Lamentable el desinterés de algunas autoridades y candidatos para abrirse a la evaluación
Francisco Rivas
El Universal
El pasado 4 de abril inició el periodo oficial de campañas electorales con miras a renovar 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados, 30 congresos locales y las presidencias municipales y alcaldías de 30 entidades.
Estas elecciones -que son las más grandes en término de cargos en disputa- ocurren en un ambiente de polarización política, de la mayor crisis económica, de violencia y de salud del México moderno.
Los últimos cuatro años han sido los más violentos de la historia, 2019, 2020, 2018 y 2017 respectivamente, concentran las mayores tasas de homicidios dolosos desde que se sistematiza la información.
Por ello es fundamental que como ciudadanos nos informemos si la contienda electoral y su resultado se ven afectados por la violencia y por la incidencia de delitos electorales y qué proponen en materia de seguridad y justicia quienes buscan gobernar.
En 2018 en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) llevamos a cabo dos ejercicios, el primero fue el estudio Delitos Electorales, Incidencia y Evolución más allá de los Partidos Políticos de la mano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para conocer el comportamiento de los delitos electorales y de la violencia en ese contexto y el segundo, Por un México Seguro, que buscó conocer y socializar las propuestas y la viabilidad de las mismas de los 4 candidatos a la Presidencia de la República y de los 51 candidatos a las 9 gubernaturas en disputa.