El caso Ocaña, ejemplo de las fallas y la desconfianza institucional

Francisco Rivas

El Universal

Según revelan varias encuestas de victimización y percepción de seguridad, los mexicanos confiamos poco en nuestras instituciones policiales más cercanas, así como en las de procuración de justicia.

Las fuerzas federales reactivas y preventivas se mantienen como las mejor evaluadas por la ciudadanía -los niveles de confianza de la Marina Armada de México, el Ejército y la Guardia Nacional oscilan entre el 90 y el 83%-, mientras que las policías estatales y municipales, la Fiscalía General de la República, las fiscalías y procuradurías estatales, generan niveles de confianza entre el 65 y el 50%.

Indudablemente es una mala señal que los ciudadanos confiemos poco o nada en aquellas autoridades encargadas de prevenir la ocurrencia de los delitos más cercanos a nuestra vida cotidiana, que desconfiemos de los encargados de protegernos en caso de ser víctimas de un crimen o investigar dichos hechos delictivos.

Esta desconfianza no es efecto de alguna paranoia social, es efecto de desconocimiento y experiencia. Las personas por lo general desconocemos cómo operan nuestras instituciones, cuáles son nuestros derechos y responsabilidades, qué carencias enfrentan los servidores públicos y por ello es fácil emitir juicios y evaluar como malo el desempeño de las agencias gubernamentales.

Al mismo tiempo, muchos hemos tenido experiencias directas o indirectas de malas actuaciones, corrupción y justicia a modo por parte del personal policial o ministerial.