Crece ingobernabilidad e impunidad y gobierno sin rumbo ni estrategia

Francisco Rivas

El Universal

A partir del cierre de la jornada electoral del pasado 6 de junio, medios de comunicación y opinión pública redirigieron su atención al tema de seguridad en el país.

Desde el inicio de esta administración y particularmente desde el comienzo de la actual pandemia, los temas de seguridad quedaron en segundo término. Las más de 235 mil muertes por COVID-19, según reporta el gobierno federal, invisibilizaron en parte, las 88,841 víctimas de homicidio doloso -de las cuales 2,471 son por feminicidio-, las 21,575 de extorsión, las 628,143 carpetas de investigación por robo con violencia y las más de 83 mil personas desaparecidas, así como a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que se han cometido desde el inicio de esta administración.

En las últimas cuatro semanas los homicidios múltiples en Chiapas, Michoacán, San Luís Potosí, Tamaulipas, Zacatecas y el importante crecimiento de delitos comunes a lo largo del país, han generado en ciudadanos y medios de comunicación la percepción de una cada vez menor gobernabilidad en México.

Un cuestionamiento válido que es rechazado por el presidente y su gobierno. Mientras vemos crecer delitos y violencia, López habla de porcentajes de descensos que no corresponden ni siquiera a los números oficiales que presenta su administración; mientras López festeja la disminución de delitos federales, hay evidencia de un repliegue y una falta de acción de las fuerzas federales y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Por ejemplo, al tiempo que aumenta el narcotráfico, el aseguramiento de drogas por parte de las fuerzas federales disminuyó en un 74 y un 89% si comparamos respectivamente los dos primeros años de esta administración con el mismo periodo de Peña y Calderón.