Observatorio Nacional Ciudadano
Homicidio: una mirada a la violencia en México
Homicidio: una mirada a la violencia en México

Homicidio: una mirada a la violencia en México

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Desde hace dos décadas, en el mundo se habla de México como un país violento. El gran número de confrontaciones entre el Estado y los cárteles de la droga y también entre ellos mismos han dejado estadísticas para la historia: más de 100 000 muertos en 10 años, tasas récord de homicidios en entidades como Baja California, Chihuahua y Guerrero, protestas internacionales por la crisis de feminicidios en nuestro país y una reducción en la expectativa de vida debida a este fenómeno.

Mucho se ha escrito sobre del homicidio y su virulencia en México, nuestras autoridades declaran una y otra vez que el delito baja, que la incidencia delictiva llegó a su mínima expresión y se registran los mejores datos de la última década. Parece que quienes, de manera autocomplaciente, insisten en aparentes mejores estadísticas, olvidan que menos incidencia no significa que estemos bien ni mucho menos que el problema haya sido resuelto. Esto no solo se debe a que la estadística oficial de homicidio doloso representa solo una parte de los homicidios cometidos en el país, sino porque continuamos teniendo un subregistro importante como resultado de debilidades institucionales, de malas actuaciones del personal operativo de las procuradurías y de que se trata de minimizar de un plumazo la crisis de desapariciones forzadas e involuntarias que enfrentamos y del posible vínculo que puede existir con el hallazgo de múltiples fosas clandestinas en nuestro país.

Durante los últimos 18 años, el homicidio doloso ha presentado un comportamiento desigual en el ámbito nacional: primero entre 1997 y 2006 un descenso sostenido, para dispararse a partir del 2007 y llegar a su cumbre en 2011. Desde 2011 hasta 2014 el delito inicia su disminución pasando de una tasa de casi 25 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes hasta los 16.

Sin embargo, estos resultados aparentemente alentadores deben ser analizados con atención si el objetivo es mejorar las condiciones de vida de las personas, fortalecer el acceso a la justicia y la atención a los derechos humanos, disminuir la violencia generada por la delincuencia, así como que es resultado de otros aspectos sociales.

Es así que las autoridades del país deben enfocarse a analizar el homicidio por cómo afecta a la sociedad categorizando la violencia y no desde meras clasificaciones jurídicas; deben impulsar la atención local del delito; deben tratar de entender y explicar el homicidio a partir de su relación con la comisión de otros ilicitos y generar una respuesta a partir de estándares homogéneos.

Entender la violencia a partir del homicidio doloso se vuelve un ejercicio estéril si se deja de lado todos los casos que se clasifican como homicidios culposos resultantes de un evento delictivo: homicidios después de un secuestro, después de un robo, después de una extorsión o de una violación.

Las categorías jurídicas que dan pie a un proceso judicial y se sustentan en los motivos de un delito no permiten entender el significado de la violencia cotidiana, la violencia que vivimos quienes salimos a la calle y somos blanco de delitos. Parece casi una burla poner dentro de la misma categoría un caso de un accidente de auto que termina en un atropellamiento y una muerte accidental, al caso de una víctima de homicidio por arma de fuego porque se resistió a ser asaltado en la calle de una de nuestras ciudades. Ni es justo para las víctimas ni es útil para las autoridades si existe el interés real de tratar de prevenir futuros eventos y brindar justicia a las víctimas.

Parece una falta de respeto a toda nuestra sociedad que un homicidio sucesivo a un secuestro se clasifique como homicidio culposos, bajo el argumento que el fin de la privación ilegal de la libertad era el cobro de un rescate y no la muerte de una persona. Es una falta de respeto que no se contemple en las estadísticas, que se excluya del triste conteo de fallas y que por lo contrario, nuestros gobernantes incapaces de brindarnos seguridad salgan a declarar “lo bien que estamos en el país”.

