarán mejor en aquellos países donde las tasas de informalidad son muy elevadas y donde otros instrumentos de política, como seguros de desempleo y créditos están condicionados a un empleo formal, tendrían una cobertura sumamente limitada. En el caso mexicano, solo se han adelantado los pagos del Programa para el Bienestar de las Personas Mayores lo que no ha implicado un incremento del monto ni de la frecuencia de pagos.

4. Infografía
  • ¿Por qué se consideró que ya no eran necesarias medidas fiscales y económicas más robustas para contener la recesión?
  • ¿Cómo valora el gobierno federal el crecimiento de la informalidad desde una perspectiva desarrollo económico?
  • ¿Prevé el gobierno federal implementar medidas económicas distintas de los créditos a la palabra como diferimiento de pago de servicios públicos?
  • ¿Cómo se planea modificar los programas sociales para limitar el impacto económico de la pandemia en los años venideros?
  • ¿Cuál consideran que será el grado de morosidad de los créditos a la palabra? ¿Tiene el gobierno federal pensado alguna estrategia para reestructurarlos en caso de impago?
  • ¿Cuál será el impacto del incremento de la informalidad en términos de la recaudación fiscal? ¿De qué forma afectará la programación financiera del PPEF 2021?
  • ¿De qué manera evitarán que la implementación del T-MEC no genere una recuperación asimétrica de los empleos formales por sector y por sexo?
  • En el entendido de que el incremento de la informalidad durante una crisis tiende a persistir varios años, ¿qué medidas adicionales prevé el gobierno para proveer incentivos a la formalización?
  1. Ibid
  2. Esta tasa comprende a los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan así como aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.
  3. Esta tasa considerar a todas las personas que trabajan para unidades económicas que trabajan para unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa, de modo que la actividad en cuestión no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar o de la persona que la dirige y que por lo mismo tiende a concretarse en una escala muy pequeña de operación.
  4. Ibid
  5. Secretaría de Bienestar (3), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (5), Secretaría de Educación Pública (4), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (1), Secretaría de Cultura (1) y Secretaría de Economía (1).
  • Álvarez, J., & Ruane, C. (2019). Informality and Aggregate Productivity: The Case of Mexico. IMF WORKING PAPERS, WP/19/257
  • Ben Yahmed, S., & Bombarda, P. (24 de Junio de 2018). Gender, informal employment, and trade liberalisation in Mexico. Obtenido de VOX CEPR Policy Portal: https://voxeu.org/article/gender-informal-employment-and-trade-liberalisation-mexico
  • Bosio, E., & Djankov, S. (19 de Mayo de 2020). When economic informality is high, cash transfers may be the best Covid response. Obtenido de LSE Business Review: https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2020/05/19/when-economic-informality-is-high-cash-transfers-may-be-the-best-covid-response/
  • Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2020). Hallazgos generales identificados en las 17 evaluaciones de diseño con trabajo de campo 2019-2020. Ciudad de México: CONEVAL
  • David, A., Pienknagura, S., & Roldos, J. (20 de Abril de 2020). El dilema de la economía informal en América Latina. Obtenido de VOX LACEA: http://vox.lacea.org/?q=blog/economia_informal_amlat
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SECCIÓN

Seguridad Política


La seguridad política ante el COVID-19. Comunicación de riesgo y participación ciudadana

03 de Junio 2020

1. Sumario

El avance global de la pandemia del virus denominado COVID-19 ha puesto en jaque las capacidades de los Estados para el manejo adecuado de una crisis sanitaria que ha demostrado ser implacable con los sistemas más avanzados de salud en el mundo. Esto ha implicado poner en el ojo de la opinión pública, las capacidades hospitalarias, las políticas de salud pública en general, así como la resistencia de las economías y corresponsabilidad ciudadana.

En este orden de ideas, la interacción entre las acciones del Estado y la participación de los millones de potenciales víctimas de la infección ha sido trascendental. El objetivo no es solo asegurar la disponibilidad de servicios médicos para atender a las y los infectados, sino también garantizar la implementación de medidas de mitigación que impidan el incremento descontrolado de los contagios. Esto se debe llevar a cabo sin que se genere un estado de parálisis con serias consecuencias económicas y sociales para el país.

En este contexto, la participación ciudadana representa un elemento crucial para la atención de la pandemia. Por ello, el papel de los medios de comunicación es trascendental y los mensajes que transmiten deben presentar el contenido más adecuado en función de que toda persona pueda tomar las mejores decisiones en relación con la prevención y atención de potenciales contagios.

Por estas razones resulta pertinente realizar un análisis del manejo de la comunicación en el contexto de la emergencia sanitaria desde la perspectiva de la seguridad política. Entendiendo esta última como todas aquellas acciones implementadas para el aseguramiento de las libertades y derechos humanos de todas las personas. La idea de la seguridad política en el ámbito de la seguridad humana, implica un enfoque interdependiente en el que se contemple el aseguramiento de derechos como la libre expresión, el acceso a la información y derechos sociales, como el más alto grado de salud física y mental.

En el presente fascículo, se analizan las dinámicas de comunicación de riesgo que impactan directamente en la toma de decisiones de las y los ciudadanos. Además, desde la perspectiva de la seguridad política, se realiza una crítica acerca del papel de los actores tanto estatales como sociales respecto a su corresponsabilidad en el manejo de la pandemia, tomando en consideración los factores que han obstaculizado y/o contribuido para tal fin.

La salud es un derecho humano fundamental consagrado en el párrafo 1º del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el que se contempla el derecho a gozar de un nivel de vida adecuado. Para mayor profundidad, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales Ambientales y Culturarles (PIDESC), en su artículo 12, reconoce el derecho de toda persona al disfrute del nivel más alto de salud física y mental.

Además, la Observación General número 14 del Comité de Naciones Unidas para los Derechos Económicos Sociales Ambientales y Culturales, en el cual se detalla el contenido normativo del artículo 12 del PIDESC, señala que para hacer efectivo el derecho a la salud, los servicios que los Estados ofrezcan para garantizar el mismo, deben presentar diversas dimensiones, dentro de las cuales se encuentra la accesibilidad, y más específicamente, la accesibilidad en términos de la información, la cual comprende:

Para efectos de casos epidémicos y pandémicos como el que vivimos hoy en día, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2005 las Normas de Comunicación de Brotes Epidémicos. En estas, se reconoce que la información dada a conocer mediante los medios de difusión, es un elemento social crucial en los brotes pandémicos y que en los casos más desafortunados, han abonado al retraso del control de los mismos y han prolongado la confusión natural de índole económico, social y político en estas situaciones.

En ese sentido, las normas impulsadas por la OMS tienen como respaldo un análisis de los componentes de comunicación de riesgo pertinentes para casos de brotes pandémicos. Para este organismo, la comunicación de riesgos implica el intercambio de información, asesoría y opiniones entre expertos, funcionarios públicos y las personas que directamente enfrentan riesgos a la salud, con el objeto de que puedan tomar las decisiones más adecuadas y mitigar los efectos del fenómeno pandémico correspondiente. Para ello se deberán implementar las estrategias basadas en los siguientes principios (OMS, 2005):

  • Crear y mantener la confianza.
  • Reconocer y comunicar incluso en situaciones de incertidumbre.
  • Coordinar.
  • Ser transparente y rápido con la primera y todas las comunicaciones.
  • Ser proactivo en la comunicación pública.
  • Implicar e interactuar con las personas afectadas.
  • Usar planteamiento integral.
  • Crear capacidad Nacional, apoyar la responsabilidad Nacional.

Estas normatividades sanitarias internacionales tuvieron su primera oportunidad de implementación durante la epidemia de la llamada “Gripe Aviar”en 2007, y con posterioridad cuando se sucitó la de influenza AH1N1 en 2009. Sin embargo, el manejo que la prensa nacional e internacional realizó de esta última pandemia, generó un ambiente de psicosis y temor entre la población mundial, al mostrar a la enfermedad como un “enemigo” global que exigía la puesta en marcha de severas restricciones a la vida social como forma de “combatirlo”.

Como antecedente inmediato a la actual crisis del COVID-19, es importante analizar la estrategia comunicativa empleada por los medios masivos. Lejos de adherirse a los objetivos marcados por la OMS en relación con la comunicación de riesgos, la prensa optó por construir una narrativa de la epidemia basada en la explotación de las emociones colectivas ante un fenómeno desconocido por las generaciones de finales del siglo XX y principios del XXI.

Al respecto, un estudio realizado por investigadores de la Universdad de Colima en 2011, llevó a cabo un análisis del discurso empleado por los medios de comunicación durante la pandemia de influenza en 2009. Con base en la revisión de notas de dos diarios de mayor circulación nacional, esta investigación detalla como los medios de comunicación informaron del desarrollo de la crisis sanitaria mediante diversas expresiones metafóricas acorde con el imaginario social de la población mexicana con el presunto objetivo aparente de mantener informada a la población (González et al., 2011). El estudio en cuestión muestra que las metáforas empleadas durante la epidemia de influenza tipo A, transmitían una concepción de la crisis sanitaria englobada en las siguientes tipologías generales:

  • Tipología militar: “La epidemia es una guerra y el virus el enemigo”
  • Tipología personificadora: “El virus es una persona con conciencia propia de sus actos”
  • Tipológia de desastre natural: “La epidemia es un desastre cuyo epicentro se ubica en…”
  • Tipología posesiva: “Las personas portan/poseen el virus”

Cabe mencionar que a su vez, estas metáforas se desarrollaron en diversas líneas temáticas que interactuaron entre sí en el discurso mediático y generaron expectativas sobre su impacto social. Algunos ejemplos de las metáforas e interacciones que se generaron narrativamente se presentan en la siguiente tabla.

Metáforas sociales Metáforas económicas Metáforas políticas Metáforas de creencias
“El virus es un Maestro”: La epidemia trajo un espacio reflexivo sobre la realidad nacional que es útil para la toma de decisiones. “La enfermedad es un negocio”: Se especula que los orígenes o los medios para responder a la pandemia, tienen fines de lucro. “El virus es un arma política”: La pandemia de influenza aconteció en una coyuntura política en la que se mantenía latente la controversial victoria del candidato del PAN en 2006 y se perfilaban las elecciones de 2012. En ese contexto, la oposición política criticó el manejo gubernamental de la emergencia sanitaria. “El virus es un ente maligno”: Desde el lenguaje mediático se denomina al virus como un mal. Se le otorga una carga moral al virus como maligno o con características malignas bajo una concepción maniquea del campo biológico.
“El virus es una amenaza social”: El distanciamiento social necesario es exacervado en los medios, se acentúa la incomodidad de mantener la distancia social y se fomentala idea del otro como alguien potencialmente contagioso y, por tanto, peligroso. “El virus es un agente paralizador”: Las medidas de restricción de la convivencia social generaron una pausa en las actividades económicas que generaron impactos importantes. Desde los medios se recalcó constantemente este costo con una perspectiva desoladora. “El virus como agente develador”: El impacto de la pandemia en el ámbito institucional hizo visibles las deficiencias de los distintos mecanismos del Estado responsables de asegurar el bienestar social, principamente aquellos que tienen que ver con la sanidad. “El virus como castigo”: Los medios hicieron explícita la visión de que la influenza era una consecuencia por las acciones realizadas por la humanidad en el pasado. Muchas manipulaban la idea de la sobreexplotación del medio ambiente, mientras que otras posicionaban el discurso de lo sobrenatural.
“El virus es un agente estigmatizador”: Dado que la pandemia se originó en México, ocurrieron en el mundo expresiones de rechazo hacia los mexicanos por considerarlos naturalmente portadores del virus. “El virus es costoso económicamente”: Durante el 2009, la economía nacional pasaba por una crisis importante. La pandemia de influenza agravó esta situación en México y desde el lenguaje mediático se hizo eco de esta situación, presentando un panorama económico en caída libre. “El virus es apocalíptico”: El discurso evocó constantemente esta figura a fin de darle un tono dramático al contexto de la emergencia sanitaria.
“El virus es cómplice de la pobreza”: Desde el dicurso se planteó la complicidad entre la influenza y la pobreza con la intención de hacer visible la vulnerabilidad de las personas con mayores carencias económicas. No obstante, también sirvió para justificar que esta población no prioriza la salud personal por un supuesto desconocimiento del tema.

