Legislar para videovigilar

Lucía Carmina Jasso

El Universal

Cada vez hay más cámaras de videovigilancia en las ciudades, tanto públicas instaladas por los gobiernos –el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018 del INEGI refiere que las cámaras de vigilancia para el ejercicio de la función de seguridad pública ascienden a 46,261 a nivel nacional– como las cámaras privadas que son instaladas por particulares para proteger sus hogares o negocios.

Cual sea el caso, hay una gran cantidad de cámaras que registran imágenes de nuestras vidas cotidianas, que están ahí expectantes de lo que hacemos y no hacemos, muchas de ellas operando en la ilegalidad, monitoreadas –quizá- por vecinos que podrían hacer mal uso de los datos e imágenes captadas, y otras tantas más que funcionan con fines totalmente ajenos al bienestar de la sociedad. Leer más.