De igual manera, el descenso agregado del homicidio en el país, no debe distraer la atención o minimizar la situación local de las entidades donde la incidencia en algunos casos se mantiene muy alta, en otras va a la alza y donde, además, no se aprecian políticas públicas específicas que puedan combatir el delito.

Asimismo dado el contexto nacional, la aparente disminución de los homicidios no puede desligarse de la crisis de desapariciones forzadas o involuntarias, ni del hallazgo de fosas clandestinas en México, sobre todo si existen importantes deficiencias y carencias institucionales para la investigación y el registro de estos casos. Esto es fundamental sobre todo si recordamos que aún no tenemos certeza alguna sobre cuántas fosas clandestinas hay en nuestro país y mucho menos víctimas yacen enterradas de esta manera, esperando justicia.

Ante todos estos problemas que nos aquejan, el reto mayor es combatir el problema, no a partir de simulaciones como reformas de la norma jurídica o en declaraciones de colaboración entre autoridades, sino en una toma y reconocimiento de responsabilidad de los actores políticos. La evidencia de lo anterior está en la ausencia de protocolos de atención en casi la mitad del país en materia de feminicidio, o en que solo 6 entidades implementan los protocolos en materia forense, pese al anuncio de los acuerdos alcanzados en 2012; o en la falta de acciones que trasciendan lo dicho en cuanto a protección a periodistas, entre otros rubros.

Debido a cada uno de los factores mencionados, el estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México elaborado por el ONC es un insumo fundamental para comprender lo que sucedido en nuestro país durante los últimos años, no solo mediante el análisis de su incidencia sino también de la relación que mantiene con otros delitos y sus múltiples costos sociales. Recordemos que cualquier delito no queda en el simple hecho sino que deja tras de sí una serie de consecuencias psicosociales, políticas y económicas que no pueden ser ignoradas. ¿Cómo se puede ignorar la orfandad que se deriva de la comisión de un homicidio? ¿Cómo se puede ignorar la disminución de esperanza de vida de la población a consecuencia de este delito de alto impacto?

No me queda más que agradecer a Rodrigo R. Soares, René Castillo Charry, Nicandra Castro, Humberto Padgett, Sandra Rodríguez, Roberto Ochoa, Alfredo Ornelas, Alejandro Vélez, Nelly Montealegre, Arturo Loaiza, Monte Alejandro Rubido y Renato Sales pues sin su apoyo, compartiendo conocimiento y experiencia, el documento quedaría incompleto. De igual manera quiero reconocer el trabajo del equipo de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, quienes como siempre,con gran responsabilidad y compromiso, han logrado entregar un insumo básico para entender y poder avanzar en la reducción de este terrible delito.

En resumen, se requiere una evaluación objetiva de las acciones y políticas públicas implementadas con el objetivo de conocer su eficacia ante la crisis de seguridad humana que se vive en México. Esto nos debe llevar a diseñar e implementar nuevas políticas públicas focalizadas en los homicidios en general, a partir de las tipologías cuantitativas y cualitativas del delito pues cada una de ellas refiere diversas dinámicas criminales y ejercicios de violencia. Necesitamos el desarrollo e implementación de acciones y necesarias para atender los múltiples costos del homicidio desde una perspectiva integral con enfoque de género y de derechos humanos.

Al momento de diseñar y evaluar resultados de estas políticas para disminuir los homicidios deben considerarse los posibles vínculos con otros delitos como secuestro y desapariciones forzadas o involuntarias, pero, sobre todo, el cumplimiento de acuerdo entre autoridades en materia de seguridad y de procuración de justicia que trascienda la foto e impacte en la realidad que vivimos en el país. El homicidio permite solo una mirada a la violencia en México, pero para resolverlo se debe realizar acciones de fondo, que no solo ataquen los efectos, sino que resuelvan las causas que nos han llevado a ser el país que ocupa el último lugar en seguridad de toda la OCDE.

FRANCISCO RIVAS

Director General @frarivasCoL

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