Sin duda, el uso de metáforas como forma de comunicación con la población es especialmente útil, sobre todo cuando se trata de transmitir información compleja como la empleada por la epidemiología. No obstante, resulta claro que en este caso el lenguaje metafórico tuvo como objetivo la construcción de un ambiente social a la defensiva, que motivara en la población nacional la receptividad de mensajes mediaticos específicos. Por lo tanto, se consolidó un discurso social que lejos de brindar herramientas efectivas para prevenir o mitigar el virus, generó ciertos mecanismos de manipulación.

De esta manera, los efectos de esta estrategia de comunicación han perdurado hasta la actual crisis santaria devenida de la pandemia de COVID-19. Más aun, en la actualidad, gracias a la dispersión y multiplicación de medios de información como resultado de la expansión de las redes sociales, han generado un fenómeno de sobreinformación en el que se presenta una disponibilidad masiva de información que en ocasiones suele ser contradictoria, poco clara, inoportuna, o falsa, pero que es útil a la intención de posicionar, socialmente, alguna narrativa en específico.

El filósofo y sociólogo polaco Zygmunt Bauman, ha utilizado la analogía de la materia líquida como forma para describir la realidad moderna. Este autor señala que ya no vivimos más en un mundo de seguridades y certezas, si no que nos encontramos en una realidad cuya forma y características no son claras; un mundo de incertidumbres y fragilidades que abarcan prácticamente todos los aspectos de la vida humana (Bauman,2000).

Para Bauman, esta incertidumbre e inseguridad en la sociedad se debe al deterioro de las instituciones que en otros tiempos brindaban seguridad. En ese sentido, hoy en día las certezas que antes se tenían sobre las acciones de gobierno, las relaciones laborales, las relaciones de clase, entre otros, se han puesto en duda. En síntesis, en la actualidad experimentamos condiciones sociales en las que resulta dificil tener certidumbre sobre los elementos más escenciales de la vida cotidiana.

En este contexto, resulta pertinente afirmar que el virus SARS-Cov-2, conocido como COVID- 19, es protagonista de una pandemia propia de su tiempo. Las características fisiopatológicas de la enfermedad consistente en su asintomatología (en numerosos casos) y a la vez su alta tasa de transmisibilidad, definen su naturaleza incierta. Al mismo tiempo, la incapacidad de los gobiernos para generar respuestas certeras sobre su tratamiento y evolución, así como la delegación de la gran parte de la responsabilidad sobre la mitigación del contagio a la población, tambien es representativa de la sociedad líquida.

Al respecto, a principos de abril, el portal electrónico “Reactiva” publicó un artículo en el que se equipara al COVID-19 con el denominado “Gato de Shödringer”1. En el texto se plantea que existen múltiples interrogantes respecto a la naturaleza del virus como, por ejemplo, su origen, su sintomatología, las caracterísiticas de la posible inmunidad frente a este, entre otros aspectos. Ello no representa algo menor pues ha provocado que también emanen múltiples explicaciones y teorías que no necesariamente provenien de las mentes más expertas y especializadas (Reactiva Contenidos, 2020). ¿Qué implicaciones puede tener el acceso y difusión a este tipo de información?

Una posible respuesta es que mediante este manejo de la información se están generando y enfrentando metafóricamente dos tipos de “virus”. Por un lado, propiamente el COVID-19 y por otro, el que se manifiesta en ponderaciones y prioridades políticas y/o mediáticas. En otras palabras, la lucha contra el COVID-19 no es solo contra el agente biológico en sí mismo, sino también contra el cúmulo de intereses políticos y económicos que se difunden en los medios de comunicación en la coyuntura de esta pandemia.

Ante este escenario, el autor del artículo de “Reactiva” pone sobre la mesa dos preguntas claves: ¿cuál de los dos virus es más mortal?, ¿qué hubiera pasado si el COVID-19 se hubiera tratado desde la perspectiva puramente técnica-médica y no mediática-política?. En muchos contextos donde el virus apareció de forma relativamente temprana (como en Europa), los vacíos de información respecto a sus particularidades fueron llenados por los múltiples datos erróneos o contradictorios publicados en medios masivos de comunicacón y redes sociales. Lo anterior provocó reacciones de pánico ante la expansión de la enfermedad o bien que se subestimara a un simple gripa.

Desde una perspectiva analítica, este acceso y difusión de la información provocó que el COVID-19 fuese más mortífero pues devino en una serie de malas decisiones respecto a la manera de actuar y reaccionar para su mitigación. Un ejemplo de ello fue el llamado “partido cero”; un encuentro entre los equipos del Valencia y el Atlanta que se desarrolló al norte de Italia y que congregó a más de 45 mil aficionados pese a que ya se sabía de la propagación del virus. Dos días después del juego y su posterior celebración, un hombre de 78 años se convertiría en la primera víctima mortal del COVID-19 en Europa.

A lo anterior se debe adicionar que los temas médicos, en este caso los correspondientes a la epidemiología, no siempre son fáciles de entender para la población en general e incluso para aquella que cuenta con experiencias cognitivas próximas a la ciencia y la tecnología (más aún cuando estas se expresan en términos probabilísticos). En ese sentido, vale la pena señalar que, las epidemias y la epidemiología son campos de la medicina que tienen un fuerte contenido político ya que en su aplicación se deben poner en juego, no solo los elementos fisiopatológicos de las enfermedades, sino su impacto en la vida social y económica.

Al respecto, la matemática y doctora en filosofía por la UNAM Atocha Aliseda, comenta que en la búsqueda de certezas se puede interpretar que un gráfico estadístico representa la realidad en sí. No obstante, en realidad, lo que se expone es una abstracción de una parte de esa realidad y a través de ella se intenta analizar los posibles escenarios de lo que pudiera ocurrir. Desde esta perspectiva, lo que actualmente está sucediendo en torno al COVID-19 también representa un reto para los especialistas como se aprecia en la siguiente declaración:

La comunicación de riesgo en el contexto de una pandemia como la de COVID-19 requiere de la implementación de estrategias suficientes para poder transmitir de manera clara, las complejidades técnicas que se ven involucradas en las situaciones de carácter epidemiológico. Para ello, es necesaria la corresponsabilidad de los diversos sectores de la sociedad involucrados en el manejo de la pandemia. Dada la naturaleza del fenómeno y el tipo de reacción que se espera de la personas para frenar el contagio, no solo el gobierno debe asumir la totalidad de la tarea de informar asertivamente, sino que dicha responsabilidad también debe ser adoptada por otros actores privados y públicos que de manera natural intervienen en la crisis sanitaria.

En este sentido, la experiencia que ha dejado la presente pandemia ha demostrado que los medios masivos de comunicación son un actor estratégico para la comunicación de riesgo. Su papel como difusor de información respecto a las acciones para la mitigación efectiva del contagio, es esencial si se pretende aminorar el número de víctimas mortales o con secuelas de salud.

En el caso de México, la difusión de la información a través de los distintos medios informativos ha generado confusión y miedo entre la sociedad. En gran medida, este fenómeno ha ocurrido al tiempo que diversos actores políticos y sociales han entrado en controversia respecto a lo que comunica el gobierno en torno al avance de la pandemia en el país.

De manera desafortunada, los medios de comunicación en México no han podido contrarrestar la desinformación de redes sociales. Si bien es cierto que el virus es poco conocido por el propio gremio epidemiológico, los medios de comunicación no han podido informar asertivamente a todos los sectores de la población sobre las características del COVID-19; de manera tal que las personas puedan construir un criterio autónomo que derribe los datos falsos o alarmistas que se llegan a difundir en Internet. Una consecuencia factible de esta situación es que se genere suspicacia por parte de algunas ciudadanas y ciudadanos respecto al peligro que representa la enfermedad y, como resultado de ello, que omitan acatar las medidas preventivas bajo el argumento de que es falso que exista dicha enfermedad.

Al respecto, ha sido evidente que no se ha tenido la capacidad y/o la voluntad de generar una narrativa basada en hechos científicos que permita dar seguimiento a los descubirimientos fidedignos acerca de las particularidades del virus, el desarrollo de la pandemia y el avance en los esfuerzos para su mitigación. A partir de la cobertura de las conferencias en la materia, ha sido posible identificar cierta dificultad para entender y, por lo tanto, traducir las valoraciones probabilísticas presentadas por el Gobierno de México. Esto ha tenido un impacto en la crítica que podría realizarse sobre las estadísticas oficiales.

Es importante reconocer que existe una narrativa basada en las cifras que proviene de la forma que internacionalmente se ha dado seguimiento a la pandemia. El registro del número acumulado de contagios en cada país ha sido el instrumento de medición prevaleciente para determinar la gravedad del contagio y, en cierta forma, cómo ha sido la actuación de los respectivos gobiernos. Como era de esperarse, esta tendencia ha sido replicada por los medios de comunicación mexicanos. No obstante, se ha carecido de un análisis cuidadoso al alcance de toda la población de los matices en torno a las cifras de contagiados en tiempo real, la cantidad de personas recuperadas e incluso, dejando de forma secundaria, la capacidad hospitalaria y de atención a la salud.

El tipo de difusión de información sobre el COVID-19 en México también amerita un serio cuestionamiento respecto a qué tanto se lograron promover las medidas de mitigación desde una perpectiva de construcción de ciudadanía, qué tanto se construyó una narrativa que fuera accesible para todos. Al respecto sería necesario analizar en qué medida permeó en la sociedad la importancia del aislamiento social y la higiene como una herramienta para evitar padecer la enfermedad en cuestión y la posible afectación de su derecho a la salud.

Diversos actores sociales han puesto bajo la lupa el papel de los medios de comunicación, hay algunos que han señalado que el enfoque que ha privado es la generación de controversia en torno las cifras en lugar de contenido más eficaz para la acción social. Daniela Mendoza Luna, columnista del diario Milenio, señaló que la actual contingencia sanitaria, ha develado que en México existe un escaso o débil periodismo científico y un prevaleciente periodismo político que ha alimentado la incertidumbre entre la sociedad mexicana (Mendoza, 2020).

Esta periodista hace notar que el ejercico de la comunicación basado en la ciencia implica una responsabilidad muy alta, pues se debe avocar a la investigación proveniente de fuentes que permitan complementar los hallazgos difundidos. También enfatiza la importancia de manejar con sumo cuidado la publicación de información sobre datos científicos que pueden no haber sido exahustivamente estudiados, como en el caso de la presentación de pruebas clínicas o investigaciones inconclusas como si fueran hechos consumados.

Asimismo, Daniela Mendoza apela a que los medios informativos asuman su responsabilidad para verificar las fuentes de información y no interpretar equivocadamente los datos que obtengan. Tambien hace un llamado a no dejarse llevar por intereses ajenos que pudieran impactar la cobertura de la crisis y, por ende, dificultar el acceso a información objetiva y útil para la población.

