Necesario identificar delitos electorales asociados a la crisis sanitaria
Manuel Vélez
El Universal
El próximo domingo 6 de junio se llevará a cabo una de las elecciones más complejas y trascendentes de la historia. Además de la multiplicidad de cargos federales y locales que se renovarán, nos encontramos en medio de una pandemia, una campaña de vacunación, un escenario económico adverso y seguimos inmersos en una crisis de violencia e inseguridad crónica.
Además de la polarización que hay entre la máxima autoridad electoral y el titular del Poder Ejecutivo Federal, es un hecho que los delitos electorales y la violencia política son problemáticas que también atentan sistemáticamente contra la democracia y la vida política desde sus bases fundacionales y que ameritan más atención y análisis en el debate público.
Respecto a las elecciones de 2018, destacan varios factores que modificarán de facto la comisión de delitos electorales y el ejercicio de la violencia política. Enlisto algunos de estos: la pandemia, la campaña de vacunación, los cambios a los programas sociales y al entramado institucional encargado de su implementación, la decisión legislativa de aplicar la prisión preventiva oficiosa cuando se cometan delitos electorales, la creciente relevancia de la esfera digital en las campañas, los criterios de paridad de género para la selección de candidatas y candidatos, la autonomía de las fiscalías especializadas en delitos electorales, la tipificación de conductas relacionadas con la violencia política contra la mujer en razón de género, entre otros. No menos importante es que quienes aplican las leyes, también cambiaron.