Justicia a modo
Francisco Rivas
El Universal
El pasado 24 de septiembre, el presidente López decidió involucrarse en uno de los casos más bochornosos de nuestra procuración de justicia: la persecución y el uso de las instituciones para hacer justicia a modo en contra de 31 científicos integrantes del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, A.C. (FCCT).
El caso se refiere a 4 órdenes de aprehensión por delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada que la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso en contra de los integrantes del FCCT.
Este Foro es el órgano autónomo de consulta permanente del Poder Ejecutivo Federal, del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y de la Junta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y para su labor recibe aportaciones federales.
En un país donde por cada 100 delitos que ocurren, apenas se investigan 7 y se sanciona menos de 1; donde las víctimas del delito y la violencia son olvidadas, no obtienen ni acceso a la justicia, ni reparación del daño; donde los datos oficiales confirman que en esta administración se dejó de investigar y detener a narcotraficantes, tratantes de personas, huachicoleros, traficantes de armas, entre otros peligrosos delincuentes y donde más de 90 mil personas se encuentran desaparecidas -tan sólo por citar una breve parte de los casos que exhiben el desastre que vivimos en la procuración de justicia-, sorprende que este caso sea prioridad para la FGR y sea atendido directamente por Alfredo Higuera, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
Ante la relevancia nacional que ha asumido el caso, cabe preguntarse si ello se debe al monto del daño patrimonial -en el orden de los 240 millones de pesos-, o simplemente responde a una vendetta personal de Gertz en contra de los científicos.
Si bien es indudable que 240 millones son un daño importante para el erario y que todo recurso público mal usado o no justificado, debe ser investigado y eventualmente sancionado; también es importante cuestionarnos la validez de la importancia que la FGR otorga a este caso, cuando en centenares de miles de otros asuntos deja de actuar.
La duda sobre el actuar de la FGR es particularmente relevante si recordamos que este año Gertz tuvo un problema personal en contra de los integrantes del FCCT, mismos que manifestaron su inconformidad ante la decisión del CONACYT de otorgarle al titular de la FGR el grado de Investigador Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores.