La militarización, estrategia injusta e ineficaz para recuperar la seguridad

Francisco Rivas

El Universal

Este año 15 entidades renovaron gobernador. De éstas, sólo Baja California Sur, Campeche y Querétaro cuentan con niveles aceptables de incidencia delictiva y violencia. 

En contraste, en Baja California, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora o Zacatecas -entre otras entidades-, la situación va de preocupante a extremadamente crítica. 

Ante ello, sería esperado que los candidatos contasen con una estrategia clara para recuperar la seguridad, acotar el poder de los criminales y garantizar el acceso a la justicia a todos sus gobernados. 

Lamentablemente, la mayoría de los nuevos gobernantes, carecen de planes concretos, diagnósticos sustentados en datos e indicadores de avances o retrocesos que permitan suponer mejoras en tiempos breves. 

Los ahora gobernadores repiten el discurso presidencial “nos dejaron un cochinero”, “es culpa de los de antes” como si hubiesen desconocido los retos de la entidad que pretendían gobernar y como si no fuese hoy su responsabilidad atender esos retos. 

Las dos acciones visibles que podemos confirmar que han emprendido los nuevos ejecutivos estatales son (1) la solicitud de una mayor presencia de las fuerzas federales y (2) el nombramiento de militares o marinos al frente de las secretarías de seguridad del Estado. 

En ambos casos, el desprecio a los civiles y la militarización parece la única estrategia posible para los nuevos gobernadores. Una estrategia que es injusta y un tanto disfuncional. 

Es injusta porque las debilidades de nuestras corporaciones policiales se deben a causas estructurales y no individuales. En México el número de policías es y ha sido constantemente insuficiente respecto a los retos de seguridad; el trato que les damos es abusivo -malos salarios, malas prestaciones, mal equipamientos y mala formación-; les pedimos que reduzcan los delitos pese a que quienes dirigen las instituciones, carecen de estrategias efectivas para recuperar la seguridad. 

Es ineficaz, porque no hay evidencia que los militares hayan logrado pacificar el territorio nacional. Salvo contados ejemplos -Tijuana, Ciudad Juárez, las zonas metropolitanas de Monterrey y La Laguna, donde los resultados se construyeron sí con las fuerzas armadas, pero con una imprescindible participación de las policías civiles, las procuradurías y la sociedad civil-, la presencia en lo local de las fuerzas armadas ha favorecido el crecimiento de la violencia en vez de reducirla.