La persistente impunidad

Myrna Salazar

El Universal

El 5 de julio pasado fue detenido Luis Cárdenas Palomino, alto mando de la extinta Policía Federal, señalado de ser probable responsable de actos de tortura, lavado de dinero, corrupción y narcotráfico. El ejecutivo federal declaró que es una “muestra de que ya no hay impunidad”.

Sin embargo, México todavía se encuentra en lo profundo de una grave crisis de impunidad, siendo el cuarto lugar en la región Latinoamérica. En nuestro país, el 92.4% de los delitos no se denuncia o no se inicia una carpeta de investigación. Las personas no denuncian porque lo consideran una pérdida de tiempo debido a que se tiene desconfianza en la autoridad, los trámites son largos y difíciles, y la autoridad tiene una actitud hostil1.

Se pueden sumar a estas causas atribuibles a la autoridad, otros elementos que inhiben la denuncia, como el desconocimiento de los mecanismos institucionales y los procedimientos a los cuales recurrir, además de las experiencias de revictimización que se padecen durante procesos tortuosos y faltos de la debida diligencia.

La impunidad experimentada por la ciudadanía no es una cuestión meramente subjetiva, sino que haya su sustento en criterios objetivos, puesto que en el 44.5% de las carpetas de investigación iniciadas no pasa nada o no se continúa con la investigación2, esto representa que solo 4.2% de los delitos cometidos en el país tienen una resolución. La impunidad es entendida en estos dos sentidos: (1) la inexistencia de responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria de los autores de una violación y (2) que los autores escapen de toda investigación con miras a su inculpación, detención o procesamiento3.