Para valorar objetivamente el papel que han desempeñado los medios informativos es necesario caracterizar los datos que les han sido dados a conocer por parte de las autoridades. La actual administración federal si bien han procurado la fluidez de información en tiempo real sobre el estado de la pandemia, en el ámbito de la comunicación de riesgos, también han generado dinámicas que que derivan en polémicas innecesaria. Además, en gran medida han abonado a la desconfianza de la ciudadanía acerca del correcto manejo de la crisis.

En ese sentido, las conferencias de prensa diarias han sido ampliamente criticadas pues se han prestado a la controversia sobre la información presentada por el gobierno federal. Si bien este ejercicio es benéfico en términos de la comunicación en tiempo real sobre el estado de la pandemia en nuestro país, no implica que se esté desarrollando una narrativa de riesgos ad hoc a la situación. Esto se debe a que no se ha construido un discurso oficial unificado en torno al COVID-19, una parte del mismo ha privilegiado el contenido técnico, un tanto lejano a la población en general. Mientras que otra parte del mismo está caracterizado por mensajes ambiguos en lenguaje ciudadano, que se contraponen parcialmente con la información técnica proporcionada.

Esta experiencia ha demostrado la importancia de generar una comunicación de riesgos puntual y objetiva, para que se tenga claridad sobre lo que se enfrenta y sobre las medidas específicas. Esto debe suceder a la par que se construyan mecanismos de interacción entre los medios de comunicación y el gobierno, que deben evitar convertirse en una especie de tribunal o un espacio de adulación; con el fin de que la sociedad pueda asumir las acciones para enfrentar la emergencia sanitaria.

Por otra parte, otro elemento que ha abonado a generar problemas en la comunicación de riesgo, han sido las contradicciones que desde el inicio de la crisis se hicieron evidentes entre las medidas propuestas por la autoridad sanitaria, y las acciones del titular del ejecutivo federal. La actitud despreocupada del presidente respecto a las medidas de mitigación más elementales ha enviado señales poco congruentes a la ciudadanía, en relación con las recomendaciones fundamentales en el ámbito epidemiológico ante este contexto.

Por último, si bien en la comunicación de riesgos es importante la difusión de toda la información disponible en torno al estado de la emergencia sanitaria, también es cierto que las autoridades federales han aportado una cantidad excesiva de información que no ha podido ser procesada de forma correcta ni por los medios de comunicación ni por la población en general. En ese sentido, estos datos son presentados de una manera poco amigable en términos del entendimiento común y la socialización con fines de toma de decisiones. Esto ha tenido como resultado una malinterpetación generalizada respecto a las cifras y los métodos a partir de los cuales se obtiene, lo cual ha llevado a que los propios medios de comunicación las presenten de forma errónea o imprecisa. A continuación, se presentan algunos ejemplos en los cuales se puede apreciar dicha situación:

En materia de comunicación de riesgo, no solo juega un papel prioritario la cobertura mediática sino que para garantizar la seguridad política de las y los ciudadanos, la corresponsabilidad de las audiencias también es un factor escencial. Si bien, es cierto que por efecto de las redes sociales existe la disponibilidad de una amplia gama de información, es también responsabilidad de las y los receptores de las mismas actuar con cautela al momento de aproximarse a las fuentes informativas y actuar con un juicio amplio ante ellas.

Resulta innegable que enfrentar de manera correcta la actual crisis sanitaria implica la corresponsabilidad de todos los sectores sociales del país. Para ello, la participación ciudadana es fundamental y en adelante representará el factor clave para generar una convivencia funcional con el COVID-19. Por ello, el llamado a la nueva normalidad debe asumirse como un tema de salud pública en el que se privilegie el derecho a la salud de las personas por sobre cualquier consideración política o mediática.

Para lo anterior, es indispensable que tanto el gobierno como los medios de comunicación y la sociedad misma, asuman una corresponsabilidad respecto a la salud pública en México. Resulta indudable que la “nueva normalidad” implica la construcción de un nuevo estilo de vida social que priorice el bienestar físico colectivo mediante buenas prácticas cotidianas. Esto abonará a que los impactos del COVID-19 en nuestras vidas y del resto de enfermedades endémicas, se aminore de manera considerable.

5. Infografía
  • ¿Cuáles son los lineamientos generales en materia de comunicación de riesgo que son utilizados por el gobierno de México en su estrategia de comunicación en el marco de la estrategia de afrontamiento ante la pandemia de COVID-19?
  • ¿Los medios de comunicación convencionales en el ámbito nacional han integrado dentro de sus políticas editoriales dirigidas a la cobertura de la pandémia de COVID-19 los lineamentos de comunicación de riesgo planteados por la OMS?
  • ¿Cuál es el criterio empleado por el Gobierno de México, en términos de la comunicación de riesgo, para seleccionar la información que presenta a la ciudadanía, así como el formato para ello?
  • ¿Considera el gobierno federal que la información que proporciona diariamente mediante las conferencias de prensa es idonea, suficiente e inteligible para las y los ciudadanos y por qué?
  • ¿El gobierno federal y los gobiernos locales cuentan con una estrategia de comunicación de riesgo, mediante la cual se coordine la corresponsabilidad entre actores públicos y privados en el contexto de la actual pandemia?
  • 1: Erwin Schrödinger formula una metafora en la existe una caja cerrada dentro de la cual hay un gato, una botella con un gas venenoso y un dispositivo que contiene una particula radioactiva que tiene un 50% de probabilidades de desintegrarse en cierto tiempo, lo cual provocaría que el venero se liberara y el gato muriese.

    Cuando el tiempo establecido se consume, hay un 50 % de probabilidades de que el gato haya muerto por obra del veneno y otro 50% de que no haya sido así. Según Schrödinger en ese momento ocurre un fenomeno que se denomina superposición, en el que, ante la imposibilidad de abrir la caja y descubrir el estado del gato, el mismo está vivo y muerto al mismo tiempo. Ello se debe a que hasta que se abre la caja, podemos saber en que situación se encuentra el gato. Para este autor esa es la forma en que funciona la mecánica cuántica. En el caso del COVID-19, la analogía expresa que ante el desconocimeinto de saberse infectado o no, uno posee el virus y al mismo tiempo no lo posee. Este fenomeno es lo que genera incertidumbre.

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  • Gonzalez González Gabriela del Carmen, Et Al., Las metaforas de la Influenza Humana A(H1N1) en México: El escenario nacional al descubierto. Una aproximación atravez de la presna mexicana, recuperado el 12 de mayo de 2020, de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188- 252X2011000200005
  • Mendoza Luna Daniela, Ceder el Reflector, Milenio, recuperado el 11 de mayo de 2020, de https://www.milenio.com/opinion/daniela-mendoza-luna/sin-edicion/ceder-el- reflector?fbclid=IwAR0zK45CmRX6JxBkoY8_kZhsYBiQzZKNKKXm8cNM- hQ6UzEuTCQqSH0JQ3c
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SECCIÓN

Seguridad de la Comunidad


COVID-19 y migración

18 de Mayo 2020

1. Sumario

En la última década, México pasó de ser un país principalmente de origen y tránsito de migrantes a ser también uno de destino y retorno de migrantes y refugiados. Este fenómeno ha obligado al gobierno mexicano a lidiar con los desafíos que esto conlleva, al mismo tiempo que se asegura de que los derechos y la protección de los migrantes estén garantizados. Sin embargo, la situación de estas personas en México es cada vez más difícil. El discurso anti-inmigrantes del presidente de los Estados Unidos y el endurecimiento de su política migratoria, así como la del gobierno mexicano, han dejado a migrantes aún más vulnerables. Sumado a esto, la pandemia de COVID-19 desafortunadamente los afecta aún más. Con los desafíos ‘normales’ a los cuales se enfrentan (la violación sistemática de sus derechos humanos, la violencia de grupos delictivos, limitaciones de acceso al territorio, las detenciones arbitrarias, la falta de redes de apoyo, las dificultades de acceso a alojamiento y servicios legales, de justicia y salud, entre otros), se agregan el cierre de albergues de la sociedad civil y estaciones migratorias, la disminución de servicios migratorios de las autoridades mexicanas, limitaciones de acceso a documentación y restricciones para acceder a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); así como de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) locales e internacionales.

México es parte importante del corredor migratorio más transitado en el mundo debido algran flujo de personas que se desplazan desde América Central (especialmente del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador), América del Sur, el Caribe y también debido al gran número de personas mexicanas que intentan llegar a los Estados Unidos de América por causas económicas, sociales, de seguridad o ambientales. Adicionalmente, en los últimos años, con el endurecimiento de la política migratoria de los Estados Unidos (EE. UU), México se ha convertido en un país de destino.

El fenómeno migratorio en México ha sido muy visible en los últimos años debido a la cobertura mediática de las caravanas centroamericanas de personas migrantes que atraviesan el país, pero su magnitud se puede observar de manera más objetiva a través de las siguientes cifras. Según datos generales del Instituto Nacional de Migración (INM) de enero a diciembre de 2019, 179,137 personas migrantes ingresaron a México y según Francisco Garduño Yáñez, titular del INM, 178,860 fueron deportadas lo cual representa el 99.8% (Instituto Nacional de Migración, 2019).

Con respecto a los solicitantes de asilo en México, según las cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)1, un total de 70,609 personas solicitaron el asilo en 2019. Eso representa un aumento considerable (de 138%) en comparación con 2018. En efecto, la COMAR registró un total de 29,630 personas solicitando el asilo en 2018. El año pasado, la mayoría de los solicitantes eran de Honduras, El Salvador, Cuba y Venezuela. Si bien el gobierno mexicano ha realizado grandes esfuerzos para fortalecer a la COMAR y responder a este incremento de trabajo, a principio de 2020 y antes de la crisis del COVID-19 en el país, la institución sigue estando sobrecargada y necesita mayor presupuesto.

En términos de política migratoria, en los últimos años se han visto cambios significativos. Del lado de los EE. UU., el principal cambio llegó el 29 de enero de 2019, cuando la administración Trump empezó a implementar el Protocolo de Protección al Migrante (MPP por sus siglas en inglés) y listas (metering). Según el MPP, los solicitantes de asilo deben permanecer en México mientras se procesan sus casos en EE. UU. Las listas consisten en filas de migrantes esperando en las distintas ciudades fronterizas de México para pedir asilo (Valencia, 2019) . Organismos e instituciones de derechos humanos manifestaron sus preocupaciones por las consecuencias del MPP y de las listas en las personas refugiadas. En efecto, individuos y familias están siendo devueltos a ciudades fronterizas de México por un tiempo indeterminado que puede extenderse por meses. Adicionalmente, estas personas están siendo devueltas a ciudades y municipios en los cuales su seguridad no necesariamente puede ser garantizada. Adicionalmente, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció al final del mes de septiembre 2019 que reduciría la cantidad de refugiados aceptados en los siguientes 12 meses a 18,000, la cifra más baja en décadas. La cifra más baja de admisiones anterior fue en 2002, después de los ataques del 11 de septiembre, cuando se permitió la entrada a los Estados Unidos de unos 27,000 refugiados. En el último año de la administración Obama, en 2016, era de hasta 100,000. Esta política migratoria tiene grandes consecuencias para migrantes, el continente americano y México.

Del lado de México, la política de migración del gobierno federal recientemente dio un giro significativo. Al comienzo de su mandato, pedía un paso seguro para los migrantes. Pero 13 meses más adelante y bajo la amenaza estadounidense de imposición de nuevos aranceles a las importaciones mexicanas (que se impondrían si el gobierno no lograba reducir la afluencia de migrantes a los EE. UU.), el gobierno federal de México comenzó a aplicar una respuesta dura a la llegada de caravanas en la frontera sur con la ayuda de la Guardia Nacional (GN), que algunas veces impidió el paso de caravanas de migrantes y los capturó en Chiapas aunque el marco jurídico con el que cuenta la GN no le permite crear protocolos de actuación ante situaciones como la contención de personas migrantes (Díaz, 2020). Eso resultó en que algunos comenzaron a afirmar que "México se ha convertido en el muro de Trump". Con respecto al MPP, México no ha presentado resistencia y se ha limitado el apoyo o protección a las 100,000 personas que se estima que fueron enviadas de regreso a México hasta principios de 2020. Muchas de estas personas ahora viven en el limbo, sin refugio, sin ingresos y poca esperanza.

En 2019, los EE.UU. avanzaron en negociaciones con países del Norte de América Central para que se establezcan como terceros países seguros y reciban migrantes y solicitantes de asilo devueltos de su país. Este concepto implica que un país podría negarse a conceder asilo a una persona y remitirla a un tercer país que sea considerado “seguro”. Ahora, a todo lo anterior debe agregarse el impacto de estos acuerdos de EE. UU. con Guatemala y El Salvador (considerados terceros países seguros) basados en los cuales se deportan personas migrantes y solicitantes de asilo directamente desde EE. UU. hacia estos países para que soliciten protección allí.

Inicialmente, el gobierno mexicano tuvo una respuesta lenta al brote de coronavirus, y el presidente declaró que las cosas deberían continuar como de costumbre, que la gente podría continuar abrazándose y que la buena suerte y la fe eran todo lo que se necesitaba. Sin embargo, a mediados de marzo, el gobierno comenzó a tomar una serie de acciones dirigidas a controlar y combatir la existencia y transmisión del virus (por ejemplo, se lanzó la campaña “Susana Distancia”), y a partir del 23 de marzo anunciaron la suspensión de las labores de las administraciones federales identificadas como no indispensables. Eso tuvo un impacto inmediato sobre las labores del INM y de la COMAR. Las posibilidades de regularizar su estatus migratorio o solicitar asilo en el caso de los refugiados se fueron reduciendo.

Otra medida tomada por el gobierno mexicano, a finales del mes de abril 2020, fue la decisión de desalojar las 65 estaciones migratorias del país con base en las recomendaciones de autoridades mexicanas y de organismos nacionales e internacionales, esto para prevenir un brote del virus en estos lugares que pusiera en riesgo las vidas de las personas migrantes alojadas en ellos. (Monroy, 2020) La Secretaría de Gobernación (SEGOB) explicó entonces que 3,759 migrantes detenidos en dichas estaciones migratorias optaron por regresar a sus países de origen (Honduras y El Salvador), y el INM y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) gestionaron su retorno asistido (Pradilla, 2020). Sin embargo, viendo las limitaciones de acceso a información, asistencia legal y procedimientos migratorios o de asilo, entre otras restricciones; se podría analizar en más detalle la voluntariedad de las personas al aceptar los retornos asistidos en medio de la pandemia.

Según cifras publicadas por la unidad de política migratoria durante los meses de enero y febrero 2020, 22,000 personas migrantes fueron presentadas ante el INM. De estas personas, 15,083 fueron devueltas a su país de origen vía deportación (Dirección de Estadística, 2020) . Desafortunadamente, los informes mensuales de la Unidad de Política Migratoria (UPM) se detienen en febrero 2020 y al momento no hay registro de ingreso de personas migrantes y deportaciones para marzo, abril y lo que va corriendo de mayo. Se espera que la situación por COVID-19 haya afectado el número de ingresos como la cantidad de deportados.

En el caso de las personas refugiadas, debido al COVID-19, el número de solicitantes de asilo en México en abril cayó a 949 personas, lo que equivale al 16.67% del total de solicitantes de abril del año pasado y a 16.47% del promedio mensual de solicitantes del primer trimestre de este año.

Enero Febrero Marzo Abril
6,020 5,947 5,314 949

Fuente: COMAR

Más allá de la reducción o la suspensión de actividades de instituciones gubernamentales, y de las medidas tomadas para evitar brotes de contagio en lugares donde personas en contexto de migración que no puedan acreditar su situación migratoria regular en el país están detenidos; la sociedad civil, ONGs internacionales y locales también han reducido su capacidad de respuesta. Entonces hay menos disponibilidad o acceso a servicios esenciales de salud, albergue, protección, alimentación, entre otros. Esto debido a las restricciones de movimiento y las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del COVID-19, así algunas oficinas están cerradas, o hay menos staff en el terreno para proveer los servicios y apoyos brindados por instituciones, ONGs, sociedad civil, entre otros actores sociales. Un ejemplo significativo es el cierre de albergues.

Una gran parte de los albergues en México dejaron de recibir migrantes de manera temporal porque no tienen la capacidad o los recursos para seguir las recomendaciones sanitarias ni han recibido apoyo del gobierno para prepararse ante la crisis del COVID-19. Esto tiene un efecto directo en el acceso de los migrantes y refugiados a los servicios de alojamiento, alimentación, salud, protección, entre otros, que ofrecen dichos albergues. Además, las ONGs y organizaciones internacionales que normalmente les brindan asistencia han reducido la presencia física de su personal y por consiguiente de sus servicios.

Si bien para las personas en situación de migración los impactos son significativos, en el caso de las personas solicitantes de asilo y refugiadas los impactos del COVID-19 en la prestación de servicios de asistencia humanitaria y protección tienen efectos directos en su vida, libertad, integridad y seguridad. Esto por cuanto este grupo está huyendo de sus países de origen y no pueden ser devueltos y requieren asistencia legal y acceso al sistema de asilo inmediato a su llegada.

Además de esto, tras la aprobación de poderes de emergencia para frenar la propagación del coronavirus, los Estados Unidos también tomaron varias medidas por temas de salud. La orden de emergencia de salud pública emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. prohíbe la entrada de extranjeros considerados como un "peligro grave" para la propagación de enfermedades transmisibles. Aunque inicialmente el presidente Trump presentó a los migrantes como una amenaza para la seguridad pública, ahora además les estigmatiza como una amenaza para la salud pública. La consecuencia de este orden fue la expulsión de 20,860 migrantes (6,444 en marzo, y 14,416 en abril según estadísticos del Control de Bordes y Aduana de los EE. UU.. (Arizona Republic, 2020) y ahora no pueden presentar solicitudes de asilo o buscar otras formas de protección humanitaria. Además, en algunos casos, están siendo expulsados a países en los que temen ser procesados. (BBC News Mundo, 2020) . Como destacado por Médicos Sin Fronteras, que exigió la suspensión de las deportaciones de los EE. UU., el traslado de personas desde "el epicentro de la pandemia de COVID-19" a países con una menor tasa de contagio de esta enfermedad a causa de este orden, "podría exacerbar la crisis de salud en la región". (La Prensa , 2020)

Por lo tanto, la situación está dejando en aún más vulnerabilidad a los migrantes y refugiados frente a diferentes tipos de violencia y criminalidad como la trata de personas. Es decir que la capacidad de estas personas o grupos para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos se ve disminuida.

En primer lugar, los migrantes y solicitantes de asilo están más expuestos al contagio en sí debido a su falta de acceso a vivienda o acomodación, a no contar con redes de apoyo y familiares, y a las limitaciones que tiene el sistema de salud existente para garantizar sus derechos y los servicios (Organización Mundial de la Salud , 2019) . La crisis ya ha tenido consecuencias devastadoras en todo el mundo, ya que los refugiados y las personas desplazadas se encuentran además entre los grupos más expuestos a la explotación, trata, tráfico de personas, violencia de género y discriminación en diferentes niveles. En este sentido, los grupos e individuos dedicados a economías ilegales y delitos se aprovechan de la situación ya que las personas no pueden regresar a sus países de origen por amenazas, persecución, temas de seguridad y también porque algunos países han cerrado sus fronteras.

Por otra parte, muchas de las personas migrantes y de los solicitantes de asilo y refugiados viven en entornos superpoblados, lo que hace que el distanciamiento social sea casi imposible y con instalaciones de higiene inadecuadas y falta de acceso a los servicios de salud. Por ejemplo, en marzo, hubo un incendio después de un motín dentro de la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, en el cual falleció un solicitante de asilo guatemalteco. El motín que desencadenó este incendio fue “una protesta por las deplorables condiciones del centro de detención, su hacinamiento, falta de atención médica o la ausencia de medidas de prevención e información frente a la emergencia sanitaria por COVID-19” (Medicos Sin Fronteras, 2020) . En general, es allí donde las limitaciones de acceso a servicios y a la protección de sus derechos humanos se traducen en más personas acudiendo a los traficantes o explotadores para solicitar ayuda.

Pero más allá de la crisis de salud inmediata, las medidas tomadas por los gobiernos y la reducción de los servicios prestados por la sociedad civil u ONGs, así como el cambio en la atención de los gobiernos hacia medidas de salud que buscan proteger a sus propios ciudadanos conducirán a un impacto secundario de la crisis que puede tener consecuencias nefastas y devastadoras a largo plazo, como la pobreza exacerbada y la pérdida de derechos de migrantes.

5. Infografía
  • ¿Hubo algún plan de contingencia existente o lecciones aprendidas del brote de H1N1 en 2009/2010 que pudieran haber ayudado a responder de manera rápida y efectiva al impacto de la pandemia de COVID-19 en los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados?
  • ¿Se proporciona información suficiente y clara a los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados sobre el acceso a los servicios durante la pandemia? (para que sepan a que instancia acudir en caso de necesitar asistencia y para retornos asistidos)
  • ¿Cómo se garantiza que los migrantes que han recibido asistencia para regresar a sus países de origen después del cierre de las estaciones migratorias han hecho una decisión informada y por tanto voluntaria?
  • ¿Cómo se garantiza el acceso a información sobre medidas de regulación de estatus migratorio y otros derechos durante la pandemia?
  • ¿Cómo se garantiza la información efectiva e integral sobre el derecho de asilo y programas de integración a personas que vienen huyendo de violencia y persecución? ¿En donde se hace? ¿Quienes entregan dicha información?
  • ¿Cuáles alternativas de alojamiento ofrece el gobierno mexicano a los migrantes que no pueden quedarse en los alberges (cerradas a causa de la pandemia) para poder ‘quedarse en casa’?
  • En el boletín estadístico mensual sobre política migratoria (registro e identidad de personas) hay cifras mensuales enero y febrero 2020, ¿en dónde podrían consultarse las cifras correspondientes para marzo y abril? (http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos)
  • 1La COMAR es responsable de conducir la política en materia de refugiados y protección complementaria, así como gestionar acciones de asistencia desde el inicio del procedimiento con pleno respeto a los derechos humanos. Fuente: https://www.gob.mx/comar/que-hacemos
  • Pradilla, A. (12 de Abril de 2020). Migrantes frente al COVID-19: entregados por EU, abandonados en México y con fronteras cerradas. Obtenido de Animal Politico : https://www.animalpolitico.com/2020/04/migrantes-frente-covid-19-abandonados-mexico-fronteras-cerradas/
  • BBC News Mundo. (11 de Abril de 2020). Coronavirus: cómo la covid-19 facilita la expulsión de EE.UU. de migrantes indocumentados hacia México y Centroamérica. Obtenido de BBC News: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52252167
  • BBC News Mundo. (11 de Abril de 2020). Obtenido de BBC News: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52252167
  • La Prensa . (5 de Mayo de 2020). Médicos Sin Fronteras pide frenar deportaciones desde EEUU por coronavirus. Obtenido de LaPrensa.hn: https://www.laprensa.hn/honduras/1377752-410/deportaciones-hondurenos-coronavirus-eeuu-covid-medicos-sin-fronteras
  • Medicos Sin Fronteras. (08 de Abril de 2020). COVID-19 en México: la situación de los migrantes frente a la pandemia es alarmante. Obtenido de msf.es: https://www.msf.es/actualidad/mexico/covid-19-mexico-la-situacion-los-migrantes-frente-la-pandemia-alarmante
  • Arizona Republic. (7 de Mayo de 2020). U.S. has turned away 20,000 migrants at border since coronavirus restrictions began. Obtenido de azcentral.: https://www.azcentral.com/story/news/politics/border-issues/2020/05/07/coronavirus-pandemic-us-border-patrol-turned-back-migrants-trump-administration/3089673001/
  • Organización Mundial de la Salud . (21 de enero de 2019). Los migrantes y los refugiados presentan un mayor riesgo de tener mala salud que las poblaciones de acogida. Obtenido de who.int: https://www.who.int/es/news-room/detail/21-01-2019-21-01-2019-21-01-2019-migrants-and-refugees-at-higher-risk-of-developing-ill-health
  • Monroy, J. (28 de abril de 2020). Segob confirma el desalojo de 3,759 migrantes de las estaciones migratorias para evitar brotes de Covid-19. Obtenido de El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Segob-confirma-el-desalojo-de-3759-migrantes-de-las-estaciones-migratorias-para-evitar-brotes-de-Covid-19-20200428-0102.html
  • Valencia, J. M. (2019). México: país de tránsito, retorno y destino de migrantes. Obtenido de Friedrich-Naumann-Stiftung: https://fnst.org/content/mexico-pais-de-transito-retorno-y-destino-de-migrantes
  • Díaz, A. O. (6 de febrero de 2020). Persiste preocupación por utilización de la Guardia Nacional en tema migrante. Obtenido de Forbes México: https://www.forbes.com.mx/persiste-preocupacion-por-utilizacion-de-la-guardia-nacional-en-tema-migrante/
  • Instituto Nacional de Migración. (29 de diciembre de 2019). Entran al país 179 mil migrantes en el año… y a 99.8% lo deportan. Obtenido de gob.mx: https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-301219/
  • Dirección de Estadística. (2020). 2020 Boletín estadístico mensual. Obtenido de politicamigratoria.gob.mx: http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos

COVID-19 Agudiza otras pandemias: la desigualdad y la violencia de género

14 de Abril 2020

1. Sumario

La intención de este primer fascículo de la serie COVID-19: Desafíos para la Seguridad Humana consiste en presentar una primera aproximación a las diversas señales de alerta sobre los efectos de esta pandemia, en este caso particular, sobre una de las dimensiones de la seguridad humana, que es la seguridad comunitaria. Esta se refiere en sentido amplio, a la protección de los lazos sociales de cualquier núcleo humano, y en sentido más específico, se concentra en la debida salvaguarda de los derechos de las personas identificados por alguna membresía cultural (grupos étnicos), por su nivel de ingreso (por ejemplo, comunidades marginadas del desarrollo social), por condición de género (por ejemplo, las mujeres) o por cualquier otra condición que los identifique como un grupo en situación de vulnerabilidad por su pertenencia a algún grupo social.

Las amenazas a la seguridad humana se agudizan cuando en un mismo grupo de personas coinciden más de una condición que produce desventaja y trato desigual en el goce de los derechos. Y si bien este no es un problema nuevo, la actual pandemia tiene el efecto de multiplicar la severidad de afectaciones a la seguridad comunitaria y de enlazarse con otros ámbitos de la seguridad humana, produciendo vulnerabilidades adicionales o agudizando las ya existentes.

Cualquier comunidad social que ya se encontraba en situación de vulnerabilidad por alguna razón específica (por ejemplo, ingreso, edad, adscripción étnica o género) enfrenta una vulnerabilidad múltiple cuando concurren simultáneamente más de una condición desventajosa. Frente a ese elenco de desventajas, el COVID-19 tiene el potencial inmediato para agudizar la situación de las personas afectadas. Pensemos, por ejemplo, en la situación de las mujeres que brindan servicios médicos o de enfermería a pacientes de COVID-19; o en las migrantes indocumentadas, expuestas o afectadas por esta enfermedad; o en mujeres que viven en extrema pobreza, mujeres de la tercera edad o que viven con alguna discapacidad, o que ya viven con alguna enfermedad crónica como diabetes o hipertensión. Son todas ellas, a diferencia de los hombres, quienes tienen mayores riesgos de afectación a su seguridad humana antes y ahora, sobre todo, a raíz del COVID-19.

En esta entrega de la serie COVID-19: Desafíos para la Seguridad Humana, nos concentraremos en el potencial que tiene esta pandemia para agudizar la violencia contra las mujeres en el hogar, y para incrementar los riesgos de las mujeres que brindan servicios médicos y de cuidados en México.

A lo largo de los años, el concepto de seguridad humana se ha ido perfeccionando para identificar las áreas específicas y concretas en las que se despliega el tipo de bienestar y libertad general al que se hacía referencia en los primeros pronunciamientos sobre el tema. De esa manera, en 2009 la agencia de las Naciones Unidas1 encargada de dar seguimiento a las acciones internaciones a favor de la seguridad humana, presentó un documento dirigido a ofrecer pistas concretas para identificar las principales áreas de riesgo contra la seguridad humana, y entre ellas, la seguridad comunitaria. Acerca de esta última, se hacía una referencia primordial a grupos sociales ubicados en condiciones de vulnerabilidad como las comunidades étnicas, las mujeres y las personas desplazadas como ejemplos típicos de grupos humanos expuestos a la violación de sus derechos fundamentales precisamente por su pertenencia a ese sector social, y caracterizados por una serie de desventajas para el goce de sus derechos, y propensos a padecer discriminación, estigma y violencia.

Entre los diversos grupos sociales expuestos a la inseguridad humana, y concretamente a la inseguridad comunitaria, las mujeres ocupan un papel preponderante. La desigualdad de género y la violencia de género son dos amenazas a la seguridad humana y específicamente, contra la seguridad de las mujeres. En promedio, cada día son asesinadas 10 mujeres y niñas, y la escasa proporción de sentencias condenatorias es solo una de las múltiples manifestaciones de una serie de desventajas jurídicas, económicas y sociales que padecen las mujeres mexicanas.

Aunque algunas métricas de alcance mundial colocan a México en un nivel relativamente bajo de discriminación contra las mujeres2, la realidad local obliga a puntualizar las graves afectaciones contra la seguridad de las mujeres en nuestro país. Tan solo en el ámbito económico, a pesar de que las mujeres representan el 51% de la población nacional, el 44% de las mujeres en edad productiva tienen un trabajo en comparación con el 75% de los hombres3. Asimismo, el ingreso anual promedio de las mujeres mexicanas es 16% más bajo que el de los hombres4.

Además de la desigualdad salarial, las mujeres enfrentan sobrecargas de trabajo no remunerado, pues aquellas mujeres que tienen un empleo, adicionalmente dedican 26 horas a la semana a actividades no económicas, mientras que sus pares hombres solo dedican 8 horas5.

Las mujeres son también un grupo social especialmente afectado por la discriminación. Esta se refiere a toda distinción, exclusión o restricción que, por acción u omisión, tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir o menoscabar el reconocimiento o goce de los derechos humanos y libertades con base en algún motivo, como el género6.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México7 refleja que los dos principales escenarios de discriminación en México conciernen a la imposibilidad de recibir apoyos de programas sociales del gobierno y la atención médica, y en ambos casos, estas situaciones afectan principalmente a las mujeres, pues el 54% de ellas declaró que se le negó el acceso a programas sociales (en comparación de 35% de los hombres) y el 46% manifestó en la citada encuesta que se le ha negado el acceso a servicios de salud (contra 39% de los hombres). Prácticamente la mitad de las mujeres (48%) percibe que hay poco o nulo respeto a los derechos de las personas de diversos grupos sociales y el 59% de las mujeres refirió haber experimentado al menos un incidente de discriminación en los últimos 5 años.

En el ámbito de la violencia, mediciones como la ofrecida por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares8 revelan que el 66% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido al menos un incidente de violencia económica, emocional, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida y en el último año. Del conjunto de las mujeres violentadas, 25% de ellas refieren haber padecido violencia por parte de su pareja; 23% ha experimentado violencia en la comunidad y 22% ha sufrido violencia laboral.

La desigualdad y violencia que padecen las mujeres no ha sido parte de las prioridades del gobierno federal. Concretamente, el presidente de México ha hecho reiterados pronunciamientos y acciones dirigidos a minimizar la grave situación que enfrentan las mujeres. Incluso a principios de 2019, estuvo a punto de conseguir la cancelación de recursos federales para los refugios que acogen a mujeres víctimas de violencia9. Gracias a que esta medida arbitraria fue severamente criticada desde diversos frentes, se logró la reactivación de la convocatoria para la asignación de recursos a las organizaciones sociales que operan los refugios, pero el daño ya estaba hecho y esos centros de atención comenzaron a recibir recursos hasta julio de 2019, por lo que tuvieron que operar durante todo el primer semestre del año sin el apoyo de recursos federales.

Los anteriores elementos presentados hasta este punto ilustran el contexto general de desventaja, discriminación y violencia que prevalece en contra de las mujeres en México. Y ese conjunto de condiciones forman parte del reclamo cada vez más sentido de ese sector de la población para hacerse escuchar con mayor fuerza y eficacia.

Durante 2019 y los primeros meses de 2020 se desarrollaron en México numerosas, amplias y crecientes manifestaciones sociales, encabezadas por mujeres para exigir respuestas puntuales a reclamos relacionados con la violencia feminicida y con las condiciones generales de discriminación que padecen en todos los ámbitos de la vida.

Frente a los reclamos de las mujeres, la respuesta del gobierno federal, encabezado por el presidente de la República, se dirigió a minimizar las protestas y a caracterizarlas con un abierto desdén, incluso frente a la realización de manifestaciones simultáneas en todo el país, el 8 de marzo y el paro nacional de mujeres al día siguiente.

Sin embargo, el movimiento de las mujeres había sido capaz de aglutinar la simpatía de mujeres de diversa orientación ideológica y posición social en las principales ciudades del país. Nunca se había visto en México un nivel semejante de convocatoria y respuesta por parte de las mujeres para reivindicar sus derechos, donde el paso natural después de esas manifestaciones nacionales era la necesaria respuesta de las autoridades y del sector privado para formular respuestas puntuales a las demandas planteadas.

El más grande, amplio y contundente movimiento social emprendido por las mujeres mexicanas a favor de sus derechos que se desarrolló desde febrero y culminó con las manifestaciones masivas del 8 y 9 de marzo de 2020 fue opacado a partir de la detección de los primeros casos de COVID-19 en México a finales de febrero, y un mes más tarde, con la detección de casos de contagio comunitario.

De esa manera, el interés público por una enfermedad desconocida y declarada como pandemia el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud, cobró como primera víctima social en México al movimiento por los derechos de las mujeres. En el lapso de unos cuantos días, los mensajes del gobierno acerca del COVID-19 acapararon el interés de la prensa, de las redes sociales y alejaron de la conversación pública la reivindicación de los derechos de las mujeres.

El 24 de marzo fue declarada oficialmente la Fase 2 de la propagación del COVID-19 en México, lo que significa desde el punto de vista epidemiológico, que habían comenzado a registrarse contagios que no eran atribuibles a haber viajado al extranjero o a contactos con alguien recién llegado de un viaje internacional, sino a contagios ocurridos en el seno de las propias comunidades. En consecuencia, las autoridades comenzaron a promover la adopción de medidas de mitigación social para reducir la velocidad en el número diario de contagios, como la sana distancia entre personas en el espacio público, y el autoconfinamiento en el hogar.

