Una reforma destinada al fracaso
Francisco Rivas
EL Universal
A nivel nacional, en el primer trimestre de este año se iniciaron 1995 carpetas de investigación por extorsión, lo que representa una cada 65 minutos.
De manera similar ocurrió en 2020, cuando la autoridad inició una investigación cada 66 minutos, con un total de 7960.
La extorsión, desde la práctica de registro e investigación por parte de la autoridad, es un delito que incluye las amenazas, los engaños, los secuestros virtuales, delitos que suceden principalmente por vía telefónica y el denominado derecho de piso, que es la extorsión que ocurre de manera presencial y que afecta principalmente a las actividades productivas.
Pese a que sociedad civil, cámaras empresariales y académicos hemos solicitado se desagregue la información para poder distinguir una modalidad de extorsión de otra -y así poder desarrollar estrategias diferenciadas para prevenir, perseguir y sancionar el delito-, hasta el momento el conjunto de autoridades ha hecho oídos sordos a dicha solicitud.
De tal suerte que es imposible saber con exactitud cuántas carpetas de investigación se inician día a día en las procuradurías y fiscalías de todo el país por cada una de las modalidades incluidas en el tipo penal, menos aún conocer el porcentaje de casos donde la víctima accede a la justicia, recibe alguna reparación del daño y qué porcentaje de delincuentes recibe una sanción.