Fiscalizar al “diablito”: ¿cómo obstruir el tráfico de fentanilo desde México?
Santiago Carriles Palacios
El Universal
El fentanilo es, en términos mercadológicos, un buen producto. ¿Qué más se podría decir de una sustancia que se sintetiza con tanta facilidad, que se trafica sin mucho riesgo y que abastece una demanda tan amplia? Los que están detrás, por supuesto, han percibido ganancias importantes. Beneficios que se convierten en crecimiento. Crecimiento que se materializa en armas y reclutas. De esto se entiende que la obstrucción del tráfico del fentanilo pertenece al interés nacional del Estado mexicano no solamente como vecino y socio de Estados Unidos (EE.UU.), sino como estructura soberana.
En el caso de este opioide sintético, que es decenas de veces más potente que la heroína, son el Cártel de Sinaloa (CS), en primer lugar, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en segundo, los grupos que más se han aprovechado de su alta rentabilidad en el mercado estadounidense de opioides ilegales.1 La perpetuación del estado actual de las cosas, en el que estas dos organizaciones forman un oligopolio del tráfico de fentanilo, va acompañada necesariamente de su fortalecimiento relativo frente a otros cárteles y el Estado.
Estas circunstancias vuelven apremiante para México la consolidación de una estrategia que obstaculice el tráfico de fentanilo hacia EE.UU. Mientras que la militarización de los puertos y el incremento en vigilancia no han brindado resultados, pues el consumo de fentanilo en Norteamérica no ha hecho más que crecer sostenidamente a pesar de su implementación, una fiscalización adecuada de las sustancias a partir de las que se sintetiza se postula como el mejor movimiento táctico para reducir su presencia en la región.2
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