Para favorecer el distanciamiento social, el gobierno de México impulsó una campaña en medio para invitar a la población a mantener una “sana distancia” entre las personas. El emblema gráfico de esa campaña es un personaje femenino denominado “Susana Distancia” que, cabe decir, reproduce estereotipos relacionados con un cierto tipo de figura corporal, tez, color de cabello y fisonomía.

La segunda medida de mitigación social del contagio ha sido la determinación de actividades no esenciales para asegurar que la ciudadanía permanezca resguardada en su hogar para reducir las oportunidades de estar en contacto con el COVID-19. Pero detrás de esta medida pronto se comenzaron a notar efectos adversos contra las mujeres, centralmente para las mujeres confinadas en el hogar y para las mujeres que realizan labores de enfermería. La situación de estos dos sectores de mujeres se describe a continuación.

Las medidas de distanciamiento social promovidas por el gobierno de México incluyen la invitación persistente a que los ciudadanos permanezcan en sus hogares para disminuir las probabilidades de contagio. Pero un efecto colateral de esta serie de medidas tanto en México, como en el resto del mundo, es la posible agudización de conflictos al interior de las familias, que incluye las agresiones contra las mujeres. Así lo ha alertado el Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres, quien el pasado 5 de abril hizo un llamado internacional para advertir que las medidas de confinamiento y cuarentenas, si bien son necesarias para contener el COVID-19, también pueden hacer que las mujeres se vean atrapadas con parejas abusivas10. Por extensión, este llamado de alerta tendría que aplicarse al caso de niñas y mujeres que pueden estar expuestas a cualquier tipo de abuso económico, emocional, físico y sexual por parte de perpetradores que habitan el mismo espacio doméstico.

En México, se han adoptado algunas medidas, como la línea de ayuda 911, para atende el posible recrudecimiento de la violencia contra las mujeres durante la implementación del confinamiento domiciliario. En ese tenor, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero que las llamadas de auxilio recibidas a través de la línea única emergencias por violencia doméstica se incrementaron 25% en las últimas dos semanas de marzo e indicó que este aumento está relacionado con el autoconfinamiento derivado del COVID-1911. Por su parte, la Red Nacional de Refugios ha señalado que a partir de la cuarentena, algunos albergues para mujeres violentadas ya se encuentran en un 80% de su capacidad y otros, incluso ya presentaban una demanda de servicios por encima de su capacidad12.

A propósito de la red de refugios para mujeres violentadas, es necesario mostrar las dificultades que han afrontado para obtener el respaldo económico del gobierno federal, pese a que desde hace más de 15 años se ha destinado una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación que ha sido decisiva para el funcionamiento de la red de albergues creados por iniciativa de la sociedad civil para acoger a mujeres víctimas de violencia.

Tras varios meses de indefinición, el pasado 7 de abril, el gobierno dio a conocer los Lineamientos de operación del Programa de Apoyo a refugios13, con lo que se posibilita que al menos 72 refugios, distribuidos en 28 entidades federativas puedan concursar por la distribución de un total de 405 millones de pesos ya autorizados en el presupuesto federal para el sostenimiento de sus actividades.

Sin embargo, la formulación de los lineamientos prevé una serie de procedimientos que podrían hacer que los recursos autorizados sean entregados hasta finales de agosto de 2020. Peor todavía, aunque los formatos de solicitud consideran cronogramas de operación hasta por 8 meses, la realidad es que los trámites y procedimientos de asignación pueden generar periodos de espera que podrían extenderse hasta finales de agosto y el refugio solo contaría con unos cuantos meses para ejercer el recurso o en su defecto, entregar puntualmente a la Tesorería de la Federación los remanentes. Todo lo anterior, da cuenta de un proceso administrativo desastroso e ineficiente para el objetivo de apoyar a los albergues que reciben y brindan diversos servicios de apoyo psicológico, jurídico y social a las víctimas de violencia.

Adicional a la tardanza con la que fueron emitidos los lineamientos, estos fueron publicados un par de semanas después de haberse declarado la entrada de México a la fase 2 de la propagación del COVID-19 y a pesar de ello, no se advierte ningún esfuerzo para hacer más expeditos los trámites relacionados con la obtención de recursos para apoyar a los refugios para mujeres víctimas de violencia cuya situación se puede agravar por el confinamiento en el hogar.

Si bien en el numeral 11 de los Lineamientos se hace referencia a “casos de emergencia o desastre” y se indica que “para facilitar la continuidad de los apoyos otorgados a las personas beneficiarias, el Programa elaboró y definió el protocolo para casos de emergencia o desastre, al que deberá dar cumplimiento el programa en los casos que lo amerite”. Y se añade además que “El protocolo podrá ser consultado en la siguiente liga: https://www.gob.mx/indesol”

Pero la realidad es que tras hacer una exhaustiva búsqueda en la citada dirección electrónica, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página informativa del gobierno federal sobre el COVID-19 (https://coronavirus.gob.mx/covid-19/), no fue posible corroborar la existencia de dicho protocolo, ni menos aún, su contenido y eventual utilidad para favorecer a las usuarias de los refugios durante la actual emergencia sanitaria.

Cabe decir, que con independencia de la urgencia que ahora impone la pandemia, según se indicó en la sección anterior de este fascículo, el proceso de asignación de recursos para los refugios ya era tan complicado o lento como había ocurrido durante 2019. No sobra decir que los recursos del programa de apoyo a los refugios ya estaban previstos en el Presupuesto de Egresos 2020, y estaban etiquetados en la Secretaría de Salud, luego se traspasaron jurídicamente a la Secretaría del Bienestar mediante un acuerdo firmado el 14 de febrero14. A su vez, la Secretaría del Bienestar a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social, se tomó el tema con calma, tardándose casi dos meses para generar los lineamientos que contienen el procedimiento de asignación de los apoyos, mientras que, por su parte, la Secretaría de Hacienda decidió liberar los recursos hasta el 2 de abril.

El resultado de esta ineficiente trama burocrática es que los apoyos económicos podrían llegar cuando los refugios ya hayan tenido que afrontar por sus propios medios, una inédita sobre demanda de servicios asociada a las medidas de confinamiento en el hogar.

Como era esperable, la Red Nacional de Refugios tuvo que hacer un llamado público a las autoridades15 para que agilizar los procesos de asignación de manera que los refugios y sus respectivos centros de atención externa cuenten con el recurso antes del 30 de abril de 2020, pero hasta el momento que se escriben estas líneas, no ha habido ninguna respuesta oficial al respecto.

La otra arista de análisis de afectaciones a la seguridad de las mujeres que se presenta en este fascículo es la situación de las mujeres que realizan tareas de cuidado en el contexto de esta pandemia.

Las funciones de cuidado que socialmente se asignan a las mujeres representa un síntoma de roles de género que refuerzan y normalizan la desigualdad entre hombres y mujeres. Y esta interpretación sesgada del papel de la mujer es compartida también por el presidente de México.

Durante la conferencia de prensa del 24 de marzo, en la que se dio a conocer la entrada en vigor de la fase dos de la propagación del COVID-19, el Lic. López Obrador, presidente de la República, no tuvo escrúpulos al hacer un llamado a las mujeres para priorizar el cuidado de las personas adultas mayores, grupo social al que por cierto, él pertenece. En función de ello, hizo una convocatoria específica a las mujeres para que se ocupen de esas tareas, mientras que justificó, en los hombres, su mayor desapego frente a esa clase de deberes:

“Y hago un llamado para que cuidemos de nuestras familias, a los adultos mayores, ya lo hacemos, pero ahora debemos de aplicarnos más. Es un hecho, es conocido que sobre todo las hijas cuidan a los padres; los hombres podemos ser más desprendidos, pero las hijas están siempre pendientes de sus madres, de sus padres. De modo que hombres y mujeres cuidemos a nuestros adultos mayores ancianos respetables… Tenemos por eso millones de enfermeras”16

En realidad, no hay “millones” de enfermeras, sino cerca de 374 mil y es verdad que las mujeres representan el 79% del personal dedicado a servicios de enfermería en el país; pero esa sobre representación de mujeres en tareas de cuidado sanitario puede ser más bien la expresión de un desigual acceso a oportunidades educativas y laborales en función del género. De ello da cuenta el hecho de que del 100% del personal médico, las mujeres representan solo el 36%, frente al 64% de hombres.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas17 por su parte, ha alertado que las pandemias, incluida la del COVID-19 exacerba las desigualdades existentes entre mujeres y hombres, lo mismo que la discriminación en contra de otros grupos marginados como las personas con discapacidad y aquellas en situación de pobreza extrema. En un informe técnico publicado el mes pasado, se informa también que las mujeres representan el 70 por ciento del personal de la salud a nivel global, lo cual incrementa el riesgo de resultar contagiadas durante el manejo de pacientes con COVID-19, y son las mujeres el principal sector que brinda cuidados a los miembros de la familia, por lo que también quedan expuestas a factores de contagio adicionales.

En México, la enfermería es una de las profesiones cuyo desempeño le inspira a la gente los niveles de respeto más altos, incluso por encima del personal médico18. Esta tendría que ser una buena noticia para casi 400 mil profesionales de la enfermería y especialmente para las mujeres enfermeras, que representan 79% de ese sector laboral19.

Pero la actual experiencia de la pandemia en México está desafiando esos niveles de aprobación que recolectan las encuestas y que se contrastan con una serie de episodios de agresión en los que las enfermeras han sido el blanco de los ataques en la vía pública, donde han sido bañadas con cloro, golpeadas y bajadas del transporte público. Hasta el momento se han identificado esta clase de vejaciones en Jalisco20, Sinaloa21, San Luis Potosí22 y Yucatán23 y en todos los casos hay, como denominador común, el estigma que las considera como posibles portadoras del COVID-19 por el solo hecho de trabajar en hospitales.

Las autoridades podrán argumentar que se trata de casos episódicos, que no reflejan un riesgo generalizado para todo ese frente de mujeres que están auxiliando directamente a las personas enfermas de COVID-19. Pero cada uno de esos casos podría fácilmente escalar a dimensiones mayores conforme se incremente el número de casos de esa enfermedad y crezca la percepción de riesgo al contagio. Allí se encuentra un área muy seria de riesgo para las enfermeras del país y urge la adoptación de medidas informativas para desarticular el prejuicio contra ellas y también para garantizar su integridad personal en el seno de las comunidades.

Otro ángulo de la vulnerabilidad de las enfermeras mexicanas es la falta de suministros necesarios para su protección al interior de las instalaciones sanitarias donde laboran y que las coloca en una excepcional situación de riesgo de contagio para el personal sanitario y desde luego, para las enfermeras, quienes son las que se encuentran más cerca de los pacientes, incluso más cerca que los médicos. En los últimos días se registraron 42 contagios entre el personal de un hospital de Cabo San Lucas, 30 en Monclova, 19 en Tlalnepantla, 6 en Cuernavaca24 y hasta el 10 de abril de 2020, las autoridades del IMSS han reconocido un total de 329 elementos de su personal se han contagiado de COVID-1925 . Ello significa una muy severa concentración del riesgo para el personal sanitario del IMSS, pues del total de casos confirmados a nivel nacional26, 8% de ellos corresponde a personal sanitario que labora en esa institución.

Todos esos contagios que involucran al personal de enfermería, médico y administrativo, pero todas las noticias generadas al respecto se han concentrado en el caso de los médicos contagiados, invisibilizando de las cifras y de la atención a los casos particulares, a las enfermeras, cuyas labores de cuidado y asistencia continua sobre los pacientes, las coloca como el grupo más expuesto al contagio, posiblemente con mayor riesgo que el personal médico y el administrativo en los hospitales.

En cualquier caso, la creciente cantidad de contagios en el personal sanitario mexicano (cantidad que invisibiliza a las enfermeras) ha sucedido pese a las numerosas protestas del propio personal para contar con todos los materiales y protocolos necesarios para disminuir el riesgo de contagio mientras atienden a los pacientes27.

Además de las profesionales en enfermería, también las mujeres que laboran en la prestación de cuidados están más expuestas al contagio, pues 96% de quienes trabajan en establecimientos especializados dedicados al cuidado de otras personas (guarderías, casas de retiro, etc.) son precisamente mujeres28. Y en al ámbito del hogar, el 79% de las mujeres ocupan su tiempo en tareas de cuidado a otros miembros del hogar29. Todos esos indicadores abundan sobre la idea de que las mujeres actualmente tienen sobre sí una sobre carga de cuidados que, según la lógica presidencial, simplemente “es un hecho conocido” que las mujeres realizan más labores de cuidado que los hombres.

Es urgente trascender esa percepción que da por hecho que a las mujeres les corresponde hacerse cargo de los cuidados y preguntarse por las desventajas estructurales que hoy pone de manifiesto la pandemia. Hoy no es una mujer, sino un hombre quien está conduciendo las políticas nacionales de salud frente a la pandemia en México, pero sí son las mujeres quienes representan el sector social más numeroso que está brindando los auxilios inmediatos a los pacientes de COVID.19, y son ellas quienes están haciéndose cargo de las principales labores de cuidado en los hogares. Y la serie de riesgos específicos que enfrentan debe ser tomada en cuenta con medidas específicas de atención a ese sector.

El creciente riesgo de los contagios comunitarios minó la posibilidad de seguir llevando a la vía pública los reclamos de las mujeres, e incluso las movilizaciones virtuales en redes sociales fueron rápidamente anuladas por la emergencia sanitaria que desde entonces domina la agenda pública.

El efecto silenciador del COVID-19 sobre la desigualdad de las mujeres en México, sin embargo, confirma la desventaja para estos grupos sociales e identidades comunitarias porque tiene un alto potencial para agudizar las desventajas previas que padecen las mujeres, y para crear nuevos escenarios de riesgo en su contra. Sea porque se han quedado en casa expuestas a la violencia de género, sea porque son ellas el principal frente operativo para brindar asistencia y cuidados a los enfermos de COVID-19.

De ninguna manera nos puede resultar indiferente esa dual condición de vulnerabilidad que pesa hoy sobre las mujeres mexicanas en tiempos de la pandemia.

7. Infografía
  • ¿Por qué se consideró que era una buena idea construir el personaje de “Susana Distancia” mediante una caricatura que reproduce estereotipos de género?
  • Si ya quedó documentado un incremento en la demanda de servicios en los centros que forman parte de la Red Nacional de Refugios ¿por qué los lineamientos para la dotación de recursos no contemplan un procedimiento más expedito para la transferencia de apoyos económicos en el actual contexto de emergencia sanitaria nacional?
  • ¿Dónde está y en qué consiste el presunto Protocolo para casos de emergencia o desastre incluido en los lineamientos, y que supuestamente garantiza la continuidad de los apoyos a la población beneficiada?
  • Pese a la magnitud de la emergencia sanitaria, ¿por qué no se ha adoptado ninguna medida específica para atemperar la sobre carga laboral, económica, familiar y emocional que pesa sobre las mujeres dedicadas a la enfermería, al trabajo en centros de cuidado y al cuidado de sus familiares en los hogares?
  • ¿Cuáles son las medidas específicas que se están adoptando no solo para reconocer la labor específica de las mujeres trabajadoras en servicios de atención a la salud y cuidado, sino para garantizar la dotación de insumos para su protección personal en el desempeño de su función sanitaria y en la eficaz protección de su integridad persona ante posibles vejaciones y violencias a las que están expuestas en la vía pública y en el ámbito doméstico?
9. ¿Necesitas Ayuda?
  • Línea nacional de emergencia: 911
  • Red Nacional de Refugios: 8008224460 (línea nacional) / 56749695 (Zona metropolitana de la CDMX)
  • Comisión Nacional de los Derechos Humanos: atencionciudadana.cndh.org.mx
  • Observatorio Nacional Ciudadano: atencion.victimas@onc.org.mx
  1. ONU, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios / Dependencia de Seguridad Humana, Teoría y Práctica de Seguridad Humana. Aplicación del concepto de seguridad humana y el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad de los Seres Humanos, 2009, p. 18. Disponible en: https://www.bivica.org/files/seguridad-humana.pdf
  2. OCDE, Social Institutions and Gender Index (SIGI) 2019, p. 34-35. Disponible en: https://read.oecd- ilibrary.org/development/sigi-2019-global-report_bc56d212-en#page36
  3. INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IV Trimestre de 2019.
  4. OCDE, La lucha por la igualdad de género. Una batalla cuesta arriba, 2017. Disponible en: https://www.oecd.org/mexico/Gender2017-MEX-es.pdf
  5. INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IV Trimestre de 2019.
  6. Cf. Artículo, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, reformada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2018.
  7. INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. México: 2018. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf
  8. INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf
  9. Mediante una circular dirigida a toda la administración pública federal, el presidente giró la instrucción de no transferir recursos a ninguna organización de la sociedad civil para “terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción”: Presidencia de la República, Circular UNO, Patio de honor del Palacio Nacional, 14 de febrero de 2019. Disponible en: https://reunionnacional.tecnm.mx/RND_2019/sa/CIRCULAR%20UNO.pdf
  10. Declaración del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, sobre la violencia de género y el COVID-19, 5 de abril de 2020. Disponible en: http://coronavirus.onu.org.mx/hoy-hago-un-nuevo-llamamiento-a-la- paz-en-los-hogares-guterres
  11. Lobo Ariadna y Antonio Baranda, “Crecen denuncias en 911 por género” en Reforma, 7 de abril de 2020. Disponible en: https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
  12. Arteta, Itxaro y Arturo Ángel, “Aumentan solicitudes a refugios de mujeres violentadas durante aislamiento por COVID-19” en Animal Político, 3 de abril de 2020. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2020/04/refugios-mujeres-violentadas-aumento-solicitudes-covid-19/
  13. LINEAMIENTOS de Operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 7 de abril de 2020. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591242&fecha=07/04/2020
  14. Anexo 2 de los LINEAMIENTOS de Operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 7 de abril de 2020. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591242&fecha=07/04/2020
  15. Red Nacional de Refugios, Carta abierta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Estado Mexicano: ¡Los feminicidios y las violencias contra las mujeres no están en cuarentena!, 25 de marzo de 2020. Disponible en: https://twitter.com/RNRoficial/status/1243756836982910976
  16. Presidencia de México, Conferencia matutina, 24 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina- martes-24-de-marzo-de-2020?idiom=es
  17. Fondo de Población de las Naciones Unidas, Covid-19: un enfoque de género. Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover la igualdad de género. Informe técnico. Marzo de 2020, p. 5. Disponible en: https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/COVID-19%20A%20Gender%20Lens%20Guidance%20Note.docx_en-US_es-MX_7.pdf
  18. Según datos del INEGI (Encuesta sobre Percepción de Ciencia y Tecnología 2017), el 41% de la población entrevistada le asignó al personal de enfermería el máximo nivel de respeto por el ejercicio de esa profesión. Por arriba de la enfermería fue más valorada la actividad de los bomberos y de los inventores. Por debajo de la enfermería las que también recogieron altos niveles de respeto fueron la investigación, deportistas y los médicos. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enpecyt/2017/default.html#Tabulados
  19. INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, II Trimestre 2019.
  20. Torres, Raúl, “Por miedo al coronavirus, bañan con cloro y bajan de camiones a enfermeras en Jalisco” en El Universal, 28 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/por-miedo-coronavirus-agreden-enfermeras-en-guadalajara
  21. Cabrera, Javier, “Enfermeras, blanco de ataques en Sinaloa: agreden a una con cloro” en El Universal, 3 de abril de 2020. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/sinaloa-enfermeras-blanco-de-ataques-agreden-una-con-cloro
  22. Redacción, “Niños golpean a enfermera por miedo al coronavirus” en Excelsior, 4 de abril de 2020. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/trending/ninos-golpean-a-enfermera-por-miedo-al-coronavirus-asi-la-dejaron/1374154
  23. Redacción, “Denuncian agresión contra enfermera en Yucatán”, 8 de abril de 2020. Disponible en: https://www.yucatan.com.mx/yucatan/denuncian-agresion-contra-enfermera-de-yucatan-le-tiraron-cafe
  24. Camhaji, Elías, “Una serie de contagios masivos entre el personal de hospitales públicos enciende las alarmas en México” en El País, 8 de abril de 2020. Disponible en: https://elpais.com/sociedad/2020-04-09/una-serie-de-contagios-masivos-entre-el-personal-de-hospitales-publicos-enciende-las-alarmas-en-mexico.html
  25. Redacción, “IMSS: hay 329 médicos y enfermeras contagiados de Covid-19” en Aristegui Noticias, 10 de abril de 2020. Disponible en: https://aristeguinoticias.com/1004/mexico/imss-hay-329-medicos-y-enfermeras-contagiados-de-covid-19/
  26. Hasta el 10 de agosto de 2020, las autoridades federales de salud mexicanos reconocían un total de 3 mil 844 casos confirmados. Reporte Diario, 10 de abril de 2020. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=pg1Xo8Wduv8&feature=emb_logo
  27. Pérez, David Marcial, “El personal sanitario de México comienza a levantar la voz ante las carencias de recursos y personal” en El País, 3 de abril de 2020. Disponible en: https://elpais.com/sociedad/2020-04-03/el-personal-sanitario-de-mexico-comienza-a-levantar-la-voz-ante-las-carencias-de-recursos-y-personal.html
  28. INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, II Trimestre 2019.
  29. INEGI, Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo 2014.

SECCIÓN

Seguridad en Materia de Salud


Seguridad humana y acceso a los servicios de salud

27 de Abril 2020

1. Resumen

Una dimensión fundamental de la seguridad humana que se relaciona con la actual crisis del COVID-19 es la seguridad de la salud. En este documento nos aproximamos a este tema desde el indicador de acceso a los servicios de salud y algunos indicadores complementarios. El conjunto de información nos brinda un marco de las principales amenazas que las personas enfrentan en el ámbito de la seguridad de la salud. Se muestra que, a pesar de los avances recientes en el acceso a los servicios de salud, todavía un porcentaje importante de las personas no tienen acceso a dichos servicios. Además, no basta considerar solo si las personas tienen acceso a servicios de salud, los datos indican que el acceso efectivo aún se encuentra lejano. Lo anterior junto con la evolución del gasto público en salud, evidencian que las personas enfrentan potenciales amenazas para lograr la seguridad de la salud. En este escenario, la actual crisis del COVID-19 representa un incremento en la intensidad de algunos desafíos a la seguridad humana en México.

Entre 2013 y 2020, el gasto programable1 ha representado en promedio 18.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en México. A su vez, el gasto en la función desarrollo social constituye alrededor de 61% del gasto programable total. Dentro del gasto en desarrollo social, el correspondiente a salud es el tercero en importancia después del destinado a Protección social y Educación. En 2020, el gasto en salud ascendió a 634,625.30 millones de pesos (479,650.29 millones de pesos de 2013) lo que equivale a 22.6% del gasto en desarrollo social.

Aunque el gasto en salud se ha incrementado en términos reales en 8.1% entre 2013 y 2020; el gasto por persona observado para 2020 es apenas similar al registrado en 2013 y aún se encuentra lejos del nivel máximo que se alcanzó en 2015 (Gráfica 1). Este comportamiento obedece a que, en términos reales, el gasto en salud se incrementó hasta 2015, retrocedió en 2016 y 2017 y luego volvió a incrementarse a partir de 2018. Dentro del paradigma de la seguridad humana, este indicador es relevante porque se considera que los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger sus dimensiones. Lo anterior implica brindar protección a las personas de los riesgos y amenazas a la seguridad de la salud. La tarea debe reflejarse en la creación de sistemas que faciliten y aseguren el acceso de las personas a los derechos básicos.

Entre los países integrantes de la OCDE, México es el país que menos recursos públicos invierte en salud, aproximadamente 3.0% de su PIB para 2018. La inversión en salud en México es baja incluso si se compara con algunos países latinoamericanos como Colombia, Costa Rica y Chile que dedican poco más de 5% de su PIB en recursos públicos a salud o Brasil con alrededor de 4%. Este panorama en términos de recursos que el Estado invierte en la salud de sus ciudadanas y ciudadanos tiene como contrapartida los riesgos que representa el no contar con acceso a los servicios de salud.

De acuerdo con el CONEVAL (2018), el acceso a los servicios de salud es un elemento primordial del nivel de vida que brinda las bases necesarias para el mantenimiento de la existencia humana y su adecuado funcionamiento físico y mental. Cuando las personas carecen de un acceso a los servicios de salud oportuno y efectivo, el costo de la atención de una enfermedad o accidente puede vulnerar el patrimonio familiar o, incluso, su integridad física. De ahí que a partir de este indicador nos aproximemos a la seguridad en salud.

Los datos más recientes disponibles muestran que en 2018, 16.2% o 20.2 millones de personas en México carecían de acceso a los servicios de salud. La cobertura de servicios de salud se logra mediante un sistema fragmentado en el que varias instituciones ofrecen diversos paquetes de servicios o los financiaban, las cuales se pueden agrupar en: i) Las instituciones que atienden a los trabajadores formales y sus familias (IMSS, ISSSTE, sistemas de seguridad social estatales Pemex, Fuerzas Armadas); ii) El Seguro Popular (ahora INSABI2) que atendía trabajadores no formales y sus familias, personas desempleadas y personas fuera de la población económicamente activa y iii) Servicios privados de salud, que cubren a las personas que parcial o totalmente adquieren estos servicios.

La Gráfica 2 muestra la participación de las instituciones relacionadas con los servicios de salud en el total de población afiliada a al menos una institución. Sobresale que el Seguro Popular era la principal fuente de acceso a los servicios de salud, en 2018 tenía alrededor de 52.8 millones de personas afiliadas (47.2% de la población afiliada a alguna institución de servicios de salud). Entre 2008 y 2018 el número de personas con acceso a servicios de salud incrementó 41.5 millones de personas, y en dicho aumento, 75% se debió al Seguro Popular (alrededor de 31.2 millones de personas).

El acceso a los servicios de salud difiere de acuerdo con la institución a la que las personas se encuentren afiliadas. De igual manera, el acceso a estos servicios es distinto por el lugar de residencia o la pertenencia a algún grupo vulnerable. Estos aspectos son importantes una vez que se presenta una pandemia como la del COVID-19, que representa altos costos humanos y económicos sin distinguir las distintas capacidades de las entidades o grupos sociales para cubrir la seguridad en salud. En el ámbito estatal, diez entidades federativas tienen un porcentaje más alto de población que carece de acceso a servicios de salud que el correspondiente al ámbito nacional, se trata de: Michoacán, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chiapas, Baja California, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

En lo que se refiere a las personas sin acceso a los servicios de salud, 52.9% (10.7 millones de personas) se concentran en: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Chiapas, Veracruz, Puebla, Baja California, Nuevo León y Chihuahua. Cabe señalar que 64.2% de los casos confirmados acumulados de personas con COVID-19 al 20 de abril se concentraba en las entidades mencionadas.

Por ámbito rural-urbano, sobresale que la incidencia de personas sin acceso a servicios de salud es más alta en localidades urbanas con 17.0%m mientras que en las rurales es de 13.8%.

Por grupos de población, hay que destacar el mayor porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud se ubica en aquellas de 12 a 29 años con 19.6%. En el Cuadro 1 se aprecia además que solo este grupo presenta una incidencia mayor que la registrada para el total de la población en el ámbito nacional (16.2%). No obstante, una vez que se consideran los tamaños de localidad en los que residen las personas, se observa que las personas hablantes de alguna lengua indígena en localidades de 100 mil habitantes son las que presentan el mayor porcentaje sin acceso a servicios de salud con 22.6% y le siguen en el mismo tamaño de localidad las personas de entre 12 y 29 años con 21.2%.

En general, se observa que a mayor tamaño de localidad o áreas más urbanizadas, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud se incrementa. Este sin duda, es un aspecto relevante dada la expansión del COVID-19 en localidades urbanas.

Por otra parte, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha identificado que las personas adultas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes (como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes) desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras. Estas implicaciones deben considerarse dado que México presenta serios problemas en relación con estas enfermedades. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, el porcentaje de la población de 20 años y más con diagnóstico médico previo de diabetes alcanzó 10.3% (8.6 millones de personas); en tanto, 18.4% de las personas de 20 años y más tenían diagnóstico médico previo de hipertensión (15.2 millones de personas). En el caso de la hipertensión, conforme se incrementa la edad, crece el porcentaje de población con diagnóstico previo de hipertensión, principalmente a partir de los 50 años, llegando a 26.7% en el grupo de 70 a 79 años en 2018. Finalmente, a nivel nacional, en 2018, el porcentaje de adultos de 20 años y más con sobrepeso y obesidad era de 75.2% (39.1% sobrepeso y 36.1% obesidad), porcentaje que en 2012 fue de 71.3 por ciento. Este escenario por si solo ya representa una emergencia sanitaria; la magnitud y evolución creciente de estas enfermedades ejercen presiones sobre el Sistema Nacional de Salud. Además, afectan el capital humano de las personas, la productividad de las empresas, el desempeño escolar y limitan el desarrollo económico del país (Secretaría de Salud, 2013).

En el marco de la seguridad humana, la condición de pobreza condensa una serie de amenazas y vulnerabilidades para la salud. La capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas y ejercer sus derechos sociales, les permite elegir entre diferentes oportunidades y garantiza las condiciones que hacen falta para alcanzar la salud individual y el bienestar de la comunidad en su conjunto (Korc y otros, 2016). La condición de pobreza limita la seguridad en salud y muestra que aunque se ha avanzado en la cobertura de los servicios de salud (más personas afiliadas a alguna institución de servicios de salud), las personas no siempre cuentan con acceso efectivo a esos servicios. Una gran proporción de la población sigue enfrentando barreras (como las financieras o de tiempo) para acceder a los servicios de salud y muchas veces estos no tienen capacidad resolutiva ni la calidad requerida (Fajardo-Dolci y otros, 2015).

El Cuadro 2 muestra información sobre la condición de pobreza y pobreza extrema de las personas y el tiempo para llegar a un hospital en caso de emergencia. Del total de los hogares, al 63% le tomaría hasta media hora llegar a un hospital en caso de emergencia. Una vez que se considera la condición de pobreza, en los hogares con al menos un integrante en pobreza solo a 50.8% les tomaría hasta media hora llegar a un hospital y solo a uno de cada tres hogares con al menos un integrante en pobreza extrema le tomaría hasta media hora llegar a un hospital en caso de emergencia. En resumen, el tiempo para llegar a un hospital en caso de emergencia crece conforme se deteriora el nivel de vida de las personas.

Además de lo anterior, el Cuadro 3 muestra que el uso de servicios preventivos de salud es menor en las personas en pobreza o pobreza extrema. El porcentaje de la población que en los últimos doce meses no ha sido pesada o medida por un médico o enfermera es de 28.5% para la población total y se incrementa a 31.1% y 35.0% para las personas en pobreza y pobreza extrema respectivamente. En cuanto al porcentaje de la población de treinta años o más a la cual, en los últimos doce meses, no se le ha tomado una muestra de sangre mediante punción de alguno de sus dedos para detectar diabetes, este es de 52.3% para la población total y se incrementa a 56.8% y 61.7% para las personas en pobreza y pobreza extrema respectivamente. Finalmente, el porcentaje de la población de treinta años o más a la cual, en los últimos doce meses, no se le ha medido la presión arterial es de 34.1% para la población total y aumenta a 38.7% y 43.4% para las personas en pobreza y pobreza extrema respectivamente.

Los datos anteriores muestran que, el logro de la seguridad en salud está relacionado con los niveles de vida de la población, de manera que las personas en peores condiciones económicas y sociales enfrentan mayores amenazas y riesgo en esta dimensión de la seguridad humana. Por ejemplo, una persona en pobreza utiliza con menor frecuencia servicios preventivos de salud que podrían ayudarle a detectar factores de riesgo como el sedentarismo, la alimentación inadecuada o enfermedades en etapas iniciales. Diagnósticos oportunos y la promoción de estilos de vida saludables ayudan a disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedades que hoy afectan a grandes proporciones de la población. A su vez, esas amenazas y riesgos se incrementan al estar asociados con una mayor gravedad o afectaciones debido al contagio del COVID-19.

4. Infografía

La actual crisis del COVID-19 representa un incremento en los desafíos a la seguridad humana, particularmente en cuanto a la salud. Si bien hasta el momento se cuenta con una estrategia general para mitigar el contagio de la enfermedad, poco se ha hecho para generar propuestas de atención específicas para grupos etarios que podrían ser más afectados.

  • Un cuestionamiento que las autoridades deben responder lo más pronto posible es cómo se enfrentarán las afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes, así como el sobrepeso y obesidad que afectan a grandes sectores de la población y que las vuelven más vulnerables ante eventos como la actual pandemia del COVID-19.
  • Se requieren a su vez más recursos públicos dirigidos a la inversión en servicios de salud. En las condiciones actuales, incrementar la inversión en salud se debe concretar a través de mayores ingresos públicos y no solo redistribuyendo recursos escasos que implican desatención a otras áreas de importancia en la seguridad humana. Ante este escenario es fundamental preguntar, ¿cómo se tiene contemplado incrementar el gasto público en materia de salud?
  • Aún hay mucha incertidumbre en torno a las implicaciones de los cambios en esta administración en cuanto al Seguro Popular y su sustitución por el INSABI. Una de ellas es, ¿cómo dichas modificaciones mejoran el acceso efectivo de más personas a los servicios de salud, en particular para aquellas en situación de pobreza?
  • Si bien las condiciones actuales de distanciamiento social limitan algunas posibilidades de atención a problemas de salud preexistentes, las autoridades deben promover que las personas reduzcan la incidencia de factores de riesgo como la escasa actividad física o la alimentación inadecuada. ¿Se tiene contemplado algún plan de acción para atender esta problemática en corto, mediano y largo plazo?
  • Las autoridades deben difundir información sobre el acceso a los servicios de salud, para personas afiliadas a alguna institución y las opciones para aquellos que no están afiliados aún a alguna institución, y en particular, el uso de servicios de prevención una vez que la pandemia y sus efectos pasen. Por el momento, solo destaca la App de la CDMX en la cual se informa a las ciudadanas y ciudadanos con síntomas graves de COVID-19 sobre la disponibilidad de cuidados intensivos en el hospital más cercano a su domicilio, con un claro enfoque curativo y no preventivo. ¿Qué estrategias de prevención se están diseñando para mitigar las consecuencias y reducir la comorbilidad si llegan a ocurrir brotes posteriores de la enfermedad?
  • CONACYT - CentroGeo - GeoInt – DataLab. (2020). Covid-19 México. Disponible en https://coronavirus.gob.mx/datos/#DOView
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